1989. Julio, 12. ALA / El Universal: Independencia e Integración

Recorte de El Universal del 12 de julio de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Independencia e integración

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 12 de julio de 1989.

En estos mismos días que corren se han venido celebrando o van a celebrarse en diversos países latinoamericanos, las fiestas aniversarias de sus correspondientes declaraciones de independencia. La ocasión me ha hecho recordar el planteamiento hecho por Bolívar a O’Higgins, en su famosa carta del 8 de enero de 1822, que reviste cada vez mayor actualidad.

«De cuantas épocas señala la historia de las naciones americanas, ninguna es tan gloriosa como la presente –dijo– en que desprendidos los imperios del Nuevo Mundo, de las cadenas que desde el otro hemisferio les había echado la cruel España, han recobrado su libertad, dándose una existencia nacional. Pero el gran día de la América no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opresores, roto las tablas de sus leyes tiránicas y fundado instituciones legítimas: mas todavía nos falta poner el fundamento del pacto social, que debe formar de este mundo una nación de repúblicas… La asociación de los cinco grandes Estados de América es tan sublime en sí misma, que no dudo vendrá a ser motivo de asombro para la Europa… ¿Quién resistirá a la América reunida de corazón, sumisa a una ley y guiada por la antorcha de la libertad?».

Parece mentira que después de 167 años, podríamos repetir exactamente las mismas palabras. Hemos recobrado la libertad, nos hemos dado en cada una de nuestras patrias una existencia nacional, pero «el gran día de la América Latina no ha llegado». «Todavía nos falta poner el fundamento del pacto social, que debe formar de este mundo una nación de repúblicas».

Una nación de repúblicas. Vale decir, la unión de lo que actualmente son veinte naciones, diferenciadas en su voluntad nacional, para formar una sola, pero integrada por «repúblicas», es decir, por entidades que mantienen el privilegio de gobernarse por sí mismas. Difícilmente puede lograrse una fórmula más feliz para definir lo que debe ser la integración latinoamericana.

Sin esa integración, la independencia conquistada con sacrificios cruentos está mediatizada. Somos impotentes para enfrentarnos a los dictados de los poderosos si no sumamos nuestras debilidades para constituir una fuerza respetable. Mientras no lo alcancemos, hoy como en el tiempo del Libertador, «el gran día de la América no ha llegado».

El drama de la deuda externa con su tremenda gravedad, da relieve a este hecho. Mientras no nos hagamos sentir, estamos a merced de lo que buenamente nos quieran conceder quienes conservan en su mano los controles de la humanidad. Y su benevolencia tiene como precio el de que nos sujetemos en nuestra vida interna a los dictados de organismos internacionales que, en definitiva, obran conforme a los dictados de los verdaderos dueños, cuyas instrucciones se orientan a preservar sus propios intereses y cuyos actos generalmente menosprecian o ignoran las condiciones características en que se encuentran nuestros pueblos.

El Plan Brady responde a la preocupación central de no correr el riesgo de que el gobierno norteamericano pueda tener que soportar una parte del costo financiero del arreglo de la deuda. Por esta razón, el Secretario del Tesoro manifestó al Congreso de los Estados Unidos, que no consideraba pertinente la creación de la «Autoridad Internacional para el Manejo de la Deuda» que sugirió la Ley de Comercio (Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988). Fue notoria en su oportunidad la ausencia de una diplomacia solidaria, inteligente y agresiva por parte de los países de América Latina para que la previsión del Congreso se hiciera realidad.

Los miembros de la Comunidad Económica Europea y el Japón han mostrado inclinación a aceptar soluciones equitativas, pero en definitiva, como me lo dijera en México el presidente Miguel de la Madriz, se guían por lo que digan los norteamericanos. Si los Estados Unidos hubieran dado el paso, hasta la rígida señora Tatcher habría convenido en formar parte del arreglo.

El secretario Brady ha saludado con agrado la manifestación de los bancos de que están dispuestos a convenir en una reducción de la deuda, pero se ha preguntado cuánto y cuándo. Eso es precisamente lo que nosotros necesitamos preguntarnos, porque poco y tarde no resolverían la cuestión. Para que la respuesta a estas dos interrogantes sea la adecuada, tenemos que ejercer una firme actitud conjunta que haga pensar a los acreedores que no se trata de pequeñas circunscripciones manejables, sino de una gran porción del hemisferio, cuyo porvenir es de importancia sustancial para todos y concretamente para ellos mismos.

En su discurso inaugural, pronunciado ante universal expectativa, el nuevo presidente de la República Argentina, Carlos Raúl Menem, «lamentó que el problema de la deuda externa se esté negociando por separado por los países latinoamericanos», según información cablegráfica. «Quizás en tiempos no muy lejanos podamos renegociar este tema en forma conjunta y no en forma individual como se está haciendo ahora». La posición de Venezuela, expuesta por el vocero principal del gobierno, el presidente Carlos Andrés Pérez, es la de que se negocien en forma conjunta los parámetros generales para luego abordar el arreglo caso por caso de las obligaciones de los distintos países. Pero la posición de los voceros de los países acreedores no quiere salir del «caso por caso». La diplomacia norteamericana ha preferido siempre la diplomacia bilateral a la diplomacia multilateral, tratando con cada uno, la presión del poder es más efectiva.

Parece a veces que quienes dirigen nuestras comarcas no toman suficientemente en cuenta esta realidad. Dicen elocuentes discursos, firman elegantes declaraciones, pero no se deciden a adoptar determinadas posiciones en común. Una moratoria individual, como la que anunció el presidente de Perú, Alan García, atrae sobre el que la anuncia, una verdadera tempestad. Pero la decisión colectiva de no seguir pagando intereses sobre el 100% del valor de obligaciones que están en el mercado secundario a 30% o más, mientras no se adopten las líneas fundamentales para el arreglo del problema, esa sí tendría efecto. La injerencia de organizaciones regionales como el Parlamento Andino en su reunión de Lima en este mismo mes y la actitud adoptada recientemente por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), contribuye a unificar las posiciones, pero las decisiones en definitiva las adoptan los gobiernos.

En la reunión de abril en Atlanta, pregunté al secretario de Estado, Baker, si su gobierno estaría dispuesto a reconsiderar algunas de las condiciones que organismos como el Fondo Monetario Internacional exigen para dar a los Estados el certificado de que han adoptado «políticas económicas sanas». Me respondió que no veía por qué conductas económicas que en los Estados Unidos habían producido libertad y riqueza, no podían dar en otras partes el mismo resultado. Eso lo he referido con asombro, porque me pareció demostrar que el inteligente y hábil Secretario no ha logrado percibir todas las diferencias que existen entre el área en que él vive y la nuestra. Si nos uniéramos más estrechamente, sería más fácil que aceptaran nuestras razones. La integración, como lo advirtió Bolívar, es el sustento indispensable de la independencia.

 

1989. Julio, 26. ALA / El Universal: Las asociaciones de vecinos

Recorte de El Universal del 26 de julio de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Las asociaciones de vecinos

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 26 de julio de 1989.

El sentimiento de vecindad fue, sin duda después del vínculo familiar, el primero que acercó a los hombres para auxiliarse mutuamente y vivir en sociedad. Dice un viejo refrán: «¿Quién es tu mejor hermano? ¡Tu vecino más cercano!», Y aunque esa «fraternidad» no siempre sea efectiva, es indudable que en numerosas circunstancias hay que acudir al vecino para atender una necesidad, y que la unión de los vecinos es la que puede afrontar muchas obras o trabajos requeridos para bien de cada uno y provecho de todos.

En los primeros tiempos debieron ponerse de acuerdo los habitantes de cada vecindario para llevar el agua a sus hogares, para abrir y mantener caminos, para derribar árboles corpulentos, para enfrentar la amenaza de un animal salvaje. Como la historia se hizo de invasiones, los vecinos tenían también que mantenerse juntos, organizarse eficientemente, armarse y prepararse para defenderse de los ataques de grupos rivales.

La vecindad es la clave del municipio. Este constituye una institución natural, permanente, surgida de la propia realidad, creada para atender los servicios y disponer las normas impuestas por la convivencia. «Los municipios constituyen la unidad política primaria y autónoma dentro de la organización nacional», dice el artículo 25 de nuestra Constitución. «Es de la competencia municipal el gobierno y la administración de los intereses peculiares de la entidad, en particular cuanto tenga relación con sus bienes e ingresos y con las materias propias de la vida local, tales como urbanismo, abastos, circulación, cultura, salubridad, asistencia social, institutos populares de crédito, turismo y policía municipal» (artículo 30).

Fue el municipio de origen romano, la institución más característica que en el orden de la organización política trajeron los castellanos a América, justamente cuando su autonomía quedaba cercenada en la Península después de la rebelión de los comuneros. Su hora estelar la tuvieron aquí, cuando decidieron, a raíz de los sucesos de Bayona, el desconocimiento de la abdicación de Carlos IV y Fernando VII en José Bonaparte y asumieron la conducción del movimiento que llevaría a la Independencia.

Pero el municipio moderno ha crecido desmesuradamente, sobre todo en el aspecto demográfico. Una entidad compuesta por millones de habitantes difícilmente puede mantener entre ellos el sentimiento original de vecindad. Sus habitantes siguen conservando la vinculación que los refiere a su ciudad o a su espacio geográfico; pero es difícil, por no decir imposible, que guarden esa «fraternidad», esa «familiaridad» (relación cuasi-familiar) que en los primeros y remotos tiempos caracterizó la vida municipal. Las grandes metrópolis viven lo que un sociólogo norteamericano llamó «la muchedumbre solitaria» («the lonely crowd»). A veces, habitantes de apartamentos contiguos apenas se conocen y hasta llegan a negarse el saludo cuando se encuentran en el ascensor. Por otra parte, la autoridad municipal se constituye en una especie de Estado, de menor dimensión.

