En medio de un contexto desolador, que suponía más recesión, déficit fiscal, caída de reservas internacionales, probable quiebra de muchos bancos, inestabilidad política y mayor inflación, la Presidencia Caldera se encarga del gobierno con la misión de gestar un acuerdo nacional y un plan económico que respondiera ante las urgencias de la Nación, y que pudiese resolver racionalmente la indecisa y delicada inserción de Venezuela en los mercados internacionales. El panorama de la estrategia comprendía sortear dos escenarios negativos: crecimiento económico con malestar social o paz social sin crecimiento económico. Le correspondería a este gobierno encontrar una fórmula adecuada que garantizase crecimiento económico con paz social, una ecuación casi imposible y sobre todo extremadamente difícil de hacer consensual.

Con estos fines en mente, la Presidencia Caldera tomó en 1994 algunas decisiones difíciles que lograrían afianzar el deseo general de paz social. Comenzó por normalizar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo, estableció un control de cambio para evitar la fuga de reservas, aplicó políticas sociales amplias, mantuvo el precio de la gasolina y aumentó los salarios por decreto. Paralelamente, se atendieron otras exigencias de orden internacional: el gobierno cumplía con los compromisos de pago de deuda externa, mejorando sustancialmente las oportunidades de financiamiento que ofrecía la banca internacional. Pero los problemas continuaban; la pobreza, el déficit fiscal, la recesión, el desempleo y la violencia parecían incontenibles. El notable crecimiento de la actividad económica petrolera (5.7% mayor al año anterior), resultado de las políticas de inversión petrolera, no lograba compensar la caída sufrida en otros sectores de la economía. Por otro lado, los aportes que se vio forzado a hacer el Estado para enfrentar la crisis bancaria dispararon la inflación a niveles sin precedente histórico: 70%. Si este desastre, de insólita magnitud, no hubiera ocurrido, el sector público consolidado apenas habría incurrido en un insignificante déficit de 0.1%. La creación del impuesto al Consumo Suntuario y del Impuesto al Débito Bancario contribuyeron a ponerle freno al deterioro de una grave situación; ambos aportaron el 4% del PIB. Pero el rumbo económico aún estaba por definirse.