1992. Enero, 15. ALA / El Universal: Salario mínimo y Estado de derecho

Salario mínimo y Estado de derecho
Recorte de El Universal del 15 de enero de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Salario mínimo y Estado de derecho

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 15 de enero de 1992.

 

En uno de los profundos y objetivos párrafos de la Encíclica Centesimus annus, Juan Pablo II define en términos sencillos lo que es el Estado de Derecho: «que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite: es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres».

Por estimarlo así, me escandalicé cuando el Presidente de la República, en su salutación de fin de año, anunció que el Consejo de Ministros había decretado una elevación del salario mínimo en los términos que explicó. Busqué la Ley Orgánica del Trabajo y leí varias veces el artículo 172 y no le encontré asidero al procedimiento que por la sola voluntad del Ejecutivo se anunciaba, sin reparar en que el legislador buscó precisamente equilibrar el poder por otros poderes y condicionar así la atribución concedida extraordinariamente de imponer en las relaciones laborales una modificación fundada en el aumento del costo de la vida.

Efectivamente, dice el citado artículo 172: «Sin perjuicio de lo previsto en los artículos precedentes, el Ejecutivo Nacional, en caso de aumentos desproporcionados del costo de vida, oyendo previamente a los organismos más representativos de los patronos y de los trabajadores, al Consejo de Economía Nacional y al Banco Central de Venezuela, podrá fijar salarios mínimos obligatorios de alcance general o restringido, según las categorías de trabajadores o áreas geográficas, tomando en cuenta las características respectivas y las circunstancias económicas. Esta fijación se hará mediante decreto, en la forma y con las condiciones establecidas por los artículos 13 y 22 de esta ley».

El artículo 13, citado al final del 172, dispone que los decretos que establezcan cláusulas obligatorias integrantes de los contratos de trabajo se han de dictar en Consejo de Ministros; y el artículo 22 ordena someter los decretos al Congreso o a la Comisión Delegada, dentro de los cinco días siguientes a su publicación. El órgano legislativo puede ratificarlo o suspenderlo y hacer recomendaciones al Ejecutivo si lo considera procedente. La falta de decisión por el órgano legislativo en el término de diez días contados a partir de la fecha de recepción del decreto se considera como una ratificación tácita.

¿Por qué el Ejecutivo obvió solicitar la opinión de los organismos pautados en la ley y pretendió en el primer momento imponer la vigencia inmediata del decreto, sin pensar en ocurrir a la Comisión Delegada? ¿Por qué simplemente trató de «saltarse a la torera» las prescripciones legales? La impresión es, simplemente, la de que su tendencia es a gobernar sin acatar las restricciones legales o, lo que es lo mismo, ignorar el Estado de Derecho en el que, como dijo el papa Juan Pablo II, «es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres».

La obligación de solicitar previamente la opinión de Fedecámaras y la CTV, del Banco Central de Venezuela y del Consejo de Economía Nacional no existía en la Ley anterior. Tampoco la obligación de someter el decreto a la consideración del órgano legislativo. Por supuesto, era más cómodo –buscando una fundamentación muy discutible– imponer pura y simplemente el criterio del Ejecutivo. Es más engorroso consultar como se impone ahora; es más incómodo exponerse a una decisión legislativa adversa; pero lo que la Ley Orgánica del Trabajo justamente quiere es que una materia tan delicada no se resuelva arbitrariamente, sino que tenga que someterse a un concurso de opiniones, a un análisis en el cual las partes interesadas y los organismos rectores de la economía hayan expuesto su parecer.

La observación que hicimos fue acatada después en parte. En parte, porque se reconoció la obligación de enviar el decreto a la Comisión Delegada; pero no se subsanó la falta inicial de solicitar formalmente los puntos de vista de las cúpulas empresarial y laboral y de las instituciones económicas designadas por el legislador. Las opiniones de los consultados no tienen carácter obligatorio, pero sí es obligatorio oírlos. A propósito de lo cual considero conveniente aclarar que las respuestas del Banco Central y la del Consejo de Economía no deberían limitarse a decir, simplemente, si están o no de acuerdo, sino exponer lo relativo al aspecto económico, al índice de inflación, a la disminución del salario real, a las posibilidades de la economía y a los efectos de una posible medida. Nadie pretende que a cada aumento inflacionario del costo de vida corresponda un porcentaje igual en el aumento salarial, porque no se ha establecido la «indexación», pero sí debería considerarse la medida en que la clase trabajadora pueda soportar una porción del encarecimiento, ya que sería injusto que la totalidad del costo social se le cargara a ella.

El envío del decreto a las Cámaras Legislativas encuadra dentro de una tendencia muy clara en el Derecho Constitucional moderno. Hay cada vez mayor número de actos jurídicos en los cuales se requiere la participación de las dos ramas del poder público, ejecutiva y legislativa. La Ley Orgánica no quiso remitir esta materia al Congreso por tener conciencia de los numerosos inconvenientes de discutir parlamentariamente un proyecto de ley sobre la misma, lo que podría producir más efectos desfavorables que los que se trata de remediar. Pero tampoco quiso dejarlo exclusivamente a lo que pudiera ser en un momento dado un capricho del Ejecutivo. No le dio al Parlamento atribución para modificar los decretos que por éste se dicten, pero sí requirió, para que entren efectivamente en vigor, su ratificación expresa o tácita. Adónde más llegó fue a prever que las Cámaras en sesión conjunta o la Comisión Delegada puedan «recomendar al Ejecutivo Nacional la elaboración de un decreto modificado».

En definitiva, aun cuando resulte un poco más laborioso llegar al fin deseado, es indudable que el sistema establecido por la Ley Orgánica es más equilibrado y razonable que el que existía con anterioridad. Al fin tuvo que reconocerlo así Fedecámaras cuando reclamó la falta de cumplimiento del artículo 172 por el Gobierno. Solo que, para no aparecer simplemente apoyando siquiera un artículo de la combatida ley, invocó también el Convenio número 26 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero es que precisamente lo dispuesto en ese Convenio fue una de las fuentes que se tuvieron en cuenta para la redacción de la norma legal y que la Ley no sólo consagró la consulta a ambas partes de la relación de trabajo, sino también el organismo rector y al principal organismo asesor de la economía.

Ojalá que, así como ha ocurrido en este caso, se luche para crear conciencia de la supremacía de la ley. Las frecuentes declaraciones de altos funcionarios en forma desconsiderada sobre leyes vigentes no ayudan a fortalecer al Estado de Derecho.

1992. Enero, 29. ALA / El Universal: Dos Chinas, una China

Artículo Dos Chinas, una China
Rafael Caldera durante una reunión con el presidente de la República de China, Lee Teng-hui. Taiwan, 14 de enero de 1992.

Dos Chinas, una China

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 29 de enero de 1992.

 

He tenido el privilegio de visitar, invitado por sus respectivos gobiernos, a Taiwán y a la República Popular China. No es frecuente ni fácil observar en un mismo viaje ambas experiencias y dialogar, en forma franca y cordial, con las cúpulas dirigentes respectivas. La primera conclusión, al recapacitar sobre las impresiones recibidas, es la de que se trata en realidad de un solo pueblo, el pueblo chino, que ante el desafío de la historia, en circunstancias totalmente distintas, y en situaciones contrapuestas, ha demostrado una misma envidiable capacidad para el trabajo y la superación.

En la China Continental, todas las conversaciones que sostuve giraron en torno a la asombrosa transformación acaecida en los diez años transcurridos desde mi visita anterior (1981). Transformación que ha sido, sin duda, impresionante. Desde el primer momento se advierte el cambio hasta en la apariencia de la gente. En 1981, aun cuando acababan de salir de la Revolución Cultural de Mao-Tse-Tung, que todos juzgaban como desastrosa, el país se mostraba todavía prácticamente uniformado. Hombres y mujeres vestían sencillas blusas, estilo Mao, casi todas de color gris o negro, resaltaban los rostros gentiles y algunos bellos de las muchachas, sin un adorno de retoque, ataviadas con tan rígida sencillez. Hoy por el vestido, creería hallarse uno en cualquier lugar del mundo occidental; y muchas jóvenes no ocultan el maquillaje.

La primera parte de mi visita se inició por Shen Zhan, una zona económica especial (versión china de una zona franca o puerto libre) surgida en lo que hace 10 años era un pequeño poblado de pescadores, transformada hoy en una ciudad de dos millones de habitantes, algo parecido a lo que ocurrió con nuestra Ciudad Guayana, pero con características distintas. Ubicada a una hora y media por tierra de Hong Kong, una fila interminable de camiones y gandolas se ve ir por la mañana, con sus espacios en mayoría vacíos, para regresar llenos de artículos industriales y de alimentos; constituyendo con Hong Kong una verdadera complementación entre producción y comercio. Shen Zhan está estrenando un flamante aeropuerto, inaugurado hace dos meses; tiene buenos hoteles y un hermoso parque, «China en miniatura», que compite con la «Ventana a China» de Taiwán, construido por iniciativa privada en colaboración con el Gobierno. Por todas partes se oye la expresión «Joint Venture» como clave del éxito.

En cuanto a la capital, Beijing, es mucho lo que ha ocurrido y de ello son expresión los suntuosos hoteles, en plan de competir con los mejores del mundo capitalista, también en «Joint Venture». Nuevas avenidas, un gran complejo para conferencias internacionales, y ambiciosos preparativos para las Olimpíadas Mundiales, en el año 2000, y otras cosas más.

