1992. Junio, 3. ALA / El Universal: Confianza en la justicia

Artículo Confianza en la justicia
Recorte de El Universal del 3 de junio de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Confianza en la justicia

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 3 de junio de 1992.

 

La importancia de la administración de justicia en la vida de una sociedad fue siempre proclamada por gente como Simón Bolívar y Andrés Bello, preocupada por la organización de nuestras naciones después de lograda la Independencia. Cuando la justicia no se administra de acuerdo con el aforo romano «dar a cada uno lo que le pertenece», la convivencia social se mantiene sobre bases frágiles, cae en el grave mal de hacerse cada uno justicia por su mano, lo que en definitiva hace que sea el más fuerte y no el que tiene la razón el que asegure el disfrute de sus intereses.

Cuando la sociedad llega a convencerse de que los encargados de administrar justicia no obedecen a los principios de la moral y el derecho sino a las presiones del capital o del poder, la situación puede llegar a hacerse intolerable.

Es lo que puede ocurrir en Venezuela porque la colectividad no está inclinada a acatar los fallos de los jueces, sino a reaccionar contra ellos, atribuyéndolos a parcialidad, por debilidad, partidista o venalidad.

De allí la importancia que tiene la forma de elección de los jueces. Cuando el pueblo cree que han sido escogidos por razones políticas o influencias de grupos de presión, pierde la confianza en aquellos que más necesitan tenerla para emitir sus veredictos en asuntos controvertidos.

La reciente elección de 5 magistrados y 10 suplentes para la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, provoca honda reflexión. La opinión pública no quedó satisfecha, no porque objetara las personas de los electos, entre los cuales todos o casi todos son profesionales calificados, sino porque fueron en definitiva impuestos por los cogollos partidistas, cogollos que han perdido la confianza que tuvieron en los primeros tiempos de nuestro sistema democrático. Otro ejemplo podría encontrarse en Perú. Acusado de corrupción el ex presidente Alán García, se suscitó inevitable controversia entre sus partidarios y sus adversarios: para éstos era patente la culpabilidad; para aquéllos se trataba solamente de una maniobra política para cerrarle el paso al futuro de un político carismático, con grandes posibilidades de volver.

El Senado, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, lo puso a la orden del Poder Judicial y la Corte Suprema declaró no haber lugar a juicio: si ese alto tribunal hubiera estado formado por ciudadanos reconocidamente independientes, la opinión pública habría tenido que acatar el fallo y aceptar que el ex Presidente era inocente de lo que se le acusaba; pero como estaba integrado en gran parte por miembros de su partido APRA, elegidos durante su administración, la reacción de la opinión pública fue desfavorable, y este hecho sirvió de alegato al presidente Fujimori para descalificar la administración de justicia en general y esgrimir este argumento para el autogolpe que envolvió la destitución de los órganos de la Judicatura.

De allí la importancia, la urgencia, la trascendencia de que la Reforma Constitucional actualmente sometida a la tramitación rutinaria de las Cámaras Legislativas, ofrezca al país nacional previsiones que tiendan a restablecer su confianza en la administración de justicia.

Se requieren normas de excepción, porque es de excepción la situación que atravesamos. Hay que establecer procedimientos de elección que no dejen la menor ranura a la sospecha de que en ella han prevalecido otros intereses que no sean el de escoger los más idóneos, no sólo en el plano de la moral, cívica y personal. La regla común para la designación y para los ascensos de los jueces y magistrados debe ser la de los concursos de oposición. La reforma lo propone así; y también propone crear una instancia insospechable de parcialidad que pueda ordenar la repetición de un concurso cuando su celebración no haya sido correcta. Y en cuanto a la elección de los miembros del más alto tribunal de la República, la Corte Suprema de Justicia, se debe establecer un filtro para la selección de los candidatos, entre los cuales las Cámaras en sesión conjunta, por una mayoría calificada no inferior a las dos terceras partes de sus miembros, los elija en votación individual y secreta.

El filtro que propuse a la Comisión Bicameral que presidí y que redactó el Proyecto de Reforma Constitucional era una Alta Comisión de Justicia, punto clave de la normativa propuesta sobre administración de justicia, materia sobre la cual estuvimos discutiendo desde julio de 1991 hasta marzo de 1992 y a la que dimos no menos de 15 discusiones.

La idea era la de crear un organismo excepcional, no burocrático, integrado en forma que nadie pudiera «entubar» sus actuaciones, por tener una composición plural, representativa de tantas instituciones que fuera, en lo posible, un espejo de la sociedad civil.

Con participación importante, sin duda, del estamento jurídico y del sector judicial, pero con presencia determinante de la ciudadanía, a la que en definitiva toca el efecto de las decisiones. Esa Alta Comisión de Justicia tendría además la atribución –igualmente excepcional- de remover a cualquier juez o magistrado, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, cuando el caso así lo ameritara. Para la remoción de un magistrado de la Corte Suprema se preveía un quórum especial.

Esta fórmula, llevada después de varias redacciones a la última reunión de la Comisión Bicameral, fue inesperadamente desechada y sustituida por un «Consejo Superior de la Magistratura» con diferencias importantes a la proyectada Alta Comisión. No la presidiría el Fiscal General de la República sino el Presidente de la Corte Suprema. No tendría potestad para remover a los magistrados de la Corte, los que sólo podrían ser objeto de esta medida por las dos terceras partes de los miembros del Congreso, previa opinión del Consejo Superior de la Magistratura. Sostengo que la propuesta inicial es más conveniente, porque el Fiscal General, jefe del Ministerio Público, está obligado a velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial, y porque dejar al Congreso la atribución de destituir a los magistrados de la Corte Suprema le daría a esta actuación un tinte político.

En la Subcomisión de la Cámara de Diputados que estudia la materia relativa a la administración de justicia se han expresado pareceres opuestos, tanto a la Alta Comisión de Justicia, como al Consejo Superior de la Magistratura. ¿Es que se piensa improvisar otra solución? ¿O que quienes tienen en su mano una parcela importante de poder en la rama judicial prefieren buscar fórmulas inocuas en vez de soluciones drásticas?

Se afirma que lo más importante para los jueces es su independencia de toda otra rama del Poder Público. Ello es correcto, pero la experiencia demuestra que esa independencia puede convertirse en un bunker para asaltar litigantes y para atropellas instituciones, si no se garantiza un correctivo que opere en casos de extrema necesidad. La situación de la justicia en Venezuela está actualmente en esa condición. Hay muchos jueces honestos, pero su imagen está sufriendo el reflejo de la que tienen los que no lo son. Los jueces rectos, competentes y laboriosos se beneficiarán si se pone un freno a los abusos de los jueces corruptos. Es un momento de ser o no ser. O se adoptan medidas heroicas o se continúa cayendo en el descrédito de las instituciones.

