La actualidad y la Reforma Agraria
Charla de Rafael Caldera en el programa «Actualidad Política» del 4 de junio de 1959, trasmitida los jueves a las 10 pm por Radio Caracas Televisión.
El tema de la Reforma Agraria va tomando cada día una actualidad más vigorosa y más intensa. La división surgida en el Congreso Campesino desgraciadamente constituye un incidente lamentable, que siembra honda preocupación en los sectores responsables ante la vida social y política de Venezuela.
Pero no es a este tema al que me voy a referir, sino al de los aspectos, métodos y derivaciones que puede tomar el movimiento de Reforma Agraria. Quiero tratar acerca de las dos interpretaciones de la Reforma Agraria que pueden darse y se están dando en el actual momento venezolano.
Encontramos, desde luego, como muy positivo, el hecho de que, por primera vez, después de haberse hablado muchas veces de Reforma Agraria, se vea el propósito y la voluntad de emprenderla. Estamos, pues, en el inicio de un movimiento eficaz para rescatar al campesino, incorporarlo a la vida moderna y a la producción racional para transformar definitivamente el medio agropecuario.
La Reforma Agraria, compromiso solemne
El programa mínimo suscrito por los tres candidatos a la Presidencia de la República en víspera de las elecciones que iban a dar comienzo a la Constitucionalidad, enfoca el problema de la Reforma Agraria en términos muy claros y constituye un compromiso que los tres grupos contrajimos ante el electorado y del cual tenemos que responder. Hablábamos allá de Reforma Agraria concebida como uno de los instrumentos fundamentales de la transformación económica del país. Además de dotar de tierras al campesino y de recursos para trabajarla, la Reforma Agraria –decíamos– debe enfocar el problema rural en todos sus aspectos: económicos, sociales, técnicos, culturales, etc., y orientarse especialmente hacia el aumento y la diversificación de la producción agrícola y pecuaria. La reorganización del régimen de la propiedad de la tierra que implica la Reforma Agraria, garantizará y estimulará la propiedad privada que cumpla su función económica y social.
Es ingente tener una idea clara de lo que se persigue a través de la Reforma Agraria. A mi modo de ver –que es el modo de ver de mucha gente responsable en este país– la Reforma Agraria tiene que abocarse a la responsabilidad de transformar la estructura económica y técnica del medio rural venezolano y las condiciones de vida y de trabajo de la población campesina. Por tanto, la Reforma Agraria no es la simplista propaganda de la ocupación indiscriminada o desorientada de las tierras: supone la ubicación del campesino dentro de un nuevo régimen jurídico, pero, también, dentro de un nuevo ambiente económico y técnico.
En la Reforma Agraria es lo mismo el acceso del campesino a la propiedad de la tierra que la revisión de las condiciones de trabajo de la población asalariada dentro del medio rural. La Reforma Agraria mira, no solamente el aspecto legal de los problemas, sino también el aspecto crediticio, el aspecto económico, y el aspecto profundamente social, de reagrupar al campesino en comunidades donde pueda vivir una vida satisfactoria para un ser humano, único medio para poder fijar al campesino en la tierra y de evitar el flujo del éxodo rural, que aumenta cada día el dramático problema de la población sub-urbana.
¿Dos reformas distintas?
Ahora bien, parece como si se estuviera interpretando la Reforma Agraria en dos formas distintas. Hay una interpretación de la Reforma Agraria en el Anteproyecto de Ley Agraria elaborado por la Comisión que designara el ministro Hernández Carabaño y que llevara a cabo el ministro Giménez Landínez, y dentro de la cual están representados los diversos sectores de la vida y la política venezolana. Ese concepto es el mismo que encontramos en las palabras del presidente Betancourt y en los discursos del ministro de Agricultura, que representan la concepción del Gobierno Nacional y el compromiso de los partidos de la coalición ante la realidad venezolana.
Pero parece como si estuviera gestándose, dentro de un mar de propaganda incontrolada, una Reforma Agraria concebida como simple actividad demagógica, como palabrería desorbitada que desorienta profundamente al campesino, si llegara a generalizarse, de crear un conflicto económico en el campo que pondría en grave peligro el resultado mismo de la Reforma Agraria y, todavía más, la estabilidad y desarrollo de las instituciones democráticas.
Es necesario que nos pongamos de acuerdo al respecto. Crear en cada campesino la ilusión de una entrega inmediata y total de tierras a todos los campesinos de Venezuela sería fomentar un peligroso engaño, cuyas consecuencias económicas y sociales sería muy difícil medir. A veces, por ejemplo, se escucha la expresión reiterada de una constante propaganda en relación a la ocupación de las tierras, y el «muera el latifundista» se oye resonar en los labios de muchos que entienden en esa forma hacer Reforma Agraria. En realidad, en la afirmación «muera el latifundista», si se entiende la desaparición de una especie perniciosa para la vida venezolana, si se entiende el latifundio como debe entenderse, como un cáncer de la vida social y económica, como el acaparamiento de tierras que no se cultivan o se cultivan insuficientemente y que sirven sólo de motivo de explotación para aprovechar el sudor y el esfuerzo de los campesinos en favor de propietarios indolentes a quienes no le interesa la suerte y la realidad de la tierra; si el concepto se entiende así, entonces, es legítimo y tenemos que apoyarlo y respaldarlo con sinceridad.
