1936. Enero, 15. El Universal: Política Social (Los grandes problemas nacionales)

Recorte de El Universal del 15 de enero de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Política Social

(Los grandes problemas nacionales)

Venezuela tiene que preocuparse hondamente en la consideración del problema del siglo, el problema social. Razones de justicia a la vez que razones de interés nacional imponen inaplazablemente la atención del Estado a la cuestión. Atención serena y razonada; atención a la vez general y concreta: general, por cuanto para orientarse es necesario conocer el ejemplo de países que hace mucho han ya considerado la materia, y basarse en la solución que a grandes rasgos ha delineado la justicia, concreta, porque ni basta ni conviene implantar generalizaciones ni imponer exotismos sin que preceda un conveniente estudio del medio social.

Igualdad, libertad y justicia

El desarrollo absorbente del individualismo, al pretender deificar a la igualdad, la libertad y la justicia, ha conducido paradójicamente a un resultado opuesto. Al legislarse para individuos teóricamente iguales se dejó en espantoso desamparo a los más débiles. La libertad  libérrima de contratar fue el arma más potente para el privilegiado, como lo hubiera sido para el cuerdo si un idealismo equivocado o un fementido altruismo, bajo pretextos de igualdad, hubiera dejado sin curatela al pródigo, sin tutela al demente.

La Historia ha demostrado hasta la saciedad la necesidad perentoria de que el Estado, ejecutor de la justicia, vaya a la defensa de ésta protegiendo al que es débil económicamente. Si él construye y sostiene hospitales en auxilio de aquellos que están corporalmente enfermos; si protege a los niños; si dentro del radio de la vida física defiende al agredido; debe añadir a estas encomiables actitudes la tutela del desproveído de recursos, que se encuentra por ello a merced del enemigo.

Los Estados modernos en su totalidad han reconocido el principio; Venezuela entre ellos. Por órgano de su Poder Legislativo, ha convenido en que el Estado tiene el deber de proteger al que trabaja. Nuestra ley positiva abre un pequeño campo para esa protección; campo que el egoísmo se negó a aprovechar.

Lo que permite hacer nuestra legislación obrera, ese pequeño campo referido, será el tema de un artículo próximo. La finalidad concreta del de hoy es recordar la necesidad de emprender de inmediato una política social que proteja como es debido al socialmente débil. La justicia, hemos visto, así lo pide; veamos ahora que un sano interés nacional también lo exige.

Dos extremos viciosos

La teórica libertad del igualitarismo ha garantizado un ambiente de injusticia porque los prepotentes se han cegado ante el afán del lucro. El elemento trabajador ha sido únicamente un instrumento de ambición y llega a estar privado de un mínimum de bienestar que moralmente debe asegurar el Estado. Esta tremenda situación lo exaspera. Se hace campo propicio para la agitación y el extremismo. Se torna en instrumento de agitadores hábiles que truecan sus legítimas aspiraciones de justicia en tremendos anhelos de venganza.

Mientras más ciegamente se empecina el sistema egoísta, más precipita la reacción que, desbordada, se hace incapaz de detenerse en su lugar cabal. Del uno se pasa inevitablemente al otro extremo que, aunque opuesto, es hijo del primero. La justicia es necesaria víctima de ambos.

Se impone adelantarse a la reacción. ¿Cómo? Restaurando el imperio de la equidad. Previniendo el mal antes de que se agrave. Es criminal esperar que las fuerzas sociales se desborden. Una sabia política social que proteja debidamente al trabajador hará imposible que los instigadores pagados para conmover los cimientos sociales, encuentren en los pechos nobles de nuestros ciudadanos un sentimiento de justa indignación, fácil de ser cambiado en odio destructor y anárquico, perjudicial a unos y a otros, criminal a la Patria, y sólo productivo para quien sabe quiénes que encontrarán su festín en la matanza.

Miremos al futuro

Fue la ambición desenfrenada la tara primordial del otro régimen. Ella azotó la vida nacional hacia la meta del extremo egoísta. Pero todavía es tiempo. Afortunadamente no ha sucedido en nuestra Patria lo que había consagrado la Historia como remate de las dictaduras: una anarquía feroz, u otra dictadura más fuerte aún que la anterior. La Providencia nos ha deparado el comienzo de una evolución pacífica: encaminémosla hacia el bien de la Patria.

El sistema ha cambiado. Yo sé que quien se encuentra al frente de los asuntos públicos tiene criterio y buena fe. De él, por tanto, debe esperarse que analice los problemas y los resuelva, pasando por sobre los ciegos y suicidas intereses de algunos. Y como consecuencia, adopte una política social que abarque conjuntamente dos procesos:

1º. Uno práctico hacia la efectiva realización de ciertos principios fundamentales de justicia;

2º. Otro ideológico por medio de una lenta y constante campaña de orientación en lo referente al problema social. Hay que hacer una exposición sencilla, clara, continuada y sobre todo competente, que haga saber al pueblo cuál es la justa solución de la cuestión social y el propósito y planes de los Poderes Públicos para llegar a ella; en qué consisten las doctrinas extremistas y cuáles son sus errores básicos, sus consecuencias desastrosas y sus funestos resultados históricos. Tal campaña ideológica es uno de los mejores obsequios que se pueden hacer a Venezuela. Su porvenir, así y no de otro modo, partiría de una sólida base.

 

Rafael Caldera R. 

1936. Enero, 17. El Universal: Lo que permite hacer nuestra legislación obrera

Recorte de El Universal del 17 de enero de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Lo que permite hacer nuestra legislación obrera

(Política Social)

Nuestra legislación obrera, de cuya real aplicación la historia pudiera reducirse a cero, tiene una vida teórica muy breve.

Su primera intentona fue la promulgación de la «Ley de Talleres y Establecimientos Públicos», de 26 de junio de 1917. Esta fue derogada por la «Ley del Trabajo», de 23 de julio de 1928.

Libertad protegida

La primera afirmación que hace la referida ley es la libertad de contratación del trabajo. Se imponía que el texto positivo recalcara el principio ante el abuso del patrono. Los míseros jornales han obligado a los trabajadores a solicitar avances a cuenta del trabajo; la deuda ha sido el yugo que lo ha reducido a una verdadera servidumbre. Más que fresco está en nuestra memoria el recuerdo de aquellas escenas en que la autoridad ha obligado a los pobres peones a trabajar para el amo acreedor.

De ahí la disposición terminante de que «Nadie podrá ser obligado por la fuerza a trabajar contra su voluntad. La violación de los compromisos lícitamente contraídos de trabajar o interrumpir el trabajo en determinadas circunstancias, sólo dará derecho a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios» (art. 1º. de la Ley del Trabajo).

El efectivo cumplimiento de esta disposición es uno de los primeros puntos que debe establecer el Gobierno en la realización de su política social. Su complemento necesario es la norma de que «Los salarios se pagarán exclusivamente en dinero… Queda terminantemente prohibido pagar a los trabajadores en fichas, o en monedas que no sean de curso legal» (art. 43); porque el desventurado sistema de las fichas es todavía instrumento de la esclavitud del peón.

Pero el principio de la libre contratación del trabajo no puede defenderse de manera absoluta. El empresario provisto de bienes de fortuna, árbitro de la competencia de los brazos (que aunque no se presenta de modo crudo entre nosotros por la escasa densidad de la población, sí existe, sobretodo en momento de crisis), está en capacitada posición para dictar él solo las condiciones del contrato de trabajo. Estas condiciones, a menudo inaceptables, deben ser soportadas por el trabajador, que no puede esperar en su casa que el otro las modere, pues tiene que asegurar el pan de su familia. Por eso las modernas legislaciones obreras, y entre ellas nuestra rudimentaria Ley del Trabajo, han tenido que señalar condiciones de orden público que (conforme al artículo 6º. del Código Civil) no pueden ser renunciadas ni relajadas por convenios particulares de las partes.