Y una observación adicional. Se sabe que muchas veces los delincuentes son absueltos porque los expedientes no están bien instruidos. Se le achaca a la Policía Técnica Judicial el que a veces privan intereses políticos en su actuación, ya que depende del Ejecutivo. Eso se corregiría poniéndola bajo la dirección del Fiscal General. Valdría la pena agregar en la Reforma Constitucional esta atribución del Fiscal. Así se librarían las actuaciones de la PTJ de esa sospecha y se quitaría al Ministerio Público la excusa de no tener elementos suficientes para actuar.

Es necesario repetirlo: si hay voluntad política, estas urgencias se pueden atender. Si se cae en lo tortuoso de la rutina parlamentaria, nos puede sorprender la aurora.

1992. Junio, 17. ALA / El Universal: El viaje del presidente

El viaje del presidente
Recorte de El Universal del 17 de junio de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El viaje del presidente

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 17 de junio de 1992.

 

Desde su comienzo, en su segundo gobierno, el presidente Carlos Andrés Pérez mostró una propensión exagerada a viajar al exterior. Hay que reconocer que el mundo se hace cada vez más interdependiente, que las comunicaciones se han vuelto cada vez más fáciles, que el contacto personal de los jefes de Estado, tan echado de menos antes, ha tomado caracteres de familiaridad. Y ello no es malo. Al contrario, el trato personal entre quienes tienen en sus riendas el gobierno en sus respectivos países puede facilitar la solución de los asuntos, la tramitación de las iniciativas, la coordinación de los programas.

Pero, como todo en la vida, la exageración convierte en malo lo que puede ser bueno en sí. El límite de la viajadera tiene que fijarlo la obligación de atender los problemas del propio país, el mantenimiento de la dirección permanente del gobierno y la administración, el seguimiento de las órdenes dictadas, tan necesario en Venezuela. La Presidencia de la República, en países presidencialistas donde envuelve también la jefatura del gobierno, es una actividad gerencial que reclama mucha dedicación, mucha presencia, para decidir y para actuar. Y también en los países no presidencialistas, vale decir, en aquellos donde el gobierno es de origen parlamentario y recae sobre la responsabilidad de un primer ministro, puede aplicarse la misma consideración: los jefes de gobierno tienen que viajar, pero no deben hacerlo en tal medida que les haga descuidar su principal obligación, contraída con su propio pueblo.

En el caso de Pérez, la opinión pública comenzó a recelar que daba más alta prioridad a la fabricación de una imagen internacional que a la tarea de asegurarse la confianza de sus compatriotas en su gestión presidencial. Las cosas internas en Venezuela no han marchado bien en este período constitucional y mal podrían los venezolanos entender que al mismo tiempo, antes de buscar remedio a sus contrariedades, hiciera un esfuerzo sobrehumano para presentarse en el exterior como un mandatario fuera de serie, lo que hacía suponer que los asuntos de su jurisdicción marchaban a las mil maravillas.

La primera advertencia vino muy pronto. Los acontecimientos del 27 y 28 de febrero y 1º. de marzo de 1989 fueron un alerta grave, y desatenderla aumentó su gravedad. La reacción popular ante las medidas de reajuste económico debió producir mucha preocupación. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez había circulado mucho dinero, ya que precisamente cuando iba a iniciarse habíamos logrado que el petróleo obtuviera un aumento de precio siete veces mayor que el que se había mantenido injustamente durante más de cincuenta años. Además de los petrodólares, circulaba el dinero de la deuda externa, irresponsablemente contraída cuando menos necesaria era.

Lo cierto es que el acceso fácil al dinero, por medios lícitos e ilícitos, creó una sensación de riqueza que sus electores ingenuamente esperaban repetiría en esta nueva oportunidad. Al anunciarse el paquete económico «recomendado» por el Fondo Monetario Internacional, el shock fue demasiado fuerte. Y lo aumentó el contraste, por cuanto la toma de posesión, popularmente llamada «la coronación» fue de un extraordinario esplendor. Entonces se le aseguró al país que el efecto negativo de las medidas pasaría en dos años, al cabo de los cuales desaparecería la inflación, desaparecería el desempleo y retornaría el bienestar. Mientras la gente sufría, el Presidente viajaba.

Algunos de sus viajes tenían razonable justificación. Otros parecían más bien satisfacer un ansia incontenible de andar. El cargo de ministro de Relaciones Exteriores perdía importancia ante la obsesión internacionalista del Presidente. Y el deterioro de la situación interna acentuaba el malestar. La cuenta semanal de los ministros con el jefe del Estado desapareció: era noticia para los medios de comunicación cualquier reunión de un miembro del Gabinete con su superior jerárquico, el primer Magistrado. El contraste entre la luz que se trataba de proyectar afuera y la oscuridad que se acentuaba adentro se fue haciendo más crítico. Y el 4 de febrero se le derrumbó al Presidente el piso que con tanto esfuerzo se había construido en el orden internacional: el alzamiento de los jóvenes militares hizo venir a Caracas a calificados reporteros de los medios de comunicación más importantes del mundo y éstos dieron cuenta del malestar existente.

Informaron ampliamente y sus noticias tuvieron más efecto que los mensajes de los jefes de Estado de países amigos. Más que la llamada telefónica del presidente Bush influyeron en la opinión los reportajes de The New York Times, del Washington Post, del Miami Herald, y más que las expresiones solidarias del presidente Felipe González, contaron las historias de El País, ABC, Cambio 16, o cualquier otro de los numerosos e importantes diarios de España. Por su parte, la televisión y la radio contribuyeron a difundir la imagen de una Venezuela atormentada, empobrecida y profundamente disgustada con el Presidente.

En este ambiente se realizó el incidente del frustrado viaje a Río de Janeiro. La dirección nacional actual del partido Copei había decidido que dos militantes suyos entraran a desempeñar sendos ministerios. Ello fue explicado en una forma tan confusa, que se manifestó que el partido mantenía su rol de opositor, y un vocero llegó a decir –increíblemente–, que el mismo Presidente no había entendido el papel de Copei en su gobierno. La opinión pública ha sido pródiga en comentarios desfavorables. La «nueva guanábana» se convirtió en el paraíso de los humoristas. Por eso comenzaron a decir que la estada en el Gobierno era transitoria, que sólo permanecerían en él mientras fuera indispensable para sostener el sistema democrático.

