Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961 (1992)

Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961

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Caracas, 20 de marzo de 1992

Señores Dres.
Pedro París Montesinos y Luis Enrique Oberto
Presidente y Vicepresidente del Congreso
Su despacho.

Los suscritos, integrantes de la Comisión Bicameral designada para la Revisión de la Constitución, nos dirigimos a ustedes para acompañarles un Proyecto de Reforma General de la Constitución, con su correspondiente Exposición de Motivos.

Después de largas deliberaciones, la Comisión acordó recomendar al Congreso adoptar el procedimiento de reforma general contemplado en el artículo 246 de la Constitución, en vez del procedimiento de Enmienda, que fue originalmente considerado.

Las razones para esta opción son, por una parte, la de que cada día ha ido aumentando el número de modificaciones que el reclamo de la opinión pública, la atención a necesidades fundamentales que nuestra democracia ha ido incorporando a lo largo de estos treinta y un años, y los planteamientos que grupos y sectores sociales respetables, como las asociaciones de vecinos, el Colegio Nacional de Periodistas, las agrupaciones femeninas, y varias más de importancia, han hecho llegar al Congreso por el órgano de la Comisión. Por otra parte, el procedimiento pautado por el artículo 246 es más rápido que el del artículo 245 y ofrece la ventaja de asegurar la participación directa del pueblo mediante un referéndum.

Con esta reforma general se daría al país una respuesta inmediata a graves cuestiones que lo preocupan y sobre las cuales abriga una creciente impaciencia. Si se logra un acuerdo político fundamental para tramitar la reforma con carácter prioritario y evitar largas e infundadas discusiones, puede contarse conque en este mismo semestre sea aprobada y promulgada la Reforma. Dentro de ella se contiene un Capítulo especial para prever la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuando el pueblo venezolano lo considere necesario. Se abre así una posibilidad de cambio total de la Constitución sin romper la estructura del estado de derecho.

Al consignarlo en las manos de ustedes, ciudadanos Presidente y Vicepresidente del Congreso, consideramos haber cumplido el encargo que se nos confió y proponemos que se someta a consideración de las Cámaras en sesión conjunta para que, en caso de conformidad, un número no menor de la tercera parte de los miembros del Congreso inicie formalmente el proceso de reforma, a través de la Cámara que se escoja.

Dejamos constancia de que los miembros de la Comisión se reservan el derecho de expresar en Cámara algunas discrepancias respecto de ciertos artículos propuestos, o su criterio acerca de otras materias que a su juicio deberían incluirse.

Atentamente,
S/ RAFAEL CALDERA

S/ PEDRO PARÍS MONTESINOS
D/ LUIS ENRIQUE OBERTO

S/ PEDRO PABLO A GUILAR

S/ DA VID MORALES BELLO
S/ LOLITA ANIYAR DE CASTRO

S/ SONIA SGAMBATU
D/ GUSTAVO TARRE BRICEÑO

D/ LUIS EMILIO RONDÓN
D/ RAMÓN JOSÉ MEDINA

D/ CARMELO LA URIA
D/FEDERICO RAMÍREZ LEÓN

D/ GASTÓN NAVARRO DONA

D/ ARMANDO ANIYAR

D/ ALVARO SILVA CALDERÓN
D/ RAFAEL TUDELA R.

D/ BERNARDO HORANDE

Reforma Constitucional en Venezuela (1992)

Rafael Caldera después de recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Sassari, el 15 de diciembre de 1992.

Reforma constitucional en Venezuela

Palabras de Rafael Caldera al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Sassari, Italia, el 15 de diciembre de 1992 (Fueron pronunciadas en italiano).

Recibo como un altísimo honor la laurea que la Universidad de Sassari me otorga como Doctor Honoris Causa de su Facultad de Derecho. Tengo sincera admiración por esta renombrada institución docente, de la cual  han salido valores de muy elevada representación en la vida política y jurídica de Italia. Conozco además el empeño valioso y meritorio que un grupo de miembros de su personal docente ha venido realizando para conocer, interpretar y divulgar el pensamiento y la doctrina jurídica de América Latina. Recibo, pues, esta honrosísima distinción con profundo sentido de gratitud y reitero mi más sincera admiración para la labor que se realiza en estos claustros, a los que de ahora en adelante tengo el privilegio de pertenecer.

La vida del Derecho Político en América Latina en la segunda mitad del siglo XX ha sido especialmente agitada. Las instituciones han experimentado en numerosos casos modificaciones sustanciales, que en el fondo reflejan la inquietud de la realidad social y el deseo de los legisladores de encontrar fórmulas que en verdad interpreten el fenómeno vital de nuestros pueblos.

En el siglo pasado, los sociólogos positivistas señalaron la contradicción existente entre las constituciones como documentos formales y la constitución orgánica, la constitución real vivida, en nuestros países por encima de los preceptos estampados en la Carta Fundamental. Es mérito de los juristas del presente siglo el esforzarse en superar esa dicotomía, y el buscar a través de la expresión precisa del texto constitucional la satisfacción de inquietudes colectivas y la necesidad de abrir un cauce a la voluntad de los pueblos para expresarse en todo su vigor.

Suelo repetir con frecuencia, cuando me planteo este fenómeno histórico que estamos contemplando, la observación de un jurista brasilero, Haroldo Valladao, quien observó que la vocación jurídica de los latinoamericanos es tan acentuada que buscan encuadrar dentro de instituciones jurídicas hechos trascendentes, ajenos o contrarios al Derecho. Así, por ejemplo, decía él que sólo los latinoamericanos habían creado una doctrina jurídica para regular el problema del reconocimiento de los gobiernos de facto. Igualmente, es de rancio sabor latinoamericano la doctrina internacional sobre asilo diplomático. Dos ejemplos, a los cuales seguramente podrían agregarse otros, de cómo los maestros del Derecho o los legisladores en nuestros países pusieron empeño en encuadrar dentro de parámetros fijados por el Derecho positivo, la regulación de accidentes como el de la ruptura por la fuerza del orden político establecido o la protección de ciudadanos que se encuentran perseguidos por discrepar del orden político existente. Otro ejemplo es el de la Constitución de Guatemala, que prohíbe ser Presidente de la República a quien haya sido «caudillo o jefe de un golpe de estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del Gobierno».

La inquietud renovadora del Derecho Constitucional en América Latina tiene relación con el tesón puesto en buscar mecanismos jurídicos adecuados para mantener el sistema democrático, o para recuperarlo después de haberlo visto naufragar por los embates de la fuerza. El mecanismo de transferencia del poder militar a un poder democráticamente electo por el pueblo presenta una serie de dificultades de carácter práctico; y los líderes políticos, especialmente en aquellos casos en que la transición se ha celebrado por consenso, idearon procesos que no enmarcan, no encuadran, evidentemente dentro de la doctrina constitucional clásica. Así, por ejemplo, cuando en el Perú el régimen de facto encabezado por el General Francisco Morales Bermúdez abrió camino a la instalación de la democracia, se convocó para una elección por sufragio universal a una Asamblea Constituyente, cuyas solas facultades fueron las de la redacción de la Carta Fundamental, de modo que el gobierno de facto continuó ejerciendo todas sus atribuciones y la nueva Carta sólo entró totalmente en vigor cuando tomaron posesión los integrantes del nuevo gobierno, electo en conformidad con sus cláusulas. En el Ecuador, la Junta Militar sometió a consulta popular el nuevo proyecto de Constitución redactado por una Comisión que dicho gobierno de facto designó; consultó al pueblo sobre la adopción de dicho proyecto o de otro alternativo que contenía sólo la reforma de algunos artículos de la Constitución anterior. Tengo entendido que el resultado positivo del Referéndum que dio fuerza jurídica a la nueva Carta, no obtuvo el voto de la mayoría absoluta del electorado, sino de los sufragantes.

El Presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, cuando afrontó la necesidad de ratificar el Tratado de Límites celebrado con Chile, a través de una laboriosa negociación en la que intervino como mediadora la Santa Sede, con el temor de que la mayoría opositora de una de las Cámaras negara dicha ratificación, consultó al pueblo argentino acerca de si el Tratado debía o no ratificarse. Esa consulta no estaba prevista en la Constitución; hubo quien la objetara, pero el más alto Tribunal consideró que no era contraria al orden constitucional,  porque no tenía carácter vinculante. Por supuesto, ese carácter lo tenía más en el orden político y moral que en el orden jurídico, pero su resultado fue demostrar una mayoría tan determinante en la opinión pública, que las Cámaras Legislativas ni siquiera osaron negar la ratificación.

El Presidente Barco de Colombia, accediendo a la iniciativa de un movimiento estudiantil muy caudaloso, hizo consultar al pueblo, en una elección en que se escogían los miembros de las Cámaras Legislativas y se celebraba una consulta primaria para la escogencia del candidato presidencial del Partido Liberal, sobre si estaba de acuerdo en que se convocara o no a una Constituyente. La consulta tuvo un resultado abrumadoramente mayoritario, dentro de los votantes, que fueron menos del 50% de los inscritos en el padrón electoral; pero esta consulta inició en definitiva un proceso sui generis, por la convocatoria de una Asamblea Constituyente, mediante Decreto del Presidente César Gaviria, en virtud de los poderes del estado de sitio y de un acuerdo fundamental logrado por las fuerzas políticas. Ese Decreto fijaba el número de los integrantes de la Constituyente, su forma de elección y la duración de sus sesiones. Limitaba también la agenda a tratar, pero una vez instalada como Asamblea Constitucional, se convirtió en Asamblea Constituyente, disolvió el Congreso e incorporó temas, algunos de ellos muy controvertidos, que no estaban comprendidos en la convocatoria. La Corte Suprema de Justicia, en una votación reñida, había declarado la exequibilidad del Decreto de convocatoria y de allí en adelante todo fue aceptado sin objeciones, en violación de las normas pautadas por la Constitución para entonces vigente.

En el Perú, el Presidente Alberto Fujimori, por su sola voluntad y poder disolvió el Congreso, así como varios órganos judiciales y convocó a un Congreso Constituyente, el cual, aunque con la abstención de los principales partidos, ha sido considerado por la Organización de Estados Americanos como un recurso satisfactorio para volver a la constitucionalidad.

Todo ello plantea una serie de problemas que dan al Derecho Constitucional Latinoamericano una fisonomía muy particular. Muchas de nuestras disposiciones tienen una legítima fuente europea; pero unas cuantas, y muy significativas, han sido expresión de pensamiento que trata de preservar los atributos fundamentales del sistema democrático (a saber, libertad de expresión del pensamiento, seguridad jurídica, derechos humanos, pluralidad de organización partidista) dentro de los acontecimientos perturbadores que se suceden contra la previsión de los constituyentes y que se justifican o se pretenden justificar en algunos casos, con la teoría de que si la soberanía reside en el pueblo, todo lo que se haga mediante una consulta popular y con apoyo de la mayoría, aun cuando pudiera ser transitorio, adquiere visos de legitimidad. Al fin y al cabo, el ilustre Maestro del Libertador Simón Bolívar, a saber, Don Simón Rodríguez, dijo que teníamos que producir nuestras propias soluciones: «O inventamos o erramos». El peligro está en que inventando erremos también y en este caso con consecuencias de mayor gravedad.

El movimiento constitucional se refleja en la aparición de nuevas Constituciones en la segunda mitad de este siglo. El Uruguay en 1966, Bolivia en 1967, el Perú en 1979, Ecuador en 1984, Guatemala en 1985, Brasil en 1988, Chile en 1989, Colombia en 1991, Paraguay en 1992, constituyen una lista demostrativa del intenso movimiento de formación jurídica en el ámbito constitucional en los países de América Latina. A los países nombrados podrían agregarse otros; entre ellos, el de la Constitución de mi país, adoptada en 1961 con dos enmiendas, numeradas 1 y 2, en los años de 1973 y 1983.

Por cierto, a este movimiento constitucional latinoamericano habría que agregar como un complemento de muy alto relieve, el de la Constitución española, aprobada por un Referéndum el 6 de diciembre de 1978, con la participación del 67,1% de los electores, y por un porcentaje afirmativo del 87,7% de los votantes. Constitución que, por cierto, refleja no escasa influencia del movimiento constitucionalista de América Latina, explicable por la presencia muy calificada de maestros que pasaron en nuestro continente los largos años del exilio.

Es de advertir que la Constitución Peruana de 1979, derogada por un acto puro y simple del Presidente Fujimori, contiene una disposición que repite fielmente otra de la Constitución Venezolana de 1961. Esa disposición de la Constitución Peruana dice así: «Art. 307. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia – son juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas de conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Así mismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución -. El Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado».

En Venezuela, la historia constitucional ha sido muy accidentada. Hasta el presente, hemos tenido 27 Constituciones, además de una reforma parcial de la Constitución de 1936, en 1945, y las dos Enmiendas (No. 1 y 2) anteriormente referidas. De esas Constituciones, algunas sucumbieron bajo el peso de la guerra; otras se subsumieron en una nueva concepción política. Por ejemplo, la primera Constitución, adoptada en 1811, dejó de existir cuando el Generalísimo Francisco de Miranda se vio obligado a capitular ante las fuerzas realistas del Capitán de Fragata Domingo Monteverde. La de 1819, dictada en Angostura, dejo de ser cuando se adoptó la Constitución de la Gran Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta, en 1821. La de 1830 fue la primera en organizar el Estado después del desmembramiento de la Gran Colombia. La reforma impuesta por el Presidente Monagas en 1857, apenas duró hasta el triunfo de la Revolución de Marzo de 1858.

El 31 de diciembre de 1858 se promulgó una Constitución que ha sido de las elaboradas con mayor concurso de inteligencia y con más fundadas esperanzas, que dejó de existir en 1862, al asumir la dictadura el General José Antonio Páez, entre el fragor de una guerra civil, la Guerra Federal. La Federación tuvo su propia Constitución en 1864. Dentro de su período de existencia, ocurrieron la Revolución Azul y la Revolución de Abril, ambas triunfantes. Fue sustituida por la Constitución de 1874, ésta por la de 1881, ésta a su vez por las de 1891, 1893, 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925 1928, 1929, 1931, 1936 (reformada parcialmente en 1945), 1947, 1953, 1961. De esta larga lista de Constituciones, algunas son meras modificaciones de lo anterior, con frecuencia debida solamente a circunstancias políticas muy particulares y al interés muy personal de los gobiernos autocráticos de turno. Podría decirse que dentro de esa larga y accidentada historia, sólo merecen rango de novedad, después de las de 1811 y 1830, la de 1858, 1864, 1936, 1947 y 1961.

La multiplicidad de Cartas ha dado lugar para que se establezca el contraste entre este pequeño país con 27 Constituciones, y el gran país de los Estados Unidos de Norteamérica, con una sola Constitución por más de doscientos años. Lo cierto es que la Constitución de Filadelfia ha sufrido 27 Enmiendas, algunas de ellas de trascendental importancia, por referirse a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión, a los derechos humanos, etc., y la producción jurídica de la Corte Suprema ha ido adoptando la norma a las situaciones cambiantes, de un país que en esos doscientos años ha pasado de ser una reunión de 13 colonias congregadas en Filadelfia para constituir los Estados Unidos, al país actual con 50 Estados, con costas en los dos océanos y con parte de su territorio en áreas insulares muy aisladas de su masa geográfica.

La Constitución de 1961 tiene por ello una significación muy especial para nosotros, porque su vigencia ha superado a la de la Constitución de 1830 que era la que había permanecido por más tiempo, aún cuando su efectiva vigencia había sido quebrantada en el curso de su parábola vital. La de 1961 fue el resultado del mayor consenso logrado en el país, con la participación de un número importante de profesores de Derecho Constitucional y de políticos expertos, que habían conocido todas las posiciones (el gobierno y la oposición, la libertad, la cárcel y el exilio). Por ello, se esforzó en lograr una combinación de los ideales expresados en el preámbulo y desarrollados en su texto, y de la experiencia práctica aportada por los redactores desde distintos ángulos, preocupados para que no fuera simplemente una Carta más, un ejercicio de imaginación, un texto de elocuencia bañada en irrealismo, sino una formulación constructiva de las bases sobre las cuales, a través de las leyes y del ejercicio del gobierno y la actividad de los ciudadanos pudiera avanzarse firmemente en la construcción del sistema democrático.

Estoy entre los venezolanos que se sienten muy orgullosos del alto prestigio de que ha gozado nuestra Constitución vigente y del respeto y reconocimiento que ha tenido y que ha permitido mantener firmemente nuestro sistema democrático a través de una etapa en la cual naufragaron las instituciones populares en numerosos países hermanos, muchos de ellos con mayor tradición institucional que el nuestro.

Pero, han transcurrido más de 30 años desde su puesta en vigencia. Esos 30 años no han sido un monótono transcurrir de situaciones creadas, sino una etapa de inquietudes, de contradicciones, de errores que en algunas ocasiones han llegado a superar a los aciertos, y sobre todo, de una inquietud creciente en el estamento popular, que reclama que a la democracia representativa se le incorpore, de manera ambiciosa, la democracia participativa.

En 1989, el Congreso de la República en sesión conjunta, por iniciativa del Senador Godofredo González, designó una Comisión Bicameral (del Senado y de la Cámara de Diputados) para abordar el problema de la revisión constitucional. Tuve el honroso privilegio de ser escogido como su Presidente, y para aceptar puse una sola condición: «que no se trate de un saludo a la bandera», es decir, que sea efectiva la voluntad de enfrentar los cambios que se consideren necesarios.

Durante más de dos años y medio la Comisión se reunió semanalmente, y lo que al principio se consideró que sería simplemente la Enmienda No. 3 sobre algunos aspectos esenciales, se fue convirtiendo por la fuerza de las cosas y por el reclamo de los grupos plurales que integran la sociedad civil, en un trabajo de tal magnitud que nos llevó a proponer una reforma general de la Constitución. Debo advertir que de acuerdo con el texto aprobado en 1961, la reforma general se realiza a través de la discusión en las dos Cámaras después de que la iniciativa haya partido a lo menos de una tercera parte de los miembros de una y otra Cámara, pero debe llevarse a un referéndum, para que el pueblo dé su voto afirmativo o negativo al proceso realizado.

Yo considero que lo más fundamental de la reforma constitucional propuesta es la participación popular. Hemos incorporado el referéndum, ya existente en países europeos como Italia, Francia y España, pero le hemos tratado de dar la mayor amplitud posible. Hemos incorporado y aceptado el referéndum aprobatorio, para que se sometan a consulta antes de la promulgación aquellos textos legales o tal vez también aquellos tratados internacionales, que deban ser objeto de pronunciamiento popular antes de entrar en vigor. Hemos propuesto el referéndum abrogatorio, para dar – como existe en países europeos y también en el país latinoamericano de Uruguay -, la posibilidad de pedir el pronunciamiento de la voluntad del pueblo sobre la derogatoria de leyes o actos de gobierno contrarios a la voluntad popular. Hemos incorporado la proposición del referéndum consultivo, adoptado en la Constitución Española, y que el Gobierno de la actual España democrática ha utilizado solicitando la opinión colectiva sobre la pertenencia de la España a la OTAN. Pero hemos añadido también el referéndum revocatorio, el cual, dentro de ciertos casos y con las formalidades que allí se proponen, pueda poner fin al mandato de un funcionario de elección popular, cualquiera que él sea, desde el Presidente de la República hasta a un miembro de un Concejo Municipal, cuando sea evidente que su gestión no corresponde a las necesidades y a las aspiraciones del pueblo.

En los países de régimen parlamentario es fácil revocar el mandato de un Gobierno, mediante la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones. En algunos países existe el procedimiento de juicio político, mediante el cual las Cámaras Legislativas, con intervención o no del Poder Judicial, se pronunciaron en relación a la continuación o no del Presidente de la República en el ejercicio de su cargo. Hemos considerado que mayor carácter democrático tiene la proposición que formulamos: porque el referéndum revocatorio hace que sea el pueblo, que es el titular de la soberanía, el que tome la decisión, de naturaleza excepcional, de revocar el mandato que se ha otorgado, dentro de la duración del período normal de su ejercicio.

Dentro de nuestro proyecto hemos dado especial importancia al problema de la administración de justicia. Hemos verificado con dolor que la sociedad civil no tiene confianza en sus jueces. Que hay muchos jueces honorables y competentes, pero otros no lo son y en los juicios de mayor trascendencia la opinión pública tiende a considerar que es la influencia determinante de intereses políticos o económicos y no la voluntad de hacer justicia lo que determina la decisión de los magistrados. La experiencia del Consejo de la Judicatura, inspirado en la Constitución italiana y en la francesa, se ha contaminado del partidismo político. Yo considero que debe mantenerse, pero buscando la manera de depurarlo de aquellos aspectos que provocan sospecha en la comunidad. He propuesto y considero cada vez más necesaria la existencia de un órgano absolutamente excepcional, porque se trata de problemas también excepcionales: una Alta Comisión de Justicia, que no tenga carácter burocrático, que esté integrada no sólo por representantes del estamento jurídico sino de los distintos sectores de la sociedad civil, y que tenga facultades extraordinarias para presentar candidatos para la elección de los jueces, fiscales del Ministerio Público y otros altos funcionarios y para remover a cualquier magistrado, cuando exista en la mayoría absoluta de los integrantes de la Comisión la seguridad moral de que esa remoción es necesaria.

La reforma constitucional propuesta contiene exigencias nuevas para depurar la imagen de los partidos políticos y asegurar en tal forma su funcionamiento que puedan cumplir efectivamente su papel de rectores de la opinión pública y de voceros de las inquietudes del pueblo ante los cuadros del gobierno. Hemos propuesto la incorporación de normas que tiendan a extirpar el terrible morbo de la corrupción, que tanto daño está haciendo en este momento en el nuestro y en muchos otros países. Hemos dejado constitucionalmente abierta la posibilidad de convocar en un momento dado a una Asamblea Constituyente, si el pueblo así lo considera necesario. Y hemos aprovechado la oportunidad que se presenta, para incorporar una serie de normas que perfeccionan el sistema constitucional venezolano, dejando en pie la estructura fundamental de la Constitución de 1961.

Ha corrido con mala suerte la reforma constitucional propuesta. La rutina parlamentaria se apoderó del proyecto, le quitó su impulso inicial y mutiló las disposiciones más urgentes, más necesarias, más atractivas para que puedan obtener el voto afirmativo en el referéndum que debe celebrarse. Es mi opinión que ya, en la situación existente, sería un capricho desaconsejable empeñarse en recorrer rápidamente lo que falta de la discusión parlamentaria y llevar el proyecto al conocimiento del ánimo popular. En el momento actual y en los meses venideros podría asegurarse que el pueblo convocado al referéndum votaría no. O, algo quizás tan grave más que aquello, concurriría en minoría para dar disciplinadamente el sí que le señalan sus partidos, lo que no privaría el documento de fuerza jurídica, pero lo dejaría carente de la fuerza moral y política necesaria para enfrentar los años venideros.

Pienso que en el próximo período constitucional debe reabrirse el debate sobre la reforma de la Constitución y ya nadie tendría excusas para no darse por enterado de cuál debe ser su contenido y de cuál es la posición a adoptar ante las distintas cuestiones propuestas.

Sea lo que sea, es evidente que América Latina está atravesando una situación que cada vez se muestra más difícil. El júbilo de los años 80 porque los gobiernos militares fueron entregando el poder en manos de gobernantes elegidos directamente por el pueblo, ha sido sucedido por una etapa de preocupación y de angustia. La problemática social se agrava, en parte como consecuencia del yugo del servicio de la deuda externa, y de las orientaciones de una política económica internacional que ha sido tercamente sorda a los reclamos de los pueblos. El Derecho, decíamos en nuestras clases de Sociología en la Universidad, es a la vez un factor y un producto social. Como factor social, influye en el desarrollo de los acontecimientos del país donde rige. Como producto social, refleja esa realidad social, actualmente perturbada en alto grado y sin perspectivas de una solución inmediata. Esa realidad es la que se está reflejando en la interesante, sin duda, pero preocupante a la vez, evolución que en el momento actual está experimentando el Derecho Constitucional en América Latina.

En todo caso, de estas realidades y de estas circunstancias emerge sobre todo un hecho: se hace cada vez más presente la existencia actual o potencial del poder popular. El principio de que la soberanía reside en el pueblo toma cada vez más fuerza y sin duda se hará sentir, inevitablemente, en el devenir de todos nuestros países.

Muchas gracias.

 

Rafael Caldera, el homenajeado por la Universidad de Sassari.

Discurso de toma de posesión del presidente Rafael Caldera (1994. Segundo Gobierno)

El presidente del Congreso Nacional, Eduardo Gómez Tamayo, juramenta a Rafael Caldera en su segunda toma de posesión como Presidente de Venezuela. De fondo, Ramón J. Velásquez, quien fuera nombrado como Presidente Interino en 1993, por el poder legislativo.

Discurso de toma de posesión como Presidente de la República

Caracas, 2 de febrero de 1994.

Asumo la Jefatura del Estado invocando, como lo hacían los Padres de la Patria, el nombre de Dios Todopoderoso, por el cual he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes de la República.

Saludo a los directivos e integrantes de las otras ramas del Poder Público, especialmente la legislativa y la judicial, con las cuales aspiro a llevar óptimas relaciones, dentro del respeto que a cada una debe tributarse, y con el propósito de colaborar en la realización de los fines del Estado, como lo prescribe la Carta Fundamental.

Saludo a las autoridades estadales y municipales, electas por el pueblo y autónomas en su funcionamiento. Confío en que, dentro del espíritu de descentralización que ha venido tomando cuerpo en los últimos tiempos realicemos la labor conjunta a que las poblaciones aspiran, orientadas armónicamente hacia la resolución de sus problemas y hacia la atención de las necesidades y aspiraciones de los habitantes de toda Venezuela.

Saludo a los diversos sectores de la sociedad civil, cuya importancia se reconoce cada día más y cuyo entendimiento con el sector público es indispensable para el bienestar general; a las autoridades religiosas, a los trabajadores y a los empresarios.

Saludo a los hombres y mujeres, venezolanos y extranjeros, que habitan en nuestro territorio y en especial a la juventud, objeto preferente de mis preocupaciones y esperanzas, y a la que espero tener presente de manera continua en los planes y actividades de Gobierno.

Saludo a las Fuerzas Armadas, factor indispensable en el mantenimiento del sistema democrático y en el desarrollo nacional. Les ofrezco ejercer con rectitud la delicada atribución constitucional de ser su Comandante en Jefe, con espíritu de justicia, con preocupación permanente por su progreso en el orden profesional y técnico y por su mejoramiento en el orden humano.

A todos los habitantes de Venezuela, salud.

El momento en que asumo el Gobierno es grave y complejo. Estamos padeciendo los efectos de una honda crisis que se inició –paradójicamente– hace veinte años, cuando el logro de precios más justos para nuestro principal producto, el petróleo, trajo consigo una avalancha de dinero que nos hizo caer en la equivocación de creernos muy ricos. Esa ilusión de riqueza nos hizo cometer infinitos errores. De entonces para acá hemos vivido un proceso de desorientación y de desbarajuste, que produjo una extendida descomposición moral, y finalmente ha creado un estado de cosas para cuya superación se requerirá un intenso y solidario esfuerzo nacional.

El Presidente Ramón J. Velásquez, un ilustre venezolano que aceptó el difícil encargo de conducir al país hacia una transición política a través del proceso electoral, ha cumplido una tarea de dimensión histórica. Sean cuales fueren las opiniones que se puedan tener acerca de algunos aspectos de su gestión de gobierno, merece el reconocimiento de sus conciudadanos, y no puede echarse sobre él la responsabilidad de unas circunstancias que con gran dramatismo delineó en su impactante mensaje del pasado viernes 28 de enero. En nombre de todos los venezolanos quiero manifestarle en este solemne momento la más profunda gratitud. Rompió el ciclo tradicional de las trasmisiones de mando, en las que el gobernante saliente sostenía que todo estaba muy bien, mientras el entrante enfatizaba sobre los aspectos perversos de la situación. En este caso, es el propio cuentadante el que, después de anotar los hechos positivos que asigna a su Administración, sintió la necesidad de desnudar su conciencia de patriota y de historiador para consignar el testimonio de esa durísima realidad que él no hubiera querido encontrar.

Hace exactamente veinte años –menos un mes y diez días– transferí el gobierno que ejercí entre 1969 y 1974 a quien fue electo por el pueblo para sucederme. Entregué un país pacificado y ordenado, un ejercicio fiscal con superávit. No podría yo decir, con frase muy conocida, que «veinte años no es nada». No. De ninguna manera. Estos veinte años han sido mucho, han representado mucho, han influido mucho en la vida de nuestro país. Para bien y para mal: porque, si por una parte hay hechos indudablemente positivos, también han ocurrido hechos decididamente negativos, cuya presencia ha llegado a amenazar la propia institucionalidad democrática, que tantos esfuerzos, tantas luchas y tantos sufrimientos costó a tantos venezolanos alcanzar. Venezuela es hoy un país diferente del que hace 20 años entregué.