Así la libertad que establece la Ley del Trabajo es una libertad protegida: no la teórica libertad absoluta que supondría la no intervención de la autoridad pública. Importa recalcar este dato, porque ya ha eliminado la discusión sobre el problema fundamental de la necesidad y licitud de una política social por parte del Estado. Esta política social se traduce en una reglamentación social de la propiedad. La propiedad privada es un derecho natural del hombre, y son antijurídicas las doctrinas que pretenden destruirla. Pero el hecho mismo de su necesidad social supone su reglamentación social: la Historia no ha conocido nunca un derecho de propiedad ilimitado; aun en las épocas de su más absoluto desarrollo ha habido las llamadas servidumbres legales y la forzosa expropiación por razones de utilidad pública.

Por la Ley del Trabajo, nuestros legisladores han aceptado ya el principio del derecho y deber del estado en proteger al socialmente débil; señala condiciones higiénicas y morales, límite máximo de horas de trabajo, prohibición de trabajar los días feriados, indemnización de riesgos profesionales. Por lo tanto,

Ya tenemos la base

Ya tenemos la base para que empiece nuestra política social: el cumplimiento de la ley existente.

Hay que partir de la creación del Servicio del Trabajo en el Ministerio de Relaciones interiores, conforme lo autoriza el artículo 4º. de la Ley del Trabajo (y también el art. 1º. de la de Ministerios).

La dirección de ese Servicio del Trabajo debe estar encomendada a un ciudadano consciente, de cultura moderna que le permita sentir intensamente este problema, que tenga una formación básica, porque sin ella no es posible orientarse ante el cúmulo de necesidades y la variedad de legislaciones. Este Servicio realizaría estadísticas, prepararía material de futuras reformas. Estudiaría y clasificaría los diversos sistemas que se han adoptado en distintos lugares, preferentemente aquellos que han realizado gran labor social partiendo de una base anti socialista. Cierto es que nuestro medio es bastante diferente a aquellos, pero existe un aspecto universal que merece nuestro estudio detenido.

Además, inspectores

El mismo artículo 4º. de la Ley del Trabajo, antes citado, permite la creación de Inspectorías Especiales para velar por el cumplimiento de la Ley y de su Reglamento. Dicha creación no debe retardarse. Tales Inspectores, dependientes del Servicio del Trabajo para que la acción obedezca a un plan único, son presupuesto indispensable para que se lleven a cabal ejecución muchas disposiciones legales que son ahora letra muerta.

Ellos cuidarían de que el trabajo fuere prestado en condiciones: «1º. que permitan a los obreros su desarrollo físico normal; 2º. que le dejen tiempo libre suficiente para el descanso, instrucción, y para sus expansiones lícitas; 3º. que presten suficiente protección a la salud y a la vida de los obreros, contra los accidentes y las enfermedades profesionales; y 4º. que pongan a las mujeres y a los menores al abrigo de todo atentado a la moral y a las buenas costumbres» (art. 2º. de la Ley del Trabajo)

¡Cuántos talleres y fábricas se encontrarían que constituyen un atentado para la vida física y moral del obrero!

Ellos denunciarían cualquier disposición violatoria del art. 5º. de la Ley del Trabajo, que recalca la exclusividad de la competencia federal en la materia. Ellos harían que obtengan estricto cumplimiento las disposiciones referentes a los días hábiles para el trabajo y a la máxima duración de las jornadas. Ellos, en fin, no deberían permitir ninguna violación a las disposiciones referentes a las mujeres y a los menores, a los riesgos profesionales, a la materia y modo de pago de jornales, etc.

Este somerísimo estudio de lo ya existente indica cuánto se puede hacer de inmediato en el sentido de la política social, mientras se llega a elaborar un plan evolutivo de reforma de leyes y aun para elaborar esa misma reforma.

Rafael Caldera R.

1936. Enero, 22. El Universal: Preparando el mañana

Recorte de El Universal del 22 de enero de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Preparando el mañana

(Política Social)

Propicios, en verdad, son la hora y el campo para la realización de la política social de Venezuela. La hora nos coloca en condiciones de aprovechar la experiencia ajena. Su enseñanza nos permite tender con paso firme hacia aquello que ha dado el mejor resultado, sin tener que sufrir las dolorosas conmociones que en otras partes han precedido esas conquistas. Cuanto al ambiente, hay enormes riquezas y escasa población; y cuando comience a hacerse perceptible el aumento de ésta, ya deberá estar elaborado un programa que haya evitado las causas del mal: es bastante más fácil evitar causas que borrar consecuencias. De esta manera nuestra marcha al porvenir de nación grande no habrá de tropezar con el obstáculo fundamental que ha conmovido de raíz los Estados modernos.

Plan de trabajo

Una vez que el Ejecutivo Nacional haya aceptado la oferta que la Ley le hace (la disposición no es otra cosa que una oferta), proveyéndose de un organismo encargado especialmente del estudio del problema social, éste será el llamado a pesar las razones en pro de una o de otra medida y lentamente iniciará experimentaciones para seguirlas o troncharlas según sus resultados. El Ejecutivo en su carácter de empresario (me refiero a la actividad de Obras Públicas), ya ha mostrado una preocupación de justicia social. Ello es indicio de que también la revelará en su faz de guardián de las instituciones. Esta creencia que en mí existe me mueve a recalcar sobre el acierto en la escogencia previa de quien habría de ser el Jefe del Servicio del Trabajo en el Ministerio del Interior. Un individuo, por sobre todo, ecuánime; de gran calma, además, de modo que no se precipite a realizar sus planes sin oír a peritos de diversas clases: todo esto radicado en una sólida y moderna preparación intelectual. Una errada elección agravaría el problema en vez de resolverlo.

El nuevo Servicio del Trabajo habría de realizar conjuntamente dos labores: la investigación de las actuales circunstancias nacionales y el análisis de los principios y medios que han inspirado las legislaciones extranjeras.

Una vez que haya estudiado las medidas mejores y más prácticas y el proceso de su aplicación progresiva, y al mismo tiempo conozca las necesidades inmediatas en los diversos ramos y regiones del País, vendrá a considerar la adaptación de aquéllas a éstas.

La fijación de mínimos salarios, no en el texto legal, sino de modo práctico y equitativo en casos en que ciertamente la justicia está en quiebra; la implantación del seguro obrero; la participación del trabajador en las ganancias y su límite; la garantía contra una despedida infundada; serían problemas y remedios cuya necesidad, practicabilidad y regulación estarían al cuidado del Servicio. Por otro lado también habría de tratar éste de mejorar el sistema medio de vida del pueblo de toda la Nación, iniciándolo en el goce de la moderna civilización e inclinándolo a instituciones, como la del ahorro, que casi le son desconocidas.

Mirar al campo

En su labor, el Servicio debería fijarse de manera especial en el campo. Nuestro campesinado – esto lo digo especialmente por el del Interior de la República – se encuentra en bastante mayor abandono que el obrero de las poblaciones. El analfabetismo es absoluto; la protección de la autoridad, en algunos lugares casi nula. Enormes cantidades de tierras (incultas en gran parte) dan al latifundista un dominio absoluto sobre los peones. A la inmensa mayoría de éstos no se puede hacer ni aun cargos de nomadismo: ellos se encuentran, al contrario, pegados de manera estrecha a la tierra que los vio nacer. Muchas generaciones de trabajo en ella ¡y con frecuencia tienen que soportar vejámenes para no ser echados!

Conjuntamente con la escuela rural, hay que iniciar un procedimiento que remedie tan grave situación. Quizá convendría hacer que cada hacendado dotara al campesino de una extensión de terreno, variable según las circunstancias, fijada de manera equitativa. Esta extensión constituiría algo así como un sobresueldo, que no sería ganado en plena propiedad por el trabajador sino al cabo de cierto número de años de trabajar la tierra.

