1989. Febrero, 22. ALA / El Universal: Una ilusión de riqueza

Recorte de El Universal del 22 de febrero de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Una ilusión de riqueza

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 22 de febrero de 1989.

En 1984, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), bajo la dirección de Moisés Naim y Ramón Piñango, publicó un importante libro intitulado: «El caso Venezuela: ¿una ilusión de armonía?» ( libro que, por cierto, deberían releer hoy quienes se preocupan por el devenir inmediato). Comentando este libro, en una conferencia en el mismo instituto expresé que, tal vez, debía preparase otro volumen con este mote: «El caso Venezuela: una ilusión de riqueza». Pues, en verdad, hemos vivido desde 1974 con una ilusión de riqueza, que quince años han bastado para disipar.

Por una jugarreta del destino, le ha tocado al presidente Pérez, el mismo que en su primer gobierno habló de «administrar la abundancia con criterio de escasez», enfrentar duramente en su segundo período las consecuencias de no haberse aplicado efectivamente aquella regla. El año pasado estuve en Bolivia y fui recibido amablemente por el presidente Paz Estenssoro, ya por encima de los ochenta años, quien me explicó en forma amplia la situación de aquel país hermano. Pensé en lo que debe significar para él tener que desandar muchos pasos que dio hace treinta y cinco años como jefe de la revolución boliviana: privatizar empresas que él nacionalizó, enfrentar el sindicalismo laboral que le sirvió de apoyo. No es idéntico el caso de Carlos Andrés Pérez, pero no deja de tener semejanza: porque la angustiosa opresión de la deuda pública externa, los hábitos viciosos de consumismo y facilismo, las graves distorsiones que él ha denunciado en la economía del país tuvieron origen en su anterior gobierno, cuando Venezuela recibió, al establecerse un precio justo sobre su principal producto, un monto de divisas extranjeras que no habían previsto los futurólogos en los distintos escenarios que suponían para los años finales de este siglo.

La ilusión de riqueza era explicable. Hubo quien equiparara la situación con la de un modesto trabajador a quien de súbito le caía el premio mayor en un sorteo. No era exactamente lo mismo, porque el ascenso de los precios del petróleo, que habían estado congelados durante medio siglo, no fue obra del acaso sino de circunstancias en las cuales no se puede desconocer la política venezolana orientada a hacer que la OPEP tuviera conciencia de su responsabilidad y de su poder. Pero tampoco era igual, porque quien gana un premio en la lotería lo gana por una sola vez, mientras que el ingreso inesperado percibido por Venezuela no era para un solo año, sino para repetirse cada año.

Sin embargo, un somero análisis bastaba para calificar lo ilusorio de considerarnos muy ricos. Un país con un elevado porcentaje de marginalidad, donde centenares de miles de familias carecían de lo indispensable para una vida humana y decente, no podía alardear de riqueza mientras esa marginalidad subsistiera. Por otra parte, en términos del intercambio internacional, el ingreso per cápita, para cuyo cálculo se incluye a sectores dotados de medios de fortuna, no alcanzó nunca la cantidad que la seguridad social en los Estados Unidos estima en aquella nación como nivel de pobreza crítica.

No éramos, realmente, ricos; pero el petróleo nos ofrecía –y nos ofrece aún- recursos para el intercambio que serían suficientes si no hubiéramos contraído la agobiante carga del servicio de una cuantiosa deuda y si no hubiéramos subido el gasto corriente en forma tal que en quince años pasó el presupuesto nacional de 14.000 a casi 200.000 millones de bolívares. Si hubiéramos destinado una buena parte del producto petrolero a financiar las obras más importantes del desarrollo. Un cálculo elemental permite asegurar que podríamos haber destinado para la inversión en un quinquenio una suma del orden de los 20.000 millones de dólares, es decir, cercana a la deuda que ahora nos agobia. Corríjanse, si se quiere, las estimaciones; modifíquense, si se desea, las cantidades; de todos modos, el argumento queda en pie. A lo cual hay que añadir que mientras tanto, las reservas probadas de petróleo no disminuían, sino que aumentaban considerablemente y que la Faja Petrolífera del Orinoco asegura reservas, muy conservadoramente estimadas, para más de otro siglo.

Lo cierto es que ahora, cuando podríamos tener una economía equilibrada, nos encontramos en una situación que algunos consideran la más grave que el país ha enfrentado en mucho tiempo.  La expresión de Juan Pablo Pérez Alfonzo, que llamó al petróleo «excremento del Diablo», se recuerda con frecuencia. Y frente al callejón en que nos encontramos, resulta que los organismos crediticios transnacionales e internacionales nos exigen la adopción de medidas drásticas que pretenden corregir de un golpe lo que ellos consideran consecuencia exclusiva de una administración errada y que nos imponen, sin importarles el costo social, el deterioro de las condiciones de vida del pueblo.

Todos estamos conscientes de la gravedad de esos efectos. Los defensores de las medidas reconocen que ellas son graves, pero afirman que no hay más remedio que adoptarles, y que de no hacerlo ahora, después sería peor. Junto a las medidas de aplicación inmediata, todas muy severas, ofrecen paliativos de dudoso alcance e imaginan perspectivas que supuestamente al cabo de algunos años conducirían a una economía sana y activa. Un miembro del Gabinete Ejecutivo ha escrito: «Yo confieso que no estoy enteramente seguro de los resultados… Pero hasta donde alcanzo a entender lo que ocurre y las posibles salidas, creo que no hay más remedio que intentarlo con energía y audacia».

Dentro del análisis que algunos hacen, las reglas de una supuesta ortodoxia económica se consideran prioritarias y previas en el acontecer a las consideraciones de carácter social y humano. Ante este criterio debemos recordar que el preámbulo de la Constitución compromete a los venezolanos a «fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre», dentro del propósito de «proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social» y «lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social». Esa declaración está vigente.

No quiero recordar, porque sería exagerado, que el pueblo soviético repudia hoy el stalinismo, que lo sacrificó para crear una economía capaz de rivalizar con las potencias industriales de occidente. Pero tampoco se puede aceptar que se ponga, como ejemplo de lo que debemos hacer, a regímenes autoritarios, que han logrado equilibrar su balance y aumentar sus reservas, pero a costa de que la mayoría de la población sujeta a su férula viva peor.

Es necesario, pues, un esfuerzo para lograr que las penalidades impuestas al país por haberse dejado llevar por una ilusión de riqueza se aminoren hasta donde sea posible. Sí, como dice un proverbio chino muy invocado en algunos sectores, en vez de darle un pescado al que tiene hambre se lo debe enseñar a pescar, hay que observar que mientras aprende a pescar tiene que vivir y para ello es necesario que tenga que comer, a más de que hay que garantizarle acceso a las aguas pobladas de peces donde realmente pueda pescar. Y si, en el derecho privado, al deudor insolvente se le garantiza la inembargabilidad de una porción de sus ingresos, indispensable para sobrevivir con su familia, no se ve por qué esta regla no ha de aplicarse en la esfera pública. Además, los acreedores ya tienen sus previsiones tomadas para que esto no les cauce perjuicio demasiado fuerte.

Hay que insistir en que se cree una agencia internacional para el manejo de la deuda o se confíe esta tarea a uno de los organismos existentes, como la vía más conveniente para que los términos de pago sean llevaderos y no signifiquen un estrangulamiento de los pueblos cuyas consecuencias es difícil de prever. Para lograrlo es para lo que debe formarse un frente de deudores, a los cuales en los países acreedores no les faltaría apoyo, como se ha podido comprobar.

1989. Marzo, 8. ALA / El Universal: Otra vez el Fondo Monetario

Recorte de El Universal del 8 de marzo de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Otra vez el fondo monetario

Artículo para ALA, publicado en El Universal, publicado el 8 de marzo de 1989.

En el mes de julio de 1944 un grupo de 44 países celebraba en la pequeña ciudad de Breton Woods, en el Estado de New Hampshire, la primera conferencia mundial sobre los problemas económicos y financieros de la postguerra. Un mes antes, las tropas aliadas entraban a Roma y el desembarco en Normandía iniciaba la etapa final de la II guerra mundial. Se estaba preparando el futuro. El 22 de julio se firmaron dos largos y laboriosos tratados: uno para crear el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y otro para constituir el Fondo Monetario Internacional.

El Fondo Monetario ha asumido desde su creación un papel regulador de los mecanismos financieros, lo que ha impedido que las grandes potencias se hayan embarcado, en más de una ocasión, en manipulaciones financieras y en desequilibrios fiscales que van contra la ortodoxia del organismo. El solo abandono del patrón oro por Estados Unidos constituyó un duro golpe para los propósitos de estabilización del cambio monetario internacional.

En el Tratado de Breton Woods que creó el Fondo Monetario se establecen los objetivos inspiradores de su creación. El primero: «Promover la cooperación monetaria internacional mediante una institución permanente que proporcione un mecanismo para consultas y colaboración sobre problemas monetarios internacionales». Y este otro: «Inspirar confianza a los países participantes poniendo a su disposición los recursos del Fondo, bajo garantías adecuadas, y de ese modo darles la oportunidad de corregir desajustes en su balanza de pago sin recurrir a medidas que destruyan la prosperidad nacional o internacional».

Antes de la celebración del tratado, los países concurrentes habían tenido arduas discusiones, tras de las cuales declararon: «La conferencia ha convenido en que es necesaria una acción internacional para mantener un sistema monetario internacional que facilite el comercio exterior. Las naciones deben consultarse y convenir sobre un sistema de intercambio monetario internacional que afecte a cada una de ellas. La conferencia ha acordado que las naciones en ella representadas deberían establecer con este propósito un cuerpo internacional permanente, un Fondo Monetario Internacional, con poderes y recursos adecuados para llevar a cabo las tareas que se le asignaron».