La población, por supuesto, ha aumentado sustancialmente. De 12 millones ha ascendido a más de 20 para finales de 1993. La tasa de natalidad ha bajado, razonablemente, de un 3,47% a un 2,99%, que todavía es considerable, en comparación con la tendencia en países más desarrollados. La expectativa de vida ha subido, por lo que la población mayor de 15 años, que era ya un 52,46%, se ha elevado a un 58,74%. El porcentaje de población urbana, que era un 73,1%, es ahora 84,1%. Esto relieva el gravísimo deber que tenemos con los pobladores de los barrios marginales de las grandes ciudades.

Las cifras de la economía han experimentado variaciones astronómicas. El presupuesto ha pasado de 14.000 millones a 1.400.000 millones de bolívares, suma ésta que a pesar de la devaluación de nuestro signo monetario, representa el triple de la cantidad anterior, en divisas internacionales. El PIB, en cifras constantes, ha aumentado en más un 50% con relación a 1973, pero el ingreso per cápita se ha reducido, así como el salario real. La tasa de inflación, que era apenas de 5% ahora supera el 40%. La deuda externa, que era de 3.000 millones de dólares, excede actualmente de 30.000 millones de dólares. El desempleo ha crecido de un 6% a un 12%, cifra engañosa si no se toma en cuenta para el balance social el 40% de población activa que se dedica a la economía informal. El déficit de viviendas es abrumador. Los servicios públicos están deteriorados. El costo de la vida se hace asfixiante para la clase media y para los sectores populares. El costo del dinero ha saltado escandalosamente y las tasas de interés hacen imposible el uso del préstamo para los productores. El sector agrícola se encontraba al borde del colapso; aunque es justo reconocer las iniciativas del Gobierno Velásquez y su ministro Gaviria para mejorar la situación. Los industriales, que no estaban preparados para competir en mercados abiertos, están sufriendo las inevitables consecuencias de la apertura súbita a la competencia foránea. La moneda venezolana, que con el nombre del Libertador era signo de estabilidad, ha perdido más de veinte veces su valor y sigue en su incontenible caída.

La situación económica es preocupación central del Gobierno que entro a presidir, como tiene que serlo de todos los venezolanos. Existe estanflación, no hay crecimiento económico, pero sí aumento desproporcionado de los precios.

Rafael Caldera luego de recibir la banda presidencial de manos de Ramón J. Velásquez.

La gente está consciente de lo difícil de la situación y sabe perfectamente que es imposible hacer milagros: ni los ofrecí en el curso de la campaña electoral ni puedo ofrecerlos hoy. Pero sí puedo asegurar, y es lo que la gente reclama del Gobierno que hoy se inicia: trabajar incansablemente, con absoluta honestidad y vocación de servicio, por dar frente a los terribles problemas que se han creado debido a la irresponsabilidad, la ineficiencia y la corrupción de los últimos años.

Hay quienes piensan que para superar esta crisis debemos declarar un estado de emergencia, y aplicar lo que se llama una economía de guerra. Razones no faltan, pero es necesario agotar las vías normales que ofrece el Estado de derecho y que tienen el auspicio favorable de una disposición al consenso manifestada en todos los sectores de la vida nacional. Hay, por otra parte, quienes han planteado, casi en tono desafiante, que no existe otra alternativa sino la de imponer, con una rígida ortodoxia neoliberal, más ajustes dramáticos, que según suponen deberían dar frutos en el mediano o largo plazo. Olvidan, como lo están demostrando los hechos en otros países y aquí en Venezuela, la estrecha imbricación que existe entre lo económico y lo social, y que si éste se descompone, no habrá forma de generar confianza para la inversión y la recuperación de la dinámica económica, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo.

Me propongo ser a la vez optimista y prudente. Entre las dos opciones radicales, la populista y la neoliberal, opto por comprometerme a buscar un compromiso de solidaridad con acento social. Quiero confiar en la racionalidad de los factores económicos del país y en la comprensión y soporte de la colectividad. Aspiro a que los diversos sectores no se muestren sordos al angustioso llamado de deponer los intereses egoístas e inmediatistas por una visión de largo aliento que reclama el sentido común.

El objetivo de este compromiso de solidaridad es alcanzar una economía competitiva y moderna dentro de un marco de solidaridad social, donde la economía privada sea el motor de crecimiento y comience a asumir parte de la responsabilidad social que hasta ahora ha descansado sobre el Estado y la economía petrolera.

Puntos especiales de esta estrategia son:

1) Lucha sin tregua contra la inflación.

2) Política de austeridad en el gasto público para alcanzar el equilibrio y quebrar la inercia inflacionaria en el corto y mediano plazo, sin afectar el área social, a la que atribuyo prioridad. Se empezará por dar ejemplo reduciendo drásticamente los gastos de la Presidencia, de mi propia Casa Militar y de las partidas secretas. Se reducirá, en consecuencia, el presupuesto de 1994 y se buscará coordinar la política fiscal con la monetaria, para que el combate a la inflación no tenga componentes contradictorios.

3) Apertura de la economía y estímulo a la competitividad, en el marco de la reciprocidad.

4) Programa de estabilización económica que no se centre solamente en las grandes cuentas macroeconómicas y que se tomen en consideración las necesidades básicas de la familia venezolana.

5) Guerra frontal contra el despilfarro y la corrupción en todos los sectores de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

6) Transparencia en los procesos de privatización que las circunstancias del país aconsejen y medidas que tiendan a la democratización del capital.

7) Política tributaria inspirada en el precepto constitucional conforme al cual: «El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de la progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación de vida del pueblo» (art. 223 de la Carta Fundamental).

Esta política tributaria conlleva, por una parte, una efectiva recaudación de los impuestos causados y por la otra, una reforma a fondo de las leyes impositivas, de manera que más paguen los que tienen mayor capacidad.

Respecto a la recaudación, un informe de la Contraloría General de la República, de enero de 1994, sobre el déficit fiscal y el presupuesto, contiene esta afirmación impactante: «Estudios del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Venezuela, así como actuaciones del organismo contralor, conjugan una serie de hechos que permiten estimar una evasión fiscal en el orden del 70% por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y multas y ello sin incluir la renta de hidrocarburos y el impuesto sobre la renta de la industria petrolera». Esta evasión representa una inmensa suma, causada por la ineficiencia y la corrupción. El empeño que pondrá mi Gobierno en combatir estos dos males será enérgico y firme. Espero confiadamente en que el resultado aminorará el déficit fiscal en medida considerable.

En cuanto a la reforma tributaria, debo ser muy claro en la posición que sostengo. Dije en mi Carta de Intención al Pueblo Venezolano, durante la campaña electoral: «Habrá que enfatizar una reducción y reorientación del gasto y emprender de inmediato una mejora radical en la recaudación de los impuestos y una reforma tributaria que aumente los ingresos, distribuyendo las cargas con sentido de equidad, en forma tal que recaiga principalmente sobre quienes tengan mayores recursos. Así mismo, se impone la suspensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cuanto constituye una carga injusta sobre los consumidores de menores recursos».

Consecuente con esta promesa, tan pronto se instale el nuevo gobierno, el ministro de Hacienda presentará a las Cámaras Legislativas los proyectos que integran la proposición del Ejecutivo sobre la urgente reforma del régimen tributario, para confrontar en lo inmediato la difícil situación creada por el déficit fiscal. Pediremos, por de pronto, la eliminación del IVA a los consumidores, y propondremos una serie de medidas fiscales, tales como un impuesto selectivo a las ventas al por mayor, un impuesto al lujo y la reforma sustancial del Impuesto sobre la Renta, todas ellas orientadas a la modernización de las finanzas públicas. Todo ello hará más rendidora y progresiva la presión tributaria, a la vez que lograremos mejorar sustancialmente la inversión del gasto público, que es de una urgencia inaplazable, agravada por el deterioro del mercado petrolero.

Preocupación central de la nueva política económica es cambiar el viejo esquema disfrazado de modernidad, de lograr el crecimiento económico apoyándose en el aumento desmesurado del gasto público. Al Estado corresponde el papel de promotor y rector. El propósito es estimular la inversión privada, nacional y extranjera, dentro de un marco de seguridad jurídica y económica, y estimular, con medidas precisas, la reactivación de los sectores productivos fundamentales en la vida nacional.

Pero el proyecto económico y fiscal de corto y mediano plazo no agota la preocupación y el interés que el Gobierno se siente obligado a mostrar por una reforma a fondo de la economía nacional. Por ello he designado un Ministro de Estado que tendrá a cargo el estudio y análisis de los escenarios económicos a largo plazo. Estamos a las puertas del siglo XXI y no podemos restringirnos a buscar fórmulas para resolver las situaciones planteadas en los años finales del siglo XX.

Nadie puede garantizar que no habrá riesgos en una sociedad como la venezolana, en pleno proceso de transición de una economía rentista a una economía productiva. Pero sí puedo asegurar que pondré todo mi empeño en lograr un régimen transparente y confiable, que no habrá incertidumbre en política cambiaria y, de una vez por todas, despejo cualquier duda acerca de que no está en el esquema de mi gobierno ni una maxidevaluación ni un inmediato control de cambio.

Los anuncios formulados hace cinco años, de reconvertir el aparato productivo para hacerlo competitivo no dieron los resultados prometidos. Ahora no se trata solamente de reconvertirlo, sino de evitar su colapso. De allí que es propósito fundamental del compromiso solidario que promuevo, un programa acordado, realista y viable, que permita estimular la producción y la productividad, y bajar las tasas de interés, cuyo alto nivel hace materialmente imposible poner la función de intermediación bancaria al servicio de los empresarios, grandes, medianos y pequeños.

Dentro del diálogo pro-solidaridad debe abrirse, según deseo expresado por factores del trabajo y del capital, la definición de un programa de solidaridad social que implique, no sólo el reordenamiento institucional, sino también la estructuración de fondos públicos y privados de pensiones y su carácter de complementariedad, junto con el análisis y discusión constructiva de la materia de las prestaciones sociales y las garantías para el trabajador, al término de su relación laboral.

Apoyaremos el sector agrícola, vegetal y animal, que ha sido duramente castigado por la política de reajuste económico y de apertura no condicionada de los últimos años. La seguridad alimentaria será objeto de atención prioritaria. La inversión en el agro, en el sector industrial y en los recursos humanos será factor determinante de la nueva etapa de crecimiento económico sostenido.

El esfuerzo productivo en el sector agrícola será motivo de especial estímulo y apoyo, lo cual implica la observancia de un sistema de seguridad jurídica y personal para los hombres del campo. Se estimularán las actividades pesqueras, tanto en lo referente a la pesca industrial en aguas nacionales e internacionales, como en el desarrollo y consolidación de la pesca artesanal, y a la producción agrícola de diferentes especies.

Apoyo recibirán también las actividades productivas relacionadas con la rama forestal, dentro de un cuidadoso resguardo de las condiciones ecológicas.

La evolución de la ciencia y de la tecnología induce cambios sustanciales en la orientación y conducción de los procesos productivos con miras a superar anacrónicos moldes, readaptar las estructuras, y proyectar el esfuerzo de los trabajadores de la industria y del campo hacia la conquista de los mercados foráneos.

Consciente de la inconveniencia de los actuales mecanismos de comercialización y mercadeo, que establecen una diferencia sensible entre lo que recibe el productor a la puerta de la finca y lo que paga el consumidor, mi Gobierno promoverá y estimulará el establecimiento de estructuras de intermediación agro-comercial, socialmente justas y económicamente eficientes. Por otra parte, se brindará entusiasta apoyo a las iniciativas del área industrial destinadas al procesamiento y elaboración de las materias primas agropecuarias y a la elaboración de insumos industriales para el campo, y se propenderá al equilibrio y al ascenso de la agricultura y la industria.

La política de inversiones tendrá una oportunidad amplia en el sector turístico. El turismo tiene para invertir en Venezuela inmensos atractivos. Nos esforzaremos por ofrecerle al inversionista nacional y al extranjero facilidades y estímulos; y el empeño que pondremos en garantizar en todo lo posible la seguridad pública, constituirá un factor poderoso para este sector de la actividad económica.

Rafael Caldera durante su discurso de toma de posesión.

El país confronta también la necesidad de grandes obras públicas indispensables para el desarrollo, tales como la vía alterna de Caracas al Litoral, el puente de Los Barrancos sobre el Orinoco, y una serie de autopistas, algunas de ellas iniciadas pero que es necesario terminar. En vista de la situación fiscal, se hace indispensable el sistema de concesiones para la construcción de obras. Espero que el Congreso revisará la ley de la materia a fin de hacerla viable.

La pequeña y mediana empresa, el artesanado y las microempresas serán objeto de atención especial, convencidos como estamos del papel trascendental que pueden cumplir para la reactivación de la economía y la generación de oportunidades de trabajo.

El colapso sufrido recientemente por una importante entidad bancaria, que amenazó la estabilidad del sistema financiero, fue un coletazo de la crisis moral y económica perjudicial en todos los órdenes. La grave advertencia que constituyó nos conduce a llamar a todos los sectores económicos y políticos a sellar un compromiso fundamental que le ponga fin a una política perversa: la de jugar con los depósitos del pueblo en una especie de ruleta financiera que pone en peligro instituciones indispensables y daña nuestra imagen de seriedad y honestidad en el exterior. El Consejo Bancario y la Superintendencia de Bancos, así como las demás instituciones vinculadas al sistema, tienen que erradicar la práctica de hacer préstamos directos o subrepticios a los miembros de un mismo grupo bancario. El Gobierno que voy a presidir tomará las iniciativas necesarias para que se impongan sanciones penales y civiles a los responsables de irregularidades dolosas en esta o en cualquier otra entidad de crédito. Se hará lo necesario para garantizar a los ahorristas la devolución de sus ahorros y para que quienes tuvieran en el instituto intervenido depósitos de los cuales derivan el cubrimiento de sus necesidades perentorias sean atendidos con la mayor rapidez y eficacia posibles.

Aun cuando la terrible crisis económica y la alarmante presencia del déficit fiscal nos obligan a los venezolanos a acciones inmediatas para hacerles frente, no podemos dejas a un lado nuestra preferente obligación por lo social. El deterioro de las condiciones de vida es motivo de angustia para quien estudie la realidad nacional y sienta su deber insoslayable de velar para que se obtenga, como lo prescribía el Libertador en el Discurso de Angostura, «la mayor suma de felicidad posible». El crecimiento de los porcentajes de familias que viven en situación de pobreza y de aquella cuya situación es de pobreza crítica, se ha acentuado en América Latina en grado tal, que organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo comienzan a otorgar prioridad en sus programas a la lucha contra la pobreza. El Gobierno que el pueblo de Venezuela eligió para gobernarlo en estos años cruciales no puede perder de vista este hecho. Confío en que las entidades mencionadas nos prestarán valiosa colaboración para hacer frente a este grave problema.

El deterioro del salario real es considerable. El monto del salario mínimo tiene ya más de dos años de fijado, años en los cuales la economía ha padecido la inflación y la moneda ha ido devaluándose. Por ello me propongo, responsablemente, decretar dentro de las pautas legales, un aumento sustancial del salario mínimo y de los beneficios actuales por concepto de alimentación y transporte.

Preocupación fundamental de mi administración será la atención a los barrios marginales, para convertirlos en urbanizaciones populares, donde esté garantizada la posibilidad de una existencia humana y digna. El agua, en todas partes, es necesidad prioritaria: en los barrios su carencia no sólo obliga a usarla en forma insuficiente, sino a costos radicalmente incompatibles con el modesto ingreso de los hogares. Sé que la situación fiscal es una traba para atender a este sagrado compromiso; pero haremos lo posible y lo imposible para patentizar el interés de mi Gobierno en este aspecto. Se comenzará de inmediato a tomar iniciativas que señalen claramente el camino de las soluciones.

La sociedad venezolana ha experimentado en estos años muchos cambios en su manera de ser y en sus condiciones de vida. La aplicación de medidas económicas que no la tomaron en cuenta ha representado para ella un costo imponderable. De allí ha surgido el hábito de la denuncia y el recurso cotidiano a la protesta. La denuncia ha jugado un papel protagónico en los acontecimientos políticos del quinquenio que acaba de terminar. La protesta es el desahogo de quienes con razón se sienten víctimas de injusticias y no encuentran modo ni manera de verlas remediar.

Estoy dispuesto a respetar la institución de la denuncia y daré órdenes estrictas para que toda denuncia hecha en forma responsable sea investigada sin demora y se informe debidamente el resultado de la investigación. En cuanto a la protesta, aspiro a que «una cultura de protesta» nos lleve a garantizar toda protesta pacífica y a cuidar de que no se infiltren en ella elementos provocadores que sólo buscan promover la violencia; y a que las autoridades encuentren métodos seguros para proteger y asistir a quienes protestaren, sin poner en peligro sus vidas e integridad personal.

El país requiere un gobierno que gobierne. Necesita una autoridad que ponga la casa en orden, dentro del Estado de derecho. Yo estoy dispuesto a dársela. Pondré un interés especial en hacer frente al deterioro de los servicios públicos, primordialmente a los de seguridad personal, salud y educación. La seguridad de los hogares, de las personas y de los bienes de los habitantes del país se ha deteriorado hasta extremos inaceptables. La salud y la educación confrontan indicadores impropios del grado de desarrollo en la Venezuela democrática. Estas materias, en las cuales concurren las responsabilidades del Gobierno Nacional con las de los Gobernadores de Estado y Alcaldes Municipales, reclaman un gran esfuerzo de comprensión y colaboración, con la participación de las comunidades. La descentralización no puede conducir a la multiplicación por el número de Estados o por el número de Alcaldías de los defectos achacados a la Administración Central. Esta, por su parte, tiene que ser ejemplo y señalar los rumbos de un esfuerzo que ha de tener carácter integral.

La tarea de poner al día el proceso educativo, incentivar decididamente la investigación, la ciencia y la tecnología, buscar soluciones justas para el financiamiento de la educación superior, multiplicar las formas de educación para el trabajo dirigidas preferentemente a los jóvenes de los barrios populares, la emprenderá el Gobierno Nacional, que espera la cooperación decidida de Gobernadores y Alcaldes. Sin ellos la tarea sería ardua de realizar.

Se requiere el concurso de todos para resolver problemas que afectan a todos. Invito a los empleados públicos, a que aporten mística en su trabajo y amplia comprensión para colaborar en las tareas de reorganización de los servicios. Sé que muchos responderán afirmativamente a este llamado. No he hecho pactos de distribución burocrática, tan dañinos para el país.

Grandes tareas nos impone la actualidad nacional. Empresas como el desarrollo sustentable del Sur nos exigen una coordinación de actividades para ejecutar proyectos en los que participen el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, las Fuerzas Armadas y los organismos académicos de estudio e investigación. Hay que atender sin demora a esa extensa porción de nuestro territorio, que ha sido abandonada a la depredación de aventureros nacionales y extranjeros, causando daños irremediables para la ecología y para las etnias que la habitan. Sin duda, en la llamada «Venezuela Saudita» por el esplendor de los petro-bolívares, no había ni podía haber interés, por la que se llamó, hace veinte años, «La conquista del Sur».

El imperativo de los cambios que debemos emprender debe comenzar necesariamente por la Reforma Constitucional. Encargo urgente y reto fascinante para el Congreso de la República. Expertos constitucionalistas opinan que es posible hacerla este mismo año, siempre que haya consenso y que el voto popular la respalde. Las líneas fundamentales están trazadas: participación popular, a través de cuatro formas de referendos; reforma del Ejecutivo, previendo la posibilidad de un primer ministro; reforma del Legislativo, estableciendo entre otras cosas el voto de conciencia; reforma de la Administración de Justicia, que establezca un sistema nuevo y efectivo de elección y remoción de los magistrados judiciales; reforma de los partidos políticos, normas severas que aseguren su reconstitución. Esta reforma sería el primer paso del compromiso de solidaridad, el cual, por cierto, debería incluir, de hecho, un acuerdo de solidaridad generacional.

A la Reforma Constitucional deberá acompañar la Reforma del Estado y su redimensionamiento, para hacer más eficiente la Administración Pública, que se mueve con dificultad dentro de unas estructuras inapropiadas para el tiempo y las necesidades de la hora.

Estamos a la vela de grandes acontecimientos. La confianza en nuestro país y la fe en nosotros mismos tienen que renacer. El pueblo no ha perdido la esperanza. Nuestro deber es fortalecerla, a través de nuestra comunicación constante con él. Los venezolanos han dado la talla cuando se les han presentado traumáticamente inmensos obstáculos que superar.

Una frase muy repetida del renombrado escritor merideño Mariano Picón Salas afirma que el siglo XX comenzó en Venezuela en 1936. Creo que debemos empeñarnos en que se pueda decir también que el siglo XXI empezó en Venezuela el 5 de diciembre de 1993. Para ello es indispensable la acción solidaria de todos, el trabajo de todos, una cuota de sacrificio de todos, un compromiso de solidaridad de todos. La crisis que hemos padecido debe ser la oportunidad de un nuevo comienzo. Nuevos horizontes, nueva esperanza, nueva vida. Si la desorientación de la vida económica, las fallas en la administración de justicia y en los servicios públicos, el cierre de los canales de participación, han conducido a un enfrentamiento creciente de la población, a la cultura de la protesta y a actitudes de escapismo personal, y aparece Venezuela como una casa dividida, toda solución pacífica de los problemas pasa por la solidaridad que, como dijera Juan Pablo II, es «la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos».

El Gobierno cuya presidencia hoy asumo estará guiado en todo momento por la búsqueda empeñosa de esa solidaridad, para poder actuar como catalizador y orientador del proceso de reconstrucción del país, para que la sociedad entera, en consenso positivo, pueda movilizar sus propios recursos a fin de dar solución a los problemas inmediatos y a los problemas estructurales.

Asumo de nuevo la Presidencia de la República por la voluntad popular, tras una larga vida de luchas, con la experiencia de los errores propios, voluntad inquebrantable de servicio y el aprendizaje cotidiano del amor a Venezuela. Conozco bien a mi país, sé de sus angustias y sufrimientos, pero también de la capacidad de su gente, de su adhesión a los valores democráticos y de la increíble tenacidad de su esperanza.

Abrumada por las dificultades, Venezuela escucha hoy la pregunta que hicieran al Libertador, enfermo y abatido, en Pativilca: «General, ¿qué piensa hacer ahora?».  Como Bolívar, Venezuela debe responder con una sola palabra: «¡Triunfar!».

Con la ayuda de Dios, con la solidaridad de todos los sectores de la vida nacional, con el entusiasmo y la ilusión de los jóvenes y con el entero corazón del pueblo, vamos a hacer de esta crisis la oportunidad de un nuevo tiempo de afirmación y de avance, en la vida de la República.

Así nos adentraremos en el siglo XXI.

¿Seremos capaces de lograrlo?

No hay otra alternativa. Tenemos que triunfar. Y triunfaremos.

Después de la toma de posesión el nuevo Presidente se dirigió al Panteón Nacional, donde llevó una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar.

Primer mensaje del Presidente Rafael Caldera ante el Congreso Nacional (1995. Segundo gobierno)

Primer Mensaje del Presidente Rafael Caldera ante el Congreso Nacional. Caracas, 10 de marzo de 1995.

Mensaje Presidencial

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Todos los habitantes de Venezuela saben perfectamente que el año transcurrido ha sido el más difícil de este medio siglo. No voy a regodearme en la enumeración de los aspectos del drama que ha vivido el país, efecto del proceso de deterioro de los últimos años. Pero sí debo hacer una precisión fundamental. No todos alcanzan a medir el esfuerzo gigantesco que ha sido necesario para enfrentar los problemas, para erradicar la corrupción, para mantener el equilibrio social, para afirmar la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.

No debería haber necesidad de insistir en que la crisis del sistema financiero ha sido quizás la más grave del mundo, en proporción al monto de nuestro producto interno. Mas es preciso recordar que reparar el descalabro causado a millones de personas, rescatar la confianza perdida en la propia institución bancaria ha sido una tarea hercúlea. Esa crisis sistémica habría podido conducir en cualquier parte, como me lo dijera en Miami el Director del Fondo Monetario Internacional, a un verdadero «pánico», y ya se sabe lo que un pánico significa: el caos general, la locura social, el salto en el vacío, el país proyectado de fracaso en fracaso, para comenzar desde un inicio balbuciente el proceso de reconstrucción nacional.

Por supuesto, el protagonista del esfuerzo hecho para superar la crisis ha sido el pueblo venezolano. Por encima de las numerosas críticas –algunas seguramente fundadas, otras quizás dictadas por el reconcomio o la desesperación–, el pueblo ha mantenido y mantiene la esperanza: porque sabe que se le sirve con devoción, con absoluta honestidad y con ferviente patriotismo y no sólo conserva vivo el amor a la patria, sino la convicción de que nuestro país tiene los elementos necesarios para superar cualquier crisis y para abrir las anchas avenidas que, a cinco años apenas del año dos mil, nos está demandando el porvenir.

El objetivo a lograr supone y demanda la participación solidaria de todos. La magnitud del desafío no puede enfrentarse con posiciones aisladas. El egoísmo individual o grupal no tiene cabida en esta magna empresa. Nunca como ahora es tan perentorio el deber de solidaridad.

El noveno Plan de la Nación

El «programa de estabilización y reactivación de la economía» fue presentado al país a través de un ejercicio intenso de diálogo. Todos los sectores públicos y privados fueron informados durante el proceso de su elaboración y se escucharon los planteamientos que de buena fe se presentaron en torno a su contenido. El Noveno Plan de la Nación ha sido la proyección de aquel programa hacia el mediano y largo plazo, la ampliación de sus metas y el diseño preciso de lo que debemos hacer en la construcción de un país consciente de las exigencias del desarrollo económico y social.

El Plan establece el marco para la acción de gobierno en sus diversas áreas y propone un proyecto de país alrededor de cinco líneas fundamentales de acción: 1) la inserción estratégica del país en el ámbito mundial; 2) la transformación del aparato productivo para convertirnos en una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado; 3) un proyecto de solidaridad social para mejorar la calidad de vida y generar transformaciones profundas en la sociedad civil y promover procesos innovadores de integración económica y social de la población menos favorecida; 4) la transformación programada de la educación, para dotar a nuestra juventud de la capacidad necesaria para, a su vez, transformar el país; y 5) la reforma integral del Estado, para dar racionalidad a su acción y responder a las verdaderas necesidades de la población.

Confío en que la inaplazable Reforma de la Constitución y de la Administración de Justicia será una parte fundamental de la Reforma del Estado. Por otra parte, ya introdujimos el proyecto de Reforma Parcial que crea el Ministerio de Industria y Comercio y el Banco de Comercio Exterior y está listo el relativo al Ministerio de Infraestructura. En cuanto al proceso de descentralización, sigue su curso, en forma responsable y armónica. Las relaciones de los funcionarios nacionales con los Gobernadores y Alcaldes se desenvuelven en una forma más coordinada.

Queremos un país en el cual el ser humano sea el centro prioritario a cuyo servicio deben dirigirse los esfuerzos, a través de una economía impulsada por la libertad, pero condicionada por los requerimientos esenciales de una nación soberana y de una sociedad más feliz. No tememos en modo alguno la libertad; al contrario, proclamamos los principios que deben garantizarla en un ambiente de equidad; pero no estamos entre quienes, inmolando las exigencias de la moral, llegan hasta a borrar de sus vocabularios la expresión que define una de las mayores conquistas de la humanidad contemporánea, a saber, la justicia social.

Alrededor de estas ideas convoco a todos los compatriotas y a quienes conviven en nuestra tierra a modelar un proyecto de país que nos una, que nos dé la visión común del futuro por el cual luchar y que nos señale los rumbos y la manera de construirlo juntos.

Queremos una reactivación de la economía, un desarrollo del país en todos los órdenes, pero creemos en la justicia social. No estamos dispuestos a someternos a lo que un importante periódico francés ha denominado recientemente «el pensamiento único», vale decir, el nuevo dogmatismo que intereses económicos quieren imponer en sustitución del fenecido dogmatismo marxista.

La experiencia de un año de gobierno nos ha demostrado que los organismos financieros internacionales pueden entender y respetar el ejercicio de la soberanía de una nación, aunque sea pequeña, cuando se hace sin arrogancia pero con firme y recta intención y sentido común. Y que los inversionistas, de cualquier nacionalidad que sean, se muestran propensos a invertir, sometiéndose a un ordenamiento jurídico que reconozca la fundamentación ética y la aspiración a la justicia, siempre que se les ofrezca la seguridad jurídica y el respeto debido a los derechos que se reconocen al capital emprendedor en toda sociedad civilizada.

Mensaje al Congreso Rafael Caldera 1995.
El presidente Rafael Caldera durante su alocución, en el que hace el recuento de la obra de gobierno en el año 1994.