El amor a ese pequeño patrimonio lo ataría a su región y evitaría la congestión urbana. En el caso de una resolución de contrato de trabajo, debería investigarse si es falta suya o arbitrariedad del patrono: en el primer caso perdería su terreno; en el segundo, se le daría una indemnización, que sería un porcentaje del valor de la tierra de acuerdo con el número de años que en ella ha trabajado. Cada peón joven comenzaría desde una cierta edad a ganar su terreno: de esta manera a la finalidad social se uniría el móvil demográfico: la familia hallaría un incentivo poderoso para progresar.

Es una simple idea. Medítenla quienes estén avocados a ello: juzguen acerca de su necesidad y utilidad, de su capacidad o ineptitud para remediar el problema de sus posibles modificaciones. Carece de autoridad quien la propone; pero la buena fe excusa sus ideas. De cualquier manera, el principio se impone: hay que mirar al campo. En eso convenimos todos. Pero debe insistirse en que no basta proteger al agricultor: hay que hacerlo también con quien él trabaja. En muchos casos el beneficio del uno es el del otro; pero a veces el peón, que ha soportado más que nadie las épocas de crisis, es parco, bastante parco, en el aprovechamiento de la prosperidad.

Las clases medias

Hay, además, que fijar la atención hacia las clases medias. Una clase media numerosa es garantía del equilibrio del Estado. Cuando ella comienza a desaparecer para sumarse al elemento francamente pobre, la armazón social se tambalea.

No son los tesoros que afanan al rico ni la escasez que mortifica al pobre, el medio más propicio para las geniales concepciones artísticas, científicas, literarias, políticas. La clase media ha sido generalmente la llamada a dirigir la marcha de la humanidad. Hay que fortalecerla. Hay que prestar facilidades a este moderador necesario entre los intereses encontrados de ricos y pobres.

Una de aquellas facilidades es la de prodigar verdadero favor a la pequeña propiedad. Venezuela posee todavía abundancia de terrenos baldíos y no es difícil que la riqueza territorial del Estado aumente mediante reivindicaciones judiciales. Hay que valerse de ese medio para acrecentar el número de los pequeños propietarios del país, a quienes debe darse una protección tanto más grande cuanto mayor sea la pequeñez del patrimonio.

Conclusión

Son muchos los graves problemas por resolver que tiene Venezuela. Pero de los más importantes es el de la política social. Creerlo así es lo que me ha movido a tratar de que se enfoque hacia él la atención nacional, atención cuya manifestación, (resumiendo el contenido de lo que al respecto me he atrevido a insinuar), considero que debe comprender: a) la difusión de una sana doctrina social; b) la realización práctica de la justicia social en dos etapas: 1ª. una que aproveche la legislación existente mediante la creación del Servicio del Trabajo y sus anexos; 2ª. otra ulterior, la que tienda hacia el logro de una reforma progresiva, metodizada por aquel Servicio sobre la base establecida ya.

 

Rafael Caldera R.

1936. Febrero, 27. La Unión: Un Gigante

Recorte de La Unión (Órgano oficial de la Unión General de Trabajadores) del 27 de febrero de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Un Gigante

La agremiación obrera es un gigante. Por la fuerza que de ella surge, la ficción novelesca o fabulosa que inventaba seres humanos provistos de una magnitud extraordinaria, ha venido a cobrar realidad.

Es de los trabajadores la fuerza del número. Sentimientos y necesidades comunes prestan robusto fundamento a la solidaridad obrera. Sólo falta organización. Proveámoslas de organización, y las agremiaciones de obreros constituirán un factor decisivo en la vida social.

Así tendremos realizado el gigante. Pero ¿se ha meditado la responsabilidad que le incumbe por esa sobre fuerza?

Imaginemos por un momento el reino de la fábula; demos corporeidad material a esos seres fantásticos que usamos para impresionar la mente de los niños. Si esos gigantes hacen bien, merecen la gratitud eterna de los hombres. Si en lugar de intervenir se apartan, para dejar libre el campo a quienes menos fuertes, son sin embargo más audaces; si criminalmente permiten toda clase de males: esos gigantes merecerán escarnio, porque no supieron interpretar su responsabilidad que los obligaba a actuar y no a abstenerse. Pero si en vez de hacer el bien ni de abstenerse, el gigante se empeña en obra destructora, se ciega por el odio y desconoce los derechos ajenos, ¡ay!  de la sociedad que no puede atajar sus estragos y malditos por siempre los que usaron una superioridad que habían debido encaminar al bien de la Nación para, al contrario, debitarla y encarnecerla.

Una organización obrera encaminada al mal, encarnaría aquella fantasía del novelista que hizo Frankestein, creador de un superhombre con un cerebro de enfermo.

Hay que despertar en el obrero la conciencia de la organización. Hay que construir el cuerpo del gigante, mediante la estrecha relación y coordinación de sus células (los trabajadores) y el mejoramiento progresivo de cada una. Pero hay que ir sobre todo al cerebro. Este, la junta directora, merece la atención más esforzada y la vigilancia más alerta por parte de los mismos obreros; porque si al cuerpo del gigante ha de agregarse una cabeza sana, sus actos serán provechosos, gigantescamente provechosos, pero si el cerebro y el corazón están enfermos, –por más que el cuerpo esté, como ha de estarlo, lleno de buenas intenciones–, el resultado ha de ser, como el de la novela, macabramente trágico.

Trabajadores que leéis nuestro periódico: la «Unión General de Trabajadores» os invita a organizaros. Su voluntad está preñada de deseos de mejoramiento obrero, encaminados a una elevada finalidad social. Inscribíos en sus filas, para que vosotros mismos cuidéis de que no se pierda nunca el derrotero que el interés obrero y el patriotismo le han trazado.

 

Hermanos de patria que formáis una clase social, la que más necesita y la que más espera: hay que tener siempre presente la conciencia del propio valer. Debe el obrero convencerse de que es un tesoro la fuerza que tiene entre sus manos, para cuidarlo de manera solícita y no ponerlo en manos de agitadores sin escrúpulos que solo medran del malestar social, para evitar que nunca sea instrumento de ambiciones ruines. Organicémonos; y cuando organizados seamos una verdadera potencia, bajemos a la lucha a reivindicar nuestros derechos y a servir a la patria y a la justicia social, y que estemos avizores para impedir que se nos ultraje y se nos manche haciéndonos servir, mediante palabras envenenadas y engañosas, de instrumento de odios y venganzas personales ni de los sucios intereses de quienes quieran presentarse mentirosamente como sacrificados.

1936. Marzo, 14. El Universal: Ejército Apolítico (Piedra básica)

Recorte de El Universal del 14 de marzo de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Ejército Apolítico

(Piedra básica)

Contar con un Ejército apolítico es la primera necesidad de nuestra patria. Un ejército desvinculado de toda lucha por la conquista del Poder Civil será la llave de la estabilidad de la nación. Mientras exista el temor de que nuestras instituciones armadas obedezcan al Presidente de la República – su jefe nato según nuestra Constitución – sólo por el prestigio personal que la individualidad de X o de Z infunde, mucho podremos hacer en el sentido de formar una opinión nacional, pero esta opinión nacional no podrá cobrar realidad práctica ante la amenaza perenne de las bayonetas. Desde que Venezuela cuente con la neutralidad de las armas en la vida civil, y únicamente desde entonces, podrán con paso firme los ciudadanos guiar a la nación a la prosperidad, y luchar libremente por la conquista de la opinión según el criterio que juzgue cada uno mejor.

En mi concepto, la significación histórica fundamental que al General López Contreras debe corresponder en la Historia Nacional, es precisamente ésta: la apolitización del Ejército. Por un lado, su prestigio militar ha mantenido la cohesión de las fuerzas armadas y le permite dar a éstas la orientación que quiera infundirles; por otro lado, el patriotismo deberá decidirlo a enderezar la conciencia militar hacia la seguridad de la Patria en vez de encaminarla hacia la suya propia.