¿Ha cumplido el Fondo Monetario Internacional estos propósitos? Posiblemente, en parte, sí; pero lo cierto es que ha sido innegablemente blando ante las «heterodoxias» de los países grandes, y decididamente duro con los países en vías de desarrollo.

Yo no estoy entre quienes califican a la gente del Fondo como una banda de fascinerosos, explotadores inmisericordes de las debilidades del Tercer Mundo. Pero sí me encuentro entre quienes están convencidos de que la mala atmósfera de que el Fondo goza en la mayoría de los países pobres se debe a su empeño a forzarlos a adoptar normas de una supuesta ortodoxia económica que cierra los ojos inflexiblemente ante las circunstancias de su realidad social.

Voceros, tanto del Fondo como de los gobiernos, alegan que el Fondo Monetario Internacional no hace «imposiciones», sino que los gobiernos adoptan las disposiciones en forma «soberana». Ya se ha visto que en el propio instrumento de creación se le asigna al organismo una función contralora, que cabe dentro de esa renuncia parcial colectiva de soberanía que estuvo en boga al final de la guerra y que llegó a introducirse explícitamente en constituciones europeas (la francesa, por ejemplo), a partir de 1946.

En Venezuela, cuando se hizo «el mejor arreglo del mundo» para la renegociación de la deuda externa, el gobierno «pidió» al Fondo Monetario Internacional que revisara semestralmente (y no anualmente, como era lo habitual) el funcionamiento de su economía, reservándose la banca acreedora la facultad de romper el arreglo si el informe era desfavorable: Y cuando el presidente Carlos Andrés Pérez anunció su «paquete» de medidas económicas, admitió que de no hacerlo no se podrían recibir nuevos créditos («¿dinero fresco?») del FMI ni de la banca, lo que significaba ver condicionadas las decisiones «soberanas» por un invocado estado de necesidad. Un articulista del New York Times informaba también que el préstamo ofrecido recientemente por la Tesorería de EE.UU «se pagaría cuando Venezuela complete acuerdos o plazo más largo con el Fondo Monetario Internacional». Esas medidas, por más explicaciones que los técnicos ofrezcan, están llenas de contradicciones. Así, para «controlar la inflación», se va desencadenar un proceso inflacionario cuyo nivel, en las estimaciones más conservadoras, excederá todo lo que se había podido prever. Para «promover la estabilidad del cambio» y «evitar depreciaciones en los cambios con fines de competencia» (ordinal III del art. 1º. del Tratado de Breton Woods), se anuncia una unificación cambiaria con tipo flotante, que produciría de un solo golpe una mayúscula devaluación. Para «ordenar las finanzas», se subirá el costo de servicios públicos que vienen produciendo utilidades; se encarecerá el combustible en forma que repercutirá inevitablemente en todos los bienes y servicios; y se aumentarán las tasas de interés con el objeto de disminuir la liquidez y corregir artificialmente en el mercado cambiario la ley de la oferta y la demanda, que tan alto rango tiene en la «ortodoxia» económica. Se anuncia un impuesto sobre las ventas para aumentar el encarecimiento; y cuando se estimula así una recesión, se olvida que el acta de nacimiento del Fondo Monetario Internacional ordena dar a los países «oportunidad de corregir desajustes de su balanza de pago sin recurrir a medidas que destruyan la prosperidad nacional».

Lo ocurrido en Caracas a partir del lunes 27 de febrero ha sido muy dramático. Y ello ha sucedido al nomás empezar la aplicación de las medidas que anunció el Gobierno y que están en la carta de intención enviada el Fondo Monetario Internacional. Ya antes habían padecido otros países hermanos graves consecuencias de la aplicación de las recetas del FMI. Ahora se plantea la situación en un país tenido como modelo de estabilidad democrática y hasta supuestamente considerado como uno de los más ricos de América Latina.

¿Qué no hay otra salida? ¿Se ignora, acaso, que el año pasado, en circunstancias desfavorables, la industria petrolera produjo un ingreso de divisas cerca de 11.000 millones de dólares para una población de 18 millones y que la verdadera solución estaría en usarlos con prudencia? En 1973, cuando éramos 11 y medio millones, el ingreso fiscal por el petróleo fue sólo de cerca de 3.000 millones. Colombia, con una población casi doble de la nuestra, tiene por sus exportaciones un ingreso que es apenas la mitad del de Venezuela y su economía marcha. La cuestión no está, pues, en recabar «dinero fresco» a cualquier costo, sino en distribuir con justicia y pulcritud las divisas, que son propiedad del Estado, porque las genera un producto del subsuelo, y deben aplicarse a las necesidades verdaderamente fundamentales para la vida del país; y en parase en seco, con una diplomacia enérgica, en el asunto de la deuda. Porque tomar medidas que aumenten la carestía, la escasez, la contracción económica, por el desmedido costo del dinero, no tiene sentido. Y ya se vio, con trágica elocuencia, adónde puede conducir.

En su carta al Director del FMI, el presidente Pérez dijo cosas muy serias: «Se castiga con la miseria y la desesperación de la violencia, a los pueblos empobrecidos que culpa ninguna han tenido en los errores o equivocaciones cometidas por sus gobernantes. Lo que está sucediendo es un drama que no termina sino que se agranda y profundiza cada vez más. En él acaba de anunciar su entrada Venezuela, con los impresionantes y dolorosos sucesos de Caracas. Imposible que las necesidades y urgentes medidas de sinceramiento y ajuste de nuestra economía puedan efectuarse en un marco donde hemos de pagar más de 50% del valor de nuestras exportaciones en servicio de la deuda pública, que se incrementa cada vez que suben los intereses, o se dictan nuevas medidas proteccionistas, o cada vez que los desajustes que provocan las manipulaciones de los precios de nuestros productos de exportación, obligan a otras devaluaciones y los precios de la comida del pueblo anuncian nuevas alzas. Mientras los salarios, para no anular los ajustes, se alejan cada vez más de su capacidad de sustentar la vida familiar y el desempleo ensancha la marginalidad que explota en la violencia, siendo ésta, como lo sabemos, la única acción que le queda a la miseria» (subrayado mío).

O yo no sé leer, o lo que he transcrito quiere decir que es imposible llevar delante de manera inflexible el programa anunciado, en las condiciones existentes.

 

1989. Marzo, 22. ALA / El Universal: La vitrina rota

Detalle de la biblioteca personal de Rafael Caldera en Tinajero. Foto: Carlos Arveláiz.

La vitrina rota

Profundamente dolorosa fue para los venezolanos la tragedia de los días 27 y 28 de febrero; pero constituyó también para los países hermanos de América Latina, para el Norte superdesarrollado y para los países industriales del Viejo Mundo, una inesperada sorpresa.

Venezuela era hasta el 27 de febrero la vitrina de la democracia latinoamericana. El escaparate de exhibición, el punto de referencia obligado al considerar la situación política de cualquiera de los países hermanos. El «show window», muestra de las posibilidades de un régimen político de libertad ordenada y convivencia armónica.

La vitrina fue rota. Los vidrios los quebraron, a puños, a palos y a piedras, los hambrientos de los barrios marginales. Todo un malestar contenido, toda una injusticia acumulada, graves problemas no resueltos, carencias que afectan un mínimum vital decente y humano, estallaron y sirvieron de caldo de cultivo a los permanentes negadores de un orden social y a los atracadores sistemáticos, que encontraron facilidades imprevistas para ejercitar sus instintos. Gente normalmente sana, respetuosa del derecho ajeno, fue arrastrada por aquel torbellino: es un hecho anotado hace tiempo por los libros de ciencias penales que en los movimientos tumultuosos se tipifica un delito de masas en el que la conciencia del yo individual sucumbe, incorporada a la acción colectiva.

Las Fuerzas Armadas, ocupadas de suyo en estudios y ejercicios cuya preocupación primordial es la integridad del país y la seguridad nacional, tuvieron que responder a la emergencia para respaldar al poder civil y cumplir funciones de represión, que no son normalmente las suyas. La violencia de la acción desbordada provocó la violencia de la acción represiva, y el ordenamiento jurídico hubo de ceder paso a la emergencia, dentro de la cual es más fácil caer en excesos que mantener los cuadros dentro de una disciplinada mesura, difícil de sostener ante la bullente sensación de peligros que, en forma indiscriminada, a todos amenazan.

Se ha vuelto al orden; las autoridades han reiterado que existe plena normalidad; ha quedado, sin embargo, en los espíritus una sensación de angustia, de intranquilidad que a cada paso da cabida a insensatos rumores y que predispone a la población a magnificar cualquier accidente de esos que en la vida diaria ocurren ante la indiferencia general.

Lo más grave es que las causas profundas que determinaron los sucesos no han desaparecido. Al contrario, se agravan progresivamente. La carestía y la escasez golpean en forma galopante. Los motivos que generaron la eclosión de violencia pudieron alcanzar alarmantes proporciones porque había material inflamable en el ánimo de la comunidad. Por eso he dicho que si pasó el sismo (con su cortejo de víctimas inocentes, de destrucción y de sufrimiento), se ha detectado una falla geológica. Esa falla está en la situación económica y social.

Hace más de tres años vengo insistiendo en que la deuda externa, irresponsablemente concedida y alocadamente contraída, aumentada con usura con la elevación de las tasas de interés por decisión de la banca acreedora, constituye un problema político de alta peligrosidad; quizás el problema político de más urgente solución, aunque no sea el más importante, para nuestros países en vías de desarrollo; porque constituye en la actualidad el principal obstáculo para dar pasos efectivos hacia la atención de los otros y pone en peligro la libertad conquistada con grandes penalidades por la mayoría de las naciones latinoamericanas.

