1989. Noviembre, 29. ALA / El Universal: Walesa y Solidaridad

Rafael Caldera y lech Walesa
Rafael Caldera junto con Lech Walesa. Varsovia, Polonia, 23 de junio de 1981.

Walesa y Solidaridad

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 29 de noviembre de 1989.

Venezuela ha sido visitada recientemente por algunas personalidades de relieve mundial, pero, sin duda, ninguna ha provocado tanto interés como el dirigente polaco de Solidaridad, Lech Walesa.

No fue, sin duda, sólo por haber recibido el Premio Nóbel de la Paz, ni por haber sido escuchado en el Congreso de los Estados Unidos por ambas Cámaras en sesión conjunta (privilegio que sólo han recibido algunos contados Jefes de Estado y alguna que otra personalidad), ni siquiera por haber triunfado en unos comicios celebrados en un país que estuvo sujeto durante cuarenta años a un partido único: ha sido por múltiples razones, entre las cuales no se puede negar su carisma personal, su reciedumbre en la lucha, su tenacidad en la afirmación de sus posiciones, su habilidad para sortear las encrucijadas y para superar las tentaciones que el acceso al poder presentó en su camino.

Hace pocos años apenas, el mundo comenzó a admirar a ese sindicalista que encabezaba unas huelgas increíbles en un país que constitucionalmente repudiaba la huelga como forma de acción sindical. A través de ellas se fue forjando una extraña figura en el catálogo de las instituciones sociales: la de una agrupación sindical que creció vertiginosamente bajo el lema de la solidaridad, con un objetivo al principio circunscrito a la lucha por mejores condiciones de vida y trabajo para los obreros y que fue extendiendo su influencia por todo el territorio polaco en una oleada incontenible, hasta tomar un puesto protagónico en el escenario político.

Estuve en Polonia en 1981, invitado por el grupo parlamentario de ese país, en mi carácter de presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial. Manifesté, al llegar, el deseo de ir a Gdansk, a la sede de Solidaridad, que nació en los Astilleros Lenin, y encontrar a su líder. Mis anfitriones, con gran decencia, me arreglaron el viaje hacia allá. No puedo negar que el encuentro me causó una gran impresión, aunque no exenta de incertidumbres. No entendía cómo iba a desarrollarse el proceso, cuál iba a ser el futuro de Solidaridad, cómo se operaría la derivación, ya visible, de aquella fuerza sindical en una organización política activa. Ellos tampoco parecían saberlo con exactitud. Iban hacia adelante, luchando por la libertad, por obtener para los trabajadores mayores salarios y mejores condiciones de trabajo y de vida, seguros de que la justicia en su causa tendría que prevalecer. Habían tenido que enfrentar la violencia represiva; tenían ya en su acervo algunos mártires. Sabían que debían disponerse a padecer prisiones y exilios y quién sabe cuántos sufrimientos más. Exponían no sólo sus vidas, sino la tranquilidad y la propia existencia de sus familias. Pero lucían un optimismo inocultable.

Había en el seno de Solidaridad hombres cuyo pensamiento provenía de fuentes muy diversas. Los dirigentes comunistas del grupo parlamentario me afirmaron, con razón, que había en aquel movimiento muchos que eran de su misma ideología. Había también anarquistas y otras cosas más, pero había que tener en cuenta que no eran ideólogos ni académicos: provenían del mundo del trabajo en sus más rudas manifestaciones, sus ideas no eran sofisticadas, aunque evidentemente claras y mantenidas con inquebrantable firmeza.

En la cúspide de la dirección y concretamente en su máximo líder, la acción la inspiraban una profunda fe y un vigoroso sentimiento cristiano. Se comentaba en Polonia que inicialmente el camino lo había trazado un gran pastor, un egregio prelado que fue al mismo tiempo un calificado estratega, el Cardenal Vishinsky. En general se dudaba si la desaparición del Cardenal dejaría a Solidaridad como un barco sin timón. Pero los hechos demostraron que no iba a ser así.

Cuando regresé de Gdansk a Varsovia me encontré con un gran periodista norteamericano con quien hice amistad en Venezuela en los días del derrocamiento de la dictadura. Tad Szulc, de origen polaco. Me comentó que había ido también a Gdansk y en la sede de Solidaridad pensó en mí, porque le parecía que aquello era una especie de Democracia Cristiana en su forma original. No lo era exactamente, pero la inspiración promotora de ese gran movimiento tenía mucho en su fondo de la que hizo nacer en países diferentes y en formas variadas los movimientos demócrata-cristianos.

La popularidad adquirida por los sindicalistas del Astillero Lenin era incontenible. En la universidad había pancartas de apoyo a Solidaridad. En la tumba de Vishinsky, en la Catedral, había siempre flores, y algún mensaje de identificación con la causa sindical de la que se le consideraba precursor. Se notaba el surgimiento de una gran mayoría nacional. Pregunté a mis interlocutores qué pasaría si se realizaban elecciones y las ganaba Solidaridad: me respondieron que Solidaridad no era un partido político sino una fuerza sindical y, en todo caso, que no habría elecciones todavía, hasta dentro de algunos años. Ocurrió lo sorprendente, lo inesperado: no el triunfo de Solidaridad, puesto que era natural esperarlo, sino el reconocimiento de ese triunfo por el gobierno comunista.

Hoy el mundo mira sombrado a ese hombre, que trasluce en su presencia y en sus actuaciones una rara serenidad y una imperturbable confianza en sí mismo y en su movimiento. Es un fenómeno en cierto modo irrepetible, porque no es fácil que en otra parte se presente un movimiento de origen laboral que trascienda en esa forma a los niveles de la lucha política y hasta a la conducción del gobierno. Es cierto que los partidos socialistas en Europa, como el SPD en Alemania, el Labour Party en Gran Bretaña, surgieron de la lucha obrera, pero tomaron una fisonomía propia al pasar de su propio campo al político. En Polonia, la fuerza política sigue estando identificada plenamente con la potencia sindical. Es fácil que del seno de Solidaridad surjan diversos partidos que concurrirán al futuro pluralismo polaco. El propio Lech Walesa afirmó en Caracas que volverá al sindicalismo después de esta etapa de transición. ¿Será posible? No quiso aspirar a la Presidencia de la República ni optar a la Jefatura del Gobierno: prefirió darle su respaldo a Mazowiecki, a quien se considera generalmente como un asesor suyo en el tiempo de la lucha y a quien se estima como político culto, inteligente y bien dotado para el ejercicio del poder.

En la visita que nos hizo, Walesa no escatimó atender invitaciones, pronunciar discursos, conceder entrevistas, habló con fluidez y en forma sencilla, a veces candorosa. Proclamó los objetivos primordiales de una doble lucha, por la libertad política y por la recuperación económica. Habló de la economía del mercado, pero al mismo tiempo ratificó la obligación prioritaria de asegurar los derechos fundamentales de los trabajadores y hasta dijo, cuando le preguntaron sobre privatización, que aspiraba a que las empresas pasaran a manos de los trabajadores y hasta habló de autogestión. Seguramente, no contentó ciento por ciento a todos, pero dejó una huella de simpatía y esperanza. Esperanza en un mundo nuevo, en un mundo de paz y justicia. Un mundo en el cual ese humilde trabajador se ha convertido, sin renunciar a seguir siéndolo, en una de las figuras más prestantes del escenario universal. Téngase la posición que se tenga sobre sus opiniones, ese hombre trasmite una gran sensación de fe. De fe en el Ser Supremo, de fe en el ser humano, de fe en la justicia de la historia. No hubo nadie entre la gente tan diversa que encontró que no se sintiera arrastrada a decirle: ¡Bienvenido! ¡Gracias por su ejemplo!

Ante la tumba del Cardenal Stefan Wyszynski, acompañado del embajador Antonio Casas S. Varsovia, Polonia, 22 de junio de 1981.

1989. Diciembre, 13. ALA / El Universal: Elecciones, oposición y abstención

Recorte de El Universal del 13 de diciembre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Elecciones, oposición y abstención

Artículo para la ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 13 de diciembre de 1989.

Un somero recorrido por el mapa político de América Latina ofrece un resultado que a muchos pudiera sorprender: en todas las elecciones celebradas de un tiempo a esta parte ha ganado la oposición.

Podríamos comenzar por El Salvador, donde la incomprensión de ambas extremas e innegables errores del gobierno demócrata-cristiano le dieron el triunfo al movimiento político «ARENA», cuya posición rabiosamente derechista ha estimulado la guerra civil que se libra en aquel noble país.

En México es opinión bastante extendida la de que la votación del famoso PRI, el Partido Revolucionario Institucional, enseñoreado del poder durante muchos años, fue inferior a la de la oposición. La oposición ha mantenido tercamente su negativa a reconocer la legitimidad del gobierno presidido por el señor Salinas de Gortari.

En Panamá fue tan indiscutible el triunfo de la corriente opositora que el Gobierno, cuya primera intención fue anunciar un resultado fraudulento, optó por romper «el hilo constitucional» y arbitrar fórmulas artificiales para tratar de dar un barniz de legalidad al régimen de facto.

En Argentina, el vencedor indiscutible fue el actual presidente Menem, hasta el punto de que el presidente Alfonsín optó por adelantar la entrega del mando para desligarse de una situación que ya no podía mantenerse.

En Bolivia, las elecciones llevaron a la presidencia al líder del MIR, Jaime Paz Zamora, con el apoyo inesperado del ex presidente Banzer.

En Uruguay, las urnas dieron su veredicto a favor del candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle; en Honduras, al del Partido Nacionalista, Rafael Leonardo Callejas.

En Brasil, si algún candidato de los muchos propuestos pudo considerarse identificado con el gobierno del presidente Sarney, quedó muy abajo en la tabla de posiciones. Se libra la batalla final entre dos opositores rabiosos: Collor de Melo, a la derecha, y Lula da Silva, dirigente sindical, cuya colocación en el espectro hace parecer moderado al ex gobernador Brizola.

En Chile, finalmente, es un hecho ya definido el triunfo de la oposición. Al dirigente democratacristiano Patricio Aylwin Azócar le va a corresponder la ardua tarea de dirigir la transición del régimen militar al renovado sistema democrático.