Oficialidad profesional

Indudablemente ha de ser el Servicio Obligatorio efectivo uno de los principales factores de apolitización del Ejército, porque mediante él concurren venezolanos de todas las regiones y de todas las tendencias, sin más conexión que el amor a la Patria. Una, a formar parte de la Defensa Nacional. Pero el eje fundamental de la apolitización es la creación total de una oficialidad de escuela que por principio aparte su mirada de los cargos públicos. Que se persuada que su misión es servir a la Nación y no servir a un hombre, y de que el escalafón militar no tiene intimidad ninguna con el escalafón político.

El militar tiene que convencerse de que fuera del radio de los empleos civiles tiene una misión muy elevada que cumplir; porque el Ejército es como símbolo viviente de la Patria, es garantía de su existencia, de su integridad y de su decoro. El debe saber de modo categórico que el premio de sus méritos no puede consistir sino en honores y ascensos dentro de la carrera a que se ha dedicado y en el respeto de sus conciudadanos. El debe dignificar, en fin, esa profesión noble que por virtud de los personalismos ha llegado a merecer a veces la ojeriza nacional.

Factor del caudillismo

Desde la guerra de independencia, nuestra Historia desgraciadamente ha tenido por norte un rumbo opuesto. La aspiración más íntima de todo militar ha sido el cargo gubernamental, su mayor ambición, la Primera Magistratura Civil de la República. Este fenómeno, una de cuyas causas principales estuvo necesariamente en la guerra, nos ha habituado a considerar indispensable que rija los destinos nacionales el militar más digno, el más valiente o el más afortunado. De lo contrario, sería imposible la estabilidad; porque el Ejército, estrechamente unido a las vicisitudes de la cosa pública, se parcializaría para hacer gobernar el país por la mano del miembro más destacado de su seno.

En tales condiciones no se podía aspirar que un Magistrado producto del Ejército tratara de destruir el mal que a él lo encumbró. Al actual Presidente, de quien no obstante el apoyo de la opinión nacional podemos afirmar sin espejismos que su más firme baluarte es el Ejército, corresponde, por esa misma condición de soldado-ciudadano (de que por cierto se ha abusado en la literatura de los últimos días), la misión fundamental de evitar que la Historia se repita. El debe educar nuestro Ejército en la escuela de la Patria, con respecto al orden militar es incompatible con la de la política. El debe dotarnos de una oficialidad compenetrada de esta idea, para que en el futuro el Presidente de la República sea el ciudadano elegido por la voz nacional y no el distinguido con la confianza del Ejército. Si en el caso presente se ha dado la circunstancia feliz de que concurran las dos fuerzas, debemos aprovecharla para evitar que nunca más gobierne a Venezuela por haber conquistado el Ejército un mandatario indigno; desgracia que a la muerte de Gómez estuvo a punto de volver a darse como consecuencia de nuestra defectuosa constitución social.

Un peligro inminente

Desde la iniciación del actual régimen he creído la apolitización del Ejército, la desmilitarización de la política, la labor primordial encomendada al General López Contreras en esta transición que atravesamos. Una vez despejado el horizonte del peligro de las intervenciones armadas, yo creo que el resto de los ciudadanos podremos, sin esa espada de Damocles, proceder a realizar y orientar la vida nacional.

Pero en los días recientes se ha presentado un hecho que amenaza como un grave peligro. Me refiero a la designación de militares jóvenes, de oficiales de esencia de los que tan necesitadas se encuentran nuestras armas, para puestos políticos. Con esto se realizan dos males: despojar al Ejército de tales elementos, que sólo con su presencia pueden neutralizar el criterio dañino de la oficialidad formada con la vieja mentalidad personalista y que son garantía de la eficiencia técnica; y alimentar al mismo tiempo en los nombrados la afición a los destinos públicos.

Este nuevo fenómeno parece haber tenido como determinante histórica la aspiración de los pueblos a ser gobernados por hombres nuevos, porque esta racional aspiración colide con la necesidad de que no se ponga en manos de desconocidos el destino de la República. Y como en el régimen pasado todas las personas notadas se inficionaron en mayor o menor grado con las lacras que viciaron el ambiente político, no ha quedado otro recurso que llevar a los cargos a muchos elementos militares. Estos, a la vez que son ya conocidos, por su misma condición militar no tuvieron oportunidad de contagiarse en el manejo de la cosa pública.

El acontecimiento, por lo tanto, tiene en el momento una razón de ser. Pero no puede admitirse que el remedio tome características de definitivo, porque produciría males más graves que los que se han tratado de curar. Desaparecido el molde común del sistema autocrático, que asignaba una cualidad uniforme a todos sus cooperadores, comenzará ahora a procederse a una nueva calibración de los valores. De ésta surgirán los candidatos para el gobierno de los pueblos; y la presencia de los militares en manejos políticos dejará de ser indispensable y deberá cesar urgentemente.

Mediten nuestros militares con verdadero empeño en la delicada función que como tales les compete, observen los daños que una inmiscuencia suya en lo civil reporta a la Nación, para que se entreguen por entero al desempeño de su función propia y descarten total responsabilidad de injerencia en la cuestión política. Así, y sólo así, merecerán la gratitud de Venezuela.

Ejército apolítico, en resumen, es la más grave necesidad nuestra. La mejor oportunidad de realizarla ha sido deparada por un destino feliz al actual Presidente. Si cumple a cabalidad esta misión, sin apresuramiento como sin retrocesos, el veredicto de la Historia lo consagrará como un bienhechor de su país; si no la satisface, por sobre toda la obra legislativa que promueva, por sobre todo el programa de obras públicas que ejecute, tendrá que juzgársele desfavorablemente, porque ella es la responsabilidad esencial que las actuales circunstancias nacionales le han determinado.

Rafael Caldera R.

1936. Abril, 2. El Universal: Ni dictadura ni anarquía: Libertad y Orden (Lo que necesitamos)

Recorte de El Universal del 2 de abril de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Ni dictadura ni anarquía: Libertad y Orden

(Lo que necesitamos)

Si hay actualmente tendencias de agitación en el país, como los últimos documentos políticos han manifestado, ellos deben servir de estímulo mayor al gobierno para no abandonar la senda de la legalidad.

En el cumplimiento de la Ley encontrará los mejores recursos para salvar la sociedad. Aquella ha tenido siempre como criterio el orden; porque sin orden la vida social es imposible y sin autoridad ningún grupo humano puede dejar de ser un conglomerado informe.

El Estado tiene como fin procurar a sus componentes el mayor bienestar. Según este principio, la libertad individual no debe restringirse sino en la medida imprescindible para la buena marcha del organismo social. ¿Cuál es, pues, el sostén, cuál el objeto de la libertad?  El bien del individuo. Ahora, si el bien del individuo es imposible sin la existencia de la sociedad, hay que razonar, contra los individualistas de otros siglos y contra los que anacrónicamente les sobreviven todavía, que la vida en sociedad es imposible sin reglamentar la libertad, y que al hacerse la sociedad imposible, el bienestar individual es nulo.

La reglamentación de la libertad es una consecuencia necesaria de la defensa de  la libertad. El socialista que pide la anulación del individuo ante al Estado, la rechaza. El individualista, y el que sin serlo defiende que en supremo análisis el Estado es para el bienestar de quienes lo componen, no puede menos que aceptar la limitación de la libertad dentro del orden, como algo indispensable para que la sociedad exista.

Por eso es por lo que las leyes, para salvaguardar a quienes a ellas se someten, se ven siempre forzadas a poner coto saludable al abuso de la libertad. A ellas debe acudirse para eliminar la anarquía, porque son los que las temen los únicos que no se atreven a invocarlas.