La crisis bancaria

El año de la cuenta, ciudadanos senadores y ciudadanos diputados, ha estado perturbado por la gravedad de la crisis económica y por la inmensidad de la crisis bancaria. Puedo asegurar que por encima de las dificultades, entregaremos al país un sistema financiero saneado y una economía en orden. Pero no ha sido sólo en el terreno de lo económico donde mi gobierno ha tenido que enfrentar retos fundamentales.

Asumí el gobierno en un momento en el cual la secuela de graves acontecimientos había minado en muchos compatriotas la confianza en las instituciones democráticas. Quienes vieron terminadas las condiciones en las cuales amasaron inmensas fortunas vulnerando los principios morales y desconociendo las normas del comportamiento social, aprovecharon y continúan aprovechando el poder económico financiero, doméstico y foráneo, y la influencia en ambientes extranjeros, para lanzar una ofensiva de descrédito que no ha cesado todavía. Pero la realidad de los hechos desmiente las profecías malignas repetidas a diario en todas las formas y por todos los medios, y no logran su objetivo de minar la confianza de los gobernados y provocar perturbaciones violentas que darían al traste con la esperanza de recuperación que fundadamente sostenemos y a la que está firmemente asida la inmensa mayoría de la población.

Se ha mantenido la paz, en medio de una cultura de la protesta, que a diario en forma polícroma se observa en el país, ya que cada uno quisiera la solución inmediata de sus problemas y la satisfacción de sus aspiraciones. La generalidad de esas protestas se lleva a cabo en forma pacífica, con frecuencia el diálogo encauza los planteamientos y abre caminos para el entendimiento. Las protestas violentas son minoría, y no hay otra alternativa que darles el inevitable enfrentamiento, cuya entidad se dosifica prudentemente para evitar, hasta donde se pueda, cualquier daño a las personas o a los bienes.

En cuanto al fenómeno de la delincuencia, no voy a ocultar su gravedad, ni me voy a excusar con el alegato de que en las ciudades importantes de los países desarrollados la criminalidad es impresionante. Quiero decir que asumo la responsabilidad de este gran desafío. Ha habido mucho que hacer en numerosos y complejos aspectos, de los que no son los de menos la situación de los cuerpos de seguridad, el aumento del narcotráfico y la ausencia de una política de prevención del delito. La depuración, el equipamiento y la modernización de los cuerpos de seguridad exige un gran esfuerzo, dentro del cual la dotación de recursos ha habido que aumentarla en este año en un 200 por ciento en relación al año anterior. Este es uno de los grandes retos que tenemos que superar y con el esfuerzo de todos lo superaremos.

También lo es el de las cárceles, descuidadas durante tantos años: el asfixiante hacinamiento crea el caldo de cultivo par todas las formas de corrupción y de violencia. La colaboración y puesta en marcha de los programas para construir un sistema penitenciario apropiado han tomado tiempo, pero confío en que estarán en plena marcha en 1995.

La paz que hemos podido mantener, y que se aprecia en forma creciente, ha sido lograda dentro del funcionamiento regular de las instituciones democráticas, a pesar de las fuertes críticas a que ellas mismas han estado expuestas como consecuencia de los sucesos de los últimos años.

Debo reconocer que en la búsqueda de la convivencia indispensable para transitar caminos viables y eficaces para enrumbar el país, han tenido relevancia algunas determinadas actuaciones del Congreso de la República. Tales han sido, por ejemplo, el otorgamiento de una Ley Habilitante que permitió adoptar medidas de suma urgencia para atender la situación económica y fiscal, la comprensión de que la emergencia demandaba la suspensión de las garantías constitucionales y la reafirmación del llamado pacto institucional, iniciado, por cierto, en mi primer período de gobierno. Sin menoscabo de su actitud opositora, el partido que tenía la mayor fracción parlamentaria respaldó entonces la elección para presidir el Senado de un parlamentario escogido por la corriente identificada políticamente con el Presidente de la República. Esta práctica continuó cumpliéndose en los períodos subsiguientes y es perfectamente razonable que se haya mantenido en la situación actual.

En cuanto a la suspensión de garantías, las atribuciones asumidas por el Ejecutivo conforme a lo previsto por la Carta Fundamental han sido ejercidas con tanta prudencia que la crítica que más comúnmente se nos hace es la de no haberlas aplicado con suficiente dureza.

Esperamos ansiosamente la sanción de las leyes más importantes frente a la emergencia financiera y a la crisis económica, para restituirlas a su pleno vigor. Es indispensable que el Congreso, consciente de lo delicado de la situación y dispuesto siempre a reclamar al Ejecutivo la responsabilidad de la conducción de la crisis, le otorgue sin regateo los poderes que necesita para solventar la emergencia.

Fortalecer la unidad de las Fuerzas Armadas

Dentro de la lucha por la paz y por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, consideración especial ha merecido la conducción de una institución fundamental para el mantenimiento de la soberanía nacional, de la constitucionalidad democrática, del orden público y de la normalidad social, como lo son las Fuerzas Armadas Nacionales.

Responsabilidad específica, personal e indelegable –como ha sido señalado en otras oportunidades– es la que me incumbe por mandato constitucional, de ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Desde el primer momento he tenido la noción plena de los que envuelve esta atribución, que la voluntad del pueblo echó sobre mí al elegirme Presidente de la República. Antes de asumir el cargo, como Presidente Electo manifesté en forma clara que me proponía ejercer sin vacilación tan alta función, inspirado por el único propósito de servir mejor a la República y a la propia Institución Militar.

Con pleno respaldo del Alto Mando que designé, me propuse remediar los traumas causados por los intentos de sublevación del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Dispensé trato decoroso a los promotores de aquellos alzamientos y a todos los procesados por tales sucesos. Hice considerar debidamente cada uno de los casos individuales. Todos obtuvieron la libertad por gracia presidencial. Muchos se reincorporaron a la actividad, mediante una etapa de transición, indispensable para restablecer los vínculos de compañerismo que se habían quebrantado a causa de lo ocurrido; y a los que no quisieron volver al servicio activo o no se consideró conveniente que lo hicieran por haber tomado una declarada actividad política, incompatible con el apartidismo de las Fuerzas Armadas, se les han dado todas las garantías que la democracia asegura a los ciudadanos.

Fortalecer su unidad y solidaridad, su capacidad profesional y su conciencia institucional, ha sido el propósito constante de la política militar que tengo el delicado deber de conducir. El mejoramiento social y humano se ha procurado en todos los rangos. Se ha reconocido a los soldados el derecho a una remuneración equivalente al salario mínimo de los trabajadores y se les ha abierto la oportunidad de adquirir un oficio o capacitación laboral para su pase a la reserva. Es grato reiterar que por fin se ha podido eliminar el reclutamiento forzoso para el servicio militar: jóvenes venezolanos han acudido en abundancia voluntariamente a cumplir esta sagrada obligación, con la seguridad de que ello es positivo para su formación y para su porvenir. Los programas sociales de atención a oficiales, clases y soldados, han sido objeto de preferente preocupación por las autoridades militares.

Y la disposición firme por parte de todas las Fuerzas, sin excepción ninguna, de asumir las tareas que se les requieren cuando haya necesidad de proteger a la comunidad contra la suspensión de servicios públicos importantes, ha sido acogida favorablemente por una inmensa mayoría de la población civil. En estos mismos días el rol asumido por la Fuerza Aérea para asegurar el funcionamiento del control del tráfico aéreo, es motivo de agradecimiento para los numerosos viajeros que día tras día tienen que desplazarse por el aire. A propósito, la modernización aeroportuaria en marcha permitirá optimizar el sistema de comunicaciones aeronáuticas, modernizar el Centro de Control de Defensa Aérea y dotar los aeropuertos principales de equipos en apoyo a la seguridad aérea, en un programa que cuesta 97 millones de dólares.

Como Comandante en Jefe, tengo la satisfacción de poder afirmar que el pueblo venezolano está orgulloso de sus Fuerzas Armadas y les asigna un alto grado de confiabilidad. Así lo revelan frecuentemente los sondeos de opinión. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas Nacionales fueron determinantes en la conquista de la libertad el 23 de enero de 1958 y han sido garante permanente de la democracia a través de todas las circunstancias que el país ha vivido, en medio de los traumatismos institucionales sufridos por países hermanos de América Latina durante décadas recientes.

Metro de Caracas. Rafael Caldera 1994.
Inauguracion de la linea 3, Plaza Venezuela – El Valle del Metro de Caracas. A la derecha del presidente Caldera su esposa Alicia Pietri, José González Lander y Ramón Escovar Salom, 18 de diciembre de 1994. (Ernesto Morgado/Colección Archivo El Nacional)

El desarrollo del Sur y las fronteras

Uno de los proyectos de mayor trascendencia que ha emprendido el Ejecutivo Nacional es el Proyecto de Desarrollo Sustentable del Sur. Lo hemos incluido como componente destacado del proyecto de país que propone el Noveno plan de la Nación. Constante ha sido mi preocupación por la consideración prioritaria que requieren las extensas fronteras del país. Dispuse reactivar el Consejo Nacional de Fronteras, presidido por un Ministro de Estado que le ha dedicado una atención infatigable, en contacto con las diversas áreas en que la situación fronteriza reclama un cuidado inmediato. Al mismo tiempo, designé una Comisión, coordinada por el entonces Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, hoy Comandante General de la Armada, para elaborar un proyecto preliminar sobre el desarrollo del Sur, es decir, las áreas menos pobladas de los Estados Amazonas, Apure, Bolívar y Delta Amacuro, que en total representan más de la mitad del territorio nacional. Esas áreas fueron abandonadas por una falsa concepción conservacionista, y han estado sujetas a la depredación de los recursos naturales, a la invasión de «garimpeiros» ilegales y a la enfermedad y al atraso sufrido por las poblaciones indígenas que en ellas moran.

Una vez recibido el proyecto, he designado una Comisión Presidencial para el Desarrollo Sustentable del Sur (PRODESSUR), presidida por el Ministro de Estado-Presidente del Consejo Nacional de Fronteras, coordinada por el Secretario General del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, e integrada por siete ciudadanos de muy alto nivel y de comprobada experiencia, más un representante de la Corporación Venezolana de Guayana y uno del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). Los Gobernadores de los Estados mencionados y los Alcaldes de las áreas comprendidas tienen derecho a asistir con voz a las reuniones de la Comisión. El Ministerio de la Defensa, al cual está adscrita administrativamente la Comisión, tendrá un rol preeminente en el proyecto, y las Fuerzas Armadas participarán activamente en él, además de cumplir el deber de defender y proteger nuestra soberanía frente a la agresión de fuerzas extrañas de cualquier índole.

El Plan Sosa, la devaluación y la inflación

La lucha por la estabilización y reactivación de la economía ha tropezado, como el mayor obstáculo, con la presión inflacionaria. No se puede olvidar que encontramos una economía desarticulada, con baja presión tributaria, subcapitalización y descapitalización de los aparatos productivos, deterioro de los servicios públicos, desfase tecnológico, baja productividad, declinación progresiva del salario real y de la inversión privada y un deterioro de la moral pública y privada en el fondo del caos general. Desde la iniciación del período, la lucha contra la inflación tomó rango preferente. El llamado «Plan Sosa» se dirigió, por una parte, a la reducción del gasto fiscal, para lo cual se modificó el Presupuesto que se había aprobado para 1994, y al aumento del ingreso y reforma sustancial del sistema tributario, orientado a hacer mayor la contribución de quienes más poseen, y a aminorar la dependencia excesiva del ingreso petrolero

El resultado de este plan fue reconocidamente positivo. Como un hecho significativo vale mencionar que, por efecto del mismo, en 1995 el ingreso tributario no petrolero superará al petrolero. Pero el proceso inflacionario se incrementó considerablemente como consecuencia de la crisis sistémica de las instituciones bancarias. Es un error de percepción que frecuentemente cometen afamados analistas económicos, el ignorar que el factor máximo del aumento de la inflación en 1994 estuvo en la devaluación acentuada de nuestro signo monetario, a consecuencia de la crisis de confianza originada por la situación de los bancos e instituciones de crédito.

El bolívar, que venía devaluándose progresivamente a través del procedimiento denominado «crawling-peg», se precipitó en forma vertiginosa cuando el mercado cambiario se distorsionó por la pérdida de confianza en las instituciones financieras. Quienes tenían sus fondos en los bancos intervenidos y recibieron su equivalencia mediante los auxilios financieros otorgados por el Banco Central de Venezuela a través del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), corrían de inmediato a comprar dólares. Los mecanismos ensayados por el Banco Central de Venezuela no fueron eficaces para contener la hemorragia; y solamente la drástica medida de control de cambios pudo detener la caída del bolívar, que amenazaba precipitarse en proporciones similares a las que experimentaron en otros momentos algunas naciones hermanas. Hoy son escasos los que critican la medida de control de cambios, cuyo efecto inmediato fue reforzar las reservas internacionales y «darle un parao» a la devaluación.

Contenida la devaluación, no era posible, sin embargo, borrar los efectos de lo que había ocurrido. El control de precios, que hubo que aplicar, limitado a unos cuarenta artículos, apenas podía moderar parcialmente el alza de precios de las subsistencias. Además de la presión inflacionaria, el alza se debió a la especulación y a la inexistencia de sistemas eficaces de intermediación y comercialización. Ello ha influido considerablemente, pues los precios obtenidos por los productores a la puerta de su establecimiento, que consideran con razón insuficientes, son aumentados desproporcionadamente a los consumidores que adquieren los productos en el mercado.

La caída del signo monetario ha sido también determinante en la merma de los salarios reales. Por ello, el Ejecutivo decretó un aumento de salario mínimo que, sumado con el bono para alimentación y transporte, representa un incremento de más de ciento por ciento. Las remuneraciones de los servidores del sector público se aumentaron también en cantidades que exceden de un ciento por ciento. El Gobierno consideró justificados los reclamos de sus empleados y obreros y convocó una Reunión Normativa Laboral, conforme a lo previsto por la Ley Orgánica del Trabajo, con la cual se abrió campo a la paz laboral del sector y se dio un paso significativo hacia la normalización de las remuneraciones. El personal docente de la educación oficial, el personal médico y paramédico del sector salud y el personal de los cuerpos de seguridad tenían especialmente derecho a que se considerara su situación. Así lo estimó el Gobierno Nacional y a pesar del limitado espacio de maniobra que le permite el presupuesto, no vaciló en aceptar esta realidad.

En cuanto a las remuneraciones del sector privado, el movimiento empresarial organizado ha reconocido la necesidad de hacer aumentos sustanciales, pero aspira a que se adopte una decisión sobre el controvertido asunto de las prestaciones sociales, para cuyo estudio se designó una comisión técnica que ayer me presentó su informe. De inmediato procederemos al diálogo con los sectores involucrados. La importancia que ha cobrado el asunto me lleva a esperar un consenso constructivo en el cual, sin mengua de los derechos de los trabajadores, pueda responderse a los planteamientos empresariales y abrir nuevas perspectivas a la seguridad social. Exhorto a ambos sectores, empresarial y laboral, a dialogar sin ningún tipo de prejuicios para adoptar una vía que corrija los efectos negativos que se atribuyen al actual régimen de prestaciones sociales y garantice ingresos reales para el trabajador en el breve plazo.

La crisis financiera produjo también otros efectos, dentro de la quebrantada economía del país. El Gobierno ha respondido a ellos. La Ley de Reconversión de la Deuda Agrícola supuso una negociación difícil, dada la situación grave que atravesaba el sector bancario, por una parte, y el déficit fiscal por la otra. Esos obstáculos no han impedido encontrar vías que será necesario continuar transitando. Tampoco han sido fáciles las tramitaciones para salvar y estimular la pequeña y mediana empresa, pero se ha avanzado en su protección y defensa.

Después de la puesta en práctica de las medidas extraordinarias y del programa de estabilización y recuperación económica, el índice nacional de inflación ha venido continuamente disminuyendo. De 9% en junio de 1994, ha pasado a 5,1% en octubre, a 3,5% en diciembre, a 2,4% en febrero de 1995. Esto induce a esperar que no pase este año del 35%: la mitad del índice de 1994. El proyecto anti-inflacionario sigue siendo prioritario, pero es necesario entender que el déficit fiscal, que es uno de los factores importantes, demanda una actitud solidaria de parte de la comunidad. Cada quien debe aportar su cuota de sacrificio. Si cada sector se preocupara sólo por obtener beneficios para sí, la tarea a cumplir se dificultaría considerablemente.

Para combatir el déficit fiscal estamos dispuestos a hacer una drástica reducción del gasto corriente y a imponer una severa disciplina fiscal bajo criterios de sana austeridad y eficiencia administrativa. Esta reducción supone la colaboración del Congreso, al que le pido designar una Comisión Especial para trabajar conjuntamente con el Ejecutivo en la adopción de aquellas medidas que requerirán la participación de ambas ramas del poder público.

Rafael Caldera en Represa Yacambú, 1994.
Inspección de obras en la represa Yacambú. Estado Lara, 16 de octubre de 1994.

La preocupación social

El compromiso de la Administración de responder con carácter de suma urgencia a los problemas económicos y a la crisis del sistema financiero, no nos ha hecho apartar la vista de nuestra primordial tarea: la preocupación social. El aumento de los salarios para compensar la merma del salario real es importante, pero sabemos que no basta. El programa social no es un mero apéndice de nuestro proyecto de gobierno, sino una parte esencial de nuestro compromiso con nuestra gente. La lucha contra la pobreza y sobre todo la erradicación de la miseria es un objetivo central. En el presente año, lo destinado a los programas sociales en el Presupuesto Nacional ha aumentado en un 67% en comparación con el año anterior. Nos proponemos transformar el sistema de subsidios en un medio propicio para asegurar una mejor y más adecuada nutrición para los niños y para la juventud.

Hemos incrementado el monto de la beca alimentaria, pero queremos que ella se transforme en un sistema de alimentación escolar orientado y supervisado por los padres y representantes. Hemos invocado la solidaridad social para establecer una «red de ferias populares» en las cuales los consumidores puedan obtener artículos de primera necesidad a un precio sustancialmente menor que el de las casa de abasto y los supermercados. El experimento de la economía solidaria ha resultado un éxito que será ampliamente extendido. Ya son más de doscientos los «puntos de abastecimiento solidario» y más de trescientas mil las familias que se benefician del acercamiento de productores y consumidores. Las «farmacias populares» también han resultado positivas y estamos interesados en que su número se extienda para aliviar el costo de las medicinas, que es uno de los más graves problemas que confronta la sociedad. En el marco del Noveno Plan de la Nación, próximamente lanzaremos un programa de nutrición popular que considerará los aspectos sustanciales de la alimentación en general, elaborado tras un detenido análisis por las dependencias gubernamentales que tienen que ver con la producción alimentaria y con la salud. Dentro de ese programa nos proponemos, con la asesoría de una autoridad mundialmente reconocida, como lo es el Dr. José María Bengoa, el programa de la cesta básica alimentaria para facilitar la adquisición a precios asequibles de siete productos para una dieta balanceada, capaz de garantizar la ración de calorías indispensable para una buena salud.

Salud, vivienda y agua

Intensa ha sido la preocupación en relación al sector salud. La situación en que se encontraban los establecimientos hospitalarios y el propio personal médico y paramédico, ha requerido de muchos días y horas de atención para enrumbar las soluciones. Ello no obstante, se ha dedicado tiempo y voluntad para lanzar y realizar campañas de alto valor educativo y sanitario. Después de la campaña de vacunación contra el sarampión hemos emprendido una nueva denominada «Compromiso con la Vida», con el apoyo moral de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a través de sus altas autoridades. Confiamos plenamente en que serán tangibles sus resultados.

Dentro de la preocupación social que nos anima se encuentra, necesariamente, el interés por la vivienda popular. A pesar de la situación fiscal hemos coordinado los medios de los distintos organismos que tienen que ver con la vivienda, para hacer un esfuerzo conjunto. En el año 1994 se entregaron a 47.073 familias igual número de soluciones habitacionales, de diversas clases y niveles, de acuerdo con las circunstancias económicas de las mismas. En 1995 están ya en construcción 74.341. Este año se proyecta llegar a 139.730 y en todo el quinquenio a la ambiciosa cifra de 900.000. Lo presupuestado para 1995 representa un 423% de aumento sobre lo de 1994. El déficit de vivienda acumulado en los últimos años es sencillamente monstruoso. Sostenemos que el derecho a la vivienda es consecuencia directa del derecho a la vida. Es, además, condición indispensable para la existencia normal de la familia. No podríamos aceptar que en el Año Internacional de la Familia, cuando se ha destacado el carácter fundamental de dicha institución, no se hiciera el esfuerzo máximo para que cada día sea mayor el número de núcleos familiares que puedan disfrutar de un hogar.

La misma crisis de la vivienda, la falta de planes de urbanismo (se han aprobado nueve planes de ordenación urbanística y catorce más han sido presentados a las autoridades municipales para su aprobación definitiva) ha creado en la periferia de las urbes metropolitanas gran número de barriadas dispuestas en forma irregular, colocadas a veces en terrenos inestables, sin las comodidades mínimas que sus habitantes necesitan, carentes de los servicios más indispensables, como agua para consumo humano, disposición de las aguas servidas, vías transitables de comunicación, servicio telefónico monedero, instalaciones deportivas, locales escolares, centros sociales de usos múltiples. Para humanizarlos, «Fundabarrios» ya está trabajando activamente en 985 barrios (aproximadamente un 30% del total nacional) y los resultados no tardarán en hacerse sentir.

Dentro de los servicios públicos de alto interés humano debemos señalar también el agua para las poblaciones. En numerosas ciudades se ha sentido como carencia dramática la escasez de este elemento fundamental. Resolver definitivamente la compleja cuestión del suministro de agua al Área Metropolitana de Caracas; terminar las obras del Acueducto Regional del Centro, tan ansiado por los pobladores de los Estados Aragua y Carabobo; la resolución de los problemas creados por el suministro de agua a Maracaibo; la aducción de agua de la Represa Cuatricentenaria para Carora; la atención a la fractura sufrida por la Represa del Turimiquire; el adelanto de la importante obra del Yacambú, son algunas de las muchas situaciones que ha requerido decidida acción del Gobierno.

La utilización de las obras de riego construidas, desaprovechadas en gran parte, es algo que considero de gran interés nacional. He dado instrucciones a los ministros del Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Cría, para proceder sin demora a elaborar los planes y ejecutar las acciones necesarias para que esta cuantiosa inversión, que inexplicablemente se está perdiendo, se utilice efectivamente en beneficio de la producción. Así mismo, he dado orden de activar en gran escala el programa de los Módulos Hidrológicos de Mantecal, bello experimento que una vez denominé «La doma del agua», porque pondrá fin, en el fantástico panorama del llano, el drama reiterado de la inundación de la sabana por el desbordamiento de los ríos, seguida de largos meses de sequía en que los pastos se calcinan y las reses mueren de sed.

Concesiones y asociaciones estratégicas

Pese a las limitaciones se ha hecho obra, aunque apenas parte de la que habríamos querido hacer. Es sabido que el presupuesto nacional confronta compromisos ineludibles que dejan poca disponibilidad para la construcción de obras y servicios de indudable necesidad. La sola rehabilitación de la infraestructura vial, cuyo mantenimiento fue descuidado en los últimos años, requiere una inversión de quinientos mil millones de bolívares.

Para la recuperación económica se han adoptado medidas que la opinión pública ha recibido positivamente. Ellas incluyen el control de la inflación y el estímulo a la producción y a la inversión. La apertura de las asociaciones estratégicas en materia petrolera está ya sometida, de conformidad con la ley, a las Cámaras Legislativas. Las inversiones que están en marcha y las ya aseguradas en petróleo y petroquímica constituyen una fuente segura de dinamismo a corto plazo. En los campos que estaban inactivos se han invertido más de 200 millones de dólares en 1994. Se están invirtiendo mil millones en 1995 y se invertirán otros tres mil antes de finalizar el presente período. Cuatro proyectos de la Faja del Orinoco, de los cuales dos están ya en marcha, contribuirán con veinte mil millones de dólares de nueva inversión productiva.

El proceso de privatizaciones continúa según lo previsto. Para las asociaciones con capital privado en las empresas de Guayana se ha pedido ya la autorización al Congreso, y le ha sido presentado un proyecto de reforma parcial de la ley respectiva, acogida favorablemente por las Cámaras Legislativas. Pero nos hemos visto obligados a insistir en algunos aspectos que, consideramos necesarios para obtener un resultado conveniente a los intereses nacionales.

En materia de minería creemos indispensable iniciar una nueva política. Hemos creado el Consejo Nacional de Minería, con la participación del sector privado, y ya está listo un nuevo proyecto de ley que se ha estudiado con el propósito de obtener de nuestra inmensa riqueza minera los beneficios que el Estado debe recibir. Nos proponemos evitar para la minería los errores que la actividad petrolera hubo de superar en nuestro país para que no padezca las injusticias y corruptelas que sufrió aquella industria en las primeras décadas de su establecimiento en Venezuela.

Todas las posibilidades del país se están poniendo en marcha. El turismo deja de ser un espejismo para convertirse cada día más en una fuente de empleo y de recursos financieros. Si falta mucho todavía es porque mucho es lo que podemos y debemos alcanzar, para lo cual es indispensable concientizar a toda la población de que el turista es un invitado necesario, al cual debemos atraer.

La ejecución de un programa ambicioso de obras públicas por el sistema de concesiones conforme al Decreto Ley dictado en el orden de la Ley Habilitante, se ha retrasado por las dificultades inherentes a todo comienzo, que requiere gran cantidad de estudios y de análisis; pero ya se ha decretado la apertura del proceso relativo a la vía de Caracas al Litoral y se continuará en firme en los próximos meses con la Autopista a Oriente «Rómulo Betancourt».

Rafael Caldera y Salas Romer en Carabobo 1994
ntrega de Viviendas en el Sector Trapichito II. Valencia, estado Carabobo., 21 de mayo de 1994.

Política exterior

Intensa y positiva ha sido la actuación internacional de la República. Con dignidad y cuidadosos de mantener los atributos de la soberanía, hemos impulsado la cooperación recíproca. Hemos dado nuestro aporte al movimiento de integración, en beneficio de nuestro país y al servicio de la humanidad. Hemos suscrito con Colombia y con México el G-3; hemos participado en la constitución de la Asociación de Estados del Caribe y de la Asociación Mundial de Comercio; hemos tomado parte activa en las deliberaciones que condujeron a una Declaración Común y a un Programa de Acción en la Cumbre Hemisférica de Miami; hemos participado activamente en la Cumbre Iberoamericana, en las reuniones del Grupo de Río y en las negociaciones con la Unión Europea.

Estamos actuando para que se alcance un gran objetivo de la integración: el acuerdo entre dos grandes organizaciones sub-regionales, el Pacto Andino y Mercosur. Esperamos que Venezuela pueda ofrecer su sede para una reunión de alto nivel entre los representantes de ambas. Hemos recibido la grata visita de los Jefes de Estado del Brasil y de Colombia; de los Jefes de Gobierno de Portugal, Israel y las Antillas Neerlandesas y del Príncipe Gran Maestre de la Orden Soberana Militar de Malta. El encuentro de los Jefes de Estado de las naciones bolivarianas: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela en Cumaná, en ocasión del Bicentenario del nacimiento de Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, ha constituido un acontecimiento de inmensa significación y trascendencia.

Las relaciones con los países limítrofes, en especial con Brasil y Colombia se han elevado a un nivel sin precedentes en el orden político, en el orden económico, en todos los órdenes. En cuanto a Colombia, no puedo omitir referirme a la traumática situación que se ha presentado, por diversas circunstancias, entre las cuales predominan los ataques alevosos que fuerzas irregulares han lanzado sobre unidades fronterizas de las Fuerzas Armadas Nacionales. La abominable acción contra el puesto fluvial de Cararabo, sobre el río Meta en el Estado Apure, ha despertado la indignación nacional y dado motivo para que algunos estimulen un sentimiento nocivo de animadversión que no podemos menos de rechazar. Es verdad que ello se ha sumado a otros hechos como la no devolución de millares de vehículos robados y los secuestros de empresarios venezolanos en nuestro territorio, trasladados al otro lado de la frontera, donde operan los culpables con aparente impunidad. Pero la amistad con Colombia tiene y debe tener irrenunciable preeminencia.

Tengo plena conciencia de la responsabilidad que la Constitución me atribuye al confiarme la dirección de las relaciones exteriores de la República. Estoy dispuesto a ejercerla con la mayor firmeza, que no excluye la ponderación ni la visión de los objetivos fundamentales. El Gobierno y las Fuerzas Armadas, bajo mi dirección, han reclamado de las autoridades civiles y militares del país hermano una respuesta positiva ante estos acontecimientos que, por ningún respecto, podemos tolerar. La respuesta ha sido positiva y categórica, y no podemos dudar de la buena fe que la inspira, pero estamos atentos a la realidad que haga efectivas las palabras. Existe a un lado y otro la convicción de que si se repiten casos como los ocurridos habrá de reconocerse el derecho de legítima defensa, que no puede estrellarse en una línea fronteriza que hemos respetado y respetamos, ante la profanación de quienes la atropellan, quizás con el maligno propósito de provocar conflictos entre dos naciones cuya amistad y cooperación son más necesarias que nunca.

