La conferencia de Cancilleres

Charla de Rafael Caldera en el programa «Actualidad Política» del 13 de agosto de 1959, trasmitida los jueves a las 10 pm por Radio Caracas Televisión.

Está pendiente todo el Continente Americano y el mundo en cierta medida también de la actual Conferencia de Cancilleres o Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados de América (como técnicamente se la llama), reunida actualmente en Santiago de Chile.

Venezuela, dentro de esa reunión, es foco de un interés excepcional. Los países de la hoya del Caribe tienen una serie de afinidades y por circunstancias geográficas y de otra índole, su destino se vincula en tal manera que resulta difícil que uno de ellos pueda seguir una suerte totalmente aislada de los otros. Dentro de ese destino común de los países del Caribe, la posición venezolana constituye un verdadero centro de gravedad. El ensayo que se está realizando en nuestra patria del 23 de enero de 1958 a esta parte representa una fórmula justa de afianzamiento de la libertad, de estructuración de las instituciones democráticas y de adelanto en la reforma social, dentro del sistema típico que la Organización de Estados Americanos consideró, al constituirse, como fundamental para que la comunidad jurídica de los países americanos estuviera afirmada sobre bases estables.

Un nuevo ambiente en las Américas

Esa Conferencia de Cancilleres es un organismo muy peculiar en el sistema de la OEA. Es sabido que la Carta de la Organización, suscrita sobre las ruinas humeantes todavía del «Bogotazo», se asentó sobre principios nuevos dentro del derecho internacional. No se pensó en una simple alianza de pueblos movida por intereses circunstanciales, sino que en los documentos básicos que le dieron vida y fisonomía a la Organización de Estados Americanos se establecieron ciertos requisitos de carácter político y social para que esa comunidad tuviera vida efectiva.

De allí que en la Carta se estipula el que la unidad de los pueblos de América reposa sobre el ejercicio efectivo de la democracia representativa y el respeto y garantía de los derechos humanos. Esto, aprobado en la IX Conferencia Interamericana, reunida en Bogotá en 1948, tropezó luego con serios obstáculos. La X Conferencia Interamericana celebrada en Caracas, correspondió a una época luctuosa dentro de la cual la mayoría de los países de Latinoamérica estaban bajo la presión de gobiernos de fuerza. Ahora tenemos por delante la Undécima, que el año que viene ha de tener lugar en Quito. Por una rara circunstancia, estas tres Conferencias, de significación tan importante en la organización del Continente, se han realizado en las capitales de los países de la Gran Colombia: Bogotá, Caracas y Quito. Y al prepararse los pueblos para Quito, se encuentran bajo un signo radicalmente distinto en América para la reunión del que presidió la Conferencia de Caracas. En el Perú, en la Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en una serie de países latinoamericanos donde había regímenes autocráticos durante la Conferencia de Caracas, se están ensayando ahora, y afianzándose, sistemas de gobierno democrático. Esto le da a los principios estipulados en la Carta de la OEA, una actualidad y una viabilidad como quizá no habían llegado a tener hasta ahora.

Los objetivos de la Reunión

Como es sabido, los órganos de la OEA son: la Conferencia, el órgano supremo, que se reúne cada cierto número de años (debería reunirse cada cinco años); el Consejo, que es el órgano permanente; y un órgano intermedio, que es la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, para resolver problemas de emergencia.