Mi primer contacto al cruzar el Pacífico fue esta vez con Taiwán. Me habían invitado de allá muchas veces pero hasta ahora no me había sido posible ir. Estoy convencido de que valía la pena el largo viaje. Es una experiencia aleccionadora la que muestran estos chinos que trasladados a la antiguamente llamada por los occidentales Isla de Formosa, no se limitaron a fortificar una base de operaciones para la defensa militar y para una posible y cada vez más lejana invasión del continente, sino que emprendieron una tarea de organización y de desarrollo económico que ha dado resultados sorprendentes.

La isla, con una superficie de 36.000 kilómetros cuadrados (más o menos el estado Barinas) tiene sólo una tercera parte cultivable. Era tan pobre hasta 1949 que el Ministro de Economía me contó que él mismo, nativo de Taiwán, iba hasta el 4º grado de educación básica a la escuela sin zapatos, a pesar de tener que soportar a veces la inclemencia del tiempo. Pues bien, hoy tienen uno de los ingresos per cápita más altos, un salario mínimo que al cambio es de unos 440 dólares –es decir, que a la tasa actual en Venezuela equivaldría a unos 28.000 bolívares por mes– y ya superaron la producción masiva de artículos de baja calidad, y se dedican a la alta tecnología.

Tienen un centro mundial para la exportación increíblemente ordenado: me mostraron revistas y publicaciones venezolanas recientes de materia económica y me entregaron un dossier donde aparecen computarizados los datos esenciales sobre Venezuela y los renglones en los cuales se ha hecho comercio con nuestro país. Lo más singular del desarrollo de Taiwán es que los gastos de defensa llegan al 40 por ciento del presupuesto, a diferencia de Japón y Alemania, cuya riqueza se atribuye con frecuencia a que al ser vencidos en la Segunda Guerra Mundial se les impuso una política no armamentista.

El proceso económico de Taiwán empezó por una reforma agraria que limitó el precio de los arrendamientos agrícolas y luego pasó a la distribución de la tierra. En promedio, cada familia agricultora posee menos de una hectárea. La producción aumentó tanto, que hoy el consejo encargado de la política agrícola está recomendando reducir el volumen de algunos artículos –como el arroz– cuya exportación se dificultó por su costo comparativamente elevado. Los agricultores fueron los primeros impulsores de la industrialización, que reposa especialmente sobre pequeños y medianos empresarios. En las dos chinas plantean interesantes posibilidades para el comercio con Venezuela.

La relación China Continental-Taiwán fue al principio de continuos enfrentamientos. Hoy se respira una mayor seguridad, porque ni a China le convendría una costosa aventura militar para anexar a Taiwán, ni menos a ésta para invadir el continente. Por lo demás, China tiene 1.160 millones de habitantes y una densidad superior a 120 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras Taiwán tiene unos 20 millones en 35.000 km2 con una densidad superior a 600 habitantes por km2, pero en superficie y población es una parte pequeñísima de China.

Lo esencial es que tanto los unos como los otros sostienen que hay una sola China. Para la República Popular China, Taiwán es una provincia de su país. Para los dirigentes de Taiwán, la visión permanente está centrada en China.

El nombre oficial de «República de China» que todavía se mantiene, refleja la aspiración a la globalidad, aunque cada vez se usan más, en las reuniones internacionales y regionales asiáticas, las expresiones Taipei- China y Taiwán-China. Los restos del generalísimo Chiang-Kai-Shek y de su hijo, que lo sucedió en la presidencia, no están sepultados, sino depositados en sendos mausoleos hasta que pueda cumplirse su última voluntad de ser inhumados en el continente. Todos los años visitan la China Continental, donde tienen familiares y relacionados, más de dos millones de habitantes de Taiwán. En las inversiones foráneas que está recibiendo China, una buena parte (no sé si el diez por ciento o más) proviene de Taiwán. En las elecciones de diciembre para una Asamblea Constituyente, que se consideran un paso muy importante en la democratización del régimen (el cual, por su mismo origen y formación ha sido en sus primeros tiempos muy duro), el partido que aboga en Taiwán por constituir un estado independiente, el D.P.P. (Democratic Progresiun Party) quedó en minoría, a pesar de sus resonantes avances. El partido de gobierno, el Kuosmintang, con más del 80 por ciento de los votos, rechaza la independencia.

¿Entonces? Si ambas partes coinciden en la idea de la unidad de China, algún día, más tarde o más temprano, debe lograrse su realización. La experiencia de Hong Kong, que dentro de cinco años (en 1997) pasará a la soberanía de China, bajo el lema «un país, dos sistemas» puede ayudar mucho si funciona bien. Porque el régimen político es un obstáculo muy importante para la unificación. Los dirigentes chinos ratifican su fidelidad al marxismo y aunque éste sustenta la preeminente influencia de la estructura sobre las superestructuras, no admiten que el cambio radical que se está operando en lo económico debe suponer la modificación del régimen. Invocan que el socialismo es diferente en cada país y que el desarrollo económico que ellos impulsan requiere estabilidad. No ocultan sus críticas al caso soviético y responden que China es diferente de la extinta URSS.

En definitiva resulta difícil pronosticar qué pasará. Por lo demás, la futurología es una ciencia que ha sufrido mucho desprestigio con los acontecimientos de los últimos años.

Una observación final. En Taiwán, naturalmente, por efecto de las mismas circunstancias, se observa un gran proceso de occidentalización: en la arquitectura, en el modo de vida, en la tecnología. En el continente también, aunque en menor grado. Pero al mismo tiempo, en una y otra área, se palpa un permanente propósito de fortalecer la identidad nacional. La ópera china, por ejemplo, es todo un ritual en ambas partes.

Estas dos chinas que se proclaman ambas como una sola China, van en una marcha acelerada hacia la fórmula de un Lejano Oriente cada vez más convencido de la necesidad de incorporar los adelantos de occidente, pero cada vez más seguros en su propia, inconfundible, personalidad.

Y dentro de lo inconfundible de esa personalidad hay que anotar como una importante característica la hospitalidad. Sin duda, los chinos a un lado y otro del estrecho, son unos gentiles anfitriones.

1992. Febrero, 12. ALA / El Universal: La vitrina rota otra vez

Artículo La vitrina rota otra vez
Recorte de El Universal del 12 de febrero de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La vitrina rota otra vez

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 12 de febrero de 1992.

 

Cuando a la iniciación del gobierno de Carlos Andrés Pérez (27 y 28 de febrero, 1 de marzo de 1989) ocurrieron dolorosos acontecimientos que impactaron el sentimiento nacional, hice un comentario que me pareció indispensable: la democracia venezolana, que era la vitrina (el «show window») es decir, el escaparate de exhibición de la democracia latinoamericana,  había sufrido un grave traumatismo. Se nos había presentado como un ejemplo, y en verdad lo éramos, de estabilidad, ya que mientras naufragaba el sistema democrático en países hermanos de mayor tradición institucional, nuestra democracia mostró una firmeza a prueba de todas las circunstancias. Esa vitrina, decíamos entonces, vio sus cristales destrozados a pedradas por los habitantes de los barrios periféricos de Caracas. Quienes nos ponían como ejemplo y los que nos tomaron como tal debían considerar que si esto pasaba en Venezuela, cualquier cosa podía pasar en otras partes.

Ahora la vitrina ha sido nuevamente rota. Esta vez, no a pedradas sino a culatazos. Han sido las armas de la República y lo que es peor, dirigidas por manos jóvenes de alta calificación profesional, las que desbordaron los cauces que la ley y el deber les imponían, con el propósito felizmente frustrado de quebrantar la institucionalidad y de imponer por la fuerza nuevos rumbos a la vida nacional.

Alarma y angustia hubo en todos los hogares en la madrugada del 4 de febrero. Sorpresa, sobre todo por la extensión insospechada del intento. No fue mayor esa sorpresa porque voces respetables habían venido anunciando la posibilidad de que recayéramos en uno de los males de nuestra accidentada historia política: la tentativa del golpe militar.

Se ha discutido y se habrá de discutir mucho más sobre la causalidad concreta del golpe en sí, es decir, la verdadera motivación que llevó a los cabecillas a intentar la deplorable acción. Como suele suceder en casos similares, pueden haberse conjugado motivos diferentes. Por supuesto, el primero, una errada concepción ideológica. El Jefe del Estado ha afirmado que los conjurados tenían una ideología fascista. Las revelaciones de un ex Comandante General del Ejército en un programa de televisión, en cierto modo corroboran ese aserto. En las declaraciones que hizo al diario La Columna el jefe de la insurrección en Maracaibo habló de una democracia más participativa, pero es difícil aceptar e interpretar esta aserción. El fondo está por aclararse.

Se ha tratado de explicar el alzamiento como consecuencia de las dificultades económicas que atraviesan los oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa. Se habla de una escasez tal de vivienda, que diversas familias tienen que hacinarse en un solo departamento. Se establecen parangones entre la remuneración y el costo de la vida. Sobre todo, se establecen comparaciones entre el nivel de vida de los altos mandos y el de los cuadros inferiores. Sin embargo, el Ministro de la Defensa ha manifestado que el movimiento no se debió a causas económicas, porque se han hecho esfuerzos recientemente por mejorar la situación del personal. Por otro lado, se trata de explicar la sublevación como un estallido contra la corrupción, especialmente contra los casos de corrupción denunciados y detectados en los altos eslabones de la cadena de mando, pero debe reconocerse que el ministro Ochoa Antich ha dado muestras de tener la decisión de no incurrir en encubrimientos.