Podría añadirse como complemento a esta excursión lo que sucede en otros mundos en vías de desarrollo. En la India, por ejemplo, pierde el poder el Partido del Congreso y de la jefatura del gobierno, el hijo de Indira Gandhi y nieto de Nehru.

Este cuadro podría seguramente extenderse. Y ello sin hacer referencia a los históricos acontecimientos que se están sucediendo en la Europa del Este. ¿Cuál podría ser el denominador común de estos hechos, ocurridos en lugares diferentes y en circunstancias diversas? Establecer una afinidad ideológica entre los peronistas argentinos, los blancos uruguayos y los miristas bolivianos parecería aventurado; y en cuanto a Chile, fácil sería responder que el elemento fundamental del triunfo de la oposición es el anhelo de libertad.

Pero no cabe duda de que un elemento común en todos los países mencionados es la situación económica. En algunos –quizás la mayoría, por no decir la totalidad– el peso de la deuda externa, visto con una miopía imperdonable por los países desarrollados y agravado por la presión del Fondo Monetario Internacional, ha repercutido en el deterioro de las condiciones de vida de grandes masas de población, a más de un trastocamiento de las estructuras económicas y de un alejamiento del horizonte de esperanza que las emergentes clases medias habían ido avizorando en los últimos 30 años.

El Wall Street Journal del 4 de diciembre, al informar que el FMI añadió a Honduras a la lista de países inelegibles para nuevos préstamos, observaba que es el décimo de los países a los que el Fondo ha cortado los créditos. Perú, Guyana, Liberia, Sudán, Somalia, Vietnam, Sierra Leona, Camboya y Zambia habían recibido ya su declaración de inelegibilidad, lo que les cierra el flujo posible de «dinero fresco». Ahora se agrega Honduras, un país centroamericano que atraviesa una situación política y militar difícil y el mantenimiento  de cuya democracia es vital para la política hemisférica de Estados Unidos. No faltarán otros países que se pregunten: ¿a nosotros nos tocará también?

Sobre este telón de fondo, Venezuela ha realizado el 3 de diciembre elecciones para gobernadores de Estado, alcaldes y concejos municipales, a un año menos un día de la elección del presidente de la República y a diez meses del ejercicio de la actual administración. La predicción lógica que desde afuera podría haberse hecho era la del triunfo completo de la oposición. Porque el costo de la vida ha subido astronómicamente, el signo monetario ha bajado a menos de la décima parte de lo que era hace seis años, las tasas de interés se han elevado a tal nivel que nadie puede emprender un negocio solicitando un crédito que lo compromete más allá de lo razonable. El alza del precio de la gasolina desencadenó en los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo una conmoción de tal naturaleza, que ha impactado profundamente la conciencia nacional y ha producido efectos que todavía subsisten en los observadores internacionales.

De las veinte gobernaciones de Estado, los partidos de oposición ganaron 9. Mi partido, el Social Cristiano COPEI, obtuvo 7. Por supuesto, la lucha electoral que cumplimos fue recompensada por la victoria en las gobernaciones en las cuales triunfamos. Pero ¿no había razones iguales o muy parecidas en los Estados en que ganó el partido gubernamental, para que éste las perdiera? No creo que sería justo atribuir el resultado negativo a los candidatos de la oposición, hay que reflexionar muy a fondo, para detectar los graves errores de dirección que se evidenciaron, especialmente en algunas entidades en que los antecedentes obligaban a obtener franco éxito.

A esto se agrega el problema de la abstención. En Venezuela teníamos a orgullo el bajo índice abstencionista en las elecciones democráticas. Es cierto que era un poco mayor en las elecciones municipales que en aquellas en que se elegía presidente de la República, senadores y diputados al Congreso y diputados a las Asambleas Legislativas. Pero en esta ocasión llegó a un índice preocupante: ese 70% no debió darse, y menos porque se ofrecía a los electores la novedad de elegir directamente sus gobernadores y alcaldes, la que no tenían en oportunidades anteriores.

Esa abstención, que posiblemente tenga similitud en otros países, no fue debida a negligencia ni resultado de una decisión momentánea. Desde hace varios meses se dijo y repitió que la voluntad general era la de abstenerse, para exteriorizar una protesta; no obstante que en Venezuela el sufragio no es sólo un derecho, sino un deber cuya infracción está sancionada por la ley. De no ser por el esfuerzo puesto en la campaña electoral por los candidatos, por sus partidos y por sus propulsores, posiblemente el índice de abstención habría sido aun mayor.

Está claro que hubo el propósito de mostrar desacuerdo con la actual situación, con la inseguridad personal, con la política económica y también con hechos de corrupción denunciados todos los días y en todas las formas imaginables. Pero al mismo tiempo (debemos reconocerlo así) el fenómeno envuelve una manifestación de desconfianza hacia toda la dirigencia política, falta de credibilidad en los partidos, idea de que no había una verdadera alternativa por la suposición de que «todos son lo mismo».

Luchar contra esto fue una proeza. Los gobernadores y alcaldes electos tendrán buena parte de responsabilidad en la improbable tarea de devolver a los que se abstuvieron la fe en la institucionalidad, hacer que en ellos renazca una esperanza. Pero darían una nueva manifestación de inconsciencia los partidos si se pusieran a festejar triunfos o a justificar derrotas, cuando el futuro de la democracia reclama imperativamente enmendar a fondo la conducta que ha arrancado la fe del pecho de un 70% de nuestros compatriotas.

En el discurso que pronuncié el 1 de marzo en el Senado, con ocasión de los terribles acontecimientos que vivíamos, hice, por lo demás, un llamamiento al Gobierno y a su partido para revisar la política económica adoptada. Permítaseme ahora recordar al menos estas frases:

No soy yo quien vaya a negar la buena intención y el coraje del presidente Carlos Andrés Pérez para lanzarse por este camino que los técnicos le han aconsejado. Pero quisiera decirle que el partido Acción Democrática, que tiene el componente político del actual Gobierno, está obligado a analizar los hechos, sus repercusiones, la situación de un país que tiene un margen elevado de gente que no gana ni siquiera hasta el nivel de pobreza crítica que en cualquier país civilizado daría lugar a la seguridad social. Esta realidad está planteada. Considero que tenemos la obligación de hacerle frente.

Y esta otra:

Yo no creo que hay que darle la oportunidad a ese componente político para que analice, estudie y haga sentir su juicio, porque son muy respetables y muy dignos de aplauso los técnicos que están en el Gabinete, pero alguien me decía (y esto lo expreso sin ninguna desconsideración para ellos) que si el asunto fracasa, ellos vuelven a sus cátedras en sus institutos; mientras que el daño lo va a sufrir la democracia venezolana, en la cual los partidos que tienen mayor representación popular son los que cargan mayor responsabilidad y tienen más que perder.

Una nueva y urgente oportunidad se abre para la reflexión. Si se desperdiciara habría necesariamente que preguntarse: ¿cuántas ocasiones más se habrán de presentar?

1989. Diciembre, 27. ALA / El Universal: Craxi y la deuda

Artículo de Rafael Caldera Craxi y la deuda
Recorte de El Universal del 27 de diciembre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Craxi y la deuda

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 27 de diciembre de 1989

Me encontraba yo en Roma, asistiendo a un interesante congreso científico sobre Derecho del Trabajo, cuando apareció la noticia de que el Secretario General de las Naciones Unidas designó al señor Bettino Craxi, ex presidente del Consejo de Ministros y líder del Partido Socialista Italiano, como delegado suyo para estudiar el problema de la deuda externa de los países subdesarrollados y presentar a la próxima Asamblea General la fórmula conducente a la solución del mismo.

La prensa italiana dio excepcional importancia a esta información. L’Avanti la tituló con grandes caracteres así: «La Deuda del Tercer Mundo encargó la ONU a Craxi. Pérez De Cuéllar ha confiado al líder socialista el encargo de estudiar una solución política del grave problema de la deuda de los países en vía de desarrollo. Plena libertad de valoración y de acción». Il Tempo: «Por mandato de Pérez De Cuéllar, Deuda Externa: para todo el 90, Craxi experto ONU». El Giornale d’Italia: «Para encontrar una solución al problema de la deuda, Craxi enviado de la ONU a los países del Tercer Mundo». La Repubblica: «Craxi super-embajador de la ONU. Estudiará para De Cuéllar la deuda del Tercer Mundo». 24 Ore: «La ONU nombra a Craxi “Zar” de las deudas PVS (Países en vía de “sviluppo”). Deberá explorar posibles soluciones al problema».

El hecho, sin duda, suscita diversas apreciaciones. En primer término, evidencia que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas se da cuenta de la gravedad y extensión del problema y ha buscado una salida política, echando sobre los hombros de un estadista de relieve mundial una buena parte de la carga que pesa sobre él. Craxi tiene fama de ser un hombre dinámico, ejecutivo y lleva el mérito de haber presidido el gobierno de su país por un tiempo relativamente largo, en comparación con la duración promedio de los diversos gabinetes constituidos laboriosamente con la coalición de cinco partidos (el «Pentapartito»).

Por lo demás, debemos suponer que el hecho de ser una figura importante del mundo desarrollado, pueda ejercer en la decisión de los países industrializados mayor influencia de la que podrían aplicar voceros de los deudores. El hecho de ser dirigente de la Internacional Socialista debe comprometerlo a tomar una posición favorable a los deudores, obtener apoyo de los gobernantes socialistas europeos y lograr a través de ellos comprensión por parte de la Comunidad Económica Europea, aliada de los Estados Unidos y del Japón en el nivel de las altas finanzas internacionales.

No es posible ignorar, sin embargo, que la misión confiada al honorable Craxi adolece de gran imprecisión y que algunas de las expresiones utilizadas por los medios de comunicación para dar la noticia de su nombramiento contribuyen a crear cierta confusión. Por una parte, llamarlo «Zar» de la deuda haría suponer que se le han atribuido poderes que no parece tener; por la otra, decir que Pérez De Cuéllar lo envía «a los países del Tercer Mundo», implica una equivocación, porque la clave de la solución no está en los países tercermundistas sino en los otros: el arreglo del problema no depende tanto de los deudores como de los acreedores, que tienen dos caras: la de la banca privada y la de los gobiernos respectivos.