Muchos han visto con sorpresa el que se haga una Reunión de Consulta de Cancilleres con carácter urgente, cuando faltan apenas pocos meses para la Conferencia, que es el órgano supremo y decisivo de la OEA. Esta reunión de Consulta de los Cancilleres, que se celebra actualmente en Chile, se promovió con motivo de la agitada situación que están viviendo los países del área del Caribe. Se ha planteado, como objetivo principal de la Reunión, el de asegurar la paz en el Caribe. En ese objetivo de la paz en el Caribe los venezolanos estamos de acuerdo en su sentido legítimo, es decir, no queremos una guerra internacional entre las naciones de esta zona. Venezuela, de manera característica, ha sido un país pacífico: el único país de América que no ha estado envuelto en una guerra internacional después de la Independencia. Desde el Canadá a la Argentina o Chile, no hay ningún otro Estado del Continente Americano que pueda presentar el mismo récord. Solamente Venezuela, la nación que luchó más que cualquiera otra en los días de la Emancipación y cuyos soldados llegaron hasta muy lejos como portadores de la idea de libertad, ha sido la única de nuestras repúblicas que puede presentar blanca su página, sin una sola mancha de conflicto internacional armado. Los venezolanos no queremos romper este récord. No queremos recibir el calificativo de agresores; no queremos que por culpa nuestra se llegue a plantear un conflicto armado en el Caribe, ni en ningún lugar del Continente.

Pero, cuando se haga el análisis de la situación del Caribe, no se puede olvidar la situación muy peculiar que existe respecto del Gobierno que ya va a tener treinta años de establecido en la República Dominicana. Los venezolanos sabemos mucho en materia de dictaduras. Hemos aprendido mucho en la experiencia. A nosotros no se nos puede llegar con teorías, porque éstas se contrastaron con la realidad en más de una ocasión sobre este suelo nuestro. No se nos puede decir, por ejemplo, que el hecho de que Trujillo haya durado treinta años en la República Dominicana implica que cuenta con la voluntad o adhesión de los dominicanos. También se había dicho (algunos lo trataron de decir) que el hecho de que Gómez hubiera gobernado a Venezuela a su antojo durante veintisiete años y hubiera muerto en su cama en el ejercicio del poder significaba  que los venezolanos estábamos conformes o respaldábamos el régimen de Gómez. Los venezolanos que aquí nacimos dentro de ese régimen y dentro de él vivimos, sabemos que el régimen se sostenía a base de terror y de crueldades, de cárceles, cuyo recuerdo ya se va metiendo en las páginas de la leyenda. Que no se nos diga, que el hecho de que Trujillo esté en Santo Domingo significa que los dominicanos están contentos con aquel gobierno.

Nosotros sabemos cuál es la situación que aquel país padece, porque la hemos padecido nosotros mismos. Y no se nos puede cohibir el que los venezolanos todos, sin distinción de partidos o posiciones ideológicas, conservadores o comunistas, radicales o indiferentes, estemos de acuerdo en el repudio a aquel sistema que significa para nosotros la supervivencia de una época que tiene que desaparecer definitivamente en la historia de este hemisferio. No se nos puede cohibir el que con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, con la organización que estamos tratando de dar a este país dentro de cauces democráticos, constituyamos un aliento para que los dominicanos también aspiren, fomenten y desarrollen su ambición de libertad.

Pedimos, pues, el entendernos claramente. No somos partidarios, ni estamos dispuestos a que Venezuela se embarque en una aventura bélica, pero tampoco podemos admitir el que tengamos que someter a censura nuestras estaciones de radio o nuestra prensa para que se deje por ella de expresar el anhelo de todos los venezolanos de que nuestros hermanos de la República Dominicana gocen también de la libertad y de los derechos esenciales que les corresponden.

El verdadero perturbador

El régimen dictatorial de Santo Domingo ha constituido un factor de perturbación en la vida democrática, no sólo de los países del Caribe, sino de todos los del hemisferio. Ha sido una especie de reducto de todas las dictaduras, en ejercicio o derrocadas. Ha sido como un vivero dentro del cual se han estado preparando siempre plantas para la intervención en los asuntos políticos de los demás países. En más de una ocasión oímos testimonios autorizados de que el Gobierno de la República Dominicana aconsejaba, orientaba, ayudaba y le servía de aparato policial complementario a las dictaduras que existían en Venezuela o en otros países de Hispanoamérica. No es un hecho fortuito el que los dictadores derrocados hayan hecho su primera escala en la capital de la República Dominicana. No es un hecho fortuito el que allá estén todavía hombres como Perón o Batista, que representan factores de perturbación en la marcha de sus respectivos pueblos, mientras afanosamente buscan el camino para el establecimiento definitivo de sus instituciones democráticas.

