El termómetro

Columna CONSIGNAS, publicada en el Diario El Gráfico.

Pasos de una campaña bien meditada y dispuesta están dándose como preparativos para introducir a las Cámaras Legislativas un nuevo Proyecto de Educación. Van a terminar ya los noventa días regularmente previstos para las sesiones ordinarias del Congreso y todavía no ha llegado a las manos de éste el Proyecto. Pero ya comienzan a lanzarse consignas, a celebrarse reuniones, a prepararse adhesiones. Luego entrará, veloz y estridente, el Proyecto, a fin de presionar para que se le apruebe de manera inmediata e incondicional.

¿Es que se trata, acaso, de dar un impulso al movimiento de la educación en Venezuela? Entonces no sería menester tanto misterio, tanta pasión, tanta estrategia. Es tan angustioso el llamado de la Patria para que la educación se incremente y mejore y nadie osaría combatir una recta intención dirigida a tal fin.

Seguridad completa derivada de inequívoca posición, sostenida reiteradamente por la Oposición, ha de tener el Gobierno de que aquella dará su apoyo a todo lo que significa aumento de la educación, a propósito de obtener el mayor rendimiento escolar, adopción de técnicas modernas, mejoramiento del nivel de vida e instituciones de bienestar para los profesionales de la enseñanza.

Si se organizan cuadros por el M.E.N. y sus zonas de influencia para una lucha en torno del Proyecto, ha de ser porque éste, lejos de contribuir sinceramente a la generalización y fomento de las actividades educativas busca asestarle duros golpes en uno de sus aspectos más rendidores para la Patria: la enseñanza privada.

La educación privada ha sido el objeto primordial de la ojeriza oficial en Venezuela, aún antes de advenir al mando el Partido que, según glosa cabal de La Columna, «comparte, reparte y se guarda la mejor parte». Del 18 de octubre para acá, la cosa se ha agravado. Nadie ha recibido una hostilidad táctica, como los colegios particulares. Parece ser que abrir institutos que honran al país y que prestan una colaboración nada despreciable a la resolución del más angustioso de los problemas, es delito gravísimo, simplemente porque su consecuencia es la formación de hombres y mujeres que tienen convicciones y saben defenderlas con entereza y con sinceridad.

¿Qué se busca, con la saña hacia la educación privada? ¿Es que, persiguiéndolos, se contribuye a resolver la dramática situación de medio millón de niños sin escuela? ¿Es que, atacándolos, se ayuda a aliviar el problema de la congestión en los establecimientos secundarios? Teníamos entendido todo lo contrario. Pensábamos que los niños que aprenden a leer en escuelas privadas, disminuyen el porcentaje de analfabetismo. Creíamos que los estudiantes de secundaria en colegios particulares dejan en libertad plazas en número igual para que otros las ocupen en los colegios oficiales. Estimábamos que el desarrollo de las escuelas normales católicas, cuyo rendimiento, según resulta de los propios documentos oficiales, es por lo menos igual al de las normales del Estado, contribuía a la formación de maestros para que disminuyera el número de niños que no pueden instruirse por falta de personal docente.

La tesis oficial parece ser absolutamente contrapuesta. Parece como si en el criterio de los hombres que hoy mandan es preferible que los niños no aprendan a leer, antes que lo hagan en colegios donde al mismo tiempo se les enseña la doctrina cristiana y la práctica de los mandamientos. Como si fuera para ellos mil veces preferible el mantenimiento del pavoroso déficit cultural, hasta que todos los maestros (previsión injertada por González Cabrera, a iniciativa de la F.V.M. en el texto constitucional) sean íntegramente formados en los moldes que el Ministro Prieto imponga en los planteles oficiales mediante su elevada jerarquía.

No han vacilado el Gobierno y el Partido en su tarea contra la educación privada. Ya parece haber comenzado en las directivas de algunas centrales sindicales la colecta de firmas para pedir la educación gratuita y obligatoria (lo que nada de extraño ha de tener, pues es un precepto proclamado desde hace tiempo en nuestras leyes) y «laica». En oportunidad anterior, llevaron a la Federación entonces presidida por el señor Malavé, a respaldar el Decreto 321. Y como consecuencia del malhadado mandamiento oficial, se provocó una tal congestión de alumnos en los liceos públicos, que hubo de establecerse el sistema de turnos alternados, echándose por tierra conquistas ya logradas para la aplicación de mejoras pedagógicas a los alumnos de tiempo completo, y provocando la renuncia de un hombre honrado que había trabajado con tesón en el Liceo Fermín Toro, el doctor Luis Villalba Villalba.

Quisiéramos estar equivocados en estas aprensiones que aquí sinceramente hacemos públicas, y que nos suscitan los síndromes que estamos observando alrededor de la próxima introducción del Proyecto de Ley de Educación. Sabemos que en el Ministerio de Educación y los planteles oficiales hay hombres de buena voluntad, y que entre ellos hay quienes han podido superar en bien de su conciencia y de su obra, etapas de fanatismo sectario. Sabemos que el propio doctor Prieto, pese a la testarudez con que en algunos casos se ha empeñado en imponer demostraciones de un resabio crónico de «sarampión juvenil», tiene un fondo de preocupación patriótica y es capaz en un momento dado de asumir posiciones de justicia, como lo hizo cuando a un grupo de constituyentes de A.D. les manifestó durante los debates de la Constitución que él no se atrevería a aplicar el monopolio pedagógico previsto en la proposición González Cabrera.

Quisiéramos ver desvanecidas nuestras fundadas preocupaciones. La educación es el termómetro de la sinceridad del Régimen. Todas las promesas de libertad y respeto formuladas por el señor Gallegos en su programa presidencial van a calibrarse en la nueva Ley de Educación. En ella se verá si hay aunque sea un resto de sinceridad en las pregonadas tendencias democráticas del Régimen, y si hay un poco de buena voluntad en el respeto a las ideas religiosas de los venezolanos, cuya más inmediata fuente y garantía es la libertad de enseñar para los Colegios Católicos, acreedores a la gratitud de Venezuela.