Surgió la ocasión que se deseaba para el desprendimiento, con el proyectado viaje de Pérez al Brasil. En Río se iba a reunir el mayor número de jefes de Estado o de Gobierno del Universo. La dirección de Copei opinó que el Presidente no debía viajar, ni siquiera en el caso planteado (por cierto, el ex presidente Herrera Campíns y yo, interrogados por los periodistas, habíamos expresado que no veíamos mayor inconveniente para el viaje, y el ministro del Exterior, copeyano, Calderón Berti, defendió la conveniencia del mismo). Se votó en el Senado la solicitud de autorización y hubo empate por primera vez (los senadores vitalicios no asistimos a la sesión ni fuimos inducidos por ninguna de las partes a concurrir). En la segunda vuelta, el Presidente logró lo autorizara el Senado por dos votos: el amigo de CAP que le hizo el servicio de conseguírselos le hizo un flaco favor, porque la dirección copeyana aprovechó la ocasión para retirarse solemnemente de Miraflores.

Quienes criticamos la decisión copeyana de ir al Gobierno no podemos menos que entender la retirada como un reconocimiento implícito a las críticas que formulamos. Sin embargo –y no por el prurito de llevar la contraria– no vemos clara la magnitud del motivo indicado. Entre dos «partners» estas cosas se deciden en una discusión previa y leal. El Presidente decía que quería ir; el partido Copei le comunicó su criterio opuesto; si a pesar de ello el Presidente insistía y el partido consideraba esa insistencia lo suficientemente grave como para decirle «adiós», podía haberlo dicho antes de que se realizara el episodio bufo del Senado. El enfrentamiento de los «sí» y los «no» habría sido distinto. A lo mejor el Presidente, si le hubieran dicho: «si insiste en ir a Río, nosotros nos iremos del Gobierno», habría podido reflexionar y desistir de su propósito. No habría tenido que comunicar al país, después de obtener el consentimiento del Senado, que definitivamente no viajaría. Comunicación  que, por cierto, es la decisión más sensata que ha tomado en los últimos tiempos. Y la gente no habría pasado por las horas de angustia, por la idea de que al retirarse los ministros copeyanos, se iba a hundir la democracia.

1992. Julio, 1. ALA / El Universal: Derechos sociales en Colombia

Artículo Derechos sociales en Colombia
Recorte de El Universal del 1 de julio de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Derechos sociales en Colombia

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 1 de julio de 1992.

 

Voceros de la corriente económica neoliberal, venidos de la más extrema izquierda y pasados a la más extrema derecha, han tenido la sinceridad de expresar que aspiran a una Asamblea Constituyente para que se quiten de la Constitución «esas antigüallas» de los derechos sociales y se establezca definitivamente un Estado liberal con economía de mercado. Hay que agradecerles la franqueza, que nos debe prevenir sobre sus verdaderos propósitos. Pero como con frecuencia se invoca el precedente colombiano, vale la pena recomendarles leer la nueva Constitución de la hermana República.

El presidente Gaviria, que ha navegado en la onda neoliberal y propuso reformas regresivas, entre otras, a la legislación del trabajo, debe haberse sorprendido porque la Constituyente que él convocó y que contó con un tercio de sus miembros afiliado al Partido Liberal y otro tercio a diversas variantes del Conservador, decidió afirmar principios y establecer normas avanzadas de un Estado Social de Derecho.

Así, por ejemplo, al derecho de asociación sindical, declaró: «Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión» (art. 39). «El Estado –dice– expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales (art. 53).

El artículo 54 establece: «El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud». El artículo 55 garantiza el derecho a la negociación colectiva; el artículo 56 el derecho a huelga, y dispone que una comisión tripartita permanente «concertará las políticas salariales y laborales». El 57 dispone: «La ley podrá establecer los estímulos y medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas».

Interesantes son los derechos reconocidos a la familia, entre los cuales está el siguiente: «Durante el embarazo y después del parto gozará (la mujer) de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada» (art. 43). Según el artículo 50: «Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado». Y por el artículo 51: «Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiamiento a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda».

El artículo 63 consagra la educación como un derecho de la persona y un servicio público y dispone: «La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos». «Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección de la educación». El artículo 69 garantiza explícitamente la autonomía universitaria. El artículo 73 protege el secreto profesional del periodista. Los artículos 75, 76 y 77 disponen que la televisión «será regulada» por una entidad autónoma de derecho público, integrada por cinco miembros, de los cuales dos serán designados por el Gobierno, otro «será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión» y los otros en la forma que disponga la ley. «El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social y el subsidio alimentario en caso de indigencia» (art. 46). También «adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran» (art. 42). «La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social (art. 48). «La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud» (art. 49). Además de sus atribuciones en el campo propio, al Estado corresponde «también, establecer las políticas para la prestación de los servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control».

Son muchas más las disposiciones a las que quisiera referirme, pero un artículo, por extenso que sea, es insuficiente para ello. Sin embargo, creo necesario al menos aludir a las normas constitucionales sobre la propiedad y la economía.

En cuanto a la propiedad, se mantiene el principio introducido en la reforma de 1936 de que «la propiedad es una función social que implica obligaciones»; se declara que el Estado «protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad»; y se prevé que el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos (de expropiación) en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara», sin que «las razones de equidad» puedan ser «controvertibles judicialmente» (art. 58). Se consagra la reforma agraria: «Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos» (art. 64). Se prevé una protección especial del Estado para la producción de alimentos (art. 65) y se dispone (ojo): «Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario» (art. 66).

Y en cuanto al régimen económico, siete artículos de disposiciones generales en el Título XII de la Constitución se orientan por la siguiente norma: «La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Éste intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en especial las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (art. 334). El artículo 335 establece que «las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación… son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito».

¿Qué tal? Se trata de la Constitución más nueva del hemisferio, obra de una Constituyente cuya existencia anima a muchos venezolanos a querer algo semejante. Es el país más cercano a nosotros, y recibe las «recomendaciones» del Fondo Monetario Internacional, pero, sin embargo…

Es posible que en Colombia haya habido también quienes se ilusionaron con que la Constituyente les daría una Carta Fundamental decidida por la economía de mercado y por la eliminación del Estado Social de Derecho ¡Qué desengaño!

Prólogo al libro de dominó «El arte de las 28 piedras» (1996)

Prólogo

Prólogo al libro de dominó El arte de las 28 piedras, de Alfredo Fernández Porras (AFP, 1996). 