Cuando se habla de no intervención, es necesario precisar los conceptos. La no intervención representa el legítimo derecho de un Estado de que otro Estado no se inmiscuya en sus propios asuntos; pero no puede cohibir el juicio, la expresión de simpatía, las corrientes de pensamiento, del sentimiento, en esta hora en que entre todos los pueblos hay una necesaria interdependencia, y sobre todo frente a organizaciones que no han sido nunca indiferentes a la suerte de los otros pueblos, sino que activamente han cooperado para que regímenes tiránicos, a imagen y semejanza suya, se puedan establecer y subsistan dentro de los otros países del Continente Americano.

Tenemos, pues, ante el primer punto que se plantea como objeto de la reunión de Cancilleres, una posición clara: Venezuela es amante de la paz. Lo ha demostrado a través de su historia. Venezuela no está preconizando intervenciones armadas, porque tenemos la convicción de que el pueblo dominicano conquistará, como han conquistado los otros pueblos hermanos, el legítimo derecho que le corresponde entre los pueblos libres del hemisferio. Pero tampoco estamos dispuestos a tragarnos el argumento de la «no intervención», usado precisamente por parte de quien ha sido un interventor sistemático y tenaz en nuestros asuntos internos.

Un principio de carácter social inserto en 1944 en la Declaración de Filadelfia como complemento de la Corte de la Organización Internacional del Trabajo expresa que la existencia de la miseria, de la pobreza extrema en cualquier país es un peligro para la existencia del bienestar, de la prosperidad de los otros países. Nosotros podemos trasladar este concepto y decir también que la existencia de la dictadura, del despotismo o la opresión de un pueblo, son incompatibles con la existencia de la libertad y del orden democrático en los otros pueblos.

Estamos convencidos de que la democracia en América, que es un hecho cumplido e irreversible, quedará definitivamente consolidado –no en un aspecto simbólico sino en un aspecto real y efectivo– cuando un sistema de vida decente, libre, democrático, se establezca de manera total en los países que todavía soportan gobiernos contra la voluntad de sus pueblos.

Democracia y derechos humanos

Pero los Cancilleres han de tratar además otros temas. Fundamentalmente, uno que fue propuesto por Venezuela y que tiene una significación esencial. Venezuela considera que la Reunión de Cancilleres debe tomar medidas para que a la Conferencia de Quito se lleve un proyecto de convenio internacional que haga efectivos los principios insertos en la Carta de la Organización de Estados Americanos.

Si la Carta, que es un tratado solemne, ratificado con formal decisión por los Estados que integran este hemisferio, consagra el que la unión de nuestros pueblos supone el ejercicio efectivo de la democracia representativa y el respeto de los derechos humanos, Venezuela considera necesario abrir cauce para que esas palabras se hagan realidad; para que los pueblos tengan fe en los documentos que suscriben sus personeros; para que si está expresando que la América es el Continente de la libertad, de la justicia y de la esperanza, se haga un sincero esfuerzo por lograr que aquellos objetivos puedan convertirse en hechos patentes.

La aprobación de esta proposición significaría un paso trascendental en la reorganización del sistema jurídico interamericano. Significaría un gran aporte a la sinceridad que debe reinar como norma fundamental en la vida de nuestros pueblos. Ahora, ante la moción venezolana podrían presentarse algunas preguntas o reparos que es necesario contestar y que la opinión pública de Venezuela debe estar suficientemente preparada para responder.

En primer lugar, surge esta idea: cuando se afirma que los países de América deben aplicar los principios de la democracia representativa y respetar los derechos humanos, ¿se está interviniendo, acaso, en la organización interna de cada uno de esos países? ¿Se está abandonando el principio de «no intervención»? Nosotros respondemos que no, porque no se trata de la intervención de un pueblo por otro, sino de la realización de postulados reconocidos por toda la comunidad jurídica interamericana –inclusive por países como la República Dominicana, que no los ha practicado– como indispensables para las relaciones efectivas y sólidas entre los países de América.