Derechos de la autoridad

El ciudadano tiene sus derechos; la autoridad, necesidad social, también tiene los suyos. Para proteger al ciudadano nació la sociedad; para conservar la sociedad hubo que constituir la autoridad. He aquí sencillamente por qué el gobierno tiene sus derechos; he aquí más aún, por qué está en la obligación de mantenerlos: porque son condición para la existencia de la sociedad y en consecuencia para la protección del individuo.

El gobierno que deja relajar sus derechos peca contra la sociedad. Cada persona que vive en sociedad y por la sociedad, tiene el derecho de exigirle que él haga respetar los suyos; porque una autoridad débil es un mal social, y el mal social necesariamente es mal del asociado.

Pidamos al gobierno, por lo tanto, que mantenga íntegramente sus derechos. Pero advirtámosle también constantemente, – como a nuevo Escipión -, que tiene vías legales para hacerlo. Si él dejara desprestigiar la autoridad, debería ser objeto de nuestra desconfianza. Porque de quien no sabe defender sus derechos no debe esperarse que no viole los derechos ajenos. Porque de mantener la autoridad dentro de la justicia y de la ley no puede derivarse sino el orden, y mientras haya orden podremos exigirle que respete las garantías del país y de la ciudadanía y particularmente el bien precioso de la libertad.

La víctima de siempre

Es muy fácil hacer agitación social. Generalmente hay más facilidad para lograr el mal que para realizar el bien. Ante un populacho enardecido lleva innegablemente la ventaja quien incite a la devastación, al saqueo y al pillaje, y no quien clame por el orden, por la serenidad.

En toda situación anormal dos posiciones extremas tratan de conquistar predominio. Tiranía, anarquía: lacras políticas, úlceras purulentas que consumen el cuerpo social. Únicamente la normalidad puede impedirlas; sólo una saludable combinación de autoridad y libertad puede evitar sus estragos. Es necesario oponer la mesura a los extremos. El abuso de autoridad es tiranía; el desenfreno de libertad es anarquía. En una serie de situaciones anormales atraviesa la sociedad sucesivamente las dos fases: una anarquía sucede a cada tiranía, una tiranía es el producto de cada anarquía. Milagros son las excepciones. El único remedio, hay que insistir, es la normalidad.

Cuando un cielo tranquilo comienza a desalojar los nubarrones de cualquiera de aquellos abusos, cuando el pueblo entero comienza a aborrecer los dos fenómenos contrarios, se empeña una guerra de astucia entre los que ponen su interés en las formas extremas. Los que buscan la tiranía porque de ella lucran bienestar personal, tratan de fomentar la anarquía para provocar una reacción; los que encuentran por todos los caminos que se produzca un tirano en su forma más cruel para solicitar en el sentimiento de los ciudadanos la violencia contraria.

La perjudicada de siempre no es otra que la patria, y en especial el pueblo. La patria, siempre maltratada y ofendida para el bien egoísta de unos y de otros. El pueblo humilde, esclavizado y expoliado por todos los tiranos, conducido inconscientemente a su perdición y a su ruina por todos los agitadores. Ellos son víctima obligada. La justicia, objeto de perpetuo escarnio.

El momento

El momento es propenso para tesis extremas. En crisis tan trascendental como la presente, necesariamente ha de haber instigadores que pretendan sembrar en la desorganización o en el establecimiento de otra dictadura la raíz de la anarquía, y expoliadores que busquen también en el desorden la determinante de una nueva tiranía. Alejamiento de todos los extremos es nuestra salvación. La exigencia de toda la Nación en esta hora, inquebrantable decisión en el Gobierno para mantener la autoridad, inquebrantable decisión en la ciudadanía para mantener la libertad, inquebrantable decisión en ambos para combinar los factores de modo que no pueda sufrir la colectividad.

El momento impone rechazar todas las soluciones violentas. Abuso en el Gobierno sería la dictadura o la puerta de la revolución. Debilidad en el Gobierno significaría el comienzo de la anarquía o el pretexto de otra tiranía. Si el Gobierno ataca los derechos del pueblo se convierte en tirano; si deja que se violen los suyos, establece una situación imposible que no tiene sino dos soluciones: el desorden, o la reacción tiránica determinada por ese estado anárquico en que a él cabría una gran dosis de responsabilidad. Venezuela reclama por tanto, un Gobierno: 1º., respetuoso de la Ley y la ciudadanía; 2º., respetado y capaz de hacerse respetar en sus legítimos derechos.

Rafael Caldera R.

 

1936. Abril, 4. La Unión: Atención administrativa a la materia del trabajo

Recorte de La Unión (Órgano oficial de la Unión General de Trabajadores) del 4 de abril de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Atención administrativa a la materia del trabajo

Desde 1928 la Ley del Trabajo venezolana autorizó la creación de un servicio especial en el Ministerio de Relaciones Interiores. Pero esta disposición ha sido hasta hace poco letra muerta. El Gobierno anterior estaba especialmente interesado en privar de sus legítimos derechos a los trabajadores; porque los Gobernantes eran al mismo tiempo explotadores. La Ley del Trabajo vigente fue solamente una necesidad teórica, una apariencia que necesitaba llenar Venezuela ante el concierto internacional, para dar a entender que se ocupaba de un asunto vital en todas las naciones modernas. Jamás hubo la menor intención en pro de su efectivo cumplimiento. Desde su redacción se concretó a una serie de principios abstractos hacia cuya aplicación no se crearon facultades ningunas.

Al presentarse el cambio de sistema, indudablemente tuvo que ser preocupación urgente del Estado prestar la debida atención a la materia obrera. El 29 de febrero último fue creada, en consecuencia, la Oficina Nacional del Trabajo, y al mismo tiempo cinco Inspectorías Especiales, para velar por el cumplimiento de la Ley del Trabajo en todo el territorio nacional.

El artículo 4º. de la Ley citada fija de modo vago la actividad que está encomendada a la Oficina Nacional del Trabajo. «Todo lo relativo al trabajo» es la amplia frase que usa para hacerlo. El Decreto que creó dicha Oficina concreta un poco más: «velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el Trabajo, actualmente en vigor, y acopiar las informaciones y demás datos necesarios para la reforma de la mencionada legislación». Doble es, por consiguiente, su objeto: hacer que se cumpla lo que teóricamente hay, y tratar de introducir lo que debería haber. En el mes que apenas cuenta de vida la Oficina, se ha trabajado intensamente en este aspecto doble, a más de la labor que significa el hecho de su instalación.

En el mismo Decreto que dio vida a la Oficina se crearon además, como se dijo, cinco Inspectorías Especiales. Estas tendrán, conforme al artículo 4º. de la Ley del Trabajo, el oficio de «velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre el trabajo». A ellos corresponde, por lo tanto, – y efectivamente se ha ocupado de ello -, velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre duración de la jornada de trabajo, cierre dominical, condiciones en que trabajan los obreros (salubridad, etc.), y todas las otras disposiciones que establece la legislación actual.

Las cinco Inspectorías Especiales creadas por el Decreto de 29 de febrero corresponden a las jurisdicciones siguientes:

1º. Distrito Federal y Estados Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy.

2º. Estados Zulia y Falcón.

3º. Estado Bolívar.

4º. Estados Monagas, Anzoátegui y Sucre.

5º. Estados Lara, Trujillo, Mérida y Táchira.

Los referidos Inspectores dependen directamente del Ministerio de Relaciones Interiores, porque así lo establece el Decreto que lo creó; pero la Oficina Nacional del Trabajo está en contacto frecuentemente con ellos, de manera que la Inspectoría de la primera jurisdicción está establecida en el mismo local de la Oficina Nacional, y hasta usa su mismo teléfono. El mal originado por esa separación – quitan unidad y rapidez al trabajo – será seguramente remediado en el Proyecto de Ley que haya de presentarse al Congreso en sus sesiones de 1936.