El juego de dominó se hace cada vez más popular en Venezuela. Es la distracción preferida de todos los sectores, a todos los niveles, para los más variados grupos sociales. En los clubes de gente acomodada lo mismo que en las barriadas marginales, en las urbes metropolitanas como en las áreas rurales. La mujer, que parecía alérgica al juego de dominó, está participando cada vez más de su disfrute. Muchas cambiaron ya la canasta por el juego de las veintiocho piedras. Sorprende con frecuencia la gran capacidad que muestran campesinos humildes y la victoria que se adjudican damas maduras y jóvenes frente a jugadores de merecida fama como expertos en esta disciplina.

Como todo juego, la suerte tiene un papel importante. La primera regla es coger una buena mano. Pero la ciencia comparte con el azar las posibilidades de triunfo y con frecuencia se sobrepone a aquél. De ahí que un libro como éste, dirigido a explicar todos los aspectos del torneo, tenga, para quien sepa aprovecharlo, una innegable utilidad.

Por supuesto, en la ciencia del dominó no hay dogmas. La única regla absoluta es la de que «el dominó lo inventó un mudo», vale decir, que hay que guardar silencio durante todo el desarrollo de la mano. Pero esta norma, inquebrantable en los torneos, resulta tan rígida entre amigos que sólo buscan divertirse, que se la viola con frecuencia. Lo que si resulta intolerable es hablar cuando le toca jugar al compañero, porque se prestaría a descalificar la más importante de las decisiones, que supone la adivinación del juego o del compañero y el de los adversarios. Sin ese riesgo de acertar o no en el cálculo, el juego pierde su interés.

Quienes son verdaderos maestros en el dominó saben desde el momento de destapar su juego, si la mano la van a ganar o a perder. A lo más necesitan una o dos jugadas para confirmar su diagnóstico. Si saben que la mano será adversa, su estrategia se dirigirá a perder el menor número posible de puntos. Porque, como decía el inolvidable «Tigre de Carayaca», en el dominó, tal como nosotros lo practicamos, el objetivo no es ganar manos, sino ganar tantos.

Los verdaderos especialistas en el dominó, los que hacen de éste un arte y una ciencia, son gente de inteligencia despierta, pero sobre todo, de una formidable retentiva y una permanente atención. Cualquier descuido se paga caro. Se aplica casi siempre la regla del base-ball: «después del error viene el hit». Pero sobre todo, como en cualquier otra actividad de la vida, hay que practicarla con frecuencia. Quienes sólo podemos dedicarle alguno que otro rato, generalmente después de una jornada completa de trabajo, jamás podremos aspirar a ser lo que se llama un buen jugador. Y si, además, lo hacemos en una reunión social donde aparece a cada momento un amigo que viene amablemente a saludarnos – pero también a interrumpir la atención que estamos prestándole al evento – estamos condenados al fracaso.

La dedicación que algunos relevantes dominocistas prestan al dominó está sobradamente justificada. Por su difusión, por su amenidad, por su inagotable interés, el dominó la merece. Parece increíble, pero el juego es tan atractivo y, en cierto modo tan apasionante, que uno puede pasar largas horas, sentado ante una pequeña mesa, tratando de colocar una y otra vez siete piedras, sin darse cuenta del transcurso del tiempo y sin advertir la fatiga que necesariamente tiene que producirse. Lo afirmo, por experiencia personal.

Alfredo Fernández Porras, joven todavía, lleva sin embargo unos cuantos (no pocos) años practicando el juego de dominó. Su talento, su vocación gerencial, a más de su dominio del ajedrez (que me atrevería a considerar como una sublimación del dominó) lo han animado a la difícil tarea de escribir, en lenguaje sencillo y ameno, un libro que podría calificarse a la vez como tratado y como manual, porque va de lo más elemental a lo más complicado, en el loable deseo de satisfacer a quienes aspiran a conocer mejor las reglas y superar las variadas contingencias que pueden presentársele en el curso de este juego.

He tenido el placer de compartir, cuando disfrutaba de la posibilidad de disponer de algún fin de semana, buenas tandas de dominó en el Club Camurí Grande, a orillas del mar Caribe, dentro de un ambiente de asna y llana cordialidad, en el que los aficionados podíamos alternar con auténticos profesionales. Por mi parte, he dicho, que en esta materia no estoy en «kínder», pero no he hecho «postgrado».

Camurí  comparte en cierto modo con Alfredo Fernández Porras la paternidad de esta obra. Mejor dicho, Alfredo es el padre, pero la engendró en Camurí. De allí que quienes hemos participado con él en buenas tenidas allá, nos sintamos copartícipes de este valioso fruto de su inteligencia, de sus reflexiones, de sus experiencias y de sus investigaciones.

El libro es un valioso auxiliar para quienes aspiren a mejorar la calidad de su juego. Y un rico arsenal de temas para la discusión interminable de cuál debe ser la salida, o cómo debe desarrollarse el juego con un «violín» con fallas o sin fallas, o de cómo debe interpretarse en cada circunstancia el silencio o, dicho en términos dominocísticos, «la pensada» del compañero.

Podría también el aprendiz hacer sus deducciones para considerar qué valor debe dar a reglas tradicionales, acatadas por unos como el Evangelio, tales como:

«La salida taparás, aunque no tuvieres mas»;

«Tranca a blanco no se pierde»;

«Salida por el doble tres significa tranca, caída de gorro o doble seis ahorcado»;

«Hay que salir por el doble más grande, aunque sea en pelo»; o «hay que salir por el doble mayor acompañado»;

«Cuadra el pie, pasa la mano»:

«Pié que juega con la mano se divierte, pero pierde».

Tantos otros que podrían ocurrírsele. Alfredo los examina explícita o implícitamente, y adopta ante ellos, en términos genéricos, autoriada y razonadamente, una posición iconoclasta.

Debo agradecer al autor, a quien tengo el más alto y sincero aprecio, la manifestación de amistad al pedirme este prólogo. Lo felicito por su obra y se la agradezco en nombre de todos aquellos, que en más o en menos, le metemos al dominó y le tenemos cariño a su ejercicio.

Ese cariño de mi parte se lo siento aunque tenga escasas oportunidades para acariciarlo. Lo asocio con agradecimiento por algo que voy a confesar: el dominó me ofrece, en las contadas ocasiones en que puedo disfrutarlo, un rato en que no me plantean cuestiones del Estado o problemas personales que se supone debe resolver el gobernante. ¿No es éste un motivo suficiente para mi agradecimiento?

Caracas, junio de 1996.