Todo se presta a muchas consideraciones y reclama, sin duda, un profundo y ponderado análisis. Pero hay algo que nos tiene que preocupar aún más seriamente, porque sean cuales fueren los verdaderos factores de la intentona, no cabe duda de que el ambiente general, el tremendo malestar existente en la población fue, si no el motivo, por lo menos el pretexto para la descabellada operación; fue telón de fondo, caldo de cultivo, escenario propicio para que quienes pretendían derrocar el Gobierno constitucional se sintieran animados a intentarlo.

Nadie puede dudar de mi firme e irrevocable convicción democrática. Sólo la más perversa mala fe puede atribuir a mis palabras una intención mezquina, y muchísimo menos el propósito de justificar el hecho reprobable. Pero sentí mi deber, como lo sentí hace tres años, de decir mi verdad, de alertar a los más responsables de la dirección política del país sobre un estado de cosas que de no enfrentarse a fondo y sin demora puede producir las peores consecuencias.

Me sentí obligado a expresar sin tapujos lo que el país está sintiendo, en forma clara y precisa. Y me causa nueva alarma el hecho de que la respuesta sea la actitud ciega y sorda de ignorar los graves reclamos colectivos y pensar que solamente con el endurecimiento de la represión se puede estañar la quebrantada salud del Estado.

Lo digo con dolor, pero sería insensato ocultarlo; el pueblo no salió decidido a defender sus libertades, como lo hacía en forma caudalosa y vibrante en tiempos que ya creíamos definitivamente superados, cuando cualquier aventurero, por grandes que fueran sus disponibilidades, amenazaba la democracia.

La base más firme de sustentación del sistema es la fe del pueblo, la voluntad del pueblo, la decisión del pueblo para mantenerlo y defenderlo. No querer darse cuenta que en la realidad actual esa voluntad está, cuando menos, debilitada, no es torpeza, es culpa. La misma retórica de hace treinta años resbala sobre los oídos de la gente. No tiene efecto. El pueblo está ansioso de sinceridad y de verdad. La dirigencia ha perdido capacidad de convocatoria.

Lo ocurrido el 4 de febrero en Venezuela es un alerta, no sólo para nosotros, sino para nuestros hermanos de América Latina. La democracia recuperada en ellos con tanto júbilo atraviesa una etapa difícil. Los países industrializados que ofrecen un apoyo a nuestro sistema democrático cuya sinceridad no podemos negar, deberían por fin darse cuenta de que hay un trasfondo que ha sido y sigue siendo cada día más amenazador. La vitrina está rota. No se trata simplemente de reponer los cristales. Lo que urge es comprender que el costo social de los paquetes de reajuste económico que se nos imponen ya se hace intolerable para los pueblos y que el mejor apoyo que pueden dar a las democracias latinoamericanas es hacer que el Fondo Monetario afloje un poco los torniquetes que estrangulan en este hemisferio a millones de seres humanos y les hacen la vida casi imposible.

1992. Febrero, 26. ALA / El Universal: Más que antes

Artículo Rafael Caldera Más que antes
Recorte de El Universal del 26 de febrero de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Más que antes

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 26 de febrero de 1992.

 

Si antes del 4 de febrero veníamos insistiendo en que cada vez se hacía más necesario abordar el tema de la enmienda constitucional, después del campanazo de alerta que sacudió a Venezuela esa necesidad es más patente.

El país luce desconcertado. El malestar general es evidente. No es que la descabellada intentona pueda justificarse (siempre y sin género de dudas hemos sostenido que la llamada solución de fuerza no es solución para los problemas colectivos), sino que sería imperdonable ceguedad no darse cuenta de que el estado de ánimo colectivo es propicio para que se intenten nuevas aventuras, por absurdas e inconvenientes que sean.

El senador José Mendoza Angulo, uno de los más puntuales y más lúcidos integrantes de la comisión bicameral que estudia la revisión del texto constitucional, en la primera reunión celebrada después del día 4, leyó un importante artículo suyo para un diario de esta ciudad, en el cual afirma razonadamente que llevar a cabo la enmienda es «más necesario ahora que nunca»; y el senador Pedro Pablo Aguilar, quien ha compartido los mismos méritos que arriba se reconocen a Mendoza Angulo, intervino para sostener –lo que otros también apoyaron– que debíamos dar remate a nuestra tarea en fecha próxima para que la trascendental Enmienda Número 3 pueda ser promulgada en el término más breve posible.

Sin duda, el país ha cambiado en muchos aspectos en los últimos treinta años. Y si bien es cierto que nadie ha expresado la peregrina idea de abandonar los valores que sirven de fundamento a nuestra Carta Fundamental, ni a dislocar la estructura democrática del Estado, lo que sí ameritaría una Constitución totalmente nueva, se ha ido reconociendo la necesidad de complementarla en algunos aspectos que han ido cobrando relevancia y corregir no pocas normas cuya aplicación ha sido imperfecta y hasta cuya violación ha sido frecuente, lo que hace peligrar la propia subsistencia del sistema que hemos jurado preservar y mantener.

A las diversas ramas del Poder Público corresponden materias que la comisión bicameral ha ido considerando. Así, por ejemplo, en la rama legislativa se va a proponer la introducción del referéndum, para hacer la democracia más participativa. En lo que concierne al Ejecutivo, se ha propuesto la creación del cargo de Primer Ministro que, aunque de libre elección y remoción del jefe del Estado, no sólo tendría funciones tan importantes como la de participar en la selección de los otros miembros del Gabinete, de recibirles cuenta y presidir sesiones del Consejo de Ministros, sino que también tenga responsabilidad ante el Congreso y pueda ser objeto de un voto de censura, el cual puede acarrear su remoción y con ella la reorganización del Gabinete. Y en cuanto a la delicada situación que hoy enfrenta el Poder Judicial, se han aprobado en principio diversas proposiciones, tendentes no sólo a asegurar la mejor selección de los jueces, sino a velar sobre ellos en casos extraordinarios mediante una Alta Comisión de Justicia, que represente al país nacional y garantice a la sociedad civil la confiabilidad de las actuaciones judiciales.

Otras modificaciones se prevén en el ámbito de los derechos, tales como el derecho a la información, la ampliación de derechos políticos a los venezolanos por naturalización, la igualdad de oportunidades para la mujer, el aseguramiento de su propia identidad, y a los grupos indígenas el goce de su hábitat, la protección del ambiente y la penalización de su deterioro; la previsión de un régimen estricto para los partidos políticos a fin de que cumplan a cabalidad su papel de baluartes del sistema constitucional. Aspectos de técnica legislativa, como el referente a la precisión del concepto de leyes orgánicas, y de carácter funcional, como la creación del cargo de Defensor de Derechos Humanos, estamos seguros de que responden a inquietudes y preocupaciones de la población.

Pero en las recientes sesiones se ha venido planteando también un tema que ha ido apareciendo más y más en los medios de comunicación: la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. No se puede negar que lo ocurrido en Colombia influye en el ánimo de algunos venezolanos que quisieran se abriera un camino similar. No hacen ellos objeciones al contenido dogmático y orgánico de la Constitución de 1961, cuyo cumplimiento pleno sigue constituyendo una aspiración compartida por la mayor parte de los venezolanos, pero sostienen la conveniencia de un mecanismo extraordinario para la renovación radical de los poderes constituidos.

Sería tonto ignorar que en los últimos tiempos este impulso ha tomado diversas formas: desde la petición de renuncia a la Corte Suprema de Justicia hasta la del Presidente de la República. Una y otro han respondido negativamente en forma categórica. El presidente Pérez ha recordado la expresión de Rómulo Betancourt, quien en horas aciagas y ante la presión de la izquierda revolucionaria de entonces, respaldada por los brotes guerrilleros urbanos y rurales afirmó: «ni renuncio, ni me renuncian».

Por supuesto, el problema reside en las condiciones que habría que exigir para que se convocara una Constituyente, a la que por definición no podría limitarse sus atribuciones. En Colombia, la llamada originalmente «Asamblea Constitucional» se transformó por su propia voluntad en «Asamblea Constituyente», y uno de los pasos que dio fue la disolución del Congreso, que en el Decreto de Convocatoria se mantenía en estado de hibernación, por lo que se fijó a la Asamblea para sus sesiones el tiempo que el Congreso estaba normalmente en receso.

Nuestra Constitución, en su último artículo, tiene lo que con su estilo ameno denominó el doctor Gonzalo Barrios la «maldición gitana», que cierra el paso a los cambios traumáticos que no tengan su fuente en el propio texto constitucional; disposición que, por cierto, reprodujo casi literalmente la Constitución del Perú.

El suscrito, que reconoce solidaria responsabilidad en la redacción de ese artículo, piensa que si el pueblo en verdad quiere una nueva Constitución debe preverse dentro del contenido de la Carta y no de otra manera. Por ello piensa que conviene prever la posibilidad de que el pueblo pida y demuestre, dentro del propio orden constitucional, su voluntad de que se convoque una Constituyente. Los trámites no son todo lo flexibles que se pretende, pero habría medios de cumplirlos con relativa rapidez si hubiera la efectiva voluntad de dar el paso.

El problema es delicado. Por supuesto, aquí, como en todas las cosas humanas, caben posturas contrapuestas: la de los que no quieren cambiar nada y la de los que buscan vías precipitadas aunque conduzcan a un abismo. El refrán dice: ni calvo ni con dos pelucas. En conclusión: debe abrirse un camino, pero en forma clara y segura. Al fin y al cabo, se está jugando el futuro.

