1991. Abril, 3. ALA / El Universal: La Gran Sabana

Pedro León Zapata dibuja a Rafael Caldera en la Gran Sabana
Zapatazo del 1 de abril de 1997, en el que el caricaturista Pedro León Zapata hace referencia a los consecuentes viajes de Rafael Caldera a la Gran Sabana en tiempos de Semana Santa.

La Gran Sabana

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 3 de abril de 1991.

 

Vengo de pasar la Semana Santa con mi familia, como todos los años, en la Gran Sabana. Es incomparable la sensación que inducen en el espíritu, sustraído del incesante fragor de la ciudad, aquellas dilatadas extensiones, con sus valles y suaves colinas, ornadas por la majestad de sus tepuyes y arrulladas por la frescura de las aguas que por todas partes las cruzan. Un clima extraordinariamente benigno y una población dispuesta a la amistad hacen que los días transcurran velozmente y dejen en el alma el sabor de una armonía fecunda entre el ser humano y la naturaleza.

Kavanayén es una muy pequeña población construida por los indígenas bajo la conducción esforzada de unos misioneros increíblemente capaces de servir. El paisaje es arrobador. La misión, dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús (eran los tiempos en que había más que fervor, amoroso entusiasmo por la dulce santa de Lisieux, canonizada en 1925), tiene una hermosa fachada de piedra, y de piedra se visten también las humildes casas de sus habitantes. Es una comunidad integrada; tiene, como toda comunidad humana, sus problemas, pero los resuelve pacíficamente.

La Gran Sabana es hoy un municipio autónomo. Tiene 46.000 kilómetros cuadrados, más del doble que los estados Miranda, Aragua y Carabobo juntos. De esa vasta superficie fluye el agua que por mil diferentes conductos y a través de impresionantes saltos va a reunirse al Caroní, donde la tecnología moderna y una ininterrumpida política del Estado democrático la hace producir energía para toda Venezuela.

La actividad oficial nunca ha faltado, pero no ha sido coherente ni continua. Ni suficiente tampoco. La carretera que la une con el resto del país estuvo muchos años haciéndose: fue en febrero de 1973, para realizar el histórico encuentro con el presidente del Brasil, cuando pude hacer por vía terrestre el completo recorrido en autobús, acompañado de los representantes diplomáticos acreditados. Entonces inauguré la estatua del Libertador en la Plaza Bolívar de Santa Elena, una residencia construida para que los altos dignatarios nacionales no tengan pretexto para no visitar la zona (de arquitectura cónsona con el ambiente y construcción modesta, pero confortable), y la pista de un nuevo aeropuerto, mejor y menos peligroso que el primitivo, aunque ya insuficiente, por lo que será seguramente reemplazado por otro que tendrá las condiciones requeridas por las nuevas realidades.

Rafael Caldera en la Gran Sabana en 1947
Rafael Caldera de visita en la misión de Santa Elena de Uairén, la Gran Sabana, durante la campaña presidencial de 1947.

Actualmente, la carretera está toda asfaltada hasta la frontera con Brasil. El compromiso que hicimos ambos presidentes fue el de completar la pavimentación, que empalmará a Brasilia con Caracas: Venezuela cumplió su parte, pero al lado de Brasil hay todavía largos trechos en condiciones poco satisfactorias. Edelca le da su mano a la sabana; el ministro Sucre Figarella consideró su mayor compromiso el asfaltado de la vía. Pedevesa ha ayudado en algunas iniciativas útiles.

El mantenimiento es una preocupación fundamental para el alcalde del municipio, electo por votación popular, Carlos Julio Massero, nacido en la sabana y casado con una hija del fundador, Lucas Fernández Peña. Sabe que la naturaleza es agresiva y que, si no estuvieran pendientes de cuidar las vías, quitar la maleza y promover la siembra de gramíneas en los bordes de la carretera, se correría el riesgo de perderla. Tiene muchos proyectos en marcha y ya, en un año, el resultado de su gestión se evidencia en variados aspectos. Santa Elena cobra una fisionomía cada vez más hermosa. Luce limpia y señalizada como cualquier ciudad importante y tal vez mejor que muchas de alto rango. Trabaja en perfecta armonía con el prefecto, almirante retirado Daniel Gámez Calcaño, quien decidió hace unos cuantos años irse a vivir a la sabana, con el obispo monseñor Mariano Gutiérrez y demás misioneros, y con los demás funcionarios del área.

En Santa Elena hay liceo y hospital. En las distintas misiones hay institutos de enseñanza; no solamente elemental, sino, en algunas, técnica metalúrgica y agrotécnica. El personal docente, laico y religioso, es graduado en normales institutos pedagógicos y universidades; he encontrado a indígenas que han hecho estudios de postgrado y enseñan a su propia gente. Me atrevería a afirmar que entre los habitantes de hasta cincuenta años de edad no existe el analfabetismo. Y no dejan de usar y cultivar su propio idioma como elemento que con orgullo guardan de su identidad étnica.

Rafael Caldera en la Gran Sabana 1972
Rafael Caldera, bañándose junto a sus hijos, durante una gira presidencial a la Gran Sabana, el 29 de marzo de 1972.

El problema principal es el de crear oportunidades de trabajo. Hasta ahora muchos se sostienen porque prestan servicios a entes públicos, bien en la educación, bien en las actividades de vigilancia y conservación de bosques y aguas o en otros menesteres. El indígena vivía tradicionalmente de sus pobres conucos; ha costado trabajo erradicar su costumbre de realizar quemas por todas las partes por donde se movía. Edelca ha tenido una estación experimental para ensayar los cultivos más convenientes. Pero no sé por qué no ha obtenido todo el resultado necesario. Cuando uno conoce la experiencia de la Sabana de Bogotá piensa que tal vez el cultivo de las flores podría ser una actividad productiva en lo económico y en oportunidades de trabajo: ésta y otras posibilidades habría que abordarlas de lleno.

El turismo debería ser la gran fuente de ingresos para la población indígena. Está aumentando en forma irregular la afluencia de turistas, y aparte las dificultades que plantea, produce daños ecológicos y perturbaciones ambientales. Durante mi administración fue declarada la sabana parque nacional (excluyendo áreas fronterizas por razones de seguridad). Ese parque nacional merece una ley especial, que coordine las necesidades y prospectivas de los núcleos poblados con la conservación del agua y de los suelos. En todos los países del mundo los parques nacionales los disfruta la población en general, pero se los atiende y regula cuidadosamente. Paradores turísticos en forma de churuatas, en los sitios más frecuentados, dotados de servicios sanitarios adecuados y atendidos por familias indígenas, serían de gran beneficio para todos.

Se ha creado una autoridad Gran Sabana, que está empezando sus tareas, las cuales requieren la coordinación de los veinte y tantos organismos oficiales que allí confluyen. Esa autoridad debería tener el nivel de un comisionado presidencial. Por lo demás, las Fuerzas Armadas cumplen un gran papel y prestan auxilios de toda índole. Tienen su sede principal en Luepa, La Ciudadela, donde está el Batallón de Infantería Mariano Montilla. El Monumento al Soldado Pionero, obra del finado escultor Santiago Poletto, rememora el esfuerzo que cumplió la ingeniería militar al participar en la construcción de la carretera. La Guardia Nacional cuida las fronteras: es importante que sus oficiales interpreten su responsabilidad sin arbitrariedades. En este orden de cosas, ha habido indudable progreso. El intercambio con los brasileños, que con frecuencia vienen del otro lado a visitar la sabana, se ha ido haciendo más natural y amigable.

Tendría tanto, tanto más que referir. Pero concluyo diciendo encarecidamente a mis lectores: no olviden que en la Gran Sabana tiene Venezuela una de las porciones terrestres más bellas del mundo. Cuidarla es nuestro deber; amarla, una necesidad; quien llega a conocerla no lo podrá evitar.

Rafael Caldera en la Semana Santa de 1998, la Gran Sabana.
Rafael Caldera junto a Alicia y dos de sus nietos, de visita en Kanavayén, en la Semana Santa de 1998.

1991. Abril, 17. ALA / El Universal: El japonés y la ley

El japonés y la ley
Recorte de El Universal del 17 de abril de 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El japonés y la ley

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 17 de abril de 1991.