Tanto la Oficina Nacional del Trabajo como los Inspectores Especiales han tropezado con numerosos obstáculos en el desempeño de sus atribuciones. El primero es, sin duda, la novedad del ramo, en el cual no existen todavía usos administrativos ni jurisprudencia, sino que hay que crearlos. El segundo, y no el menos, es la insuficiencia práctica de la Ley. Porque si ésta en su aspecto teórico no puede ni con mucho calificarse de adelantada, en su aspecto práctico presenta dificultades enormes para el cumplimiento de las ventajas (pequeñas sin duda) que teóricamente ha establecido.

La Oficina y los Inspectores necesitan, además, indispensablemente, la colaboración de los trabajadores. En gran parte es verdad, éstos no se la han escatimado. Pero es necesario que todos se percaten de tal necesidad. Es menester que se denuncien en forma concreta todas las violaciones a las disposiciones de nuestra Ley actual. Para obtener el mejor resultado, la Oficina se dirigió a varios periódicos de ésta pidiéndoles la inserción de la Ley del Trabajo, a fin de hacer mayor su divulgación, y repartió a algunas asociaciones obreras que los solicitaron, ciertos ejemplares que con este efecto le envió el Ministerio de Relaciones Interiores. Uno de los diarios de esta capital, «La Esfera», publicó el texto íntegro de la Ley del Trabajo y de su Reglamento: «La Unión», interesada en todo lo que pueda revestir mayor bienestar para el obrero, también los insertará, sin duda, en sus columnas.

La Oficina Nacional del Trabajo, como lo declaró su Director al instalarse a un reportero, «está abierta a toda sugerencia de buena voluntad, a toda indicación útil y a toda iniciativa bien intencionada».

La Ley la Justicia son sus únicos guías; el bien nacional su finalidad exclusiva.

 

Rafael Caldera R.

1936. Abril, 12. El Universal: ¿Vicepresidentes? (Reformas constitucionales)

Recorte de El Universal del 12 de abril de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Vicepresidentes?

(Reformas constitucionales)

Al hablarse de las reformas constitucionales por hacerse, se ha asomado la tesis de que debemos volver al sistema de las Vicepresidencias.

Pero lo curioso del caso es que no ha aparecido un solo argumento de orden impersonal que dé motivo para la campaña en pro de su reinstalación.

¿Se han pasado los impulsores de la reforma por el significado, el significado real, del hecho de reintroducir cargos cuya supresión es una ventaja que, aún sin quererlo, nos legó la Dictadura?

Si no estoy errado, la institución de las Vicepresidencias ha sido un verdadero parásito social. Su reintroducción sería sencillamente dañina para nuestra vida política. Así me propongo demostrarlo en este artículo, analizando primero lo que serían las Vicepresidencias, considerando luego las ventajas de la situación legal actual.

Causas y consecuencias

Según entiendo, la única razón justificativa de la existencia de Vicepresidentes es la de que en caso de desaparición del Presidente ocupe la Primera Magistratura un ciudadano previamente escogido por el cuerpo representativo de la voluntad nacional.

Pero, – aparte de que el ciudadano que cuando se inaugura el período aparezca más apto para la suplencia, puede dejar de serlo, y de que después puede revelarse otro más adecuado -, cabe preguntar: ¿el Vicepresidente que será elegido (o los Vicepresidentes, según se quiera), será un amigo del Presidente o su compañero de partido, o estará en la oposición?

Si es un enemigo del Primer Magistrado, si pertenece a un partido de franca o de encubierta oposición, se entronizaría una situación imposible al frente de la vida nacional. El único oficio del presunto sustituto estaría en buscar la desaparición del otro; y no sería aventurado suponer que emplearía toda clase de medios para lograrlo.

Si, al contrario, fuere un amigo del titular o perteneciere a su mismo partido, como es lo más probable porque éste habría de tener en el Congreso mayoría, sería mucho más razonable pedirle su colaboración efectiva y responsable en los asuntos del Gobierno, que no su desocupación remunerada o a lo más su consejo irresponsable.

La institución del Vicepresidente equivaldría, en resumen, a colocar un vago cuyo sostenimiento sería onerosa carga para el Tesoro Público. Un vago que por sí o por su camarilla buscaría la desaparición del Presidente. Un vago que estaría dispuesto a apelar a todos los recursos para lograr que en el período siguiente se realizara su exaltación definitiva, a menos que se tratara de un inútil que fuere allí colocado meramente por satisfacer fórmulas. Las Vicepresidencias serían no sólo nuevas y lujosas sinecuras, sino fuentes de recomendaciones, causas de formación de círculos adulatorios, de partidos que necesariamente habrían de ser personalistas. Hasta en el régimen autocrático fue el Vicepresidente semilla de discordia dentro del medio familiar dinástico.

Negativo es por todos respectos el análisis que serenamente se haga sobre las Vicepresidencias. Sus consecuencias son en extremo graves. Sus causas, como se verá más abajo, no conducen necesariamente a establecerlas.

Contraste

El único móvil aparente que induce a establecer las Vicepresidencias es el de que el sustituto del Primer Magistrado sea escogido por el Congreso Nacional. Pero en el sistema actual, y sin la carga de las Vicepresidencias, acontece lo mismo. El Ministro que se haga cargo de la Presidencia por la falta absoluta del Jefe del Estado, está obligado a convocar inmediatamente las Cámaras para que provean. Estas podrán hacerlo así con conciencia mejor de las necesidades del país, con mejor estudio de las circunstancias del momento.

Entre los diez Ministros del Ejecutivo, necesariamente tiene que haber alguno que reúna condiciones para asumir en un momento y por pocos días la dirección de la vida nacional. No haberlo significaría elección presidencial recaída en un canalla o en un incompetente; pues de otro modo no se explicaría que el Primer Magistrado no acertara al menos en un 10% al elegir sus colaboradores. Si entre los diez Ministros del Despacho no existiere ninguno que pudiere por días desempeñar la Presidencia, podríamos afirmar sin error que tampoco serían aptos los Vicepresidentes: la Nación estaría enferma; y todo formalismo sería inútil.

Si el Presidente, por sentirse enfermo o por otra causa, hubiere dejado un Ministro encargado temporalmente de la dirección del Ejecutivo, sería lo más conforme a la normalidad que aquél continuara ejerciéndola accidentalmente mientras el Congreso proveyera el cargo.

Si no hubiere ningún Encargado al faltar el Jefe del Estado, mejor que nadie estará calificado el Gabinete para escoger de su seno el más idóneo para conjurar la crisis momentánea. En él debería haber espíritus elevados para la vida cívica, y también austeros caracteres para los momentos de peligro. Claro que hablo en el presupuesto de la normalidad de la vida política: pues en el caso de un retorno a la anormalidad, con Vicepresidentes o sin ellos el resultado estará únicamente en manos de las circunstancias o en la voluntad de un déspota.

Conclusión

Debería oírse sobre esta materia la voz de los hombres conscientes. Deberían conocerse respecto de ella las posiciones de la opinión del país. El Congreso ha de empezar ya a conocer el modo de pensar razonado de la colectividad sobre el punto, no porque esté constreñido a seguirse por él, sino porque indudablemente podrá orientarlo en los motivos que lo determinen a tomar su soberana resolución.

Por mi parte, torno a repetirlo, creo que sería funesta la reposición de los Vicepresidentes. Con ella tendríamos una pesada carga para nuestra vida política y económica; nos veríamos en la amenaza perpetua de los complots y las conspiraciones; regresaríamos con pujante intensidad a la etapa de los personalismos. El elegido, de no ser ya un individuo que por su sola significación represente un peligro para la estabilidad institucional, sería una persona que quizás prestaría eficiente colaboración en un cargo efectivo de la organización pública, sin servir de estorbo a sus conciudadanos.  Actualmente tenemos diez Vicepresidentes; pero no Vicepresidentes que van a a gobernar por todo el resto del período, sino sólo mientras provee la más alta representación de la voluntad de la Nación; no Vicepresidentes desocupados, sin más trabajo que aspirar y que urdir tramas contra su presunto sustituido, sino empleados efectivamente en laborar por el bien nacional; no Vicepresidentes predestinados, sino mudables al alcance de las necesidades determinadas por las circunstancias; no Vicepresidentes unipersonales ni personalistas, sino Vicepresidentes entre los cuales se puede escoger a un individuo ya práctico en el despacho de los asuntos gubernamentales, al tanto del desarrollo de la vida administrativa y política, y seleccionable con unas u otras cualidades según lo requieran las necesidades del momento.