No quise venir a Italia sin solicitar una entrevista con el presidente Craxi para exponerle los puntos de vista que hemos venido sosteniendo en Venezuela y las preocupaciones que en reiteradas ocasiones hemos venido expresando algunos venezolanos sobre una cuestión de tanta significación y urgencia. Fui atendido por Craxi en forma inmediata y muy atenta y creo que la conversación fue muy positiva: ahora, considero que la diplomacia latinoamericana no debería dejar pasar de largo esta nueva oportunidad para hacer oír su voz en los centros de decisión, que en general se mantienen en una displicencia irritante y se abroquelan dentro de un egoísmo peligroso y hasta criminal.

La impresión que me dio Craxi fue la de estar deseoso de responder al encargo del Secretario General de la ONU, pero la de hallarse todavía insuficientemente informado acerca de la naturaleza y características de la situación. Me dijo que como primer paso posiblemente solicitaría una reunión de los 8 gobiernos de América Latina que han venido concertándose sobre la situación hemisférica. Sería indispensable que éstos le presentaran al desnudo la realidad que atravesamos y le convencieran de que cuando hablamos de urgencia no estamos haciendo ejercicios retóricos, sino planteando una dramática realidad. Más aún, consideramos que el vocablo adecuado es, más que urgencia, perentoriedad.

Si no se disponen los países donde opera la banca acreedora, y especialmente los Estados Unidos (que suele jugar el rol de los antiguos «burros campaneros» en los arreos que operaban a principios de siglo en nuestros ambientes rurales) a asumir por su parte una cuota del sacrificio necesario para hallarle remedio al problema, todo se seguirá deslizando en una interminable renegociación que al culminar no habrá arreglado nada, sino que nos dejará en condiciones más desfavorables aún que las actuales. La idea de que una institución internacional no lucrativa sirva de intermediaria para arreglar, por una parte, las deudas con los acreedores bancarios dentro de los precios del mercado, y por la otra, convenir con los gobiernos deudores condiciones razonables en cuanto a tasas de interés y términos para la amortización viables, se presenta cada vez más como la única que puede abrir campo a una verdadera salida.

La propia Ley de Comercio de 1988 de los Estados Unidos la previó, pero el Secretario del Tesoro se pronunció contra ella por el riesgo de que tuvieran que pagar al final algo los contribuyentes, aún reconociendo que el motivo de la elevación imprevista e injusta de los intereses no se debió a motivos económicos sino a una causa política: el déficit presupuestario, que los llevó a ofrecer intereses más y más atractivos para que los depositantes de todas partes del mundo colocaran su dinero en los bonos destinados a completar el dinero faltante para el ejercicio de su presupuesto.

Sea una agencia internacional especial, como lo preveía la citada ley, sea el Banco Mundial o cualquier otra institución, ella debería comprar los créditos de la banca privada a un precio moderadamente superior a su valor en el mercado secundario, pagándolos con bonos respaldados por los gobiernos de los países ricos; y luego, dentro de parámetros comunes, negociar «caso por caso» con los países deudores en forma en que realmente pudieran cumplir. Porque, hasta ahora lo que se hace en nombre del «Plan Brady» es someterlos a las horcas caudinas del Fondo Monetario Internacional, haciéndoles sufrir un costo social tremendo, para recibir un «dinero fresco» que se va mayoritariamente en pagarles a los acreedores los propios intereses, calculados sobre el 100% de unas obligaciones que en el mercado no valen ni la mitad.

Que el presidente Craxi entienda esto y, sobre todo, que lo haga entender y aceptar a las potencias financieras, justificaría su misión. De no ser así, puede convertirse en una pérdida de tiempo que todos los días hace más dramática la perspectiva de América Latina y más incierto el panorama de la década de los 90.

Yo le entregué a Craxi copia de algunos artículos y conferencias mías sobre el asunto de la deuda. ¿Tendrá tiempo y voluntad para leerlos? Él parece muy deseoso de conocer a fondo la materia que se le ha confiado y las posiciones de los deudores, pero lo que interesa es el ánimo y disposición de los acreedores. Quiera Dios que se haga luz en los ojos de éstos y se ablanden su corazón y sus bolsillos. Sería el mejor regalo de Año Nuevo. (ALA)

1990. Enero, 17. ALA / El Universal: Nos duele Panamá

Panamá
Recorte de El Universal del 17 de enero de 1990. donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Nos duele Panamá

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 17 de enero de 1990.

Para los venezolanos, la suerte de Panamá no puede ser indiferente. Tenemos fuertes nexos históricos y una gran afinidad humana con ese país hermano. Panamá formó parte de la Gran Colombia de Bolívar y ya en la Carta de Jamaica (1815) el futuro Libertador vio como un sueño que remataría la gloriosa aventura de la Independencia, que el Istmo de Panamá fuera para los pueblos libertados «lo que el Istmo de Corinto fue para los griegos».

Puso empeño en la realización de esa ambiciosa idea. El Congreso de Panamá, convocado en los mismos días en que se remataba le empresa liberadora en Ayacucho, fue un noble intento para que las patrias hispanoamericanas asumieran solidariamente la personalidad y el vocerío que deberían hacerlas respetables en el mundo. Si ello no se logró, a pesar de la aureola que le daba el momento cenital de Bolívar y el sacrificio que hizo su Canciller Pedro Gual trasladándose en medio de dificultades y de incomprensiones a Panamá y luego a Tacubaya, a casi 180 años, es razonable pensar que si el proyecto hubiera tenido éxito, no se habrían posibilitado tantas desventuras como las que han padecido nuestros países. Por de pronto, no es descabellado sostener que no se habría producido la aventura de Maximiliano en México, ni ese país habría perdido en manos del vecino del Norte la mitad de su territorio.

Panamá representa para los latinoamericanos, pero en especial para los países libertados por el egregio caraqueño, un símbolo de integración latinoamericana, una cita de honor que está vigente, para hacer de nuestros países, como dijera el Padre de la Patria en su célebre carta a O’Higgins, «una nación de repúblicas».

El canal interoceánico era una necesidad sentida a través de la historia que esperaba el avance tecnológico para su construcción. La apertura del Canal de Suez había sido preanuncio de que el Atlántico y el Pacífico se comunicarían por una vía acuática como se comunicaron el Mediterráneo y el Mar Rojo.

El poderío económico de los Estados Unidos, su perentoria necesidad de facilitar el intercambio entre sus dos costas oceánicas, su disposición de medios suficientes para afrontar los problemas de ingeniería, logística y salubridad, dieron ejecución a la obra, en momentos en que dominaba en la política hemisférica la Doctrina Monroe y ejercía la presidencia un político que creía en el gran garrote (the big stick) como instrumento idóneo dentro de una concepción hegemónica. Así, la independencia de Panamá, que era hasta cierto punto un hecho natural, surgió mediatizada por la soberanía norteamericana sobre la Zona del Canal, que partía en dos su territorio y compensada apenas con una renta, que vista a distancia hay que considerarla muy módica y con lo que podía beneficiarla el tráfico del Canal, visto como una especie de concesión generosa de los Estados Unidos a los demás países de la tierra.

La recuperación de la soberanía panameña sobre la Zona del Canal fue una aspiración compartida por hondo sentimiento latinoamericano. Cuando Venezuela recuperó su institucionalidad democrática y se instalaron sus cuerpos representativos, el primer Acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados en materia internacional, que me cupo la honra de firmar como su Presidente, fue para manifestar la solidaridad de los representantes del pueblo de Venezuela con la aspiración panameña de obtener la soberanía, sobre la parte de su territorio que estaba en manos de la potencia constructora del Canal. Los tratados Torrijos-Carter, para cuya celebración fueron mediadores algunos gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de Venezuela, presidido entonces por Carlos Andrés Pérez, quien tomó una parte muy activa en la negociación, fueron considerados como una reivindicación, no sólo panameña, sino latinoamericana.

En el camino hacia el ejercicio pleno de su autodeterminación, vino a plantearse la deplorable situación que ha culminado en los recientes acontecimientos. Desde el principio, la Guardia Nacional, única fuerza militar en aquel país, había jugado un papel de árbitro de la política y del gobierno. El general Omar Torrijos Herrera, quien usurpó el poder cuando el presidente Arnulfo Arias decidió removerlo de la jefatura de aquella fuerza, hizo de la Guardia un verdadero partido político: sus integrantes, desde los más altos hasta los rasos, hablaban de ella como podrían hacerlo los militantes más fervorosos de cualquier organización partidista.

A Torrijos se le pueden perdonar sus numerosas faltas por el empeño que supo poner en el rescate del Canal, pero dejó una impronta negativa en la praxis política. La renuncia forzada de presidentes títeres se hizo una costumbre reiterada. Dentro de la apariencia electoral se fijó como fecha para la trasmisión del mando el día en que Torrijos derribó por la fuerza al presidente Arias. A la Constitución se añadió una disposición transitoria en la cual se reconocía a Torrijos como jefe supremo y se le daba la atribución de designar a los más altos funcionarios del Estado. Noriega, como heredero de Torrijos, confirmó sus procedimientos: se abroqueló en la comandancia y se lanzó por un camino de desafueros y atropellos que no podían haber tenido más triste desenlace. Se le imputan numerosos delitos, desde el narcotráfico hasta el asesinato de políticos opuestos a su autoridad.

Las elecciones de 1984 culminaron en un fraude descarado, que le robó la victoria al anciano caudillo Arnulfo Arias. Para los Estados Unidos el hecho era aceptable entonces, porque el candidato de Noriega era un distinguido economista muy vinculado a los medios financieros norteamericanos. Pero comenzaron a mostrar preocupación cuando Noriega hizo renunciar al presidente Ardito Barletta por haber anunciado la decisión de hacer investigar el asesinato del ex ministro Spadafora. Lo ocurrido después fue cada vez más lamentable.