No nos corresponde inmiscuirnos en la dramática situación que la violencia política ha implantado en el hermano país, cuya superación deseamos muy sinceramente. Los problemas que nos provocan los irregulares no tienen como causa ningún planteamiento ideológico ni político, sino la búsqueda de recursos monetarios y de armas. Pero, si aquí hemos superado felizmente desde hace veinte años el fenómeno guerrillero que existió en nuestro país, no estamos dispuestos a permitir que desde fuera se introduzca tan venenoso morbo. El caso del narcotráfico es distinto: tratándose de un delito contra la humanidad, nos sentimos comprometidos en la lucha librada por las autoridades de Colombia y del resto del hemisferio para combatirlo.

Una profunda transformación de nuestro sistema educativo

Entre los grandes aspectos de la vida nacional que han de ser reorientados e impulsados, el más importante sin duda es la educación. Los diagnósticos que se ha hecho arrojan un cuadro preocupante: no hay proporción alguna entre los recursos financieros y humanos que Venezuela ha invertido e invierte cada año en la educación de las nuevas generaciones y la escasa calidad de sus resultados. A este problema ha de prestarle el país toda la atención que requiere y mi gobierno está empeñado en que así sea. Sólo con una profunda transformación de nuestro sistema educativo será viable el nuevo proyecto de país, el cual requiere de la incorporación de la sociedad entera al proceso educativo, tal como lo ha planteado el Ministro de Educación, es decir, con una mayor «participación, atención, control y responsabilidad por parte de todos» podremos operar la transformación necesaria.

Es asunto de la mayor trascendencia, que ha de estar por encima de discusiones mezquinas. Las dificultades de la coyuntura que vivimos pasarán; la falta de capacitación de nuestra juventud sería un daño duradero, con efectos de largo alcance en la vida del país.

Como escribió el Libertador el año de 1825: «las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Ellas vuelan si ésta vuela; retrogradan si retrograda; se precipitan y hunden en la oscuridad si se corrompe o absolutamente se abandona» (Potosí, 1/10/1825).

Aspiro a que –por encima de las preocupaciones inmediatas– sepamos todos atender con prioridad a este grave asunto y empeñar los mejores esfuerzos públicos y privados, para lograr un cambio significativo. La tarea no puede ser solamente del gobierno. Toda la sociedad debe participar activamente para superar las deficiencias y para alcanzar la alta calidad que de una mejor educación debemos esperar.

La juventud es objeto preferente de nuestras preocupaciones. Uno de los síntomas más graves del estado de descomposición en que encontramos nuestro país ha sido la falta de motivación en gran parte de las nuevas generaciones y la abundancia de incentivos para el vicio y el delito. Con frecuencia los medios de comunicación caen en una incitación a la violencia. La educación para el trabajo, el deporte en todas sus formas, la cultura, la formación de orquestas juveniles e infantiles, son algunos de los variados medios a través de los cuales queremos despertar los más nobles instintos en los jóvenes para su vigorización creadora. El despertar de un sano sentimiento nacional, la promoción de la autoestima en todos los órdenes es algo a lo cual dedicamos entusiasmo y fe. Los jóvenes responden al llamado diciendo: «échale una mano a Venezuela».

Entusiasmo y fe

Entusiasmo y fe tenemos que promover para el gigantesco esfuerzo que el presente y el porvenir de Venezuela nos reclama. Cuando hablamos de solidaridad no acuñamos una frase hueca. Estamos hondamente penetrados de la convicción de que Venezuela tiene todos los recursos, especialmente humanos, para superar cualquier crisis, por extensa y profunda que sea. Pero tenemos que superar las diferencias y los antagonismos inevitables en cualquier sociedad y contribuir todos para armar el rompecabezas. La tarea es dura pero no imposible. Invitamos a todos los venezolanos y venezolanas de buena voluntad a sumarse a esta empresa de reconstrucción moral y material.

Los invito, pues, a movilizarse para rescatar su futuro en una gran nación. A no dejar que les sustraigan el Proyecto de país al que tienen derecho. La historia de Venezuela dejará fuera a quienes quieran sembrar el pesimismo y la desconfianza, así como a quienes pretendan sacar provecho de la crisis en desmedro del derecho al futuro que tiene su pueblo.

Al final del primer año de gobierno encontramos que si el pueblo ha sufrido y sufre, no ha perdido la esperanza. A este pueblo al que estamos comprometidos a servir, a la sociedad civil en todas sus manifestaciones, reiteramos nuestro mensaje de confianza.

A los sectores de la cultura, de la ciencia y de la técnica; a los sectores económicos y laborales, cuya tarea es principalmente la de la producción y la productividad; a los sectores morales, a la Iglesia Católica, a los demás grupos religiosos, a todos los cuales garantizamos nuestro respeto y colaboración, a todos los invitamos a este común y solidario empeño, a este grande y apasionante compromiso de sacar a Venezuela hacia arriba, hasta el sitio que le corresponde, a cinco años, recordémoslo, de un nuevo milenio de la cristiandad.

Los pueblos grandes han sabido sacar provecho de las crisis. Eso nos toca hoy. La mentalidad facilista de los años del derroche ha de ser reemplazada por la mentalidad del esfuerzo, del trabajo, de la lucha por la superación.

En peor situación estaba el Libertador –¿por qué no recordarlo?– cuando en Pativilca declaró su propósito de rematar la formidable empresa de la emancipación suramericana. El nos dijo: «¡triunfar!». Escuchamos su mensaje y respondemos: «¡triunfaremos!».

 

Ciudadanos Senadores,

Ciudadanos Diputados.

 

Prólogo al libro de dominó «El arte de las 28 piedras» (1996)

Prólogo

Prólogo al libro de dominó El arte de las 28 piedras, de Alfredo Fernández Porras (AFP, 1996). 

El juego de dominó se hace cada vez más popular en Venezuela. Es la distracción preferida de todos los sectores, a todos los niveles, para los más variados grupos sociales. En los clubes de gente acomodada lo mismo que en las barriadas marginales, en las urbes metropolitanas como en las áreas rurales. La mujer, que parecía alérgica al juego de dominó, está participando cada vez más de su disfrute. Muchas cambiaron ya la canasta por el juego de las veintiocho piedras. Sorprende con frecuencia la gran capacidad que muestran campesinos humildes y la victoria que se adjudican damas maduras y jóvenes frente a jugadores de merecida fama como expertos en esta disciplina.

Como todo juego, la suerte tiene un papel importante. La primera regla es coger una buena mano. Pero la ciencia comparte con el azar las posibilidades de triunfo y con frecuencia se sobrepone a aquél. De ahí que un libro como éste, dirigido a explicar todos los aspectos del torneo, tenga, para quien sepa aprovecharlo, una innegable utilidad.

Por supuesto, en la ciencia del dominó no hay dogmas. La única regla absoluta es la de que «el dominó lo inventó un mudo», vale decir, que hay que guardar silencio durante todo el desarrollo de la mano. Pero esta norma, inquebrantable en los torneos, resulta tan rígida entre amigos que sólo buscan divertirse, que se la viola con frecuencia. Lo que si resulta intolerable es hablar cuando le toca jugar al compañero, porque se prestaría a descalificar la más importante de las decisiones, que supone la adivinación del juego o del compañero y el de los adversarios. Sin ese riesgo de acertar o no en el cálculo, el juego pierde su interés.

Quienes son verdaderos maestros en el dominó saben desde el momento de destapar su juego, si la mano la van a ganar o a perder. A lo más necesitan una o dos jugadas para confirmar su diagnóstico. Si saben que la mano será adversa, su estrategia se dirigirá a perder el menor número posible de puntos. Porque, como decía el inolvidable «Tigre de Carayaca», en el dominó, tal como nosotros lo practicamos, el objetivo no es ganar manos, sino ganar tantos.

Los verdaderos especialistas en el dominó, los que hacen de éste un arte y una ciencia, son gente de inteligencia despierta, pero sobre todo, de una formidable retentiva y una permanente atención. Cualquier descuido se paga caro. Se aplica casi siempre la regla del base-ball: «después del error viene el hit». Pero sobre todo, como en cualquier otra actividad de la vida, hay que practicarla con frecuencia. Quienes sólo podemos dedicarle alguno que otro rato, generalmente después de una jornada completa de trabajo, jamás podremos aspirar a ser lo que se llama un buen jugador. Y si, además, lo hacemos en una reunión social donde aparece a cada momento un amigo que viene amablemente a saludarnos – pero también a interrumpir la atención que estamos prestándole al evento – estamos condenados al fracaso.

La dedicación que algunos relevantes dominocistas prestan al dominó está sobradamente justificada. Por su difusión, por su amenidad, por su inagotable interés, el dominó la merece. Parece increíble, pero el juego es tan atractivo y, en cierto modo tan apasionante, que uno puede pasar largas horas, sentado ante una pequeña mesa, tratando de colocar una y otra vez siete piedras, sin darse cuenta del transcurso del tiempo y sin advertir la fatiga que necesariamente tiene que producirse. Lo afirmo, por experiencia personal.

Alfredo Fernández Porras, joven todavía, lleva sin embargo unos cuantos (no pocos) años practicando el juego de dominó. Su talento, su vocación gerencial, a más de su dominio del ajedrez (que me atrevería a considerar como una sublimación del dominó) lo han animado a la difícil tarea de escribir, en lenguaje sencillo y ameno, un libro que podría calificarse a la vez como tratado y como manual, porque va de lo más elemental a lo más complicado, en el loable deseo de satisfacer a quienes aspiran a conocer mejor las reglas y superar las variadas contingencias que pueden presentársele en el curso de este juego.

He tenido el placer de compartir, cuando disfrutaba de la posibilidad de disponer de algún fin de semana, buenas tandas de dominó en el Club Camurí Grande, a orillas del mar Caribe, dentro de un ambiente de asna y llana cordialidad, en el que los aficionados podíamos alternar con auténticos profesionales. Por mi parte, he dicho, que en esta materia no estoy en «kínder», pero no he hecho «postgrado».

Camurí  comparte en cierto modo con Alfredo Fernández Porras la paternidad de esta obra. Mejor dicho, Alfredo es el padre, pero la engendró en Camurí. De allí que quienes hemos participado con él en buenas tenidas allá, nos sintamos copartícipes de este valioso fruto de su inteligencia, de sus reflexiones, de sus experiencias y de sus investigaciones.

El libro es un valioso auxiliar para quienes aspiren a mejorar la calidad de su juego. Y un rico arsenal de temas para la discusión interminable de cuál debe ser la salida, o cómo debe desarrollarse el juego con un «violín» con fallas o sin fallas, o de cómo debe interpretarse en cada circunstancia el silencio o, dicho en términos dominocísticos, «la pensada» del compañero.

Podría también el aprendiz hacer sus deducciones para considerar qué valor debe dar a reglas tradicionales, acatadas por unos como el Evangelio, tales como:

«La salida taparás, aunque no tuvieres mas»;

«Tranca a blanco no se pierde»;

«Salida por el doble tres significa tranca, caída de gorro o doble seis ahorcado»;

«Hay que salir por el doble más grande, aunque sea en pelo»; o «hay que salir por el doble mayor acompañado»;

«Cuadra el pie, pasa la mano»:

«Pié que juega con la mano se divierte, pero pierde».

Tantos otros que podrían ocurrírsele. Alfredo los examina explícita o implícitamente, y adopta ante ellos, en términos genéricos, autoriada y razonadamente, una posición iconoclasta.

Debo agradecer al autor, a quien tengo el más alto y sincero aprecio, la manifestación de amistad al pedirme este prólogo. Lo felicito por su obra y se la agradezco en nombre de todos aquellos, que en más o en menos, le metemos al dominó y le tenemos cariño a su ejercicio.

Ese cariño de mi parte se lo siento aunque tenga escasas oportunidades para acariciarlo. Lo asocio con agradecimiento por algo que voy a confesar: el dominó me ofrece, en las contadas ocasiones en que puedo disfrutarlo, un rato en que no me plantean cuestiones del Estado o problemas personales que se supone debe resolver el gobernante. ¿No es éste un motivo suficiente para mi agradecimiento?

Caracas, junio de 1996.

 

Rafael Caldera ante el pleno de las Cortes Generales de España (1996)

Rafael Caldera en las Cortes Españolas. Madrid, 25 de septiembre de 1996.

Fortalecer la imagen del parlamento

Palabras del presidente Rafael Caldera ante el pleno de las Cortes Generales de España, Palacio del Senado, en Madrid, el 25 de septiembre de 1996.

Tengo una clara percepción de la altísima honra que significa para mí el ser recibido por esta reunión plenaria de los Senadores y del Congreso de los Diputados de España.

Tengo una clara percepción del papel protagónico que el Parlamento español ha tenido en la recuperación plena de sus instituciones y en el establecimiento de una democracia que funciona armónicamente, donde se garantizan las libertades y los derechos humanos, donde se conjugan las autonomías con las exigencias y requerimientos del Estado español, y donde se señalan rumbos para la transformación de la sociedad y para la contribución de nuestros pueblos a la transformación del universo en general.

Ofrezco excusas por no traer un discurso escrito. En realidad, no me esperaba esta reunión plenaria con que me han regalado las Cortes Españolas en esta ocasión y quiero hacer uso del privilegio de haber sido parlamentario toda mi vida. Fui diputado por primera vez cuando tenía 25 años de edad. Estuve muchos años en la Cámara de Diputados, que llegué a presidir. Participé en reuniones de Asambleas Constituyentes, y después, en virtud de la norma constitucional que le da investidura de Senadores a los ex presidentes de la República que hayan ejercido su mandato formal de Ley, al menos la mitad del período constitucional y que no hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, tuve la condición de Senador Vitalicio y, aunque no es un término exacto el usado por la Constitución, así se interpreta. No quise que esta investidura fuera meramente simbólica, para asistir a sesiones solemnes en alguna que otra ocasión, sino que decidí contribuir, en la medida de lo posible, a la obligación que sobre nosotros se estableció al ofrecernos aquella alta tribuna para dirigirnos a nuestro país.

Tuve también el privilegio de presidir la Unión Interparlamentaria Mundial en el período de 1979-1982, y me siento vinculado al Parlamento. Pero no es solamente por esto, señores Senadores, señores Diputados: es que me preocupa la posición del Parlamento como institución, en todas las democracias del mundo.

Cada vez que se cuestiona en alguna forma el sistema democrático, las baterías se enfilan hacia la institución parlamentaria. La responsabilidad que tenemos de mantener vigorosa y firme, actuante y responsable, esta institución, nos obliga a recordarla siempre en ambientes como éste, donde se respira una atmósfera de libertad y de armonía en medio de la pluralidad de opiniones, que es su característica y que ennoblece más la propia institución democrática.

En el mundo, ciertamente y bajo algunas circunstancias –cuando las instituciones atraviesan una crisis- existen, por parte de algunos sectores, una aversión mal disimulada contra el parlamento como institución. Se le echan encima grandes responsabilidades y hasta se llega a plantear una especie de desprecio hacia su funcionamiento. Yo quiero reiterar aquí mi respeto, mi consideración y mi fe en que la institución parlamentaria es elemento fundamental para la construcción de un orden donde la libertad sea siempre reconocida y respetada, y los derechos humanos puedan defenderse y sostenerse con entera posibilidad.

Debo decir algunas cosas, aprovechando el ambiente fraterno que hay para los venezolanos y españoles en este ambiente de libertad. Cuando llegué por segunda vez a la Presidencia de mi país, Venezuela padecía una severa crisis política, económica y moral. Llegó el momento en el cual la opinión pública se manifestaba en contra de todas las instituciones existentes. Hubo alguna ocasión en la cual, hasta el ochenta por ciento (80%) de la población llegaba a pronunciarse porque yo asumiera una actitud en la cual disolviera el Parlamento y las instituciones judiciales y empezara una nueva construcción del país. Esta opinión llegó a plantearse incluso en órganos de prensa de modo reiterado. Yo, convencido de la necesidad de hacer una profunda transformación en Venezuela, me he mantenido firme en la defensa de las instituciones, en el mantenimiento de la Constitución (que fue promulgada el 23 de enero de 1961 y que ha sido la de más larga duración en la historia política de nuestro país) y en la defensa del Parlamento. No dispongo de una mayoría parlamentaria que responda afirmativamente a todas las iniciativas del gobierno. Las fracciones parlamentarias que respaldan al gobierno de una manera sistemática son minoría en ambas Cámaras. Sin embargo, he preferido enfrentar el diálogo, el planteamiento de las situaciones, la necesidad de concertar acuerdos que son salvadores para el sistema democrático, antes que asumir la actitud de dar un manotazo, romper lo que hemos edificado con tanta laboriosidad, con tantos esfuerzos y con tantos sacrificios y mantener la firmeza del texto constitucional, no por haber sido uno de los redactores de la Constitución de 1961 -desde luego que encabecé una Comisión Parlamentaria que ha planteado una reforma general del texto constitucional-  sino gracias a estar consciente por la historia y por la realidad de los hechos de que esta ruptura –que en un momento dado podría ser saludada en forma afirmativa y hasta entusiasta por los pueblos en los cuales se realice- siempre deriva en situaciones enojosas, arbitrarias, al desconocimiento de los derechos y a recomenzar, como en el mito de Sísifo, la labor de reconstruir instituciones que requieren de permanencia, de respeto, de funcionamiento normal para que puedan realmente constituir bases en el funcionamiento y en la conducta de los individuos y de los grupos sociales.

Esta ha sido una lucha indudablemente dura. Sé que mi país quiere un cambio profundo. Por eso hemos propuesto una reforma general de la Constitución, no para quitarle a la Constitución sus atributos, que son verdaderamente dignos de confianza y admiración, sino para ampliar la democracia representativa con una mayor participación del pueblo, a objeto de que la democracia participativa sea el complemento, el apoyo, el refuerzo de la democracia representativa que el texto constitucional establece.

Hemos planteado, en este sentido, como propuesta en la reforma general de la Constitución, cuatro formas de referéndum: el referéndum consultivo que ustedes tienen, el referéndum confirmatorio para ciertas situaciones, y el referéndum aprobatorio para aquellas normas legales que sean contrarias a la voluntad de los pueblos; pero hemos añadido el referéndum revocatorio, para que pueda revocarse, por una decisión popular, el mandato que se haya conferido a cualquier funcionario de cualquier rama del Poder Público que quede en divergencia con los sentimientos y con las necesidades de la comunidad.

Es difícil discutir estos temas. Hemos planteado la reforma de la administración de justicia que es, sin duda, la rama del Poder Público más delicada, la más cuestionada en muchos ambientes de América Latina y quizás en otros países del mundo, y la que requiere de disposiciones más radicales para que logre devolver la confianza plena del público, que es el usuario de la justicia, en quienes están llamados a administrarla. Por eso he propuesto una Alta Comisión de Justicia, integrada no sólo por representantes del estamento jurídico, sino por representantes de los distintos órganos de la sociedad civil, con el propósito de que tenga la potestad de remover de sus cargos a los funcionarios judiciales que hayan perdido la confianza de la comunidad. Porque, obviamente, la confianza del pueblo en la administración de justicia constituye una de las necesidades más perentorias, más exigentes y más urgentes de la vida de la democracia.

Estas cosas las hemos planteado, pero hemos defendido la Constitución. Hemos defendido la institución parlamentaria y hemos defendido el funcionamiento normal de las instituciones y en medio de la crisis severa que hemos atravesado, la cual para algunos historiadores –quizás en forma exagerada y hasta falsa- ha sido la crisis más grave que ha atravesado Venezuela en todo este siglo. Sin embargo, hemos logrado superarla al mantener una institución cuyo prestigio tiene que recuperarse a plenitud, cuyo prestigio es indispensable para que las libertades y el derecho del pueblo a gobernarse sean convertidos en elementos que inspiren plena confianza a los ciudadanos, y que combata el terrible morbo de la abstención electoral que se presenta en algunos Estados o en algunas democracias y que constituye una de las enfermedades más graves del sistema.

Estamos convencidos de la necesidad de transformar las normas jurídicas, tanto en la base constitucional como en su desarrollo en los distintos aspectos y en las distintas clases del derecho. Por cierto, debo decir aquí, que en Venezuela, una buena parte de nuestra conciencia jurídica fue fomentada por distinguidos profesores españoles, que en la época de la diáspora llegaron por fortuna a nuestra tierra y crearon escuela. Después pudieron volver a España para participar en la reconstrucción democrática del Estado español.

Debo recordar en este momento el nombre de un ilustre español, el profesor Manuel García Pelayo, quien sembró ideas y creó cátedra en el Derecho Público venezolano y al retornar a España, mereció la alta dignidad de presidir el Tribunal Constitucional. La figura de García Pelayo, quien por cierto sufrió el dolor de perder a su esposa en Venezuela, y contrajo luego segundas nupcias con una joven profesora venezolana, es una figura amada y respetada, es un patrimonio común de los españoles y de los venezolanos y nos compromete a unos y a otros en la lucha por los principios que él sostuvo y enalteció en su cátedra.

Gente como Antonio Moles Caubet, que también creó escuela en materia de Derecho Administrativo, y muchos más que habría que mencionar, hasta el punto de que en un momento dado, la mayoría de los integrantes del Tribunal Constitucional de España estaba integrado por profesores que habían ejercido varios años la docencia en Venezuela. Esto nos vincula y compromete más a una acción solidaria. Y, por eso, podemos encontrar no pocas coincidencias, no pocos vínculos, no pocas relaciones, entre nuestra Carta Fundamental de 1961 que –como dije- es la que ha tenido más larga duración en la accidentada historia política de mi país, y la Constitución española que ustedes defienden, que ustedes mantienen y están en el deber de preservar y de sostener para beneficio de su pueblo, para cumplir el gran compromiso con la historia.

Indudablemente, el Derecho es cosa viva que no puede detenerse, que se transforma de acuerdo con la realidad de los pueblos, pero que ha de responder a los más elevados imperativos de moral, a las altas concepciones que tienen un valor inmutable, que conserva esa inmutabilidad en medio del cambio de las instituciones derivadas que se van adaptando a las circunstancias y a las necesidades sociales.

Ustedes lo saben muy bien, señor Presidente, usted en su excelente discurso ha recordado el caso de Francisco de Vitoria, un hombre que inició los estudios de Derecho Internacional al plantearse en una forma generosa y en pleno esplendor del Imperio Español qué derecho tenían los conquistadores de utilizar su poder para imponer sus normas en las tierras conquistadas. Pero no solamente esta escuela de Francisco de Vitoria es ejemplar, en mis estudios de Derecho Laboral –que ha sido la afición principal de mi vida- recogí la afirmación de un historiador español de que España estableció un gobierno de jueces en América. Fueron no pocos los letrados investidos de funciones judiciales, comisionados por las Reales Audiencias, que no solamente enjuiciaron sino que condenaron y hasta llevaron al patíbulo a conquistadores que habían abusado de su fuerza para realizar crímenes en las regiones en las cuales habían actuado.

No hay duda de que esta historia debe recordarse. No simplemente como objeto de veneración del pasado sino como un motivo de compromiso con el presente y con el porvenir. En este movimiento de integración, al que estoy convencido de que los juristas y los legisladores españoles prestarán cada vez su concurso decisivo en un mundo de globalización que nos obliga, por lo mismo del mundialismo que trata de unificar sistemas y normas de vida en todos los países del mundo, a fortalecer la propia identidad, a defender las propias circunstancias, a armonizar la manera de ser de cada uno, con el compromiso de trabajar juntos con todos los pueblos del mundo en defensa de los intereses de la Humanidad.

Dentro de este objetivo, señor Presidente, usted –con mucho acierto- ha planteado la necesidad de la vinculación entre los parlamentarios de España y de los países iberoamericanos. En este sentido, en América Latina, la denominación ha ido prevaleciendo en medio de muchas discusiones lexicográficas. Pero, en el fondo, representa la misma idoneidad, el mismo objetivo. Existe un Parlamento Latinoamericano en el que todos han tenido acceso, o por lo menos deben tenerlo y seguramente lo tendrán en el futuro, los representantes del Parlamento español, como también representantes del Parlamento portugués.

Anoche, al saludar a su Majestad el Rey Juan Carlos durante el homenaje que tuvo la bondad de ofrecerme en el Palacio de Oriente, hice una cita que me pareció muy significativa: el gran escritor brasileño, sociólogo e historiador, Gilberto Freire, publicó un libro con un título curioso, «El brasileño entre los otros hispanos». Su tesis fundamental era que Brasil es hispano, que Portugal es hispano. En ese sentido, el término que a veces ha sido empleado en forma restringida y que hubo una época en la que se deformó con ambiciones imperialistas que no estaban conformes con la realidad ni con la historia, el término «hispano» abarca, según él, no solamente a los pueblos de habla española, a las diferentes etnias que viven en el seno del Estado español sino, incluso, a Portugal y a los pueblos conquistados por esa nación integrante de la Península. En el fondo, hay un espíritu que se puede denominar, como se ha hecho últimamente, con el nombre común de «iberoamericano» y dentro de ese nombre común indudablemente que España tiene un gran papel que cumplir.

Me gustó mucho, señor Presidente, su frase «España en la unidad europea no puede ser una barrera sino un puente». Siempre hemos defendido que la integración de España a Europa no ha sido para alejarse de nuestro mundo trasatlántico, sino más bien para acercar a los pueblos de allende el Atlántico a la Unión Europea, de la cual ha derivado su cultura y muchas de sus instituciones. Este papel de España, ciertamente, que tiene cada vez mayor importancia y yo me permito, señores Senadores, señores Diputados, encarecerles no olvidar este compromiso que lo es con su propia conciencia y con su propia historia. España debe ser, en el seno de la Unión Europea, defensora de estos pueblos, que a veces han sufrido y todavía sufren de circunstancias de que, por ser pueblos subdesarrollados, no son debidamente considerados por los pueblos más ricos, por los pueblos más desarrollados, por los pueblos más industrializados del planeta.

En este sentido, cuando venimos desde allá hasta esta tierra querida, traemos no sólo el mensaje de fraternidad sino el reclamo afectuoso y fraterno de que no nos olviden, de que tomen en cuenta que nuestros planteamientos muchas veces son contrarios a ciertas rígidas fórmulas establecidas, pero conformes con la justicia, con ese principio inmortal de justicia que llevó al fraile Francisco de Vitoria en Salamanca, al señalar sentires nobles que se perdieron tal vez en las inclemencias de los tiempos, pero que siguieron vivos como una semilla que siempre dará frutos: frutos de justicia, frutos de cordialidad, frutos de humanidad.

Señores Senadores, señores Diputados:

Traigo un saludo cordial del Gobierno de Venezuela, pero me siento también portador de un saludo del Parlamento venezolano, al cual he pertenecido y al cual tengo el derecho de volver a pertenecer cuando termine el ejercicio de mi período presidencial. En nombre del Parlamento les vengo a traer un abrazo fraterno y debo reconocer que todos tenemos culpas, pero todos tenemos también el privilegio de ser la única voz libre que representa los sentimientos y aspiraciones de los pueblos. Por eso, fortalecer la imagen del Parlamento, fortalecer su moral, esforzarse en mantener la confiabilidad de los pueblos en aquellos que oficialmente los representan es un deber no solamente de carácter institucional en relación con el Parlamento mismo, sino de carácter general para el bienestar, la felicidad y el porvenir de los pueblos.

Hago votos muy sinceros por el progreso constante de España, por el desarrollo cada vez mayor de este centro de instituciones jurídicas que se extiende y se derrama y tiene seguidores e imitadores en todos los países, pero especialmente en los países de lengua española que estamos en América.

Hago votos porque esta felicidad no sea ocasional sino permanente y porque el compromiso que tenemos de velar por los valores eternos de la justicia y por las necesidades actuales y renovadas de los pueblos, los cumplamos todos a una, solidariamente, para que nuestro esfuerzo conjunto pueda responder de veras a la confianza que pusieron en nosotros los pueblos, y al compromiso que tenemos ante Dios, ante la justicia y ante los intereses superiores de la humanidad.

Muchas gracias.