«La revolución industrial arrastró consigo importantes consecuencias: socio-políticamente dividió la sociedad en dos clases, la burguesía y el proletariado; industrialmente, produjo la desaparición del taller artesanal; geopolíticamente, introdujo el predominio de los países y regiones industrializados; y, a nivel urbano, la aparición de un tipo de ciudad, la ciudad industrial». Pero la ciudad se transforma: «es el resultado de un conjunto compuesto de la suma de elementos escalonados. La suma de manzanas o de super-manzanas da lugar al barrio. La suma de los distintos barrios da lugar a la zona, y la suma, en fin, de éstas, integra la ciudad. Aparece, así, la ciudad no como una masa amorfa, sino como un conjunto armónico y estructurado de pequeñas subdivisiones, escalones o comunidades urbanas jerarquizadas e integradas, entre las cuales figura como elemento básico y universalmente admitido la unidad de barrio».

El barrio, el vecindario, la unidad vecinal –como quiera que se la denomine– (para los franceses es «unité de voisinage» y para los norteamericanos «neighborhood unit») fue señalado por primera vez como tal en el Plan regional de Nueva York, a partir de los años 20, propugnado especialmente por Perry, cuya aportación fundamental fue «el paso del ‘barrio’ a la ‘unidad de barrio’, es decir, de un simple concepto de cohabitación a la creación de una nueva forma y una nueva institución para una comunidad urbana moderna» (Javier Berriatúa, San Sebastián, «Las Asociaciones de Vecinos», Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1977).

Puede alegarse que el barrio no es cosa nueva. Que en las ciudades de la antigüedad existía y en algunos casos como consecuencia de hondas discriminaciones sociales. El «ghetto» es expresión de un barrio circunscrito y diferenciado en el seno de una ciudad. La «judería» en algunas urbes españolas tenía una muy precisa identidad (a veces, de un valor excepcional). En la sociedad racista norteamericana, hasta muy avanzado el siglo XX, los barrios ocupados por gente de color estaban sujetos a una discriminación que las propias ordenanzas y leyes establecían. El régimen de apartheid en África del Sur aún la mantiene.

Pero lo que es característico de nuestro tiempo es el concepto universalizado de «unidad vecinal» y la importancia creciente, en todas partes, de las asociaciones de vecinos. No es cierto que ellas aparezcan simplemente como respuesta a la mala administración de algunos órganos municipales. Ésta, ciertamente, contribuye con frecuencia a su aparición, pero aún en aquellos casos en que la administración confiada a un Concejo Municipal o a un Alcalde sea eficiente, las asociaciones de vecinos entran a jugar un papel de cada vez mayor importancia. No para sustituir al ente administrador del municipio, sino más bien para complementarlo. O para corregirlo y resistirlo cuando sus determinaciones sean contrarias a la conveniencia de los habitantes del respectivo vecindario.

En Venezuela las asociaciones de vecinos han impresionado bien, y en general, se les ha recibido con simpatía. Su actividad se hace sentir en la medida en que se proyectan sus dirigentes. Son muchas las tareas propias de lo que el sociólogo Castells (La cuestión urbana, trad. Española, Madrid, 1974) denomina «consumo colectivo urbano»: «las condiciones de alojamiento de la población, de los accesos a los equipamientos colectivos (escuelas, hospitales, guarderías, jardines, estadios, centros culturales, etc.), los problemas derivados de la condiciones de seguridad de los inmuebles (donde de día en día se asiste cada vez más a verdaderos accidentes mortales colectivos), el contenido de las actividades culturales de los centros juveniles (reproductores de la ideología tradicional), las largas horas de espera en las colas de los transportes colectivos o en los atascos de circulación en un mundo invadido por el automóvil, la separación funcional de las actividades, el tiempo fraccionado de la jornada, la soledad de las colmenas de bloques, de los ancianos, de las minorías étnicas, de la juventud marginada… Este conjunto de fenómenos forma un todo. No son hechos diversos de una civilización en crisis. Constituyen un proceso social estructurado, cuyo desarrollo progresivo corre parejo con las nuevas contradicciones sociales de las sociedades industrializadas capitalistas».

A cada momento, las asociaciones de vecinos experimentan la urgencia de asumir además otras funciones. El dramático aumento del costo de la vida las empuja a absorber el papel de las asociaciones de consumidores; la crítica situación de la vivienda les lleva a actuar por las familias, por los usuarios, por los deudores hipotecarios; la posición de las autoridades estatales y municipales las lleva con frecuencia al conflicto con la Administración. Por otra parte, aumenta constantemente el número de ciudadanos que miran hacia las asociaciones de vecinos como única tabla de salvación. Y se mira con optimismo la postulación de dirigentes vecinales para cargos de representación municipal.

Se ha señalado con razón, eso sí, el alerta de las asociaciones de vecinos contra la penetración indebida de los partidos políticos en plan de instrumentarlas. Permitirlo disminuiría su fuerza y comprometería su eficacia. Pero, al mismo tiempo, los dirigentes más perspicaces rechazan igualmente la tendencia contraria: la de convertir las asociaciones vecinales en partidos políticos. Uno y otro extremo son nocivos. Su papel es el que específicamente les ha dado su razón de ser (sin confinarlo en límites estrechos). Pueden cumplir y deben cumplir un gran papel. Su éxito tendrá no poco que ver en el fortalecimiento de la democracia.

1989. Agosto, 9. ALA / El Universal: ¿Neo-Liberalismo?

Recorte de El Universal del 9 de agosto de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Neo-Liberalismo?

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 9 de agosto de 1989.

El fracaso del estatismo aplicado por los países de régimen marxista-leninista ha provocado, en general, un movimiento hacia la libertad de empresa. El control asfixiante del poder público sobre la economía la debilitó totalmente, con el consecuente empobrecimiento de sus pueblos. Todas las cosas se aprecian más cuando se pierden: la pérdida de la libertad ha conducido a una mayor estimación de lo que ella implica.

Hay el peligro, sin embargo, de que esta «vuelta a la libertad» conduzca, como con frecuencia sucede, a una exageración dogmática. Está de moda hablar como una panacea del cese de todos los controles, de la inhibición absoluta del Estado en los asuntos económicos, de la privatización de todas las empresas públicas, de la restauración de la soberana ley de la oferta y la demanda como norma suprema de las actividades económicas. Campea el desquite del economicismo, como supuesto liberador  de las leyes económicas frente a las leyes morales y frente a todas las consideraciones que coloquen la persona humana y sus atributos esenciales por encima de cualquier forma de conducta humana.

A esto, algunos lo llaman neo-liberalismo; otros niegan que sea neo-liberalismo pero actúan como si lo fuera; unos admiten que la posición coincide con las pócimas que prescribe el Fondo Monetario Internacional a los países en vías de desarrollo, pero sostienen que no es el FMI quien lo receta, sino se trata de una decisión espontánea y si coincide con el recetario internacional es pura coincidencia.

Lo cierto es que las afirmaciones que sustentan la tesis de una supuesta libertad absoluta suelen olvidar hechos históricos innegables y repiten una serie de lugares comunes a manera de verdades irrecusables, sin suficiente análisis en la medida en que pueden ser aceptables.

Se olvida, por ejemplo, que la gran depresión de los años 30 no la produjo el intervencionismo del Estado, sino al revés: el intervencionismo de Franklin D. Roosevelt fue una respuesta inevitable a la crisis, desarrollada en pleno auge capitalista, bajo el dominio del laisez faire, laisez passer, cuando frente al gobierno de los Estados Unidos se hallaba nada menos que Herbert C. Hoover, uno de los más brillantes ejecutivos de la ortodoxia liberal, cuyo nombre decora la Torre Hoover de la Universidad de Stanford, de donde salen ilustres figuras de la economía actual.

Se afirma que el ideal es la economía social de mercado y que su mejor ejemplo está en la República Federal Alemana, y ello es cierto. Pero se presume o se sustenta que esa economía social de mercado envuelve una absoluta libertad económica, que el Estado se inhibe totalmente ante el libre juego de las fuerzas económicas y, además, que no existen leyes laborales como la que aquí se pretende (supuestamente la más proteccionista del mundo). Se olvida que la República Federal de Alemania ha fomentado la libertad del mercado cuando el mercado realmente existe y garantiza la competencia; que el Estado Alemán interviene no poco en la economía –respetando en cuanto sea posible la libertad– y que la legislación del trabajo en Alemania es una de las más avanzadas, hasta el punto de que ningún otro país la iguala en el sistema de cogestión obrera. Vale la pena observar que la empresa alemana con la que la industria petrolera venezolana se asoció, la Veba Oel, es una entidad económica en la que el Estado domina, y que ocupa, por cierto, el sexto puesto entre las mayores empresas industriales de su país.

Hace unos meses pronunció una conferencia en Caracas un economista alemán, Fritz Ulrich Fack, de marcada orientación liberal económica, sobre la economía social de mercado. Dijo cosas como éstas: «El Estado nunca debe ser otra vez degradado al papel de “gendarme”. En cambio le incumbe una responsabilidad decisiva en el funcionamiento de una economía de mercado socialmente justa, leal y libre de toda acumulación de poder. Para ello debe establecer un marco de política de orden y después procurar el cumplimiento de las normas por él mismo dispuestas» (…) «¿Cuál es el papel del Estado a este respecto? Tiene que proteger la competencia contra su alteración y eliminación mediante carteles y procesos de concentración. Debe convertirla en un campeonato con reglas fijas, supervisado por el Estado: debe proteger a los débiles e impedir a los fuertes que empleen su poder unilateralmente».