1992. Marzo, 11. ALA / El Universal: Reforma constitucional ¡ya!

 

reforma constitucional
Recorte de El Universal del 11 de marzo de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Reforma constitucional ¡ya!

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 11 de marzo de 1992.

 

Desde hace más de dos años una comisión bicameral del Congreso que tengo el honor de presidir viene trabajando en el encargo de informar sobre la oportunidad, forma y conveniencia de una modificación del texto constitucional.

Inicialmente se trabajó con la idea de proponer una Enmienda número 3. Porque la Constitución prevé dos maneras de reformarla: una, a través de enmiendas, numeradas consecutivamente, y otra, a través de una reforma general. Las enmiendas tienen una tramitación en cierto modo más rígida que la reforma general, porque una vez aprobadas por el procedimiento establecido para la formación de las leyes se remiten a las Asambleas Legislativas para su ratificación o rechazo en sesiones ordinarias, mediante acuerdos considerados en no menos de dos discusiones y aprobados por la mayoría absoluta de sus miembros, y las cámaras reunidas en sesión conjunta, en sus sesiones ordinarias del año siguiente escrutan los votos de las Asambleas Legislativas y declaran sancionada la enmienda en los puntos ratificados por las dos terceras partes de aquellas.

La reforma general, en cambio, más exigente en el sentido de requerir el referéndum popular en vez del voto de las Asambleas Legislativas, no fija plazo para el referéndum, por lo cual puede ser convocado a la brevedad posible, y no se requiere que el escrutinio se conozca en sesiones ordinarias ni que tengan que ser del año siguiente. Por tanto, resulta más rápido el mecanismo para la reforma general que para la tramitación de una enmienda.

En el transcurso de estos dos años largos (casi tres) de existencia de la comisión bicameral, la situación ha ido variando sustancialmente. En primer término, porque han ido surgiendo nuevos temas además de los que inicialmente se comenzaron a tratar en nuestras reuniones: fruto de la inquietud general que reclama se consideren sin «descuadrar» el sistema democrático y además –sobre todo después de la campanada de alerta que sonó el 4 de febrero– porque el requerimiento se plasmó en impaciencia y la impaciencia se ha venido sintiendo más fuertemente con el transcurso de los días.

De allí que el criterio de la Comisión, conforme con el reclamo de la opinión pública, se ha deslizado de la idea inicial de la Tercera Enmienda a la idea de una reforma general.

La comisión bicameral propondrá en consecuencia al Congreso hacer una reforma general de la Constitución a la brevedad posible. La rapidez del procedimiento depende, por supuesto, de un acuerdo político de las corrientes representadas en las cámaras, de no prodigarse en largos debates, que podrían alejar del pueblo venezolano la convicción de que seriamente se entra en un camino de sustanciales rectificaciones.

La reforma contemplaría una revisión a fondo de la administración de justicia, que no sólo contiene mejoras importantes en cuanto a la selección y funcionamiento de los tribunales, sino de procedimientos excepcionales para elegir y para remover a los magistrados y jueces; la previsión del referéndum como institución popular para abrogar leyes, decidir cuestiones de especial trascendencia y pronunciarse sobre la ratificación de aquellos tratados internacionales que revistan mayor significación para el país; una legislación más efectiva sobre los partidos políticos, para asegurar la recuperación de su prestigio y el cumplimiento cabal de su función como sustentos de la democracia; la creación del cargo de primer ministro, designado por el presidente de la República, pero sujeto a la posibilidad de un voto de censura que acarree su remoción y la reorganización del Gabinete; la institución del defensor de los derechos humanos para ofrecer a la ciudadanía un órgano especializado en defenderla contra excesos y atropellos de las autoridades, y otras innovaciones más, como la precisión del concepto de leyes orgánicas y las condiciones formales para que tengan tal carácter, o la tramitación del presupuesto, para que pueda ser examinado oportunamente por ambas cámaras.

Hay, además, unos planteamientos sobre los cuales existe seguro consenso, como el derecho a la participación popular reclamado por las asociaciones de vecinos, el derecho a la información requerido por los periodistas, el derecho a un ambiente sano sustentado por los ecologistas, el derecho a la propia identidad y a la protección de su hábitat para las etnias indígenas planteado por los indigenistas, el derecho a la igualdad de oportunidades para la mujer solicitado por las voceras femeninas, el mejoramiento a los derechos políticos de los venezolanos por naturalización, que éstos con toda razón consideran no debe negárseles más tiempo. El proceso de descentralización actual y la elección popular de los gobernadores suponen también la reforma de algunos artículos del texto actual; y, por otra parte, la experiencia de las relaciones internacionales aconseja algunos cambios o aclaraciones de redacción que protejan la integridad de la patria.

Así como éstos, hay otros aspectos que no habría por qué demorar. La mayoría de las materias enunciadas han venido siendo consideradas por la comisión en el diálogo muy constructivo realizado en sus sesiones, otras corresponden a planteamientos que se han formulado ante ella y que no ha habido tiempo de discutir, pero sobre las cuales se han presentado mociones y razonamientos que podrían analizarse rápidamente si hubiera realmente la decisión de enfrentar el aspecto constitucional de la crisis que vivimos.

La reforma general, por supuesto, contiene también la previsión de convocar una Asamblea Constituyente si el pueblo lo considera necesario, sin que se rompa el «hilo» constitucional. Sería muy grave esa ruptura, por lo que se debe abrir camino dentro del ordenamiento jurídico.

La Constitución de 1961 es indiscutiblemente muy buena y ello es unánimemente reconocido; pero el tiempo trae consigo nuevas situaciones y el pensamiento, así como el sentimiento colectivo, experimentan cambios que sería errado no entender.

En Venezuela las constituyentes han surgido después de una revolución o golpe de Estado; y –cosa curiosa– entre las constituciones que han durado menos están algunas, como la de 1858, la de 1864, la de 1947 y la de 1953, promulgadas por asambleas constituyentes. La de 1830 naufragó con el «fusilamiento del Congreso» en 1848.

Esto no quiere decir que no debe abrirse ese camino, pero con garantía de que no resulte un espejismo más y de que el pueblo no se sentirá burlado de nuevo.

Hay opiniones según las cuales debería limitarse la reforma actual a prever la convocatoria a la Constituyente y, a lo más, considerar dos o tres puntos solamente. Esto sería postergar urgentes aspiraciones de importantes sectores; porque el proceso de convocatoria de la Constituyente, después de celebrado el referéndum aprobatorio, requerirá cierto tiempo para la elección de los miembros de la Asamblea, que supone lo suficiente para la postulación de los candidatos, creación y registro de los grupos que los respalden, porque la gente no se conformaría con ir solamente a votar por los candidatos postulados por los partidos existentes.

Sería para fines de año la instalación de la Asamblea para que comience a debatir las cuestiones por cuya consideración clama la comunidad, lo que agravaría la crisis actual en vez de resolverla. En cambio, atender de inmediato en la reforma general (sobre un proyecto que está listo) demostraría que verdaderamente las cosas van a cambiar.

Esa reforma general podría, además, si así se considerara necesario, contemplar la posibilidad de introducir disposiciones transitorias relativas a la organización de las ramas del Poder Público nacional. Toca al Congreso pulsar el sentimiento popular y obrar en consecuencia.

Esa reforma general de la Constitución, con la premura que las circunstancias imponen, tendría la ventaja de no ser improvisada. No se correría el riesgo de que unos fanáticos de la corriente neoliberal, si llegaran a controlar la Constituyente, estropearan el conjunto de garantías sociales que la Carta contiene. Y ésta, que ha sido de nuestras leyes fundamentales la que ha durado más, cobraría nueva vida, poniéndose a tono con los tiempos. Por eso considero ineludible decir: reforma constitucional ¡ya!

1992. Marzo, 25. ALA / El Universal: Etapa cumplida

Rafael Caldera etapa cumplida
Recorte de El Universal del 25 de marzo de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Etapa cumplida

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, 25 de marzo de 1992.

 

El pasado lunes, primer día hábil después de la fecha fijada por el Congreso a la comisión bicameral respectiva, entregué a los presidentes de las Cámaras el informe de la comisión, con un Proyecto de Reforma General de la Constitución, constante de 70 artículos. Para cumplir el compromiso hubo que sesionar intensamente durante toda la semana, incluyendo el domingo, pero debo dar fe de que los miembros de la comisión y los asesores dieron muestras de voluntad de servicio para cumplir tan importante encargo.

La comisión bicameral, designada en junio de 1989, iba ampliando su horizonte a medida que el interés nacional así lo reclamaba, y la prisa con que se concluyeron sus tareas no fue por capricho de sus integrantes, sino por responder a la profunda inquietud que existe ante la crisis política que atravesamos.

Esa prisa no impidió, sin embargo, que durante la última semana se revisaran absolutamente todos los temas que habían ido considerándose a lo largo de dos años y medio, así como los propuestos en los últimos días por organismos, instituciones o personas animadas con la mejor intención de contribuir a mejorar aún más el texto.

Las reuniones de la Comisión tuvieron lugar en el más importante salón del Capitolio (después del salón Elíptico) que es el salón de los Escudos, cuyas puertas estuvieron siempre abiertas, cuyo recinto siempre fue accesible a quienes desearan estar al tanto de las discusiones y cuyo umbral fue franqueado repetidas veces por los comunicadores sociales.