 

Video de la visita oficial del presidente Rafael Caldera al Reino de España en 1996:

Tres discursos sobre José Gregorio Hernández (1996)

Tres discursos sobre José Gregorio Hernández (1996)

La presente edición, patrocinada por el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, recoge tres discursos pronunciados en diversas oportunidades por el actual Presidente de la República, Doctor Rafael Caldera, acerca de la extraordinaria personalidad del santo de Isnotú, Doctor José Gregorio Hernández. La misma, está precedida de la carta que el señor Presidente envió el diez de septiembre de mil novecientos setenta a su Santidad Pablo VI, expresándole el anhelo profundo de Venezuela por una pronta elevación a los altares de tan eminente compatriota, cuya figura se encuentra sembrada en el corazón de todo el pueblo; y contiene, además, la respuesta enviada al Presidente por el sucesor de Pedro, dando testimonio a la disposición esperanzadora que en tal sentido mantiene la Sagrada Congregación encargada de la causa de beatificación del Siervo de Dios.

En las ceremonias de despedida al Papa Juan Pablo II, con ocasión de la providencial y segunda visita que nos dispensara, Rafael Caldera renovó ante el Santo Padre la súplica popular de la cual queda constancia en este libro titulado Tres Discursos sobre José Gregorio Hernández, que es prueba de la profunda fe cristiana de los venezolanos y de su Presidente.

Palacio de Miraflores

2 de agosto de 1996

 

Hacer click aquí para descargar el libro en PDF

Segundo mensaje del Presidente Rafael Caldera ante el Congreso Nacional (1996. Segundo Gobierno)

El presidente Rafael Caldera, acompañado por sus seguidores, con la Puerta Dorada del Palacio de Miraflores de fondo. Caracas, 12 de marzo de 1996.

Mensaje Presidencial

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Al recibir la participación de haberse instalado el Congreso en sus sesiones ordinarias, afirmé que estamos en un momento difícil. Difícil fue igualmente el calificativo que di al año anterior, 1994, al presentar ante las Cámaras en sesión conjunta mi primer mensaje anual.

Difícil es, verdaderamente, la etapa que nos ha tocado atravesar. Y de la voluntad de superarla y del éxito en el enfrentamiento de las dificultades, va a depender el futuro del país y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Todos los sondeos de opinión demuestran que los venezolanos, en una proporción inmensamente mayoritaria, aman la democracia como sistema de gobierno. Pero no sé hasta qué punto están conscientes de lo que cada uno tiene que aportar para que la democracia se afiance y sobreviva. En días recientes tuve el privilegio de recibir al Vicepresidente de la hermana República de Bolivia y en la amena conversación dijo algo que tiene un ámbito de aplicación mayor de lo que pudiera pensarse: «todos quieren cambio, pero no aceptan que el cambio los afecte a ellos». Lo mismo ocurre con la demanda de que se hagan los sacrificios necesarios para que el país pueda enrumbarse firmemente: todos los proclaman, pero rechazan la parte que a cada uno pueda corresponderle.

Estoy convencido, ciudadanos Senadores y ciudadanos Diputados, de que el esfuerzo necesario para sacar adelante a Venezuela nos corresponde a todos. Si todos no cooperamos, se frustrarán los mejores propósitos. Y esto es necesario que a todos lo hagamos comprender.

Cuando se reclama la perentoria necesidad de una medida, ocurre con frecuencia que algunos de los que la reclaman con mayor énfasis la protestan cuando la medida se adopta. Y a veces la peor crítica proviene de quienes son más responsables de la situación que hay que corregir. Recursos dialécticos sobran para tratar de justificar tales actitudes.

Por otra parte, cuando se adopta una medida equitativa, por ejemplo, elevando las remuneraciones hasta donde las circunstancias lo permiten, algunos empresarios protestan y sobran dirigentes sindicales –y aspirantes a serlo- que protestan también: para unos es mucho, para otros muy poco; aquéllos no quieren admitir que el alza en el costo de la vida hace necesario un alivio de cierta entidad para los que tienen menor capacidad económica, y éstos se resisten a aceptar que un aumento mayor sería contrario a su propia conveniencia, porque constituiría un impulso a la espiral inflacionaria que amenaza llevarnos por las funestas vías de la maxi-devaluación y superinflación

He tomado la decisión de elevar el ingreso de los trabajadores peor remunerados y no me importan las críticas que me hagan por ello; pero no puedo honestamente llevarlos más arriba, porque causaría un perjuicio mayor que el que se quiere remediar.

Este año de 1996 es un año clave

Este año de 1996, repito, es difícil, pero hay algo más: es un año clave. Del éxito que logremos en él dependerá el poder transitar en los años subsiguientes por una ruta clara, de piso firme y alumbrada por el sol. Permítaseme formular una importante observación: todas las perspectivas políticas que acaricie cada ciudadano o cada grupo; todas, absolutamente todas, suponen como condición indispensable que el país (no el Gobierno, que apenas es una parte del país) recupere la vía que tiene derecho a transitar, con la seguridad de estar definitivamente libre de esos madrugonazos que tantas amarguras y fracasos le han costado a Venezuela a lo largo de su historia. Los que piensen en el 98 tienen que contribuir a que salgamos adelante en el 96.

El análisis de hechos recientes debe llamarnos a la reflexión. Según los datos del Consejo Supremo Electoral, la abstención en el proceso para escoger gobernadores y alcaldes fue, en total, de 53,89%. Hemos dicho y puedo repetirlo, que tomando en cuenta que la confiabilidad del registro electoral nos autoriza a descartar por lo menos un diez por ciento de la lista, la mitad de la población apta para votar cumplió su deber. Esto es positivo. Pero no puede menos que inquietarnos el hecho de que el índice de abstención en el Distrito Federal llegó a casi el 70% (rigurosamente el 69,69%) y en los estados más centrales estuvo por el 60%: Miranda (62,52%), Aragua (62,26%), Carabobo (59,50%), y no porque faltaran motivos de interés para los electores, ya que había candidatos con arrastre popular, hubo campaña electoral activa y el debate tuvo innegable intensidad. Por sobre el 50% anduvieron los Estados Bolívar (52,88%), Guárico (53,36%), Lara (52,14%) y Zulia (52,28%). Fueron los demás, que estuvieron por debajo del 50%, los que hicieron mejorar el promedio nacional. Estas cifras constituyen un motivo más para un compromiso de solidaridad, a fin de llegarle a esos votantes que concurrieron al acto del sufragio.

Tenemos que salvar el país. Tenemos que salvar la democracia, tan laboriosamente conquistada, porque sería una trágica aberración sostener que para salvar el país hay que sepultar la democracia. En cuanto a mí concierne, estoy dispuesto a asumir toda la carga de responsabilidades que me corresponden y a soportar todos los disgustos que ellas me ocasionen. Estoy dispuesto a adoptar las medidas que la situación de Venezuela demande. No hay trago, por amargo que sea, que no esté dispuesto a pasar si lo requiere el servicio a mi pueblo.

Se ha mantenido la paz

El año transcurrido y el que lo precedió, difíciles como han sido, me recuerdan la expresión que un destacado político italiano utilizó en una situación algo parecida a la actual nuestra: «años difíciles, pero no estériles». En efecto, no han sido estériles, ni mucho menos, estos años que llevo al frente del gobierno. Hoy debo referirme, concretamente, a 1995. En el informe anexo a este Mensaje, y más extensamente en las Memorias de los Ministros del Despacho, encontrarán los señores miembros del Congreso una detallada información, pero ahora debo señalar algunos rasgos importantes.

Por de pronto, nadie puede negar que en Venezuela, en medio de problemas y contradicciones, se ha mantenido la paz. Se restituyeron las garantías, se han respetado los derechos humanos y se ha acatado hasta el máximo la libertad de información y de opinión, así como la libertad de manifestación. Y a pesar del descontento natural por el aumento del costo de la vida, la población ha desoído los llamados a la violencia y las autoridades han contenido los brotes reiterados que grupos perfectamente identificados han pretendido usar como detonante de un supuesto estallido social. En nuestro país no habrá estallido social porque la gente sabe que la violencia, lejos de solucionar sus necesidades y carencias, no haría sino agravarlas; que las fuerzas del orden están alerta para controlar cualquier disturbio y que el gobierno con plena buena fe y con inquebrantable decisión trabaja por restablecer la confianza en el país y la fe en un destino mejor.

La propia elección de los gobernadores y alcaldes, de los cuerpos legislativos y edilicios, fue una piedra de toque de la estabilidad del país. Y el ambiente de armonía que prevalece entre los gobernantes regionales y el Jefe del Estado ha sido una señal de optimismo, que permitirá resolver en concordia los puntos de vista diferentes que siempre surgen en la distribución de los recursos y responsabilidades. La Convención de Gobernadores fue una buena señal. Adelantos serios se han logrado en el proceso de descentralización y en la reforma de la Administración, cuyas deficiencias y estructuras anticuadas pesan mucho sobre el país y oponen resistencia a su reorganización.

Economía: apertura y normalización del sector financiero

Por otra parte, en materia económica es significativa la reversión de la tendencia negativa que había venido marcándose en cuanto al PIB; el crecimiento no se debe solamente al mejoramiento de los precios del petróleo, sino también, aunque en menor proporción, a la recuperación del sector no petrolero. Este sector, de menos 4% pasó a más 0,8% en 1995. El 6% en el sector manufacturero es digno de señalarse.

El éxito de la apertura del sector hidrocarburos a la participación privada, foránea y doméstica, mediante un sistema que asegura la soberanía del Estado y el protagonismo de la industria nacional, ha tenido una amplia y favorable repercusión. El desarrollo energético, la Conferencia Mundial de Energía realizada en Puerto La Cruz, el crecimiento de la industria petroquímica y la intención de abrirla a la participación privada, el auge creciente de la Orimulsión, que será en el futuro uno de los puntales de nuestro comercio internacional, el aumento considerable de la producción vegetal en el sector agrícola, el crecimiento del turismo, que es uno de los renglones más prometedores.

La trascendencia de lo que se hace en materia de Refinería en la Península de Paraguaná (por cierto, la victoria en la Organización Mundial de Comercio sobre la venta de gasolina reformulada a Estados Unidos ha sido reconocida como de notable significación). La creación del Ministerio de la Industria y Comercio y del Banco de Comercio Exterior son realidades tangibles. Y desde el propio punto de vista de la estabilidad política y de las buenas perspectivas económicas, la llegada de importantes inversionistas venidos de todos los continentes y de más de 600.000 turistas foráneos, constituyen por sí solos un testimonio irrecusable. Nadie vendría al país si aquí hubiera el desastre que pintan algunos medios de comunicación.

Es unánime el reconocimiento de lo alcanzado en el esfuerzo de modernización y eficiencia de la reforma tributaria. Se aumentó a más de la mitad la participación del sector no petrolero y se entró a fondo en la tarea de reducir la evasión fiscal.

El esfuerzo cumplido para lograr la normalización del sector financiero, después del vendaval que lo azotó, causado por el desbarajuste y la corrupción, el hacer más efectiva y de más alta calidad la supervisión, ha sido real y nos proponemos continuar activando caminos para su definitivo saneamiento. En cuanto a la marcha ininterrumpida y responsable del proceso de privatización, cuyos resultados se verán en el curso de este mismo año, también es un hecho tangible.

Rafael Caldera y Fernando Henrique Cardoso, 1995.
El 5 de julio de 1995, el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, acompañó al presidente Caldera en el tradicional desfile militar de Los Próceres.

Política exterior

Las relaciones internacionales han estado en excelente forma. En lo multilateral, cumplimos nuestro rol, sin protagonismos desmedidos, pero sin ignorar nuestro deber de impulsar los procesos de integración y la colaboración de las naciones, en la búsqueda del desarrollo económico y social, en la lucha contra la pobreza y en el robustecimiento de la paz. La próxima conferencia de la OEA en Caracas contra la corrupción tendrá una repercusión considerable en la cooperación de los gobiernos contra ese vituperable mal. Señalada importancia tuvo, en el ámbito regional, la reunión cumbre de los Jefes de Estado de los Países Bolivarianos en Cumaná, en ocasión del Bicentenario del nacimiento del Gran Mariscal de Ayacucho.

En lo bilateral, hemos recibido honrosas visitas de Jefes de Estado y de Gobierno de países con los cuales hemos afianzado vínculos de amistad y cooperación, y de las Antillas, de Aruba y Puerto Rico. Las relaciones con el Brasil se han intensificado de una manera cada vez más prometedora. El intercambio con los estados del Norte y Nordeste de tan importante vecino ha sido un verdadero descubrimiento. En cuanto a las relaciones con Colombia, se han mantenido en el debido plan de reciprocidad; el intercambio comercial ha crecido considerablemente y ha habido un espíritu de comprensión para las alternativas económicas de ambos países. En el aspecto político, hemos sido cuidadosos de no tomar actitudes que en alguna manera signifiquen la menor intromisión en los asuntos internos de la hermana República; y si ha habido inconvenientes en las regiones fronterizas por las agresiones y hostigamientos de que somos frecuentemente objeto por grupos irregulares colombianos, hemos mantenido firmemente la defensa de nuestra soberanía y requerido del Gobierno y Fuerzas Armadas del país vecino una mayor y más efectiva presencia para impedir que se nos siga agrediendo desde su territorio.

Educación: empresa fundamental para el país

La opinión pública reconoce el gran impulso que se está dando a la educación, como la empresa fundamental que el país debe acometer. Las cifras negativas del año anterior han sido sucedidas por indicadores positivos, tanto en la cantidad como en la calidad de la educación. La superación del docente ha sido interés primordial del Despacho respectivo. Tenemos la firme aspiración de que la relación entre el Ministerio y los docentes refleje cada vez más en un esfuerzo armónico a favor de los alumnos y no una constante discusión de relaciones laborales.

Los programas de formación para los adolescentes que han desertado de la educación formal se intensifican continuamente. La importancia de estimular en la juventud el culto a los valores fundamentales y el amor al trabajo es una constante en las actividades del gobierno; y los triunfos obtenidos por nuestros deportistas y por nuestros muchachos en las orquestas juveniles e infantiles han sido destacados como un motivo más para la autoestima y la superación nacional.

Obras, servicios, vivienda, desarrollo del Sur, programas sociales y cárceles

En materia de servicios públicos, obras fundamentales como el Acueducto Regional del Centro, el sistema de Hueque en Falcón, la aducción a Guanare y otras relativas al problema del agua en las áreas habitadas se llevan adelante con firmeza. El problema central de resolver en forma estable el servicio de agua en Caracas es preeminentemente de interés nacional y se han encaminado los pasos hacia una solución próxima, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento.

El Programa de Desarrollo Sustentable del Sur (PRODESSUR) es una de las realidades más importantes para el destino nacional. En cuanto a la política de fronteras, nunca habían recibido las áreas fronterizas más atención y más empuje que ahora, a pesar de las limitaciones de recursos que enfrenta el Fisco Nacional. Crear en el país conciencia de la importancia del desarrollo sustentable del Sur y de los problemas fronterizos ha sido para mí una preocupación insistente.

Por supuesto, un gobierno de gente que cree en la justicia social tiene que darle y le ha dado la consideración que merece a los programas sociales que buscan, por una parte, aliviar la pobreza y, por otra, impulsar programas de economía solidaria, mercados y farmacias populares, así como atención a los niños y a las madres abandonadas.

Ya FONCOFIN (Fondo de Cooperación y Financiamiento de Empresas Asociativas) tiene 310 puntos de abastecimiento y no se detiene un instante en su labor en pro de la economía solidaria y en la promoción de microempresas. El INDECU (Instituto de Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario), lucha a brazo partido frente a los abusos que continuamente se denuncian.

En cuanto a la salud, el programa de la descentralización y las medidas orientadas a asegurar el satisfactorio funcionamiento de los hospitales, a través de una autonomía bien encaminada, asoman favorables perspectivas. Por supuesto, ello reclama cierto tiempo y supone obtener el consenso de los participantes.

En materia de construcción se ha puesto especial interés en finiquitar algunas que venían haciéndose desde hace años: así, por ejemplo, el edificio para el IESA, el auditorio y sala de lectura para la Biblioteca Nacional, el estupendo Hospital San Juan de Dios de Mérida y el monumental Santuario de la Coromoto.

Como se puede suponer, el problema de la vivienda ha sido preocupación constante del gobierno, tanto por su magnitud y urgencia como por la devoción particular que le he dado al tema a lo largo de mi vida. La coordinación de todos los organismos que tienen relación con la materia, la colaboración de los institutos nacionales con las autoridades regionales y municipales y con los sectores privados, está comenzando a dar sus frutos.

El número de viviendas construidas no es todavía satisfactorio, pero tampoco irrisorio: más de cien mil soluciones fueron iniciadas en 1995 y de ellas se han construido ya 47.791. Y «Fundabarrios», que atiende el equipamiento de barrios ha asumido la construcción de 40 mil soluciones habitacionales.

El programa de vivienda es aspecto importante de la lucha contra el desempleo, que está en un 10,7% de la población ocupada. Juntamente con la promoción de microempresas y la capacitación de jóvenes para el trabajo, le damos frente a ese mal, que será batido con la reactivación económica que se espera para el próximo año.

En materia de obras de vialidad, es de importancia señalar que en el programa de construcción de obras importantes por el sistema de concesiones, ha culminado el primer caso, al otorgarse la buena pro en el proyecto de vialidad entre Caracas y La Guaira. Encomendado el estudio y tramitación a una Comisión de alta capacidad profesional y de reconocida integridad, la ejecución de esta obra tendrá una influencia definitiva en el sistema mismo. Mientras tanto, han continuado atendiéndose necesidades importantes, como la continuación de la autopista centro-occidental, así como de otras autopistas y carreteras y las vías de acceso al majestuoso Santuario nacional de Nuestra Señora de Coromoto, inaugurado en la ocasión de la inolvidable visita apostólica que hizo a Venezuela Su Santidad Juan Pablo II. El Metro de Caracas terminó e inauguró la nueva línea Plaza Venezuela-El Valle. La reordenación de los aeropuertos, algunos de los cuales han sido ya debidamente transferidos a los gobiernos regionales, ha sido una actividad importante.

Muchos hechos más podría enumerar para abonar la afirmación de que no han sido estériles los años transcurridos, a pesar de las dificultades. En el anexo a este Mensaje podrá encontrarse valiosa información. Pero ello no quiere decir que pretendamos que todo ha sido perfecto, que no ha habido problemas graves cuya solución exige mucho por hacer. Por ejemplo, la situación de las cárceles deriva sobre todo del hacinamiento, porque los centros de reclusión fueron construidos para una población penitenciaria muchísimo menor que la actual. Las ampliaciones hechas son insuficientes. La aprobación de la Ley que creó el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias, al cual podrán adscribirse inmuebles valiosos, centros de reclusión inadecuados, que están en el corazón de las metrópolis, permitirá venderlos y construir con su precio otros amplios y modernos, fuera de las ciudades, aunque para ello haya que superar la posición negativa que algunas poblaciones y hasta algunas autoridades toman contra la construcción de estos institutos en sus cercanías. Se necesitan cárceles, pero nadie quiere tenerlas ni a la distancia. Es una realidad que tenemos que enfrentar.

Rafael Caldera en el Barrio El Limón, 1995.
Visita del presidente Rafael Caldera al barrio El Limón, 20 de agosto de 1995.

Superar la crisis

En medio de no pocos hechos que deben generar optimismo, la población está sufriendo sobre todo por el alza en el costo de la vida. La inflación ha venido a convertirse en la pesadilla más perturbadora en los hogares, principalmente en los que disponen de escasos recursos. Y tenemos que reconocer que la lucha contra la inflación, en la cual se han ensayado vanamente diferentes remedios, con resultados modestos, requiere determinaciones que llevan consigo una inevitable dosis de malestar, pero que son indispensables para recobrar la confianza del país en sí mismo, que observadores extranjeros imparciales están convencidos de que disponemos de todas las condiciones para lograr.

Hemos repetido hasta el cansancio que tenemos recursos naturales y humanos para superar la crisis. Nuestra economía nos provee de un ingreso seguro en divisas para satisfacer sobradamente las necesidades reales de nuestra vida normal y para un razonable y seguro crecimiento. Somos uno de los países que tienen un balance positivo en sus transacciones comerciales y en su balanza de pagos. El mercado de nuestro principal producto de exportación, el petróleo, ha mejorado moderadamente, y las perspectivas son halagadoras para los primeros años del siglo XXI.

El déficit fiscal, que es consecuencia de errores y faltas en que se incurrió a lo largo de unos cuantos años es señalado como el primer factor de inflación. Tenemos, pues, que enfrentarlo y hacer que el déficit sea manejable. Hay una parte rígida, que nos hace más ardua la tarea: la deuda externa, que para honrar los compromisos del país va convirtiéndose, querámoslo o no, en causa de nuevas obligaciones.

Para reducir el déficit fiscal a magnitudes manejables hay que realizar un gran esfuerzo, un serio esfuerzo, un doloroso esfuerzo, que no podemos eludir si queremos –como tenemos que querer- superar definitivamente la crisis y cortarle la cabeza a la hidra de la inflación.

Y aquí volvemos necesariamente al planteamiento inicial. El esfuerzo que tenemos que hacer hemos de hacerlo todos: Ejecutivo, Congreso, Corte Suprema y Tribunales, PDVSA, Banco Central, Universidades. Y hacerlo ya. No hay escape. Estoy dispuesto, como lo he dicho una y mil veces, a asumir plenamente mis responsabilidades. Gústeme o no me guste, debo echar sobre mis hombros esa carga, pues lo dispuso la voluntad del pueblo el 5 de diciembre de 1993. Pero es necesario que el Congreso no niegue su respaldo a las medidas que es indispensable tomar; y que la sociedad civil, en todos sus estratos, se disponga a aceptar cada uno su cuota que, aseguro, será aliviada en toda la medida posible, sobre todo para aquellos que están en situación más desfavorable para soportarlas.

Las nuevas medidas y la Agenda Venezuela

Muchos indicadores señalan que existe una fuerte corriente interna a favor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin menospreciar la cuantificación de lo que este acuerdo pueda significar en términos monetarios, lo que más importa es liberar inversionistas nativos y foráneos de las prevenciones a que las circunstancias y una tramada propaganda adversa los ha podido conducir. Yo ordené posponer la próxima ronda de conversaciones para asegurarme de que las perspectivas, especialmente fiscales, que podemos presentar, no corren el riesgo de quedarse en el aire por falta de apoyo de los sectores a los que corresponde respaldarlos. El compromiso ha de ser de todos y el Gobierno no eludirá su responsabilidad, porque considera que por la forma como se han llevado las conversaciones el resultado será beneficioso para el país.

Las medidas incluyen la aprobación de nuevos tributos. El Impuesto General al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor tiene que aumentarse. Un impuesto temporal sobre las transacciones financieras sería una medida transitoria, que durante unos pocos meses completaría el ingreso previsto, llenando el rubro que correspondería al aumento del precio de la gasolina, que ha sido el tema más debatido y que es ya imposible aplazar. Solicito formalmente al Congreso revisar los planteamientos sobre este impuesto, de breve duración pero de necesidad.

En cuanto al precio de la gasolina, dijimos siempre que este tema debía considerarse, no sólo en el aspecto meramente económico, sino en su contexto social. Tenemos que admitir que si todos los bienes y servicios han aumentado su precio considerablemente, no habría razones matemáticas para que el de la gasolina no hubiera aumentado ya. Pero no queremos que su encarecimiento sea un factor más del aumento del precio del transporte colectivo, de quienes andan en autobús y otros modestos vehículos automotores.

Para el transporte colectivo estudia PDVSA un subsidio directo, de carácter compensatorio, para el cual se prepara, con la mayor rapidez posible, el Registro Automotor, a fin de que permita precisar los beneficiarios del subsidio. Y se adelanta el proyecto del gas, que no ha sido aprovechado con suficiente interés por los usuarios porque la actual diferencia de precios no los estimula a cambiar.

Dentro de pocos días, al estar terminado el Registro Automotor y completado el programa de subsidios, se hará el reajuste al precio de la gasolina.

Dios sabe cuánto me ha costado esta decisión; pero, como lo expresé antes, estoy dispuesto a tomar toda medida que sea necesaria para ofrecerle al país el final de su crisis. Por otra parte, tengo empeño en que se modernice y mejore sustancialmente el transporte colectivo y hay ofrecimiento de organismos financieros internacionales para ayudarnos en esta tarea.

Las otras medidas especificadas en la Agenda Venezuela, dentro del proyecto de un Nuevo País, diseñado en el Noveno Plan de la Nación, estamos decididos a adoptarlas, haya o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El cronograma de privatizaciones se cumplirá rigurosamente. Esas medidas forman un todo coherente. Pido que se examinen en conjunto para verificar lo cierto de esta afirmación. Una de ellas, la liberación del régimen cambiario, es indispensable. Cuando los hechos nos forzaron a establecer el control de cambios, nos propusimos que sería transitorio, y así lo anunciamos. Sabemos que medidas como esa, una vez establecidas, no es fácil desmontarlas. Pero lo vamos a hacer, tomando, eso sí, las precauciones para evitar que una ola especulativa, injustificada pero real, vuelva a descomponer el mercado cambiario en condiciones inaceptables para la nación. Un factor es el de que las reservas internacionales se han recuperado y están a niveles aceptables, y que el precio del petróleo se mantiene fluctuando por encima del que tenía cuando empezó este período constitucional. Otro es la disposición al diálogo por parte de los líderes de la actividad económica y las Cámaras empresariales para comprometer una conducta que no entorpezca esta acción.

El aumento de los ingresos es, como he dicho, fundamental. Por primera vez, además, el país ha visto con seriedad el problema de la evasión fiscal y la necesidad de adoptar un sistema moderno de recaudación. No podemos tolerar que se sigan escapando grandes cantidades que son del pueblo, a favor de quienes disfrutan de gran bienestar. A este respecto debo anotar la reacción favorable del país al SENIAT (Superintendencia de Administración Tributaria) en cuyo continuado desarrollo tenemos fundadas esperanzas.

El otro aspecto indispensable para enfrentar el déficit fiscal es la contracción del gasto público. Sobre este punto hay que hacer un empeño muy grande, para que haya la debida comprensión. He sido toda mi vida un luchador por la justicia social y he dedicado gran parte de ella a la buena causa de los trabajadores. Nada me duele más que estar obligado, como Administrador de la Hacienda Pública Nacional, a explicar que los aumentos de remuneración, en la magnitud a que aspiran los servidores públicos, es incompatible con el compromiso de reducir el déficit fiscal, y se convertiría en ilusorio, por la falta de posibilidades en el presupuesto y por el aumento de la presión inflacionaria, con fatales consecuencias. De todos modos, se llegará hasta donde sea materialmente posible y a tal efecto se ha destinado el máximo porcentaje del gasto a mejorar el ingreso de los servidores públicos.

En cuanto al tema de las prestaciones sociales, tengo más cerca que nunca la convicción de que una solución conveniente a los trabajadores es viable. Estoy cumpliendo 60 años de haber sido designado subdirector de la entonces creada Oficina Nacional del Trabajo y, como tal, co-redactor de la Ley del Trabajo de 1936. Y en mi condición de Senador Vitalicio luché contra viento y marea durante varios años para que se adoptara la Ley Orgánica del Trabajo. Esta última ley dejó abierta una puerta para la adopción de un nuevo régimen de prestaciones sociales, si así conviniera a la causa de los trabajadores y al beneficio del país. En el momento actual, esta puerta debemos y podemos traspasarla con dignidad y con provecho, convencidos de que este asunto no admite ya más dilaciones.

Alicia Pietri de Caldera, Un cariño para mi ciudad.
La primera dama, Alicia Pietri, promovió el programa «Un cariño para mi ciudad», el cual rescató durante el quinquenio más de 370 espacios en Caracas.

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Se ha dicho con insistencia en estos días que el país está pendiente de las definiciones que yo haga hoy en este Mensaje. Las definiciones son claras. La Agenda Venezuela ha sido aceptada como una posición propia, adoptada incluso para las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Los inversionistas nativos y foráneos pueden contar con plena seguridad jurídica como corresponde a nuestro Estado democrático.

Esa Agenda requiere decisiones, y estoy dispuesto a tomarlas. Todas son un conjunto. Las que no puedan ser simultáneas serán sucesivas pero en muy breve lapso. Al final de mi vida, con el respaldo de una larga carrera política al servicio de los mejores intereses de Venezuela, estoy convencido de que me toca pagar el alto precio de haber asumido el papel de piloto de una nave que navega en aguas turbulentas, con grietas, a las que se habían suprimido muchas condiciones necesarias para su conducción, y a la que todavía a veces se le niegan facilidades indispensables.

Sabía bien que no sería suave la tarea, aunque, la verdad sea dicha, , nadie imaginaba que el deterioro había llegado al grado en que se encontró ni previó hechos como la espantosa crisis del sistema bancario, cuyos efectos en ningún país del mundo podían eliminarse en uno o dos años solamente. Pero también estoy convencido, señores miembros del Congreso, de que el país está pendiente de ustedes. De la actitud que ustedes adopten dependerá en alto grado la posibilidad más cercana de superar definitivamente la crisis.