Y en el momento actual, América Latina, a la que se reprocha no haber ejercido una presión más eficaz para que se pusiera fin al despotismo y se reconociera la voluntad popular, se halla perpleja ante una invasión que repudia, pero que por medios excusados se anotó el derrumbamiento de un régimen arbitrario y culpable ante un gobierno nuevo, integrado por quienes tuvieron una amplia mayoría en la consulta electoral de mayo, pero mediatizado por una fuerza extranjera e iniciado en deplorables circunstancias.

Noriega, quien llegó al poder con una imagen de hombre inteligente, incurrió en el descaro de desconocer abiertamente el resultado electoral cuando se vio en la imposibilidad de repetir el fraude de 1984. Después tuvo la torpe arrogancia de declararse en estado de guerra con los Estados Unidos, anunciando una resistencia heroica que terminó en un desenlace bufo. Ahora los países de este hemisferio tienen el deber de ayudar a los nuevos gobernantes panameños a asumir plenamente su autoridad y de insistir ante Washington en la urgencia de retirar sus tropas para que el nuevo gobierno pueda ser realmente gobierno. Son personas de buena reputación, por uno de ellos, Ricardo Arias Calderón, tengo especialmente amistad y le profeso un alto aprecio. Si me fuere dable darles un consejo, quizás les recomendaría la convocatoria –en tiempo razonable– de una Asamblea Constituyente, para dar firmes bases jurídicas al nuevo régimen, que mal funcionaría dentro del confuso ordenamiento elaborado por el torrijismo y rematado por Noriega.

Pero la salida de las tropas invasoras es, sin duda, la condición más importante. En un libro que acaba de aparecer, con el título de «Ilusiones Perdidas» (Lost Illusions), el Embajador Paul H. Boecker, presidente del «Instituto de las Américas», con sede en La Jolla, San Diego, California, inserta 26 entrevistas hechas en 11 países latinoamericanos. Una de ellas es la mía; la hizo en Caracas el 22 de julio de 1988. El último párrafo dice lo siguiente: «Hace algunos años, con motivo del bicentenario de Andrés Bello, visité Washington y fui invitado a la Casa Blanca. El presidente Reagan estaba en California, pero el vicepresidente Bush me recibió. Después de una cordial reunión me invitó a visitar la Sala del Gabinete. Me presentó a los secretarios que estaban presentes, e indicando la silla del Presidente, me preguntó: –¿qué diría a Latinoamérica si estuviera sentado en esa silla? –Yo le contesté que les diría a los latinoamericanos que “nunca un soldado norteamericano pondría el pie en su suelo para violar su soberanía”».

Eso que entonces pensaba, somos muchos, al Sur del Río Grande y hasta el Norte del famoso río, los que lo seguimos pensando. Es una lástima que hechos fatales y concepciones erradas (de un lado y otro) hayan llevado a que esa deseada promesa no se cumpliera. Nos duele. Nos duele Panamá. Ayudémosla a salir del atajo.

1990. Enero, 31. ALA / El Universal: ¿Después del comunismo?

Artículo de Rafael Caldera ¿Después del comunismo?
Recorte de El Universal del 31 de enero de 1990 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Después del comunismo?

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 31 de enero de 1990.

 

Una afirmación frecuentemente repetida, la de que establecido un régimen comunista en cualquier parte, no podía ser derribado sino a través de las armas, ha sido desmentida por los recientes acontecimientos del Este de Europa. El movimiento que empezó con «Solidaridad» en Polonia, tomó características de avalancha cuando la «perestroika» levantó la pesada compuerta que contenía, desde la II Guerra Mundial, la corriente poderosa del sentimiento popular.

Muchos factores inciden en la sorprendente caída de gobiernos que lucían muy poderosos. Uno, sin duda, el sentimiento nacional. El comunismo llegó al poder por la fuerza, y más concretamente, por la fuerza militar de la Unión Soviética. El Ejército Soviético impuso gobernantes y partidos y fue el sostén fundamental de los regímenes. El recuerdo de la Primavera de Praga ha renacido con explosiva fuerza. En la propia Polonia, la ley marcial se había establecido por los dirigentes polacos argumentando que de no hacerlo la potencia imperial intervendría directamente. El Tratado Ribbentropp-Molotov ha salido a la luz en la discusión de la política soviética, invocado legítimamente por los países bálticos para pedir su autonomía, pues fueron entregados por los nazis como arras al Zar comunista.

Otro factor, no menos poderoso, es el amor innato de la libertad. Los regímenes comunistas, nacidos como minorías impuestas durante la guerra, se siguieron sintiendo tales y para conservar su privilegiada posición aplicaron el mismo sistema tiránico, cruel e inhumano que utilizó el leninismo y que fue inseparable de la imagen de José Stalin. Era demasiado para aquella gente llevar una férrea mordaza por más de cuarenta años.

Los gobiernos derrocados, vistos por sus súbditos como producto de una potencia extranjera, no sólo usaron métodos crueles para sostenerse, sino que derivaron hacia otros vicios concomitantes. El culto a la personalidad, el nepotismo, el «cogollismo» (el «cogollo» lo manejaba todo a su antojo y lo aprovechaba todo para sí) y la corrupción, denunciada en forma sorprendente, se extendieron prácticamente en todos los países que han experimentado ahora la insospechada trasmutación, vista por el mundo libre con alegría, pero también con sorpresa.

A lo expuesto es necesario añadir un factor económico. Los sistemas establecidos con la promesa de realizar el bienestar general fueron cayendo en abismos crecientes de ineficiencia. Tímidas reformas iniciadas en algunos, como en la economía campesina de Hungría, o en la estrecha apertura del mercado en China, contribuyeron a señalar la posibilidad de enfrentar mediante una mayor libertad económica la escasez y penuria que estaban sufriendo, en contraste con la abundancia y riqueza que quienes viajaban a Occidente encontraron al otro lado de su mundo.

Estas circunstancias políticas y económicas, y sin duda el sentimiento religioso y los valores espirituales que a pesar de limitaciones y persecuciones sobreviven en gran número de personas, produjeron un sentimiento de liberación que saltó a borbotones cuando la nueva política soviética despejó el horizonte de la permanente amenaza que mantenía cerradas las puertas de la libertad.

Ahora se plantea, dentro de este extraordinario proceso, una pregunta: ¿qué va a pasar, después? Un profundo artículo de ¡La Civilitá Cattolica!, del 6 de enero de 1990, cuya lectura debo a amable cortesía del cardenal Lebrún, concluye en que el momento político «es hoy de espera: una espera cargada de esperanza, cierto, pero no exenta de incertidumbre y temores. Tanto más cuanto que el mundo occidental, sorprendido por acontecimientos imprevistos, por un lado se mantiene incrédulo y suspicaz y por otro está inseguro sobre lo que hay que hacer y, sobre todo, dividido acerca de las iniciativas a emprender».

Parece cierto que volver a lo anterior es imposible. Ello supondría acciones descabelladas con consecuencias terriblemente traumáticas. Posiblemente se establecerá un régimen de democracia parlamentaria según el modelo europeo occidental, con libertades públicas y pluralismo partidista. El papel que los partidos comunistas jugarán dependerá de las circunstancias de cada país, pero posiblemente prevalecerá su transformación en partidos de fachada social demócrata, aunque en algunos se anuncia su desaparición. En cuanto al respeto a las creencias religiosas, parece asegurado, al menos en una medida muy superior a la que antes existía.

En materia económica, se abrirán caminos a la iniciativa privada y se aceptarán reglas del sistema que prevalece en Occidente, para obtener ayudas que son indispensables. Pero pienso que sería un error considerar que después de cuarenta años de «socialismo real» van a pasar a un sistema de capitalismo liberal con economía total de mercado. Lech Walesa en Caracas dijo que las empresas del Estado debían pasar a manos de los trabajadores.

Hace algunos años venimos pensando que la realidad de los hechos alienta una tendencia al acercamiento de las corrientes capitalistas y socialistas. El capitalismo occidental no es, como lo pretenden algunos corifeos latinoamericanos del neoliberalismo, un régimen de «laisez faire»: las leyes laborales y la seguridad social se imponen como correctivos al desenfreno de las leyes del mercado, las cuales, además, con constantemente intervenidas por decisiones de sus Bancos Centrales y de sus Ministros de Economía. El socialismo, por otra parte, se da cuenta de que no se pueden suprimir datos humanos tan importantes como la iniciativa privada y las fluctuaciones que las necesidades de personas y grupos imponen por encima de la rigidización del mercado exigida por el Estado absolutista.

Es viable que los acontecimientos de Europa intensifiquen ese encuentro. Pero creo que ellos le ofrecerán mayor presencia a la corriente demócrata cristiana, que defiende la libertad y acepta las funciones del Estado como moderador de las contradicciones y garante de los derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho al trabajo entre ellos; que promueve un pluralismo respetuoso y sincero, y que además sostiene la vigencia de las leyes morales sobre la conducta política y económica del hombre y la primacía de los valores espirituales sobre los intereses egoístas.

Estos comentarios suscitados en torno a las llamadas democracias «populares» del continente europeo en las cuales se ha vivido la sorprendente mutación, dejan pendiente una pregunta: ¿y la Unión Soviética? El mundo sigue con simpatía, pero con ansiedad, lo que está sucediendo allá bajo la conducción de Gorbachov. La transformación política es un hecho tangible; los mismos factores que han devuelto la libertad a los europeos del Este, han despertado en la URSS; una transformación económica que viene, sin duda; la apertura a los valores espirituales ha sido significativa. Pero, por una parte, Gorbachov se sigue proclamando marxista y leninista y la estructura imperial de la URSS constituye un obstáculo de mayores proporciones para el logro de sus objetivos. 135 millones de rusos gobiernan a 150 millones de no rusos, repartidos en 14 repúblicas. Ya en muchas de ellas (las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia; Ucrania y Armenia; Azerbaiján y las naciones islámicas) aflora un vigoroso sentimiento autonomista reprimido muchos años, que puede alimentar aspiraciones a la Independencia, encabezados, por cierto, por los propios partidos comunistas en algunos casos. Un columnista de la revista «Time» ha comparado la URSS, en este sentido, con el Imperio Austro-Húngaro, que se disgregó al fin de la I Guerra Mundial.