Tampoco propugnamos (y aquí va la respuesta a otra pregunta) una especie de policía internacional para que ejerza por la fuerza el control de los sistemas políticos establecidos en nuestros Estados. Lo que buscamos es que se abra un cauce, que bien puede ser el de esas comisiones de encuesta que la comunidad internacional ha conocido, siempre que ellas estén avaladas por una mayoría de los países de la América, bien sea por una mayoría calificada, que podría ser hasta de las dos terceras partes de los países del hemisferio.

Podría ser, quizás, algo similar a lo que hemos visto en algunos casos en las Naciones Unidas. Cuando la Asamblea de las Naciones Unidas dispuso que una Comisión de Derechos Humanos fuera hasta Hungría para cerciorarse de la verdad de lo que había ocurrido dentro de aquel país, en el momento en que un gobierno respaldado por el pueblo fue derrocado por la intervención de la fuerza de una potencia extranjera, las Naciones Unidas no estaban interviniendo en los asuntos húngaros. El argumento de «no intervención», esgrimido entonces por el actual gobierno de Hungría fue similar al que podría esgrimir el gobierno de la República Dominicana actualmente. Pero la inmensa mayoría de los países occidentales, y entre ellos los países de América, propugnaron el envío de la Comisión. Y el hecho de que ésta no fuera recibida significó en sí mismo una sanción moral tremenda para el gobierno de Hungría, una demostración patente  ante la conciencia de la humanidad de que ese gobierno no estaba cumpliendo con sus compromisos fundamentales frente al concierto de todas las naciones.

Lo mismo podría pasar si la Resolución de Venezuela condujera, a través de la reunión de Cancilleres y de la Conferencia de Quito, a un documento internacional en esta materia. Podría llegar a tener un gran valor moral el que se proclamara que una comisión imparcial de estos países ha encontrado que en determinado Estado del Continente no se cumplen las condiciones de la democracia representativa y del respeto a los derechos humanos. Entonces, esta condenación moral sería la base de una ruptura de relaciones, sería la base de una situación que puede llegar a conducir a un hecho que nadie está propugnando en este momento en la Reunión de Cancilleres, como sería la expulsión de un gobierno del seno de la OEA. Pero, sería un hecho moral de tanta fuerza que vigorizaría el sentimiento de sus pueblos y haría más arrolladora y definitiva la conquista de su libertad.

Las dificultades económicas

Está envuelto también dentro de la Reunión de Cancilleres el tema de la influencia de las dificultades económicas en la estabilidad de los regímenes políticos. Cuba lo planteó como un tema especial. El Consejo de la OEA acordó que ese tema estaba implícito en los otros, al hablarse de los principios fundamentales de la Carta. Este asunto, quizás tenga menor urgencia inmediata pero es de una gran trascendencia permanente en el seno de la Organización de los Estados Americanos. Estamos seguros de que en todos los países de Latinoamérica, y señaladamente en el nuestro, se hará todo lo posible para que se llegue a plantear una nueva política de entendimiento en el campo entre los países capitalistas y los países infra-desarrollados como indispensable para asentar sobre bases firmes el edificio de la democracia política y social, fundamento de la solidaridad de los pueblos americanos.

Estamos recibiendo, en general, noticias más bien halagüeñas en relación a la posición de Venezuela. El cable traía hace poco la resolución adoptada por la Cámara de Diputados del Uruguay y la ponencia presentada al Senado del Uruguay por la representación del grupo demócrata–cristiano de aquel país, la Unión Cívica, y ambas coinciden en un respaldo a nuestras tesis y a nuestra posición en el seno de la Conferencia o de la Reunión de Cancilleres.

En general, el clima de los países de América es favorable hacia el hecho de hacer del Continente, a través de canales jurídicos serios, constructivos, un territorio donde no haya clima para la tiranía, para el atropello, para la violación de derechos fundamentales.