Han dicho los voceros autorizados de las Cámaras que tienen la preocupación de realizar la reforma del sistema electoral y la que reclama, para el bien del país y de la propia Administración de Justicia, el régimen de los tribunales. Esas preocupaciones las comparto. Sigo, además, confiado en que no se abandone la idea de la Reforma Constitucional. Su necesidad es evidente. Pero la primera prioridad, la mayor urgencia, es una demostración clara de que hay la voluntad de aprobar las medidas que se le exigen al Gobierno, y que el Gobierno está dispuesto a tomar, cueste lo que cueste, para sacar al país del atolladero de la inflación.

La recuperación de la confianza del pueblo en las instituciones pasa indefectiblemente por las medidas que se adopten para recuperar la estabilidad plena de la economía y abrir el mayor campo a la producción y a la productividad.

Retomar el rumbo

Debemos superar afirmativamente la cuestión de la gobernabilidad de la democracia. Un gobierno que gobierne, un Congreso que le dé los instrumentos necesarios para vencer la crisis; una administración de justicia que no entrabe la labor de la Administración y una sociedad civil integrada en el objetivo solidario de rescatar la economía nacional.

Quiero recordar que en el acto de toma de posesión frente a estas mismas Cámaras definí la visión que tengo de la acción del gobierno en relación con la Venezuela del futuro y dije textualmente: «El objetivo de este compromiso de solidaridad es alcanzar una economía competitiva y moderna… donde la economía privada sea el motor del crecimiento y comience a asumir parte de la responsabilidad social que hasta ahora ha descansado sobre el Estado y la economía petrolera…».

Hoy, cuando hemos logrado la estabilidad política del país y la estabilización del sector financiero, quiero ratificar la validez de esa visión y afirmar que están dadas las condiciones para retomar el rumbo.

Tengo fe en que este año de prueba nos conducirá a un futuro con amplios horizontes, como le corresponden a nuestra patria por su propia índole y por las características con que la dotó la Providencia.

El rumbo estará afianzado por el apoyo de los organismos multilaterales para lograr la estabilización de la economía por el incremento del gasto social con el financiamiento ampliado del BID y del Banco Mundial; por los cambios cualitativos en la composición del gasto público para elevar los gastos de inversión; por el mantenimiento de una férrea disciplina fiscal; por reglas claras del juego para los inversionistas extranjeros y nacionales que se convertirán en las bases del círculo virtuoso para el crecimiento económico acelerado; por un programa, una vez abatida la inflación y resuelto el problema de las prestaciones sociales, de mejora permanente del poder adquisitivo de los trabajadores.

El anuncio de dialogar fue acogido con satisfacción. Y en efecto, hemos dialogado continuamente con los representantes de las fracciones parlamentarias y de las fuerzas económicas y laborales. Hagamos del diálogo y de la voluntad común de salvar el país, que es lo que a todos nos interesa, la norma de nuestra conducta.

Estoy resteado en esta lucha por Venezuela. Que es también una lucha por los ideales que ha sustentado América Latina en su difícil marcha hacia un desarrollo económico con justicia social, una lucha que armonice las exigencias de la globalidad con el fortalecimiento de la propia identidad. Venezuela, para muchos, es punto de referencia en esta hora de nuestro Continente.

Para el final de 1996, la inflación estará bajo control. El despegue de la actividad económica será indetenible. Se trata de nuestro destino. No hay otra alternativa. Lo que se está jugando es Venezuela.

 

Ciudadanos Senadores.

Ciudadanos Diputados.

 

Tercer mensaje del Presidente Rafael Caldera ante el Congreso Nacional (1997. Segundo Gobierno)

 

Rafael Caldera segundo gobierno. Tercer mensaje 1997.
El presidente Rafael Caldera ofreció su tercer mensaje al Congreso Nacional el 13 de marzo de 1997.

Mensaje Presidencial

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

El año pasado, al presentar ante ustedes mi Mensaje anual, dije lo siguiente: «Las definiciones son claras. La Agenda Venezuela ha sido aceptada como una posición propia, adoptada incluso para las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esa Agenda requiere decisiones, y estoy dispuesto a tomarlas. Todas son un conjunto. Las que no puedan ser simultáneas serán sucesivas pero en muy breve lapso».

Las medidas previstas se concretaron el 15 de abril. Nadie puede negar que la Agenda Venezuela fue aceptada en forma ampliamente positiva. La población en general acató la necesidad de las disposiciones tomadas y dio un gran ejemplo de responsabilidad.

El resultado respondió a las expectativas previstas por los voceros oficiales, contra los augurios pesimistas de los negadores sistemáticos, incluyendo a aquellos que reclamaban las medidas pero que una vez conocidas dieron una vuelta de conversión para buscar motivos de atacarlas. Los hechos están a la vista.

La presión inflacionaria ha ido disminuyendo progresivamente. Llegó a su más alto nivel en mayo de 1996, pero luego la rata mensual ha ido descendiendo sostenidamente, a pesar de las medidas de reajuste que ha habido que adoptar en las tarifas de los servicios públicos y en el monto de las remuneraciones. Se ha eliminado el déficit y se ha establecido una severa disciplina fiscal. Se ha mantenido un sistema tributario equilibrado.

La deuda externa se redujo en más de mil millones de dólares y se han tomado iniciativas para reestructurarla en forma de hacer menor el peso del servicio de la deuda para las administraciones posteriores. Se cancelaron obligaciones atrasadas con acreedores internacionales, quedando sólo las que presentaban dificultades legales.

La liberación del mercado cambiario se hizo como estaba anunciada. Uno de los indicadores más positivos ha sido la estabilidad del signo monetario. Las reservas internacionales han subido a su nivel más alto, más de lo programado, y no sólo porque hayan aumentado los precios del petróleo, sino porque ha habido un elemento económico fundamental: la recuperación de la confianza.

La normalización del sistema financiero ha sido, por cierto, un factor de esa recuperación. Tanto que los organismos multilaterales como los representantes del sector reconocen que la emergencia financiera está superada. Los bancos tienen ahora mejor capacidad de cumplir su función intermediadora para la producción y por primera vez tenemos la presencia de bancos extranjeros, que no sólo da una señal de confianza, sino que hace el sistema más competitivo, para beneficio de los usuarios.

En cuanto a los precios petroleros, es cierto que el alza cíclica ha contribuido significativamente al mejoramiento de la economía, pero debemos tener presente que el mercado del sector es errático y que sería muy grave incurrir en el mismísimo error de años anteriores, cuando se forjó la ilusión de que el alza no sólo sería firme sino que progresivamente continuaría hacia arriba, razonamiento que dio origen al aumento desmedido de los gastos corrientes y a la adopción de compromisos que pesan hoy considerablemente sobre las espaldas del pueblo venezolano.

El Gobierno, aprovechando esa experiencia, creó una Cuenta Especial de la Tesorería para contener esos recursos, e introdujo este año un Proyecto de Ley para crear un Fondo de Estabilización Macroeconómica que reduzca la incertidumbre en la programación de los ingresos y del gasto público; y presentará otro Proyecto de Ley de Administración y Control de las Finanzas Públicas que contribuirá a modernizar la gestión financiera del Estado.

Los indicadores macroeconómicos son ahora favorables, pero ello no basta. No perdemos de vista que el objetivo primordial del Gobierno no es simplemente auspiciar la generación de riqueza en el país, sino la de lograr condiciones que favorezcan un mejor nivel de vida para la colectividad. Este objetivo no es fácil de lograr y para alcanzarlo es condición una economía sana que garantice y estimule las inversiones y el trabajo.

El componente social de la Agenda Venezuela

Somos gente que no olvida su vocación social. Prestamos permanente atención al componente social de la Agenda Venezuela, que está funcionando progresivamente, a favor de los sectores más necesitados. Tres millones de familias, por lo menos, están recibiendo ya de los programas sociales algún beneficio.

Esos programas integran una política social orientada a atender simultáneamente tres direcciones de la problemática: a) los programas para compensar el ingreso familiar, sobre todo de los grupos más vulnerables; b) los destinados a amortiguar el impacto inflacionario de bienes esenciales mediante estrategias de solidaridad; c) los orientados a promover las capacidades productivas y el empleo y a fortalecer las redes sociales locales.

En el primer grupo, se duplicó el monto del «Subsidio Familiar» y se regularizó su entrega; se amplió la capacidad instalada del «Programa de Hogares de Cuidado Diario y Multi-hogares»; se duplicó la «Pensión por Vejez» y se actualizó el monto de «Ayuda al Anciano»; se ampliaron los recursos para «programas nutricionales, el PAMI y el Programa de Alimentación Escolar (PAE)».

En el segundo, se difundió la red de «Economía Solidaria» y se puso en marcha el «Programa de Alimentación Estratégica (PROAL)», se subsidió el transporte público, y se amplió el «Subsidio del Pasaje Estudiantil».

En el tercero, se expandió el «Programa de Capacitación y Empleo Joven» y se puso en marcha el «Programa de Fortalecimiento Social».

La supervisión de su manejo está encomendada a una Comisión de Seguimiento de muy alto nivel, integrada por personeros de las distintas ramas del poder público y de la sociedad civil y presidida por un hombre intachable, el Arzobispo de Valencia Monseñor Jorge Urosa Savino, la cual advierte, además de lo positivo, los objetivos todavía no cumplidos, los errores que es necesario corregir y los planteamientos que hay que reconsiderar.

Los servidores públicos y la reforma del Estado

Una preocupación prioritaria ha sido el reajuste del ingreso real de los servidores de los entes públicos. Conscientes de las dificultades creadas por el alto costo de la vida, hemos visto con seriedad la legítima aspiración de quienes viven del trabajo en las dependencias oficiales, Por primera vez en mucho tiempo se ha ofrecido a los trabajadores un aumento de remuneración por encima de la inflación esperada y un complemento para recuperar pérdidas de años anteriores. Hemos llevado los montos hasta más allá de lo posible, dada la limitación de los recursos y el compromiso de frenar la presión inflacionaria, que de desatarse volvería ilusorias las ventajas obtenidas.

En medio de todo, pueden examinarse estadísticas comparativas y se verificará que el reajuste laboral en Venezuela ha marcado índices de recuperación más altos que otros países en situación similar.

La sinceridad de nuestra posición la abona una trayectoria constante de defensa de los trabajadores y una relación cordial y sincera con sus representantes. Comprendemos que los trabajadores hayan usado medios habituales en los conflictos laborales y hemos eludido la aplicación de medidas de fuerza que serían procedentes según el ordenamiento legal; pero no podemos entender que grupos selectos en el orden cultural hayan adoptado actitudes que causan daños a los usuarios, sean jóvenes estudiantes o pacientes desprovistos de medios económicos, menos comprensible si son usados mientras se dialoga y se exponen con diafanidad los argumentos en busca de equitativa solución.

En el caso de los médicos, la población no ha podido entender que se hubiera llegado al extremo de negar atención a seres humanos en emergencia, o a madres gestantes en el momento de dar a luz. En el caso del profesorado universitario es inconcebible que se haya dispuesto la paralización de las actividades docentes, precisamente cuando el diálogo del gobierno con las autoridades universitarias se estaba orientando por un terreno constructivo. Estamos convencidos de que si se promoviera un referéndum, la gran mayoría votaría por volver a clase. Cuando se ofreció el 100% del presupuesto estimado por el Consejo Nacional de Universidades y cuando el Ministerio de Educación ha adelantado ideas importantes de reforma para el mejor funcionamiento de la educación superior, no podemos entender la suspensión de clases.

Para el momento en que la Federación de profesores tomó esa decisión, yo mismo había iniciado un diálogo con los Rectores, a los cuales planteé que la relación entre el Estado y la Universidad no puede convertirse simplemente en la discusión de un contrato colectivo de trabajo. A ambas instituciones les concierne superar las trabas que interfieren con los fines superiores del sistema, comprometido directamente con el futuro del país y el destino de las nuevas generaciones.

Mientras hay que atender los reclamos salariales de una burocracia hipertrofiada, analistas de la situación económica y social del país reclaman una mayor velocidad en la reforma del Estado. Esta supone una considerable disminución del personal empleado en la Administración Pública y en los organismos descentralizados. Pero al mismo tiempo, los organismos sindicales, como es natural, toman posiciones de alerta ante el posible despido masivo de servidores públicos.

Conscientes de esta situación vamos llevando adelante este programa, pero con la necesaria prudencia, teniendo el cuidado de compensar, con base en la legislación laboral, la situación de quienes pierden el empleo, y explorando caminos para ofrecerles nuevas oportunidades de ocuparse con positivo rendimiento.

Lo cierto es que, a pesar de las dificultades y contra una sistemática propaganda adversa, en parte financiada con recursos provenientes de abusos cometidos en los años del despelote, se reconoce dentro y fuera de la República que el país sale adelante y que cada día se ensanchan más sus horizontes y se hace más atractiva la posibilidad de invertir.

Rafael Caldera segundo gobierno
Cristóbal Fernández Dalo, presidente del Senado; Ramón Guillermo Aveledo, presidente de la Cámara de Diputados y Cecilia Sosa Gómez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, al escuchar el mensaje presidencial.

El diálogo

El mecanismo del diálogo, sin duda, ha sido laborioso, en todos los órdenes. Pero es el único que puede llevar a resultados estables. La conflictividad, a lo más, podría llevar a salidas transitorias y acentuaría las tensiones. El diálogo requiere paciencia pero su resultado es más seguro.

En cuanto a la búsqueda de un nuevo y más operante sistema de seguridad social, de una fórmula suficientemente atractiva para reformar el actual régimen de prestaciones sociales y de una mejora efectiva del ingreso real de los trabajadores, se requiere de esos ingredientes, constancia y paciencia. Sabemos que la solución final está en manos de la rama legislativa y que ésta no se pronunciará, en última instancia, sin que se obtenga un consenso básico –aunque pueda ser ilusoria la ansiada unanimidad- entre las fuerzas más representativas del mundo empresarial y del mundo del trabajo. El papel de la rama ejecutiva es promover, coordinar y mediar para que las conversaciones se lleven adelante y se orienten finalmente a la concertación. En esta vía hemos marchado y continuaremos marchando, hasta llegar a la solución. Entre tanto, adelantamos medidas que nos conciernen específicamente, como la capitalización del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Seguro Social, que beneficia a 450.000 afiliados.

La gobernabilidad de la democracia

Sin dejar de darle su importancia a las cuestiones económicas hemos cumplido la tarea fundamental de rescatar la dignidad y la eficiencia del Estado. El reto ha sido tan exigente como lo ha sido en lo relativo a la economía. Hemos sentido totalmente nuestro el problema de la gobernabilidad de la democracia. Hemos respetado las atribuciones constitucionales de los Poderes Públicos, sobre ninguno de los cuales hemos pretendido ejercer ninguna clase de intromisión o de presión. Hemos respetado al máximo la libertad de opinión y de información, aun cuando ésta, en algunos medios de comunicación social, se desvíe a veces de su obligación de darle al pueblo una información veraz.

Hemos soportado ataques que por su índole podían provocarnos a promover acciones legales previstas por nuestro ordenamiento jurídico. No hemos caído en la tentación de armar polémicas para las cuales prácticamente se nos desafía. Algunos confunden serenidad con debilidad. Como lo dijera un presidente colombiano de compatriotas suyos, esos creen que «tener carácter» es «tener mal carácter». Se hace un lugar común pedirle al Gobierno «que gobierne», entendiendo seguramente por gobernar emplear medidas de fuerza; pero simultáneamente se clama contra cualquier supuesto abuso gubernamental en algún caso en que le hace indispensable el ejercicio severo de sus funciones.

Hemos implantado una lucha sincera contra la corrupción, y voces entre las cuales no faltan algunas maculadas por sombras del pasado, se yerguen para acusar de corrupta a la actual administración, sin que la mayor parte de las acusaciones corresponda a la realidad. Sabemos que la lucha contra la corrupción es difícil e ingrata, pero estamos dispuestos a continuarla.

Todo ello, repito, forma parte del desafío de la gobernabilidad de la democracia, que hemos tomado como un compromiso de honor. Y a fe mía que los venezolanos que no tienen el alma envenenada por sentimientos mezquinos y los círculos más respetables de países vecinos, comienzan a reconocer lo positivo de nuestra labor.

Política exterior y contribución a la paz

En el mundo exterior hemos venido contribuyendo decorosamente, con plena convicción, a los fines de la integración de nuestros pueblos, del fomento y normalización del intercambio y sobre todo de la paz. No negaré nunca cualquier contribución por modesta que sea para el objetivo de la paz entre los hombres, pueblos y las naciones.

El último acto del año civil 1996 fue la participación en la trascendental ceremonia de la firma de la paz interior en la hermana nación guatemalteca, para cuya consecución contribuyó Venezuela, en el selecto grupo de países amigos que mediaron en las laboriosas conversaciones que la precedieron.

Hemos asistido a las cumbres del Grupo de Río y de los países Iberoamericanos en Cochabamba y Santiago de Chile, hemos sido defensores esforzados del Pacto Andino y hemos abierto la puerta para nuestra participación en Mercosur.

Hicimos visitas de Estado a España, Brasil, Paraguay, República Dominicana y México, y en ellas no solamente tratamos, en gratísimo ambiente de amistad, con las ramas ejecutivas, los temas obligados de economía, política, integración e intercambio, sino también con las ramas legislativa y judicial y con sectores privados.

Nuestras relaciones con los Estados Unidos son excelentes; y muy buenas también con los países de la Unión Europea, como con los de Asia y África. Hemos recibido honrosas visitas de Jefes de Estado y de Gobierno y de otros altos dignatarios de diversas naciones. Todo ello ha enriquecido nuestras posibilidades de desarrollo y ampliado nuestra imagen en el mundo.

El primer acontecimiento del año de la cuenta fue la inolvidable visita pastoral de Su Santidad Juan Pablo II, que conmovió hasta lo más íntimo la fibra espiritual de nuestro pueblo. El Sumo Pontífice vino a Venezuela esta segunda vez en febrero de 1996 y bendijo el imponente Santuario que la devoción de los venezolanos erigió a su patrona nacional, Nuestra Señora de Coromoto, en el lugar de su aparición, cerca de Guanare.

Con todos nuestros vecinos y con los países de Centroamérica y del Área del Caribe, las Antillas, Guyana y Suriname, las relaciones han sido reactivadas con resultados positivos. Con el Brasil, esas relaciones están en el punto más alto de toda su historia y las proyecciones aumentan continuamente.

Las relaciones con Colombia

Nuestras relaciones con Colombia son no solamente normales, sino de efectiva cordialidad. El intercambio comercial ha crecido a tal punto que Colombia es nuestro segundo cliente comercial y nosotros somos, a la vez, el segundo cliente de Colombia. El comercio bilateral ha aumentado considerablemente, y los problemas que surgen de un lado y otro se tramitan con espíritu positivo. Los incidentes fronterizos provocados por determinados grupos de los movimientos guerrilleros que perturban la vida del hermano país son el hecho más negativo; y como cometen sus fechorías en territorio nuestro pero al pasar la frontera se amparan en la inviolabilidad del territorio colombiano, disfrutan de facilidad de movimientos y gozan frecuentemente del apoyo de sectores de población y de autoridades locales, electas con su participación. Ello nos ha obligado a demandar categóricamente del Gobierno colombiano y de sus Fuerzas Armadas un mayor control de la situación dentro de su propio ámbito jurisdiccional.

El 17 de Diciembre último, aniversario de la muerte del Padre de la Patria, los ministros de Defensa y los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas de ambos países suscribieron un compromiso para cumplir un programa estratégico ante cualquier agresión que nos infiera un grupo irregular; y en febrero de este año acordamos el Presidente Samper y yo la creación de una Comisión de Emergencia, integrada por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de los dos gobiernos, o sus representantes, para apersonarse e informar conjuntamente ante cualquier incidente que pueda presentarse en el futuro.

Hay quienes en nuestro país, por un sentimiento nacionalista o por un patriotismo no siempre bien entendido, y quizás algunos por consideraciones políticas, califican como blanda la posición del Gobierno ante los incidentes con que se nos provoca y se nos agrede del otro lado de la frontera. Debo afirmar enfáticamente que nuestra respuesta a la agresión es de serena y contundente energía. A quienes no lo quieren admitir es de recomendar la lectura de los ataques que en el otro lado se lanzan al Gobierno de Colombia con calificativos aún más duros por supuesta debilidad ante el Gobierno de Venezuela. La realidad es la de que de parte y parte hay quienes –por razones a veces respetables- quisieran que las relaciones se plantearan en términos de conflicto. Están equivocados. Ambas naciones saben que por la vía del conflicto no se llegará a ningún terreno que no sea desastroso para ambas partes y ambos gobiernos están penetrados de la necesidad de evitarla.

Asuntos fronterizos y desarrollo del Sur

Por otra parte, estoy obligado a puntualizar que nunca había tenido tanto interés el Gobierno venezolano en los asuntos fronterizos como en el actual período constitucional. El Programa de Desarrollo Sustentable del Sur (PRODESSUR), la reactivación del Consejo Nacional de Fronteras, la presencia de unidades cada vez mayores de las Fuerzas Armadas en las áreas respectivas, la asistencia frecuente de las más altas autoridades nacionales, civiles y militares, a las regiones respectivas, la atención debida a las comunidades indígenas, y la iniciación de programas habitacionales, de vialidad, de servicios y de otras obras de infraestructura, son testimonio fiel de una permanente preocupación. La inquietud de la ciudadanía y el interés de la opinión pública por el tema, ha contribuido también a abrir los ojos de los venezolanos y crear conciencia sobre este aspecto tan importante de la realidad nacional.

Congreso de Venezuela 1997
Parte del hemiciclo del Senado durante la alocución presidencial.

La educación tiene la primera prioridad

Mucho hay por hacer en la Venezuela que se apresta a llegar al siglo XXI. La tarea por repotenciar la educación tiene, como ha sido reclamado por numerosos opinantes en diversos tonos, la primera prioridad.

Es inmenso el esfuerzo que los gobiernos democráticos han hecho para copar el espectro educacional. La educación impartida en institutos oficiales se ha extendido a todas las ramas y además ha sido creciente el apoyo dado a la educación impartida por instituciones y personas no gubernamentales.

Sin embargo, el Gobierno ha reconocido, a través del Ministerio de Educación y de sus diversas dependencias, que ese gigantesco esfuerzo no estaba dando los resultados debidos. El empeño puesto para remediar esta situación ha estado a la medida del desafío, pese a que gran parte del tiempo haya tenido que dedicarse a una discusión de condiciones laborales con el voluminoso personal que del Ministerio depende.

Al mismo tiempo, el proceso de descentralización en el sector educativo, se ha impulsado a través de continuadas negociaciones con los gobernadores de estado y con los alcaldes municipales, pero el proceso es todavía largo por andar.

Convencidos de que los factores más importantes de la educación son el maestro y el alumno, se ha dedicado a ellos preferente atención. Este año hemos convenido con los gremios docentes un aumento verdaderamente significativo en sus ingresos mensuales y además de las remuneraciones, hemos mejorado su protección social. Ya no podrá decirse que los maestros son los servidores públicos peor recompensados, y este nos contenta de verdad. Un signo favorable es que empiezan a mejorar las cifras de aspirantes a seguir las carreras docentes.

En cuanto a los alumnos, estamos llevando adelante el propósito de la alimentación escolar. El que los niños coman una vez al día con su maestra o maestro en su escuela, no sólo atiende la necesidad nutricional, sino tiene el objetivo pedagógico de que el niño aprenda a alimentarse adecuadamente. Por otra parte, además del suministro de útiles escolares, iniciamos este año el programa de las bibliotecas de aula, para que tengan los textos a su disposición y se alivien del alto costo de los libros.

Nuestra preocupación principal ha sido la de lograr una educación básica de calidad para todos. Se ha detectado que en las deficiencias de la educación básica está el origen de las fallas en las otras ramas de la enseñanza.

En cuanto a la educación media, queremos que ella efectivamente atienda las demandas de la sociedad actual. Dentro de ese nivel, hay un aspecto que siempre me ha preocupado: la educación técnica. En mi primera administración, al lado de las escuelas técnicas existentes y que nunca dejaron de funcionar, propuse un programa para ofrecer más alternativas a la formación profesional a nivel medio. Lamentablemente, no hubo continuidad y no se le prestó la debida atención ni se le proporcionaron suficientes recursos. Ahora, con la colaboración de las empresas privadas y del INCE, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha un programa complementario, que bajo el lema «cada empresa una escuela», incorpora jóvenes con el sexto grado aprobado, los vincula como aprendices al mercado de trabajo y les ofrece un título de técnicos medios equivalentes al de bachiller.

Por lo que respecta a la educación superior, se les ha ofrecido a los universitarios, no sólo el 100% de los recursos estimados por el Consejo Nacional de Universidades y un sustancial aumento de sueldo, sino todo un programa que el Despacho de Educación ha denominado «un nuevo trato»: un Fondo para mejorar las remuneraciones en función del mérito; un Fondo Nacional de Investigaciones Petroleras; un Sistema Nacional de Evaluación Académica y Administrativa; el apoyo para abrir nuevas fuentes de financiamiento; la ampliación de los programas de formación de capital humano; y un Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Física, son propuestas que trascienden del rutinario debate sobre el presupuesto y los salarios. No se olvide que este Gobierno está integrado mayoritariamente por universitarios, y que sus integrantes han dado prueba en muchas ocasiones de su irrenunciable devoción por una institución que es su Alma Mater.

La salud pública

Otro objetivo prioritario que nos ha correspondido enfrentar, ha sido el mejoramiento de la salud pública. En Venezuela la sanidad ha sido siempre estimada y apreciada por la población en general. Estamos todos orgullosos de los éxitos logrados por campañas sanitarias dirigidas por grandes maestros. Pero el gran sistema hospitalario –que comprende, en cuanto al sector público, establecimientos de la República, de los Estados, de los Municipios, de las Universidades y del Seguro Social- ha venido sufriendo un considerable deterioro, pese a la legislación dictada para establecer organizadamente un Servicio Nacional de Salud, en que los ambulatorios, los hospitales generales y especializados, los hospitales de larga estancia y los servicios nutricionales y asistenciales, cumpla cada uno su papel coordinadamente, con un máximum de rendimiento.

Esto supone, necesariamente, una correcta utilización del personal y un adecuado mantenimiento de los equipos, cada día más costosos. Tengo por los profesionales de la medicina, de la enfermería y demás profesiones afines, un sincero reconocimiento, que comparten los integrantes de mi equipo de gobierno. Pero es preciso obtener, en bien de la población a la que tenemos el deber de servir, un protagonismo serio, decidido y noble, de los actores de tan delicada labor. El Ejecutivo ha demostrado que está dispuesto a hacer sacrificios para ofrecerles un tratamiento de preferencia, y espera, a su vez, que no con suspensiones de labores o con reiteradas amenazas, sino con dedicación al apostolado que escogieron como carrera de su vida, se decidan a ganar esta hermosa batalla. El sistema autogestionario establecido en el veterano Hospital Vargas y en otros institutos ha ofrecido un balance positivo. Aspiramos aprovechar esa experiencia para toda la red de institutos de atención a la salud.

El agua, la vialidad y las concesiones

Los servicios públicos –todos- han presentado inequívocos síntomas de deterioro, consecuencia de que prácticamente no existía un aspecto indispensable de la gestión administrativa: el mantenimiento.

La prestación de un servicio suficiente y confiable de agua para las poblaciones ha demandado y demanda un esfuerzo considerable. Además de la deficiencia del mantenimiento, el crecimiento rápido y desordenado de los núcleos urbanos ha hecho insuficientes los acueductos. Las cantidades necesarias para satisfacer este servicio han sido considerables, pero se les ha asignado prioridad. Desde el Área Metropolitana en adelante, prácticamente todas las grandes concentraciones poblacionales han experimentado la misma angustia de carecer de este líquido esencial en cantidad y condiciones adecuadas y pueden ser testigos de la voluntad que se ha tenido de atenderlas preferentemente. La reparación de aquellos casos de interrupciones causadas por serios accidentes ha sido asumida en el acto.

Hablando de servicios, tenemos también que referirnos a la vialidad terrestre, marítima y aérea. Aquí el proceso de descentralización ha jugado su rol, pero no están suficientemente determinadas, como es urgente definirlas, las rutas que corresponden al Ejecutivo nacional y las que tocan a los Ejecutivos Regionales. Se está poniendo empeño en mejorar la transitabilidad de las vías que requieren en forma más inmediata y urgente su reparación; se están concluyendo o construyendo otras nuevas y se están atendiendo ya algunas por el sistema de concesión.

