Administración dinámica, eficiente y honesta

Columna «El año del cambio», escrita para El Universal. 11 de agosto de 1968.

En las encuestas hechas sobre las preocupaciones del venezolano actual, en el diálogo que he mantenido con todos los sectores acerca de los problemas del país, aparece con caracteres de unanimidad la exigencia de una administración dinámica, eficiente y honesta. Hay verdadera angustia por el despilfarro de los recursos nacionales. Existe la sensación de que los mecanismos administrativos no coadyuvan a la transformación de Venezuela en un país moderno. La tramitación de los asuntos adolece de permanente incertidumbre y desesperante lentitud. Y en cuanto a la queja contra los crecientes brotes de corrupción, contra las comisiones, el tráfico de influencias, el enriquecimiento sin explicación aparente, ella no es un invento de los políticos para combatir al régimen: es un clamor del país nacional, que se necesitaría ser sordo para no oír.

Por ello, el propósito de imprimir a la administración un rumbo dinámico, la reforma de estructuras y métodos administrativos para imponer normas de eficiencia, la adopción de una actitud firme y el uso de instrumentos eficaces para poner coto a la corrupción administrativa constituyen una de las más vehementes aspiraciones en la inmensa mayoría de los venezolanos.

Por supuesto, para que la situación cambie es esencial una nueva actitud. Hay que sacudir la somnolencia de los órganos administrativos. Hay que eliminar trámites engorrosos. Hay que despertar en cada funcionario el reconocimiento de que no es amo sino servidor.

Pero, necesariamente, hay que afrontar también con decisión el cambio de las estructuras oficiales. Por ello, el Programa de Gobierno que he presentado a la Nación plantea la necesidad inaplazable de una reforma administrativa, tanto en un plano estructural como en un plano funcional. En el plano estructural se orienta hacia un reparto racional y adecuado de las tareas entre los distintos entes y órganos administrativos, y en el plano funcional, hacia una racionalización de las competencias, sistemas, métodos y procedimientos actuales de trabajo de la administración pública para adaptarlos a las nuevas técnicas, para lograr una adecuada eficacia y productividad y la incorporación de los sectores populares al desarrollo del país.

Soy el único candidato presidencial que no ha ofrecido un nuevo Ministerio. No porque no crea que en un futuro sería conveniente la creación de algunos, para ocuparse exclusivamente en materias como la Vivienda, la Seguridad Social, la Familia y la Juventud y hasta, en un plazo menos cercano, la Investigación Científica y Tecnológica, sino porque el análisis serio y responsable de los cuadros actuales indica más una redistribución de competencias, la creación de órganos de menor jerarquía (como lo serían diversas Secretarías dentro de la Secretaría General de la Presidencia) y el desarrollo de etapas previas de coordinación y cumplimiento de programas, antes de lanzarse a la hipertrofia burocrática que acarrearía la creación impremeditada e impreparada de nuevos despachos ministeriales.

El sistema adoptado ha aparecido más aconsejable, sobre todo si se piensa que al mismo tiempo hay que abordar una reforma del actual régimen de institutos autónomos (que han sido considerados los grandes desaguaderos de la riqueza fiscal), una nueva concepción y correlación de la administración regional y municipal (sobre todo, esta última, que espera la Ley Orgánica prevista por la Constitución), los cambios que han de hacerse para convertir al poder legislativo en un instrumento operante del desarrollo y de la vida del país, la adopción de un sistema estable y eficiente del poder judicial (cuya Ley Orgánica está entre los otros rubros largamente esperados después de sancionada la Constitución) y lo relativo a la reforma burocrática, que no tiene por objeto la reducción del personal al servicio del Estado, sino mejorar su eficacia, garantizar su honestidad y, por consiguiente, lograr productividad y moralidad en el esfuerzo de incorporar definitivamente a los servidores públicos a las tareas del desarrollo.

Importante y delicada tarea, que será llevada adelante con espíritu de justicia y que garantiza la estabilidad de los funcionarios y empleados que cumplan cabalmente sus deberes, sin discriminaciones ideológicas o partidistas. Tarea que supone medidas legales y administrativas necesarias para que el control de la administración sea cada vez más efectivo a todos los niveles y que permanentemente tendrá ante la vista el objetivo de hacer que las cuantiosas sumas gastadas en personal sean correspondidas por el resultado de las labores que a éste corresponde.

¿Es tarea dura y difícil esta? Indiscutiblemente. Pero, si no se acomete con energía, será imposible que los recursos de Venezuela rindan el fruto de servir al país debidamente y de impulsarlo francamente al desarrollo. Todas las exigencias que plantea en este momento Venezuela y que hacen general el deseo de cambio son duras y difíciles. Pero renunciar a cumplirlas sería un suicidio colectivo. Para realizarlas, eso sí, se necesita un gobierno coherente, con decidida voluntad de servicio, asistido por un equipo humano de primer orden y respaldado por una mística popular. Los venezolanos se dan cuenta de ello y por eso se extiende cada vez con mayor amplitud la corriente electoral que me hace depositario de su confianza para dirigir aquél proceso de cambio que ha de ser la obra de todos.