Y voy a dejar aquí el tema para despedirme brevemente de mis televidentes, con motivo del viaje que el próximo martes voy a hacer hasta Europa. El martes próximo salgo en un viaje que tiene especialmente cuatro puntos de referencia. En primer lugar, la visita a Alemania por invitación del Gobierno de aquella República, y en la cual vamos a ser huéspedes de aquel Gobierno el doctor Gonzalo Barrios y yo para visitar la ciudad de Bonn y especialmente la ciudad de Berlín. Tenemos un gran interés en ver la situación neurálgica planteada en Berlín y que constituye uno de los puntos más apasionantes de la actual situación mundial.

Luego pasaremos a Varsovia, para asistir a la Conferencia de la Unión Parlamentaria. La Unión Parlamentaria Mundial se estableció en 1889 por iniciativa de Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Hungría, España y Liberia, y ha tenido ya 47 Reuniones –la número 48 es la que se va a celebrar este año en Varsovia–. La del año pasado se celebró en Río de Janeiro, y la del año antepasado en Londres, donde por cierto fue elegido Presidente el que actualmente dirige la vida de la Unión Interparlamentaria, el profesor Codacci Pisanelli, diputado demócrata-cristiano de la Cámara italiana.

En Varsovia, Venezuela va a ser admitida formalmente como miembro de la Unión Interparlamentaria. Anteriormente asistió a una Conferencia una delegación venezolana el año de 1948, en la ciudad de Roma, pero nuestros delegados fueron como observadores, porque no nos habíamos incorporado formalmente a la Unión. Este año enviamos una delegación más numerosa a la Conferencia de Lima, donde se reunió el Grupo Regional, que es parte de esta misma organización. En Lima nuestros delegados fueron cordialmente aceptados y como consecuencia de aquella reunión, se constituyó formalmente el grupo parlamentario nacional venezolano, cuya directiva es la misma del Congreso Nacional, que tomó la iniciativa de enviar la representación a Lima. Dos días antes de la reunión de la Conferencia tendrá lugar la reunión del Consejo, en la cual se admitirá formalmente a Venezuela como miembro de la Unión Interparlamentaria Mundial.

Como es la primera de estas Conferencias a la que asistimos de modo oficial, y no estaremos incorporados formalmente sino la víspera de la Reunión, no llevamos una ponencia definitivamente presentada, pero tenemos toda la intención, si el proceso lo permite, de plantear en relación con uno de los temas del orden del día, una cuestión que para toda Latinoamérica y para Venezuela en especial tiene mucha importancia: la de promover en todos los Parlamentos del mundo el que los dineros provenientes del robo, no solamente del robo privado, sino del robo de los dineros públicos no encuentre protección en otros países. Porque es verdaderamente una vergüenza que un funcionario se robe millones y que otro país lo reciba y lo acoja y le dé garantías para que esos millones se inviertan allí, cuando han sido defraudados del tesoro de un pueblo.

Naturalmente, esto supondrá condiciones legales y procesales para que los extremos jurídicos se llenen. Pensamos que esta iniciativa puede cuajar a través de sucesivas Conferencias de la misma Unión Interparlamentaria.

Iremos después a Roma, a hacer una visita al Santo Padre, y en Milán me reuniré con otros delegados venezolanos para asistir al Congreso Mundial de Sociología. Asistiré a este Congreso, aunque sólo sea en sus días finales, para plantear allí, en la escala mundial, las perspectivas del Congreso Latinoamericano de Sociología que tendremos en Caracas en 1961.

En las semanas que esté fuera, vendrán a mi programa semanal de televisión el doctor Arístides Calvani, el doctor Miguel Ángel Landáez, el doctor Luis Herrera Campíns, y otros compañeros, quienes desarrollarán temas de mucha importancia. Y a mi regreso tendré el agrado de informar sobre las cosas más interesantes que pueda encontrar en este viaje.

Buenas noches.