La vitrina se ha roto. En todos los países hermanos, para los que Venezuela ha venido siendo, por sus treinta y un años de democracia mantenida en vigor cuando en varios de ellos naufragaba, punto de referencia obligado en la búsqueda y defensa de la libertad, son numerosos los que se preguntan: si esto ha ocurrido en Venezuela, ¿qué podrá ocurrir aquí?

Y ¿no deben preguntarse también los países desarrollados, y especialmente la gran democracia norteamericana –que con razón se preocupa por la estabilidad y posibilidades de la democracia en América Latina– si esto que nos sucedió a nosotros no indica que la situación es delicada y urgente, que no admite espera, que pasó el tiempo del regateo, que es el momento de oír las voces que han estado alertando sobre la inaplazable necesidad de abrir camino a la solución definitiva del asunto de la deuda?

¿No es lo ocurrido en Caracas un acontecimiento de suficiente entidad como para dejarse de conversaciones que no terminan nunca y poner por acto lo que mentes lúcidas, aquí y allá, han señalado para encontrar un camino que no admite demora?

Es evidente que las negociaciones y re-negociaciones entre la banca acreedora y los gobiernos de los países deudores no conducirán a ninguna parte, porque aquéllos tienen sus normas de las que no se pueden salir, y éstos tienen que confrontar la visión directa e inmediata de las necesidades primarias de sus pueblos.

En medio del torrente de comentarios que los sucesos de Venezuela han provocado, hubo alguien, en un país de nuestro hemisferio, que preguntó: ¿cuántos «Caracas» más se necesitarán para que entren en razón los países de la banca acreedora?

Las vidas de nuestros muertos, la mayoría de ellos en la flor de la edad, los negocios destruidos que significan ruina para algunos que dedicaron toda su existencia a levantar una modesta empresa, el dolor de los familiares y de los que han padecido atropellos, al menos debería servir para que se ablanden las rigideces del Fondo Monetario Internacional y se modifique la severa actitud de los gobernantes de algunos países capitalistas, los cuales se empeñan en imponernos las reglas de una economía que funciona bien en sus áreas pero que no tiene posibilidad efectiva de convivir con la miseria de grandes sectores marginales, expuestos a la presión distorsionadora del consumismo sifrino que el Norte proyecta hacia el Sur.

Los norteamericanos, que en los momentos de mayor peligro tienen la virtud de superarse y de hacer sacrificios ilímites, adolecen del defecto de regatear lo que pueda significar para ellos algunas privaciones, mientras la situación no llega al límite. Para entrar en la segunda guerra mundial el hecho determinante fue el ataque japonés a Pearl Harbour. Durante todo el conflicto, y en los primeros años de la postguerra, repetían por ello un slogan: «Remember Pearl Harbor» (Acuérdate de Pearl Harbor).

En este dramático momento deberían acuñar un nuevo slogan: «Remember Caracas». Porque lo que ha sucedido en la cuna de Simón Bolívar es una terrible lección, es una trágica advertencia. Es como si la voz de los profetas del Antiguo Testamento se hubiera levantado en medio de la indiferencia de un mundo desmoralizado. Y los gobernantes latinoamericanos deberían decir: Mientras no se tomen las medidas necesarias para que una solución justa se pueda adoptar ya, para el problema de la deuda, ¡no podemos seguir pagando intereses!

No se trata de una «moratoria», palabra que tanto los escandaliza. Se trata, sólo, de una condición. Porque es muy cómodo para los acreedores continuar indefinidamente conversando mientras perciben intereses sobre el 100% de unas acreencias que en el mercado secundario están por el 20 y el 30%, y aun menos. Una actitud compacta, seria y eficaz sería la de no continuar alimentándolos mientras se enreden en interminables dilaciones, que hacen cada día más grave la situación de todos y de cada uno para un conjunto de países dignos de mejor suerte. Y cuya perturbación retumba sobre los vecinos poderosos, en los que algunos cerebros lúcidos lo saben entender.

1989. Abril, 5. ALA / El Universal: Un nuevo Plan Marshall

Jimmy Carter, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, 1989.
Recorte de prensa de El Universal del 31 de marzo de 1989, en el que se reseña la presencia del entonces presidente Carlos Andrés Pérez y del expresidente Rafael Caldera, en el simposio organizado por el Centro Carter sobre la deuda externa de los países latinoamericanos.

Un nuevo Plan Marshall

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 5 de abril de 1989.

La «Agenda Hemisférica», que fue preparada para los días 29 y 30 del pasado mes de marzo por el Centro Carter de la Universidad de Emory, Atlanta, tenía puntos de gran importancia en lo concerniente a las relaciones de Estados Unidos con América Latina: la situación de América Central, la deuda externa de Latinoamérica, la democracia y los derechos humanos, la posibilidad de reinserción de Cuba en el contexto hemisférico, la situación y perspectivas del sistema latinoamericano, la cooperación económica entre el Norte y el resto del Hemisferio. Pero la cuestión de la deuda externa resultó, y tenía que resultar, no obstante la importancia de todos los otros temas, lo más relevante de la reunión. Porque, como he insistido en otras ocasiones, si no es el más grave ni el más profundo de los problemas que nos inquietan, sí es el más urgente. En cierto modo se ha constituido en condición para poder intentar la solución de los otros, ya que la situación actual de nuestros países, con el peso agobiante del servicio de la deuda, es un obstáculo para cualquier acción encaminada al desarrollo económico y social.

Muchas cosas importantes se dijeron, en diálogo franco y abierto, entre personas de variados sectores y países: en los norteamericanos, altos funcionarios del Gobierno, Senadores y Representantes influyentes, economistas calificados y hasta banqueros de significación; en los latinoamericanos, un jefe de Estado activo (fue una lástima que otros presidentes invitados no pudieran ir), dos jefes de Gobierno, varios ex jefes de Estado y de Gobierno, ministros, legisladores, diplomáticos expertos y empresarios de relevancia en el mundo de la economía; además, miembros directivos de organismos financieros internacionales.

Entre las cosas en las cuales era necesario insistir, y que tuvieron acogida positiva (al menos en principio) por parte de los norteamericanos, hay que señalar: la urgencia, inaplazable, perentoria, de abrir camino para una solución; la necesidad de rebajar sustancialmente la carga del servicio de la deuda; el requerimiento de una concurrencia plural de países acreedores y deudores, y la responsabilidad de los gobiernos, que no pueden dejar la cuestión a la buena voluntad de los bancos y a las negociaciones hasta ahora infecundas entre los prestamistas y prestatarios. Se insistió en que la solución «caso por caso» no puede ser lograda sin establecer previamente unos parámetros de carácter general, para negociar dentro de ellos cada caso, según la situación y condiciones de cada país. Y cuando se mencionó que mientras no se defina una fórmula adecuada los deudores no deberían seguir pagando intereses sobre 100% de las deudas, que en el mercado secundario se cotizan en el orden de 30 y hasta de 20 por ciento, y aun menos de su valor originario, hubo expresiones coincidentes de parte de economistas notables, como Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, quien manifestó que ello sería inevitable si no se adoptan de inmediato las decisiones requeridas.

La asistencia del secretario de Estado, James Baker, figura prominente de la nueva administración, fue muy importante para que el público estadounidense percibiera la trascendencia de la reunión. Y como es bien sabido que los líderes de aquel país colocan como condicionante de sus decisiones la aceptación y apoyo, o por lo menos la compresión, del ciudadano común y corriente, el cual, como contribuyente («tax-payer») cuida celosamente de que los recursos que aporta a la Unión Federal no se despilfarren o malgasten, convenía que los medios de comunicación, audiovisuales y escritos, les pusieran ante los ojos la presencia de su Gobierno, convencido de la necesidad de tratar la materia que se consideraba en Atlanta.

El secretario Baker, pronunció un breve discurso (bien escrito y bien dicho) sobre la situación internacional y concretamente sobre la posición norteamericana en relación a la América Latina, dándole al problema de la deuda la importancia que le corresponde. Luego, el «Speaker» de la Cámara de Representantes, Jim Wrigth, demócrata, pronunció otro excelente discurso en nombre de la «leal oposición». Afirmó que la orientación delineada por el secretario Baker no era solamente la del Gobierno, sino que involucraba el sentir común de los Estados Unidos.

Estos discursos se difundieron ampliamente. Después de que los medios de comunicación fueron invitados a salir, continuaron las reuniones sin trasmisión directa al público, aunque, por supuesto, sin carácter de confidencialidad, que habría sido inaceptable. Más de hora y media de diálogo con el secretario de Estado permitieron hacerle diversos planteamientos. Su exposición inicial había tenido cierto tono de generalidad, lo que daba motivo para solicitar aclaraciones y hacer puntualizaciones, a fin de aprovechar suficientemente la ocasión que se ofrecía a los expositores de América Latina.

Abierto el diálogo, al secretario Baker le hice dos preguntas. La primera, si su Gobierno estaba dispuesto a soportar una parte del costo financiero que envolverán los sacrificios necesarios para resolver el problema de la deuda. Aludí, a este respecto, al Plan Marshall, una de las operaciones internacionales más importantes de este siglo, que permitió la reconstrucción de los países europeos devastados por la II Guerra Mundial. La otra pregunta fue la de si su gobierno estaría dispuesto a auspiciar una reconsideración de la condicionalidad exigida por los organismos internacionales (el FMI y el Banco Mundial) para que un país se considerara en «condiciones económicas sanas» («sound economic policies») y pudiera optar a la rebaja de la deuda y obtener nuevos flujos de capital para la reactivación económica. Le expresé que algunas de esas condiciones (administración austera, administración honesta, revisión de la política del gasto público) muchos latinoamericanos no sólo la aceptamos sino que la respaldamos con entusiasmo; pero consideramos que otras son, no sólo inaceptables, sino inconvenientes, por el costo social que suponen para nuestros pueblos. Los sucesos de Caracas lo demuestran.