 

Con un despliegue digno de mejor noticia, los principales diarios abrieron sus primeras planas, a cuatro columnas, con la información de que un caballero japonés, de nombre Tacuya Nagami, director no presidente, de la empresa Kobe Steel, había arremetido en Nagoya, en un seminario celebrado con motivo de la reunión de directores del Banco Interamericano de Desarrollo, contra nuestra Ley Orgánica del Trabajo.

Según se informa, el señor Nagami dijo que esa ley «potencialmente atrasará y pondrá en dificultades al gobierno del presidente Pérez, en las reformas e implementación del programa general de reformas económicas, y particularmente en la necesaria política de privatización oficial». La nueva ley, según él, «es retrógrada y populista», «un retroceso frente al reto de los avances económicos desarrollados por la actual administración (sic)».

Dijo Nagami que «infortunadamente Venezuela sufre del típico síndrome latinoamericano de políticas populistas, un permanente intervencionismo burocrático (“a pesar de los esfuerzos de la administración actual, dominada por tecnócratas, por impulsar políticas económicas destinadas al desarrollo del país”), sindicatos con poderes dentro de las empresas y un sector privado protegido por políticas de sustitución de importaciones, factores éstos que impiden que Venezuela logre su verdadero potencial económico».

¡No dejó a salvo a nadie! Ni Fedecámaras, porque debemos suponerla vinculada a ese sector privado protegido por políticas de sustitución de importaciones, que a lo mejor se pregunta si Japón no inició su industrialización precisamente por la sustitución de importaciones, hasta que pudo ponerse de quién a quién con los industrializados de occidente. Por supuesto que me tocó también mi parte, ya que –dijo– «el síndrome se vuelve a presentar en 1989, con la introducción de una retrógrada Ley del Trabajo, instigada por un ex presidente». Menos mal que elogió las «amplias reservas en recursos naturales renovables y no renovables» de Venezuela, y reconoció «su estable democracia que cumple ya 30 años» (supuestamente esa democracia ha vivido por generación espontánea y no es mérito de nadie su existencia).

A la lectura de la información, cuya divulgación habría tenido que ser naturalmente la estampida de los potenciales inversionistas extranjeros de nuestro país, traté de indagar quién es el señor y cuál la situación de los trabajadores de su país, que le hacen considerar retrógrada y populista a la Ley Orgánica del Trabajo. Lo que hasta ahora sé es que tiene «vasta experiencia como inversionista extranjero en Venezuela», que su empresa está construyendo una planta de pellas en Guayana y que el nombre de la referida empresa ha aparecido alguna vez en comentarios relacionados con ese «intervencionismo burocrático» a que él hizo referencia, que por cierto nada tiene que ver con la legislación del trabajo. Por supuesto, como buenos inversionistas, los señores de la Kobe Steel disfrutan de materia prima barata, electricidad subsidiada y mano de obra modestamente remunerada. ¿Qué más pueden pedir?

Pero, ¿cuál es la situación laboral en Japón? Su intervención me llevó a revisar un material que recibí el año pasado, por conducto de la Embajada de Venezuela, del 5º. Congreso Regional Asiático en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrado en Tokio, en marzo de 1990. No me fue posible asistir a tan importante reunión –aun cuando lo deseaba vivamente–, pero tengo las ponencias y un material informativo adicional sobre salario, condiciones de trabajo y otros aspectos en el país de origen del señor Nagami.

Para 1986, en la ciudad de Tokio, el salario promedio mensual era de 364.631 yens, que al cambio actual, fluctuante alrededor de 135 yens por dólar, equivale a unos 2.700 dólares; a Bs. 55 por dólar llegaría a cerca de Bs. 150.000 por mes. A este salario se agrega un bono de verano y un bono de invierno, que equivalen más o menos a un 50% más, con lo que alcanza a más de Bs. 200.000 mensual. El promedio de horas de trabajo fue de 170,5 por mes, o sea 7,9 por día; y el número de días trabajados por mes, de 21,4. Desde 1980, la tasa de incremento salarial ha sido siempre superior a la tasa inflacionaria.

La ponencia nacional japonesa, del profesor F. Komiya para el Congreso Asiático, sobre los «procedimientos de despido y los beneficios a la terminación de la relación laboral» tiene cosas interesantes. Empieza por afirmar algo muy conocido, pero muy singular: que «la relación normal para los empleados claves en las compañías japonesas es el empleo vitalicio». «La expectativa de un empleo vitalicio en los empleados regulares está de hecho apoyada en la ley. Además de diversas previsiones legales, una regla que hace nulo el despido injustificado ha sido desarrollada por los tribunales, aplicando el principio de ‘abuso del derecho’ del Código Civil».

Las reglas laborales (shug-yo kisoku) han sido fuente de amplias interpretaciones. Los tribunales «han privado de efecto los despidos sin las justas causas estipuladas en los contratos colectivos. Ha anulado también los despidos hechos sin consulta a, o consentimiento del sindicato». «La Corte Suprema confirmó el criterio de los tribunales de que la renovación automática de los contratos por tiempo determinado los hace sustancialmente contratos de duración indeterminada». Las «comisiones de trabajo», que conocen de casos de despido, «normalmente dan como remedio la orden de reinstalación con pago retroactivo, y a menudo incluyen la orden de que el empleador expida un anuncio en el cual declare que él ha cometido una práctica laboral incorrecta y no la cometerá nuevamente».

En cuanto a la indemnización por terminación de la relación de trabajo, es variable. «Por ejemplo, un trabajador masculino, con un grado de bachiller, que trabajó por más de 35 años para el mismo empleador y se retiró a la edad de retiro, obtiene un promedio de 44,4 meses de pago como alocación de retiro». Además, recibe los beneficios de vejez: «los empleados de empresas privadas están amparados por la Pensión Nacional de Seguro y por la Pensión de Seguro de Empleados, conjuntamente».

¿Qué se proponía con su desplante el señor Nagami? En todo caso, la alarma provocada por su intervención no produjo los esperados efectos destructivos. Al día siguiente, la prensa venezolana abundó en noticias contrarias al efecto temido. Se leían, por ejemplo, estos titulares: «Japón y Corea interesados en invertir en Venezuela» (Economía Hoy); «Japón incrementa inversiones» (El Nacional); «Mil millones de dólares invertirán Reynolds y Mitshubishi en planta de aluminio» (El Universal).

Por otra parte, la ministra de Fomento informó «que su presencia en Japón y Corea tiene la finalidad de atender un conjunto de solicitudes formuladas por distintos consorcios industriales, los cuales quieren concertar con el Gobierno posibilidades de inversión extranjera en las áreas de calzado, aluminio, plástico, desarrollo agropecuario, automóviles, biotecnología, pulpa y papel, cemento y explotación de recursos naturales renovables»; y aclaró: «En cuanto a la Ley del Trabajo, les he informado a los empresarios japoneses que el mayor sobrecosto (sic) de este nuevo instrumento jurídico  es el referente a las prestaciones sociales, el cual será tratado en una ley especial que permitirá la liquidación anual y no acumulativa como hasta ahora».

Parece que con lo expuesto, por ahora, basta para que se calmen las alarmas que pudo provocar, con tanta resonancia en los medios informativos, el señor Nagami. Para complemento, en estos mismos días se informa que en Japón se proyecta establecer una licencia de maternidad-paternidad de un año como un paso para enfrentar el déficit demográfico.

1991. Mayo, 8. ALA / El Universal: Centesimus Annus

Papa Juan Pablo II, Alicia Pietri y Rafael Caldera
Alicia y Rafael Caldera recibiendo la comunión por parte del papa Juan Pablo II. Guanare, 12 de febrero de 1996.

Centesimus Annus

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 8 de mayo de 1991.

 

No esperó el Papa Juan Pablo II el día 15 de mayo para expedir su encíclica dedicada al centenario de la «Rerum Novarum». Prefirió publicarla con fecha 1º. de mayo, fiesta de San José Obrero, quizás con el propósito de vincular más estrechamente el Día Internacional del Trabajador con la doctrina social de la Iglesia. Así, para el trabajador venezolano este 1º. de mayo, en medio de tantas contradicciones, representó un doble motivo de satisfacción: la plena vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, al vencerse la «vacatio legis» que ella misma fijó, y la aparición de un documento que ratifica ante la faz del mundo la superioridad del trabajo sobre la riqueza y la obligación impretermitible de asegurar al trabajador sus derechos y dar preeminencia a la dignidad de su persona humana.

