A propósito del terrorismo

Charla de Rafael Caldera en el programa «Actualidad Política» del 15 de octubre de 1959, trasmitida los jueves a las 10 pm por Radio Caracas Televisión.

La semana que está terminando ha sido de extraordinaria gravedad. La opinión pública ha tenido la sensación de que se han estado viviendo momentos en los cuales se puede decidir la suerte de las instituciones representativas. Una serie de actos de terrorismo, afortunadamente sin pérdida de vidas, ha dado a la opinión pública la impresión de que se trataba de algo coordinado con otros hechos también graves, con el objeto de provocar un clima que pudiera dar la oportunidad de sustituir el sistema democrático de gobierno por un sistema de gobierno basado en la fuerza. Sin duda, se ha reflejado con esto una suspicacia muy honda en el ánimo de los venezolanos, formada a través de las circunstancias históricas que nos ha tocado vivir.

Tengo la impresión de que la crisis está superada. Y las reflexiones que hay que hacer sobre el particular, más que todo deben servirnos para orientar nuestra ruta, a fin de que podamos, de manera efectiva y provechosa, ganar el tiempo que tenemos por delante para darle al pueblo confianza en las instituciones democráticas.

Objeto y fin del Terrorismo

Por de pronto, podemos señalar una circunstancia: una bomba aquí o allá, puesta y repetida en diversos lugares, en ningún país ha tenido fuerza suficiente para alejar a un pueblo  del camino de su libertad. En la Argentina la experiencia fue clara. Durante toda la interinidad de la llamada Revolución Libertadora que comandaba como Presidente el general Eugenio Aramburu, se cometieron repetidos actos de terrorismo, algunas veces con daños considerables, de los cuales nos traía información el cable con una continuidad verdaderamente angustiosa, y estos actos de terrorismo no sirvieron ni para derrocar al gobierno de la Revolución Libertadora, ni para impedir la realización de elecciones y la vuelta al funcionamiento de la vida republicana.

En Venezuela, lógicamente, el hecho provocó una alarma especial, porque es enteramente nuevo para nosotros. De terrorismo se ha hablado en oportunidades anteriores; pero nunca habíamos tenido la experiencia de una concatenación de atentados contra una oficina pública, contra una empresa, contra un comercio o contra las personas, tal como se ha visto esta semana.

El objeto de los terroristas debía estar en la provocación de un clima de perturbación que convenciera a algunos que Venezuela no puede vivir bajo un gobierno democrático. Esta finalidad, sin embargo, se enfrenta con dos hechos concurrentes que son decisivos. Por una parte, la opinión pública tiene perfectamente determinada su decisión de no aceptar, cualesquiera que sean las discrepancias con tales o cuales partes del Gobierno, que el mecanismo que a través de elecciones y después de una larga experiencia se ha impuesto como norma de su vida política, sea reemplazado por el viejo mecanismo de la fuerza, así sea encubierto con nuevos colores o apariencias. Por otra parte, la Institución Armada de la República, cuya intervención sería perseguida por los terroristas a través de sus maniobras, tiene consciencia de que la suerte del país está orientada hacia las instituciones republicanas. En el seno de la Institución Armada hay, desde luego, hombres que sienten, analizan, piensan y, por lo tanto, no hay razón especial para exigir en la oficialidad un criterio unánime respecto de tal o cual aspecto de la vida política. Pero, los militares, que han atravesado situaciones difíciles a través de los regímenes de fuerza, deben estar perfectamente convencidos –y yo tengo la seguridad de que lo están– de que cualquier intento regresionista no conduciría sino a mayores males para el país y para la Institución Armada.

Ya tenemos experiencia de que ante cualquier alarma, ante cualquier sospecha de intento regresionista, todos los grupos sociales –no sólo los partidos políticos, sino las agrupaciones sindicales, las corporaciones económicas, los gremios profesionales, las asociaciones de tipo cultural, los estudiantes, los periódicos, todos los vehículos de la opinión pública– se manifiestan espontáneamente, caudalosamente, para rechazar cualquier mecanismo que pueda conducir a una nueva imposición de la fuerza.

Por otra parte, aún en el supuesto caso de que una aventura descabellada de unos ambiciosos pudiera conducir al restablecimiento de un sistema despótico, esto no sería sino la antesala de una conmoción social cuyas proporciones es imposible prever, pero que serían de un alcance destructor inmenso. Esta convicción es compartida sinceramente por civiles y militares y no tenemos razón para dudar que ella sea sincera. Y si hubiera en unos y otros sectores gente incapaz de asimilarse al nuevo clima de libertad y cuyas discrepancias que todos las podemos tener con tales o cuales aspectos de la vida política pretendan buscar un cauce distinto del que las leyes y las instituciones señalan, el clima que predomina, tanto en las instituciones civiles como en las militares, es lo suficientemente vigoroso como para impedir que esos intentos puedan producir una regresión al pasado.

