Enriquecimiento ilícito
Columna CONSIGNAS, publicada en el diario El Gráfico.
Uno de los puntos más delicados en la Administración Pública, una de las cuestiones que más profundamente se graban en el instinto de los pueblos, es el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Las cuentas oficiales pueden estar perfectas, pueden los contabilistas asegurar una correspondencia absoluta entre las partidas anotadas en los libros y los comprobantes correspondientes a las erogaciones; si los funcionarios públicos comienzan a transformar súbitamente su nivel de vida, si de modestos vehículos pasan a andar en ostentosos coches, si de humildes hogares pasan a habitar en mansiones lujosas, si se les ve derrochando el dinero en los «nigth clubs» de mayor lujo, si se les ve su nombre decorando los cuadros más costosos en las mejores exhibiciones de pintura, el instinto del pueblo comienza a desconfiar. Las declaraciones sobre la sinceridad y abnegación del gobernante, nada pueden contra la realidad de los hechos. Combatir este morbo va en el interés de todos: pueblo y gobierno. Hacerlo no es cosa fácil, sin embargo. Se han buscado en las leyes disposiciones repletas de severidad para poder someter a control riguroso las actividades de los administradores de bienes públicos. Las leyes, sin duda, son un instrumento para dificultar estos hechos, aunque no puedan extinguirlas definitivamente. Yo no soy de aquellos que piensan que porque las leyes contra el enriquecimiento ilícito no llegan a erradicar el peculado, aquellas leyes deben desterrarse. Sería tanto como decir que porque el Código Penal no ha logrado exterminar a los ladrones, debe ser derogado. Dentro de la imperfección humana, las leyes tienden a marcar el camino derecho.
La Ley de Enriquecimiento Ilícito que considera actualmente la Cámara de Diputados, puede ser, si se le mejora, un instrumento que en cierta manera tienda a dificultar los negocios realizados bajo el amparo del Poder. Al menos, se crean instrumentos que pueden comprometer un poco la acción de los contraventores. Pero también puede convertirse en hueco instrumento, lleno de retumbante demagogia, cuyo escándalo puritano en la apariencia no haga sino servir de cortina de humo para facilitar mejor los hechos contra la cosa pública. Es necesario, pues, combatir porque esta Ley de Enriquecimiento Ilícito tenga, dentro de las imperfecciones humanas, el mayor número de seguridades posibles. Y para ello es necesario, por un lado, dar amplia cabida a las acciones contra el testaferro. La persecución de valores en institutos bancarios de países extranjeros en manos de personas que prestan su nombre para encubrir hechos de la índole que la ley combate, han resultado ser las necesidades más urgentes para depurar la Administración Pública.
El testaferro debe perseguirse, sin poner en peligro la tranquilidad de los ciudadanos particulares, que podrían ser a través de disposiciones mal concebidas, objeto de represalias políticas. El Presidente de la República habló en su mensaje al Congreso de un Jurado especial, con representación de todas las fracciones políticas, de todos los sectores de opinión, para intervenir en los asuntos relativos al enriquecimiento ilícito de los funcionarios. El proyecto introducido por Acción Democrática no contiene nada al respecto y lo deja para posterior trabajo de la Comisión respectiva. La Comisión no se reunió oportunamente. Es necesario que el yerro se remedie. Ese Jurado, donde la representación de la Oposición debe ser efectiva y amplia, para no servir de burla a los intereses populares, puede ser el que determine que se sigan acciones y averiguaciones cuando existan motivos suficientes para dudar de la conducta de algunos hombres.
COPEI, por la boca del Diputado Lorenzo Fernández, ha pedido más y más vigor en la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Quizá con ello no logre extirparse el latrocinio, pero se dejará pendiente sobre los ladrones una amenazadora espada de Damocles.