IV.- Política petrolera

Después de varias décadas de explotación petrolera, el nuevo gobierno sintió llegar la hora de poner fin a la irracional competencia entre los países productores de petróleo y de lograr que se exigiera por ese producto "un precio más justo que el que situaciones de prepotencia habían impuesto y que, a cambio de la mezquina contraprestación que se nos daba, pretendían exigirnos además agradecimiento y sumisión".

La participación final por cada barril de petróleo extraído, que era de Bs. 3,93 al comenzar el quinquenio, llegó Bs. 34,63, sin incluir los ajustes por regalía.

El valor de exportación promedio del barril, que al empezar el año 1969 no alcanzaba a dos dólares, excedió de catorce dólares. Se demostró con los hechos que la política de OPEP no debía orientarse a extraer mayor volumen sino a obtener una retribución mayor por el petróleo ofrecido al comercio internacional; así nuestra producción total en 1973 fue un 6,8% menor que el último año del período precedente.

Se modificó la Ley de Impuesto Sobre la Renta para gravar a las empresas petroleras en un 60% de su enriquecimiento global. El Estado venezolano se reservó el derecho de fijar unilateralmente los precios del petróleo. Se nacionalizó el gas. Por medio de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión se obligó a todas las compañías petroleras a conservar en perfecto estado de mantenimiento todas sus instalaciones y equipos para ser entregados sin deterioro al término de las concesiones petroleras.

Caldera pudo así entregar a su sucesor una Venezuela madura para manejar directamente la actividad petrolera, para adelantar la reversión, para nacionalizar el petróleo.