La respuesta del secretario Baker, en cuanto a la segunda de mis preguntas, no me satisfizo. Hizo una consideración generalizada, diciendo que las normas económicas que en su país han producido riqueza y fortalecido la democracia no tienen por qué no producir el mismo efecto en otros; cuando, en verdad, ni las circunstancias son las mismas, ni las reglas propuestas comprenden las compensaciones que allá existen. Y en cuanto a la mención del Plan Marshall, dijo que él personalmente lo veía como ideal, pero que el presupuesto de los Estados Unidos tiene un déficit grande y la preocupación del Gobierno está en reducirlo; lo que –afirmó- nos favorecerá porque bajarán las tasas de interés (con lo que implícitamente reconoció que el alza de las mismas han tenido relación directa con el déficit presupuestario norteamericano).

Al final del diálogo recordé que cuando se adoptó el Plan Marshall, los Estados Unidos no estaban nadando en forma superavitaria. Habían contraído una considerable deuda interna para financiar los inmensos gastos de la Guerra y afrontaban un duro programa de reconstrucción económica; pero no difirieron el Plan Marshall ni podían hacerlo porque más tarde no habría tenido objeto y porque había peligro inminente de que las naciones europeas cayeran en manos del comunismo. En América Latina, ahora, el peligro es similar e igualmente urgente: no porque temamos caer en manos del marxismo-leninismo ortodoxo, lo que es muy improbable, pero si en algún sistema incompatible con la idea que tenemos de democracia. En el documento final del consenso, que me tocó leer, se insertó este párrafo: «Muchos participantes insistieron en un programa significativo, apto para ser bien recibido por el público; se necesita un programa amplio, comprensivo, es decir, grande y noble, similar al Plan Marshall».

El presidente Pérez tuvo una actuación destacada, y habló en nombre de América Latina para insistir en las ideas expuestas. Además sugirió que el Gobierno y Congreso de EEUU hicieran un compromiso en esta materia, como lo hicieron para fijar políticas en la América Central. Después, llevó a Washington al secretario Baker, para mantener con él una charla en su avión durante el trayecto; logró reunirse con el presidente Bush y dialogar con él extensamente, y tuvo contactos en Nueva York. En estas actividades no participé, porque regresé al concluir la reunión de Atlanta; pero los informes indican que hizo un esfuerzo considerable y obtuvo respuestas que abren esperanzas.

El problema nos toca a todos: a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos. Su urgencia se hace cada vez más apretada. Ojalá se les caigan a tiempo las vendas de los ojos a los norteamericanos y a los demás países acreedores, para que no se cumpla la terrible admonición envuelta en la pregunta que alguien hizo en nuestro Continente: ¿cuántos «caracazos» más tendrán que ocurrir para que se solucione el problema? Confiamos en que no será necesario que las cosas se agraven demasiado para que se solucione esta crisis.

1989. Abril, 19. ALA / El Universal: La privatización

Recorte de El Universal del 19 de abril de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La privatización

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 19 de abril de 1989.

Hace algunos años, en Europa y en América Latina, era corriente dominante en el campo político y económico la estatización de las empresas. Por lo menos de algunas empresas: los bancos, las redes de comunicación, los sistemas de transporte, especialmente ferroviarios o aéreos, las llamadas industrias básicas pesadas y, de ahí en adelante, muchas otras. Hoy, la corriente más poderosa va en dirección opuesta: privatizar, vale decir, transferir las empresas del sector público al sector privado.

El argumento principal, en la corriente de la estatización, era el del dominio que muchas actividades económicas ejercen sobre la vida de un país, no sólo en la economía, sino en la política y el orden social. Se consideraba que el Estado las maneja con criterio de bien común, en tanto que el sector privado tiene como finalidad principal el beneficio para sus propietarios.

El argumento a favor de la privatización se afinca ahora especialmente en la mala administración que se considera inherente al sector público. La designación de administradores y gerentes por motivos políticos, sin suficientes credenciales, y la administración con el sólo propósito de ganar adeptos, los lleva a transigir, a condescender, a tolerar deficiencias; lo que, además del daño que supone en sí, constituye una carga que se va haciendo insoportable para las propias finanzas gubernamentales. Por si esto fuera poco, la corrupción invade y destruye lo que debió ser sano y útil.

Tengo la convicción de que las posiciones radicales, en una u otra actitud, son exageradas y con frecuencia contrarias a la realidad. Ni es un dogma el que la administración en manos del sector público sea siempre ineficaz, demagógica o corrompida, ni tampoco, desgraciadamente, que el sector privado sea siempre necesariamente competente y honesto.

En diversas ocasiones he mencionado algunos casos, entre los muchos que podría citar, de administración intachable y eficiente en empresas del Estado, que podrían servir de ejemplo para cualquier manejo gerencial. Durante el quinquenio en que tuve el honor de ejercer la Presidencia de la República me fue satisfactorio el que instituciones como el Banco de Desarrollo Agropecuario, la Compañía Venezolana de Navegación y la Siderúrgica del Orinoco, se administraran en forma que no habría podido ser mejor. La última mencionada (SIDOR) tenía sus balances en rojo cuando la recibimos y los entregamos en negro. Empresas mixtas como Venezolana Internacional de Aviación (VIASA), fueron conducidas en forma intachable; institutos como el INCE (Instituto Nacional de Cooperación Educativa) no sólo cumplieron su función de enseñar a los aprendices los más variados oficios necesarios para el desarrollo industrial y agropecuario, sino que en cierto modo fueron una verdadera escuela de buena gestión.

En República Dominicana, el joven ingeniero Caonabo Javier Castillo, encargado por el presidente Joaquín Balaguer de dirigir las empresas de capital estatal, ha logrado sanear los balances de las distintas entidades que le ha tocado coordinar. En otros países podrían señalarse también no pocos ejemplos.

Por otra parte, no es un dogma el que el sector privado sea sin excepción eficiente, ni que esté inmune al morbo de la corrupción. Venezuela ha tenido que gastar crecidas sumas para indemnizar a los ahorristas de instituciones bancarias privadas que fueron administradas ineficiente o incorrectamente, y no han sido raras las actividades privadas que han culminado en estruendosos fracasos, y que han obligado al gobierno a asumirlas para salvar lo que se podía salvar. En Estados Unidos, si el gobierno federal no le hubiera metido la mano con bastante dinero a la empresa automovilística Chrysler, ésta no habría podido recuperarse, ni habría tenido el señor Iaccoca oportunidad de demostrar sus cualidades geniales de administrador.

El servicio telefónico de Venezuela, que se ha indicado por sus deficiencias como uno que podría «privatizarse» lo asumió el Estado bajo la presidencia del general López Contreras porque estaba en pésima situación, por indolencia de los concesionarios ingleses que lo tenían desde muchos años atrás. Aquel mismo gobierno tuvo que «nacionalizar» los ferrocarriles, que se hallaban en deplorable condición, porque los concesionarios (ingleses y alemanes) los habían exprimido sin renovarlos ni adecuarlos a los nuevos tiempos, y la Corporación del Puerto de La Guaira (también en manos inglesas) cuyo aspecto daba vergüenza y presentaba la más desastrosa imagen del primer puerto del país.

Estoy de acuerdo en que el Estado no tiene por qué manejar hoteles o centrales azucareros: los construyó porque no hubo iniciativa privada para establecerlos, pero una vez suplida la necesidad, es lógico que vayan a manos privadas, descargando al gobierno del peso de su administración. En este caso, las agroindustrias deben ir preferentemente a las manos de los productores de la materia prima; los hoteles, a las de quienes están en condiciones de prestar el mejor servicio. Pero entidades que cumplen funciones de alta importancia en lo social y económico, no deberían entregarse todas a manos privadas, cuya orientación propia es el fin de lucro.

El sistema de administración mixta ha dado buenos resultados: la gerencia privada incorpora las técnicas y procedimientos que la ciencia de la administración de empresas y la experiencia de los negocios ofrece, y la presencia del sector público vela por el interés de la comunidad, para evitar que éste sea vulnerado, sobre todo en aquellos casos en que la falta de una verdadera competencia deja las condiciones del intercambio en manos de monopolios u oligopolios que imponen verdaderos contratos de adhesión.

Por otra parte, la transferencia de empresas del sector público al sector privado se presta para que aparezcan tentaciones de corrupción. Los países latinoamericanos no son inmunes a esas tentaciones, pero tampoco son la excepción: en países de Europa han surgido sospechas y debates políticos cuyo resultado definitivo deja mucho que pensar. La transparencia de la transferencia sería indispensable en países como el nuestro, tan golpeados en los últimos años por acusaciones de violaciones a la ética administrativa.

La cuestión no admite soluciones simplistas y reclama procedimientos cristalinos. Violentar el proceso y descuidar los requisitos podría en definitiva producir mayores males que los que se quieren corregir.

1989. Mayo, 3. ALA / El Universal: Un error de diagnóstico

Recorte de El Universal del 3 de mayo de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Un error de diagnóstico

Artículo para ALA, publicado en El Universal el 3 de mayo de 1989. 

Preocupación es un término suave para definir el estado de ánimo de la población de Venezuela a partir de la semana que comenzó el lunes 27 de febrero. Cada día se manifiesta en diversas formas la crisis que se está viviendo: los precios suben, escasean artículos de primera necesidad, se hace imposible  para un matrimonio de clase media comprar un automóvil o un apartamento de vivienda. En fin, a cada paso se hace la vida más difícil, y el morbo social del desempleo y la frecuencia de los atracos aumentan la angustia creciente que se va apoderando de todos los sectores de la comunidad. Se «dolarizan» los precios, pero los sueldos y salarios se seguirán percibiendo en bolívares. En bolívares devaluados.