Para más amplia información y difusión del trabajo que se iba realizando, se celebraron foros de innegable trascendencia. Las Jornadas de Revisión Constitucional que llevaron el nombre de Jóvito Villalba, celebradas en Parque Central, contaron además con la concurrencia de los copresidentes de la Constituyente colombiana, doctores Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf, y del presidente de la Constituyente brasileña, diputado Ulises Guimaraes. Los medios las reseñaron ampliamente; y allí, por cierto, fue donde por primera vez se planteó en un ambiente académico la posibilidad y conveniencia de prever la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esas Jornadas fueron de libre acceso al público y, además, se repartieron unas 4.000  invitaciones, que cubrieron todo el espectro político y social venezolano.

Las Jornadas Domínguez Escovar, que anualmente reúnen en Barquisimeto a lo más representativo del pensamiento jurídico de toda la República, se dedicaron el año de 1991 a la reforma de la Constitución. El Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, que tuvo su sede en Maracaibo con motivo del Centenario de la Universidad del Zulia y que comprendió a los mejores especialistas en la materia, también se dedicó a la revisión constitucional.

Numerosos foros patrocinados por Colegios de Abogados o por Universidades y otras instituciones, han analizado durante estos dos años y medio el trascendental asunto. Han participado en la discusión de la materia diversas personalidades, en programas de opinión trasmitidos por la televisión y por la radio. Y el material de prensa en torno a los diferentes aspectos del problema es sumamente abundante: artículos, declaraciones y noticias recogen los puntos de vista más variados sobre el particular.

Resultaría, por tanto, a lo menos ingenuo pensar que las actividades de la Comisión Bicameral han tenido algo de clandestinas o secretas; y no podría concebirse que nuestro pueblo y sus más conspicuos representantes hayan sido tan indiferentes que no tuvieran noticia de nuestra labor.

Sin embargo, convengamos en que lo ocurrido en el país a raíz del 4 de febrero ha incrementado la curiosidad; y ahora, con la entrega del informe de la comisión y la iniciación del proceso deliberativo en el Congreso aumentarán su conocimiento y la curiosidad por conocer el Proyecto. La controversia acerca de algunos temas polémicos acentuará ese interés; y si bien, de las reformas propuestas muchas son expresión de un verdadero consenso nacional y otras son transcripción mejorada de disposiciones existentes en las dos enmiendas aprobadas (No. 1 y No. 2), es indudable que la preocupación colectiva seguirá aumentando antes de convocarse el referéndum popular que habrá de decidir si aprueba o no la reforma constitucional, el cual deberá ser precedido además (sin duda) por una extensa información al pueblo, que ejercerá por primera vez el derecho a pronunciarse en una consulta popular de tal índole.

La reforma constitucional es una contribución valiosa, sin duda, a la solución de la crisis política que el país atraviesa. No es ni puede ser una panacea, pero sí un factor importante para abrir caminos a la recuperación de la confianza en la institucionalidad democrática. A través de un procedimiento previsto en la misma Constitución de 1961 se abre campo a novedosos e interesantes cambios en la estructura del Estado democrático venezolano.

De la mayor importancia es, por ejemplo, la institución del referéndum popular. Se lo propone en los términos más amplios: referéndum abrogatorio de materias de señalada significación (como podría serlo por ejemplo, un tratado de delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia); referéndum consultivo, sobre materias de especial importancia, y –muy interesante– referéndum revocatorio del mandato  de funcionarios públicos de toda clase y de todo nivel cuando, después de transcurrido un tercio de su período, el pueblo crea que debe removerlos por no estar cumpliendo a satisfacción sus compromisos.

La reforma de la administración de justicia ha sido materia a la que dedicó quizás la mayor parte de sus deliberaciones la comisión bicameral. El hecho de que el país nacional no crea en la imparcialidad de sus jueces es dramático. Muchas de las disposiciones propuestas tratan de ofrecer solución: algunas de ellas de carácter permanente, otras para responder a los reclamos especialmente urgentes de la comunidad en la hora actual. Mi tesis ha sido la de crear una Alta Comisión de Justicia que no sea un organismo burocrático, sino una especie de jurado que se reúna en cada caso en que se necesite, convocada por el Fiscal, por las Cámaras y por la propia Corte Suprema y presidida por el Fiscal General de la República e integrada por personas que en parte representen el estamento jurídico y en parte el resto del país nacional. La Comisión prefirió darle el nombre de «Consejo de la Magistratura» y, además de quitarle algunas de las facultades propuestas, colocarla bajo la presidencia del Presidente de la Corte Suprema, lo que no me parece conveniente. Además, propuso una modificación del Consejo de la Judicatura que no estoy seguro de que constituya efectivamente una mejora sustancial. No veo cómo se evitará una inevitable confusión en el público entre el «Consejo de la Magistratura» y el «Consejo de la Judicatura», dos organismos con atribuciones muy diferentes y con denominación equivalente. Pero, al fin y al cabo, y sea cual fuere la decisión final, la proposición evidencia la preocupación de la comisión bicameral sobre este tema.

La creación de la figura del Primer Ministro, nombrado por el Presidente, que comparte con él la selección y funcionamiento del Gabinete y que puede ser destituido por un voto del Congreso; la del defensor de Derechos Humanos, que atiende las quejas de la población, para que el Fiscal General pueda dedicarse íntegramente a las responsabilidades que el Ministerio Público impone; la introducción de normas exigentes para el funcionamiento de los partidos; el voto de conciencia; la formulación de derechos reclamados por importantes grupos sociales, todo ello es requerido por la Venezuela de hoy y no hay un motivo para aplazarlo.

Y se propone la previsión de que, si el pueblo así lo decide, se convoque una Asamblea Constituyente: es decir, que el propio ordenamiento constitucional prevé el procedimiento para que pueda derogárselo a través de un poder originario. ¿Audacia? Sin duda; pero indispensable para satisfacer muchas inquietudes y desvanecer muchas dudas.

El nudo de todo el proceso está en la decisión sobre la aplicación inmediata, en algunos aspectos trascendentales como el referéndum revocatorio, que respondería a evidentes aspiraciones de la población, pero no contó con mayoría en la Comisión. No se planteó en ella la propuesta de una disposición transitoria para recortar este período constitucional, pero se anunció que sería presentada a las Cámaras. Esta cuestión, sobre la cual no quiero insistir, va a tener inevitables consecuencias.

De todos modos, estoy convencido de que la nueva etapa que se inicia en el proceso de la reforma constitucional abre ante el país una esperanza: esperanza que se traduce en la convicción de que sí hay solución democrática para la crisis que vive Venezuela.

1992. Abril, 8. ALA / El Universal: Razones de una sinrazón

Artículo Razones de una sinrazón
Recorte de El Universal del 8 de abril de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera

Razones de una sinrazón

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 8 de abril de 1992.

 

Se ha dicho –y es verdad– que los venezolanos no somos proclives al trabajo metódico y oportuno, pero nos interesamos en los programas cuando están a punto de realizarse y las decisiones a punto de tomarse. Eso está ocurriendo con la reforma de la Constitución. Irrumpen con afirmaciones destempladas, personajes que se supone debían estar ampliamente informados del curso que llevaba la elaboración del proyecto. Se muestran ahora sorprendidos y, lo que es más grave, expresan opiniones aventuradas que demuestran no conocer aún la materia ni apreciar las consecuencias que podría tener para el país una opinión adversa a ese paso, que es indispensable para la salida de la crisis. No es que sea la solución, pero es una apertura indispensable para la solución.

No está de más recordar que la comisión bicameral para la revisión de la Constitución estuvo reuniéndose semana tras semana, durante dos años y medio, en el Salón de los Escudos del Capitolio, a puertas abiertas, con asistencia frecuente de los medios de comunicación social y con abundantes comentarios en periódicos, revistas y programas de radio y TV.

Que en octubre se celebraron en Parque Central las Jornadas de revisión constitucional que llevaron el nombre de Jóvito Villalba, a las cuales se invitó a todos los miembros importantes de los poderes públicos, nacionales, regionales y locales, así como a los jueces y abogados de toda la República. A dichas jornadas concurrieron dos de los tres copresidentes de la Constituyente de Colombia, los doctores Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf y el presidente de la Constituyente brasileña, diputado Ulyses Guimaraes, cuya presencia era noticia y quienes fueron ampliamente entrevistados.

Que al tema de la reforma de la Constitución se dedicaron el Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, celebrado en Maracaibo, y las Jornadas Domínguez Escovar en Barquisimeto, así como numerosos foros en colegios de abogados, universidades y otras corporaciones, en variados lugares del país. A ninguno de ellos se dignó en concurrir y menos enviar observaciones, ninguno de los prominentes señores que hoy alzan su dedo acusatorio contra la reforma constitucional.

Por supuesto, es importante que quienes tengan observaciones o proposiciones que hacer las formulen ahora, cuando empieza la discusión del proyecto en las Cámaras Legislativas. Lo que sería una sinrazón sería desestimular desde ahora la participación del pueblo en el referéndum, que es definitivo en el proceso.

Porque, como lo expresa un documento publicado por el consejo consultivo de la Presidencia de la República, es inaplazable, «una pronta reforma constitucional que llene las expectativas de la población y sea aprobada en un referéndum en el curso de los próximos meses».