La alarma de estos días ha servido para que toda la vida nacional, a través de sus más variados personeros, ratifique una posición anti-golpista. Y en este sentido, el Gobierno Nacional, que aunque es un gobierno de coalición está integrado a base de un resultado electoral mayoritario para una determinada corriente política, puede admirar y reconocer que en las demás corrientes políticas ha habido un pronunciamiento general e inequívoco en defensa y respaldo de la constitucionalidad. Ha servido, pues, esta ocasión para una movilización de la opinión, que bien canalizada y llevada dentro de justas proporciones, tiene un sentido netamente positivo.

Medidas de alta policía

Con motivo de los hechos de terrorismo, el Gobierno ha anunciado y ejecutado medidas de alta policía. Es este un tema sumamente delicado. Comprendemos que ante una situación de emergencia el Gobierno tiene que actuar en forma de emergencia, y reconocemos que en la Constitución de 1953, todavía vigente, se ofrece una base legal –la que el dictador se había creado- que da extraordinaria amplitud a las actuaciones del gobierno. Nosotros, pues, nos vemos en el doloroso caso de reconocer que las medidas de alta policía son una circunstancia casi inevitable en situaciones anómalas; pero debemos expresar, como lo dijimos en un comunicado del Comité Nacional de COPEI, que entendemos que esto obliga más al gobierno a usar de esas medidas con extraordinaria prudencia. Nosotros no tenemos conocimiento de los expedientes levantados respecto de cada una de las personas a quienes se han aplicado medidas de alta policía. Por esta razón, no estamos en capacidad de asumir responsabilidad solidaria con relación a esas medidas. Comprendemos que el Ministro del Interior tiene y puede tener razones para no consultar previamente medidas de esta índole, que recaen sobre su responsabilidad, en unión del Presidente de la República. Pero, al mismo tiempo, nos vemos obligados a explicar, por la misma circunstancia de formar parte del gobierno de coalición, que nuestra información se limita a la que ha sido dada a los sectores de la opinión, a través de la prensa.

Conocemos los datos que ha dado el gobierno; comprendemos la necesidad de tomar medidas de carácter extraordinario; pero no podemos emitir un veredicto acerca de esas medidas en cada caso determinado. Sólo pedimos –pública, como privadamente lo hemos pedido también– que el uso de tales medidas se disminuya al mínimum posible, porque en general, nuestro país, cargado con el recuerdo de los abusos que en otras situaciones se han realizado, tiene una suspicacia especial contra todo lo que pudiera ser la generalización o permanencia de este tipo de medidas de carácter netamente excepcional. Nuestra esperanza es la de que la constitucionalidad llegue, a través de una consolidación efectiva, a dejar en manos de la administración de justicia el conocimiento de las causas de perturbación de la vida política nacional.

Necesidad de una buena policía

En general, el problema de la policía es además muy grave. El régimen político, mientras más libertades otorga, tiene mayor necesidad de un servicio eficaz, bien organizado y bien adecuado de policía. La opinión pública se siente inconforme por el funcionamiento de los servicios policiales en general. Hay razones para esa inconformidad. Desde luego, la crisis política que vivió el país, trajo como consecuencia práctica la aniquilación de todos los servicios de policía existentes bajo el régimen anterior, por encontrarse aquellos contaminados de la misma estructura del régimen político. Ha habido que crear nuevos servicios policiales, y debemos reconocer que no ha habido tiempo, ni quizá dinero suficiente, para que esos servicios puedan estructurarse a base de gente escogida cuidadosamente y a la que se dé una formación suficientemente satisfactoria para combinar la eficacia de su gestión con el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Una acción policial mal realizada, como la requisa de un hogar, puede constituir hechos dolorosos, irritantes y con frecuencia ineficaces. Las grandes naciones de sentido democrático, las que otorgan mayor cantidad de libertades a los ciudadanos, pueden ser las que tienen una policía mejor organizada. Algunas veces he hablado de la policía francesa, podríamos hablar de la policía inglesa. En Inglaterra, la libertad que tiene el ciudadano, que es prácticamente absoluta, sólo encuentra como límite y al mismo tiempo como garantía eficaz, además de la letra de la ley y de la orientación del gobierno, un sistema policial que es apto para controlar los hilos de toda perturbación y de lograr medios de prueba claros y convincentes de las transgresiones contra el orden jurídico.