Este problema y las controversias entre diversas nacionalidades hizo que el líder de la «pereztroika» sacara tanques y enviara soldados a imponer por la fuerza el mantenimiento del statu-quo. Es evidente que la transformación encuentra en la propia Unión Soviética muchas resistencias. El triunfo de la reforma es una necesidad para el mundo, para el mundo que quiere la paz, para el mundo que quiere el desarme, para el mundo que anhela poner los recursos de las grandes potencias al servicio de las necesidades de los pueblos, al servicio de la justicia social internacional. La afirmación de la «perestroika» es indispensable para que la inmensa China, las naciones comunistas que siguen en Asia practicando un régimen stalinista y los enclaves comunistas de nuestro continente, busquen definitivamente el camino de la libertad.

1990. Febrero, 14. ALA / El Universal: Hablan claro los obispos de EUA

Obispos EUA
Recorte de El Universal del 14 de febrero de 1990. donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Hablan claro los obispos de EUA

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 14 de febrero de 1990.

Hace algún tiempo, comentando un despacho cablegráfico sobre el documento del Episcopado norteamericano acerca del problema de la deuda, escribí sobre su afirmación de que «el problema de la deuda, con sus consecuencias humanas, es económicamente insostenible, políticamente peligroso y éticamente inaceptable».

Ahora quiero comentar con mayor extensión el extraordinario documento, que me ha sido enviado completo y vertido al castellano. Es una demostración de honestidad, de valentía, de responsabilidad, de sentido de humanidad y de vocación de servicio. Pone muy en alto a los voceros del catolicismo en el país del norte. Porque podía pensarse que es fácil para los de los países deudores –sea cual fuere su índole y nivel– protestar contra las injusticias que estamos padeciendo.

Los obispos latinoamericanos o africanos hablan en defensa de sus feligreses. Pero es admirable que lo hagan con tanta decisión y claridad los pastores de un pueblo rico, al que le cuesta trabajo desprenderse de algunos de los muchos derechos que le da su condición de acreedor.

Entre los gobernantes norteamericanos y especialmente entre los legisladores, muchos son católicos. Entre los banqueros norteamericanos, seguramente no faltan unos cuantos católicos. Entre los contribuyentes norteamericanos, a los que se supone defender cuando se rehúsa asumir una cuota importante para la solución del conflicto, hay una gran parte de católicos. A ellos han hablado sus obispos, no para asegurarles tranquilidad de conciencia si se mantienen indiferentes, sino para conminarlos a asumir su deber de solidaridad y su responsabilidad sobre lo que pasa o puede pasar en otras partes, precisamente por la importancia que su país tiene en el mundo.

«Debido a que una cantidad tan grande del dinero es adeudada a los bancos estadounidenses, tenemos una responsabilidad especial de servir a la Iglesia universal haciendo oír nuestra palabra», dicen los obispos. «Como obispos de los Estados Unidos, aceptamos este reto difícil. Comprendemos tanto la complejidad como la urgencia de la crisis de la deuda y el papel central de nuestro país como líder de la economía mundial» (…)

«Durante el pasado año, al preparar esta declaración, hemos consultado sobre esta cuestión a ejecutivos jefes de los bancos estadounidenses, a funcionarios del gobierno y a instituciones financieras internacionales, a líderes de los países en desarrollo, a teólogos y a otros expertos y responsables de la formulación de la política. En estas breves reflexiones, tratamos de aplicar los principios morales católicos a este problema con la esperanza de hacer una contribución constructiva al debate más amplio de la cuestión de la deuda».

El trascendental documento pone el dedo en la llaga, «la miseria cada vez más profunda de las víctimas –dice– es oscurecida por una avalancha de datos estadísticos y por la complejidad de las soluciones propuestas. Un fin de nuestra reflexión es dar una faz humana a la realidad y la injusticia que encubren las cifras, los informes y las propuestas –lo que los obispos latinoamericanos nos describieron como “un aro de hierro alrededor del cuello de nuestro pueblo”–. Cuando hablamos acerca de estas consecuencias humanas de la deuda, nos estamos refiriendo a las políticas y prácticas que adoptan los acreedores, los gobiernos y las agencias multilaterales para pagar la deuda; estas políticas y prácticas resultan a menudo un desastre para los seres humanos».

El análisis episcopal no se queda simplemente en la formulación de principios éticos, sino que se basa en la realidad de lo hechos. «Durante la última década, el oneroso servicio de la deuda, que agota los ingresos por exportaciones de los países deudores e impide su desarrollo, fue agravado por pagos de intereses considerablemente elevados, sin un crecimiento económico o reducción significativa del principal… Únicamente en los cinco años entre 1982 y 1987, sólo los países latinoamericanos transfirieron $ 150.000 millones por concepto de intereses al mundo industrializado –el equivalente a dos planes Marshall– mientras que su deuda aumentó en más de la mitad de esa cantidad, pasando de $ 330.000 millones a $ 410.000 millones».

Es tan elocuente el mensaje, intitulado «Llamamiento a la corresponsabilidad, la justicia y la solidaridad», que provocaría transcribirlo íntegramente. En la imposibilidad de hacerlo, señalaré al menos algunas de sus trascendentales afirmaciones.

Está, por ejemplo: «La situación de la deuda puede verse más como un síntoma que como una enfermedad y debiera tratarse como la manifestación de un sistema económico internacional que se está haciendo cada vez más inviable e injusto».

Y esta otra: «Cada banquero al que hemos consultado subrayó que la solución última del problema de la deuda tendrá que ser política, no simplemente técnica o económica. Las políticas de los Estados Unidos y otros gobiernos son centrales para una acción eficaz hacia una solución. Creemos que se necesitan cambios en el sistema económico internacional para aumentar las posibilidades de justicia social y evitar crisis tales como el problema de la deuda en el futuro» (…)

«Aunque reconocemos que las instituciones multilaterales, otros países industrializados y los gobiernos de los países deudores han de participar, naturalmente, en cualquier esfuerzo corresponsable tendente a reducir la deuda del Tercer Mundo, dirigimos nuestras observaciones en esta sección a nuestro propio gobierno y al pueblo norteamericano. Los Estados Unidos siguen siendo una fuerza central en cualquier respuesta eficaz a este problema. También sabemos que la deuda del Tercer Mundo está relacionada con nuestros propios déficits presupuestarios y comerciales. Solidaridad real significa que no podemos aceptar que se exija a los pobres del mundo sacrificarse a fin de mantener el estilo de vida de la gente más adinerada del mundo» (…)

«¿Por qué han de soportar los pobres de los países deudores, que no tuvieron ninguna parte en la decisión de acumular la deuda y que han recibido tan poco o ningún beneficio de ella, el peso mayor de su reembolso?»

«Encarecemos a nuestro gobierno –dicen los obispos– que adopte políticas que ayuden a aliviar la carga de la deuda de los países del Tercer Mundo, debida tanto a los bancos comerciales como al propio gobierno. Lo hacemos principalmente por las razones morales que hemos descrito, aunque también por nuestra preocupación por los propios intereses de los Estados Unidos».

Emociona, a quienes venimos luchando hace largos años por el reconocimiento de la idea de la justicia social internacional, la invocación que de ella se hace en la declaración de los obispos.

«Se reconoce –afirma– que el apartamiento de las responsabilidades nacionales hacia las internacionales entraña nuevos elementos y que las responsabilidades morales para justicia social no se limitan a la sociedad dentro de los países».

Por ello recuerda que Juan XXIII (Mater et Magistra) insistió en el «bien común internacional» y que El Sínodo Mundial de Obispos, en Roma, en 1971, habló de la necesidad de evaluar la economía mundial en el contexto de la justicia social internacional. Este fue precisamente el criterio que utilizó el Papa Paulo VI en Populorum Progressio cuando midió los patrones de las relaciones comerciales contra las normas de justicia.

En un mundo dominado por el egoísmo renace la esperanza, cuando se oye una voz tan autorizada como la de la jerarquía católica de los Estados Unidos, clamando –no tan sólo en lo abstracto sino más aún en lo concreto– por la justicia social internacional.

1990. Febrero, 28. ALA / El Universal: Las equivocaciones en torno al petróleo

Recorte de El Universal del 28 de febrero de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Las equivocaciones en torno al petróleo

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 28 de febrero de 1990.

La aparición del petróleo como fuente principal de producción inició para Venezuela una etapa histórica distinta a todo lo anterior. Mucho se ha escrito aquí acerca del petróleo: sobre sus efectos, no solamente en lo económico, sino en lo político, social y hasta cultural. Inteligencias lúcidas han dedicado buena parte de sus vidas a estudiar la era del petróleo, la transformación del Estado hacia la configuración de un Estado moderno, la influencia que el petróleo ha ejercido en el modo de pensar y ser de los venezolanos, dando la debida importancia, naturalmente, a la investigación de las consecuencias que conlleva tener una economía petrolera y a los conocimientos y competencia técnica indispensables para manejar algo tan íntimamente ligado al existir actual de la nación.

Países hermanos de América Latina no han ocultado cierto sentimiento nostálgico por no tener el potencial petrolero venezolano. En el mundo desarrollado se ha forjado la falsa idea de que Venezuela es un país muy rico, que no tiene derecho por tanto a ningún género de consideraciones. Y cuando hemos participado en el reclamo por un precio más justo, han protestado enérgicamente, se han erigido en supuestos defensores de los intereses de los países en vías de desarrollo que no tienen petróleo y han armado todos los mecanismos posibles para doblegarnos, por el inaudito crimen de demandar una retribución más equitativa por un combustible que hemos aportado caudalosamente al desarrollo de los demás.

Pero no es sorprendente que se haya incurrido con frecuencia en graves equivocaciones. Cuando estudiábamos en la universidad se nos convenció de que el petróleo se iba a acabar en poco más de una generación. Pero lo cierto es que si hace veinte años nuestras reservas probadas estaban en el orden de unos 30.000 millones de barriles, hoy alcanzan a más de 60.000, sin incluir los inmensos depósitos de la Faja del Orinoco, que ofrecen perspectivas superiores a cien o doscientos años más. Y sin contar tampoco los yacimientos de gas, que cada vez se reconocen como una reserva de gran importancia.