«Muera el latifundista»
Pero, ¿se le ha explicado, acaso, al campesino que este «muera el latifundista» no está dirigido al señor Fulano o Zutano que tiene una extensión de tierras racionalmente cultivadas y ante quien es preciso adoptar actitud comprensiva para que la producción agropecuaria no se venga al suelo, y que si hay planteamientos por hacerle, deben hacérsele en forma racional, a través de la organización de las fuerzas sindicales campesinas, y a través de la recuperación de sus derechos, en una reforma, inaplazable ya, del Reglamento del Trabajo en la Agricultura y de la Cría?
El problema es bastante delicado. Si se les dice a los campesinos que ya, de una vez, le van a entregar a cada uno su pedazo de tierra para que la posea, –aparte de que esa entrega, de realizarse así no significaría sino ponerlo a padecer y a hundirse ante las dificultades económicas y técnicas más agobiadoras– lo que estaríamos alentando sería el que los campesinos trabajan en una propiedad cualquiera, la abandonen para salir a reclamar su pedazo de tierra, y si no se les da éste de inmediato, vengan a la ciudad a construir su rancho de cartón, a las orillas de Caracas o de las principales poblaciones de Venezuela, donde se pondrán a esperar que se les dé eso que se le está prometiendo como una realidad inmediata.
El que quiera darse cuenta de los efectos sociales y económicos que tendría una propaganda como ésta, que lea a «Pobre Negro» de Rómulo Gallegos, y pasee la vista por los primeros capítulos en los cuales se plantea el drama del abandono de las fincas por los esclavos liberados a raíz del Decreto de Emancipación de los Esclavos durante el gobierno de José Gregorio Monagas. El esclavo, para sentir que era libre –porque no se le explicó cuál era su verdadera libertad– abandonó los campos y pasó hambre, y con él pasó hambre la población de Venezuela y se formaron gavillas que arrasaron, y la mecha de la descomposición social fomentó los aspectos más trágicos y negativos del terrible y sangriento conflicto (que si tuvo sus aspectos positivos tuvo también terribles episodios) de la Revolución Federal.
¿Ocupación de tierras?
Yo le decía en estos días a un comunista con quien discutía cordialmente, que hasta el Partido Comunista de Venezuela debía plantearse claramente la formulación de un concepto sobre el sentido de la Reforma Agraria. Es cierto que Lenin, en 1917, lanzaba los campesinos a la ocupación de las tierras; pero en ese momento el caudillo bolchevique no estaba buscando hacer una Reforma Agraria: buscaba desencadenar una revolución social. Lo que perseguía claramente, a través de la táctica de la ocupación de las tierras por los campesinos, no era la transformación económica y social (que se emprendió después varias veces y que tantos y tan duros sacrificios costó a la población rural soviética), sino, simplemente, la crisis del gobierno democrático de Kerenski para llegar él al poder y establecer la dictadura del proletariado.
Yo no creo que el propio Partido Comunista de Venezuela pueda tener en este momento un objetivo semejante. No puede estar, lógicamente, racionalmente, dentro de sus fines, el de provocar un gran conflicto social para que venga la ruina de las instituciones democráticas. Si ellos sinceramente desean –como en más de una ocasión lo han dicho– el que haya una transformación de la estructura económica feudal del campo venezolano, y el que se forme una clase campesina robusta, bien alimentada, que pueda cultivar la tierra en una forma satisfactoria y racional, a fin de que la tierra le pueda dar lo suficiente para vivir una vida decorosa, entonces deben coincidir en afrontar la Reforma Agraria como empresa de responsabilidad, de sinceridad, de reorganización social y económica y no como propaganda de agitación, no como tesis indiscriminada de que «vamos a ocupar las haciendas», porque por ese camino iríamos a otro fin, a otra meta, pero no a la de consolidar y afianzar las bases económicas y sociales de la democracia venezolana de nuestros días, indispensable para que podamos plantear luego el debate sobre nuestras posiciones antagónicas.
Esta situación debemos verla con ojos de profunda sinceridad. Son incompatibles ambas cosas: la realización y la demagogia. El fomentar la desconfianza, la inestabilidad, la inquietud en los campos, ¿qué resultados va a tener? El dueño de la tierra se asusta. Y si está bien que tema el dueño de tierras explotadas en forma irracional e inhumana (es decir, lo que típicamente se llama en la doctrina «el latifundista», que es una forma de usurero) no es bueno que se asuste al hombre que tiene equis hectáreas, pero que las cultiva para producir el café o el cacao, o la caña de azúcar, o los frutos menores, o los productos de la ganadería, o todo aquello que es indispensable para la subsistencia y para tratar de equiparar los renglones de nuestro comercio exterior. Que ese hombre se asuste, repito, representaría un factor negativo, difícil de vencer dentro del panorama que vemos por delante.