Debo confesar que el sistema de concesión para la construcción de autopistas, puentes o líneas férreas, u otras obras de interés general, no ha marchado con toda la rapidez que ambicionábamos al introducirlo. La falta de experiencia en la materia, la ausencia de proyectos terminados y la inestabilidad de los costos como consecuencia del proceso inflacionario, han sido factores concurrentes que contribuyen a explicar esta demora. Además, la falta de una cultura madurada en el uso de este recurso administrativo conduce a que, no obstante multiplicarse las precauciones y desarrollarse el proceso de concesión en la forma más diáfana, quienes concurren a una licitación y consideran tener méritos para haberla obtenido, no se conforman con que la buena pro haya correspondido a otro y hacen acusaciones de incorrección, lo que puede desalentar a quienes han concursado de buena fe y desanimarlos a participar en licitaciones posteriores. A todo lo expuesto cabe agregar que quienes ganan una licitación para construir mediante concesión una obra de importancia, reclaman aumento del peaje que pagan los usuarios desde el inicio de la construcción, lo que a éstos –los usuarios- les molesta terriblemente por considerar, con razón, que los invitan a pagar un servicio antes de que se les preste satisfactoriamente.

De todos modos, el sistema ha comenzado a funcionar y dentro de pocos años se verán los resultados. Entre las concesiones, las más importantes son las del nuevo sistema vial de Caracas a La Guaira, la del nuevo puente sobre el río Orinoco, vía férrea y puerto de aguas profundas en el Golfo de Cariaco y la de unos tramos de la autopista Rómulo Betancourt, que comunica a Caracas con el Oriente de la República.

En cuanto a los puertos y aeropuertos, se realiza una constante labor de acondicionamiento, en buena armonía con las administraciones regionales a las cuales se ha hecho ya transferencia de algunos servicios.

Rafael Caldera segundo gobierno
Después del mensaje, el presidente Caldera se dirigió a pie hasta el Palacio de Miraflores para encontrarse con sus simpatizantes.

Armando el rompecabezas

Dije durante la campaña electoral que el país daba la impresión de un rompecabezas al que se le habían soltado y desordenado las piezas. He repetido esa afirmación porque cada día me convenzo más de ella. Llevo tres años, con la mejor gente que he reunido en un equipo alejado de los viejos predios del sectarismo partidista, armando el rompecabezas, seguro de que al terminar de armarlo lucirá como el más bello de los paisajes la realidad de Venezuela, dotada por la Providencia de todos los encantos para ser verdaderamente feliz. Los analistas penetrados de nuestra historia y de nuestra realidad han entendido que en este período constitucional nos toca a los que recibimos del pueblo el encargo de conducirlo, un compromiso de honor para restablecer la confianza en una democracia cuestionada y para devolverle a una ciudadanía desalentada el orgullo de ser venezolanos.

Ese compromiso no se agota en lo material y en lo económico. Tiene aspectos esenciales en lo social, en lo moral y lo jurídico. Por eso hemos insistido e insistimos en la necesidad inaplazable de una reforma judicial que corrija de inmediato algunos aspectos de inaplazable urgencia. La reforma supone acciones en el mediano y largo plazo, pero a corto plazo no pueden demorarse algunos pasos, principalmente el de darle a la sociedad civil, a través de un órgano que debidamente la represente, la potestad de adoptar medidas drásticas para devolverle a la comunidad la confianza en los encargados de administrar justicia. Porque, como lo señalaron Bolívar y Bello, la justicia es la garantía de la libertad civil, «la más preciosa, la más justa, la más necesaria, en una palabra, la única libertad, que sin ella las demás son nulas» (Bolívar), pues «la seguridad, la propiedad, el honor, todo en fin, todo lo que el hombre busca y encuentra en la sociedad estriba precisamente en la recta administración de justicia» (Bello). Por lo demás, la remoción de los jueces corruptos es el más apreciable bien que se puede hacer a los jueces probos que son y deben ser la mayoría. Espero confiado la pronta aprobación de los proyectos de reforma introducidos en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Política penitenciaria y lucha contra el narcotráfico

A propósito de la justicia, la situación penitenciaria ha sido uno de los asuntos más angustiosos con que nos hemos encontrado. El hacinamiento, principalmente, ha sido factor permanente de violencia, de abusos y de violación de derechos humanos. La construcción de nuevos lugares de reclusión, dotados de las exigencias de la doctrina penitenciaria, encuentra tropiezos no sólo en la limitación de los recursos y en la dificultad de hallar terrenos adecuados, sino en la resistencia de los vecindarios, apoyados por autoridades regionales y municipales y hasta por ministros religiosos, que se oponen a que se construyan en su cercanía. Toda una hazaña ha sido la desocupación de la población recluida en el célebre Retén de Catia, trasladada a las nuevas construcciones terminadas en los anexos de Yare y El Rodeo.

Me complace anunciar que el próximo domingo será demolido aquel antro, como señal de la iniciación de una nueva etapa; y cumpliendo un decreto vigente y atendiendo al deseo de los vecinos, se anexará al Parque del Oeste «Jóvito Villalba». Al Museo «Jacobo Borges» se incorporará el celebrado pabellón que presentó Venezuela en la Exposición Mundial de Sevilla en 1992. Por otra parte, el Fondo de Edificaciones Penitenciarias está llevando a cabo iniciativas de transformación a las diversas cárceles del país, especialmente a las más congestionadas y que se encuentran en condiciones de mayor deterioro.

A la ardua y larga actividad contra la inseguridad tenemos que agregar un nuevo capítulo: la lucha contra el narcotráfico. Nuestro país no ha sido productor de estupefacientes pero su situación geográfica ofrece facilidades para el tráfico y nuestro sistema económico lo hace tentador para el lavado de los narco-dólares. Atacar a fondo estos peligros es nuestra terminante voluntad. Además, en cuanto aparecieron algunos sembradíos de plantas que sirven de materia prima para la producción de drogas en áreas fronterizas se les ha destruido inflexiblemente, tomando eso sí, la precaución de preservar los derechos humanos de los cultivadores extranjeros en su totalidad.

La paz social

Nuestro deber y mi propósito es preparar para los futuros gobernantes un piso firme en el que puedan desarrollar eficazmente sus programas. Para ello ha sido indispensable asegurar la paz social. La paz se mantiene por encima de las reiteradas predicciones de quienes no se han detenido a ahondar en la raíz de los fenómenos ni han encontrado la razón del equilibrio que prevalece a pesar de los sufrimientos y carencias y de las provocaciones que continuamente se prodigan.

El pueblo de Venezuela quiere la paz y la defiende porque sabe que la violencia no conduce sino a la frustración y al fracaso. Sabe aceptar que se le gobierna con noble intención y con absoluta buena fe. Los que buscan perturbar la convivencia y alterar el orden público y social tienen que convencerse de que van a encontrar siempre dispuesta a enfrentarlos una población que ha vivido aleccionadoras experiencias, un gobierno consciente de su responsabilidad, y unas Fuerzas Armadas penetradas de su misión histórica de ser bastión de las instituciones democráticas.

La unidad de las Fuerzas Armadas, su constante determinación de perfeccionamiento profesional y su patente adhesión a las instituciones democráticas las ha hecho garante reconocido de la libertad y la paz. Porque bien las conozco y cumplo a cabalidad mi atribución constitucional de Comandante en Jefe, tengo derecho de afirmarlo con absoluta convicción.

Segunda parte de la Agenda Venezuela

La segunda parte de la Agenda Venezuela ha comenzado con pie firme. Se ha demostrado la voluntad de cumplir las decisiones anunciadas. Se ha desarrollado una acción sobre todos los factores estructurales que frenan la transformación del país.

Se ha llevado con buen paso la apertura petrolera, que comprende programas en marcha en la faja bituminosa del Orinoco y se continuará en los sectores petroquímico, minero, siderúrgico, alumínico y de telecomunicaciones. La orimulsión abre horizontes muy prometedores. Se sigue dando preferente atención al turismo.

Sin alardes estrepitosos, llevando hasta el límite la tolerancia a las contradicciones y a la resistencia, ha quedado patente que la palabra oficial es digna de confianza. Este año bajará sensiblemente el índice de la presión inflacionaria, no obstante el acto de justicia de incrementar la remuneración de los servidores públicos que se ha llevado hasta donde se puede llegar razonablemente. Este año habrá un crecimiento moderado pero firme, del producto interno.

La agricultura creció en 1996 un 3,04%. El subsector vegetal fue el de mayor crecimiento (4,7%) por el aumento de la producción de textiles y oleaginosas, raíces y tubérculos, hortaliza, café y cacao. Se ha hecho en el sector un gran esfuerzo de diálogo; se han institucionalizado 22 Consejos Consultivos, con reuniones mensuales en las que participan todos los integrantes de las cadenas agroalimentarias. El diálogo ha sido y es también el camino que mantenemos para el actual conflicto entre productores y agroindustriales, debido a la dificultad de colocar algunas cosechas por la diferencia de precios con los productos importados. Personalmente me he interesado en buscar una solución conveniente, dentro de los parámetros de las normativas vigentes, en el estado de derecho.

Este año se pondrán en movimiento los programas acordados con las industrias y con las diversas ramas del sector privado empresarial y laboral para aumentar la competitividad de nuestra producción y para insertarla con éxito en un universo cada vez más globalizado. Se llevará adelante, conforme ha sido programado, el proceso de las privatizaciones, tomando debidamente en cuenta las aspiraciones justas de los productores y consumidores nacionales. Los inversionistas domésticos y foráneos pueden contar con efectivas garantías para sus actividades legítimas. La estabilidad lograda en la Agenda Venezuela será el asiento sólido para la reactivación económica y social en la cual estamos empeñados. La venta de las acciones de la CANTV y de los bancos asumidos por FOGADE, son entre otras, señales muy optimistas. Y la participación ciudadana ha sido muy estimulante.

Palacio de Miraflores 1997
Simpatizantes del presidente Caldera congregados a las afueras del Palacio de Miraflores.

La reforma del Estado, la descentralización y la vivienda

Todo ello será cumplido dentro del proceso de reforma del Estado que estamos realizando. Doce Ministros han presentado ya propuestas de reestructuración y de ellas, seis han sido definitivamente aprobadas. El programa comprende ya diversos entes de la administración descentralizada. Y en cuanto al proceso de descentralización en el orden regional y local, se continuará con seriedad y con la necesaria consideración de los intereses colectivos que es indispensable preservar. El FIDES (Fondo Intergubernamental para la Descentralización) está financiando nuevos proyectos, por casi 80 millardos de bolívares, comprendiendo entre ellos la dotación necesaria para los cuerpos de seguridad. La descentralización del deporte ha dado ya positivos resultados, como lo demostraron los XI Juegos Nacionales juveniles celebrados en Trujillo, que constituyeron un verdadero éxito.

Uno de los programas en que ha funcionado bien la coordinación entre la administración nacional y las administraciones regionales y sectoriales ha sido el de la vivienda. La construcción de unidades habitacionales por el INAVI, por los institutos regionales de viviendas, por las Entidades de Ahorro y Préstamo, por la sección de Vivienda Rural, por el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, por el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Magisterio, entre otros, no se ha interrumpido. Y la labor silenciosa de «Fundabarrios» para urbanizar las áreas marginales ha beneficiado a muchas decenas de millares de familias residentes en las zonas menos favorecidas de las ciudades.

La reforma constitucional y los 40 años de la democracia

Para impulsar el cambio que el país requiere se hace ineludible incidir en un tema en el cual he insistido muchas veces. La reforma constitucional que ha sido propuesta fortalecerá el sistema democrático, dándole a la democracia representativa un mayor basamento de democracia participativa y facilitará la actualización de algunos aspectos funcionales, entre ellos en primer término la rama judicial. Hay tiempo todavía para realizarla en este período. Sólo falta la voluntad política de poner por obra el cumplimiento de este compromiso nacional.

La Constitución de 1961 ha demostrado en el tiempo su excelencia. Mantenerla es un deber sagrado; perfeccionarla es una exigencia derivada de la renovación de los tiempos.

El próximo 23 de enero van a cumplirse 40 años del régimen democrático, sin interrupción. Muchos avatares, dolorosas tragedias, vergonzosos paréntesis marcaron la historia del país desde la independencia hasta 1958. De Carabobo a Puntofijo –vale decir, desde la batalla que consolidó la Emancipación hasta el compromiso político que se conoce generalmente por aquel nombre- fueron varios los momentos de ilusión pero fueron más las etapas de frustración en la lucha de los venezolanos por su derecho a plantear la libertad sobre el miedo y a elegir a sus propios gobernantes. Yo he invitado e invito a mis compatriotas a debatir durante este año de 1997 sobre el significado de estos cuarenta años de democracia.

Tengo la convicción de que han constituido la etapa más importante en la vida de nuestra República después de los días gloriosos de la lucha por la Emancipación. Errores ha habido, no puede negarse, graves, sin duda, sobre todo en las últimas décadas; pero ellos no borran el saldo positivo en la transformación del país. El cambio político y cultural ha sido radical, pero la obra material ha tenido también inmensas proporciones. Un análisis serio y objetivo en el campo de la educación, de la salud, de la industrialización, de la vialidad, de la ordenación territorial y urbana, del manejo de los recursos naturales, del fortalecimiento de las regiones, presentará sin duda fallas, de las cuales se nos habla a diario –magnificándolas, por cierto- pero hay un saldo ampliamente positivo, cuyo reconocimiento servirá para liquidar la tendencia malsana de sublimar la imagen de los tiranos y engrandecer sus obras.

Coincidirá, además, el año con la preparación de la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Como anfitriones, hemos escogido por tema central el de los valores éticos de la democracia. Insistimos en que la democracia no es sólo una forma de gobierno, sino un sistema de vida que reclama la proclamación y defensa de los valores éticos que lo nutren. Sé lo difícil que es la lucha contra la corrupción, un monstruo que acecha constantemente y que reaparece donde menos se espera. Sé que cortadas las cabezas de la hidra, retoñan a cada momento; y los propios derechos y garantías que la democracia sustenta sirven a menudo de paraguas a los culpables, los cuales apelan a la vieja táctica de hacer denuncias falsas contra quienes ponen empeño en depurar el comportamiento colectivo. La Convención Interamericana contra la corrupción, aprobada en Caracas, refuerza nuestra autoridad para insistir en este tema.

Se siente a menudo  la queja de que los mismos valores éticos han perdido para muchos su vigencia porque un pragmatismo devastador coloca los intereses materiales por encima de los ideales. Pero ello mismo nos incita a luchar. Y esperamos que a lo largo del año se hagan debates esclarecedores para que nos esforcemos en depurar las democracias iberoamericanas de los vicios morales que las afectan; para que logremos una mayor diafanidad en los procesos electorales, para que estimulemos a los medios de comunicación a darnos la información veraz a que tenemos derecho, para afinar los mecanismos aptos para evitar y sancionar las manchas de deshonestidad en la conducción de los negocios públicos.

Estoy seguro de que la imagen de Venezuela saldrá robustecida de la VII Cumbre Iberoamericana. Debemos tener plena conciencia de que el compromiso es de todos los venezolanos.

Un país más gobernable

No me cansaré de proclamar la solidaridad. No me cansaré de predicar el optimismo. No me detendré en el propósito de «armar el rompecabezas». No me cansaré de manifestar el orgullo de ser venezolano.

Me estremezco de satisfacción cuando veo auditorios calificados de otros países emocionarse con la ejecución de nuestras orquestas juveniles e infantiles. Pienso que allí, en esa demostración de talento y disciplina, esos muchachos dan una señal que no tiene por qué no representar a todos los integrantes de las nuevas generaciones.

Creo en la tarea que nos ha asignado la historia.

Tengo plena confianza en que entregaremos, a los gobernantes que el pueblo elija en 1998, con el favor de Dios (y aunque no le guste al astrólogo) un país más gobernable, más solidario, más preparado para conquistar a grandes pasos el desarrollo a que tiene derecho.

 

Ciudadanos Senadores.

Ciudadanos Diputados.

Rafael Caldera en el Palacio de Miraflores 1997
El presidente Rafael Caldera recibido por sus partidarios en el Patio Central del Palacio de Miraflores.

Cuarto mensaje del Presidente Rafael Caldera ante el Congreso Nacional (1998. Segundo Gobierno)

Rafael Caldera segundo gobierno
El presidente Rafael Caldera ofreció su tercer mensaje al Congreso Nacional el 12 de marzo de 1998.

Mensaje Presidencial

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

En cumplimiento de una disposición constitucional vengo hoy a presentar ante ustedes mi penúltimo mensaje al Congreso en el actual quinquenio presidencial. Corresponde su contenido el año de 1997, pero es imperativo hacer referencia al presente año de 1998.

En cualquier ocasión anterior, una baja acentuada de los precios del petróleo habría constituido una verdadera tragedia. En este momento enfrentamos esa situación y puedo afirmar que estamos mental y materialmente preparados para superarla. La economía está funcionando sobre bases sólidas y el régimen fiscal se halla en condiciones de soportar las consecuencias del deterioro de los precios de nuestro primer artículo de exportación.

La reforma del régimen tributario emprendida desde los inicios del presente quinquenio, ha sido orientada precisamente, por el propósito de que el fisco nacional no esté permanentemente bajo una espada de Damocles, a saber, las alternativas de un mercado petrolero errático. En cuanto a la actitud mental de los venezolanos y extranjeros que confluyen en la actividad económica, hay la convicción de que las circunstancias internas y externas ofrecen perspectivas favorables para producir y para exportar por encima de cualquier contingencia, por importante que sea. Más bien, la actual constituye un estímulo para producir más, para exportar más, para continuar en la etapa de  reactivación económica de la Agenda Venezuela.

Los precios del petróleo

Enfrentamos el problema de los precios del petróleo con serenidad y con firmeza. No se puede atribuir la baja reciente al hecho de que Venezuela produzca por encima de las limitaciones que con una rigidez extemporánea se pretende imponer por el actual sistema de cuotas de la OPEP. Somos fundadores de la OPEP y tenemos por el ella el mayor afecto. La hemos defendido en todas las circunstancias y estamos dispuestos a contribuir con nuestro esfuerzo a su mayor auge y consolidación. Pero debemos reconocer que la OPEP ya no tiene el control que en otro tiempo pudo ejercer sobre el mercado. De los 75 millones de barriles diarios que actualmente se producen en el mundo, la OPEP solamente aporta 28 millones. Es, sin duda, una cantidad importante que le permite ejercer innegable influencia, pero la obliga a mirar con reservas la posición de aquellos que creen que basta reducir unos cuantos centenares de miles de barriles de la cesta OPEP, para que los precios suban automáticamente.

El petróleo se produce porque el mercado lo consume. La reducción, por parte de uno o varios exportadores, lo que hace es crear un espacio que inmediatamente es llenado por otros, miembros o no de la Organización. Estamos dispuestos a participar en un análisis serio del mercado y a promover entendimientos razonables y justos para que cada uno aporte lo conveniente, tomando en cuenta su capacidad de producción, sus reservas probadas, y todas las circunstancias que influyen en la mercabilidad del combustible.

La OPEP tiene que hacer un estudio inmediato y a fondo de las perspectivas del consumo de energía en el Universo, la cuestión de los cambios climáticos y la posición de algunos países desarrollados en torno a este tema que reclama una respuesta serena, bien documentada y correctamente orientada. Hemos propuesto una reunión de la OPEP con los principales exportadores de petróleo que no pertenecen a la organización, para dialogar, con buena fe y sanos propósitos, armonizar los planes productivos, no sólo en beneficio de los propios exportadores, sino para atención y beneficio de los consumidores, con quienes debe mantenerse un intercambio fructífero y para garantía de las generaciones del porvenir.

La cuestión de la energía reviste una cada vez más alta prioridad en las preocupaciones de todos los gobiernos. Las importantes reuniones que se han celebrado el pasado año, de muy alto nivel, algunas de ellas en Venezuela, son índice elocuente de lo que acabo de afirmar, y puedo decir, sin ningún género de dudas, que en ellas nuestro país ha estado dignamente representado y que nuestros planteamientos y reflexiones gozan de consideración y respeto en los países concurrentes.

En cuanto al problema de los precios, debo ratificar que no aspiramos a tasas desproporcionadamente altas. No estamos pensando en una escalada, como la que por razones perfectamente explicables ocurrió en la década de los años 70. Consideramos, por otra parte, que sería insensato un descenso a niveles que produzcan situaciones críticas a quienes implicaría vender por debajo de su costo de producción, obligándolos a adoptar medidas drásticas, inconvenientes para todos. Venezuela, afortunadamente, tiene un costo de producción que le da amplio trecho para resistir las maniobras de los manipuladores del mercado. Por otra parte, las expectativas a mediano y largo plazo presentan un cuadro ventajoso para los países productores y consumidores, en general.

Nos mantenemos, por tanto, firmes en nuestra posición, con la conciencia de la importancia del petróleo, por sí mismo y por todas las circunstancias que le son características, no solamente en el aspecto económico, sino en los aspectos político y social concernientes a nuestro pueblo y a todos los demás pueblos del mundo.

La baja de los precios del petróleo ha dado mayor justificación y ha tenido efectos cuantitativos sobre el proyecto que habíamos anunciado a fines del año 97, de la reducción severa del gasto público. Todos sabemos los inconvenientes que esto implica y nos duele disminuir las cantidades asignadas a numerosos proyectos en los cuales tenemos patriótico interés. Pero también sabemos que el compromiso de lucha contra la inflación, que es uno de los más importantes de la Agenda Venezuela, representa el mayor servicio que podemos hacerle a la población, especialmente a la de modestos recursos. Esa lucha contra la inflación no es fácil ni grata. Pero es indispensable. Y esto lo deben entender todos, el sector público y el sector privado, porque a todos nos corresponde una parte en el proceso de ejecución y a todos nos llegan los efectos en la medida en que cumplamos este compromiso.

Debo al respecto observar que, no obstante el programa de recorte del gasto público, hemos considerado nuestro deber responder a las exigencias legítimas de mantenimiento del valor real del salario mínimo de los trabajadores. Nuestra tesis ha sido la de que ese aumento debía limitarse estrictamente al porcentaje en el cual estimamos la tasa inflacionaria en el año de 1998. No obstante esto, en obsequio a la armonía social llegamos un poco más arriba, concesión hecha a cambio de la confirmación y vigencia del sistema tripartito que ha venido funcionando en materia de trabajo y de seguridad social: una de las conquistas más importantes que se han logrado en el actual quinquenio constitucional.

La sólida base social que los acuerdos tripartitos dan a las disposiciones logradas, los acuerdos alcanzados para la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y para la elaboración del proyecto de Ley Marco de la Seguridad Social, y el entendimiento para la formulación de los otros proyectos pertinentes a la seguridad social integral, constituyen un logro de tal magnitud que si no se hubiera obtenido sino eso en materia laboral y de seguridad social, esta conquista invalorable justificaría el esfuerzo realizado durante el quinquenio.

(A propósito del salario mínimo, cabe observar que el de Venezuela, estimado en divisas de cambio internacional, es de los más altos de América Latina, mientras que los sueldos de los altos funcionarios de la Administración Pública son los más bajos del Hemisferio. Y aún más, para dar ejemplo, éstos se han rebajado en un 10%, detalle que revela la permanente preocupación del Gobierno por atender los reclamos de la justicia social).

Segundo gobierno Rafael Caldera.
Una de las conquistas más importantes logradas en el quinquenio 1994-1999 fue la confirmación y vigencia del sistema tripartito, el cual repercutió de manera positiva en la vida laboral y seguridad social del país.

El sector agropecuario

El mismo propósito de diálogo existe en cuanto al sector agrícola. Un sector que es el que mayores dificultades encuentra como consecuencia de las corrientes globalizadoras que existen actualmente en el mundo. He dicho muchas veces, y creo que no es ocioso repetirlo porque parece que hay gente que no lo entiende, que el proceso de globalización no es una opción a discutir, no es una tesis de la cual se puede disentir para adoptar una posición opuesta. La globalización es un hecho universal que se manifiesta cada día más de manera ineludible. Reconocido el hecho, lo que nos toca es planificar las conductas que debemos seguir para tener éxito en un mundo globalizado, lo cual nos lleva a darle la mayor importancia a dos conceptos: productividad y competitividad. Esto lo han comprendido muchos industriales venezolanos, con positivos resultados. La nueva política industrial estimulada por el recién creado Ministerio de la Industria y Comercio y por el Banco de Comercio Exterior es un hecho, y el aumento de las exportaciones no petroleras, que fue de un 13% en relación al año anterior, así lo comprueba.

Lo comprenden también muchos agricultores y criadores, pero debemos admitir que existen condiciones como el clima, las posibilidades de la tierra, los métodos tradicionales de producción, que nos obligan a adoptar medidas de excepción, dentro de una provisionalidad que puede durar todavía algún tiempo y en la cuantía en que la permitan los compromisos internacionales que hemos suscrito y que estamos en el deber de preservar.

Los problemas puntuales del agro venezolano no se deben a falta de producción, sino más bien a lo contrario. Hay cosechas que no se han podido colocar en una forma rápida y conveniente y hay costos de producción que superan los precios del mercado internacional. Para atenderlos se han adoptado diversas medidas en cuanto ha sido posible. Las quejas de los productores son justificadas y quisiéramos haber logrado soluciones más rápidas, pero las propias condiciones hacen difícil la tramitación de las decisiones tomadas y se demoran más de lo que quisiéramos. Con absoluta responsabilidad llevamos adelante la tarea, observando, en medio de todo, que la producción del sector ha crecido, a pesar de algunos factores adversos (porque no hemos estado indemnes de los efectos nocivos que el fenómeno denominado «El Niño» ha causado en todas partes).

El diálogo, que ha sido nuestra norma en las cuestiones de trabajo y seguridad social, lo ha sido también en las relaciones entre productores, agroindustriales y el Gobierno, sin desconocer los intereses de los consumidores. Tengo plena conciencia de la importancia que el sector agropecuario reviste en el país, por razones de seguridad alimentaria y de carácter económico y social. Soy nativo de un estado por excelencia agrícola. Todo lo que yo pueda hacer a favor de la agricultura lo hago con el mejor deseo de responder a las inquietudes y preocupaciones de tan importante sector de la vida nacional.

Empleo, producción y pobreza

Estoy convencido de que la primera necesidad del país, desde el punto de vista económico, controladas las terribles circunstancias de la crisis que tuvimos que vencer, es producir. Estamos interesados en estimular la producción, para lo cual debemos agotar todas las posibilidades, todas las perspectivas. El programa de empleo joven, que ofrece preparación en oficios convenientes a muchachos que no tienen escolaridad ni trabajo, ha sido acogido con entusiasmo por todos los que han tenido ocasión de observarlo o de participar en él. El Programa se ejecuta en coordinación con las gobernaciones, alcaldías y organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas impregnadas de un intenso celo apostólico. Ese esfuerzo solidario garantiza y multiplica el resultado.

El reconocimiento de que la pequeña y mediana empresa constituye uno de los mejores vehículos para enfrentar el problema del desempleo, nos lleva a atribuirle prioridad. Es algo en lo cual tenemos gran interés y lo seguiremos demostrando, convencidos que en la Venezuela del siglo XXI será uno de los resortes más importantes de la vida económica y social.

La Venezuela en que vivimos, la Venezuela que amamos, la Venezuela que nos inquieta y nos angustia, la Venezuela que nos reclama y nos critica, es un país integral y nuestra obligación es atenderla, estimularla. Nuestro deber es confiar en ella.

Debemos enfrentar los grandes retos, desde la educación y la salud, hasta la seguridad ciudadana y, por supuesto, el problema de la pobreza. Estamos convencidos de que no basta lograr una economía sana, sino que esta economía debe ser complementada con firme ejecución de los programas sociales y con recta orientación y estímulo para que los objetivos macroeconómicos puedan traducirse en oportunidad para una vida mejor y más humana por parte de los sectores que se encuentran en los estratos más humildes de la comunidad. No somos neoliberales: reconocemos y garantizamos la libertad de la iniciativa privada y del mercado, pero defendemos la obligación del poder público y de la sociedad civil de esforzarse en abrir caminos para una más equitativa distribución de los bienes.

Atención prioritaria a la educación

Le hemos dado a la educación la atención prioritaria que merece, convencidos de que es el «canal mayor» para llegar a un futuro mejor. No es tarea fácil, ni de pocos días. Requiere un gran esfuerzo y una voluntad recia, pero el propósito nos lleva hacia adelante y los resultados se verán. La dignificación del docente ha sido punto de partida. Su remuneración era, indudablemente, muy baja en el cuadro de la Administración Pública. En promedio, el aumento acordado en 1997 alcanzó a un 110%. Los maestros están hoy entre los profesionales mejor remunerados de la Administración Pública. Ello, además de otros beneficios que significan mucho en la vida profesional. Hoy la enseñanza constituye una ocupación atractiva. Nuevamente comienzan a aparecer vocaciones que en un momento dado escaseaban y parecían tender a la desaparición. Se ha puesto empeño en que se haga inmejorable la educación básica, pues la experiencia demuestra que sus fallas se reflejan en el nivel de la educación superior y en la totalidad de las actividades. El cambio curricular en la educación básica ha sido dirigido al fortalecimiento de los valores esenciales de la persona humana y del ciudadano, elemento básico de la nacionalidad.