No sólo hemos admitido, sino que hemos insistido sobre ello en todas las formas y oportunidades, que la reforma constitucional no es una panacea. Los problemas del país son complejos y la reforma constitucional no los puede resolver: pero es una apertura indispensable para abordar con éxito su solución. Por otra parte, no hemos olvidado la advertencia del Libertador de que no son las leyes, por perfectas que fueren, sino los hombres, los ciudadanos probos y patriotas, los que constituyen las repúblicas.

Naturalmente, la reforma de la ley fundamental no es suficiente; los cambios que el país necesita han de ser obra de sus ciudadanos, pero aquélla busca poner en manos de la colectividad las decisiones fundamentales, para que sea protagonista de su propia superación.

Si le dijéramos al pueblo que la reforma constitucional es una panacea y que con ella lo tendremos todo resuelto, lo estaríamos tratando de engañar. Pero es una estupidez mal intencionada decir que al proponer la reforma estamos mintiéndole al pueblo. Lo que le decimos es que para que él asuma papel estelar en una democracia de participación, el proceso tiene necesariamente que pasar por una reforma general de la Constitución. Esto y nada más.

Se comprende que entre las razones de la sinrazón está la actitud de quienes no quieren desprenderse de una cuota de poder que han venido teniendo en sus manos y que la perderían con la reforma.

Mueve a algunos el deseo de que los cambios se pospongan y por eso quieren que no se tome ahora otra decisión que la de prever la convocatoria de una Constituyente que, en el mejor de los casos, no comenzaría sus debates sino en 1993.

Hay, por otra parte, la aspiración de quienes desean una salida militar, porque de no adelantarse sin demora la salida democrática (que requiere como condición sine qua non la reforma constitucional) tomaría cada vez más cuerpo y presencia el fantasma de la solución de fuerza, que se ha venido planteando con insistencia después del 4 de febrero.

No pretendo que todos los que se oponen, en forma abierta o sibilina, a la reforma constitucional, sean movidos por esos propósitos. Hay honorables personalidades que no están debidamente informadas y no han reflexionado suficientemente sobre sus diversos aspectos. Hay quienes ingenuamente piensan que las cosas pueden irse llevando (corriendo la arruga) hasta febrero de 1994, y para entonces ya se verá lo que ocurre. Otros consideran que ellos y no otros eran los llamados a plantear y decidir las modificaciones necesarias y nadie más. Ante lo cual debo decir que todas las mejoras y correcciones posibles están a tiempo de plantearse ante las cámaras y que como miembro de la comisión bicameral me siento dispuesto a deponer todo orgullo y a aplaudir los cambios que mejoren el proyecto y lo hagan más conveniente a la realidad nacional.

Por lo demás, algunos puntos de supuesta controversia sostenidos dramáticamente, tienen fácil solución. Tal, por ejemplo, la previsión de que el Senado pueda destituir a los gobernadores por los 2/3 de sus votos, a solicitud del presidente de la República o de las Asambleas Legislativas. Nadie pondría dificultad alguna en su eliminación. Haberla puesto se debió al propósito de no dejar las causas de remoción al legislador. Se trasladó al proyecto lo establecido actualmente en la Ley Orgánica sobre elección y remoción de los gobernadores, que nadie ha protestado. Pero hoy suprimir esa atribución no sólo es conveniente sino viable, porque el referéndum revocatorio que se propone da al pueblo la potestad de destituir al gobernador. Y es sólo el pueblo quien debe tenerla.

En cuanto al situado constitucional, se consideró innecesaria y aventurada la modificación: innecesaria, porque ya se sentó el precedente de que la ley puede disponer su aumento; aventurada, porque la materia está en proceso de experimentación.

Yo, personalmente, pienso que las entidades regionales deben acreditar fehacientemente la buena administración de los recursos asignados: actualmente temo que muchas, quizás la mayoría, no saldrían aprobadas en un severo examen. Además, el proyecto abre caminos para que los estados vayan creando sus rentas propias y dependiendo menos del Estado nacional. En todo caso, la comisión lo que ha hecho es proponer.

El debate que ahora se abre es la oportunidad para decidir. Esa discusión tendrá el efecto de motivar al pueblo para que acuda consciente a dar su ratificación. Si se aprueba la terminación inmediata del actual período constitucional y una llamada inmediata a renovar mediante  el voto los poderes públicos, el interés del pueblo será mayor. Ojalá lo entienda así la mayoría del Congreso y le dé ese aliciente a la convocatoria del referéndum.

1992. Abril, 22. ALA / El Universal: El ministro Cavallo

Artículo Caldera sobre Domingo Cavallo
Recorte de El Universal del 22 de abril de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El ministro Cavallo

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 22 de abril de 1992.

 

Tengo por la Argentina no sólo admiración sino afecto. Admiro a ese país hermoso, admiro su naturaleza y sus realizaciones, admiro a Buenos Aires, una de las ciudades más hermosas y acogedoras del mundo, pero además tengo muchos amigos argentinos, he recibido obligantes manifestaciones de aprecio y simpatía por parte de gente de sus más variados sectores sociales.

Me ha preocupado y me preocupa, naturalmente, su situación económica. Sé que para los observadores superficiales, el «populismo» tiene su manifestación más típica en ese país. Al peronismo se le achaca el milagro inverso de haber llevado a la ruina a una nación que tenía uno de los ingresos per cápita más altos. Pero quienes así hablan no se dan el trabajo de indagar por qué surgió el peronismo. No era justa la distribución de la riqueza. No fue una mera aventura caprichosa del general Perón, azuzado por su esposa Evita, lo que creó uno de los fenómenos políticos más extraños, no sólo en América Latina, sino en el mundo entero. El peronismo tiene una honda raíz emocional, que lo ha hecho capaz de desafiar sus propios errores y sus faltas, ya sea el culto a la personalidad o los actos de corrupción que se le imputan. Ha sobrevivido a dos largos y duros gobiernos militares y a un período de gobierno radical. Devuelta al pueblo la capacidad de elegir, ahí está de nuevo el peronismo, en la figura, en veces inspirada, en veces folclórica, del presidente Menem, quien llegó a la Casa Rosada cubierto con la imagen de Juan Domingo Perón.

Pero, como suele ocurrir en la historia, el presidente Menem llegó para intentar todo lo contrario de lo que sostenía Perón. Su argumento discutible es el de que si este viviera haría lo que él está ahora intentando. Perón era populista, él es fondomonetarista; Perón era anti-yanqui, él es un incondicional aliado de Estados Unidos; Perón cultivaba un nacionalismo visceral, él ha llegado al punto de enviar una fragata argentina a combatir en el Golfo Pérsico al lado de los ingleses, a pesar del conflicto de las Malvinas.

Pero no soy quien deba juzgar los méritos y posibles errores del señor Carlos Saúl Menem al frente del Gobierno de la República Argentina, a la que no sólo quiero y admiro, sino también respeto. Tampoco me corresponde emitir un veredicto sobre la política asumida por su ministro de Economía, el señor Domingo Cavallo, ex ministro de Relaciones Exteriores, político provincial de filiación demócrata cristiana, quien asumió con mucho coraje su nuevo cargo y sorprendió a los observadores ordenando, como Josué cuando mediante un simple úkase paró el Sol, que se detuviera la baja de la moneda argentina, el austral, cuya paridad en pocos años había caído desde un dólar y algunos centavos hasta la astronómica cantidad de diez mil por dólar. Cavallo decretó: «¡No más!» y el milagro lo hizo. Al menos por ahora. Sinceramente, quisiéramos que el resultado fuera estable y que fuera el pueblo argentino, digno de la mejor suerte del mundo, el beneficiario final de la política económica del ministro Cavallo.

La fama de Cavallo tiende a convertirlo en oráculo continental. El ministro Calderón Berti informó que al encontrarse con él en Buenos Aires tuvo la feliz idea de invitarlo a venir a Caracas, para que le diera la bendición a la política económica del presidente Pérez. Y como cualquiera de esos periodistas nórdicos que en una semana de viaje adquieren suficientes conocimientos para escribir un libro sobre Latinoamérica, Cavallo pasó 48 horas en Venezuela, habló con el Presidente y sus colaboradores –o algunos de ellos– y emitió largas declaraciones para «movilizar la opinión pública». Dijo que le había «gustado el clima de colaboración que hay dentro de los ministros de Copei que se han incorporado al Gabinete y al Gobierno de Pérez» y recomendó a los dos partidos ponerse de acuerdo para sacar en el Congreso leyes impositivas que aumenten la recaudación fiscal y pongan al presupuesto a cubierto de cualquier baja de la renta petrolera. ¡Ah! Y acelerar las privatizaciones.

«Estamos privatizando –dijo– toda la electricidad (generación, distribución, transporte y trasmisión), el gas, los ferrocarriles, las líneas marítimas, el agua potable y las cloacas, la casa de la moneda y hasta el correo». Nada menos. Y se quedó corto. Su dictamen sobre el proceso venezolano, el objetivo de su viaje, fue categórico: «La impresión que tengo es que el rumbo que tiene Pérez es el correcto. Lo que ocurre es que a lo mejor tiene que ir más rápido en algunas reformas, como las fiscales y las tributarias, pero de ninguna manera ir atrás». ¿Entendido?

