El Plan de Emergencia y el desempleo

Charla de Rafael Caldera en el programa «Actualidad Política» del 2 de julio de 1959, trasmitida los jueves a las 10 pm por Radio Caracas Televisión.

Es oportuno hablar en estos momentos del Plan de Emergencia, porque la entrada en vigor del nuevo Presupuesto ha planteado el problema –que muchos miran con justificada angustia– de su liquidación; liquidación de que se habla muchas veces en términos vagos y cuya ejecución es algo delicado y no se puede resolver en una forma simple.

El Plan de Emergencia fue simplemente la atención, rápida, impensada, sin canales de estudio ni planes preparados a que se pudiera acudir, ante una situación dejada de herencia por la Dictadura. Cuando cayó ésta, había muchos millares de personas viviendo en los alrededores de Caracas (y en otras ciudades de Venezuela, pero el Plan de Emergencia tuvo un carácter principalmente metropolitano), a quiénes no se había podido dar ni se había dado ocupación.

La mano de obra en la construcción

La industria más importante de Venezuela, en materia de mano de obra, es la industria de la construcción. Por lo menos en cuanto al Distrito Federal, esta es una afirmación indiscutible. Y podría decirse también que en relación a toda Venezuela, porque la industria petrolera, si bien es capaz de absorber grandes contingentes de mano de obra cuando realiza obras temporales como la construcción de refinerías, carreteras, campamentos o edificios para oficinas, en su funcionamiento regular absorbe sólo una muy pequeña proporción de mano de obra. Esto lo hemos señalado muchas veces, y es un hecho que han que tener siempre en cuenta: menos del 2% de la población económicamente activa del país está ocupada en la industria petrolera, es decir, alrededor de 44.000 trabajadores, y mientras el rendimiento sube, lo cierto es que el índice de empleo no tiende a subir. Es posible que una solución parcial esté en la disminución de la jornada de trabajo en la industria petrolera, cuestión que seguramente se ventilará en la terminación de este contrato colectivo, porque una semana de 40 horas, como se estila en muchas industrias en los Estados Unidos, aplicada a esta industria que ha alcanzado un alto nivel técnico, podría traer como consecuencia inmediata la absorción de un 15% o más de personal adicional en una rama económica tan importante.

Pero, la industria de la construcción en Venezuela, que ha sido la gran esponja para absorber obreros cesantes, tuvo especialmente en los últimos años de la Dictadura, una serie de características que todavía no se han analizado a fondo. Era una industria irregular, desarrollada en medio de un auge extraordinario, pero en muchos casos con cierto aspecto de aventura. No fue una industria nacional que se desarrollara paulatinamente y sobre bases sólidas. Hay, sí, empresas de construcción que tuvieron un crecimiento rápido, pero que se asentaron sobre estructura más o menos duradera, pero en muchos casos el fenómeno del auge de la construcción desarrollado en forma irregular tuvo que ver también con la forma carente de toda planificación con que se desarrolló en Venezuela el fenómeno inmigratorio.

En materia de inmigración, el régimen pasado no tuvo una política clara: solamente aplicó los postulados del siglo pasado de que «vengan inmigrantes europeos como sea y hagan lo que puedan, que ya veremos, después de que estén aquí en el país, dónde se acomodan».

Esta política trajo afluencia de inmigrantes y tuvo aspectos positivos –que no sería yo capaz de negar– y que evidentemente dejaron huella en la calificación técnica de muchos trabajadores y en el desarrollo de muchas actividades, pero, también, estimuló la proliferación de empresas de aventuras rápidas, como por ejemplo la de la persona que llegaba, compraba a crédito un terreno, buscaba un crédito para construir un edificio, agrupaba a cierta cantidad de personas a las que transitoriamente daba empleo con el deseo de construir rápidamente para revender y lograr, a través de varias reventas sucesivas, la formación de un capital viajero.

Nuestros trabajadores en la industria de la construcción sólo han tenido empleo permanente en un porcentaje muy pequeño. En general, cada trabajador que iba a un edificio en construcción trabajaba cierto número de semanas y era despedido y tenía que peregrinar otras semanas buscando un nuevo empleo. De esa manera, lo que se llama una organización anti-cíclica, nunca llegó a construirse. Al contrario, a los meses de auge, que correspondían a los en que era necesario terminar las obras para inaugurarlas el 2 de diciembre, sucedían los meses de tremenda depresión en el mercado de trabajo, en los cuales los trabajadores literalmente no encontraban qué hacer.