Es un gran mensaje el que el actual pontífice dirigió al mundo en la ocasión de cumplir un siglo la «Carta Magna de los Trabajadores», como ha sido llamada la «Rerum Novarum» de Leon XIII. Pulcra es la edición de la Tipografía Políglota Vaticana, con un total de 117 páginas que comprenden 62 incisos. Después de la introducción, la encíclica está repartida en seis capítulos, titulados así: I. Rasgos característicos de la Rerum Novarum; II. Hacia las «cosas nuevas» de hoy; III. El año 1989; IV. La propiedad privada y el destino universal de los bienes; V. Estado y Cultura; VI. El hombre es el camino de la Iglesia.

La simple enunciación de estos capítulos revela el propósito orientador del discurso pontificio. El quiso, por supuesto, destacar el valor intrínseco y la actualidad que mantiene la carta leoniana; pero al mismo tiempo creyó necesario puntualizar las bases fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Se puso énfasis en la necesidad de que esa doctrina sea acogida, estudiada y aplicada como cauce fundamental sobre el cual han de desarrollarse las actividades económicas, políticas y culturales y las normas de la vida social. Pero no creyó el Papa que su tarea docente estaba confinada a la reiteración de principios abstractos. Consideró indispensable entrar al análisis de la situación concreta del momento en que vivimos.

León XIII motivó su epístola en las «cosas nuevas» (rerum novarum) que ocurrían cuando finalizaba el siglo XIX; Juan Pablo II se sintió obligado a desarrollar el contenido doctrinario sobre las «cosas nuevas» que ocurren cuando está terminando el siglo XX. Y tanto lo vio así, que dedicó un capítulo especial al año 1989, por ser el año de los grandes traumatismos que derribaron con el muro de Berlín los dogmas del «socialismo real» y los procedimientos del totalitarismo marxista-leninista, y abrieron nuevos horizontes en torno a los cuales la palabra del pastor refleja la necesidad de sumar a las alegrías las inquietudes y a moderar las satisfacciones con la enunciación de los peligros que criterios erróneos podrían suscitar.

Afirma el Papa que «la rica savia» que nutre la doctrina social de la Iglesia y que «sube desde la raíz» del magisterio leoniano «no se ha agotado con el paso de los años, sino que, por el contrario, se ha hecho más fecunda». Pero, no sólo invita a «una “relectura” de la encíclica leoniana, “echar una mirada retrospectiva” a su propio texto, para descubrir nuevamente la riqueza de los principios fundamentales formulados en ella, en orden a la solución de la cuestión obrera», sino «además a “mirar alrededor”, a las “cosas nuevas” que nos rodean y en las que, por así decirlo, nos hallamos inmersos, tan diversas de las “cosas nuevas” que caracterizaron el último decenio del siglo pasado»; e invita, «en fin, a “mirar el futuro”, cuando ya se vislumbra el tercer milenio de la era cristiana, cargado de incógnitas, pero también de promesas».

Hay un juicio severo sobre la «sociedad de consumo», que «coincide con el marxismo en el reducir totalmente al hombre a la esfera de lo económico y a la satisfacción de las necesidades materiales». Se hacen definiciones muy precisas sobre el rol de la cultura y del Estado, sobre la importancia central de la familia que debe ser «santuario de la vida»; pero, sin duda, la parte más actual de la encíclica, que es al mismo tiempo la más novedosa, es la que se refiere a los acontecimientos del año 1989, que en los países de Europa central y oriental vio estallar pacíficamente la crisis del totalitarismo socialista, y que en algunos países de América Latina, e incluso de África y de Asia, continuó desplazando «ciertos regímenes dictatoriales y opresores», y «en otros casos da comienzo a un camino de transición difícil pero fecundo, hacia formas políticas más justas y de mayor participación».

Mucho preocupa e interesa al Papa Woytila, que en carne propia sufrió durante ominosas décadas la opresión del totalitarismo materialista en su patria nativa, el destino de los pueblos liberados de un yugo pero expuestos a nuevas injusticias. No deja de alentar la esperanza en que la vuelta a la libertad y la economía libre puedan aliviar la penuria económica y producir beneficios, pero no puede escapar a la obligación de alertar contra peligrosos errores que podrían hacer equivocar el rumbo y producir graves frustraciones.

«¿Se puede decir quizás –expresa– que después del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia él están dirigidos los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad? ¿Es quizás éste el modelo que es necesario proponer a los países del Tercer Mundo, que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil?».

«La respuesta –contesta– obviamente es compleja. Si por “capitalismo” se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque sería más apropiado hablar de “economía de empresa”, “economía de mercado”, o simplemente de “economía libre”. Pero si por “capitalismo” se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa».

¿Entendido? Mas si desea mayor claridad, continuemos leyendo: «La solución marxista ha fracasado, pero permanecen en el mundo fenómenos de marginación y explotación, especialmente en el Tercer Mundo, así como fenómenos de alineación humana, especialmente en los países más avanzados; contra tales fenómenos se alza con firmeza la voz de la Iglesia. Ingentes muchedumbres viven aún en condiciones de gran miseria material y moral. El fracaso del sistema comunista en tantos países elimina ciertamente un obstáculo a la hora de afrontar de manera adecuada y realista estos problemas; pero eso no basta para resolverlos. Es más, existe el riesgo de que se difunda una ideología radical de tipo capitalista, que rechaza incluso el tomarlos en consideración, porque a priori considera condenado al fracaso todo intento de afrontarlos y, de forma fideísta, confía en su solución al libre desarrollo de las fuerzas del mercado».

Mucho estudio, mucho análisis, muchos diálogos y talleres de trabajo merece y, a no dudarlo, va a tener la encíclica centenaria de Juan Pablo II. Es, por cierto, la tercera encíclica social de su pontificado. Debemos reconocerle esta permanente preocupación, inspirada por la caridad genuina y por la solidaridad. Pero debemos además agradecerle, como latinoamericanos, su advertencia sobre el peligro que envolvería olvidar los requerimientos urgentes de nuestros pueblos por dirigir los ojos y los recursos de los países capitalistas hacia el centro-este europeo.

Mérito especial es el suyo, porque como ciudadano polaco mantiene una amorosa inquietud hacia su gente y hacia las gentes de los pueblos de su entorno, pero no se olvida de nosotros. Por ello, después de reclamar para los europeos centro-orientales el que se les pague «una deuda de justicia» añade: «Esta exigencia, sin embargo, no debe inducir a frenar los esfuerzos para prestar apoyo y ayuda a los países del Tercer Mundo, que sufren a veces condiciones de insuficiencia y de pobreza bastante más graves».

El sucesor de Pedro, sin duda, tiene conciencia de su carácter ecuménico; no pierde de vista el carácter universal de su enseñanza. Hagamos votos para que los oídos atormentados por el creciente resonar de los caudales se abran a la voz que desde su corazón y su conciencia proclama el evangelio del bien común universal, guiado y robustecido por la justicia social.

1991. Mayo, 22. ALA / El Universal: ¿Privatización o desnacionalización?

¿Privatización o desnacionalización?
Recorte de El Universal del 22 de mayo 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Privatización o desnacionalización?

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 22 de mayo de 1991.

 

Yo no soy enemigo jurado de la privatización. Debo aclararlo, porque en el momento actual quien se atreve a expresar opiniones diferentes de las que con monótono acento de letanía y con expresión dogmática se repiten, corre el riesgo de ser calificado de opositor a lo que se supone constituye la «modernización». Repito, no soy enemigo jurado de la privatización, pero tampoco soy fanático de ello. No me han convencido de que entregándole todas las empresas e institutos autónomos del sector público al capital privado nacional e internacional (el último predomina, porque el doméstico no alcanza) se solucionen los problemas del país.