Los gobernantes no se atreven a negar los efectos del paquete presentado al Fondo Monetario Internacional en solicitud de un certificado de buena conducta para obtener «dinero fresco»: contestan que las medidas son duras, pero eran necesarias, y ofrecen que dentro de cierto tiempo (se ha hablado desde seis meses hasta dos o tres años) llegaremos a la boca del túnel y marcharemos en forma más auténtica, ajustada a nuestra realidad.

A partir de 1974, cuando empezó a llegar el ingreso petrolero adonde no se esperaba, nos dominó una «ilusión de riqueza». Ahora nos posee, en forma dramática, un «complejo de bancarrota». Pero ni la riqueza era genuina, ni el complejo de bancarrota está justificado, porque se basa en planteamientos que en mi opinión no responden a la realidad. El paquete y algunas afirmaciones que se hacen en torno a la crisis, arrancan de un error de diagnóstico. El problema agudo lo ha determinado un hecho coyuntural –el de la deuda externa agravado por el despilfarro y la corrupción– que elevó el gasto de divisas más allá de lo razonable y conveniente.

Para remediar esa situación, se toman medidas que desquician la economía venezolana. Con el mote de liberación cambiaria se ha decidido una maxi– devaluación sin paralelos en la historia de nuestro país; una supuesta política anti-inflacionaria ha comenzado por generar una inflación que supera todo precedente; se habla de liberación de intereses y se les coloca por encima de lo que puede soportar cualquier empresa que tenga utilidades razonables; se liberan los precios, pero en verdad lo que se hace es dispararlos, en unos casos por la razón de que el costo de los insumos y de los otros renglones de producción han subido, y en otros por el apetito voraz de proveedores apoyados en la estructura monopolística u oligopolística de un mercado donde no ha existido ni existe una verdadera competencia.

Yo no creo que la economía venezolana viviera de un sistema falso, y menos aún, que las políticas anunciadas van a colocarla en un plano de sinceración. No admito la afirmación de que el petróleo, supuesto padre providente dispuesto a remendar todos los desafueros, ya no tiene la posibilidad de seguir sustentando la economía nacional. Convengo en que se han cometido muchos disparates: baste señalar que el presupuesto, que en el último año de mi gestión (del que sólo me correspondieron diez semanas) fue de 14.000 millones de bolívares, y en el presente año superará, muy por arriba, la marca de 200.000 millones. El aumento brutal del gasto corriente; el endeudamiento innecesario para inversiones que pudieron y debieron atenderse con ingresos efectivos no presupuestados; el corrupto aprovechamiento de las debilidades del Estado y sus jerarcas para malgastar reservas del Tesoro, son errores garrafales que nos han costado y nos van a costar enormidades; pero no es realista la idea de que la sinceración económica consiste en el aumento brutal de los precios, hasta de ineficientes servicios públicos que han exhibido grandes utilidades y de un combustible que la benévola providencia nos dio en abundancia.

A veces se presenta la imagen de una economía petrolera en decadencia, lo que no corresponde a la verdad. Cuando el crudo llegó a catorce dólares el barril, se dijo que había que «administrar la abundancia con criterio de escasez»: es sorprendente que hoy,  con precios con el orden de dieciséis dólares y una tendencia moderada pero firme al alza, se suponga que estamos en la ruina. La industria petrolera no está en declinación. Además, el gas natural, por el que tanto he abogado, al fin está saliendo al proscenio de los escenarios económicos. Es cierto que «el petróleo no da para más»: pero ello debe interpretarse en el sentido de que no da para más derroche, no da para más abusos, pero su contribución sigue «presente para el servicio de la Patria», si se me permite usar el eslogan político que tenía el partido del presidente Medina.

Que el petróleo, por su papel protagónico en nuestra economía, haya financiado al Estado, haya estimulado la construcción de una nueva infraestructura material, cultural y humana, era perfectamente lógico. Lo que no es lógico, pero sí tristemente humano, es que haya financiado también el consumismo y la superfluidad. Pero no se puede seguir diciendo que el petróleo acabó con la agricultura y con la industria. Un libro que he dicho convendría leer actualmente, «El caso Venezuela, una ilusión de armonía», publicado por IESA y fechado en octubre de 1984, trajo un importante trabajo sobre la agricultura, «Revisión de una leyenda negra», por Gustavo Pinto Cohen, donde se dice: «En la actual era democrática –el último cuarto de siglo (1959-1984) la actividad agrícola se ha ido diversificando y ampliando en rubros, ocupación territorial y sistemas de producción. Además, la producción agrícola ha crecido a una tasa superior a la del aumento de la población» (subrayado en la cita).

En el mismo libro, Moisés Naim, actual ministro de Fomento, escribiendo sobre «La Empresa Privada en Venezuela», admite: «más del 80 por ciento de las plantas industriales existentes en el país en 1979, fueron creadas después de 1960 y de las 70 mayores firmas manufactureras que había en 1980, sólo el 10 por ciento existía antes de 1940 y el 30 por ciento antes de 1950. A su vez, sólo 13 de los 31 bancos comerciales existentes en 1983 ya operaban en 1959». Y a su vez, Sergio Bitar y Tulio Mejías anotan: «Pese a todas las dificultades que ha enfrentado el sector manufacturero, ha llegado a ser uno de los más importantes de la actividad productiva nacional. Constituye cerca de un 16 por ciento del producto territorial bruto (PTB) lo cual equivale a la mitad, aproximadamente, del producto que genera el sector petrolero –excluida la refinación– y ha proporcionado empleo directo a más de 600.000 personas, el 18 por ciento del total de puestos de trabajo ocupados por la población económicamente activa, proporción esta que es superior a la de varios otros sectores económicos». No era, pues, tan oscuro el panorama.

Que la estructura económica venezolana requiere cambios sustanciales, no cabe duda. He insistido mucho en la necesidad de precisar un nuevo modelo de desarrollo, al cual hay que sacarlo de abstracciones declamatorias de corte electoral para precisarlo en la realidad económica y social; pero lo que no me parece admisible es que, para solucionar un problema de naturaleza monetaria –grave, sin duda, pero transitorio– se desquicie todo lo logrado, por el argumento de que de no hacerlo así no nos daría el susodicho certificado de buena conducta el Fondo Monetario Internacional.

¿Qué van a hacer los constructores, sometidos a un alza excesiva de intereses y a una dramática subida de precios de la maquinaria y los insumos para la construcción?

¿Qué estimulo van a tener los agricultores para sembrar, si el producto de las siembras y de las cosechas se lo tragarían los elevados intereses bancarios?

¿Cómo van a ordenar sus programas los industriales manufactureros con estos costos actuales y peor aún, con la amenaza de seguir subiendo?

¿Cómo van a venir turistas si el beneficio de la caída del bolívar se compensa o supera con la elevación de las tarifas hoteleras y de servicios varios?

¿Qué podrán realizar las parejas de clase media para adquirir una vivienda, para tener un automóvil, y para pagar los gastos de educación y de salud?

¿Cómo van los trabajadores a mantener su nivel de vida, logrado a través de un largo proceso de lucha política y social?

Y ¿cómo van a hacer los marginados para sobrevivir y para que sus hijos integren una generación sana y bien nutrida?

Estas preguntan atormentan. A veces, el Ejecutivo pareciera iniciar tímidas rectificaciones. Bajo el signo de liberalización de la economía, se han tenido que ofrecer subsidios por un monto jamás conocido en este país: el problema es que lleguen sin discriminaciones a todos los que los necesitan. Pero la traumática situación sigue en pie. Es necesario revisar el diagnóstico, porque si éste está equivocado, sería preciso corregir el error antes de que operen en profundidad daños irreversibles.

1989. Mayo, 17. ALA / El Universal: La «indexación» de los intereses

Recorte de El Universal del 17 de mayo de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La «indexación» de los intereses

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 17 de mayo de 1989.

Según el diccionario de «Economía Moderna» del Instituto Tecnológico de Massachusetts, indexación es: «Un mecanismo de ajustes periódicos en el valor nominal de los contratos en armonía con los movimientos de un específico índice de precios. Cláusulas escalatorias en contratos salariales proveen un ejemplo de esto. La indexación completa de todos los contratos se invoca frecuentemente como una política para prevenir la redistribución arbitraria del ingreso causada por la inflación. Si todos los contratos, implícita o explícitamente, se escalaran conforme a la rata conocida de inflación, la inflación tendría pequeños efectos y costos» (perdónese cualquier error de traducción).

El tema es muy controvertido. Los mecanismos de operación son discutibles. El mismo diccionario del MIT, al considerar la palabra «threshold» (umbral, tranco, entrada, comienzo), lo define como «el punto a través del cual hay un cambio en la conducta del agente económico (v.g. un «threshold» en las expectativas de precios no se revisa constantemente a la luz de la evidencia acumulada de cambios de precios sino que se revisa a intervalos una vez que la rata del cambio de precios haya excedido de cierto punto). Más recientemente –agrega– el término se ha usado para describir una forma particular de indexación de contratos salariales que opera solamente después de que la inflación ha excedido un nivel previamente especificado».

En materia de salario, la legislación venezolana hasta ahora ha ignorado totalmente el fenómeno de la inflación. Los juslaboralistas nos hemos empeñado en garantizarle al trabajador la íntegra y oportuna percepción de su  remuneración: se ha dispuesto que debe recibir el salario en dinero y no en otra especie; directamente y no a través de un comprador de salarios; se ha rodeado el salario de inembargabilidad y se le ha dado privilegio sobre otros créditos que pesen sobre la empresa; se han establecido previsiones para que cada trabajador disfrute, por lo menos, de un salario mínimo con fuerza compulsiva; se ha dispuesto que para igual trabajo debe pagarse igual salario y se han establecido primas y bonificaciones para el trabajo en horas extraordinarias, en tiempo nocturno, en días feriados; se ha asignado, en fin, al trabajador un porcentaje sobre un porcentaje sobre las utilidades de la empresa.