Ahora la moda en Venezuela es decir que ya pasó el tiempo del petróleo. Se habla con desenfado de que estamos en la «era pos petrolera». Se afirma que ya el petróleo no es «el padre bondadoso que cubría las necesidades de todos». Y no se repara en que, si se hablaba de riqueza petrolera cuando el barril se vendía a menos de dos dólares, no se le puede restar protagonismo cuando el precio se acerca a los veinte.

No es que el petróleo ya no alcance para sostenernos: es que el gasto público se ha elevado a las nubes. Hace dieciséis años era de 14.000 millones de bolívares y se consideraba demasiado grande; hoy el presupuesto está cerca de los 500.000 millones, y se anuncia la contratación de nuevos empréstitos para hacer obras que en cualquier época habrían sido hechas con recursos de la gestión ordinaria.

A partir de 1974, cuando aumentó el ingreso hasta niveles que no se habían previsto, se contrajeron deudas, por cantidades ofrecidas liberalmente por los bancos con el dinero que les sobraba por el reciclaje de los petrodólares árabes.

Aumentaba nuestra «capacidad de endeudamiento» y aumentaban los préstamos a medida que el petróleo subía. En determinado momento creció tanto que sin ser profetas había que prever una declinación, por mil factores, entre otros porque la carestía estimuló un ahorro sustancial del consumo de energía de los países industriales y, por otra parte, porque el alto valor obtenido impulsó la afanosa búsqueda de nuevas fuentes, ya que las cuantiosas inversiones eran recompensadas por el monto de los hallazgos.

Las deudas contraídas obligaron a adquirir otras, porque había que adelantar y terminar las obras iniciadas; las tasas de interés subieron desconsideradamente, no por efecto de la ley de la oferta y la demanda, sino por la razón política del inmenso déficit fiscal de los Estados Unidos y el hipertrofiado gasto público, alentado por la idea de que los niveles de ingreso iban a ser eternos, nos colocaron en una situación coyuntural que no se supo enfrentar debidamente: se consumieron las reservas internacionales operativas y se consideraron irreversibles los niveles del gasto improductivo. La advertencia prudente que hicimos en la Conferencia de la OPEP, en Caracas, en 1970, que al predecir la mejora sustancial del mercado, aconsejamos que previniéramos las bajas cíclicas que podían presentarse, nadie la tomó en cuenta.

Al presentarse la gran crisis que afectó a los países del Tercer Mundo por causa de la Deuda Externa, los acreedores vieron llegada la oportunidad de volver por sus fueros de dominación universal. El Fondo Monetario Internacional, controlado por ellos, en vez de abrir un camino viable para la solución del problema, impuso a los deudores una vía dolorosa que arranca de la afirmación de que todo lo que hicieron era malo. Alegando que nuestra economía estaba distorsionada han impuesto, en nuestro país y en los países que se encuentran en situación parecida, una verdadera distorsión, una distorsión monstruosa, de la que son víctimas inocentes nuestros pueblos, sometidos a condiciones de deterioro cuyas desastrosas consecuencias darán difícilmente paso a una futura recuperación.

En Venezuela, la superioridad que ha mantenido y mantiene el petróleo en los indicadores económicos impone características especiales que es imposible desconocer. El valor de lo que produce es inmensamente mayor que el de cualquier otro renglón. Los primeros gobiernos democráticos lograron una disminución considerable de su participación porcentual en el producto nacional, no por disminución de su rendimiento, sino por el estímulo dado y el avance logrado en otros sectores; pero el petróleo sigue teniendo un rol fundamental.

Como el Estado es dueño del petróleo, por una tradición originada en el derecho de la Corona de España sobre lo que estaba en el subsuelo, confirmado por Bolívar a favor de la República al realizar la Independencia, el Estado es rico, aunque el pueblo es pobre. El Estado no ha despojado a nadie de lo suyo: al contrario, ha ayudado a los demás con su dinero.

Cuando se le imputa el promover un «capitalismo de Estado», se olvida que el clamor nacional ha sido –y debería seguir siendo– el de que la renta petrolera no se diluya en el gasto corriente, sino que se dedique en buena parte en proyectos de inversión.

Y cuando se consideran elevados los impuestos que cobra el Estado a la industria (alegato que hacían las transnacionales cuando pagaban una miseria y repiten hoy los voceros de la industria nacionalizada) se olvida que esa contribución no es en realidad un «impuesto», sino el precio de una materia que se les da para que la comercialicen, tomada de inventarios que constituyen un patrimonio colectivo.

Al petróleo se le endilgan los peores calificativos, pero no le tocan a él sino, en todo caso, a quienes lo han administrado mal. Afortunadamente, ha habido también quienes lo administran bien.

Hay un apreciable saldo positivo en la construcción de obras de infraestructura de indiscutible utilidad y en la creación de numerosas oportunidades para la educación y la salud, cuyas estadísticas bastarían para calificar favorablemente al sistema democrático, aun cuando se experimenten ahora irregularidades y deficiencias que no son resultado del sistema, sino de la negligencia y de la corrupción administrativa imperantes en los últimos años.

El petróleo nos sigue rindiendo anualmente una cantidad que casi nunca ha bajado de diez mil millones de dólares anuales, lo que no bastaría para llamarnos «ricos», pero alcanzaría para las necesidades indispensables del intercambio si no sufriéramos el agobio de la deuda. Lo que el Estado obtiene de él debe orientarse a la satisfacción de las prioritarias necesidades colectivas y al estímulo de nuevas fuentes de riqueza y trabajo. Porque el petróleo, que nos trae tan ingentes recursos financieros, genera pocas oportunidades de trabajo. Esa industria, tan predominante en nuestra economía, sólo ocupa un 1% de nuestra población activa. Esto hay que repetirlo, para que quienes nos juzgan –adentro y afuera se den cuenta de que allí está el meollo que hay que superar; porque en ello está la clave del desarrollo nacional. Del desarrollo que nos permitirá salir del Tercer mundo y aspirar a ubicarnos decorosamente en el primero.

1990. Marzo, 14. ALA / El Universal: ¿Pinochet en Nicaragua?

Pinochet en Nicaragua
Recorte de El Universal del 14 de marzo de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Pinochet en Nicaragua?

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 14 de marzo de 1990

 

El resultado de las elecciones en Nicaragua constituyó una gran sorpresa para casi todo el mundo. Solamente doña Violeta de Chamorro mostraba una seguridad del triunfo que desconcertaba a quienes hablaban con ella. Pero una encuestadora venezolana (DOXA) también previó los resultados en forma bastante aproximada, y una encuestadora costarricense pronosticó igualmente la victoria de la Unión Nacional Opositora (UNO). Me cuentan que el presidente Oscar Arias, en el entierro de José Napoleón Duarte, el domingo 25 de febrero en San Salvador, también se mostró convencido de que la oposición iba a imponerse sobre el Frente Sandinista.

Pero lo cierto es que ese día, en Managua y en las principales ciudades nicaragüenses, se daba por descontada la reelección del presidente Daniel Ortega y del vicepresidente Sergio Ramírez, con una mayoría absoluta del sandinismo en la Asamblea Nacional. Los sondeos de opinión publicados, hechos por encargo del régimen, no dejaban espacio a la duda. Es posible que muchos de los entrevistados que iban a votar en contra no se atrevieran a responder con sinceridad sino a DOXA y a los costarricenses, por temor a represalias si lo decían a los otros.

A las seis de la tarde, hora del cierre de las votaciones, la sensación general era la de que el gobierno se había salido con la suya. Los primeros minúsculos resultados le daban ventaja y se aventuraba una supuesta proyección en aquel sentido. En la noche, las calles estaban desiertas. Sólo se veía la luz en los sitios en que las J.R.V. (Juntas Receptoras de Votantes) estaban haciendo el escrutinio, acompañadas de los fiscales de los partidos y cuidadas por unos policías vestidos de civil y aparentemente desarmados.

El conteo de las papeletas era un poco lento cuando se trataba de varios centenares de electores, porque habían votado en tres urnas diferentes: una para Presidente y Vicepresidente de la República, otra para miembros de la Asamblea y otra para Alcaldes y Concejos Municipales. Hasta no terminar de escrutar las tres, tenían orden de no suministrar informaciones, aunque siempre se filtraban para los observadores los resultados que se iban obteniendo. Una cosa era clara: la polarización era absoluta. El presidente de la Junta iba cantando los votos: «Uno, uno, uno», «cinco, cinco, cinco» (el 5 era el número de la plancha oficial). Poquísimos para los otros.

A media noche, después de recorrer varios recintos electorales, unos en sectores de clase media acomodada, otros en sectores periféricos y otros en barrios marginales, teníamos la impresión de que una ligera mayoría iba favoreciendo a los opositores, pero no nos atrevíamos todavía a suponer la rotundidad del resultado.

Estoy convencido de que el primer sorprendido por los cómputos finales fue Daniel Ortega. Había estado tan seguro de su triunfo, que había extremado todas las facilidades para que los observadores pudieran tener plena confianza en que no había fraude. Fraude no lo hubo, en verdad, ni habría podido consumarse, dadas las garantías de que se revistió el proceso electoral; lo que algunos temíamos era el ventajismo, indudable y hasta inevitable, de un régimen que había manejado durante diez años el país en todas sus manifestaciones y que tenía en sus manos el control de un numeroso ejército, de todos los funcionarios públicos y de los cuerpos electorales (con representación muy minoritaria de la oposición) lo que podía impedir que expresara con libertad la voluntad de los ciudadanos.

Quien recorría las calles y carreteras de Nicaragua el día mismo de las elecciones observaba una abrumadora y costosísima propaganda sandinista (los postes de alumbrado decorados con largos estandartes bicolores, las pancartas y afiches proclamando las consignas gubernamentales, las paredes pintadas con letreros a favor de Daniel y Sergio y, algo más, la escasa propaganda de la UNO rota y desfigurados sus letreros). Parecía temerario enfrentarse a tal dominio.

Los voceros se deleitaban repitiendo que no había habido en el mundo una elección más fiscalizada, desde el inicio oficial de la inscripción de los votantes y a lo largo de toda la campaña. Estaban seguros de que el Hemisferio tendría que rendirse ante el abrumador apoyo popular.