Para comprobar que no soy enemigo de la privatización, ya que no basta solamente afirmarlo, voy a citar algunos hechos:

  1. Cuando asumí el gobierno, por ejemplo, quienes se habían opuesto en el período anterior a la venta del hotel Tamanaco al sector privado, me pidieron que deshiciera la operación y readquiriera el hotel para el Estado. Me negué a hacerlo, porque, sin entrar a juzgar las circunstancias de la operación, no veía razón para que destináramos partidas del gasto público a asumir de nuevo la propiedad de un establecimiento que por su naturaleza corresponde más a la actividad particular que a la estatal.
  2. Encontré a Viasa como una empresa mixta, creada durante el gobierno del presidente Betancourt, y así la mantuve, esforzándome en que las relaciones con los accionistas privados fueran excelentes. Mi sucesor, el presidente Pérez, eliminó la participación privada, y ahora ha dispuesto privatizarla toda.
  3. Autoricé la creación de Venalum, una empresa cuyo capital lo aportaban inversionistas japoneses en un 80%, con la cláusula de que en cualquier momento podríamos adquirir todo o parte de esa inversión, al precio de inventario. Mi sucesor se mostró ufano de cambiar la relación, asumiendo el 80% (con dinero prestado que no hemos pagado todavía y por el cual hemos pagado y estamos pagando cuantiosos intereses). Ahora se anuncia el propósito de privatizarla.
  4. Autoricé un ensayo, que resultó feliz, de participación de inversionistas zulianos en las industrias derivadas del complejo petroquímico de El Tablazo. Y me complace aseverar que en los desarrollos mixtos en materia de viviendas para familias de clase media, autorizados por mi Gobierno, tuvieron excelentes resultados.

Creo en el papel insustituible de la iniciativa privada en la vida económica. Por ello he manifestado categóricamente mi convicción de que no hay motivo para mantener suspendidas las garantías económicas.

El régimen económico de la Constitución se orienta a una justa y armónica integración de la iniciativa privada y el papel del Estado y debe mantenerse. El Estado no sólo es responsable del bien común, sino dueño de la mayor riqueza que existe en el país. No se puede olvidar que por ser suyo el petróleo, está obligado a dedicar una parte por lo menos de lo que obtiene por la venta del mismo (que es un proceso de descapitalización) a inversiones que protejan a las generaciones futuras, para cuando el combustible no juegue el papel que actualmente desempeña en la economía nacional.

Cuando oigo decir que es necesario privatizarlo todo, pienso que se debe averiguar en cada caso las razones que así lo indican. La de que el Estado no tiene por qué ser hotelero, o banquero, o dueño de centrales azucareros, es a primera vista irrefutable, aun cuando la Historia –maestra de la vida– revela que si el Estado construyó hoteles o centrales fue porque la iniciativa privada no alcanzó a crearlos en cantidad y tiempo oportunos, y si asumió bancos fue porque sus propietarios los manejaron mal, con daño de la colectividad, o porque se necesitaban institutos de crédito para servir en forma razonable a sectores productivos de fundamental importancia.

Otra razón que se da, bastante grave por cierto, es la de que las empresas del Estado, creadas para producir beneficios, han sido pésimamente manejadas y se han convertido en algunos casos en colmenas de clientelismo partidista, en espejo de ineficiencia gerencial y en pozos de creciente corrupción. Ante el déficit que estas causas generan, no se encuentra salida más fácil que soltarlas como clavos calientes y entregarlas al mejor postor. Y si el precio es muy alto, no hay otra posibilidad sino la de acudir a medios financieros internacionales.

Dentro del proceso privatizador ocurren cosas que no se alcanza a comprender. ¿Por qué se considera urgente privatizar hoteles que dan utilidades y que el sector público no maneja, ya que su gerencia la realizan corporaciones internacionales especializadas en el ramo? En los hoteles Hilton, Meliá, Intercontinental, Sheraton, aunque el propietario sea el sector público, no se puede decir que el Estado sea «hotelero» porque la función administradora está en manos privadas. Lo lógico sería empezar por los hoteles que el sector público maneja, algunos de ellos bastante mal.

Pero hay empresas del Estado en las cuales «privatizar» es más bien «desnacionalizar». Son aquellas en las cuales el traspaso se hará de las manos del Estado venezolano a empresas de Estados extranjeros. Yo no me opondría a que Viasa se asociara con KLM o con Iberia, pongamos por caso, pero me pregunto si no sería preferible hacerlo sin anunciar una supuesta «privatización» ni sacar el control de la empresa de las manos en que debe estar.

Estoy convencido de que los dogmas son siempre funestos en materia económica, y de que la economía debe tener la realidad por soporte y por norte el sentido común. Durante el gobierno del presidente Pérez se quería nacionalizarlo todo; ahora se quiere privatizar lo que se nacionalizó, y algo más. Vamos dando bandazos, de un extremo a otro.

El dogma de que el sector público no sabe administrar  y el sector privado sí, no responde a una verdad absoluta: hay no pocos ejemplos de casos en que la gestión pública fue eficiente y honesta y otros en los cuales la gestión privada ocasionó grandes perjuicios porque dejó mucho qué desear.

Nada más perjudicial que esos teoricismos extremos, entre los cuales se nos quiere obligar a bambolearnos. Hay que recuperar el sentido común, y debemos estar alertas ante una literatura que califica de «nacionalismo trasnochado» la defensa de derechos inmanentes de la nación. No es hacer «arqueología política o económica» sostener instituciones y conductas que han sido resultado de un proceso difícil y costoso, para afirmación de la propia identidad. ¡Cuidado, si bajo la consigna de la «privatización» se mueven intereses que, poniendo a un lado los intereses colectivos, nos conducirían peligrosamente a una situación de dependencia cuyas consecuencias serían trágicas para el país!

1991. Junio, 5. ALA / El Universal: La Ley del Trabajo y el salario

Recorte de El Universal del 5 de junio de 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La Ley del Trabajo y el salario

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 5 de junio de 1991.

Cuando en su encíclica sobre el centenario de la Rerum Novarum, el papa Juan Pablo II se refiere a la perspectiva de los países que estuvieron sujetos al yugo del comunismo, expresa la esperanza y la necesidad de «reconstruir una sociedad democrática inspirada en la justicia social», para «preservar el trabajo de la condición de “mercancía” y garantizar la posibilidad de realizarlo dignamente».

Esta orientación coincide con la de nuestra legislación del Trabajo. León XIII había sostenido que frente a los problemas laborales «deberá intervenir de lleno, dentro de ciertos límites, el vigor y la autoridad de las leyes». El legislador lo ha hecho, inspirándose en el propósito de reconocer la libre contratación para la fijación del salario, pero exigiendo según «las normas de la justicia y de la equidad», «que los trabajadores cobren un salario cuyo importe les permita mantener un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus obligaciones familiares» (como lo proclama la Encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI, de 1931).

La Ley del Trabajo de 1936, en este orden de ideas, establecía: «El salario se estipulará libremente, pero en ningún caso podrá ser menor que el fijado como mínimo de acuerdo con las prescripciones de esta ley en su artículo 80» (art. 72). En consecuencia, después de firmar el principio del libre acuerdo entre las partes, establecía un procedimiento especial para los casos en que fuera necesario fijar salarios mínimos obligatorios, siguiendo fielmente las normas del Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo y de la recomendación respectiva. Lo cierto es que nunca o casi nunca se siguió ese procedimiento, sino que se optó por vías que se consideraron más expeditas en aquellos casos en que las circunstancias indicaron la necesidad o conveniencia de aumentar los salarios vigentes.

El presidente Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno decretó un aumento salarial sin que hubiera una situación inflacionaria ni un fuerte reclamo sindical. Se fundamentó, según creo, en las atribuciones extraordinarias que le había concedido el Congreso. Durante el gobierno del presidente Herrera, el Congreso, respondiendo a una política de sinceración de precios, dictó una ley que aumentó los salarios, por iniciativa del diputado José Vargas, presidente de la CTV.

En el período del presidente Lusinchi se decretaron ejecutivamente aumentos salariales. Se invocaron la atribución 1ª. del artículo 190 de la Constitución («hacer cumplir esta Constitución y las leyes») y el artículo 26 de la Ley del Trabajo, que decía: «El Ejecutivo Federal, por Resoluciones Especiales o en el Reglamento de esta Ley, queda facultado para establecer cláusulas irrenunciables que se considerarán integrantes del contrato de trabajo». Dicho artículo, sin duda de difícil interpretación, sirvió de puerta de escape para los decretos respectivos.

Al elaborar el anteproyecto sobre el cual se elaboró la Ley Orgánica del Trabajo, pensamos que no era factible, ni conveniente, cerrar la vía del decreto frente a aumentos desproporcionados del costo de la vida; pero se requirió encuadrar esa facultad dentro de ciertas condiciones, como la de oír la opinión de los organismos más representativos de empleadores y trabajadores, del Consejo de Economía Nacional y del Banco Central de Venezuela.