Debemos desear que en Venezuela el ciudadano y el gobierno contribuyan por igual a la comprensión de la función de las autoridades policiales. Necesitamos un policía que nos defienda a los ciudadanos contra las perturbaciones que vienen de los transgresores de las normas establecidas.

Inmediatamente después del 23 de enero de 1958 no había proliferado todavía la abundancia de maleantes que hoy quieren ampararse en las libertades establecidas para los ciudadanos para incurrir en abusos contra las personas y contra la propiedad. La democracia, mientras más comprensiva es, mientras más tolerante es, necesita un mejor sistema policial. Y sea esta la ocasión para expresar un gran anhelo: la necesidad de que estos servicios puedan cumplir la función que les corresponde, de respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos, pero de garantizarlos también contra las agresiones de los maleantes y de los criminales.

Aspectos positivos del momento

En el momento actual, hemos tenido una serie de aspectos de gran importancia. La alarma que los terroristas pretendieron crear con fines aviesos, no llegó a engendrar un estado de histeria colectiva. Y este es un hecho muy positivo en favor de la madurez de nuestra vida democrática, porque habríamos hecho el juego a los propios terroristas si la alarma que trataron de crear la hubiéramos aumentado a través de una reacción paralizadora. Quizá algunos, sin suficiente reflexión, se inclinaban a servir de instrumento involuntario y contra su propia intención, a favor de estas maniobras de los terroristas. Yo oí, por ejemplo, en Maracaibo, el día en que se provocó la alarma por la evasión del general Prato en la Cárcel Modelo, la sorpresa de algunos comentaristas radiales que se manifestaban sorprendidos de que se hubiera celebrado un agasajo que el gobernador del Estado me ofreció con motivo de mi visita al Zulia, cuando lo cierto era que la cancelación de aquel acto de la vida normal sólo habría servido a los intereses de los terroristas, aumentando la alarma.

La reacción colectiva afortunadamente, se ha encauzado en un sentido positivo. Todas las fuerzas políticas y sociales se han pronunciado contra el gobierno; pero todas las fuerzas políticas y sociales han sido capaces de medir su fuerza y no lanzarse desesperadamente a jugar la carta suicida que estaban poniendo en sus manos los agentes del terror y de la descomposición social.

En este sentido, nuestra posición, la posición del movimiento copeyano, ha sido clara. Nos hemos pronunciado categóricamente por luchar hasta donde sea necesario, sin reservas de ninguna especie, en defensa del orden constitucional. Hemos ratificado formalmente la voluntad del pueblo venezolano, que es una voluntad madurada en el dolor, de defender su libertad, conquistada en medio de tantos sufrimientos; pero al mismo tiempo, en todas las conferencias sostenidas con delegados de los otros partidos, hemos estado sosteniendo la tesis de que no se debe llevar este movimiento de opinión, que ha sido caudaloso y firme, a un cuadro de alarmismo y nerviosismo que pudiera servir a los fines de los que quieren descomponer el orden colectivo.

Necesidad de confianza

En nuestro reciente viaje al exterior tuvimos la oportunidad de medir hasta dónde las noticias de las perturbaciones que aquí ocurran repercuten en fomentar cierta desconfianza sobre nuestra posibilidad de recuperación en lo político y en lo económico. Llegamos a Inglaterra a raíz de los acontecimientos de agosto, y encontramos una cierta inquietud porque hasta la televisión había difundido episodios de las luchas callejeras que se habían realizado en Caracas. Pensamos cuál será la alarma que en este momento habrá cundido a través de noticias que alguna gente de buena fe propaga sin darse cuenta de que con ello le hace un daño al país.

El país necesita fomentar confianza en su crédito interno y en el desarrollo de su vida económica. El país necesita desarrollar su vida propia y crearse una atmósfera favorable para atraer inversiones que, dentro del cuadro de nuestras leyes, de nuestras instituciones y del respeto de nuestra soberanía nacional, sean capaces de ayudarnos a desarrollar nuestras fuentes de producción, para que nuestros desocupados encuentren dónde trabajar y para que la vida del país pueda avanzar de una manera firme.