Provisionalidad y emergencia

Cuando el Gobierno Provisional se instala, toda esta población flotante desempleada hace, como es natural, acto de presencia y de reclamo en la vida nacional. La Administración Pública no tenía estudios ni planes de ninguna especie. Se estaban adelantando algunos estudios de obras gigantescas, de esas que eran convenientes para la propaganda y para los negocios del régimen, pero obras realizables, económicamente provechosas, no estaban estudiadas casi en absoluto. El Estado, por otra parte, un Estado rico, en un momento de crisis, atravesando una situación de sensibilidad democrática, de aguda sensibilidad popular, tuvo que absorber esa masa flotante y ponerla a hacer cualquier cosa. Y ese «hacer cualquier cosa» fue el origen de la situación, cuyos aspectos censurables criticamos todos, pero cuya aparición hay que reconocer como impuesta por las circunstancias.

Hoy por hoy, según cifras que se nos han dado en algunas reuniones que hemos tenido, están incorporados al Plan de Emergencia en el área metropolitana, de una manera u otra, más de 30.000 trabajadores. De esos 30.000, alrededor de 18.000 o un poco más, están prestando servicios en diversas labores de lo que llaman «remodelación de los barrios de Caracas»; otros 5.000 están esperando que se les dé una oportunidad, porque son trabajadores que se consideran calificados y para quienes no hay ocupación; y alrededor de 7.000 han pasado al Departamento de mano de obra del Ministerio del Trabajo, por corresponder a ramos distintos del ramo de la construcción.

Este número ha ido creciendo. Se supone que la idea del Plan de Emergencia era la de absorber en un determinado momento la población cesante, para irla orientando hacia canales de ocupación estable, de manera de reducirlo paulatinamente para que en un momento dado sus dimensiones fueran muy pequeñas. Pero la realidad ha sido otra. Por una parte, la afluencia de personas trabajadoras al área metropolitana no ha cesado un solo momento. Se viene gente del interior por muchas razones. Una de ellas, y no la menor, es la de que no encuentran tampoco qué hacer en el lugar donde se hallaban. Otra es el señuelo, la ilusión, la esperanza, de que en Caracas podrían encontrar ocupación y un nivel de vida un poco más aceptable. Pero, sin duda, el gran drama del Plan de Emergencia ha sido la política. Los barrios de Caracas constituyen un factor político de demasiada importancia en el recuento de votos y de manifestantes, para que la enfermedad de la política no hubiera invadido un aspecto tan delicado para la situación nacional.

Una liquidación difícil

En el momento actual, oímos voces de un sector y de otro. Algunas personas, con visión solamente técnica o económica, se pronuncian por la liquidación inmediata, rápida y total del Plan de Emergencia. Nosotros consideramos que este es un problema delicado, y hemos opinado que el Gobierno tiene el deber de estudiarlo, analizarlo y encauzarlo satisfactoriamente. Creemos que está haciéndolo, pero ratificamos nuestra convicción de que debe hacer mayor esfuerzo aún por encontrar una solución apropiada.

El fracaso del Plan de Emergencia revela dos verdades sumamente graves y que no podemos ni debemos ocultar. Una de ellas es la incapacidad administrativa y técnica del Estado venezolano (otra de las pesadas herencias de la Dictadura). El Estado carecía de estadísticas y hasta de instrumentos adecuados para lograrlas. El número de desempleados en Venezuela no se conoce a cabalidad hasta este momento de una manera satisfactoria. No hay suficientes elementos para conocerla. El Ministerio del Trabajo está organizando un servicio de empleo y mano de obra, pero este servicio es todavía pequeño, insuficiente para la magnitud del problema. El Estado ha carecido de bases, de planes, de estudios y no ha contado con la estructura y la voluntad necesarias para hacer que lo que debió constituir algo eminentemente transitorio, pudiera derivar, por canales constructivos, hacia una solución definitiva, o por lo menos hacia una solución estable y duradera del problema que se estaba planteando.

La otra verdad, la otra terrible verdad, que no podemos ni debemos desconocer, y que es necesario repetir con claridad y firmeza para que la oigan bien todos los que en Venezuela tienen responsabilidad directiva, desde el gobernante hasta el dirigente sindical, pasando por el jefe de empresa, es que en Venezuela estamos atravesando, en esta etapa de desarrollo, una situación delicada en materia de empleo.

Hay desempleo

Hay desempleo. Y ese desempleo no es momentáneo. El crecimiento demográfico del país, por un lado y por otro, las consecuencias inevitables de toda transición política –y mientras más revolucionaria la consecuencia es más inevitable–, han traído y traen el resultado de que mucha gente no encuentra dónde trabajar.

Esta situación tenemos que afrontarla con toda seriedad, porque no estaría Venezuela en condiciones de ganar satisfactoriamente su destino inmediato si no se realizara un esfuerzo muy serio, sistemático y profundo, durante varios años, para tratar de abrir fuentes, posibilidades efectivas de trabajo.