Por otra parte, se dio una redacción más operante y realista a la materia del salario mínimo. Esta solución fue adoptada en el proyecto definitivo, pero en el curso de las discusiones, en la Cámara de Diputados, se consideró conveniente completar el procedimiento mediante una intervención del Congreso, a través de un procedimiento muy expedito, tal cual quedó en el artículo 138 vigente.

Por otra parte, el artículo 13 de la Ley, según el cual el Ejecutivo nacional tendrá las más amplias facultades para reglamentar las disposiciones legales en materia de trabajo y a tal efecto podrá dictar decretos o resoluciones especiales y limitar su alcance a determinada región o actividad del país, se agregó un parágrafo único, que dice:

«Cuando el interés público y la urgencia así lo requieran, el Ejecutivo Nacional, por Decreto del Presidente de la República en Consejo de Ministros, podrá establecer cláusulas irrenunciables en beneficio de los trabajadores y de la economía nacional que se considerarán integrantes del contrato de trabajo». Esta era la nueva redacción del antiguo art. 26.

Y se incorporó un nuevo artículo, el 22, según el cual: «Los Decretos que dicte el Ejecutivo Nacional, de conformidad con los artículos 13 y 138 de esta Ley, deberán someterse a la consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada, dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación. Las Cámaras en sesión conjunta o la Comisión Delegada, según sea el caso, decidirán la ratificación o suspensión de los Decretos dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recepción. Parágrafo Primero. En caso de pronunciarse por la suspensión, el Congreso o la Comisión Delegada, según sea el caso, podrá recomendar al Ejecutivo Nacional la elaboración de un Decreto modificado. Parágrafo Segundo. Si transcurrido el lapso indicado, las Cámaras en sesión conjunta o la Comisión Delegada, según sea el caso, no se hubieren pronunciado sobre la decisión sometida a su consideración, ésta se considerará ratificada».

La solución adoptada no me pareció objetable. La clásica separación de los poderes ha tenido y cada vez tiene más excepciones. El veto presidencial, por ejemplo, es una interferencia del Ejecutivo en la formación de las leyes; la aprobación del Senado para la designación de Embajadores o del Procurador General de la República, o para los altos ascensos militares, y la de la Comisión de Finanzas para ciertas operaciones administrativas, consagran una interferencia considerada necesaria de la rama legislativa en actos administrativos.

El aumento salarial, por su carácter excepcional y sus efectos sobre el sector privado, no debe dejarse exclusivamente al Ejecutivo; pero legislar sobre esta materia, aparte la inevitable lentitud que supone la formación de las leyes, en relación con la urgencia invocada como fundamento de la medida, presentaría diversos inconvenientes. El sistema que se adoptó era, pues, el más equitativo y más práctico.

Por supuesto, tratándose de una materia nueva, se plantean problemas de interpretación y de procedimiento. Uno es el de si el Decreto, antes de recibir la conformidad del Congreso, debe publicarse en la Gaceta Oficial, y si de hacerlo entraría inmediatamente en vigor. Yo he opinado que no debería ir a la Gaceta sino al estar definitivamente firme; pero, de considerarse que cuando la Ley Orgánica habla de publicación debe presumirse que ha de ser en el órgano oficial, el Decreto debería llevar una disposición que aclare que no entrará en vigor hasta no ser ratificado expresa o tácitamente por el órgano legislativo.

Lo que es inconcebible es que al Presidente de la República le hayan hecho creer que la Ley le ha arrebatado una facultad constitucional. Tal facultad constitucional no ha existido. Lo que ha hecho la Ley Orgánica es condicionar la amplísima atribución que le daba el artículo 26 de la Ley derogada (cuya intención no pudo ser la de darle libertad absoluta para manejar a su antojo las relaciones de trabajo) que por experiencia demostró evidente peligrosidad. La prudencia del legislador la colocó en un justo medio: le confirió la atribución en forma expresa al Presidente, pero con algunas formalidades, dentro de un encuadre justiciero.

Ello ha venido a demostrar el sentido de responsabilidad y de prudencia que guió la elaboración de la nueva Ley Orgánica del Trabajo.

1991. Junio, 19. ALA / El Universal: La separación de los poderes

La separación de los poderes, artículo de Rafael Caldera
Recorte de El Universal del 19 de junio de 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La separación de los poderes

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 19 de junio de 1991.

 

Dentro del pensamiento político contemporáneo, una de las ideas de mayor influjo en los regímenes republicanos ha sido la separación de los poderes. De aquella idea derivó, en los textos constitucionales, la definición, no de tres ramas del poder, sino de tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero como ocurre siempre en la realidad de la vida, no hay sistema ni régimen en el que no se mezclen esas tres instituciones que comparten las tareas fundamentales del Estado: la encargada de dictar leyes, la de aplicarlas y la de velar por su cumplimiento. No hay país donde el Gobierno no participe en tareas propias del órgano legislativo, ni donde el Parlamento no tenga algunas funciones de gobierno, ni donde la administración de justicia no perfeccione o defina el ámbito de las leyes y no cumpla tareas relativas al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo.

Esta necesaria e inevitable interpretación de las funciones propias de cada una de esas ramas se acentuó a medida que el Estado moderno fue asumiendo actividades más complejas. La administración se ha complicado tanto, que en ningún lugar del mundo se atribuye totalmente al Ejecutivo, sino que se dan al Legislativo atribuciones para coadyuvar con él en ejercer esta función. A su vez, las normas constitucionales hacen que el Ejecutivo participe en diversas formas en la función primaria del Parlamento que es la de legislar. Y en más de una ocasión la Judicatura tiene asignadas posibilidades ciertas de influir en el perfeccionamiento de las leyes y en el manejo de la administración.

He allí por qué la Constitución venezolana, si bien no logró evitar las denominaciones tradicionales: «Poder Legislativo», «Poder Ejecutivo», «Poder Judicial», prefiere hablar del «Poder Público» (uno solo), en torno al cual estableció: «Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado» (artículo 118).

Esa colaboración se manifiesta en múltiples formas y supone interferencias cada vez más frecuentes. La iniciativa de los proyectos de ley y el veto presidencial constituyen una participación del Ejecutivo en la función legislativa. La facultad de dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ello por ley especial, ha llegado hasta el discutible extremo de modificar por decretos en forma permanente el texto de importantes leyes (como lo hizo Pérez en su primer gobierno con la Ley del Trabajo, la Ley de Bancos y otras leyes).

La inmiscuencia del Congreso en actos propios del Ejecutivo está prevista en numerosos casos. El nombramiento del procurador general de la República y los de embajadores, así como el ascenso de los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas, o el mero hecho de viajar al exterior el presidente de la República, requieren una previa autorización del órgano legislativo. El presupuesto, los contratos de interés nacional, las operaciones de crédito público, los traslados de partidas presupuestarias son actos en los cuales condividen su responsabilidad ambas ramas del Poder Público. La Cámara de Diputados puede dar voto de censura a los ministros, que deben ser removidos cuando se adopte por las dos terceras partes de los miembros presentes. Y hay leyes especiales, como la Ley Orgánica que reserva al Estado, la industria y el comercio de los hidrocarburos, que dan al Congreso la atribución de autorizar determinadas operaciones para que puedan realizarse.

Muchos ejemplos más podrían citarse. A los cuales se debe añadir que las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia llegan en algunas ocasiones a darle parte en la función legislativa, cuando declara la nulidad total o parcial de disposiciones legales o establecidas, en caso de colisión, cuál norma debe prevalecer, o cuándo inicia proyectos de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales. Por otra parte, la Corte puede declarar la nulidad de actos administrativos del Ejecutivo nacional, y a su vez, el Ejecutivo tiene injerencia en la administración de justicia al decretar indultos.