 

2006. Marzo, 29. El Universal: Las estrellas de la bandera

Actos día de la bandera 1973
Actos del día de la bandera en el Paseo Los Próceres, el 12 de marzo de 1973.

Las estrellas de la bandera

Artículo escrito para la columna Reflexiones de Tinajero, publicado por El Universal el 29 de marzo de 2006.

 

El Movimiento de la Independencia en Venezuela tuvo en sus orígenes una característica federal. Las provincias aparecen como un sujeto creador de la nueva entidad política, Venezuela, que se construyó sobre la base de la Real Cédula de septiembre de 1777.

La Declaración de Independencia, con fecha formal del 5 de julio de 1811, fue hecha por Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Margarita, Mérida y Trujillo. Caracas sigue siendo la cabeza. Ya se había establecido esa tradición cuando el rey de España reconoció la supremacía de los concejales de Caracas, ante ausencia del gobernador.

Cuando el Libertador logra la liberación de Guayana y establece a Angostura como la capital, consideró un acto de justicia y político la incorporación de Guayana como una provincia de la Unión Federal. De allí el decreto de colocación de una nueva estrella en el Pabellón Nacional. Pero se preguntan los historiadores: ¿por qué esa disposición de Bolívar no se ejecutó?

Hay que tomar en cuenta que, en los primeros tiempos de la República, no existían todavía dentro de la identidad nacional dos entidades importantes, desde el punto de vista real e histórico, que fueron Maracaibo y Coro. Maracaibo vino a formar parte de la entidad independiente cuando se consumó el movimiento que patriotas zulianos adelantaron para asegurar su fisonomía irrenunciable de venezolanidad, el movimiento de declaración de Maracaibo y del Zulia como una parte integrante de Venezuela. Después vino la incorporación de Coro.

Maracaibo y Coro podían tener el derecho de reclamar su presencia simbólica en la unidad de Venezuela. No hemos visto que hubiera habido un movimiento en cada una de estas entidades para que se incorporara otra estrella. De haberlo planteado, era imposible negarlo y entonces en vez de las ocho estrellas, serían diez las que vendrían a reflejar la entidad político-territorial que comprendiera el territorio actual de la nación. Todos, los siete firmantes de la declaración del 5 de julio de 1811 y los que firmaron después, ya eran venezolanos que tenían firmemente arraigado el sentimiento nacional.

La cuestión de los símbolos nacionales es algo que depende de muchas circunstancias. La aspiración universal es a que cada país tenga sus símbolos con carácter definitivo. Son símbolo de la identidad. Y el error más grande es la modificación que se ha realizado en muchos países. Me atrevería a insinuar que en casi todos se han realizado modificaciones para expresar sentimientos de diversas corrientes o grupos, que han ejercido la personería de sus respectivas entidades durante algún tiempo.

Estados Unidos, por ejemplo, agregó una estrella al incorporar un estado a su territorio. Si en Venezuela se estableciera una estrella por cada nuevo estado tendríamos que llegar a las veinticuatro tal vez, lo cual le daría una deformación a nuestro símbolo nacional. Pero, después de discutir la materia, los patriotas concluyeron que era más propio mantener las siete estrellas como un recuerdo del origen del país, como un recuerdo permanente al 5 de julio de 1811. Mientras se muevan los signos menos valor tendrán. El valor de los símbolos de la patria está vinculado al hecho de su permanencia.

Mientras más prevalece un símbolo, más valor tiene en el sentimiento nacional. El Orinoco será siempre el río de las siete estrellas, como lo llamó Andrés Eloy.

2006. Julio, 5. El Universal: El 5 de Julio

Rafael Caldera 5 de julio de 1969
El presidente Rafael Caldera durante la conmemoración del 5 de julio en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en 1969.

El 5 de Julio

Artículo escrito para la columna Reflexiones de Tinajero, publicado por El Universal el 5 de julio de 2006.

 

Si alguna cosa hemos mantenido los venezolanos, en medio de las alternativas de la resistencia, ha sido el respeto por el 5 de julio, fecha definitiva de nuestra independencia. Pero al recordar el Día de la Independencia, no se llega suficientemente a valorar lo que significa el proceso de independencia desde el 19 de Abril hasta el 5 de Julio para construir un Estado de Derecho. El 5 de Julio, representantes de siete provincias suscribieron la declaración solemne de la Independencia, que constituye un documento ejemplar.

Había siete provincias representadas en la firma del Acta de la Independencia. De esas siete provincias; tres, a saber, Barcelona, Mérida y Trujillo, nacieron al mismo tiempo que la Confederación integrada por las siete. Los españoles respondieron brutalmente y nos condenaron a la época de la guerra a muerte. El Libertador reconoció, en Cartagena, en un manifiesto muchos errores políticos y militares, pero no del funcionamiento institucional establecido por los patriotas. El análisis de los documentos de la Primera República se dejó al lado por el fracaso militar, lo que ha dejado a un lado el interés en el análisis de las condiciones y circunstancias jurídicas que se plantearon a partir del 5 de Julio de 1811.

Pero los patriotas se dieron cuenta de la importancia que tenía la organización institucional y por ello apenas se desarrolló la guerra promovieron la realización de un congreso que recogiera la representación válida de las provincias integradas al país.

De ahí vino el intento tristemente célebre llamado Congresillo de Cariaco. Pero al mismo tiempo de allí viene el acto genial del Libertador de convocar un congreso en Guayana y pronunciar su célebre Discurso de Angostura, que fue una de las piezas de filosofía política y social más importantes de América Latina. Del Congreso de Angostura pasó, en una forma impresionantemente audaz y valiente, a la campaña de Bogotá. Nació la Gran Colombia.

El análisis de la situación jurídica del país es de mucha importancia. Un estudio serio y pausado comparativo entre la Constitución de 1811 y la Constitución de la Gran Colombia, es muy ilustrativo para el análisis de los temas jurídicos.

Pero si al Discurso de Angostura se le ha hecho el homenaje que se merece, por su profundidad conceptual, por su espíritu patriótico, por el basamento que le dio a las hermanas repúblicas, al ofrecer un estudio adjunto, sereno y pausado de la Constitución, y de la organización establecida, con un conjunto de ideales de la Primera República, se ha descuidado esta tarea.

La Primera República fue la base fundamental de la que surgió la nación venezolana. Antes de esta éramos unos países separados que apenas habían probado una vinculación con la Real Cédula de 1777.