El ministro Cavallo no sólo habló de economía, no sólo le bastaron 48 horas para dictar sentencia sobre la política económica de CAP, sino que también le alcanzaron para lanzar opiniones y hasta una acusación en materia de política interna venezolana. Me hizo el honor de escogerme como blanco del ataque. «Me asombra un poco –dijo– lo que he leído del doctor Caldera respecto a su posición en la actualidad. Me hace recordar, lamentablemente, la de otro gran estadista que tenemos en Argentina, el doctor Frondizi, que habiendo sido un hombre que en su momento pudo haber impulsado la transformación de Argentina, simplemente por impaciencia le está dando “manija” a los cara pintada, que son desestabilizadores del orden institucional. Es una lástima que hombres que han tenido una gran estatura como estadistas en un determinado momento, abandonen su prédica democrática y alienten expectativas de cambio por vías de fuerzas armadas, cuando un país moderno que quiere progresar tiene que tener plena supeditación de las fuerzas armadas al poder civil y un respeto por las instituciones políticas, aun cuando se les considere meras instituciones formales».

No me corresponde asumir la defensa del ex presidente Frondizi, ni él la necesita, porque sabe defenderse por sí mismo. Pero tengo que protestar por la insinuación de que yo «le estoy dando manija a los cara pintadas», de que he «abandonado mi prédica democrática y aliento expectativas de cambio por vías de fuerzas armadas». ¿De dónde sacó Cavallo esa irresponsable y aventurada afirmación? ¿Quién le diría eso, ministro Calderón Berti? Mi línea democrática es muy clara y muy firme; y por eso estoy empeñado en demostrar que sí existe una salida democrática a nuestra crisis, y que esa salida democrática es lo único que puede alejar de nuestro horizonte el fantasma amenazador de un hecho de fuerza. No es precisamente el ministro Cavallo quien puede darme lecciones de fidelidad y respeto a las instituciones, que han sido norma indoblegable de toda mi vida.

Si sus infundadas imputaciones provienen de una información que creyó auténtica y cuya veracidad no se molestó en verificar, es a mí a quien le da lástima que un hombre investido de gran responsabilidad en un gran país que, como he dicho, quiero y admiro, sea capaz de lanzarse a tan atrevidas aseveraciones, que no sólo constituyen un entrometimiento indebido en la política interna de un país hermano, sino un acto de ligereza que hace pensar mal de sus actos de gobierno. Porque si sus actitudes y decisiones como zar de la economía argentina se basan en conocimientos adquiridos tan a la ligera como éstos y en razonamientos tan poco meditados, hace temer que las esperanzas puestas en su gestión estén a merced de cualquier circunstancia. De veras lo lamentaría. A pesar de su agresión gratuita e injusta, deseo sinceramente que el ministro Cavallo tenga éxito, no por él, sino por el pueblo argentino.

1992. Mayo, 6. ALA / El Universal: ¿Cuatro más cuatro?

Cuatro más cuatro
Recorte de El Universal del 6 de mayo de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Cuatro más cuatro?

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 6 de mayo de 1992.

 

La comprensible tendencia a considerar lo de Estados Unidos siempre lo mejor es seguramente la razón que a muchos, de buena fe, lleva a proponer que el período presidencial en nuestro país sea, como en Norteamérica, de cuatro años prorrogables mediante una reelección inmediata por cuatro años más. Lo que me ha hecho recordar un apóstrofe de Andrés Bello: «Cuándo imitaremos a Estados Unidos en lo que son más dignos de ser imitados». Refiriéndose a quienes atribuyen al federalismo norteamericano el adelanto en ese país, Bello comenta: «Toda constitución libre hubiera sido igualmente próspera, en pueblos preparados como lo estaban los americanos del norte, y favorecidos de las mismas circunstancias naturales; y la federación más perfecta habría hecho poco o nada sin el espíritu que animaba aquella sociedad naciente: espíritu que nació y medró a la sombra de instituciones monárquicas, no porque eran monárquicas sino porque eran libres y porque en ellas la inviolabilidad de la ley estaba felizmente amalgamada con las garantías de la libertad individual». Suponiendo que el sistema de la reelección inmediata hubiera funcionado a la perfección en Estados Unidos, ello no significaría que también sería ideal en Venezuela. Pero vale la pena analizar un poco la materia.

La norma permisiva de una inmediata y única reelección al cumplirse el período presidencial de cuatro años no se estableció en el Norte como resultado de una previa deliberación. Es sabido que al principio no había ningún ánimo anti-reeleccionista. El padre de la Patria, George Washington, fue reelecto al cumplirse su período y habría sido reelecto una vez más, sin no lo hubiera rechazado. Su ejemplo fue seguido por sus sucesores, hasta que Franklin D. Roosevelt tuvo la ocurrencia de hacerse reelegir por tercera y cuarta vez. Nada se lo impedía. Pero después de su muerte cobró cuerpo la idea de que el ejemplo de Roosevelt, que podría inducir a otros a imitarlo, no era el más conveniente; y la enmienda Constitucional Número XXII, en 1951, prohibió que un Presidente fuera reelecto por más de un segundo período.

Me observaba un amigo versado en la historia de Estados Unidos que después de Truman sólo fueron reelectos los presidentes Eisenhower y Reagan, quienes no han sido, a juicio de muchos observadores, los más brillantes ocupantes de la Casa Blanca. Nixon fue reelecto, pero su actividad como presidente-candidato lo llevó a utilizar ciertas ventajas que, evidenciadas, lo obligaron a renunciar sin concluir el segundo período. Kennedy fue asesinado para que no lo pudieran reelegir; Johnson no se atrevió a postularse por segunda vez, a causa de la difícil situación en que lo había colocado la guerra de Viet-Nam; Carter perdió las elecciones al postularse de nuevo ante los electores.

Pero no se trata solamente de que haya tenido o no lugar la reelección. Lo más importante es que no parece muy sano jugar el doble papel de Presidente de Estados Unidos y candidato en campaña electoral. Como Jefe del Estado tiene en sus manos una suma de poder muy grande y puede ceder a la tentación de usarla más allá de lo lícito: esa fue la causa del deplorable incidente de Watergate. Por otra parte, es posible que en el cuarto año de gobierno los compromisos de la campaña del candidato tengan prioridad sobre las obligaciones del Presidente y las decisiones que éste adopte tienden a ser calificadas por la oposición como electorales.

No es extraño, por tanto, que en los propios Estados Unidos haya habido dudas sobre la conveniencia de continuar el sistema de 4 + 4. En el The New York Times del 10 de mayo de 1979, James Reston escribía desde Washington: «Se piensa en prolongar el período presidencial». «Durante las últimas semanas –decía- tanto el presidente Carter como John Connally se han manifestado públicamente por un único período presidencial de seis años. Lyndon Johnson y Richard Nixon habían también indicado lo mismo. Carter consideró que sería mejor ser un Presidente por un período de seis años porque al paso del tiempo todo el mundo sospecharía que estaba tomando decisiones, no para la nación sino para asegurarse su propia reelección» (El Nacional, Caracas, 11/5/70). La agencia EFE, el 29 de abril del mismo año, comentaba: «en los últimos veinte años el Congreso ha estudiado ese tema varias veces, sin llegar a ninguna conclusión».

En América Latina, el problema se podría tornar mucho más grave. No es que no pueda haber un Presidente suficientemente honesto y suficientemente respetuoso de su dignidad y de su deber de respetar las instituciones, para competir limpiamente y sin ventajismos indebidos en la consulta electoral para un nuevo período, estando en ejercicio de su alto cargo. Pero sería probablemente la excepción y no la regla. Por eso las constituciones latinoamericanas todas han prohibido la reelección inmediata; la nuestra, como la anterior de Costa Rica extendieron la prohibición hasta dos períodos subsiguientes para evitar que ocurra lo que sucedió en Venezuela entre 1852 y 1858, en que la Presidencia fue de las manos de José Tadeo a las de José Gregorio y de José Gregorio a José Tadeo. Dos períodos (aquí, diez años) son suficientes como para impedir que el ex Presidente conserve las riendas del poder hasta allá e imponer irregularmente su nueva elección. Sigo creyendo que este sistema, comparado con otros, es mejor.

En algunos países del hemisferio se ha establecido la no reelección absoluta, propuesta para Venezuela en la Comisión de Revisión Constitucional. El caso piloto es el de México, donde funciona una democracia singular, controlada por un partido –que apenas ahora comienza a aceptar una cierta apertura al pluralismo- y donde el Presidente tiene poderes muy grandes, incluyendo la selección del sucesor. El período allá es de seis años. En Costa Rica y Ecuador se ha introducido la no reelección absoluta que acaba de incorporar también la nueva Constitución colombiana. El período es de cuatro años en los países citados, y personas como el ecuatoriano Oswaldo Hurtado, y el costarricense Rafael Angel Calderón Fournier, que no tienen 50 años de edad, ya no pueden volver a ser presidentes, aunque lo hayan hecho bien y ahora tengan mejor experiencia. En los dos países la disposición tuvo nombre propio: en Costa Rica, Pepe Figueres y en Ecuador José María Velasco Ibarra, reelectos cada vez que se les permitió competir. Pero en Costa Rica está pasando algo curioso: una de las personas que aspira a la candidatura para la próxima elección es la esposa del ex presidente Oscar Arias, lo que causa una impresión extraña. Por lo contrario, en Brasil no pocos piensan en el ex presidente Sarney para una próxima elección. Lo mismo pasa en Uruguay con el ex presidente Sanguinetti. Podrían citarse otros ejemplos y valdría la pena examinar la motivación.

El cambio que algunos han propuesto en Venezuela para aplicar el sistema norteamericano pareciera no estar suficientemente meditado. El 4+ 4 sería atractivo para quienes aspiren a la Presidencia, porque podrían pensar que el quinquenio podría extenderse hasta ocho años. Creo, sin embargo, que el problema no es para juzgarlo en términos de la conveniencia de nadie, sino del país.