Pero todo este complejo mecanismo protector se ha hecho impotente ante la merma que del salario real provoca el proceso de inflación. El legislador no previó la inflación. Esta, como un ladrón nocturno, le roba todos los días al trabajador una parte de su salario, el cual, aunque nominalmente quede intacto, sufre una dimensión progresiva de su poder adquisitivo.

Cuando la inflación toma suficiente importancia como para hacer notoria la disminución real del salario, la realidad ha forzado adoptar diversos caminos. En 1979, José Vargas sacó a la calle a los trabajadores para pedir una ley que compensara mediante un aumento nominal de salario la merma salarial ocasionada por la liberación de precios. Después se ha preferido ocurrir al expediente del Decreto Ejecutivo, que en los acontecimientos de los últimos días de febrero pareció haber contado con el acuerdo de los representantes empresariales y sindicales que habían sido invitados a la concertación por el Gobierno.

El proyecto de Ley Orgánica del Trabajo que está en la Cámara de Diputados formula como principio orientador el de que el salario debe guardar relación con el costo de vida y después de esta norma general dispone que cuando el costo de vida tenga aumento notorio (¿threshold?) debe haber un ajuste destinado a garantizar al trabajador el poder adquisitivo de la remuneración obtenida por su trabajo; que los ajustes serán preferentemente materia de convenciones colectivas, y en caso de emergencia, podrán fijarse por Decreto Ejecutivo, oyendo previamente a los organismos más representativos de los trabajadores y de los patronos, al Consejo de Economía Nacional y al Banco Central de Venezuela. Con ello se adopta el camino señalado ya por la experiencia, el Decreto Ejecutivo, pero se le condiciona a solicitar previamente la opinión de entidades calificadas, lo cual no es obligante, pero indudablemente hace difícil el cometer arbitrariedades y abusos.

No está prevista, pues, en el proyecto la «indexación» tradicional, como la ha habido en algunas partes, como en algunos convenios colectivos celebrados en Estados Unidos, donde los salarios suben –y bajan también– de acuerdo con los índices del costo de vida certificados por la Oficina Federal de Estadísticas. Lo que se persigue en el proyecto es canalizar la experiencia de los últimos años por un camino jurídico mejor orientado.

Ahora bien, hay muchos que claman contra lo que les huele a indexación salarial pero sostienen con gran énfasis la tesis de que los intereses por créditos bancarios deben subir con la rata inflacionaria, pues de no hacerlo se realizaría una disminución real del capital prestado. ¿Esto no es indexación? Claro que sí: la indexación de los intereses.

Es indudable que prestar dinero a interés y recibir menos de lo que el préstamo se devalúa por la inflación es aceptar su pérdida progresiva. Pero ¿es más importante preservar ese capital, que al fin y al cabo no desaparecería, sino que pasaría a otras manos, que preservar la posibilidad de vida que el salario ofrece al trabajador y a su familia? En uno y otro caso, la inflación no es consecuencia sino causa: no es el aumento el que genera la inflación, sino la inflación la que hace necesario el aumento.

Cada vez que oigo a un declarante sostener que la tasa de interés debe subir en función de la tasa inflacionaria y al mismo tiempo escandalizarse por lo que pueda oler a indexación salarial, pienso que hay una inconsecuencia en el razonamiento y que esa inconsecuencia se traduce en hechos que poco ayudan a orientar al enfrentamiento de la actual situación.

Y cuando se tiene la impresión de que opera la maxi-devaluación del signo monetario, que con la liberación de precios constituye el binomio de factores que empujan hacia arriba la tasa inflacionaria, se siente que la elevación por «Acto del Príncipe» de las tasas de interés no es producida por causas naturales ni por el supuesto libre juego de las fuerzas económicas. ¿Hasta dónde han de llegar las alzas? ¿Bajará el costo de la vida por las modificaciones arancelarias, cuya repercusión en las actividades productivas puede ser considerable y cuyos efectos pueden sentirse negativamente en el mercado de trabajo?

Hay un hecho cierto, que se pone de manifiesto en situaciones como la que estamos viviendo: el aparato económico es complejo, y cada tecla que se toque produce movimientos en los más variados departamentos de dicho aparato. Se hace una modificación contando con que va a tener determinado resultado en determinado aspecto; pero ¿se han tomado en cuenta las repercusiones que van a generarse en otros? Y en cuanto a las matemáticas oficiales, demandan una severa revisión. Un análisis elemental demostrará que las cantidades estimadas por voceros oficiales, con frecuencia no corresponden a la realidad. Las cifras van por un lado y la realidad por otro. La inflación, artificialmente generada, sube; los salarios no pueden menos que acercársele, y los intereses constituyen el aspecto más negativo de la situación actual.

1989. Mayo, 31. ALA / El Universal: La injusticia internacional

Recorte de El Universal del 31 de mayo de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La injusticia internacional

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 31 de mayo de 1989.

El problema de la deuda externa, más delicado a medida que transcurre el tiempo, pone de manifiesto entre otras cosas algo que se venía debatiendo las últimas décadas en todos los ambientes internacionales, pero que parece haberse ido dejando a un lado ante la urgencia y gravedad de aquél: la injusticia del actual orden económico internacional.

Los países de América Latina, en grado mayor o menor, todos están sufriendo el acoso insoportable del servicio de la deuda externa. Sobre su origen fáctico hemos dicho y oído reiteradamente los elementos que llevaron el endeudamiento a los niveles en que se encuentra: exceso de liquidez de los bancos por el reciclaje de los petrodólares, alegre disposición en los gobiernos y en los particulares para recibir préstamos que no siempre –o por lo menos no totalmente– se invirtieron en programas de inversión, sino en gastos improductivos y en aprovechamientos ilícitos. Se ha puesto de manifiesto el agravamiento de la situación por el alza injustificada de los intereses, debida, no al libre juego de las fuerzas económicas sino a la razón política del déficit presupuestario fiscal en los Estados Unidos y en otras potencias industriales. Pero se ha pasado por alto el hecho de que hay un orden económico viciado, que coloca cada vez más al poder efectivo en quienes detentan el capital y la tecnología y produce un desequilibrio permanente en el comercio internacional.

Los recursos obtenidos por la exportación en los países en vías de desarrollo, productores principalmente de materias primas, son cada vez menos que los que necesitan para pagar a los países desarrollados sus sofisticadas mercancías, los insumos que proveen a su agricultura y su industria y, por supuesto, el capital requerido para su producción y la tecnología cada vez más cara pero cada vez más indispensable para sobrevivir en un mundo tan interdependiente como el nuestro.

El desequilibrio de la balanza comercial produce inevitablemente devaluación, y ésta, con el gasto público hipertrofiado, constituye uno de los factores más directos e irremediables de inflación.

¿Por qué la República Argentina, un país con tantos recursos naturales, productor de carne y trigo en abundancia, está encallejonada en un proceso de inflación galopante que la lleva a desabastecimiento y penuria? Admito que se le eche la culpa a la mala administración de los gobiernos, pero no que se menosprecie la razón de que el precio obtenido por su producción no alcanza para satisfacer los requerimientos del intercambio, agravado por el servicio de la deuda, cuyos intereses han llegado a niveles increíbles, de indudable injusticia.

Hace poco tiempo, una organización internacional insospechable de demagogia, la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (UNIAPAC), cuyos miembros provienen en su mayoría de países de la Comunidad Europea, realizó en Amberes, Bélgica, un seminario para analizar la estupenda Declaración de la Comisión Pontificia «Iustitia et Pax» sobre la Deuda Externa. Al seminario asistieron, según se hizo constar, gobernadores y presidentes de bancos centrales de países industrializados y de países en desarrollo; presidentes y directores generales de bancos internacionales, dirigentes de organizaciones financieras internacionales, teólogos y moralistas. En el cuaderno donde se resumen las discusiones del seminario, que un amigo me facilitó, he tenido la satisfacción de encontrar, entre muchas y muy importantes observaciones, el reconocimiento de este hecho fundamental. Sobre él hay que insistir una y muchas veces, hasta que quienes tienen la potestad y la responsabilidad de dirigir a las naciones que detentan el poder y el dinero, se den plena cuenta de que el orden económico internacional es contrario a la ética y que de no tomar las actitudes que la justicia reclama, sería instrumentar una catástrofe para la humanidad.

«El punto de partida –dice la referida publicación– es conocido. Los precios de las materias primas en el mercado mundial son extremadamente bajos. En moneda contante, la mayoría de los precios se parecen a los de 1930. Por otro lado, los precios de los productos manufacturados han aumentado regularmente. Los países en vías de desarrollo son esencialmente exportadores de materias primas e importadores de productos manufacturados. Ellos pierden en los dos casos. Es lo que determina el deterioro de los términos de intercambio».

Tal es la verdad pura y simple. Pero, lejos de mover un dedo para rectificar esa grave distorsión, los poderosos ponen empeño en agravarla. Fue notoria la reacción airada de los países industriales cuando la OPEP se decidió a elevar los precios del petróleo, que venían congelados por más de medio siglo. La palabra OPEP era motivo de ira en los países ricos; se hizo todo lo posible para subyugarla, y el Presidente Reagan llegó a decir que pondría de rodillas a los países que la integran. La ofensiva contra los demás productores de materias primas es implacable. Los mayores éxitos que se apunta la revolución tecnológica llevan consigo una menor necesidad de utilizar productos primarios: cada día es proporcionalmente menor la necesidad de combustible, la necesidad de azúcar, la necesidad de productos alimenticios producidos en el Tercer Mundo.