Al terminar el escrutinio, en cada J.R.V. se levantaban varios ejemplares del acta, suscrita por los miembros de la Junta y por los fiscales de los partidos. Cada uno de éstos debía conservar un ejemplar, y sendas copias autografiadas se entregaban de inmediato a los representantes del grupo de observadores de la ONU, del grupo de observadores de la OEA y del grupo de observadores del Consejo de ex Jefes de Estado vinculado al Centro Carter. Era imposible, pues, desconocer los resultados.

En la madrugada, cuando se vio clara la decisión del pueblo nicaragüense, se vivieron horas de gran expectación. Antes se había anunciado que el presidente Ortega pronunciaría un discurso por los medios audiovisuales a las diez de la noche. De hecho, vino a hablar, con visible emoción, a las seis y media de la mañana. Entre tanto, se habían reunido con él, por una parte, los dirigentes del Frente Sandinista, y por la otra, el secretario general de la OEA, Baena Soares, Elliot Richardson, representantes del secretario general de las Naciones Unidas (quien desde octubre venía insistiendo ante el escepticismo de muchos norteamericanos en que las elecciones serían muy limpias), el ex presidente Jimmy Carter, vocero del Consejo de ex Jefes de Estado («primus inter pares»).

Ortega convino en que lo procedente era reconocer la derrota. Y lo hizo con dignidad. Su discurso contuvo los puntos que en el diálogo con aquellos se habían concretado como los que la opinión pública nacional y hemisférica quería escuchar. Ellos mismos lo acompañaron en la tarde del lunes a visitar a la presidenta electa, visita que tuvo una repercusión mundial y cuya imagen, traducida en la foto del abrazo que Daniel y Violeta se dieron, simbolizó la mejor esperanza de reconciliación interna y de paz en el área.

Hasta aquí era fácil pensar en cierta semejanza con lo ocurrido en Chile. El general Pinochet también fue a elecciones, reconoció la victoria de la oposición y se manifestó dispuesto a entregar. Por supuesto, no hubo abrazo, ni un «yo te quiero mucho», pero sí se dieron las manos y asumió con decoro la derrota.

La semejanza, sin embargo, continuó después. Porque Pinochet no quiere resignarse a que el presidente Aylwin ejerza sin restricciones una de sus más delicadas funciones, la de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Aprovechó el intermedio entre la elección y la trasmisión de mando para legislar en forma ventajista. Designó o hizo designar a dedo un número de Senadores suficientes para arrebatar la mayoría a los vencedores aunque, como era previsible, hubo votos de electos en la corriente pinochetista que decidieron patrióticamente sumarse a la coalición triunfadora, lo que tuvo su primer resultado en la elección de Gabriel Valdés para presidir el Senado, y estuvo hasta el último día dictando «leyes» tendentes a atarle la mano al nuevo Gobierno.

Ortega, por su parte, hizo anuncios apocalípticos para el caso de que Violeta de Chamorro se atreviera a desmontar el aparato revolucionario o a desmovilizar el Ejército Popular Sandinista de Liberación.

Olvidaba que el pueblo votó contra él, precisamente, por no estar de acuerdo con el modo de gobernar de «los Nueve Comandantes», que han sido un verdadero poder superconstitucional.

Nicaragua tiene un inmenso ejército, cuyo tamaño sólo se justificaba por la guerra civil. Terminada ésta, no hay razón para que el país siga soportando el peso de su maquinaria bélica. «Los Nueve Comandantes» ya no pueden seguir ejerciendo el mando absoluto. Y por cierto, las exigencias de la elección presidencial hicieron forzosamente destacar a uno de ellos sobre los demás. El sandinismo tiene que transformarse radicalmente para dar nacimiento a un partido de oposición democrática y a su candidato le toca un rol fundamental en la tarea.

Es grave el error de Pinochet de pretender mantenerse en el poder. Su obstinación puede traer graves dificultades a Chile. Sería también grave el error del Sandinismo, si pretendiera perpetuarse a pesar de haberse sometido a un referéndum popular y haber aceptado el dictamen negativo. Empeñarse en lo otro sería entrar en un camino sembrado de obstáculos.

Las loas que en todos los tonos y en todos los lugares se cantan a la actitud del presidente Ortega por reconocer el veredicto del 25 de febrero, deben estimularlo a no dar marcha atrás en el proceso de normalización de su país, así como los ataques de toda índole que se propinan al general Pinochet, aunque de signo contrario, deberían conducir en Chile a una situación normal.

La estada, aunque muy breve, del presidente de Nicaragua en los actos de iniciación del gobierno del nuevo presidente de Chile, deberían contribuir a aclararle definitivamente la reflexión que debe estar haciendo. No para seguir los pasos del atacado y vulnerado Pinochet, sino para convencerse de que ese no es el rumbo que debe tomar. No debe regresar con el propósito de llevar pinochetismo a Nicaragua, «sino todo lo contrario».

1990. Abril, 4. ALA / El Universal: Las dificultades de Gorbachov

Gorbachov
Recorte de El Universal del 4 de abril de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Las dificultades de Gorbachov

Artículo escrito para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 4 de abril de 1990.

 

El mundo entero vive pendiente de las noticias sobre el proceso abierto por la perestroika en la Unión Soviética. Quienes no regateamos reconocimientos a Mijaíl Gorbachov (o Gorbachev, como se escribe en inglés y apareció en la primera edición de su libro) nos sentimos obligados a llevar el pulso de la situación y a desear que los éxitos obtenidos hasta ahora se consoliden, pues sería catastrófico el que ese audaz y valeroso proyecto político desembocara en el fracaso.

Las dificultades que ha tenido y tiene que enfrentar Gorbachov son muchas, pero indudablemente las de mayor entidad son de tres órdenes: político, económico y, podría decirse, constitucional o estructural.

Creo que el problema político, aunque delicado, es aparentemente el menos difícil de superar. Debe haber fuerte resistencia en quienes se acostumbraron a un régimen férreo durante setenta años y aprendieron a defenderlo y proclamarlo como el desiderátum para la humanidad, pero hay que creer que cuando la perestroika se lanzó no era solamente el ambicioso y arriesgado proyecto político de un líder, sino la expresión de un profundo y caudaloso sentimiento popular. El líder, a mi juicio, no expresó simplemente algo que él deseaba: manifestó algo que su pueblo quería, desesperado con la vida insoportable que llevaba bajo un régimen inhumano.

No me parece sensato pensar que Gorbachov haya abjurado de su ideología. La lectura de su «Perestroika» lo revela como un comunista maduro, que se ampara en citas de Lenin para justificar sus decisivas críticas. Es muy arriesgado juzgar cuál es en la actualidad su pensamiento: pudiera ser que su posición es la de un comunista democrático, es decir, la de uno que piensa que se pueden perseguir los objetivos sociales y económicos del marxismo-leninismo abjurando de la dictadura del proletariado, llevando la lucha de clases a un terreno compatible con la convivencia pacífica, aceptando un cierto grado de propiedad privada y de mercado  y tolerando –quizás hasta estimulando– la expresión de ideas religiosas como sostén de la moralidad y de los valores del espíritu. ¿Absurdo? Podría ser; pero podría ser también que en él se esté gestando un revisionismo novedoso, interesado en no romper de raíz el pensamiento de Marx y de Lenin.

Sea como sea, lo cierto es que su determinación ha permitido al pueblo ruso disfrutar de una libertad que nunca tuvo. Al mismo tiempo, sin acrimonia ha permitido que los pueblos de Europa del Este hayan abierto campo a sus deseos y sentimientos. Además –y no es lo de menos, sino quizás lo de más importancia– se ha propuesto demostrar que su propósito de contribuir al desarme es sincero, que la idea de la guerra está ausente de sus planes futuros y que desea ardientemente poder dedicar al bienestar de su pueblo buena parte de las cuantiosas partidas presupuestarias que se están gastando en el aparato militar.

Los adversarios del programa político están, como siempre sucede, ubicados en dos extremos: el que rechaza las peligrosas innovaciones y el impaciente quejoso de que no se llevan adelante con mayor velocidad y fuerza. Estos últimos parecen mostrarse más que los otros, por la sencilla razón de que la corriente dominante es la que favorece el cambio y no la que desea la marcha atrás.

Pero, si el problema político aparece dominado y el líder cada vez más fortalecido, las dos dificultades más serias que tiene que vencer son la situación económica y el sentimiento nacional en las provincias del Imperio.

La situación económica, según todos los indicadores, es mala. El control absoluto de la economía que el comunismo ha practicado durante largo tiempo ha tenido resultados negativos. Pero lo más delicado es que las medidas que tímidamente se toman no parecen mejorar la situación sustancialmente. En este aspecto, la actitud que adopte el Occidente es clave. Si los países occidentales –y el Japón– no se deciden a meter la mano en su ayuda, hay el peligro de que todo lo que envuelve la «perestroika» pueda colapsar. Y no está ausente el temor de que los organismos financieros internacionales, para ofrecerle contribuir a la salida de la crisis, se empeñen en la imposición de las recetas fondomonetaristas que tanto costo social han representado para los países del tercer mundo, y que aplicadas en la URSS podrían generar una explosión de magnitud inimaginable.

Tenemos confianza, sin embargo, en que este serio obstáculo será superado; y quizás veremos algo que se viene preparando en el tiempo: una especie de arreglo entre el ímpetu productivo del capitalismo y el programa distributivo del socialismo. No sé por qué hay empeño en ignorar que en cierta medida esta transacción entre la riqueza y el bienestar social se busca en los países europeos que practican la economía social del mercado: ponen en el mercado el estímulo a la riqueza, pero dedican buena parte de ésta a la atención de lo social.

La otra grave dificultad del señor Gorbachov es el sentimiento nacional que hace eclosión en las provincias del Imperio o, si se quiere decirlo en forma más prudente, en las repúblicas asociadas a Rusia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las pequeñas naciones bálticas Lituania, Estonia y Letonia, son las primeras, en ese orden, en manifestar el deseo de sus pueblos de recuperar la soberanía de que fueron privadas por el pacto militar Riben-tropp-Molotov. Pero luego siguen Ucrania y Armenia y, paralelamente, las repúblicas de cultura musulmana, alentadas por la Revolución Islámica que Khomeini implantó en Irán.