El programa «Bibliotecas de aula» marcha felizmente. El de «Alimentación escolar» cubre ya más de un millón de alumnos. Se ha atendido la planta física en numerosas escuelas, dando preferencia a las que fueron destruidas y dañadas por el movimiento sísmico que afectó a poblaciones del oriente de la República. El programa «Cada empresa una escuela» y los cursos de formación profesional en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y en las escuelas técnicas, han recibido renovado impulso. El uso de los medios modernos de informática y comunicación han dado nuevo estímulo a la labor educativa.

Los problemas de la educación superior han sido vistos con el interés que su propia naturaleza impone. Hemos insistido en que las relaciones entre las universidades y el estado no pueden limitarse a la recurrente discusión de un contrato colectivo de trabajo. Se ha creado la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior. Se le ha propuesto a las universidades un nuevo trato que estimule el rendimiento y recompense el mérito en el profesorado. La búsqueda de nuevas rutas a través de las cuales la universidad pueda generar sus propios recursos y alcanzar un balance equitativo entre lo asignado a la educación básica y media y lo correspondiente a la educación superior, es tarea que se aborda sin actitudes preconcebidas y sin intenciones polémicas. Abrigo la esperanza en que las universidades y los institutos de educación superior, por una parte, el Congreso de la República, que ha manifestado preocupación por este tema, por la otra, y desde luego el Gobierno Nacional, alcancen soluciones convenientes para todos y adecuadas al intenso y voluminoso crecimiento que la educación superior ha tenido en Venezuela en los últimos 40 años.

Si de algo puede ufanarse la democracia venezolana al cumplir 40 años de funcionamiento ininterrumpido, es del esfuerzo gigantesco hecho para el impulso de la educación.

Rafael Caldera 1997
Como parte de los programas sociales de la Agenda Venezuela, se inauguró una red de farmacias populares y se constituyó el SUMED, sistema en el cual el Estado subsidiaba el costo de las medicinas, lo que hacía que el usuario solamente pagara el 20% de las mismas.

La salud, preocupación constante

La salud, como la educación, ha sido como debe ser, una preocupación constante del Estado. Por supuesto, en relación al personal médico, nos hemos esforzado en reconocerle un mejor nivel de remuneración, aun cuando también insistimos en que la problemática de la salud no puede centrarse en la discusión de un contrato colectivo de trabajo entre el Estado y los profesionales que prestan tan importante y delicado servicio.

El programa de descentralización de los servicios médicos asistenciales sigue adelante, si bien es cierto que la condición de liberar las obligaciones laborales para que los estados reciban las instituciones respectivas ha sido obstáculo para que el proceso marche con toda la velocidad que quisiéramos.

El alto costo de los medicamentos es otro de los numerosos –pero no menos importantes- problemas que enfrenta la población de manera sensible. Los productores reclaman precios más altos con razones de peso, pero el costo se siente cada vez más gravoso en la economía familiar. Se están haciendo renovados esfuerzos para que el recurso de los medicamentos genéricos se haga más accesible. Se ha recorrido también la iniciativa de farmacias populares que venden los productos con un fuerte descuento; y el SUMED, sistema en el cual el Estado subsidia con un 65% el costo del producto y el farmacéutico un 15%, lo que hace que el usuario solamente pague un 20%, es uno de los programas sociales de la Agenda Venezuela que ha tomado más tiempo en extenderse, pero ya va avanzando de manera firme.

Programas sociales y vivienda popular

He hablado brevemente de dos necesidades básicas como son la educación y la salud. Los recursos que corresponden a estas dos necesidades sociales son sin duda la parte más importante del gasto público dedicada a la cuestión. Pero los programas incluidos en la Agenda Venezuela constituyen otra demostración de que la política del Estado no se orienta simplemente hacia la liberalización de la economía, sino que tiene una preocupación seria por compensar, de alguna manera, la situación de los sectores más desfavorecidos.

Para asegurarse que estos programas cumplan a cabalidad sus objetivos, se designó una comisión especial de seguimiento integrada por representantes de todos los poderes públicos y de la sociedad civil, presidida por el ilustre Arzobispo de Valencia, Monseñor Jorge Urosa Savino, la cual ha cumplido una labor de examen, de análisis y de orientación a la que atribuimos un inmenso valor, por su rectitud, por su seriedad, al mismo tiempo que por su decidida voluntad de hacer que esos programas alcancen a plenitud las metas que les han sido fijadas.

La labor del Gobierno en el año de la cuenta se describe extensamente en el Mensaje que presento y en las Memorias de los respectivos Despachos Ministeriales, pero no debo omitir la debida referencia a algunos aspectos de la gestión.

Dentro de las labores de infraestructura ha habido especial interés en mantener vivo el programa de la «Vivienda popular», el cual se ha hecho más exigente en los últimos tiempos por circunstancias de todos conocidas. Los elevados costos de la construcción, el valor alcanzado por la propiedad inmobiliaria, el monto de los intereses bancarios, en fin, las consecuencias de la inflación, pesan gravemente sobre el sector. No obstante, se han mantenido y revitalizado programas y se ha motivado a los gobiernos regionales y a los alcaldes para cooperar en la ejecución de los mismos, que tienden a aliviar el déficit de soluciones habitacionales.

Sostenemos con plena convicción que el primer elemento para enfrentar los problemas sociales es la unidad familiar y si la familia es la cédula fundamental de la sociedad, la vivienda es la condición material para que la familia tenga vida sana y armónica. La construcción de viviendas al alcance de las clases menos favorecidas aprovechando los recursos de la Ley de política habitacional, las partidas presupuestarias e iniciativas de diversas instituciones públicas y privadas, ha sido preocupación constante del Gobierno. El «Programa de equipamiento de barrios», a través de «Fundabarrios», para dotar de los servicios indispensables, como agua limpia, eliminación de aguas servidas, vialidad, locales comunitarios, espacios deportivos, capillas religiosas y otros servicios útiles para la comunidad, y al mismo tiempo tratar de mejorar viviendas que lo permiten, es un hermoso programa de efectivos resultados.

Visítese, por ejemplo, el Barrio El Limón, al margen de la autopista entre Caracas y La Guaira y véase cómo las obras de consolidación y de transformación realizadas convierten a un barrio en una verdadera urbanización popular y producen una efectiva transformación en el propio ánimo de sus pobladores, que cada vez se comportan más y más como una comunidad integrada y progresista.

En la sola zona metropolitana, «Fundabarrios» actualmente está atendiendo la transformación de 82 barrios que cubre un universo de 120.000 familias.

Obras de infraestructura y concesiones. El problema del agua

No obstante la limitación de los recursos presupuestarios, los Ministerios de la infraestructura han continuado su labor, construyendo obras y elaborando planes de ordenación urbanística de gran importancia para el futuro. Mindur ha construido obras médico-asistenciales y de educación básica y diversificada, de educación superior, de cultura y deporte. En cuanto a las obras exigidas por los juegos deportivos nacionales, han sido y constituyen un verdadero y gran estímulo para la juventud. El complejo construido para los celebrados este año en Yaracuy es ejemplar por su primerísima calidad.

En cuanto a la vialidad, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha llevado adelante los programas en armonía con las gobernaciones de estado. Y se han superado, por fin, las dificultades creadas por la falta de antecedentes en el sistema de concesiones. Tengo la convicción de que el nuevo sistema vial entre Caracas y La Guaira, el segundo puente sobre el Orinoco, y otras vías de importancia, estarán ya avanzadas en su construcción antes de la terminación del año 1998, y estarán muy adelantadas las obras del ferrocarril de Caracas a los Valles del Tuy.

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables ha centrado sus principales preocupaciones en la preservación del ambiente y en la dotación de agua a las poblaciones. Las obras para asegurar el satisfactorio abastecimiento de Caracas es una prioridad. El acueducto regional del centro es ya una lograda realidad que sirve a Aragua, Carabobo y Cojedes. La atención diligente al desastre del acueducto regional del Táchira; el grave deterioro de Turimiquire; el problema del agua en Maracaibo y los planes que se desarrollan para esa gran ciudad en un futuro inmediato; el sistema hídrico de Falcón; la dotación de agua potable en Guanare, Carora y otras importantes poblaciones; la continuación de las obras del gran sistema de Yacambú; son algunas de las referencias que en esta materia se pueden hacer.

Supercarretera Mérida-El Vigía inaugurada por Rafael Caldera.
El 9 de octubre de 1997 (Día de la Fundación de Mérida), el presidente Rafael Caldera inauguró la Supercarretera Mérida-El Vigía.

Criminalidad, política penitenciaria y reforma judicial

El empeño constante por la seguridad personal ha sido una tarea difícil pero no estéril. Aunque no se han logrado todavía resultados satisfactorios, las estadísticas demuestran que las iniciativas tomadas y la acción constante para la protección de las personas y bienes de los venezolanos han reducido la criminalidad. Quienes duden pueden examinar las cifras. Pero no nos conformamos. Sabemos que ésta es la primera preocupación de los habitantes en todo el país. Por ello hemos dotado a la Guardia Nacional y a los cuerpos policiales dependientes del Ejecutivo Nacional con equipos motorizados para realizar la vigilancia de las calles y vías de Venezuela y hacemos todo empeño en reforzar su labor.

Es necesario, además, que se logre una coordinación eficaz de los distintos cuerpos policiales, ya que la existencia de organismos diversos, dependientes de diversas autoridades no contribuye al éxito de la lucha contra la delincuencia. En vista de la situación, hemos iniciado la tramitación de un proyecto de Ley orgánica para coordinar los servicios policiales y esperamos que sea considerada de preferencia por el legislador. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de la Ley de Vagos y Maleantes abre un espacio en la lucha por la seguridad ciudadana, por lo que encarecemos la tramitación y sanción de una ley que supla anterior y que, cumpliendo todos los requisitos exigidos por las normas constitucionales que protegen los derechos humanos, ofrezca mayores posibilidades en la lucha contra la peligrosidad.

La situación penitenciaria sigue siendo grave. El hacinamiento, por una parte, las dificultades en la tramitación judicial de los procesos, por la otra, y además la presencia en buena parte de un personal mal preparado y mal remunerado, susceptible de ser afectado por la corrupción, el tráfico de armas a través de todas las rejas, y el narcotráfico, que no respeta los muros de las cárceles, sino que penetra por todos los medios a su alcance y agrava la situación de los reclusos, han dado lugar a una serie de situaciones dolorosas, en las cuales los propios reclusos han sido a la vez victimarios y víctimas, provocando entre sí situaciones de verdadera carnicería que consternaron a la opinión pública.

Para atenuar el hacinamiento se han tomado medidas eficaces pero cuya ejecución ha consumido inevitablemente cierto tiempo. Los anexos de El Rodeo y Yare, que sirven al área metropolitana, el internado judicial de Mérida, el Centro de Rehabilitación Agrícola y Artesanal para el cumplimiento del último año de la pena, puesto en servicio de acuerdo con el INCE y las Diócesis de Guanare y el Centro de tratamiento para jóvenes penados por tráfico de pequeñas cantidades de estupefacientes, bajo la dirección de Hogares Crea de Maracay, permitieron poner en servicio 2.755 nuevos puestos. En lo inmediato entrarán en funcionamiento 1.645 plazas correspondientes al internado Judicial de Barquisimeto y se está terminando la ampliación y mejora de otros centros, tales como el Correccional El Dorado y la cárcel de Sabaneta en Maracaibo, con todo lo cual, después de la importante y significativa demolición del Retén de Catia, se habrán incorporado un gran total de 5.400 nuevos puestos, lo que mejora sin duda la situación existente.

Por otra parte, se está renovando el personal de vigilancia, escogiendo debidamente sus nuevos integrantes. Se están organizando los centros de reclusión para separar los penados de los procesados y poder iniciar la clasificación interna por delitos, a fin de darles el tratamiento adecuado, para lo cual se ha venido contratando personal profesional y técnico. Se levantó un censo completo de los reclusos, puesto al día con los más modernos sistemas de informática y se toman las medidas necesarias para verificar la marcha de los procesos y lograr una más rápida y eficiente administración de justicia.

A propósito de la reforma judicial, ésta continúa constituyendo una de las más exigentes necesidades de la reforma del Estado venezolano. La promulgación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal constituye, sin duda, una aportación importante del Congreso. Se trata de una renovación sustancial de los procedimientos y se han puesto muchas esperanzas en el nuevo sistema acusatorio y oral que habrá de seguirse. Estamos cooperando con el programa de transformación de las sedes de los tribunales para adaptarlas a las nuevas exigencias del procedimiento y esperamos se dé curso a las reformas propuestas sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales, concretamente del Consejo de la Judicatura.

La nueva ley sancionada por el Congreso para facilitar a través del arbitraje voluntario la solución de los asuntos comerciales, es una iniciativa digna de ser recibida con aplauso. Si hemos ejercido la atribución constitucional para pedir su modificación ha sido solamente porque una disposición referente a las personas morales de derecho público contiene una exigencia que podría permitir que la disidencia de un solo miembro de una junta directiva hiciese que el procedimiento naufragara. La modificación que proponemos es sencilla y esperamos se tramite con celeridad para que pueda entrar prontamente en vigor este instrumento legal.

A propósito de la delincuencia, debo observar que estamos haciendo un esfuerzo muy decidido en la lucha contra el narcotráfico. Venezuela, hasta ahora, no ha sido productora de substancias estupefacientes, por lo menos en medida de consideración, pero su situación geográfica y la amplia libertad que garantizan sus leyes hace atractivo su suelo como lugar de tránsito y sus instituciones financieras como refugio para el lavado de las cantidades obtenidas por este comercio contra la humanidad. Hemos asumido un papel decidido para combatir estos peligros. Designé un Ministro de Estado para darle mayor jerarquía y hacer más efectiva esta labor. Tanto desde el punto de vista interno, como desde el punto de vista de las relaciones con los demás países afectados, hemos logrado una franca y continua cooperación y los resultados se han dejado palpar.

Rafael Caldera y Pompeyo Márquez Ciudad Sucre 1997
El 28 de octubre de 1997 Rafael Caldera, junto al ministro de Fronteras Pompeyo Márquez, preside la ceremonia inaugural de Ciudad Sucre, poblado fronterizo del estado Apure.

Política de fronteras y desarrollo del Sur

Si en algún aspecto puede afirmarse que la República de Venezuela ha iniciado una política nueva y auspiciosa, es en lo relativo a la situación de nuestras áreas fronterizas. La Comisión para el Desarrollo Sustentable del Sur (PRODESSUR) ha continuado ininterrumpidamente sus importantes labores. El Consejo Nacional de Fronteras ha sido una institución caracterizada por el apasionado y patriótico empeño de hacer de las regiones fronterizas de Venezuela parte integrante de un país nuevo, con voluntad de desarrollo y con conciencia de soberanía. La política de fronteras ha combinado armónicamente la presencia militar y civil. Se ha requerido una inversión considerable y una alerta constante, por las circunstancias que se viven en la hermana República de Colombia, donde fuerzas irregulares actúan y han perturbado áreas limítrofes de nuestro país, han practicado secuestros con fines de financiamiento y han producido ataques e intentonas tendientes a crear confusión y atemorizar a la población para que se someta a sus requerimientos.

Dos teatros de operaciones se han establecido: uno en Guasdualito y otro en La Fría, con jurisdicción en los estados Apure, Táchira y Zulia, en la porción más expuesta a la perturbación de los irregulares. Las acciones militares han sido realizadas dentro de una atmósfera de franco entendimiento con las Fuerzas Armadas de Colombia y con las autoridades del vecino país. Se ha armonizado la presencia militar con la acción protectora, de apoyo y colaboración con la población civil.

El programa de desarrollo Antonio José de Sucre, la inauguración de la nueva Ciudad Sucre, en un lugar estratégico de la extrema línea fronteriza, la creación de un nuevo Comando Regional de la Guardia Nacional en el Estado Amazonas, son parte de los planes de atención a las necesidades de los estados que conforman la región sur de Venezuela. Esto forma parte de la voluntad inequívoca que hemos mantenido durante todo el período constitucional de servir al desarrollo sustentable del Sur y proteger y asegurar vida humana a las poblaciones de esta extensa porción del territorio nacional.

En medio de todos los problemas, Venezuela avanza. Es comprensible que la magnitud de las dificultades que hemos experimentado haya tenido como consecuencia el que no se tenga ojos para ver lo que se hace y apreciar la magnitud de lo que se realiza, puesto que no son cosas de días sino empresas cuyos resultados se harán patentes con el transcurso del tiempo.

La reforma del Estado y las privatizaciones

El caso de la Reforma del Estado es uno de los más elocuentes a este respecto. Laboriosamente se han hecho los estudios relativos a la reestructuración de diversos ministerios e institutos autónomos y empresas del Estado y ya varios han completado o adelantado su ejecución. Ha sido una tarea delicada, y como cada decisión implica la separación de sus cargos de un grupo más o menos numeroso de trabajadores, ha habido necesidad de proveer los recursos indispensables para compensar a quienes pierden su trabajo, a través de beneficios que van desde el pago inmediato y mejorado de las prestaciones sociales hasta la concesión de jubilaciones de gracia con una amplitud mayor de la que corresponda normalmente.

La selección de nuevos funcionarios ha sido hecha conforme a rigurosos exámenes de competencia y la eliminación de otros ha sido precedida de un diálogo intenso y cordial. Sin embargo, con frecuencia, mientras por un lado se nos pide mayor rapidez en la reforma del estado, por otro se anuncian conflictos cada vez que en los programas de reforma se hace indispensable prescindir de un grupo de trabajadores. La creación del Ministerio de Industria y Comercio y del Instituto de Comercio Exterior ha sido un ejemplo patente. El proceso llevó más de dos años y todavía, al final, hubo que realizar arduas gestiones para que se aceptara la solución exigida por la eficiencia e impuesta por la realidad.

Otro ejemplo elocuente es el proceso de las privatizaciones. Se nos achacaba con mucha desconsideración el que no se realizaba con la rapidez deseable este proceso delicado en su propia ejecución, para que correspondiera a los verdaderos intereses nacionales. Pero el proceso se ha cumplido a través de un intenso diálogo con los representantes de las fuerzas políticas integrantes del Poder Legislativo, con los sectores económicos, con las organizaciones laborales, con los gobiernos regionales interesados en el destino final de los bienes a privatizar. La privatización de SIDOR constituyó un verdadero éxito y si por una parte el consorcio que se adjudicó la nueva pro representa un conjunto de participantes de diversos países de América Latina, encabezados por inversores venezolanos, el producto de la venta está destinado a invertirse en fines que conjuguen armónicamente los intereses del Estado nacional con los de las regiones y con las poblaciones respectivas.

La privatización de SIDOR abrirá las puertas al crecimiento siderúrgico en magnitudes muy importantes, para aprovechar plenamente los recursos con que cuenta el país y generar inversiones creadoras de empleo y desarrollo, en armonía con la iniciación de nuevas empresas productoras de pellas cuya participación refuerza la condición de la Guayana venezolana como uno de los centros siderúrgicos más importantes del Universo. Uno de los compromisos de los adquirientes de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) es el de realizar importantes inversiones para desarrollar la empresa de acuerdo con las nuevas tecnologías y esta misma condición se establecerá a las que adquirieran el complejo de empresas de aluminio, con lo cual se romperá el estancamiento de esa industria y se obtendrán las inversiones necesarias para mantener su producción y generar empleo y riqueza para la región y para Venezuela.

En el sector eléctrico también se avanza el proceso de privatización. Son próximas las privatizaciones del sistema eléctrico del estado Nueva Esparta y se adelantan las de Enelbar, Enelven, Enelco y el sistema eléctrico de Monagas-Delta Amacuro. Todos estos procesos se han realizado con la mayor transparencia y cumpliendo todos los procedimientos legales y dentro del marco de una amplia consulta. Confiamos en que esta nueva actividad privatizadora, llevada a cabo con conciencia e interés nacional, abra la solución definitiva del problema de las tarifas eléctricas, que tanto mortifica a todos los venezolanos y que ha sido preocupación constante del Gobierno ante las situaciones impuestas por administraciones anteriores de las empresas y los requerimientos de los organismos financieros internacionales. A este respecto debo recordar que hemos presentado un proyecto de ley para regular al sector, que dará al poder público posibilidades de hacerlo más eficientemente.

La privatización de los hoteles de turismo ha sido también realizada en forma diáfana y eficaz. A este respecto quiero decir que Venezuela en el presente período constitucional ha establecido una verdadera política turística. Esa política turística se realiza con una coordinación muy franca y provechosa con los estados de las regiones más interesadas en este rubro tan importante para el futuro de la economía nacional. No obstante la baja estacional que produjo la salida de la línea aérea VIASA del mercado de transporte internacional, en el año de 1997 vinieron un total de 800.000 turistas, que se calcula produjeron un ingreso de 1.200 millones de dólares. Si solamente el resultado de la Séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se estimara en cuanto a la promoción de Margarita y del país en el mercado turístico, esto bastaría para justificar el esfuerzo cumplido en la celebración de aquel encuentro trascendental.

El turismo interno crece también constantemente. Las bolsas turísticas y vitrinas turísticas en diversos lugares del país y la regulación y control de los casinos y salas de juego mediante la legislación aprobada por el Congreso, son elementos de esta política turística. La proyección de nuestras posibilidades y de las bellezas de nuestro territorio, de las bondades de nuestro clima y de la cordialidad de nuestra gente le dan una perspectiva muy promisoria al turismo en escala mundial.

El país marcha hacia adelante

El país marcha hacia adelante. Ante el fracaso de sus predicciones agoreras, merma el prestigio de los astrólogos de la economía y los pronosticadores de desastres. Es cierto que la incomprensión llega a veces a tales niveles que se necesita mucha fe en el país, mucha convicción en lo que está haciendo para llevar adelante la tarea, pero también es cierto que se está viendo ahora el reconocimiento de que se hace todo lo que las circunstancias permiten, que a veces reclaman un esfuerzo sobrehumano.

El país marcha. Marcha la lucha contra la corrupción, que se trata de invalidar con acusaciones no comprobadas. Se pretende presentar esta administración como corrupta, a pesar de su desempeño por combatir este vicio tan asqueroso y destructivo. Todos los canales de la opinión pública están abiertos para denunciar y de ese derecho hacen uso con frecuencia, sistemáticamente, algunos que no tienen límite de en sus afirmaciones ni autoridad en sus antecedentes, y que buscan que el hecho de formular imputaciones reiteradamente deje una sombra en el ambiente, aunque no se comprueben.

Yo soy el más interesado en que se demuestren los hechos de corrupción para sancionarlos. No sería capaz de afirmar que no hayan ocurrido durante este período, porque el mal es muy arraigado, porque el vicio es muy inveterado, porque las circunstancias han sido muy proclives y porque la tentación acecha a los funcionarios, en forma insistente y perversa. Pero nadie podrá negar que hemos promovido un movimiento hemisférico, con repercusiones mundiales, en la lucha contra la corrupción. La Convención de Caracas es el primer documento internacional, realizado con planteamientos concretos, dentro de este orden de ideas, y la designación de un Comisionado de Vigilancia de la Administración Pública, y la manera tenaz y persistente con que realiza sus investigaciones y hace los planteamientos que considera justos para que se apliquen las medidas correspondientes, es una demostración de la firme voluntad de llevar adelante este combate.

Rafael Caldera en la VII Cumbre Iberoamericana. Noviembre 1997.
Los días 8 y 9 de noviembre, en la Isla de Margarita, se realizó la VII Cumbre Iberoamericana, con la asistencia de 23 Jefes de Estado y de Gobierno.

Política exterior y los valores éticos de la democracia

La Séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Margarita en noviembre de 1997, tuvo como tema fundamental los valores éticos de la democracia. Si no creyéramos en esos valores no habríamos tenido la audacia de proponerlos. Ese tema no se consideró solamente en la Cumbre propiamente dicha: a lo largo del año de 1997 se realizaron numerosos e importantes simposios, con la gente más calificada del hemisferio, para entrarle a fondo a los diversos aspectos que el tema general concita. Los documentos están a la orden y constituyen un severo compromiso, no solamente para éste sino para los otros gobiernos.

La imagen internacional de Venezuela es respetada. Las reuniones del Grupo Andino y del Grupo de Río, los frecuentes encuentros de los cancilleres en éste y en otros continentes, afirman el prestigio de un estado soberano, consciente de sus deberes y de sus posibilidades, amante de la paz y dispuesto a dar su contribución para la defensa de las instituciones democráticas y de la integración continental. Además de la asistencia a la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, en el año fuimos honrados con visitas de los Presidentes de República Dominicana, Suriname, Uruguay, Portugal y Colombia, del Primer Ministro de Trinidad-Tobago y otros altos dignatarios de países amigos y de organismos internacionales. La visita del Presidente de los Estados Unidos de América fue un acontecimiento positivo, realizado con cordialidad, con dignidad y con diáfano planteamiento de los asuntos que nos conciernen.

Las relaciones con los países vecinos son de plena cordialidad. Con Colombia se han superado los inconvenientes que podían generar incidentes fronterizos debidos a la acción de grupos irregulares. El comercio internacional ha crecido hasta el punto de que Colombia es nuestro primer cliente y nosotros somos el primer cliente comercial de Colombia, después de los Estados Unidos.

Las relaciones con el Brasil siguen siendo excelentes. El horizonte de posibilidades no solo no se restringe sino que cada vez más se expande. En materia de energía, en materia de petróleo, en materia de complementación económica, el camino está abierto y se ensancha progresivamente. En cuanto a Trinidad-Tobago se superaron las dificultades existentes en materia de pesquería y se firmó el acuerdo correspondiente. En lo que toca a la República Cooperativa de Guyana, se continúan cordialmente las conversaciones que se llevaron a cabo durante el Gobierno del lamentablemente fallecido presidente Cheddi Jagan. Con los vecinos del Caribe en nuestra frontera marítima tenemos amistad y comprensión. Hemos fortalecido la unidad del Grupo Andino y logrado, tras largas y repetidas conversaciones, un acuerdo marco entre el Grupo Andino y Mercosur.

Conmemoraciones

El año de la cuenta ha sido propicio para honrar la memoria de ilustres venezolanos en la ocasión centenaria o bicentenaria de su nacimiento. Augusto Mijares, Mario Briceño Iragorry, Isaías Medina Angarita, Santos Michelena, Diego Ibarra y Monseñor Salvador Montes de Oca. Hemos conmemorado dignamente el bicentenario de la Revolución de Gual y España. Nos preparamos para el Quinto Centenario de la llegada de los europeos a tierra firme y de su recorrido hacia el oeste por el mar Caribe hasta el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo. Una gran Comisión nacional encabezada por el ex presidente de la República, doctor Ramón J. Velásquez, ha aceptado el encargo de dirigir los actos conmemorativos de estos históricos acontecimientos.

También se ha dispuesto preparar la conmemoración del bicentenario del viaje del sabio Alexander Von Humboldt a Venezuela. Y para conmemorar el quincuagésimo aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer venezolana y en cumplimiento de lo acordado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, celebrada en Beijing, el Gobierno promulgó el Decreto que aprueba el «Plan nacional de la Mujer».

Armar el rompecabezas

Es grande, ciudadanos Senadores y ciudadanos Diputados, la tarea por realizar. Era materialmente imposible hacer más. La obligación fundamental ha sido armar el rompecabezas.

Con la colaboración de todos, con los acuerdos que, a pesar de la a veces confusa pluralidad de su integración, hemos celebrado con el Congreso, en armonía con las otras ramas del poder público y en observancia del precepto constitucional; con la comprensión que han demostrado los representantes de los sectores laboral y empresarial de la economía nacional; con la asistencia que a los problemas prestan, cada una dentro de su propia esfera, las autoridades religiosas y las organizaciones no gubernamentales; y con el respaldo decidido de las Fuerzas Armadas Nacionales a las instituciones jurídicas del país, que como su Comandante en Jefe me siento complacido al reiterar; vamos sorteando el escollo y dominando rutas.

Esas rutas nos obligan a la acción y constituyen una vigorosa invitación a las nuevas generaciones para que depongan cualesquier consideración mezquina y se entreguen con toda la capacidad de su inteligencia y toda la fuerza de su voluntad a la gran tarea de llevar adelante el desarrollo económico y social de Venezuela.

Está armado el rompecabezas. Confiamos en que no lograrán su propósito quienes intenten otra vez desarmarlo.

El panorama que se nos presenta es comprometedor. Nos obliga a todos a bregar, a trabajar, a producir, a crear.

Con Dios y por Venezuela, el objetivo final sigue siendo ¡triunfar!

Ciudadanos Senadores.

Ciudadanos Diputados.

Rafael Caldera 1997. Represa Macagua II en Puerto Ordaz, estado Bolívar.
Con motivo del 39 aniversario del 23 de enero de 1958, fue inaugurada en 1997 la Represa Macagua II en Puerto Ordaz, estado Bolívar.