Rafael Caldera R.

1936. Mayo, 3. El Universal: Legítima defensa (Actualidad estudiantil)

Recorte de El Universal del 3 de mayo de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Legítima defensa (Actualidad estudiantil)

El incidente acaecido en días pasados en una Asamblea de la Federación de Estudiantes de Venezuela, comentada ya en varios periódicos capitalinos por los interesados, contribuyó a que surgieran en el seno de esa agrupación, con caracteres nítidos, dos tendencias contradictorias sostenidas por amplios sectores del estudiantado. El estudiante Rafael Caldera R., representante  de una de esas tendencias, se refiere en el artículo que publicamos de seguidas a su actuación en el seno de la F.E.V., mesurada y serenamente, excluyendo los apasionamientos mezquinos que comprometen a veces el decoro y la dignidad, como cuadra a quien sostiene, con amplia honradez, como él mismo lo dice, sus convicciones y su línea de conducta.

Antes de poner punto final a esta introducción que define nuestra imparcial actitud con respecto al problema estudiantil, cumplimos en consignar nuestro más ferviente deseo que se resuelva de manera satisfactoria la escisión actual surgida entre los miembros de la Federación de Estudiantes de Venezuela.

(Nota del periódico)

Ayer en «Unidad Nacional» Manuel Rodríguez Cárdenas, en un artículo sin duda bien intencionado, se lamenta de la lucha interna que ha surgido en la Federación de Estudiantes de Venezuela. «Casos como esos, dice él, están sucediendo con alarmante continuidad en San Felipe, en Coro, en Trujillo, en Barcelona; están sucediendo aquí mismo, en Caracas, donde muchos espíritus encamisolados manejan como títeres a cierto sector juvenil para desligarlo del compromiso unificador que nos impone la patria. Por eso la juventud debe ponerse en guardia, unificándose mejor para debelar esas maquinaciones que la llevan, lenta pero seguramente, al fracaso rotundo; representado hoy, como siempre, por los minúsculos intereses de unos cuantos inconscientes».

Por estar yo entre quienes dentro de la Federación de Estudiantes se han calificado como «grupo de oposición», muy a mi pesar me veo obligado a romper silencio voluntario que entre el público ha guardado acerca de los asuntos internos de la Federación. Desde hace cuatro meses he venido, como otros, oponiéndome, no sistemáticamente, sino razonadamente, en todos aquellos casos en que mi opinión honrada, expuesta sin ambages ni vacilaciones, era contraria a la que se sostenía desde la Presidencia. Me creo, por tanto, en el deber de recoger las alusiones hechas sobre «la oposición», alusiones que ahora, por haber invadido las columnas de la prensa diaria, no pueden, desgraciadamente, ser desvirtuadas sino desde un diario. Paso por tanto a hacerlo, pero sin querer convertir mi escrito en contra-ataque público ni en injuria hacia ninguno de mis compañeros, sea cual fuera la posición que adopte.

Cuatro veces voluntaria y esforzadamente callado, soportando dentro de la Federación toda clase de ataques, sin dejar traslucir en nada para el público la difícil situación interna, y aún asumiendo franca solidaridad para actos que repugnaban intrínsecamente con mi ideología, me autorizan para decir ahora, al romper el silencio, que si lo hago es con todo el dolor de los males íntimos y sólo por un elemental imperativo de defensa legítima de nuestras individualidades.

No es como tú dices, Manuel Rodríguez Cárdenas, un grupo de títeres el que representa el sector juvenil que ha luchado lealmente dentro de la Federación con el actual Consejo. Si no hubiera sido por tu larga permanencia en el Yaracuy, y porque en tu breve estada en Caracas no has podido, tal vez, sacrificar tu tiempo asistiendo regularmente a la Federación, sabrías que si alguien se ha opuesto en las Asambleas a mociones emanadas o no del Consejo Central, lo ha hecho basándose en argumentos, en argumentos sólidos que en última instancia no han sido acallados con otros argumentos, sino con silbidos y gritos. Seguramente te han informado mal. Títeres e inconscientes no razonan. Títeres e inconscientes no tienen la solvencia moral necesaria para enfrentarse decididamente, honradamente, a una mayoría hostil, como a veces lo han hecho quienes forman ese «sector juvenil» a que pareces referirte, y expresar su opinión leal de estudiante y patriotas.

Tampoco son, como tú afirmas, espíritus encamisolados los que manejan a esos «títeres». Si te hubieras detenido un poco a analizar a quienes constituyen este calumniado sector juvenil – (el cual, entre paréntesis, se ha formado sólo al calor de las luchas del medio estudiantil, y no responde, por tanto, a ninguna agrupación formada previamente que se haya lanzado a conquistar nuestra Federación) -, habrías encontrado entre ellos a estudiantes de todas las ideologías, de todas las regiones, de todas las carreras: desde el católico ferviente hasta el materialista declarado, desde el oriental hasta el andino, desde el estudiante universitario de todas las Escuelas que existen en la Universidad, hasta el que corona sus estudios de Bachillerato.

No creas, Manuel Rodríguez Cárdenas, – (y si así te dijeron lo hicieron equivocadamente) -, que por el hecho de que yo, como otros de los «opositores»,  hayamos mantenido en nuestra vida estudiantil, con la palabra y el ejemplo, ante la hostilidad de unos y la indiferencia de otros, una constante profesión de fe católica, este sector estudiantil en que estamos incluidos sufre la dirección de espíritus encamisolados. Somos, repito, estudiantes de todas las ideologías, de todas las carreras y de todos los lugares de la República: nuestro lazo de unión, sin embargo, no puede ser más sólido, puesto que es la aspiración de oponernos a toda idea que, según nuestro criterio, pueda tender a hacer de la Federación un instrumento en contra de la Patria. Por este propósito, cordialmente honrado, ¿se nos podrá calificar de inconscientes?

Nosotros nos conocemos bien, Rodríguez Cárdenas. Tú sabes la franqueza y la lealtad que siempre han inspirado mis actos. Tú sabes que a pesar del abismo ideológico que en el asunto religioso nos separa, hemos llevado siempre las mejores relaciones de amistad, sin gazmoñerías ni turbulencias en cuanto a ese abismo ideológico-religioso. También saben mis compañeros, que aquella misma lealtad me ha inspirado a tenderles la mano a quienes de ellos piensan de modo completamente opuesto a mi pensar, muchos de los cuales son mis mejores amigos. Igual verdad puedo afirmar categóricamente de algunos estudiantes que creen en la misma religión en que creo yo. Mal puede atribuirse, por tanto, a manera de espíritus encamisolados, si por camisola se entiende sotana, lo que nos ha llevado a definir una actitud dentro de la Federación. Bien saben todos los estudiantes la paciencia con que hemos soportado el que se injurien sistemáticamente nuestros sentimientos religiosos, porque somos radicalmente opuestos a que una lucha religiosa pueda destrozar a Venezuela.

Soy como tú, Rodríguez Cárdenas, amante de la unión entre los estudiantes. El mismo silencio con que he soportado tantos sinsabores lo comprueba. Solo que tú, seguramente mal enterado, quizás no hayas enfocado especialmente tu atención hacia el hecho de que: la única manera de que haya unión efectiva en el estudiantado, es respetándose las opiniones individuales de sus miembros, y apreciando a cada uno, y solicitando su colaboración efecto, sin tomarse en cuenta mezquindades absurdas.

Rafael Caldera R.