Afirmó el conferencista algo muy importante: «La fisonomía de la economía de mercado cambia de país a país. Hay que prevenir el error de creer que hubiera algo como un sistema puro o un modelo obligatorio».

Aquí se está pretendiendo que la crisis económica que atravesamos se debe a la intervención del Estado. Se critican, con razón, la intervención exagerada o corrupta, el auge de la permisería, la protección indiscriminada a industrias artificiales, la presencia innecesaria del Estado en actividades que corresponden de por sí a la iniciativa privada, el desbordamiento del gasto improductivo. Pero se trata de ocultar la realidad de que la crisis se debe fundamentalmente a un endeudamiento –público y privado- inconveniente, innecesario, irresponsable y, además, infiltrado por la corrupción.

Por lo demás, el Estado en Venezuela tiene un poder económico tal, que aunque no ejerciera poder político sería una fuerza dominante, porque es suya una riqueza incomparablemente mayor a cualquiera de la economía interna: el petróleo. Los economistas han insistido en que sus ingresos no deben malgastarlos, sino dedicarlos en buena parte a la inversión. Pero, ¿cómo podría invertir sin participar en la actividad económica? Lo cierto es que sin esa inversión no existirían muchas, muchas cosas: basta con mencionar el polo de desarrollo del Caroní: ni el gran complejo hidrológico de Guri, ni el complejo siderúrgico, ni el complejo alumínico, ni la grande y dinámica metrópoli que es hoy Ciudad Guayana, en un lugar donde hace cuarenta años no había sino unos pocos habitantes palúdicos y dominados casi todos por la abulia. Que el Estado no debe ser hotelero, ello es correcto: que se privaticen los hoteles (en forma justa y honesta) está bien; cuando llegué al gobierno me pedían que «readquiriera» el Hotel Tamanaco, vendido a particulares por el gobierno precedente; me negué porque no podía entender por qué y para qué el Estado debía reasumir la gestión de ese establecimiento. Pero hay que admitir que si el Estado no hubiera tomado hace algunos años la iniciativa, no se habrían construido quizás todavía el Hotel Tamanaco y el Caracas Hilton en Caracas, el Hotel del Lago en Maracaibo, el Barquisimeto Hilton, el Guayana Internacional y muchos otros, cuya necesidad se acepta ahora como evidente.

La intervención estatal existe en el mundo industrializado. Los bancos centrales de la Comunidad Europea, el Sistema Federal de Reserva de los Estados Unidos, la banca oficial del Japón y los gobiernos respectivos, todos los días adoptan medidas, ya para frenar la inflación aquí o allá, o para evitar la baja o la subida del dólar, o para equilibrar el intercambio. No dejan esto libremente a la fuerza económica ni a la ley de la oferta y la demanda. En Venezuela, decir que el valor del signo monetario se fija ahora por la oferta y la demanda es una ilusión: siendo uno solo el vendedor (el Banco Central que recibe el 90% de las divisas), si actuara conforme a aquella ley, su meta sería aumentar el precio de esa mercancía hasta donde los compradores lo permitieran, y los compradores no la adquieren por gusto sino por necesidad. Si los tipos de interés subieron escandalosamente fue por «acto del Príncipe». Y los industriales que trabajan con acero en industrias derivadas, siendo como son algunos muy partidarios de la economía liberal, sostienen que las acerías del Estado deben venderles de preferencia a ellos y exportar sólo cuando hayan satisfecho la demanda nacional, y que los precios deben acomodarse razonablemente a la conveniencia de ésta y no subir indefinidamente al ritmo que en un momento dado fije el mercado internacional.

En conclusión, hay que lograr un sistema económico equilibrado. Hay que fomentar la libre empresa, pero el Estado tiene que intervenir en cuanto sea necesario y conveniente para el país, sin establecer trabas inconvenientes y perjudiciales. Hay que favorecer la privatización, pero en aquellas actividades que por su índole la recomienden. No hay que olvidar otras experiencias muy valiosas, la de las empresas mixtas, por ejemplo.

El programa del partido socialcristiano COPEI, adoptado en 1948, formuló en punto a economía, orientaciones como éstas: «COPEI afirma la fundamental importancia de la economía para el desarrollo de los pueblos, la necesidad de la intervención del Estado en la vida económica en la medida en que el interés social exija, sin irrespetar justos derechos de particulares, ni entrabar la iniciativa privada. COPEI sustenta la necesidad de subordinar los intereses económicos a los principios morales y jurídicos».

El Congreso Ideológico no desvirtuó esta orientación. Espero que quienes hablen por el partido no la desvirtúen tampoco.

1989. Agosto, 23. ALA / El Universal: El status de Puerto Rico

El status de Puerto Rico
Recorte de El Universal del 23 de agosto de1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El status de Puerto Rico

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 23 de agosto de 1989.

Acabo de regresar de Puerto Rico, donde fui invitado por la Universidad Interamericana para exponer mis puntos de vista acerca de la situación actual de América Latina y del papel que corresponde a ese país en nuestro continente. El joven rector, Gamaliel Pérez Santiago, quien además de sus destacadas condiciones académicas y ejecutivas tiene viva preocupación por los problemas políticos, sociales, económicos y culturales de su país y del hemisferio, me arregló una intensa y apasionante serie de entrevistas con personalidades representativas de las tres corrientes que se definen ante el plebiscito sobre el status, previsto para el 4 de junio de 1991.

En efecto, se prepara una consulta popular, en la cual el pueblo puertorriqueño deberá pronunciarse por una de estas tres alternativas: independencia, estadidad (anexión) o continuación del Estado Libre Asociado. La iniciativa partió del senador demócrata estadounidense J. Bennett Johnston, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, al cual está confiado lo relativo a los territorios dependientes. Se celebran audiencias en Washington para precisar la oferta alternativa que el Congreso deberá presentar al pueblo de Puerto Rico para que éste haga su elección.

Son muchos los problemas económicos y jurídicos que, naturalmente, se plantean, derivados de la situación actual y de casi un siglo de ocupación. Entre ellos el de si la contribución económica norteamericana va a continuar, y por cuánto tiempo. Actualmente, personas bien informadas la estiman en unos 6.000 millones de dólares anuales. En Venezuela, al cambio vigente, esta suma representaría la mitad del presupuesto, para un país de 18 millones de habitantes. Puerto Rico, en la isla tiene solamente 3,5 millones y tiene su propio presupuesto, que se eleva a unos 6.000 millones. La ayuda norteamericana corresponde en parte a la seguridad social, a la atención médica, a subsidios que alcanzan a 60% de la población, en especial de los sectores menos pudientes, y posiblemente, a 90% de los estudiantes universitarios.

El Senado ha colocado la hipótesis de la independencia en plano de igualdad, aunque en las últimas elecciones la corriente que la representa haya tenido sólo 5%. Le ofrece una partida de 500.000 dólares para la campaña del plebiscito, en forma pareja con las otras dos opciones. Le promete, en caso de independencia, una contribución de 4.500 millones de dólares por 9 años, al fin de los cuales se negociaría la relación futura. Acepta mantener la ciudadanía norteamericana a quienes la tienen actualmente y posiblemente transferida a los hijos. Sostiene, eso sí, el mantenimiento de las bases: los independentistas hablan de desmilitarización, pero parece ser que este punto no está sujeto a transacción.

Los adversarios de la independencia aprovechan cualquier acontecimiento que ocurra en otro país de América Latina (por supuesto, los sucesos de Caracas el 27 de febrero y días subsiguientes les dieron un banquete) para señalarlo como algo que se repetiría en Puerto Rico en caso de hacerse independiente, pero se les contesta recordando los tremendo disturbios raciales de Estados Unidos y la existencia en la metrópoli de barrios donde para los «hispanos» es imposible penetrar, y observando que el fenómeno de la inseguridad personal ha aparecido ya en Puerto Rico, aun bajo el control norteamericano.

La hipótesis de la «estadidad» requeriría diversos acuerdos en materia económica y fiscal; pero el problema más serio es el del mantenimiento como idioma oficial del español, que los puertorriqueños han conservado a través de un siglo de ocupación como presea de su identidad nacional. Se les responde que no hay por qué pronunciarse en el particular, porque la materia es de la competencia de cada Estado, pero hay temor ante una campaña que toma fuerza en Florida, la del «english only» (solamente inglés).

Los adversarios de la estadidad sostienen que para Estados Unidos ella crearía potenciales problemas muy graves de orden público. Citan el caso del Ulster (Irlanda del Norte) y consideran que para dar un paso que sería irrevocable tendría que decidirlo, no una mayoría simple ni un mero 51%, sino lo que llaman «super-mayoría», es decir, una mayoría calificada. También observan que ese hecho podría provocar una reacción hostil en los demás países latinoamericanos. Otros peligros que podrían ver algunos políticos norteamericanos en la estadidad de Puerto Rico sería su influencia sobre minorías étnicas en los propios Estados Unidos, su peso en la política electoral, porque hay 23 estados con menor número de habitantes, y su incidencia en la problemática social, porque su ingreso per cápita es la mitad del Estado de Misisipi, el más bajo de Norteamérica, y porque el número de desempleados es muy alto.

En cuanto a la fórmula del Estado Libre Asociado, que existe desde 1952, sus críticos señalan que ella de por sí tiene carácter transitorio y que debería revestir ahora una forma más dinámica, con novedades que representaran un verdadero avance. Dentro del propio Partido Popular Democrático se ha sugerido la idea de una «República asociada», como la adoptada para algunos territorios del Pacífico, pero esta propuesta fue desechada por la dirigencia partidista, movida tal vez por la confusión que consideran podría provocar en los sufragantes. Por otra parte, se ha debatido en torno a la expresión de que «la soberanía la tiene el Congreso de EE.UU», aparentemente aceptada, al menos parcialmente, por los voceros del E.L.A. Yo pienso que en ello va una confusión ente «soberanía» y «poder»: la soberanía reside en el pueblo; el poder se ejerce, en lo interno, por los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, emanados del sufragio popular, y en lo concerniente a relaciones internacionales, defensa, aduanas y otras materias, por las disposiciones del Congreso norteamericano.