Lo expuesto, cuya enumeración podría alargarme considerablemente, lo traigo a colación para justificar mi sorpresa porque altos funcionarios del Estado parecen alarmarse porque la Ley Orgánica del Trabajo dispone que los decretos que dicte el Ejecutivo para «establecer cláusulas irrenunciables en beneficio de los trabajadores y de la economía nacional» que se considerarán «integrantes del contrato de trabajo» o para «decretar los aumentos de salarios que estime necesarios para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, en caso de aumentos desproporcionados del costo de la vida» o para «fijar salarios mínimos obligatorios de alcance general o restringido según las categorías de trabajadores o áreas geográficas, tomando en cuenta las características respectivas y las circunstancias económicas, en caso de aumentos desproporcionados de costo de vida» (artículos 13 y 22, 138 y 172 de la citada Ley Orgánica), sean sometidos a la consideración del Congreso o de la Comisión Delegada para su ratificación o suspensión.

No hay ninguna norma constitucional que autorice al Ejecutivo para fijar salarios. La legislación laboral establece que «el salario se estipulará libremente». Los decretos dictados por anteriores gobiernos, en materia salarial (como dije en un artículo anterior) se basaba, supuestamente, en la atribución 1ª. del artículo 190 de la Constitución, interpretada con una exagerada liberalidad (la de «hacer cumplir esta Constitución y las leyes») y en el artículo 26 de la Ley del Trabajo derogada que decía, con demasiada amplitud: «El Ejecutivo Federal, por resoluciones especiales o en el reglamento de esta ley, queda facultado para establecer cláusulas irrenunciables que se considerarán integrantes del contrato de trabajo».

Como lo he explicado reiteradamente, al redactarse la nueva ley se contempló la necesidad, si no de eliminar totalmente, al menos de encuadrar dentro de ciertos requisitos tan desorbitada atribución. Se condicionó a que los decretos (ya no resoluciones especiales) que establezcan cláusulas irrenunciables «cuando el interés público y la urgencia así lo requieran» sean dictados en Consejo de Ministros y los relativos a salarios «oyendo previamente a los organismos más representativos de los trabajadores y de los patronos, al Consejo de Economía Nacional y al Banco Central de Venezuela», y se requirió la presentación al órgano legislativo para que este, en el término improrrogable de diez días, decida su ratificación o suspensión.

¿Dónde está la pretendida infracción de alguna norma constitucional? Nada más justo que el que en esta materia, que afecta a la población en general, esa facultad extraordinaria concedida al Ejecutivo por la ley sea objeto de revisión por el Congreso. La condición es saludable, porque en definitiva obliga a las dos ramas fundamentales del Poder Público a ponerse de acuerdo para dar este paso, que no encaja dentro del funcionamiento normal de la economía nacional, sino que tiene carácter extraordinario.

Lo que sí creo necesario advertir es que, por haber quedado la disposición relativa a cláusulas irrenunciables como un parágrafo único del artículo 13 y no como un artículo distinto, algunos han querido interpretar –con intención non-sancta– que el legislador pretendió someter a una ratificación del Parlamento la atribución constitucional del Ejecutivo de reglamentar las leyes. Esa es una interpretación ilógica. El legislador no ignoró que la atribución constitucional no es susceptible de limitación, salvo la que la misma Carta establece al requerir que no se altere el espíritu, propósito y razón de la ley. Más bien, su evidente intención fue reconocerle gran amplitud. Nadie puede pretender que el reglamento (o los reglamentos, si es que van a ser varios) deben ir al Congreso. La participación del Congreso se limita, en realidad, a las medidas extraordinarias que van a convertirse en «cláusulas irrenunciables integrantes de los contratos de trabajo», y especialmente a las de aumentos de salario.

Estoy convencido de que en el futuro seguirán apareciendo nuevos casos de colaboración entre las ramas del Poder Público, sin que pierdan su propia identidad ni se debilite la potestad de cada una.

1991. Julio, 3. ALA / El Universal: Las prestaciones sociales

artículo Caldera sobre prestaciones
Recorte de El Universal del 3 de julio de 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Las prestaciones sociales

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 3 de julio de 1991.

 

La Ley del Trabajo de 1936, siguiendo una costumbre universal, introdujo a favor del trabajador una indemnización de antigüedad, o mejor dicho, por antigüedad. Al terminar la relación del trabajo por despido injustificado, retiro justificado o cualquier causa ajena a su voluntad, el trabajador recibiría el equivalente a una quincena de salario por cada año de servicio.

Con el nombre de «auxilio de cesantía» se introdujo después, en 1947, una indemnización adicional, de quince días de salario por año de servicio, cuando la terminación de la relación de trabajo se debiera al despido injustificado o al retiro justificado.

Estas dos indemnizaciones, que en la mayor parte de los casos se liquidaban juntas, se mantuvieron así durante casi treinta años (1947-1974). Se calculaban a base del último salario devengado por el trabajador en la empresa. (En 1983, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el cálculo debía hacerse año por año, pero ello provocó una reforma parcial aprobada con suma rapidez, por unanimidad, la cual explícitamente definió que la liquidación debía hacerse en base al último salario).

En 1974 el presidente Carlos Andrés Pérez, en uso de poderes extraordinarios (interpretados con una amplitud discutible), reformó la Ley del Trabajo y dio a las indemnizaciones por antigüedad y cesantía la condición de derechos adquiridos. Es decir, que se pagarían al trabajador fuera cual fuera la causa de terminación de la relación de trabajo. El 14 de junio del mismo año, el gobierno de Pérez, siendo Ministro del Trabajo el doctor Antonio Léidenz, introdujo a la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley contra Despidos Injustificados.

Se proponía la creación de Comisiones Tripartitas Laborales y se disponía que los trabajadores, excepto los contratados por tiempo determinado o para una obra determinada, los temporeros, eventuales u ocasionales «no podrían ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por causa previamente calificada por la Comisión». En la breve Exposición de Motivos se decía: «Es indudable que la seguridad de permanencia en la labor que se rinde o se ejecuta, constituye un factor de imponderable valor, desde los puntos de vista económico y moral, pues el temor o inseguridad en el empleo surte efectos negativos, tanto en la esfera del trabajador como en el ámbito de la producción, y la pérdida del empleo constituye sin duda un grave daño para quienes sólo cuentan con su salario o sueldo para cubrir las necesidades propias y de su familia».

El proyecto comportaba la estabilidad absoluta, lo que suscitó acalorados debates. Ante ellos, la Comisión Permanente de la Cámara propuso incluir un nuevo artículo, redactado así: «Si la decisión de la Comisión niega la solicitud del patrono para efectuar el despido, el trabajador podrá optar por conservar la relación de trabajo o por el pago de una cantidad igual al doble de lo que pudiera corresponderle por concepto de antigüedad y cesantía».

En medio de violentos debates, para la segunda discusión se introdujo otra modificación al nuevo artículo: «Si el patrono persistiera en su propósito de despedir al trabajador, podrá hacerlo siempre que le pague una indemnización de antigüedad y cesantía dobles de los contemplados en la Ley del Trabajo, más el doble que pueda corresponderle por concepto de preaviso, estando además obligado a sustituirlo por otro, con salario no inferior al del trabajador despedido». El tono de la discusión bajó y algunos oradores afirmaron que la nueva fórmula había sido convenida con Fedecámaras.

Pero la confrontación había sido tremenda. Las expresiones del líder cetevista José Vargas contra Fedecámaras no habían sido menos duras que las que hemos escuchado estos últimos días de la dirigencia sindical. Y entre los más categóricos defensores del proyecto estuvo, por cierto, el entonces diputado Germán Lairet, quien sostuvo que debía aprobarse el artículo propuesto en primera discusión y no el texto modificado en la segunda, porque éste otorgaba al patrono y no al trabajador el derecho a elegir entre reincorporarlo o pagar doble indemnización. «Ello porque partimos de la idea –afirmó– de que el tema de la estabilidad ha pasado a ser de las reivindicaciones más importantes que tiene planteadas actualmente el trabajador venezolano». «Nosotros creemos –agregaba– que la única posibilidad de que esta ley, con todas sus deficiencias, pueda tener eficacia real, es la propia movilización de los trabajadores».

La oposición de Fedecámaras y de otros organismos patronales a este sistema de prestaciones se ha renovado en los últimos años, en tanto que los trabajadores lo defienden con firmeza e invocan el carácter irreversible de los beneficios obtenidos. En el curso de la elaboración del Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo, los voceros empresariales no desarrollaron ninguna actividad para que se modificara el sistema, sino casi al final.