Para darle mayor recuerdo a la Primera República, hay que tener presente que teníamos en su funcionamiento nada menos que a Francisco de Miranda y a Simón Bolívar. Celebremos pues, el recuerdo del 5 de Julio de 1811, para venerar especialmente a Miranda y a Bolívar. Esa gloria no se le quita a ninguno, sino que aumenta a medida que seamos más y tengamos una vida más dura y más difícil.

2006. Agosto, 2. El Universal: Integración o desintegración

Artículo Rafael Caldera Integración o desintegración
Ingreso de Venezuela al Pacto Andino el 13 de febrero de 1973.

Integración o desintegración

Artículo escrito para la columna Reflexiones de Tinajero, publicado por El Universal el 2 de agosto de 2006.

 

En el proceso de formación de las nuevas naciones en el Continente suramericano, Bolívar tuvo puesta la vista en formar grandes nacionalidades, dentro de las cuales cada nación pudiera integrarse para el logro de intereses comunes. La formación de la Gran Colombia fue para él una obsesión. El mantenimiento de la unidad grancolombiana fue su última aspiración.

La liberación de Quito siguió ese camino y la Gran Colombia, formada por Venezuela, la Nueva Granada y el Virreinato de Quito, resultó una esperanza para nuestros habitantes y para la humanidad. El proceso no pudo llevarse hasta Perú, porque el pueblo peruano estaba determinado a mantener su individualidad. Y al llegar a Bolivia, tuvo la aspiración de establecer un régimen que hiciera sentir a la «hija predilecta» del Libertador una unidad que los bolivianos no dejaron realizar. La ilusión de la Gran Colombia se desvaneció, porque los dirigentes no entendieron la necesidad de sacrificar sus puntos de vista. Todavía resuenan las palabras de Bolívar el 17 de diciembre cuando dijo: «Si mi muerte contribuye a que se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro». Fue en el siglo XX cuando se formó el Grupo Andino, que resultó un gran experimento.

El éxito de la Unión Grancolombiana impulsó a los brasileños a promover el Mercosur. Argentina, Uruguay y Paraguay se reunieron con Brasil para realizar una política inteligente que ha logrado el funcionamiento armónico de países tan disímiles. A medida que fue desarrollándose se considera viable una organización armónica entre el Grupo Andino y Mercosur. Para esto puso su brillante inteligencia a trabajar el presidente Cardoso, buscando el camino para que marcharan unidos la organización bolivariana y los países del Sur.

Desgraciadamente, Chávez renunció al Grupo Andino cuando logró que lo aceptaran como miembro del Mercosur. Mercosur, al señor Chávez, le da oportunidad de convertirse en un líder para América Latina, pero en las reuniones habla solamente contra Estados Unidos y, por otra parte, los cuantiosos ingresos que ha significado el alto precio del petróleo, dio ayuda a la realización de obras necesarias en algunos países: ofreció hospitales, carreteras. En general apareció Venezuela como una gran potencia dadivosa que estaba entregando dinero para beneficio de los demás y no para beneficio de su propio país. El discurso de Chávez no presentaba un proyecto de agilización para mejorar la situación de Venezuela.

Su orientación social es para los otros, pero no para el nuestro, que sigue pasando situaciones de carencia. Nos hace preguntar: ¿Es efectivamente una integración de América Latina, o se trata de un proceso de desintegración? Y los que tienen posibilidad económica en nuestro país se sienten preocupados por las disposiciones del Presidente. El ingreso a Mercosur se hizo sin estudiar las consecuencias que va a traer para nuestro pueblo. Ojalá que efectivamente haya una integración y no una desintegración.

Los líderes del Pacto Andino están haciendo esfuerzos para que Chávez decida integrar nuevamente a nuestro país al grupo. Ojalá volvamos al Pacto Andino y pensemos que así tenemos una verdadera integración.

El general Páez de a pie

José Antonio Páez, 1863
Daguerrotipo de José Antonio Páez en 1863. Autor: Anónimo. Procedente del libro de Alfredo Boulton 20 retratos del General José Antonio Páez (Ediciones de la Presidencia de la República, 1972).

El general Páez de a pie

En 1940, con ocasión de cumplirse ciento cincuenta años del nacimiento del General José Antonio Páez (Curpa, 13 de junio de 1790 – Nueva York, 6 de mayo de 1873) escribimos con este título un artículo en el cual unas cartas personales de Páez, cuyo acceso nos fue espontáneamente ofrecido por una honorable descendiente suya, nos sirvieron de motivo para recordar que el Centauro de leyenda, decisivo en la Guerra de la Independencia, había sido también, en la construcción de la República, un magistrado honorable, un patriota ferviente que, si no exento de errores, dio ejemplo de dignidad, de responsabilidad y, en muchas ocasiones, de civismo. Nos correspondió presidir la conmemoración  del Primer Centenario de su muerte, la inauguración del monumento que se le levantó en el Panteón Nacional y la de varias estatuas y bustos suyos. Con el texto antes mencionado y algunos párrafos de ruedas de prensa y discursos con motivo del centenario de su muerte, hemos construido el artículo que aquí se inserta. —Rafael Caldera

 

Montado sobre brioso caballo en bronce heroico; cubierto con un ancho sombrero, débil protección del sol del Llano; empuñando la lanza que le hiciera famoso en mil combates, hemos aprendido a ver a José Antonio Páez. Así lo presenta a la admiración de los venezolanos el monumento de la Plaza de la República, reproducido hoy en varios sitios de la geografía nacional. Así lo insinúan ante la pupila inquisitiva de los niños los retratos de manuales de historia. Así lo reproduce, al frente de un interesante volumen de parte de su archivo, una publicación colombiana.

Conocemos, admiramos, a veces llegamos a confundirlo con lo fantástico de un mito, al Páez de a caballo. Es él, el héroe de Las Queseras. Es él, el realizador de mil proezas. Es él, el paladín de Carabobo.

Pero al Páez a pie, al Páez que desmontó de su caballo de leyenda y echó pie a tierra sobre la realidad de una Venezuela exhausta por la guerra; al Páez que vistió la levita del magistrado, y que a pesar de lo rudimentario de su cultura supo apasionarse con el ideal de la Patria, quizás no suficientemente comprendido pero sí fervorosamente ambicionado, a ése no le conocemos todavía.

Nacido en la aldea de Curpa, próxima a Acarigua, el 13 de junio de 1790, el General en Jefe José Antonio Páez fue dos veces Pre­sidente Constitucional de la República y en una ocasión —muy lamentada después por él mismo— dictador o Jefe Supremo del país. Falleció en Nueva York el 6 de mayo de 1873, rodeado de honores y de reconocimientos, pero en momento en el cual el juicio de sus compatriotas, por lo relativo a su actuación política, le era desfavorable.