Por supuesto, el problema del desempleo debe afrontarse en dos aspectos distintos, definitivos e inmediatos. Hay que buscar soluciones permanentes, soluciones estables. Entre ellas está, sin duda, la industrialización del país, pero el proceso de industrialización no se va a ultimar en momentos, es algo complicado, en lo cual tienen que ver los aranceles, los compromisos que haya que realizar para la venta del petróleo y, sobre todo, el estímulo del espíritu de empresa y la formación de mercado suficiente para que esas industrias puedan desarrollarse a cabalidad. Quizás la industria que todavía está en mayores condiciones de ofrecer posibilidades para absorber desempleados durante cierto tiempo, sigue siendo la de la construcción. Pero ésta hay que orientarla bien hacia una regulación anti-cíclica. Ya pasaron los tiempos en que el ingeniero o constructor dejaba las relaciones con sus trabajadores a un maestro de obra cuya inteligencia y perspicacia se demostraban despidiendo a los trabajadores antes de que alcanzaran tres meses para que no tuvieran derecho después a las prestaciones sociales.

El aventurerismo en la industria de la construcción fue un fenómeno que necesitamos considerar liquidado. Hay que fomentar esa industria como cosa estable, una industria en crecimiento, pero que dé ocupación más o menos permanente y satisfactoria a un crecido número de desempleados. La política de avales, anunciada por la Corporación Venezolana de Fomento, y que constituye una de las mayores satisfacciones de Lorenzo Fernández en su Ministerio, será, sin duda, un estímulo para que esta industria se desarrolle.

La facilitación de los permisos de construcción, de que han hablado el Presidente de la República y el Gobernador del Distrito Federal, también lo será. Pero, desde luego, hay una serie de aspectos que precisa atacar y entre ellos tiene preeminencia el de acabar con la sensación de inseguridad que priva dentro de la vida venezolana. Los que hablan en nombre de los grandes partidos venezolanos, los que tienen ante el país la función de dirigir, los periodistas y, especialmente, aquellos que en la prensa tienen un mayor cúmulo de responsabilidades, tenemos todos la obligación de inspirarle al país la sensación de que los ensayos, tanteos o aventuras, no serán sino algo secundario, y que el orden de progresión y desarrollo de la vida nacional será sólidamente buscado y defendido por todos los queremos el gran desarrollo de nuestra patria.

Planes de largo alcance

Pensemos en que todos los años nos vienen más de 200.000 niños, que pronto estarán presentes en el mercado de trabajo; y que si la Reforma Agraria, desde el punto de vista social, constituye una gran esperanza, desde el punto de vista de la producción y de la elevación de las condiciones de vida no es fácil que constituya, así de golpe, un gran factor para absorber la mano de obra cesante. ¡Si la Colonia de Turén, con todos los millones que le cuesta a Venezuela, no alberga mil familias de manera permanente y estable!

Aquí se hablaba, en conversaciones sobre el desempleo, de que en la Casa Sindical hay 5.000 familias campesinas anotadas para volver al campo. 5.000 familias campesinas representan, no 5.000 núcleos para lanzarlos sobre la superficie venezolana a que se mueran de hambre: su reubicación significa la construcción de una vivienda, la dotación de una parcela, la construcción de obras de riego, la dotación de créditos y otros aspectos más que cuestan millones y millones de inversión. Y, al fin y al cabo, dentro del problema nacional, 5.000 núcleos familiares representan una parte relativamente pequeña.

Es necesario darnos cuenta de que la absorción de la mano de obra cesante requiere planes de largo alcance y de que no podemos forjarnos ilusiones o señuelos en determinados aspectos parciales. Pero, sobre todo debemos pensar que el problema está vivo, está latente, y presiona con la fuerza de una realidad inmediata. Y que no podemos conformarnos con la idea de esperar para resolverlo después. Tenemos que darle trabajo a esa gente hoy. Y el Estado, que ha tenido una política de obras públicas loca, jamás armonizada con las oscilaciones de los índices de empleo, jamás orientada a compensar las épocas en que la industria privada o la agricultura son capaces de absorber mayor cantidad de mano de obra, sino guiada por otros factores, tiene que estudiar de inmediato la armonización de sus actividades, la planificación de las mismas, para que pueda ayudar a resolver este problema. Mientras tanto, hasta nos sentimos inclinados a pensar que quizá el Hipódromo, donde se juegan cada semana 5 millones de bolívares y de donde va una suma relativamente muy pequeña a la Beneficencia, podría comenzar a abrir sus cajas para derivarlas al auxilio social, exigido por la necesidad social de los desempleados de los cerros de Caracas.

No caben cortes drásticos

Nadie puede pensar, patriótica y serenamente, en echar a la calle a 30.000 hombres que, a cinco personas por familia, representarían 150.000 personas en los alrededores de Caracas, que de la noche a la mañana no hallarían qué comer.