El Anteproyecto que yo presenté había sugerido un sistema transaccional, introduciendo la prima anual pero manteniendo la indemnización por antigüedad de un mes por año. Esta idea no tuvo apoyo. Concluyendo la discusión del Proyecto, la Comisión del Senado que lo revisaba, clara en la posición de que un cambio como el propuesto no puede imponerse sin la aquiescencia de los trabajadores, propuso el artículo 128, que era muy sencillo en su primera redacción y que, en definitiva, quedó así: «Con el objeto de facilitar que el trabajador reciba el salario que requiere para satisfacer sus necesidades fundamentales y sin menoscabo de la cuantía de los derechos que esta Ley consagra en su interés con motivo de su permanencia en el trabajo, podrá dictarse una ley especial sobre el régimen a cumplir por patronos y trabajadores acerca de sus relaciones y derechos patrimoniales a que refieren los capítulos VI y VII del Título II de esta Ley y la organización de un sistema a cargo de la Seguridad Social al cual contribuyan patronos y trabajadores, que ampare a éstos en caso de cesantía y los proteja en el retiro, vejez o invalidez».

Ante los proyectos de Ley Especial, los trabajadores han mantenido una impresionante unanimidad en defensa de sus prestaciones. Consideran que dichos proyectos infringen el artículo 85 de la Constitución, según el cual «son irrenunciables por el trabajador las disposiciones que la Ley establezca para favorecerlo o protegerlo» y el artículo 88: «La Ley adoptará medidas tendientes a garantizar la estabilidad en el trabajo y establecerá las prestaciones que recompensen la antigüedad del trabajador en el servicio y lo amparen en caso de cesantía». Por otra parte, invocan que esas prestaciones constituyen el único patrimonio del trabajador y de su familia y alegan los casos en que ellas han servido para adquirir sus viviendas. También podrían señalarse casos interesantes, como el nacimiento de una economía ganadera en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y en el Occidente de Falcón, creada con las prestaciones sociales de antiguos trabajadores petroleros.

No es justo decir que los trabajadores quieren imponer sin razonar su punto de vista, porque lo cierto es que han presentado estudios serios, elaborados por sus asesores, los cuales pueden discutirse, pero deben analizarse. Por otra parte, hay que dilucidar si el régimen de prestaciones es incompatible con la necesaria y urgente Seguridad Social, y si el Seguro Social Obligatorio debe y puede ser privatizado o mantenerse paralelamente con los proyectados fondos de retiro. Es necesario examinar el argumento de la inflación, pues si se le considera operante en un caso, probablemente lo es también en el otro, y dilucidar si precisamente el cálculo de la indemnización por antigüedad a base del último salario no viene a compensar en cierto modo el deterioro de las cantidades correspondientes a los salarios anteriores. Habría que precisar en qué consiste «la libre elección» del nuevo régimen por el trabajador: si esa libertad es para todos los trabajadores –actuales y futuros– o sólo para los actuales y qué garantía se establecerá para impedir que al aspirante al trabajo lo presionen diciéndole: «Tómelo o déjelo», es decir, si lo acepta, tiene el empleo, si no, no.

Todo esto justifica que se continúe el diálogo, lo cual requiere un clima de cierto sosiego. Cuando pase la campaña electoral en Fedecámaras habrá seguramente mayor posibilidad de plantearlo. El acuerdo no es fácil, pero tampoco imposible. Es cierto que hay en el país una tendencia para otorgar a los empresarios una extrema movilidad de la mano de obra, pero la protección del trabajador ante el despido no sólo le conviene a él, sino a la sociedad, como un paliativo para la dramática situación del desempleo. Lo cierto es que buscar una solución equitativa es para todos un compromiso que no se debe eludir.

1991. Julio, 17. ALA / El Universal: La restitución de las garantías económicas

Garantías económicas
Rafael Caldera durante el II Congreso Venezolano de Derecho Social. Maracaibo, 1 de diciembre de 1991.

La restitución de las garantías económicas

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 17 de julio de 1991.

 

Hace ya bastante tiempo había venido pronunciándome a favor del restablecimiento de las garantías económicas. En el discurso que pronuncié en 1986 en la sesión solemne del Congreso, para conmemorar el 25º. Aniversario de la Carta Fundamental dije:

Soy de quienes han sostenido que los 25 años de la Constitución serían propicios para restablecer las garantías económicas. No auspicio con ello un régimen de laissez faire. Restablecer las garantías económicas no es dar rienda suelta al abuso: es fortalecer la seguridad jurídica. En estos 25 años se han dictado ya leyes que protegen al consumidor, que dan al Poder Público la facultad de regular precios y salarios, que otorgan al sector público amplias atribuciones en cuanto al sistema financiero, que invisten al Gobierno de un extenso poder en materia aduanera y en cuanto al comercio exterior, que establecen parámetros para el ordenamiento territorial y urbano, la venta de terrenos urbanizables, el arrendamiento de viviendas, etc., todo ello seguirá en pie cuando las garantías se restituyan, y si por alguna circunstancia se demostrara indispensable dictar de nuevo alguna norma de excepción, no habría inconveniente para ello. Por otra parte, la Constitución establece la obligación de consultar a los sectores económicos privados, a la población consumidora, a las organizaciones sindicales, a los colegios de profesionales y a las universidades, en los asuntos que interesan a la vida económica. Lo que es evidente es que los excesos cometidos en una intervención innecesaria y el asfixiante abuso de la permisería reclaman un ejercicio más moderado y eficiente de los poderes del Estado.

Nada tengo hoy que rectificar de lo expuesto en el largo párrafo que deliberadamente he transcrito. Saludo como un hecho positivo la decisión del Gobierno de resolverse, por fin, a una restitución mil veces prometida y otras tantas olvidada. Pero creo que valdría la pena aclarar dos aspectos generalmente ignorados o tergiversados en torno a la materia: uno, el origen histórico y causal de la suspensión, y otro, el alcance y significación que la restitución tiene.

1) El inicio del régimen de excepción ocurre cuando empieza la Guerra Mundial. Como dice Brewer Carías en el prólogo del volumen que compila Las Constituciones de Venezuela:

Bajo el amparo de la Constitución de 1936, el Ejecutivo Nacional tuvo que enfrentar los efectos de la crisis económica y social que produjo la Guerra Mundial, para lo cual acudió a la figura de la restricción o suspensión de los derechos y garantías constitucionales. Conforme a ello, desde fines de 1939 hasta 1944 se dictó, mediante Decretos Leyes emanados en virtud de la restricción de esa garantía, lo que puede considerarse  que fue la Legislación básica del país en materia económica, origen de la actual».

El 18 de octubre de 1945, ante el estallido de una insurrección cívico-militar, el presidente Medina decretó la suspensión de todas las garantías. La Junta Revolucionaria de Gobierno, al constituirse, la mantuvo en vigor; y en el Decreto No. 217, de 15 de marzo de 1946, dispuso: «Quedan a salvo todas las disposiciones de los decretos emanados de la Junta Revolucionaria de Gobierno de Estados Unidos de Venezuela, así como también las medidas de alta policía nacional ya adoptadas por el Gobierno Revolucionario y todas aquellas disposiciones que facultan al Ejecutivo, en razón de situaciones de emergencia, para intervenir en cuestiones de orden económico y financiero».

El 5 de julio de 1947 se restableció la constitucionalidad, más por breve tiempo. La Disposición Transitoria 19 decía: «Mientras no sea modificado o derogado por los órganos competentes del Poder Público, o no quede derogado expresa o implícitamente por esta Constitución, se mantiene en vigencia el ordenamiento jurídico existente».

El 24 de noviembre de 1948 el golpe de Estado abre un paréntesis autocrático de cerca de diez años. En el Acta de Constitución de la Junta Militar de Gobierno se repone la vigencia de la Carta de 1936, reformada en 1945 «sin perjuicio de dictar todas aquellas medidas que aconseje o exija el interés nacional». En cuanto a la Constitución espúrea de 1953, en su Disposición Transitoria 3ª establecía: «Entretanto se completa la Legislación determinada en el capítulo sobre garantías individuales de esta Constitución, se mantienen en vigor las disposiciones correspondientes del Gobierno Provisorio y se autoriza al Presidente de la República para que tome las medidas que juzgue conveniente a la preservación en toda forma de la seguridad de la nación, la conservación de la paz social y el mantenimiento del orden público».