Lo que hemos resumido en apretada síntesis configura una cuestión compleja. El proceso se irá tramitando en diversas etapas, no exentas de dificultades. Hay quienes dudan de que se llegue a una solución permanente. Mientras tanto, en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas se ventila paralelamente el asunto. La cuestión se inició con la Carta de la ONU (art. 73) que impuso obligaciones especiales a las potencias que administraran territorios no autónomos, y continúa considerándose anualmente. En 1953 la Asamblea resolvió (26 votos a favor, 16 en contra y 18 abstenciones) que el status de Estado Libre Asociado y la aprobación por el voto popular de una Constitución hacían de Puerto Rico una entidad política autónoma. Pero, curiosamente, tanto los independentistas como los estadistas coinciden en sostener que el régimen sigue siendo colonial y debe resolverse por su independencia o por su anexión; mientras los partidarios del E.L.A. siguen sustentando el criterio de la Resolución de 1953.

Cuba, como en años anteriores, presentó en éste al Comité de Descolonización un Proyecto de Resolución pidiendo el cese inmediato de la condición colonial de Puerto Rico y la transferencia del poder de una vez, para que pueda negociar libremente con Estados Unidos si así lo decide. La Resolución se aprobó con 7 votos a favor, 2 en contra y 11 abstenciones (las abstenciones no se cuentan en el régimen parlamentario de las NN.UU). Venezuela se abstuvo, con aplauso de los voceros del E.L.A. y fuerte reacción de los independientes, que consideraron su posición «inaceptable». Un destacado periodista partidario de la independencia me informó, sin embargo, que sus fuentes de Nueva York le aseguraron que nuestra delegación había propuesto a los cubanos dos adiciones, que él (el periodista) consideraba razonables, y al no ser aceptadas, decidió abstenerse. Tal vez habría sido preferible presentar un proyecto propio, para dejar constancia de la posición venezolana. Pero es cierto, por lo demás, que el hecho de ser Cuba proponente influye inevitablemente en el resultado de la votación.

En diversas ocasiones me preguntaron en San Juan cuál era mi opinión sobre el asunto del status. Pretendí resumirla en tres puntos: 1) Comparto sentimentalmente, desde mis días de estudiante universitario, la esperanza de que Puerto Rico llegue a ser un Estado soberano e independiente; 2) Considero que la decisión, en la cual influirán no sólo ideales, sino realidades que es imposible desconocer, corresponde tomarla al pueblo de Puerto Rico, no a nosotros, a quienes sólo nos toca exigir condiciones para emitir su voto con plena y entera libertad; 3) Sea cual fuere la decisión que el pueblo adopte, Puerto Rico será siempre para nosotros, una nación latinoamericana.

Su papel, actual y futuro, debe ser el de tratar de que los norteamericanos nos conozcan mejor y sepan apreciar nuestra realidad social, cultural y económica, interpreten cabalmente nuestros valores, nuestras aspiraciones y nuestra manera de ser y los reclamos que nuestra comunidad de pueblos tiene el derecho de formular.

Debo decir que mis afirmaciones fueron recibidas con generosa comprensión por parte de los puertorriqueños y con afectuosa simpatía por la generalidad de aquellos a quienes las expuse.

1989. Septiembre, 6. ALA / El Universal: Un siglo de Unión Interparlamentaria

Recorte de El Universal del 6 de septiembre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Un siglo de Unión Interparlamentaria

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 6 de septiembre de 1989.

En el presente año se está cumpliendo el primer siglo de existencia de la Unión Interparlamentaria Mundial. Se trata de la organización internacional más antigua del Universo, en continua actividad. Si se revisa el trayecto de los cien años transcurridos, no podrá menos de admirarse el mantenimiento de un organismo que ha visto aparecer y desaparecer a su lado muchos intentos de organización supranacional.

Se inspiró la U.I.P. en el propósito de intercambiar ideas sobre los problemas bilaterales y multilaterales que los gobiernos manejan, pero que finalmente han de ir a conocimiento y decisión de los parlamentos. Se encontró absurdo que les llegara todo hecho sin haber tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista, de discutir soluciones, de analizar situaciones, de acordar lineamientos que orientaran las acciones futuras.

Por de contado que en el espíritu de la UIP, desde el primer momento estuvo la aspiración a la paz: ese bien tan deseado y tan esquivo, que no es ni puede ser meramente una ausencia de enfrentamientos bélicos, sino un aliento de humanidad capaz de traducir la recóndita aspiración de los pueblos a vivir en armonía fecunda y constructiva.

El desarrollo de la UIP la llevó, naturalmente, a su ampliación para reunir todos los parlamentos del mundo. En la actualidad la integran parlamentarios de ciento trece países, además del Parlamento Europeo como miembro asociado. Esta ampliación planteaba una dificultad con países en los cuales la institución parlamentaria no responde a los lineamientos clásicos del parlamentarismo liberal, ya que no están integrados por una pluralidad de fuerzas políticas que discuten apasionadamente las cuestiones con absoluta libertad, sino que corresponden a otra concepción, dentro de la cual se impone una férrea unidad de pensamiento y una drástica restricción del derecho a disentir. Pero al tomar la decisión de admitirlos, se operó un fenómeno muy interesante, porque si es imposible atribuir carácter genuinamente democrático a esos parlamentos, no se puede desconocer la estructura democrática y la condición indiscutiblemente parlamentaria de la propia UIP como parlamento mundial: pues en su seno se debaten ardorosamente las cuestiones políticas de mayor trascendencia, tanto cuando la conferencia se reúne en países donde la controversia es un fenómeno habitual, como en aquellos donde sus habitantes están sometidos a un régimen fuertemente limitado en cuanto al ejercicio de las libertades públicas. Si no se respetare esta norma, no se celebraría la Conferencia, ya hubiera sido convocada para un país del Este de Europa, de Asia o África, de Oceanía o de América.

Los iniciadores de la idea de la UIP fueron dos prominentes pacifistas, inglés el uno, francés el otro: William Randal Cremer, del Reino Unido, y Fréderic Passy, de la República Francesa. Passy recibió el Premio Nóbel de la Paz en 1901, conjuntamente con el filántropo ginebrino Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja. Cremer lo obtuvo en 1903.

A la primera conferencia, en París, en 1889 («Conferencia Interparlamentaria para el Arbitraje Internacional») asistieron 9 países de 3 continentes. Por la Primera Guerra Mundial se suspendieron las conferencias anuales entre la de La Haya en 1913, y la de Estocolmo, en 1921. Por la Segunda se interrumpieron, entre la de Oslo, de 1939, y la de El Cairo, de 1947. La Conferencia del Centenario es la número 82; su sede es Londres y se le ha dado toda la sobria pero imponente pompa del protocolo inglés. Su lema es: «100 años por la paz».

El esfuerzo por la paz no implica que en el seno de las conferencias interparlamentarias los asuntos se traten con suavidad y con permanente armonía. Graves polémicas se plantean con frecuencia en las sesiones. Las discrepancias entre el Bloque Soviético y los países de Occidente (cuando presidí el Consejo éstos se autodenominaban «ten plus», es decir, 10+, y ahora se llaman «twelve plus», o sea, 12+) se renuevan constantemente. Es indudable que la perestroika de Gorbachov se acerca a hacer del Soviet Supremo un Parlamento igual, en su funcionamiento, a los parlamentos occidentales, y no hay duda de que ese proceso se extiende rápidamente a los países de Europa del Este. Las contradicciones entre el bloque de las naciones árabes e Israel, las reiteradas disputas entre Grecia y Turquía por la cuestión de Chipre, y en más de una ocasión las diferencias entre la Gran Bretaña e Irlanda, por los sucesos del Ulster, suelen aflorar como motivos de dificultad en el seno de las conferencias.

Acopié una experiencia directa de estas difíciles situaciones durante el ejercicio de la presidencia del Consejo en el trienio estatutario 1979-1982. Tuve la fortuna de haber sido electo por unanimidad y fui el primer latinoamericano en ejercer completo su mandato. No dejé de asistir a ninguna reunión de la Conferencia y del Consejo en los tres años respectivos. Y entre las cosas que no puedo olvidar, fue el extraordinario papel que como presidente de la Comisión Política, jugó Giulio Andreotti, el actual primer Ministro de Italia, cuya fina inteligencia e increíble habilidad para sortear situaciones críticas fue para mí una ayuda invalorable en el desempeño de mis funciones.

No se debe pensar, sin embargo, que la UIP sólo se ocupa de cuestiones políticas. Su historial está lleno de ejecutorias en los más variados campos. El tema del desarrollo ha sido materia de varias reuniones. La de Oslo de 1980 adoptó una importante resolución cuyo contenido presenté en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el XI período extraordinario, correspondiente a la tercera década del desarrollo: en ella se recomendó a los órganos competentes de la ONU incorporar, en el espíritu de la justicia social internacional, la declaración de principios y el programa de acción acordados por la Conferencia Mundial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural que se celebró en Roma en 1979 y que tuve también el honor de presidir.

Son muchos más los temas, como la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de la mujer y de la infancia, la lucha contra la drogadicción. La defensa de los parlamentarios que son objeto de atropellos y violaciones de sus derechos humanos en variados países ha sido una constante de la UIP: el diputado venezolano Carlos Canache Mata ha formado parte durante varios años del comité respectivo. El acceso pacífico al espacio y su uso para beneficio de la humanidad, el equilibrio entre población y alimentación y la búsqueda de soluciones eficaces para los problemas derivados de la deuda del Tercer Mundo a fin de asegurar que el mundo pueda comer, están entre los puntos más atractivos del orden del día de la Conferencia de Londres (No. 82) que comprende además un debate general sobre la situación política, social y económica del mundo.