Desde mi niñez tengo un afecto muy grande por la figura del General Páez, y creo que este caso mío es el mismo de un gran número de venezolanos. En la escuela empezamos a vivir la emoción de aquella etapa incomparable de la lucha por la Independencia saboreando las hazañas extraordinarias de Páez. El relato de su Autobiografía es tan humano y está tan vinculado a los días de forja del Estado venezolano que a través de ellos se siente muy hondamente la vivencia emocionada de la nacionalidad.

Páez representa un prototipo del pueblo venezolano, no porque hubiera surgido de la propia entraña del mestizaje, ni porque hubiera sido un hijo del pueblo, nacido en los más humildes estratos sociales. Su padre era un empleado fiscal, que tenía su actividad principal en Guanare (capital hoy del Estado Portuguesa), y por eso vivieron en Acarigua, luego en Guama —en el hoy Estado Yaracuy— donde pasó varios años y fue por primera vez a la escuela. Su hermano se dedicaba a actividades comerciales: tenía un pequeño negocio de pulpería. Después pasó a San Felipe, donde un pariente suyo, recordado por él como isleño —lo que nos hace pensar que su familia era de origen canario— poseía negocios de consideración en los cuales él trabajó. Fue el incidente que relata del encuentro con los ladrones en el sitio denominado Mayurupí, y la noticia de que lo andaban buscando y de que probablemente la justicia no iba a ser imparcial con él, lo que le hizo tomar el camino del llano e irse al hato de La Calzada, de don Manuel Pulido, y allí, como peón, con un salario miserable y entregado a las más rudas faenas, se hizo expresión cabal —pode­mos decir— del pueblo rural venezolano.

La significación de Páez como figura representativa estuvo en haber llevado al pueblo rural de Venezuela a combatir bajo las banderas de la Independencia. Ese pueblo rural estuvo con Boves y antes había estado con Monteverde, y en los momentos decisivos de la Independencia no había sentido todavía el ideal de la libertad. No me atrevería a afirmar que la Independencia no fue popular en los primeros tiempos, pero creo que fue popular urbana. Dominaba el sentimiento hacia la Independencia en Caracas, pero esta ciudad era entonces —en una Venezuela de un millón de habitantes— la vigésima parte del país: cincuenta mil habitantes de un total de un millón. Hoy, Caracas representa la quinta parte del país. Pero la influencia urbana en aquel tiempo era pequeña y la hazaña decisiva de Páez estuvo en haber levantado aquel caudal que habían constituido las fuerzas (bien denominadas, por su acción, «las hordas») de José Tomás Boves y haberlas convertido en un factor decisivo en la lucha por la Independencia. ¿Por qué lo hizo? Porque reconoció la superioridad de Bolívar, y en el encuentro de ambos en Cañafístola, en la afirmación de la superioridad del héroe de la gran visión, del estadista integral, del líder insustituible de todo el movimiento revolucionario de la Independencia, en su aceptación por aquella fuerza cultivada por la naturaleza y en pleno vigor que era José Antonio Páez, estuvo un hecho determinante del proceso de Independencia.

El sometimiento de Páez a Bolívar cuando aquél era el caudillo militar de más prestigio y de más fuerza, no sólo revela que supo apreciar los quilates del Libertador. Revela también que para entonces ya llegó a sentir —en forma todo lo vaga y confusa que se quiera— el ideal de libertar a Venezuela. Ese ideal no desapareció jamás de él. Y si tuvo sus errores en el proceso de su larga actuación, el balance no le es adverso.

¿Que más tarde Páez incurrió en inconsecuencias lamentables respecto al Libertador? Es cierto; pero hay que pensar que a partir de la batalla de Carabobo, donde Bolívar lo hace General en Jefe y le pide al Congreso que ratifique esa designación, Páez queda como la fuerza centrípeta del nuevo orden dentro del territorio venezolano. Bolívar tiene que continuar su peregrinación de gloria, tiene que ir a otras tierras a llevar su mensaje y, a través de sus hazañas fulgurantes, garantizar y redondear el proceso de emancipación; y Páez va quedando aquí como el poder de hecho, unas veces investido, otras no, de la formalidad jurídica, pero que, en cierto modo, fueron acostumbrándose a ver sus compatriotas como expresión viviente de la nueva autoridad.

Todavía después de Carabobo, ya General en Jefe, a los treinta y tres años, realiza aquella estupenda hazaña de la toma de Puerto Cabello. Pero cuando viene la crisis y se plantea el proceso denominado «La Cosiata» —el primer intento de separación— se demuestra, una vez más, la autoridad suprema de Bolívar. Este llega y, sin una escaramuza, Páez se la entrega y lo reconoce como su superior. El país estaba alzado contra el Libertador, pero bastó su presencia en tierra venezolana para que todo se solucionara. Si Bolívar no hubiera encontrado después en la capital los obstáculos con que hubo de tropezar; si no hubiera pasado todo el proceso de la Convención de Ocaña; si no hubiera habido el asesinato frustrado del 25 de septiembre del año 28, habría sido difícil que su jefatura sobre los protagonistas de «La Cosiata» se hubiera vuelto atrás. La verdad es que el Libertador encontró tales trabas en su sede para ejercer su autoridad, que son casi simultáneos el hecho de que el Congreso de la Gran Colombia, que él llamó Admirable, le acepte la renuncia y el de que se consume la separación de Venezuela representada por el General Páez.

Indudablemente, la presencia de Páez estuvo asociada a este hecho lamentable de la disolución de Colombia; pero, por la propia marcha de los acontecimientos, se convierte esa misma fuerza centrípeta en el eje de la organización de la República. Presidente Constitucional en el primer período del 31 al 35, ejerce una influencia determinante en la política hasta 1846 —o hasta 1848, si es que el momento de la declinación de su estrella se vincula con los acontecimientos del Congreso, el 24 de enero de aquel año, bajo el gobierno del General Monagas—. El 48 pasa su calvario, preso, humillado, pero su personalidad se fortalece y ella se reconoce cuando regresa al país.

Rafael Caldera en el Panteón Nacional. Centenario muerte de José Antonio Páez, 1973.
El presidente Rafael Caldera, junto al presidente del Congreso Nacional, José Antonio Pérez Díaz,  y descendientes del general Páez, durante la conmemoración del centenario de su muerte en el Panteón Nacional, 1973.