Desconocer ese sentimiento nacional, oponerse violentamente a su expresión, podría significar un golpe de muerte para la perestroika. Aceptar francamente la justificación de sus aspiraciones podría destapar en el seno de las jerarquías militares y políticas una reacción incalculable. El Ejército Soviético puede mantenerse silencioso, como un convidado de piedra. Pero olvidar su existencia podría conducir a un grave error de cálculo. Es de suponer que el líder haya tenido permanentemente en consideración el manejo de esta institución, tan poderosa y que tanto ha influido en la política interna de la URSS.

Venezuela, como un país cuya presencia en el concierto de las naciones está inseparablemente unida a una personalidad histórica cuyo cognomento es «El Libertador», ha dado siempre su consecuente simpatía y apoyo moral y político a los pueblos que luchan por su independencia, sin distinción de etnias y ubicación geográfica. Es ser consecuentes con nosotros mismos simpatizar con las aspiraciones de esos pueblos a su independencia. No podemos, sin embargo, cerrar los ojos ante la embarazosa situación en que sus anhelos colocan a Gorbachov en este preciso momento. Enviar al Ejército a la capital lituana recuerda la actuación tradicional. Cuando estoy escribiendo este artículo siento, como muchos otros, la angustia de que la ocupación militar soviética pueda ceder a la tentación de usar los viejos métodos. Sería terrible. A cada momento muchos estamos cruzando los dedos para desear que no recaiga el líder de la perestroika en la dolorosa historia de la dominación violenta.

La imaginación, desplegada hasta ahora con inesperado éxito, tiene que encontrar una fórmula a través de la cual se reconozca el derecho de esos países al autogobierno y les garantice la seguridad de decidir definitivamente su destino dentro de un término conveniente. Por otra parte, es lógico que esas repúblicas no pondrían ninguna objeción a celebrar tratados que cubran la seguridad militar de la URSS contra cualquier peligro futuro, que contamos no se va a presentar.

Las dificultades de Gorbachov las está sintiendo como suyas todo el mundo libre. Superarlas será la culminación de un proceso que ha abierto grandes esperanzas en los albores del siglo XXI.

1990. Abril, 18. ALA / El Universal: La transferencia del poder

tansferencia del poder
Recorte de El Universal del 18 de abril de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La transferencia del poder

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 18 de abril de 1990.

 

En la reunión inaugural del Centro Carter, en Atlanta, en noviembre de 1986, un distinguido politólogo argentino, Guillermo O’Connell, del Helen Kellog Institute (Universidad de Notre-Dame) y del Centro Brasilero de Análisis y Planificación, presentó una ponencia sobre transiciones hacia la democracia, insistiendo en lo importante de la distinción entre las que ocurren por colapso y las que se realizan «por transacción».

Muchas veces he reflexionado acerca de esta diferencia. Es cierto. La situación es distinta cuando se pasa de la autocracia a la democracia como consecuencia del colapso de aquélla y cuando el cambio ha sido resultado de un consenso o, como dice O’Connell, de una transacción.

En Venezuela, en 1958, la dictadura colapsó, y las fuerzas políticas que sustentaban la democracia encontraron el camino libre. Las medidas retaliativas pudieron reducirse a un mínimun y a la organización del Estado democrático se pudo dar forma a través de una nueva Constitución. La ventaja mayor estuvo en encuadrar las Fuerzas Armadas dentro de la nueva situación. Eliminando el «cogollito» militar, sobre el cual recaía la responsabilidad de un pasado por liquidar, los integrantes de la institución armada pudieron incorporarse al orden democrático, aceptar las nuevas reglas y convertirse en lo que, por su propia índole  y por el deseo profundo de sus integrantes, tenían que ser: el sostén de la Constitución y de las leyes y el garante de la soberanía nacional.

La otra forma de transición es más difícil. En ocasiones ha sido resultado de laboriosas negociaciones, como ocurrió en Uruguay. A veces, las negociaciones no han sido expresas: ha habido una especie de consenso implícito, en el fondo del cual se supone que los responsables de la nueva orientación quedan comprometidos a guardar ciertas consideraciones y mantener ciertos límites de comportamiento en relación a los anteriores titulares del poder.

El problema surge cuando éstos, vale decir, los que han ejercido el mando, se siguen sintiendo en posesión de ciertos derechos fundamentales y no se resignan a desprenderse de ellos, lo que puede envolver el desconocimiento de los atributos que al nuevo régimen corresponden porque tienen su fuente en la voluntad del pueblo.

Ello es lo que, a juicio de algunos observadores imparciales, está ocurriendo en Chile y en Nicaragua. Realizada o por realizarse la transferencia formal del gobierno, los antecesores (a quienes hay que reconocer el mérito de haberse atrevido a someterse al voto popular) pretenden reservarse una parte de la potestad gubernativa y se resisten a admitir que la voluntad de los votantes fue evidentemente la de que se cambien las cosas y que aquellas limitaciones que la contrarían no tienen justificación.

No siempre ha ocurrido eso antes. Cuando el presidente Lanusse, en la Argentina, en 1973, cumplió su promesa de garantizar elecciones libres y de entregar el mando a quien resultara vencedor en los comicios, lo transfirió sin reservas de ninguna especie. Y, por cierto, tuvo que soportar de inmediato una reacción desmedida en su contra, sin abonársele el mérito de su actitud y señalándosele como responsable de todo lo que había ocurrido durante el régimen de facto que concluyó entonces (para reaparecer desgraciadamente más tarde), al poner en el pecho del presidente Cámpora la banda presidencial.

En cambio, en Chile, el presidente Pinochet se aferra a mantenerse como comandante del Ejército, en virtud de una de las disposiciones constitucionales de su régimen; y ejerciendo la función legislativa que asumió en el régimen de facto, hizo dictar normas que contrarían la voluntad popular expresada en dos consultas plebiscitarias, como son la de nombrar a dedo cierto número de parlamentarios adicionales con el propósito de invertir la correlación de fuerzas en el Congreso y la de aceptar reglas tendientes a menoscabar las atribuciones del Jefe de Estado como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y las de pasar al Ejército el control de la Policía Secreta. Con ello se ha tratado de instituir una bipolarización del mando, mantener al lado del poder constitucional surgido de la soberanía nacional otro poder subyacente o concomitante, construido durante el tiempo del absolutismo, al cual, sea cual fuere el juicio que se le dicte, el pueblo chileno demostró su determinación de considerarlo definitivamente concluido.

Algo parecido ocurre en Nicaragua. En días pasados preguntaba si había aparecido una especie de «pinochetismo» en esa hermana nación centroamericana, a pesar de la lejanía geográfica y de la distancia ideológica de los regímenes respectivos. El comandante Daniel Ortega cumplió su ofrecimiento de elecciones limpias e hizo buena su palabra de reconocer la victoria de sus adversarios, en caso –que creía imposible– de que ésta se produjera. Su comportamiento ante el resultado de los escrutinios es merecedor de aplauso (como también lo fue el de Pinochet) y hasta puede entenderse el encomiástico entorno de alabanzas que se la han tributado y que se le han negado al General.

Ortega se está convirtiendo en un «enfant gaté» de círculos considerables de opinión latinoamericana y europea. Al 40% de sufragios por el Frente Sandinista se ha atribuido una valoración que se ha negado al 40% pinochetista (son números redondos). Pero existe un compromiso muy grave que pareciera tratar de eludirse: las elecciones de Nicaragua fueron un verdadero plebiscito, y ya antes hemos dicho que el voto mayoritario no fue solamente por elegir a una persona que bien lo merece, doña Violeta de Chamorro, sino por rechazar un sistema de gobierno impuesto durante diez años por los Nueve Comandantes. El pueblo no votó sólo contra el candidato Ortega: votó contra la horma política dentro de la cual lo habían mantenido férreamente, con resultados económicos, sociales y políticos que tuvo el coraje de repudiar. El mismo 40% obtenido por el Frente habría que evaluarlo a posteriori, ya que buena parte de los electores obró bajo una presión que descaradamente se ejerció sobre él, no sólo al final del proceso, sino durante toda una década.

Hay dos aspectos en la situación nicaragüense que me parecen de extraordinaria significación: uno, el relativo a la Constitución sandinista. La Constitución no fue, sin duda, resultado de un consenso; fue imposición de las concepciones ideológicas de la Revolución Sandinista, moderadas necesariamente en lo formal por la fuerza de las circunstancias. La mayoría de los vencedores en los comicios del 25 de febrero deliberadamente se abstuvo de participar en la elección de la Asamblea Nacional que asumió funciones de Constituyente.

Y en cuanto al Ejército, es indudable que convertirlo en una fuerza razonablemente modesta, comprometida al servicio de la nación y no de una corriente política, es una de las necesidades prioritarias para el porvenir de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Su volumen actual es muy grande para una nación pequeña y su costo muy elevado, lo que sólo se podrá explicar por la situación de guerra en que se encontraba el país. Hecha la paz, o abierta francamente la vía para afirmarla, no puede pretenderse que la nación y su gobierno democráticamente electo carguen con el peso enorme de su sostenimiento y con el riesgo permanente de una fuerza armada comprometida con un partido de oposición.

La inteligencia que el presidente Ortega mostró en el momento de la derrota debe ayudarlo a comprender que debe acatar la renovación institucional. Quienes le han brindado elogios y apoyos en América Latina y en Europa tienen la obligación de inducirlo a llevar por buen camino la transferencia efectiva del poder. Los Estados Unidos, por cierto, tienen también un compromiso muy serio con el pueblo nicaragüense.

Ayudar noblemente a la señora Chamorro a salir avante en su grave y complejo empeño es una prioridad moral y política que no se puede descuidar. Es indispensable que todos entiendan que sería una traición y una burla el convertir la trasmisión del mando en una ceremonia de opereta, porque el 25 de febrero hubo un pronunciamiento definitivo de un pueblo que no se puede eludir ni falsear.