No ha faltado en los medios de comunicación, ocasionalmente, la afirmación de que la UIP constituye una especie de agencia de turismo parlamentario. Sin negar que suele haber delegados que prestan poca atención al orden del día y aprovechan la oportunidad para tomarse una vacación, debo afirmar que el papel de la institución no es ese: ella genera un intercambio personal y una relación amistosa entre los miembros de las diferentes delegaciones y un conocimiento mayor del Universo y sus problemas, a través de ese tipo de intercambio humano que por muchos respectos es insustituible; pero, además, es justo reconocer que los debates y resoluciones de la Unión Interparlamentaria forman un entramado de posiciones sin el cual el proceso mundial hacia la paz sería más arduo.

Las Naciones Unidas están integradas por representantes de los gobiernos; el Parlamento Mundial y los parlamentos regionales ofrecen el concurso de quienes, desde las asambleas respectivas, decidirán finalmente el destino de las decisiones y acuerdos que los gobernantes adopten. Ese beneficio no es pequeño. Por ello, la Unión Interparlamentaria celebra su primer siglo sin complejos de culpa. Tiene sobrados motivos para considerar positiva su labor e indispensable su rol en la vida de un mundo cada vez más interdependiente.

1989. Septiembre, 20. ALA / El Universal: Derecho laboral y seguridad social

Artículo Rafael Caldera sobre derecho laboral y seguridad social en El Universal. Septiembre 20, 1989.
Recorte de El Universal del 20 de septiembre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Derecho laboral y seguridad social

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 20 de septiembre de 1989.

En los días 13, 14 y 15 de septiembre se reunió en París el Tercer Congreso Regional Europeo de Derecho del Trabajo, con los auspicios de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La Sociedad organiza cada tres años congresos mundiales: el de Caracas de 1985 fue el Undécimo, lo siguió el de 1988 en Madrid y el de 1991 se realizará en Atenas. Pero también estimula la realización de Congresos Regionales: así, por ejemplo, el de París, europeo, será seguido por el de Costa Rica, americano, y por el asiático, que se celebrará en Tokio, en marzo de 1990. La actividad científica de los jus-laboralistas es constante.

El tema general del Congreso Europeo fue: «El Derecho del Trabajo: hoy y mañana», y las seis sesiones que se le dedicaron se descompusieron en temas de indudable y renovada actualidad, a saber:

  • Las tendencias a la de-reglamentación y sus incidencias sobre la teoría de las fuentes del derecho del trabajo.
  • Las modificaciones de origen legislativo o judicial hechas a la acción sindical y a la libertad de huelga.
  • Las nuevas formas de contratación y la precariedad del empleo.
  • Las reestructuraciones de empresas y sus efectos sobre el empleo.
  • La flexibilidad del tiempo de trabajo.
  • Papeles respectivos del servicio público y de la iniciativa privada en la política de seguridad social.

La fecha de la reunión resultaba para mí especialmente oportuna, porque la 82ª. Conferencia Interparlamentaria, celebrada en Londres en la ocasión de conmemorarse el centenario de la creación de la U.I.P. y a la cual los antiguos presidentes del Consejo fuimos invitados más que todo con carácter formal, terminó precisamente el sábado 9 de septiembre. El Congreso Laboralista comenzaba el miércoles 13, pero el profesor Javillier, buen amigo de América Latina, coordinador de las actividades (en el comité organizador participaban el profesor Verdier y el profesor Lyon-Caen), aprovechó para invitarnos para el martes 12 a una reunión informativa sobre la Seguridad Social en Francia, en la Caja de Seguro de Enfermedad de Versailles (que por el volumen de las cantidades que maneja es la quinta del país) y para el sábado 16 a otra reunión, en el Colegio de Abogados de París, para oír interesantes exposiciones acerca de la ley francesa del 2 de agosto de 1989, «relativa a la prevención del despido por motivo económico y el derecho a la conversión». Debo manifestar que me impresionó la profundidad de los trabajos y la alta calificación de los expositores en las diferentes reuniones.

Especialmente importante para los latinoamericanos ha sido este contacto, porque las circunstancias económicas, el cambio tecnológico, el aumento del desempleo, han dado lugar a situaciones en las cuales no faltan quienes ven en la aplicación de formas atípicas de la relación de trabajo y en el recurso a figuras precarias para el prestador de servicios, toleradas y a veces estimuladas por algunos gobiernos, un camino hacia el desmontaje de todo el sistema de medidas protectoras que se han ido estableciendo en la disciplina del Derecho Laboral a través de un proceso secular para beneficio de los trabajadores.

Pero, en resumidas cuentas, ha quedado claro que el contenido de las leyes del trabajo, que establecen un mínimum de protección, no se menoscaba por la mayor presencia atribuida a otras fuentes de derecho, y en especial, a la negociación colectiva; y que si bien es cierto que se observa un decaimiento de la militancia sindical en algunos países (en España, según información de la Comunidad Europea, se dijo que la afiliación está apenas en el 11% de la población trabajadora), la institucionalidad garantizada por el Derecho Laboral, individual y colectivo, sigue siendo una de las realidades fundamentales del mundo.

Un tema que produce no pocas confusiones es el relativo a la «flexibilidad». Como dijo el profesor Ray, «la flexibilidad ha demostrado ser un concepto muy flexible». Sus interpretaciones son variadas. Si se lo circunscribe a la jornada de trabajo, puede implicar la posibilidad de dar margen a establecer la duración de la labor en forma adecuada a las circunstancias de cada especie de trabajo, siempre que dentro de un tiempo razonable su duración no sobrepase los límites legales (las 8 horas diarias fueron el núcleo inicial de la lucha de los trabajadores y por ello se le dedicó el Convenio Número 1 de la Organización Internacional del Trabajo). Da la impresión de que los empleadores no buscan alargar la jornada, sino más bien disminuirla: esto parece paradójico: pero se trata de enganchar trabajadores por tiempo parcial (part-time), repartiendo entre dos o más una jornada de trabajo. Y si algunos identifican la flexibilidad con el uso de mecanismos acomodaticios con los cuales se trata de eludir las cargas sociales que implica la relación de trabajo típica, para facilitar el empleo, su resultado no es satisfactorio. Con mucho acierto el profesor uruguayo Héctor Hugo Barbagelata, tratando el tema en el Congreso Mundial de Relaciones Industriales de Bruselas que precedió al Congreso Laboralista de París, observó que las medidas de precarización de la relación de trabajo, supuestamente dirigidas a combatir el desempleo, no habían producido el efecto esperado.

En cuanto a la ley dictada en Francia el 2 de agosto, ella, en definitiva, tiende a limitar, a controlar, a prevenir, los despidos por motivo económico. La ley establece una previa y obligatoria consulta al Comité de Empresa, que puede hacerse asistir por experto contable, y un procedimiento de lentitud o pesantez («alourdissement») que culmina en decisión del «Consejo de prud-hommes» y da al trabajador despedido prioridad de reenganche por un año. Un estudio publicado en la revista del Colegio de Abogados (Ordre des Avocats a la Cour de París) concluye de esta forma: «Encerrando los despidos en procedimientos tan complejos como variados, se han creado falsas apariencias que enmascaran la simple realidad de las cosas: toda ruptura del contrato de trabajo imputable al empleador es siempre un acto que perjudica al asalariado. Esta lesión tiene una justificación o no la tiene y será siempre el papel del juez tratar de establecerlo. Le toca, pues, a él apelar a los medios de investigación necesarios y servirse de ellos, a los cuales debe, por prioridad, atenerse. O tendría que reconocerse –y la teoría de la apariencia era casi una confesión– que no hay verdaderamente un derecho de despido».

En cuanto a la seguridad social, pareciera que muchos no se dan cuenta aquí de lo que esta institución representa en los países de la Comunidad Europea. Solamente el seguro de enfermedad en Francia, en 1988, cubre 46 millones de beneficiarios (4 de cada 5 franceses) con un gasto total de 392 millardos de francos (más de 60.000 millones de dólares). Por cierto, deberíamos pensar en los países de habla española en incorporar el neologismo «millarda», que en francés, en italiano, en alemán, se usa para referirse a la cantidad de mil millones. La palabra «billón», que ellos utilizan también con esa misma acepción, se aplica más correctamente en castellano, pues en nuestra lengua significa un millón de millones. La «millarda» evitaría las equivocaciones que frecuentemente usan economistas y funcionarios, confundiendo billones con millares de millones; y como ya cualquiera es «millonario», para lo cual basta tener una modesta vivienda, la vieja referencia a los «millonarios» se haría específicamente a los «millardarios».

En Francia hay 2 millones y medio de trabajadores desocupados, o sea, un 10% de la población activa. Pero la Seguridad Social los atiende. Entre nosotros hay mucha resistencia al crecimiento de la Seguridad Social, pero hay que vencer esa resistencia. A ello nos empuja aceleradamente la revolución tecnológica, cuyos efectos parecen que superarán a la propia revolución industrial. (ALA).

1989. Octubre, 4. ALA / El Universal: Violencia e inseguridad

Violencia e inseguridad
Recorte de El Universal del 4 de octubre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Violencia e inseguridad

Artículo escrito para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 4 de octubre de 1989.