¿Qué pensar sobre lo establecido para los gobernadores y alcaldes? Prácticamente todos los que fueron elegidos en 1989 están aspirando a la reelección, y quién sabe cuántos de ellos están administrando los recursos de su jurisdicción con franca intención electoral. El resultado de las elecciones próximas servirá de termómetro para emitir un juicio sobre el ensayo. Trasladarlo a la Jefatura del Estado en la próxima reforma constitucional parece aventurado.

Vale la pena analizar mejor la idea. En todo caso, he considerado de mi deber exponer sinceramente mi opinión.

1992. Mayo, 20. ALA / El Universal: El argumento de los 70 artículos

El argumento de los 70 artículos Rafael Caldera
Recorte de El Universal del 20 de mayo de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El argumento de los 70 artículos

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 20 de mayo de 1992.

 

La tramitación de la reforma constitucional en las cámaras legislativas ha suscitado, como es natural, numerosas opiniones de personas y entidades que antes no se preocuparon por el asunto, a pesar de la amplia publicidad que se dio durante dos años y medio a las actuaciones de la comisión bicameral encargada de la revisión. Es natural, digo, porque así suele acontecer aquí: es al final cuando quienes debían estar alertas responden a sus inquietudes para expresarlas enfáticamente. Esas personas y entidades en su mayoría fueron invitadas a reuniones diversas, suficientemente anunciadas en los medios de comunicación social: baste mencionar, como ejemplo, las Jornadas de Revisión Constitucional que llevaron el nombre de Jóvito Villalba, que se celebraron durante varios días en Parque Central y a las cuales asistieron, como motivo adicional de atracción, los directivos de las constituyentes de Brasil y Colombia, quienes fueron entrevistados por los medios de comunicación social. Esto lo he dicho antes, pero no es ocioso repetirlo.

Lo que es menos natural es el argumento esgrimido contra la reforma que consta de 70 artículos. Se pretende que este número impida una tramitación rápida y, más todavía que no se pueda proponer al pueblo un referendo para votar «sí» o «no» por un instrumento supuestamente largo y complicado. Creo poder demostrar que este argumento, si se lo analiza con serena objetividad, es más aparente que real.

En primer término, debo recordar que en el Derecho Constitucional de nuestro tiempo, donde se admite la figura del referendo, se consagra el voto del pueblo para que apruebe o rechace un proyecto o una ley. A nadie se le ocurre que esa aprobación o rechazo se hace mediante un análisis detallado de cada uno de los artículos que lo componen. Generalmente se acepta que una Constitución, para ser promulgada, debe ser aprobada previamente por la comunidad nacional, aunque la haya elaborado y aprobado una asamblea constituyente, pero ese pronunciamiento colectivo tiene el carácter de una decisión conformatoria o improbatoria. Así, por ejemplo, un referendo en Francia, celebrado el 5 de mayo de 1946, rechazó la Constitución de aquel año por 53% no, contra 47% sí: y otro, el 13 de octubre de 1946, ratificó la Carta respectiva, por 53,5% afirmativo contra 46,5% negativo. La Constitución de la Cuarta República, del general De Gaulle, fue ratificada en el referendo del 28 de septiembre de 1958, por 79,2% sí, contra 20,7% no, sin que a nadie se le ocurriese que debía votar uno por uno los 92 artículos que contenía.

En España, la vigente Constitución, constante de 169 artículos, más 4 adicionales, más 8 disposiciones transitorias, más una abrogatoria, más una final, fue aprobada por referendo el 6 de diciembre de 1978, por 87,7% afirmativo, contra 7,9% negativo, 3,5% en blanco y 0,74% de votos nulos.

Pero, esto dicho, es necesario aclarar que la suposición de que los 70 artículos del proyecto venezolano actual constituyen un conjunto de disposiciones complicadas, con las cuales se ha creado una situación muy compleja y sobre las cuales es difícil y contradictorio el pronunciamiento, no es tal, según vamos a verlo:

En primer lugar, 8 artículos son la simple y necesaria traslación de las disposiciones de las enmiendas constitucionales No. 1 y No. 2, y de las disposiciones transitorias, más la disposición final, con pequeñas modificaciones, las cuales no pueden quedar sueltas cuando se trata de una «reforma general» de la Constitución. Ya se sabe que se adoptó el camino de la reforma general porque el de la enmienda No. 3 resultaba contradictoriamente más largo.

Disposiciones que son consideradas indispensables, como la del referendo, la del reajuste del Congreso y los partidos, la del primer ministro, defensor de derechos humanos, administración de justicia, reformas de la Constitución y Asamblea Constituyente comprenden, entre todas ellas, un total de 2 + 10 + 4 + 1 + 13 + 4 = 34.

Pero fuera de ellas hay una serie de artículos que responden a aspiraciones legítimas y a necesidades urgentes que nadie tendría motivo justo para debatir, a menos que no se tuviera la voluntad política de abrir paso al  cambio sino el propósito deliberado de entorpecerlo. Sirvan de ejemplo (artículo 1º.) el que agrega la palabra «participativo» al artículo constitucional que establece que el Gobierno de Venezuela es y será siempre, democrático, representativo, responsable y alternativo, y (artículo 2º.) el que al principio de que la soberanía reside en el pueblo, añade que la ejercerá «directamente, en la forma prevista en esta Constitución y en las leyes» y no sólo indirectamente a través del sufragio por los órganos del Poder Público. El artículo que define la soberanía territorial de la nación incorpora una frase propuesta por el ex consultor de la Cancillería, especialista en Derecho Internacional: «La zona económica exclusiva y cualquier otro elemento que en derecho esté incluido en el dominio territorial de la República» (artículo 3 del Proyecto).

La proposición del artículo 5 simplemente quiere dejar a una ley orgánica el régimen futuro del Distrito Federal y la posibilidad del llamado estado Vargas, sin tener que reformar nuevamente la Constitución, y el artículo 5 adapta el principio que rige el régimen de los territorios federales a la nueva situación. Los artículos 6, 7, 8 y 9 adaptan las disposiciones relativas a los estados a la nueva situación existente (elección popular y directa del gobernador, condiciones de remoción, atribución de las asambleas legislativas para dictar la Constitución del Estado, aumento de las competencias) y el 10 prevé la existencia de las parroquias, ya que actualmente se consagra el Municipio como la unidad política primaria y autónoma y no está prevista su integración parroquial (actualmente inconstitucional).

Los proyectados artículos 11, 12, 13, 14 y 15, referentes a la nacionalidad, contienen, por una parte, la restitución de una norma de la Constitución de 1947 (equivalente, pero más amplia de la Constitución colombiana) según la cual para tener la nacionalidad por nacimiento un niño nacido en el territorio nacional debe ser hijo de venezolano o venezolana o de extranjero o extranjera residente legalmente en el país, que no esté al servicio de un Estado extranjero; pero podrá adquirirla si al cumplir la mayoría de edad manifiesta su voluntad de ser venezolano siempre que haya residido permanentemente en el territorio de la República hasta ser mayor de edad. Por otra parte, se consagra el principio de que los venezolanos por naturalización tendrán los mismos derechos que los venezolanos por nacimiento salvo las excepciones establecidas expresamente en la Constitución y no se usará la expresión «extranjeros naturalizados para determinarlos».

Los artículos 16 al 24 son precisamente requeridos con justo derecho por grupos importantes de venezolanos, a saber: la prelación de los derechos humanos; la conservación de un ambiente sano (como deber, artículo 17; como derecho, artículo 24); la garantía de iguales oportunidades para la mujer; la igualdad de los cultos e iglesias legalmente establecidos en cuanto a la libertad ante la ley; la libertad de información, reclamada por el Colegio Nacional de Periodistas; el derecho a una justicia imparcial y oportuna; el derecho a la alimentación, que atiende al reclamo de un gran movimiento internacional que lo acaba de proclamar en un gran acto ante la reina de España en Barcelona; el derecho a las etnias, comunidades y pueblos indígenas a la conservación de su cultura y de su identidad, a la protección de su hábitat natural según sus costumbres y tradiciones, a la educación bilingüe y a su protección legal. ¿Habrá alguien que se oponga a estas previsiones, o que crea que ellas constituyen un estorbo para la tramitación respectiva?

Una disposición que permite y regule la confiscación de bienes corruptos y narcotraficantes (artículo 25); una aclaración de los tratados y convenios que deben ser ratificados por el Congreso (artículo 31); otra sobre la atribución de ordenación del territorio, en cuanto afecte el interés nacional o al equilibrio ecológico global (artículo 34), y pare de contar.

Que se busquen otros argumentos, lo acepto; pero que se invoque el número de las disposiciones que acabo de discriminar, para objetar la reforma constitucional, no lo creo procedente. Si no, que digan los objetores cuáles de las disposiciones requeridas consideran se deben suprimir, o relegar para más adelante. Lo que corresponde a quienes forman opinión pública es discutir abiertamente estas materias y hacerlo en forma que llegue al conocimiento del público. Estoy convencido de que en este caso, como suele ocurrir, el pueblo estará más dispuesto a comprender que quienes se constituyen en sus dirigentes o intérpretes. Si hay voluntad política, el Proyecto estará rápidamente aprobado. Al ritmo que se imprimió entre febrero y marzo, ya podría estar sancionado. Pero si se cae en la rutina parlamentaria, nos puede sorprender la aurora.