Por otra parte, las restricciones impuestas para proteger nuestras incipientes industrias se derriban por imposición de los organismos financieros internacionales, mientras el proteccionismo asoma sus fauces en diversas formas en los grandes mercados y se increpan en ellos como «domping» las medidas de protección que en alguna manera adopten los países en vías de desarrollo para incentivar sus exportaciones.

No se suele advertir, por otra parte, que en buena proporción, el «consumismo» que nos invade es efecto de una intensa y bien elaborada propaganda de los grandes centros industriales para hacer que los habitantes de estas áreas compren los artefactos sofisticados –cada vez más costosos– que en aquéllos fabrican. No tener una computadora, un televisor a colores o una antena parabólica, un vehículo de último modelo o un electrodoméstico con todas las innovaciones técnicas se hace verdaderamente imposible. Con todo y los controles de cambio, muy rígidos en algunos lugares, o con la centralización de las divisas, como la de Venezuela, donde el noventa por ciento pasa directamente al Estado sin necesidad de decretarlo porque proviene del petróleo, el hierro, el aluminio, la demanda de moneda extranjera presiona sobre la oferta y se generan progresivas devaluaciones. Esas devaluaciones, por la magnitud del componente importado de la economía, se manifiestan de inmediato en el alza de precios y ello impulsa hacia arriba vertiginosamente la inflación.

¿Es una utopía esperar que una diplomacia agresiva y solidaria por parte de los gobiernos latinoamericanos abra los ojos al Norte, para que no atribuyan a las quejas que emanan del Sur, la condición de lamentaciones estériles?

Es monstruoso que, teniendo a su alcance las lecciones que ofrece la historia de la humanidad, los países privilegiados mantengan una miope indolencia, esperando que ocurran trágicos acontecimientos en los otros para que la situación se corrija. Esa actitud, sin embargo, parece ser predominante. El director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, ha reconocido en reciente entrevista que la creación de una agencia para manejar el problema de la deuda internacional sería deseable, pero «nadie está dispuesto a dar los recursos para esto». El egoísmo campea. Sin embargo, es forzoso insistir en que el futuro de los seres humanos pende del hambre de justicia que padece la inmensa mayoría. Por ello no nos cansaremos de insistir en que la paz real y duradera, la posibilidad efectiva de un progreso que se traduzca en bienestar y en felicidad para los pueblos, dependen del reconocimiento efectivo de la Justicia Social Internacional y la aplicación de sus principios.

1989. Junio, 14. ALA / El Universal: Recursos Humanos

Recorte de El Universal del 14 de junio de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Recursos Humanos

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 14 de junio de 1989.

Cuando se analiza la difícil situación de crisis que está viviendo Venezuela y se reitera la esperanza en el porvenir de este país, es obligatorio hacer énfasis en que no solamente tenemos recursos naturales importantes y recursos financieros que a pesar de la traumática contingencia mantienen un flujo no despreciable, pero sobre todo en que tenemos fe en nuestros recursos humanos.

Esa no es una frase hueca. No se trata solamente de recordar las virtudes naturales de nuestro pueblo, que en gran parte son las virtudes de la población latinoamericana. Cuando el Congreso de los Estados Unidos me recibió en sesión conjunta –hace ya cerca de veinte años– afirmé que si ellos tienen con derecho el orgullo de ser norteamericanos, nosotros también tenemos el orgullo de ser latinoamericanos.

«Hay que repetir una y mil veces –dije– que ser diferente no implica ser mejor ni peor. Los latinoamericanos tenemos nuestra propia forma de vida y no queremos adoptar servilmente las formas de vida que prevalecen en otras partes. Tenemos un fiero amor a nuestra independencia; ponemos nuestra dignidad por encima de nuestras necesidades. Para nosotros, como para ustedes –según lo han demostrado en los momentos decisivos de su historia– los valores del espíritu privan sobre los intereses materiales».

Pero no basta la calidad reconocida del material para afirmar que podemos contar con esos recursos para superar la coyuntura. Es necesario que esa materia prima se encuentre en condiciones de afrontar los riesgos y exigencias que plantea el desarrollo, aumentados considerablemente en la emergencia creada por el peso del servicio de la deuda externa y por el paquete de medidas adoptadas por el Gobierno en el orden de las recetas del Fondo Monetario Internacional.

Se necesita que ese material humano esté calificado científica y técnicamente; se necesita, además, y esto es esencial, que lo inspire un sincero amor a la Patria y esté consciente de su responsabilidad solidaria con el país, es decir, con todas sus clases y sectores sociales y con los esfuerzos necesarios para conquistar el futuro.

Es preciso no perder de vista el esfuerzo que en los últimos decenios se ha hecho para convertir al pueblo venezolano, que era en gran parte analfabeta y estaba agobiado por las endemias tradicionales y golpeado por los fracasos y atropellos que registra la historia, en un pueblo instruido, con acceso a la salud y dispuesto a recorrer con entusiasmo los estadios superiores de la educación.

No se trata de hacer apologías. No pretendo ignorar ni silenciar las críticas fundadas que se hacen en muchos aspectos al sistema educativo, ni a los reclamos sobre el estado alarmante de deterioro en que se encuentran los servicios médicos y asistenciales. Pero esto no quita lo otro: la queja colectiva contra carencias y corruptelas no autoriza a ignorar la obra inmensa que se ha hecho para buscar la superación de los niveles de aptitud en el venezolano.

De los 18 millones que integran nuestra población, más del 90 por ciento está alfabetizado. Una tercera parte, es decir, 6 millones, están incorporados al sistema educacional. La escolaridad en primaria llega al 97 por ciento. Cerca de medio millón está inscrito en universidades y otros institutos de educación superior. Estas cifras, que se dieron en el Congreso Nacional de Educación en enero, las he citado ya en ocasión anterior: ahora quiero insistir en ellas porque constituyen a la vez un motivo de esperanza y una causa de obligación. Son muchos los venezolanos, de los más variados sectores sociales, que han hecho postgrado en afamadas instituciones científicas del mundo desarrollado. No es misterioso para ellos el campo de la avanzada tecnología. Se han preparado y tienen el anhelo de servir.

Las perturbaciones de nuestra economía han comenzado a provocar la fuga de cerebros. Antes se notaba la dificultad en que compatriotas nuestros quisieran irse a trabajar en el exterior, por más halagüeña que se les pintara la oportunidad. Ahora, con la caída brutal de nuestro signo monetario, con el alza vertiginosa del costo de la vida, pero especialmente con las trabas que en múltiples formas se oponen al ejercicio de su actividad propia, un creciente número de jóvenes bien preparados son tentados a aceptar los ofrecimientos que se les hacen para desempeñarse en medios que les aseguran un ambiente más propicio a la investigación y práctica profesional, a la vez que una remuneración más atractiva y una facilidad mayor para la educación de sus hijos.

La verdad es que la Venezuela nueva –lo mismo podría decirse de otros países latinoamericanos– cuenta con graduados y postgraduados universitarios en las más variadas disciplinas, capaces de asumir tareas indispensables para buscar la vía franca hacia el desarrollo. Pero hay que hacerles atractiva la idea de asumir las pesadas tareas que el país reclama.

Es necesario, por ello, insistir en el otro aspecto arriba referido. Nuestros recursos humanos tienen que acendrar el amor a la Patria, feliz a veces y a veces doliente; para fortalecer el sentido de responsabilidad y el espíritu de servicio; para mantener firmemente la decisión de cumplir el deber por el deber mismo, sin afanes consumistas y sin negligencias holgazanas. Esa disposición espiritual la he encontrado en muchos hombres y mujeres jóvenes con quienes he tenido posibilidad de dialogar; pero por ello mismo demandan angustiosamente un liderazgo sano y confiable, un orden de cosas que les permita aprovechar armónicamente sus capacidades y orientar constructivamente sus preocupaciones en aras de un destino mejor.

Tales son los elementos más valiosos con que contamos para la gran batalla que nos plantea nuestro dramático presente. No me refiero a algunos ambiciosos, cuyo único afán es el de ganar dinero como sea; no aludo a otros pedantes, que por tener dinero o posición –social o académica– se creen amos del Universo y se sienten con derecho a desconocer legítimos valores de todas las generaciones y pontificar como si sólo ellos poseyeran la verdad absoluta e irrefutable. Esos son minoría. El mayor número ve las cosas con sentido de la realidad y con disposiciones para poner sus cualidades, innatas y adquiridas, en dirección de un esfuerzo común y solidario.

Contar con esos recursos humanos es un privilegio. Interpretarlos y atenderlos es un compromiso prioritario. No me atrevo a pensar cuántos episodios nos faltan para salir del túnel en que ahora nos sentimos ahogados. Lo que es indiscutible es que para el momento en que comencemos a ver luz, tenemos que aprovechar a esa nueva generación, muy superior en formación y en medios a las generaciones anteriores, para podernos quitar de la frente el «Inri» del subdesarrollo. O lo hacemos con ellos, o vendrán otros, del norte o del sur, del este o del oeste, a hacerlo e imponernos un colonialismo más deprimente que cualquiera anterior. Este mensaje lo doy siempre a los jóvenes cuando les hablo, especialmente en las ceremonias de graduación, como un alarido del país que les ha dado vida y les abrió amplia posibilidad para formarse y espera, como recompensa, la labor urgente para asegurar a los que vendrán después amplitud de horizontes y perspectivas de grandeza.

1989. Junio, 28. ALA / El Universal: El trabajo humano

El trabajo humano
Recorte de El Universal del 28 de junio de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El trabajo humano

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 28 de junio de 1989.

La aprobación en primera discusión por la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo ha despertado un desbordamiento de publicidad, agresiva y estentórea, que ha sorprendido y confundido a mucha gente.