Urgencia de confianza
El gobierno democrático tiene que merecer confianza. Y si algo me agrada del Proyecto de Ley Agraria, en cuanto haya podido leerlo, es que se orienta hacia una distinción clara y tajante a decirle al dueño de la tierra explotada en forma racional, dispuesto a cumplir las leyes sociales y a la justicia social con sus trabajadores, al que está presto a aprovechar la tierra en sentido adecuado y a hacerla servir en su función social, que nada tiene que temer de esta revolución constructiva que se debe engendrar y que tenemos que ir engendrando en Venezuela; pero a no tolerar al dueño que ve la tierra como un simple instrumento de explotación de otros, que no es capaz de preocuparse por aportar su esfuerzo y dedicárselo para obtener de ella lo que la necesidad nacional establece; al que simplemente se limita a cobrar pisos de la gente encorvada sobre el surco, que da su esfuerzo diario y su sudor a los cultivos. Ese latifundista, que sólo se preocupa de esperar la ocasión para vender las tierras a buen precio, ese sí tiene que temer, porque las leyes no pueden amparar su situación.
Pero esta distinción hay que hacerla, hay que reafirmarla y repetirla muchas veces. Y a todos mortifica cuando escuchan que el Presidente de la República expresa, consciente de los problemas y de las necesidades del Gobierno, una distinción como ésta; y gente que debería respaldarlo, que está obligada a respaldarlo, porque precisamente comparte con él dentro de una organización política la máxima responsabilidad, lejos de decir que esa es la palabra correcta, se valen de componendas para desvirtuarla, porque creen que el único modo de conservar prestigio político en el país es ampliar los canales de la demagogia.
Es preciso que esta situación la afrontemos con absoluta sinceridad. Estamos haciendo un difícil ensayo de coalición. Hablo con la autoridad que me otorga poder decir que nunca, en ninguna coalición, en ningún país de la tierra, ha habido un aliado más noble, más leal y más sincero que COPEI lo ha sido para los otros dos partidos de la actual coalición de gobierno.
La coalición y la sinceridad
Nuestra participación en la responsabilidad de la vida pública en el momento actual venezolano, la estamos ejerciendo con entera lealtad. Tenemos interés en que el gobierno democrático se afiance, porque no estamos defendiendo en ello intereses de un grupo, sino los legítimos intereses del país, los intereses legítimos de la nación venezolana. Consideramos que la coalición debe mantenerse, y por eso nos preocupan hechos tan graves como el ocurrido en el Congreso Campesino. Para mantener la coalición, hay que mantener el espíritu unitario que le sirvió de base: lo que se predicó ayer, lo que se predicó antes de las elecciones, lo que se predicó cuando era todavía indecisa la consolidación del resultado electoral, lo que se predicó cuando se iniciaba el Gobierno Constitucional, eso es lo único que reclamamos hoy como norma de vida de la coalición de gobierno. Un entendimiento entre iguales, iguales en dignidad, iguales en respetabilidad. No se puede pensar que una coalición se mantenga a base de tratar a quien comparte responsabilidades y problemas como alguien a quien se menosprecia cuando se cree tener fuerza suficiente.
Ante el asunto de la Reforma Agraria, ante el problema de la estructuración de los grupos que deben contribuir, honesta y lealmente, a la realización de esa Reforma Agraria, planteamos una doble exigencia: la de que se mantenga claro el objetivo, porque el programa mínimo que suscribimos, y el Pacto que firmamos el 31 de octubre, no los consideramos como un papel cualquiera, sino como la definición de los puntos concretos en que estamos de acuerdo y que nos obligamos a sostener antes y después de las elecciones como norma del Gobierno Constitucional, y la de que en la aplicación de esos puntos haya lealtad, claridad, solidaridad mancomunidad.
Una empresa para todos
La Reforma Agraria en Venezuela no puede ser la obra de un partido. La redención del campesino en Venezuela no puede ser la obra de un partido. Es una empresa para todos. Lo dijo el Presidente de la República, y nosotros quisiéramos, y deseamos, y formulamos nuestra aspiración de que esas palabras del Jefe del Estado sean respaldadas por todos los grupos políticos con la misma entereza, con la misma sinceridad, con la misma lealtad con que nosotros estamos respaldándolas, viniendo como vienen de un hombre que no es de nuestro partido y a quien muchas veces hemos combatido.
Nosotros reclamamos el que la palabra oficial que se dice desde las alturas del Gobierno tenga eco firme, claro y robusto en todos los sectores políticos y gremiales que respaldan el Gobierno Constitucional. Y que no se diga que no hay un criterio político en la organización campesina, porque sabemos perfectamente –y tenemos evidencia clara– de que fue un criterio político el que prevaleció en la organización de un grupo cuyo presidente es el secretario agrario de un partido y cuyo equipo de dirigentes está formado por dirigentes políticos de ese mismo partido. Admitimos el hecho, pero, por lo mismo, queremos se interprete en todas sus consecuencias.
A la empresa de la Reforma Agraria, digna de una generación, debemos ir sin mezquindades. Debemos ir con la idea de que no está envuelta una bandera política, ni un interés electoral sino que el objetivo es lograr una realización positiva, que puede ser básica en la transformación de Venezuela.
Buenas noches.