Hace pocos días trajo un cable de la agencia EFE información sobre una encuesta realizada en Chile por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC). De los encuestados, un 57,8 por ciento, consideró que la situación en los próximos años será mejor que ahora, contra un 31,3 por ciento que pensaba así en 1986; y un 71,3 por ciento cree que, en el futuro, Chile progresará. Predomina en ellos el convencimiento de que los problemas económicos son de difícil solución, pero que en democracia los problemas serán resueltos en forma más expedita y segura.

Esto, naturalmente, me pareció muy interesante. Pero además me causó impresión la respuesta acerca de los problemas más importantes: el primero, según los encuestados, es «el empleo»; «el segundo más importante es el del control de la violencia y luego la falta de oportunidades para la juventud».

Me impresionó, porque la propaganda que hacen sistemáticamente los que podrían calificarse con el vocablo que usaba Betancourt, «añoradores» de la dictadura, es la de que la inseguridad personal en que vivimos es producto de la democracia.

No creo que la «violencia» a que los chilenos se refieren sea el terrorismo que se padece en diversos países, algunos de ellos indiscutiblemente democráticos. El terrorismo que se soporta en Inglaterra por obra del Ejército Republicano Irlandés, el que se padece en España por obra de la ETA, el que en Italia desencadenan agentes de la mafia, no parece estar dado en Chile en la actualidad, porque la oposición casi unánimemente ha repudiado el recurso a la violencia. Mucho menos es análoga la situación a la que están desencadenando en Colombia los narcotraficantes (que por cierto, deben sentir la proximidad de la derrota, por la desesperación que muestran en palabras y acciones), ni la que se vive en el Líbano, donde pareciera que los bandos en pugna hubieran estado dispuestos a aniquilar el país. No hay en Chile una situación parecida a la de América Central, ni la de los otros países donde la guerrilla revolucionaria no sólo acata posiciones militares, sino que apela al terror para hacer sentir su presencia. Pienso, pues, que la violencia referida en la encuesta del CERC, es quizás, si no en el mismo grado, la que estamos viviendo en países como Venezuela, donde ya prácticamente no hay familias en que alguno de sus miembros o amigos no haya sido víctima de algún atraco, que va desde el «arrebatón» del reloj, la pulsera, la cartera o el collar, hasta el asesinato fríamente cometido contra quien opone alguna resistencia al agresor.

Yo no creo que se deba aceptar la tesis de que la inseguridad personal es un subproducto de la libertad y del respeto a los derechos humanos, inherentes al sistema democrático. Quienes así lo piensan están a un paso de la tesis de la «ingobernabilidad» de la democracia.

Es cierto que los regímenes dictatoriales tienen ventajas prácticas: una, que no se someten a las reglas del Estado de Derecho, conforme a las cuales no se puede detener a nadie sin orden judicial, a menos que sea sorprendido «in fraganti», ni mantenerlo en prisión sin prueba plena de culpabilidad; otra, la de que el control sobre los medios masivos de información pública impide divulgar los hechos, cuya mención se limita a la medida en que la autoridad la tolera, dentro de su conveniencia.

Pero la autoridad emanada del voto popular y constituida dentro de un sistema jurídico respetuoso de los derechos humanos no tiene por qué ser débil. Una de las aspiraciones más fervientes de la comunidad es la garantía de las personas, los hogares y los bienes de todos. Quienes hemos hecho campañas electorales en los barrios, sabemos que el primer pedimento de los sectores más pobres es un puesto policial que los proteja, o, si se trata de ambientes rurales alejados del centro, un puesto de Guardia Nacional. En 1978 invitó el presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos, doctor Miguel Ángel Burelli Rivas, a un grupo de ex presidentes de América Latina, la mayoría de los cuales no había cumplido su período por haber sido víctimas de golpes de Estado. Fue unánime en ellos el reconocimiento de que la lucha contra la delincuencia, el ejercicio severo de la autoridad, no mengua la popularidad sino, al contrario, la aumenta, aunque a veces suscita reacciones adversas en ciertos sectores de opinión. Algunos tal vez se lamentaron de no haberlo visto así claramente cuando gobernaron.

En la Francia de la Cuarta República, en la que un gobierno duraba lo que un suspiro y «el poder se escapaba de las manos al apenas haberlo alcanzado», según la deliciosa crítica de Pierre Daninos en «Les carnets du Major Thompson», se notaba la presencia vigorosa de las fuerzas policiales. Comenté entonces en París con un amigo mío que se notaba una ecuación inversamente proporcional: a menos gobierno, más policía. Lo que no significa que el problema de la violencia y la inseguridad deba tratarse con sólo represión, porque estoy entre quienes han sostenido y sostienen que la prevención es el aspecto prioritario de la lucha contra el delito.

El mantenimiento de la paz y del orden es la primera obligación del poder público, sea de derecha o de izquierda, democrático o dictatorial, revolucionario o reaccionario. Lo que ocurre es que a veces los gobiernos democráticos son más sensibles a otros aspectos de sus numerosas y exigentes tareas y más tímidos ante todo tipo de críticas, y así como descuidan el buen funcionamiento de los servicios públicos, son también negligentes e ineficaces en la prestación de este servicio que es primordial.

El cuido y atención que debe darse a los organismos policiales es prioritario. En su dotación, en su formación, en su retribución, en la permanente vigilancia de su funcionamiento. Lo técnico y lo ético deben conjugarse en ellos necesariamente. En ciudades de tránsito congestionado, por ejemplo, un patrullaje motorizado que esté permanentemente en todas partes y que tenga al mismo tiempo los medios de comunicación para actuar sin demora, es una exigencia inaplazable; pero también lo es la verificación constante del comportamiento de los funcionarios y agentes, expuestos constantemente al asedio de la corrupción.

En la campaña electoral de 1983 dije, en un programa de televisión, que estaba convencido de que todos los cuerpos de seguridad habían sido infiltrados por la delincuencia. La respuesta de los voceros de esos cuerpos –muchos de ellos gente de mi mayor estima– fue más irritada que receptiva. Todos afirmaron que en su respectiva unidad podían asegurar que no ocurría tal cosa. Desgraciadamente, los hechos que se han venido sucediendo desde entonces, me han dado la razón. No ha habido uno donde no haya ocurrido lo que nadie podría desear. En vez de negar «a priori» que esto era posible, debió haber una acción para examinar la conducta de sus miembros.

Esto lo puede y lo debe hacer todo gobierno democrático que tenga conciencia plena de su deber. La descomposición social abarca muchos aspectos, algunos de ellos de suma gravedad, pero este problema de la inseguridad es crítico para que el ciudadano tenga confianza en la autoridad. No podemos volver a los tiempos de los salteadores de caminos o a las trastadas que con amenidad describió la picaresca de la literatura clásica. No consolarnos de lo que nos pasa, porque ocurre también en otras partes. El hecho de que a la ex presidenta Isabelita Perón la hayan atacado en las calles de Madrid no puede ser lenitivo para lo que ocurre diariamente entre nosotros.

Debemos darnos cuenta de que la seguridad personal es obligación número uno del Estado y más concretamente, exigencia inaplazable del Estado Democrático.

1989. Octubre, 18. ALA / El Universal: «Erróneo, peligroso, inaceptable»

Erróneo, peligroso, inaceptable
Recorte de El Universal del 18 de octubre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Erróneo, peligroso, inaceptable

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 18 de octubre de 1989.

 

Los documentos emitidos en los últimos años por el Episcopado Católico Norteamericano son dignos de atención, no sólo por su contenido, sino por el efecto que se supone deben producir en una importante porción de los Estados Unidos.

Muchas veces hemos expresado la necesidad de construir una nueva relación, que conduzca a una sincera amistad y cooperación entre América Latina y el gran país del Norte. Explorando los sectores de la sociedad norteamericana que puedan entender los problemas comunes y concebir la intercomunicación e interdependencia como un modo nuevo de comportarse, podría uno preguntarse cuál es entre aquéllos el más dispuesto a la rectificación necesaria.

Los políticos proclaman a veces, cuando son suficientemente lúcidos para comprender la actuación hemisférica, nuevas posiciones tendentes a crear una nueva dimensión. Franklin D. Roosevelt pregonó una política de «Buena Vecindad», John F. Kennedy promovió una «Alianza para el Progreso», Jimmy Carter llevó adelante una revisión de la situación del Canal de Panamá, que le costó a él y a su partido no pocos votos en las elecciones siguientes. Pero los políticos encuentran una valla en la disposición de los electores, y cuando éstos consideran, como contribuyentes, que van a tener que pagar más impuestos, las buenas voluntades de los líderes flaquean. Al fin y al cabo, el «tax-payer» constituye el ingrediente más reacio del votante, y éste, al fin y al cabo, tiene en los comicios la palabra decisiva.

Hay hombres de negocios, de gran experiencia y visión amplia, de esos para quienes las fronteras comerciales son un entorno al desarrollo de sus planes, que también conocen la realidad y hacen intentos de corregirla. Pero se les interpone otra valla: la ley suprema del «profit», el beneficio o provecho económico, contra cuyo mandato no osan combatir. Si los buenos propósitos no producen beneficios, más aún, si generan sacrificios, hay que abandonar esos propósitos y volver a la rutina creadora de provecho. Por eso es por lo que, en un momento impregnado de despecho, el presidente Carlos Andrés Pérez dijo que «los bancos no tienen corazón». Efectivamente, esa víscera no tiene relevancia para ellos, pues su camino va del cerebro al estómago.

Pero hay dos sectores, menos condicionados por el egoísmo de los votantes y por el imperativo del provecho, que se muestran más proclives a entendernos, a medir la gravedad de la situación y a señalar valientemente caminos de rectificación.

Uno, el de los universitarios; no todos, por supuesto, ni siquiera la mayoría, pero sí minorías calificadas que estudian a fondo la realidad latinoamericana y valoran altamente nuestro modo de ser y claman por una adecuada comprensión de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir en nuestro hemisferio. Otro, numeroso e influyente, el de los pastores religiosos, que se muestran crecientemente dispuestos a llevar el verdadero mensaje del Evangelio a sus feligreses y a todos los ambientes donde su palabra es apreciada y respetada.