1936. Mayo, 5. El Universal: ¿En defensa de la Federación de Estudiantes? (Actualidad estudiantil)

Recorte de El Universal del 5 de mayo de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿En defensa de la Federación de Estudiantes? (Actualidad estudiantil)

Nuevamente Manuel Rodríguez Cárdenas ha escrito sobre el problema interno de la Federación de Estudiantes. Su artículo es una contestación al mío publicado en este Diario el domingo último. Creo necesario solamente aclarar algunas ideas expuestas por Rodríguez.

No me explico por qué se titula el artículo: «En Defensa de la Federación de Estudiantes de Venezuela». Todos vamos en defensa de la Federación. Cada uno según su criterio, todos tratamos de influir por nuestra parte algo, para que tome la ruta que juzgamos más adecuada. Si en otro tiempo criticábamos que se llamara enemigos de Venezuela a los enemigos de Gómez, no debemos hoy imitar tal sistema defendiendo a la Federación contra los estudiantes que sólo se oponen a ideas manifestadas por otros estudiantes, pero nunca en contra de la agrupación en sí.

Nuestro grupo, dije y lo repito, sólo tiene como lazo de unión la tendencia a oponerse a lo que, según nuestro criterio, pueda hacer que algún acto de la Federación conduzca en definitiva a daño de la Patria. ¿Tú crees, Rodríguez Cárdenas, que es absolutamente imposible que en el seno de la Federación germine alguna idea que pueda resultar en daño de la Patria? Nosotros no sostenemos tesis tan radical. Es cuestión de criterios. No creo que sea la ocasión de discutirlo. Por lo demás, tú mismo has confirmado una suposición mía: la absoluta necesidad de tu tiempo no te ha permitido ir con frecuencia a la Federación. No he querido «sugerir esa forma incruenta de sacrificio» que presumes, con alguna inconsecuencia hacia «la obligación de juntar los hombros e insensibilizar la epidermis» a que al final de tu artículo se alude. Mi intención clarísima al recalcar tu no asistencia, no es pretender sugerirte sacrificios incruentos; es poner de manifiesto que, aunque estés con ella y la conozcas muy a fondo, sólo puedes referir acontecimientos sucedidos dentro de la Federación por lo que otros te hayan relatado. Eres estudiante ya avanzado de Derecho y por ello estoy seguro de que sabrás que el que no presencia los hechos, siempre será testigo de referencia en cuanto a tales hechos.

Pasando a otra cuestión, estoy cordialmente de plácemes con la expresión de una pretendida contradicción que me has hallado, porque dices que no se explica cómo afirmo que me he opuesto todas las veces que he creído mi deber hacerlo y que al mismo tiempo he guardado franca solidaridad. Esa pretendida contradicción me honra y comprueba mis asertos. Dentro de la Federación me he opuesto, y seguiré oponiéndome, a todo lo que juzgo desvirtúe lo que considero legítimas aspiraciones del estudiantado; pero fuera de la Federación he guardado hasta ahora, ante la opinión pública, franca solidaridad para eso mismo a que en el interior me había opuesto. ¿Parece extraño, verdad, Rodríguez Cárdenas? Contradictorio, en realidad, parece; y supone un sacrificio verdaderamente incruento, de magnitud tanto mayor cuanto más grande es esa contradicción entre lo que se ha sostenido adentro y lo que por solidaridad se ha aceptado afuera.

No continúes, Rodríguez Cárdenas, tratando de encontrar en nuestros actos extrañas influencias, así sean las de «algunos profesores en el ánimo de varios fervientísimos discípulos». No busques tales influencias ni tales sugestiones en nuestras acciones, para las cuales se necesita algo distinto a extrañas direcciones: se necesita sentirse estudiante, se necesita proveerse de un íntimo sentimiento de solidaridad estudiantil y de un sincero cariño por los fines legítimos del estudiantado, para sostener una lucha dura y para hacer el sacrificio que hasta ahora hemos hecho y que supone admitir la contradicción que has sabido encontrar. Sin ser estudiante, sin tener arraigado el hondo significado de esta palabra con pleno sentimentalismo, no es posible explicarse la actitud de lucha interna pero de tolerancia externa que ese «sector juvenil» en que me encuentro ha mantenido, quizás más allá de lo legítimo.

Sí debo rechazar categóricamente, con toda la energía con que pueda contar, la gravísima imputación que me haces, de «afirmación respecto a lucha religiosa en el País». En la Federación de Estudiantes he sostenido desde el mes de diciembre la tesis de que la cuestión religiosa debe mantenerse totalmente al margen de la Federación, porque ella sería necesariamente causa de desunión en el estudiantado, y hasta llegaría a trascender al ambiente nacional. En Venezuela no hay lucha religiosa. Nosotros no queremos por nada que la haya. Por eso hemos soportado, sí, una injuria sistemática de nuestros sentimientos, que ha existido a pesar de que se diga lo contrario, y que no ha sido referida «con la intención de atraer sobre el resto del estudiantado las iras de los otros radicales». Gravísima imputación, me haces, Rodríguez Cárdenas. La rechazo absolutamente, y protesto contra ella de modo decidido. No trato de lanzar sobre el resto del estudiantado las iras de los otros «radicales». Trato solamente de hacerle ver a ese resto de estudiantes, que nos están hiriendo en lo más íntimo, y que no es así como se puede laborar por la unificación del estudiantado y por la felicidad de la Patria. La mejor prueba de que no quiero que el estudiantado se divida por razón de religiones es la de que me encuentro en un grupo que tiene inmensa variedad de matices ideológicos, como ya lo señalé.

Te extrañas de que haya recogido lo que dices que no era para mí. Pero al hacerlo así me movió el deseo de evitar frases que por impersonales hacen un daño efectivo en la mente del público, que trata de atribuirlas siempre a alguien. Y por el hecho de que se me señala abiertamente como uno de los que han emprendido la campaña que algunos llaman de desunión estudiantil y que nosotros llamamos de comprensión estudiantil. Y si hice alusiones, muy a mi pesar, a credos religiosos, fue para desvirtuar de una vez el rumor, que ha llegado hasta a tomar forma declarada en el seno de la Federación, de que se trata de manejos clericales en todo caso en que se revela alguna oposición. Ese recurso no vale. Su fuerza es únicamente la de deslumbrar a algunos espíritus un tanto inexpertos, en quienes la adquisición de las primeras nociones filosóficas hace ver un peligro sustancial en todo credo religioso.

Lo repito y lo sigo repitiendo. No quiero que nunca la Federación pueda encontrarse, como no se encuentra hoy, dividida por meras opiniones religiosas. Únicamente pido comprensión y respeto para la opinión de cada uno.

He leído también en «El Heraldo» del domingo un artículo de mi amigo y condiscípulo J. A. Gonzalo Patrizi, miembro del Consejo Central de la Federación. Se titula «Destemplados manejos de un sector estudiantil». No puedo comprender a quiénes se refiere, ni si sus frases se dirigen al mismo «sector juvenil» que ha motivado estos artículos míos. Pero sí puedo decir que este Gonzalo Patrizi no es el mismo que he conocido en las aulas universitarias. De tener que decidir cuál es el verdadero, creo que debe serlo el Gonzalo Patrizi sereno, amigo, mesurado, de las aulas, y no el Gonzalo Patrizi «destemplado» del citado artículo, pues que el tono de éste repudia una respuesta seria.

Terminando. En la defensa de nuestro ideario he procurado evitar siempre virulencias, y creo que lo he logrado; he examinado y discutido posiciones e ideas, pero con el lenguaje comedido que reclama toda enunciación de principios. Al criticársenos, en cambio, nuestros censores no han podido contener la frase agresiva, que al discutir, antes de convencer, deja en todo caso la molestia del rozamiento. Nuestra consigna es, al contrario, abstenernos de herir para no dividir, desde luego que la herida siempre produce desintegración.

Rafael Caldera R.