La palabra del Presidente

En este sentido, la palabra del Presidente de la República, anoche, representa un hecho positivo. El Gobierno tenía que hablar. La opinión pública exigía que el Gobierno lo hiciera. Y las palabras del Presidente presentaron este hecho positivo: el de que el Gobierno asume su responsabilidad de decirle a la opinión pública si la situación es o no de extrema gravedad, y contrae ante la opinión pública el reiterado compromiso de mantenerla informada y de comunicarle cualquier hecho que pueda gravemente comprometer la estabilidad de las instituciones. Esto es indispensable. Defender al Gobierno contra la voluntad del Gobierno, como algunos pretendían, en ciertos cuadros de base o en ciertas agrupaciones políticas, en el fondo no sería sino minar la fe del pueblo en sus propias instituciones. Si está en peligro la vida democrática, ésta tiene que defenderse como un bloque, y los que recibieron del pueblo la responsabilidad mayor tienen que ejercer esa responsabilidad en la conducción de la opinión pública.

Hay, por cierto, otro aspecto que no debo dejar de señalar en las palabras del Presidente de la República, dichas anoche en Miraflores. El Presidente fue enfático en reiterar, al hacer mención de los partidos políticos, la delimitación de responsabilidades para los tres partidos de la coalición. En dos ocasiones repitió esta mención, la cual tiene importancia desde el punto de vista sicológico y en la orientación de la vida política colectiva, por la propaganda que de cierto tiempo para acá se ha desarrollado en relación a la no inclusión del Partido Comunista en la coalición del Gobierno. Se ha dicho que a los comunistas los llaman en los momentos de peligro para que lo arriesguen o compartan con los demás, y que en cambio no se los llama en el momento de organizarse el gobierno.

La verdad propiamente dicha –y esto vaya en elogio de los mismos comunistas– es que cuando hay o se piensa en algún peligro, nadie los llama, sino que ellos llegan, como llegamos todos al sentir alguna perturbación que amenaza arruinar ciertos presupuestos básicos para la acción de los partidos. Pero el hecho de que con motivo de los acontecimientos de esta semana, en algunos lugares indiscriminadamente apareciera, como si se formara un frente cuatri-partito para conjurar la situación planteada, podría dar pábulo a esa idea: por una parte, a la de que el Gobierno se sentía tan en peligro que llegaba al caso de llamar a los comunistas, a pesar del deslinde de responsabilidad que supone la formación del Frente de los tres partidos y las relaciones de este Frente con el Partido Comunista; por otra parte, al argumento de que se estaba buscando a los comunistas para que sufrieran ellos los peligros de la contingencia, mientras no se les llama a la representación en el Gobierno.

En este sentido, las palabras del Presidente fueron claras, y coinciden con la posición que ha determinado ante la opinión pública el Partido Socialcristiano COPEI. Lo hemos venido diciendo desde el principio mismo de la vida iniciada el 23 de enero y aún desde los propios días antecedentes al 23 de enero de 1958: la presencia del Partido Comunista como una unidad integrante de la coalición, lejos de fortalecer la coalición, la debilitaría, pues daría pábulo a una serie de fuerzas para maquinar contra las instituciones republicanas, bajo el pretexto de que ellas están directamente influidas por el Partido Comunista.

Sabemos perfectamente –y de esto no hay duda para nadie– que el Partido Comunista tiene una posición ideológica y un compromiso internacional diferenciados de lo que supone el respeto de la organización dentro de la vida democrática. Puede que haya en los otros partidos gente cuya posición ideológica se acerca al Partido Comunista, pero si están en los partidos en que se hallan por verdadera convicción, debe suponerse que tienen una diferenciación en cuanto a la línea internacional y en cuanto al planteamiento de las ideas que los comunistas sostienen. Incorporar, pues, al Partido Comunista, a una especie de frente cuatri-partito, sería robustecer la propaganda adversa a la estabilidad del régimen republicano y esto constituiría un grave peligro para la Nación.

Queremos reiterar, por lo demás, nuestra posición tal como la hemos venido sosteniendo: para conjurar el virus de la regresión, lo esencial es que la confianza traduzca la salud del organismo nacional. Tenemos que empeñarnos todos en restablecer, en cuanto se haya deteriorado un poco, la confianza colectiva en las instituciones democráticas. Esta confianza se logra por el funcionamiento de la maquinaria política y por la atención a los graves problemas sociales y económicos que el pueblo está confrontando.

El mejor remedio contra todos los peligros de regresión se abre claramente ante nuestros ojos: restablezcamos la confianza, y para ello restablezcamos la salud del ambiente político y robustezcamos la voluntad de servicio para resolver los graves problemas que aquejan a las clases populares venezolanas.

Confianza es el mejor antídoto contra el terrorismo y contra el virus de la regresión.

Buenas noches.