Recientemente el cable informó que la Conferencia Católica de los Estados Unidos (United States Catholic Conference) acababa de emitir un documento de más de treinta páginas sobre la situación de la deuda de las naciones del Tercer Mundo, la cual calificó como «económicamente errónea, políticamente peligrosa y moralmente inaceptable».

Tal documento no ha sido fruto de una improvisación. En marzo de 1989, el obispo de Salt Lake City, William K. Weigand, comunicó a las Conferencias Episcopales de Latinoamérica la decisión del Comité de Política Internacional de la U.S. Catholic Conference, presidido por el Arzobispo Roger Mahoney, de Los Ángeles, de designarlo para presidir el subcomité sobre la deuda del Tercer Mundo. El propósito era definir una posición acorde con la Declaración Pontificia de la Comisión «Iustitia et Pax», como «un problema central de la Iglesia, un problema central de nuestro tiempo y una cuestión de prioridad para la Conferencia».

Según el obispo Weigand, el subcomité se disponía a realizar consultas con teólogos morales, economistas, banqueros mercantiles, funcionarios del Tesoro de los EE.UU., el Banco Mundial, el FMI y muchos otros. Así lo hizo. Especial consideración dedicó a las opiniones e informes de los obispos latinoamericanos, uno de los cuales, el cardenal Arns, de Sao Paulo, «los confirmó en su creencia de que la inmensa y ominosa sobrecarga de la deuda impide el desarrollo, amenaza la democracia y aumenta la pobreza de los pobres, que son los que más sufren del peso que supone el pago de una deuda en cuyo crecimiento no han tenido parte alguna».

No he recibido todavía el texto completo de la declaración, pero el despacho cablegráfico contiene interesantes elementos que ayudan a concebir esperanzas de que las poderosas naciones acreedoras abran los ojos y se dispongan a adoptar las medidas necesarias para la solución del problema. Que tengan que soportar su cuota parte en el sacrificio de todos, ¿no hicieron así cuando adoptaron el Plan Marshall, apenas salidos de la guerra más destructiva que ha conocido la humanidad e intentaban los primeros esfuerzos de su propia reconstrucción?

Según el cable, la declaración de los obispos dice: «se necesitarán acciones constructivas por parte de corporaciones, bancos, sindicatos laborales, gobiernos, agencias multilaterales y otras fuerzas de la economía internacional si se quiere lograr el progreso real para aliviar la pobreza y promover la justicia social». Afirma que la deuda «es inmoral y no debería ser pagada», y que «la deuda y sus consecuencias están destruyendo la vida humana y deteriorando la dignidad humana en países del Tercer Mundo».

Aunque este documento es el más categórico, no es el primero de vigoroso sentido social que el Episcopado Norteamericano ha emitido recientemente. Hace tres años lanzó una gran Carta Pastoral sobre la Enseñanza Social Católica y la Economía de los Estados Unidos de América, intitulada: «Justicia Económica para Todos», la cual, aunque dirigida principalmente a la cuestión social en su propio país, contiene indispensables definiciones sobre la situación internacional, de la cual no puede desligarse. Contiene «un llamamiento para una reforma fundamental en el orden económico internacional» y afirma, en torno al caso de la deuda, lo siguiente: «Más allá de todas estas consideraciones, la creciente deuda externa que se ha convertido en el problema económico que abarca todo el Tercer Mundo, exige un cambio sistemático para proporcionar alivio inmediato y evitar que vuelva a ocurrir. Las instituciones de Bretton Woods no representan adecuadamente a las naciones del Tercer Mundo, y sus políticas no están enfrentando los problemas de aquellas naciones de manera efectiva. Por lo tanto, hay que examinar dichas políticas y llevar a cabo reformas sustanciales en dichas instituciones y al mismo tiempo hay que enfrentar el problema inmediato de la deuda del Tercer Mundo».

La palabra apostólica de esos jerarcas religiosos tiene que motivar en Norteamérica la reflexión de gente cuya influencia debe hacerse sentir en el manejo de la situación.

1989. Noviembre, 1. ALA / El Universal: Las elecciones en Nicaragua

Recorte de El Universal del 1 de noviembre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Las elecciones en Nicaragua

Artículo para ALA, tomado de su publicación en el diario El Universal, el 1 de noviembre de 1989.

El proceso electoral abierto en Nicaragua para elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los miembros de la Asamblea Nacional (unicameral) y de los órganos municipales, abre expectativas y genera esperanzas, pero provoca también angustias, inquietudes e incertidumbres.

Hay un hecho palpable: el Gobierno sandinista aspira demostrar que representa inequívocamente la voluntad popular, y con ello se propone liquidar la guerra civil que ha venido sufriendo el país y normalizar sus relaciones con los demás países de América Latina y con los Estados Unidos. Los acuerdos de Esquipulas y de Tela han sido la base sobre la cual se ha montado el aparato electoral que anticipó casi un año la fecha inicialmente prevista y establecida por la Constitución. Se ha dicho que Nicaragua parece estar pasando de la «cubanización» a la «polonización». ¿Es una realidad o una ilusión?

La reforma del sistema electoral tomó en cuenta, en el aspecto técnico, las experiencias y consejos de otros países del continente, entre ellos Venezuela, y quizás también de Europa. La apertura ha confrontado la aceptación de un debate político que por ambos lados toma a veces caracteres muy duros, y la convocatoria para que se registren todos los nicaragüenses mayores de dieciséis años, residentes en el país, y los que estén fuera por razones de salud, de estudios, de negocios o de recreación, los cuales pueden inscribirse en los consulados respectivos, pero deberán ir a Nicaragua a votar en la fecha fijada, el 25 de febrero de 1990.

Durante cuatro domingos de octubre se inscribieron cerca de un millón setecientos mil electores, lo que constituye, según la apreciación oficial, más o menos el noventa por ciento de la población que se estima apta para votar. Es de advertir que en Nicaragua no se hace un Censo Nacional desde hace más de veinte años; que durante la década del Gobierno sandinista ha salido del país gran cantidad de exiliados, a quienes se confiscaron sus propiedades y hasta sus viviendas, y que no hay tampoco un sistema nacional de identificación, por lo que para inscribirse basta cualquier documento que pueda acreditar identidad.

El Gobierno, estableciendo un precedente mundial, ha invitado observadores, no sólo para el acto de la votación, sino para el proceso que lo antecede. La Organización de las Naciones Unidas tiene un equipo de observación instalado en el país (Onuven) dotado de buenos vehículos y de un personal, si no demasiado numeroso, por lo menos suficiente para estar presente en las 9 regiones en que se halla dividido el territorio. La Organización de Estados Americanos tiene también su propia estructura,, quizás más numerosa que la de la ONU, para la misma finalidad. Ambas se desenvuelven según las instrucciones de los secretarios generales respectivos, Pérez de Cuéllar y Baena Soares.

En cuanto al Consejo de ex presidentes y jefes de gobierno democráticamente electos, creado en una reunión del Centro Carter en Atlanta con el propósito de colaborar con el establecimiento y desarrollo de la democracia en el hemisferio, ha sido invitado también, tanto por el propio Gobierno como por la Unión Nacional Opositora, para observar el proceso. Es justo reconocer que el ex presidente Jimmy Carter ha manifestado una preocupación mayor y más constante por la democracia latinoamericana que cualquier otro de los ex presidentes de Estados Unidos; y los otros ex jefes de Estado y de Gobierno que participamos nos hemos manifestado dispuestos a dar nuestra aportación en la medida y circunstancias en que pueda ser útil.

Una norma de nuestro Consejo, en la observación del proceso, es la de no tomar partido por ninguno de los contendores en la lucha electoral, y también la de trasmitir a las partes observaciones y quejas que se nos planteen; así como la de no emitir opiniones aventuradas en un sentido u otro. Debemos cuidarnos de caer en optimismos exagerados o en pesimismos inconvenientes. Nuestras opiniones han de retener peso por su contenido ético; tenemos que esforzarnos en lograr la mayor rectitud en nuestros juicios; todo ello con el sano propósito de contribuir a que este proceso constituya un paso verdaderamente efectivo hacia la libertad y la democracia en el país de que se trata y hacia una paz estable en el área centroamericana y en todo el continente.

Debemos reconocer que el mecanismo de inscripción que observamos funcionó con bastante normalidad. Alguna región fue excepción, lo que el Gobierno atribuye a la presencia agresora de elementos contrarrevolucionarios. De allí el ofrecimiento de abrir un quinto domingo de inscripción para aquellas juntas receptoras de votantes donde el registro no funcionó. Yo, personalmente, temo que el problema podría estar, más que en el hecho aparente de no haberse facilitado la inscripción de contingentes rurales supuestamente inclinados a votar contra el Gobierno, en la posibilidad de inscripción múltiple de algunos electores, usando diferente identidad. Cuando hicimos este señalamiento se nos respondió «con la tinta indeleble que marcará el dedo de quienes hayan votado se impedirá ese fraude». La tinta se espera de Venezuela; se desea que para cada mesa de votación vaya un frasco debidamente sellado (y se nos inquiere el grado de seguridad que ella ofrece para impedir que un elector vote más de una vez).

Pero ello, a mi entender, no es lo de mayor importancia. Lo que sí lo es verdaderamente es que a los candidatos del Gobierno los asisten todas las ventajas. En diez años de régimen fuerte se han creado estructuras en todo el país, incomparablemente superiores a las que pueda organizar cualquier grupo de oposición, manejadas por gente joven y despierta, en gran parte de formación universitaria y con experiencia militar. El propio Ejército Nacional se denomina «sandinista», es decir, el mismo nombre del partido oficial: ese ejército va a votar y algunos estiman en 200.000 el número de sus integrantes.