La legislación del Trabajo en Venezuela comenzó, de hecho, en 1936. Antes había habido intentos loables de algunas personas y entidades y se habían sancionado algunas normas legales no carentes de mérito, pero ignoradas totalmente por la realidad. «Bajo Gómez todo nos estaba permitido», cuenta David H. Blelloch, el asesor técnico accidental enviado en aquel año por la Oficina Internacional del Trabajo (a propósito, la primera misión de asistencia técnica cubierta por el organismo ginebrino en el mundo) que le dijo uno de los jefes de las transnacionales de petróleo.

El proceso de elaboración y sanción de la Ley del Trabajo en 1936 fue corto, pero intenso. Me cabe la satisfacción de haber participado en él, muy joven todavía. Se abrían nuevos horizontes en el país, y el presidente López Contreras no vaciló en ponerle el cúmplase a la nueva y revolucionaria ley, el 16 de julio de 1936, siete meses después de haber asumido el Gobierno. Los ataques que se hicieron a la ley fueron recogidos en mi obra sobre «Derecho del Trabajo»: «que en Venezuela no hay cuestión social», que «la Ley del Trabajo es marxista», que «la Ley del Trabajo anarquiza la producción», que «la Ley del Trabajo arruina el productor», que «la Ley del Trabajo es exótica». No estuvieron ausentes, entre los críticos, voceros de las propias compañías petroleras, que realizaban el negocio más brillante de América Latina. Lo cierto es que la Ley del Trabajo entró en vigencia y ha sido uno de los factores más importantes para la transformación de Venezuela.

Teniendo ya cerca de 50 años de vigencia, tuve el atrevimiento de presentar al Senado un Anteproyecto para sustituirla. Antes, en el Primer Congreso Venezolano de Derecho Social, celebrado conjuntamente con el VI Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (los cuales tuve el privilegio de presidir), en Caracas, en noviembre de 1977, fue presentado un borrador del Anteproyecto por mis colaboradores Reinaldo Rodríguez Navarro, Juan Nepomuceno Garrido y Alberto Martini Urdaneta. Entonces se acordó lo siguiente: «Está madura la evolución del país hacia la adopción de una nueva Ley del Trabajo, por lo que resulta más aconsejable entrar a la elaboración de una nueva Ley del Trabajo antes de formular modificaciones de carácter parcial a la misma».

El Congreso dispuso darle amplia difusión al Anteproyecto y promover conferencias, simposios, seminarios, mesas redondas, etc., para recoger material en torno al mismo y pasarlo a los correspondientes organismos del Poder Público, que fue lo que en definitiva hice el 2 de julio de 1985. El Senado designó una Comisión Especial para estudiarlo, me encomendó la presidencia de la misma e invitó a la Cámara de Diputados a designar otra Comisión que conjuntamente con la senatorial integrara una bicameral, la cual estuvo durante tres años reuniéndose semanalmente. Esa Comisión abrió un debate nacional, invitando a las autoridades del Trabajo (administrativas y judiciales), a las organizaciones sindicales y empresariales, a los institutos académicos y a todos los que tuvieran interés en la materia, a participar en sus deliberaciones. De hecho, los asesores que designaron los diversos sectores fueron mucho más que meros observadores y se les otorgó el derecho de palabra en igualdad con los senadores y diputados integrantes del Cuerpo. El proyecto definitivo fue presentado al Congreso en sesión conjunta el 11 de agosto de 1988. La inmensa mayoría de los 675 artículos del Proyecto fueron adoptados por consenso; aquellos en los que el consenso no se pudo lograr, ocurrió lo que naturalmente tenía que suceder, es decir, prevaleció el criterio de la mayoría parlamentaria (en algunos casos, diferente del que sostuvo el suscrito, proyectista y presidente de la Comisión).

Sólo nueve meses después de introducido el Proyecto se le dio la primera discusión en la Cámara Baja. Los voceros de todas las fracciones parlamentarias se pronunciaron por su aprobación, reservándose el derecho de proponer modificaciones en el curso de la segunda discusión. Es incomprensible e injustificable que en nombre de organismos económicos que desde el primer momento durante cuatro años han estado informados del curso de las labores, se haya escandalizado a la opinión hablando de «madrugonazo», sacando argumentos que no resisten una discusión serena, y rechazando una explicación razonada de los temas de discusión.

El Proyecto es más importante por su contenido doctrinal que por el aspecto económico. Desde este punto de vista, lo que más puede pesar es la reducción de la jornada semanal de los obreros a cuarenta y cuatro horas, igualándolos con los empleados. Ese límite máximo ha sido disminuido con creces en la mayoría de los países del mundo. La elevación del porcentaje de las utilidades de las empresas, desde el diez por ciento actual a un quince por ciento, resulta verdaderamente modesta (y hasta mezquina) y no puede considerarse un costo de producción, puesto que las utilidades son lo que queda del producto después de deducido el costo. Lo demás, pasar del 25% al 50% el recargo por horas extraordinarias de trabajo, del 20% al 30% el bono nocturno, establecer un recargo del 50% por el trabajo en días feriados, eso ha sido sobrepasado hace tiempo por los convenios colectivos. Lo mismo, en cuanto a las vacaciones, un día más por año de antigüedad, hasta un límite total de 30 días continuos y un bono vacacional. Y por lo que respecta al preaviso, subirlo a 2 meses cuando la antigüedad del trabajador sea mayor de cinco años y a 3 meses cuando sea mayor de diez años, es perfectamente razonable. Como lo son también el aumento a día y medio el descanso semanal de los trabajadores domésticos y algunas disposiciones más.

Por ello, no se puede entender el escándalo formado. Hay normas que lo que hacen es condicionar o limitar una costumbre actual: por ejemplo, la de los decretos ejecutivos para aumentar el salario por el aumento grave del costo de la vida, que se sujetan a la condición de solicitar previamente opinión de los organismos empresariales y sindicales más representativos y del Banco Central de Venezuela y el Consejo de Economía Nacional.

Muchas de las normas objetadas pueden ser explicadas, pero también aclaradas y, de ser necesario, redactadas o modificadas en forma que no den motivo a la interpretación malévolamente supuesta por algunos portavoces de organismos empresariales. Pero es increíble que a estas alturas, por patrocinar esta Ley, no solamente me llamen «demagogo», como si se tratara, por mi parte, de una actitud postiza y no de un comportamiento sostenido por más de cincuenta años, sino también «marxista» y, además «hitlerista». Y que se sostenga que de ser aprobada la Ley conllevaría el cierre de las empresas, la ruina de la economía nacional y la imposibilidad de exportar, por el elevado costo del trabajo.

La verdad es que la dramática situación que vivimos se debe a otras causas: a la maxidevaluación de la moneda, a la elevación astronómica de las tasas de interés, a la liberación súbita de precios que los han llevado a niveles siderales. Los trabajadores no tienen la culpa. El trabajador y el profesional de clase media se hallan estrangulados y las clases marginales están pasando hambre de verdad. El déficit nutricional de la niñez actual lo pagará el país en el futuro con gravísimas consecuencias. Pretender que dentro de esta situación el reconocimiento de mayores derechos y la esperanza de mejores posibilidades para los sectores laborantes sería la causa de un desastre nacional, es confundir la gimnasia con la magnesia. Dentro de los desorbitados precios actuales, el único elemento que resulta barato para competir en el mercado internacional es el trabajo. Tengo las cifras más actuales, de países desarrollados y de países en vías de desarrollo de nuestro mismo ámbito económico, y en ellas se ve que cuando todo se dolariza, lo único que cada vez está más abajo de los niveles internacionales en Venezuela es el salario. Decir que nuestro proyecto contiene la protección laboral más avanzada del mundo, o que en los países industrializados no existen garantías de trabajo iguales a las nuestras –que en realidad son mucho mayores– lo que demuestra es una crasa ignorancia. O, para decirlo más suavemente, falta de información.

El Papa Juan Pablo II, en sus once años de pontificado, ha publicado siete Encíclicas. De ellas, dos han sido sobre temas relacionados con la justicia social. La última, «Sollicitudo rei sociales» (La preocupación social de la Iglesia), en 1987, con motivo de los veinte años de la «Populorum Progressio» de Pablo VI. La anterior, «Laboren Excercens», con motivo de los noventa años de la «Rerum Novarum» de León XIII, sobre el trabajo humano. Esta, en su número 12, afirma: «Ante la realidad actual, en cuya estructura se encuentran profundamente insertos tantos conflictos, causados por el hombre, y en la que los medios técnicos –fruto del trabajo humano– juegan un papel primordial… se debe ante todo recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia. Es el principio de la prioridad del “trabajo” frente al “capital”. Este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto del cual el “trabajo” es siempre una causa eficiente primaria, mientras el “capital”, siendo el conjunto de los medios de producción, es sólo un instrumento o la causa primordial.»

Yo creo en este principio. He creído en él a lo largo de mi vida. He tratado de ser consecuente con él. Que me llamen «marxista» o «hitlerista» con ignorancia o mala fe, por defenderlo, no me inquieta. Pero aseguro a los empresarios de buena voluntad que los autores o defensores del Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo no estamos contra ellos, ni queremos hacerles daño, ni la Ley los va a perjudicar. Lo que les han hecho creer para instrumentarlos es falso. Y si les quedare alguna duda les digo que tenemos la misma voluntad, sostenida, anunciada e informada durante cuatro años, de dialogar y de buscar a través del diálogo el consenso. Manteniendo, eso sí, el propósito de ser fieles a la Justicia Social.

El trabajo humano
Entrega del proyecto de reforma de la Ley del Trabajo a Reinaldo Leandro Mora en presencia de Hilarión Cardozo, el 2 de julio de 1985.