Los acontecimientos de los años 26 y 30 no han sido estudiados suficientemente todavía. Pero aun suponiendo que toda la carga de lo ocurrido del lado acá de la frontera se echara sobre la figura de Páez, no fue él el último en desagraviar a Bolívar.

En cuanto al gobierno, no ha habido todavía quizás suficiente análisis para juzgar su conducta. Pero no podemos ignorar que sin él no habría llegado a la Presidencia el doctor Vargas; y si por haberse retirado a su llano pudo darse el golpe de Carujo, él fue quien lo debeló. Ni debemos olvidar que, aunque ya decadente su fuerza militar, no le faltó el gesto, dolorosa­mente concluido, de levantarse contra el «fusilamiento del Congreso» en 1848. Y si la dictadura del 61 fue un error que culminó en desastre, tampoco es de olvidar que su presencia hizo lograr el Tratado de Coche, y que quizás al estar Páez en Venezuela, como a la reconocida magnanimidad de Falcón, se debe que la terminación de la Guerra Federal no hubiera sido sanguinaria como lo hacía esperar su desarrollo.

Debemos recordar que durante el tiempo de su hegemonía se realizó una labor, si se quiere imperfecta, llena de los vicios del tiempo y con restricciones oligárquicas, pero con gran voluntad de construcción, con estudios serios sobre la realidad y las posibilidades económicas del país, con un grupo de hombres como José María Vargas, Valentín Espinal, Carlos Soublette, Juan Vicente González y otros, y que fue el mismo Páez quien realizó el acto supremo de reparación, los fastuosos honores que se rindieron al Libertador al traer sus restos en 1842 desde Santa Marta para que reposaran en Caracas.

No se ha escrito una biografía de Páez. Ensayos de valor indiscutible sí han aparecido. Obras de autores que gozan de reputación sólidamente cimentada, no puede negarse que han sido producidas. Pero, por razón sobre todo de tiempo, por razón de clima histórico, no se ha logrado todavía una valorización serena de los hombres y hechos que llenan nuestro pasado. Eso ha sucedido con Páez. El clima histórico no ha permitido todavía una exacta valoración de su aporte, ya que fue actuante en multitud de sucesos posteriores a la lucha épica, y víctima inevitable de una reacción política triunfante. Por eso, durante un siglo, el sepulcro de Páez estuvo en el Panteón recubierto con una simple losa, cuando se había levantado monumentos a hombres cuya importancia no seré yo quien niegue, pero cuyo nivel es innegablemente menos alto que el del prototipo de la venezolanidad.

La hora de la revalorización, serena y desapasionada; de la revalorización que no pretende revivir contiendas olvidadas ni establecer parangones odiosos, debemos considerarla llegada si queremos reafirmar el concepto de que Venezuela busca ya su camino, recoge el hilo de su historia y está dispuesta a conquistar un futuro. Es el momento de pensar en reconstruir el proceso de nuestra vida pública, olvidando de los rencores todo, salvo lo que deba servirnos de enseñanza, y volviendo al culto de los próceres civiles, sin hipérbole pero con equidad. Y es el momento de que entremos a estudiar más de cerca, con desapasionado criterio, la vida humana de José Antonio Páez.

En las memorias que publicó en 1869 —solamente relata su vida hasta 1850— hay aquella frase maravillosa con que inicia el capítulo de la conclusión: «termino, pues, la historia de mi vida, donde debió haber acabado mi carrera pública»; y dice: «es seguro que en tantos años de carrera pública habré cometido yerros de más o menos consecuencia, pero bien merece perdón quien sólo pecó por ignorancia o por concepto equivocado; mi propio naufragio habrá señalado a mis conciudadanos los escollos que deben evitar».

Intensa emoción produce la lectura de la correspondencia de Páez. Desfila por ella su pobreza: «Si no se puede conseguir nada de mis sueldos, ni siquiera pasarle la pensión a mi Esposa, entonces le autorizo a V. para que venda el solar frente a la viñeta y con sus fondos atienda a mi mujer», dice una carta de Nueva York del 19 de abril de 1864. «Estoy casi resuelto —dice en otra del 15 de septiembre de 1864— a ir a Saint Thomas en el mes de octubre o de noviembre para ver si desde allí puedo hacer algún arreglo que me produzca con qué asegurar el pan en el extranjero». Era el hombre que había sido dueño de la República, quien así se expresaba. No para engañar al público, sino en correspondencia íntima dirigida a su nieto político, y que quizás lo habría apenado si se hubiera hecho pública durante su vida.

También desde Nueva York escribió el 15 de marzo de 1873, poco antes de su muerte, posiblemente su última carta, dirigida a su hijo Manuel Antonio, en la que hay este párrafo maravilloso: «Todas las cartas que recibo de ésa me informan del progreso que hace el país como consecuencia de la paz, y estas noticias me tienen bastante complacido y aun más deseoso de que se prolongue ese estado que, indudablemente, levantará a Venezuela del decaimiento de tantos años». Estaba gobernando Guzmán Blanco, su adversario, hijo de su más terrible enemigo político —Antonio Leocadio Guzmán— y su último mensaje es por la paz, felicitándose de que Guzmán haya iniciado una era de paz y deseando que ella se prolongara para levantar a Venezuela del decaimiento de tantos años. Con ella ratifica lo que había dicho al Sr. Hellmund el 1° de abril de 1873: «Deseo que Venezuela se conserve en paz, y que todos sean felices».

Realmente la figura de Páez es apasionante. No hay duda de que Venezuela ha producido un material humano de una calidad excepcional. Cuando uno comete el error de comparar a nuestros próceres, pueden producirse juicios imperfectos. Bolívar es incomparable, no puede ponerse nadie a su lado. Sucre tiene su propia personalidad genial. Miranda tuvo la suya, grandiosa. Pero, es indudable que cualquier país del mundo se sentiría también orgulloso de tener un héroe de la estirpe, de la fuerza humana de José Antonio Páez. Un hombre que se cultivó, que aprendió, que mantuvo un gran espíritu, que paseó por el mundo y que supo dar un ejemplo de señorío, después de haber recorrido desde los más humildes escalones una existencia plena de gloriosas aventuras.

En él nuestros jóvenes deben tener el ejemplo de un hombre que a los treinta y un años fue General en Jefe, que entregó su juventud a la creación de una patria, y cuyo coraje indómito, cuya voluntad irresistible pudo lograr lo que fue porque se puso al servicio de una causa noble, porque supo reconocer la superioridad del ideal encarnado en Bolívar, y porque después de los combates se consagró a la organización de aquel país que había sufrido tanto en la guerra de la Independencia.