La cantidad de nicaragüenses en el exilio es grande: los cálculos van desde 30.000 en la frontera con Honduras y 30.000 en la frontera con Costa Rica, hasta varios cientos de miles en Miami. Por supuesto, ellos no van a votar.

Los candidatos a presidentes y vicepresidentes son el mismo Presidente y el mismo Vicepresidente en ejercicio. Ello no se concibe en ningún otro país de América Latina, salvo Cuba y, por ahora, Paraguay. Se argüirá que en la democracia norteamericana hay reelección; pero por una sola vez, hasta un máximum de dos períodos de a cuatro años cada uno. Y en los Estados Unidos ha habido voces como las de los ex presidentes Johnson, Nixon y Carter, que opinaron que convendría suprimir la reelección y cambiarla por un solo período de 6 años. Los latinoamericanos consideraríamos un grave ventajismo el que el jefe de Estado se lanzara como candidato para un nuevo período inmediato. Por ello lo hemos prohibido en casi todas nuestras constituciones.

Los órganos electorales no están balanceados. El Consejo Supremo Electoral fue nombrado por el Presidente de la República; los Consejos Regionales por el CSE, y así sucesivamente. Tengo la impresión de que la presencia de la oposición es en ellos más simbólica que real. No puedo afirmar que estén procediendo de mala fe; al presidente del CSE, que fue rector de la Universidad, lo considero digno de aprecio; pero lo cierto es que los órganos con facultad de decisión tienen una composición evidentemente inclinada hacia el Gobierno. No obstante, los voceros de la oposición se muestran aparentemente confiados en que van a ganar. Dicen que la población, ante la mala situación existente, les va a dar la victoria. Esgrimen encuestas, mientras el Gobierno invoca las que lo favorecen; y realizan actos populares que los entusiasman.

Los observadores de la ONU y de la OEA están condicionados por la naturaleza de los organismos que los envían. Nuestro papel aparece, por ello, más independiente. Quizás las dos partes podrían tener hacia nosotros algún recelo: el Gobierno, por pensar que nuestros antecedentes políticos nos pueden hacer demasiado críticos y exigentes, y la oposición, por temer que podamos prestarnos a servir de instrumento para justificar una situación discutible.

Confío en que ni una ni otra cosa ocurrirá. El presidente Carter y los otros ex presidentes que hemos tomado parte en el asunto tenemos clara idea de la situación y de nuestra responsabilidad. Deseamos sinceramente que estas elecciones definan seriamente un sistema de plena y verdadera democracia.

Queremos convencernos de que el Gobierno sandinista está lealmente dispuesto a perder las elecciones  si el voto mayoritario del pueblo, real y limpiamente lo decide; de que, en caso de perder las elecciones va a entregar el Poder, y en caso de ganarlas, a dar absoluto respeto y garantías democráticas a la oposición democrática. No queremos forjarnos ilusiones, pero tampoco debemos renunciar a esta esperanza. Al fin y al cabo es importante lo que se está jugando, no sólo para Nicaragua y para Centroamérica, sino para el hemisferio y para el mundo.

1989. Noviembre, 13. ALA / El Universal: El alerta de CAVIDEA

Recorte de El Universal del 15 de noviembre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El alerta de CAVIDEA

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 13 de noviembre de 1989.

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA) tuvo recientemente su VII Asamblea Anual. En ella planteó lo que denominó «La Estrategia Alimentaria Nacional», a través de un documento lleno de consideraciones de la más importante y urgente actualidad.Con algunos puntos de esa estrategia se puede discrepar. Su juicio, por ejemplo, acerca del tipo de unificación cambiaria, a mi modo de ver merece un detenido análisis, por la complejidad de sus repercusiones y por la influencia que ha tenido y tiene en todos los aspectos de la vida nacional. Pero, en general, lo importante del documento –que tuvieron la bondad de entregarme Jorge Redmond Schlageter y César Guevara a nombre de la Comisión de la Estrategia Alimentaria Nacional– es la gravedad de los planteamientos y el requerimiento de una estrategia global para enfrentar un problema que en cierto modo constituye centro y condición de todo el futuro del país.

Señala Cavidea que «el sector alimentario se encuentra sumido en un proceso recesivo». Ya esto sólo, bastaría para obligar a quienes dirigen la vida nacional a revisar una política cuyos aspectos defendibles se aminoran si se verifica que su resultado inmediato es anunciarnos para el porvenir una generación desnutrida, débil y enclenque, retrasada en sus condiciones físicas y consecuencialmente en sus facultades mentales.

Si ya en 1988 «el venezolano debió utilizar en alimentos 70% de su ingreso», el alza de los precios, de entonces para acá, ha empeorado su situación. «En los últimos doce meses –anota el Informe–, los alimentos en su conjunto han incrementado su precio en cerca de 200%, es decir, 66% más que el índice del costo de la vida. Este es uno de los hechos que explica la rápida y brusca erosión de las condiciones sociales y nutricionales de la población».

La pobreza llega, pues, a su punto más agudo: el déficit de la alimentación. Como dijera hace algún tiempo el arzobispo de Maracaibo, monseñor Domingo Roa Pérez, ya el hambre dejó de ser un vocablo más o menos retórico para convertirse en trágica realidad.

«El país –afirma Cavidea– se encuentra en niveles alimentarios hipercríticos. Después de varias décadas reaparece un déficit proteico que sumado al sub-consumo calórico ha agravado el problema nutricional, generalizado en los sectores de menores ingresos. Este fenómeno se intensifica en 41% de la población, que se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, que las familias, aún destinando todo su ingreso a la adquisición de alimentos, no lograrían satisfacer sus requerimientos nutricionales mínimos, y por lo tanto, son sometidas a un proceso de desnutrición crónica, en muchos casos de efectos irreversibles».

Comentando esta situación, el director del Instituto Nacional de Nutrición, según lo ha informado la prensa, «reconoció la existencia de una disminución progresiva del consumo de nutrientes y calorías por parte de la población venezolana, como consecuencia de la escalada de precios que se presentó a raíz de los ajustes económicos puestos en práctica por este gobierno» (El Diario de Caracas, 9 de noviembre de 1989). La información añade que «las hojas de balance del Instituto Nacional de Nutrición reflejan una disminución del consumo calórico y una reducción en la obtención de vitaminas y minerales, lo cual ha traído como consecuencia el registro en los hospitales de personas con enfermedades asociadas al sub-consumo alimentario».

Ante esto ¿qué se está haciendo? Prometer que se dará atención a la situación en que se encuentra el sector agrícola, llevar adelante el programa de ajuste encomiado por el Fondo Monetario Internacional como expresión de una política económica sana («sound economic policy») y aseverar que dentro de algunos años la situación mejorará y los pobres tendrán la esperanza de ¡comer completo!

Se espera una caída importante en la producción agrícola. Se considera inevitable –y hasta necesario– un nuevo aumento de los precios. Y se acepta como realidad «una caída del consumo en 1990 en relación al año base de 1987. Ello se basa en la profundidad de la disminución de los consumos que está ocurriendo durante el presente año, pues aun cuando se plantean recuperaciones importantes para todos los productos a tasas razonables de expansión, sólo se llegaría a los consumos anteriores en el mediano plazo, algunos renglones no alcanzando los niveles anteriores a pesar de su crecimiento» (Informe Cavidea).

El requerimiento mínimo de calorías, según la FAO y la Organización Mundial de la Salud, no debe ser inferior a 2.350 por día. La suficiencia alimentaria plena en Venezuela supone 2.800 calorías diarias por persona. Pues bien, en 1989 el promedio general de consumo bajó de 2.600 a un poco más de 2.100 calorías; y para la población en situación de pobreza (estimada por la OCEI en 87%) cayó a 1.800. ¡Es de imaginar cuál será el promedio para el 41% colocado en situación de pobreza extrema!

Aparte de las circunstancias económicas habituales y el agravamiento considerable producido por el proceso económico, hay causas económico-sociales concomitantes. Las fallas del mercadeo constituyen una de las más importantes. En el país, más que mercadeo hay roscas. El Informe Cavidea censura «las deficiencias técnicas y organizativas de los canales de mercadeo» y «las manipulaciones especulativas de los precios por parte de los grupos de comerciantes que logran controlar los puntos clave del circuito de mercadeo».

No han faltado voces que llamen la atención sobre la gravedad del caso. Desde hace tiempo, una autoridad mundial como lo es José María Bengoa no ha cesado de machacar en este tema y de aportar su sabiduría y su experiencia con el deseo de iluminar una difusa y –¿por qué no decirlo?– culpable oscuridad. Sus discípulos y sus colaboradores y con ellos un importante sector de especialistas, han aportado sus conocimientos al planteamiento del problema. La situación actual lleva las cosas a un punto crítico ante el cual no es posible esperar. Las soluciones, en cuanto las hay, deben adoptarse de inmediato; si no las hay, tienen que buscarse con premura.

Y que no se diga que otras naciones latinoamericanas están en situación más grave que la nuestra. Lo sabemos. Y que en algunos países del Tercer Mundo las cosas llegan a un nivel, más que intolerable, inaceptable e imposible. Para aquellos pueblos hermanos y para estos otros, también hermanados en la penuria y en la impotencia, el servicio de la deuda externa intensifica profundamente el malestar y aleja interminablemente la esperanza de poder resolverlo. Quiera Dios abrir los ojos de los gobernantes de las potencias del super-desarrollo para que no retarden más la solución; para que no regateen más la participación que les toca a fin de salvar este escollo hasta ahora insalvable que se interpone en el destino de la humanidad.