Transformar el Plan de Emergencia requiere más carácter que el necesario para tomar una decisión drástica o quirúrgica: requiere firmeza, para ocupar gente no por preocupación política sino por sentido nacional, reajustar tornillos, eliminar el despilfarro, ordenar hacia fines legítimos a quienes verdaderamente quieren trabajar y cerrar campo a los que lucran y medran del Plan de Emergencia, nutriéndose de un gran sufrimiento, aprovechando un gran dolor, beneficiándose de un grave problema.

Los barrios de Caracas

Desde luego, habrá que mantener también –y esto ya lo dijimos en la Cámara de Diputados con motivo de la discusión del Presupuesto– las obras de los barrios de Caracas, en una proporción razonable y con un criterio más sensato y más justo. Pero no se diga que lo que se hace en los barrios es botado. Ya sabemos que una escalinata de concreto, que una cloaca para dar salida a aguas sucias, que una plumita de agua o una aberra, no constituyen una solución definitiva para los problemas de la gente que vive, sufre y padece en los cerros que rodean nuestra capital. Pero esa gente vive y continuará viviendo allí durante muchos años. Por más planes que hagamos, no hay nadie con seriedad que sea capaz de repetir aquella mentira jactanciosa y torpe del Gobernador Pacanins, cuando dijo, al encargarse de la Gobernación, que se iba a acabar los ranchos en Caracas. Una política de vivienda, para resolver este problema, supone muchos años de intenso esfuerzo. Pero, mientras tanto, ¿no es humano y justo que se gaste algo de la riqueza de Venezuela en hacer que esa gente que sube caminando por veredas llenas de barriales, pueda hacerlo por una escalinata más o menos transitable, y que los habitantes de zonas donde se paga tres bolívares por un pipote de agua de 200 litros, puedan tener al menos una pluma de agua que les supla el líquido esencial para continuar existiendo?

Las obras de los barrios de Caracas no pueden todas juzgarse perdidas, porque hacer que puedan vivir un poquito mejor, más cerca de su condición de seres humanos, millares y millares de personas que no tienen por el momento la posibilidad de trasladarse a otros sitios, es labor humana que todos estamos obligados a ayudar. Es absurdo decir que deben dejarse los cerros como están hasta que todo el mundo habite viviendas higiénicas, como aquella absurda idea de dejar que se perdieran las viejas carreteras hasta que se hicieran autopistas.

El alivio es concreto y humano, por lo que el plan de trabajar en los barrios debe ser mantenido. Los barrios son parte esencial de nuestra ciudad. Nuestra ciudad, alegre y despreocupada, que se angustia por las medidas sobre el tránsito, pero que no siente la miseria que agobia a muchos de sus habitantes, no podrá mantenerse en equilibrio si no se pone un poco de preocupación, de sentimiento y de interés patriótico, en las colectividades que la circundan. Pérez Jiménez trató de acabar con los ranchos, pero lo que hizo fue ocultarlos. Quienes estaban viviendo en los cerros pasaron a vivir al fondo de las quebradas, pero esa gente estaba allí, salió, brotó e hizo acto de presencia el 23 de enero. Y el 23 de enero, con su hambre y con su desesperación, bajaron a combatir a piedras, no sólo por la libertad, sino por un poco de vida mejor.

El grito de la realidad

Es necesario que veamos las cosas con valor y con coraje. No podemos encerrarnos entre un gabinete, con criterio solamente de técnicos, para ver estadísticas. Hay que decir lo que es verdad. Que en el Plan de Emergencia hay muchos abusos, que hay mucha corrupción, que hay muchos errores, que no se le ha orientado en un sentido constructivo: tenemos que ver cómo impulsamos un esfuerzo sano para que una medida impuesta por la necesidad, en momentos en que nadie tenía tiempo para reflexionar, se convierta en una cosa seria, para que la gente que quiera y pueda trabajar encuentre camino abierto hacia el trabajo. Que si no somos capaces de dar trabajo a nuestros compatriotas, no seremos capaces de construir una base sólida sobre la cual podamos desarrollar grandes planes, grandes esperanzas y grandes ambiciones.

Yo estoy convencido que el problema del Plan de Emergencia no puede verse aislado. Hay que verlo en función del desempleo. Es un índice que señala una situación angustiosa y muestra al desnudo vicios seculares del Estado. La Dictadura y la imprevisión nos dejaron un país que no conoce sus problemas y una Administración Pública llena de vicios y defectos. Pero lo serio, lo responsable, lo patriótico, es encarar la situación para que los que no tienen la culpa de no encontrar trabajo lo hallen en un ambiente de comprensión que les haga sentirse verdaderos ciudadanos de un país, que no solamente vive la libertad, sino que también necesita justicia y bienestar.

Buenas noches.