No había, pues, garantías económicas ni de ninguna clase, al iniciarse el régimen democrático en 1958. Cuando se promulgó la Constitución en 1961, el presidente Betancourt insistió en suspender las garantías para que las fuerzas de la subversión no interpretaran la adopción de la Carta como un pasaporte válido para los caminos de la violencia. Cuando las garantías fueron restituidas, se hizo excepción de las económicas, en vista de la transición que se estaba viviendo. No fueron, pues 30 sino 50 los años en que no hubo garantías económicas; y si no se restituyeron antes, durante tres decenios de régimen democrático, no fue ello atribuible sólo a los gobiernos, sino también al Congreso, comprometido a dictar unas leyes consideradas necesarias para que la libertad económica funcionara debidamente.

2) El otro aspecto que no debe ignorarse es el de que la restitución de esas garantías no implica la adopción de una economía neoliberal para el país. Ella lo que hace es dar vigencia plena al régimen económico que la Carta Fundamental ha adoptado para Venezuela y quitar potestades arbitrarias al Ejecutivo. Las víctimas de la restitución son, pues, la decretomanía y la decretorragia.

José Antonio Mayobre, en un denso artículo sobre los derechos económicos de la Constitución se preguntaba «¿cuál es el sistema económico que para el presente y futuro más o menos inmediato postula la Constitución de 1961?» y respondía: «Si nos atenemos al régimen jurídico de la propiedad, es más fácil definirlo como de “economía mixta”, en el sentido de que coexisten la propiedad del Estado y la privada nacional y extranjera, sometidas éstas, y en mayor grado la última, a determinadas restricciones. Si tomamos en cuenta la reserva para el Estado de las actividades básicas y las amplias facultades de regulación y planificación de que goza con las finalidades de promoción del “bienestar general”, de la “participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza” y del “desarrollo de la economía al servicio del hombre”, el sistema diseñado en la Carta Magna es de un fuerte contenido social, dentro de un régimen de democracia representativa y con la garantía y el reconocimiento de la propiedad privada y de la iniciativa privada» (Estudios sobre la Constitución, Libro-Homenaje a R.C., p. 1.137).

Es, por tanto, a lo menos ingenuo lo que dijeron en la Asamblea de Fedecámaras de que la restitución de las garantías obliga al Congreso a reformar la Ley Orgánica del Trabajo, suprimido, entre otras cosas, la estabilidad en el trabajo y las prestaciones sociales, consagradas por la Carta en el artículo 88. Por algo dijo un reciente editorial de un diario caraqueño:

«Ya no es posible escudarse en aquello de la confianza, pues ahí están las garantías. Tampoco vale lo de las trabas porque estamos –según el Gobierno– en pleno proceso de desregulación y afianzamiento de las condiciones para la libre competencia. La Ley del Trabajo, aunque engorrosa, tampoco puede servir como excusa, porque el salario real en Venezuela ha descendido a niveles de Cuarto Mundo, o a los de la Venezuela de los años 40, gracias a los esfuerzos muy eficaces del Gobierno en estos últimos años» (Economía Hoy, «La hora del empresario», editorial, 9 de julio de 1991).

Alegrémonos por la restitución y pongamos las cosas en su puesto. Empeñémonos en lograr el papel efectivo de la iniciativa privada, dentro del amplio marco que la Constitución le señala.

1991. Julio, 31. ALA / El Universal: La constituyente colombiana

Comisión colombiana, con César Gaviria, de visita a Rafael Caldera
Visita a Tinajero de un grupo de parlamentarios colombianos, entre ellos el futuro presidente César Gaviria, en 1985.

La constituyente colombiana

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 31 de julio de 1991.

Con el interés que la vecindad y el afecto determinan he venido siguiendo el curioso proceso que se ha desarrollado en Colombia para dictar una nueva Constitución. El 3 de mayo de 1990, el Presidente de la hermana República, por decreto basado en las atribuciones del estado de sitio, ordenó consultar al país en la elección que iba a realizarse para designar su sucesor, acerca de si quería la convocatoria de una Asamblea Constitucional. La Corte Suprema declaró exequible ese decreto, considerando que los hechos «demuestran a las claras que las instituciones, tal y como se encuentran diseñadas, no son suficientes para enfrentar las diversas formas de violencia a las que tiene que encarar».

El 27 de mayo, una mayoría superior a 88 por ciento de los votantes respondió afirmativamente, «lo cual significa», dijo la Corte, «que la Nación, depositaria de la soberanía, ha manifestado, en ejercicio de la función constitucional del sufragio, su voluntad de que sea convocada una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política vigente con el fin de fortalecer la democracia participativa». Lo malo fue que a las urnas concurrió solamente un porcentaje minoritario de la población registrada para votar.

El presidente Gaviria, nuevamente en virtud del estado de sitio, procedió a la convocatoria. Su decreto 1.926 incluyó, en las consideraciones, los términos de un acuerdo político «suscrito por el Presidente electo de Colombia, en su condición de director del Partido Liberal, y por representantes del Movimiento Alianza Democrática M-19, fuerzas que obtuvieron el 27 de mayo más de 96 por ciento de la votación total, y «ratificado, complementado y desarrollado por otro acuerdo político el 23 de agosto de 1990».

El 9 de diciembre, los votantes debían pronunciarse sobre la convocación de la asamblea, la definición de sus elementos constitutivos y lo relativo a su funcionamiento. Constaría de 70 miembros, elegidos en lista única por circunscripción nacional, con representación proporcional. «Dos puestos en la Asamblea serían reservados para los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno y ya estén desmovilizados. Sus nombres serán convenidos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros desmovilizados. El número podrá aumentarse en la medida en que el proceso de desmovilización de otras agrupaciones haya avanzado, según valoración que de sus circunstancias efectúe el Gobierno, previa consulta con los signatarios de este acuerdo».

El decreto fijó término a las sesiones: se iniciarían el 5 de febrero y durarían 150 días. Efectivamente, el 5 de julio, apresurando las actuaciones finales, fue promulgada la nueva Constitución.

El decreto fijaba también determinados temas que debía considerar la Asamblea. La Corte, en sentencia, declaró por 14 votos a 12 la «exequibilidad» del decreto (a pesar de que su Sala Constitucional se había pronunciado unánimemente por la «inexequibilidad») teniendo en cuenta «su virtualidad para alcanzar la paz», pero declaró que «siendo la nación el constituyente primario, y teniendo ella un carácter soberano, no puede tener otros límites que los que él mismo se imponga». Por tanto, anuló la limitación de la agenda, con lo cual la no extradición de nacionales, que había sido tan controvertida, necesariamente pasó a ser uno de los temas centrales de la nueva Constitución.

Extrañamente, la afluencia masiva que se esperaba para la elección de la Asamblea no concurrió. La asistencia fue porcentualmente igual o menor que en elecciones anteriores. Pero la Asamblea Constitucional se convirtió en Asamblea Nacional Constituyente y no se contentó con hacer reformas a la venerable Constitución de 1886, sino que dictó un texto enteramente nuevo, en el que hay muchas disposiciones en que podrían haberse confiado al legislador, pero que por la presión de las circunstancias se decidió investirlas de la rigidez de normas constitucionales.
La Asamblea funcionó en forma peculiar.

Tres fuerzas políticas la dominaron: la corriente liberal, que había concurrido con varias listas de candidatos, pero a través de ellas recogió aproximadamente un tercio del cuerpo; la corriente conservadora, de cuyas dos vertientes la mayor fue la fórmula extra partido de Salvación Nacional, de Álvaro Gómez Hurtado, y la Alianza Democrática M-19, organización partidista del pacificado Movimiento Guerrillero M-19, cuya alta votación el 27 de mayo había sido para los observadores la mayor novedad. No hubo acuerdo para designar presidente de la Asamblea, por lo que se convino que actuara un triunvirato formado por los representantes de aquellas tres corrientes.

Un estudio minucioso y profundo de la nueva Constitución es obligatorio para los constitucionalistas latinoamericanos. Ella tiene, sin duda, aspectos muy positivos y algunos novedosos, aunque también contiene aspectos que considero discutibles. Incluye, por cierto, numerosas instituciones que ya ha consagrado el ordenamiento jurídico venezolano. Por ejemplo, el voto obligatorio, el Consejo «Superior» de la Judicatura, la separación de los cargos de Fiscal General y Procurador General (aunque las competencias son inversas a las nuestras porque allá el Procurador General «de la Nación» es «el supremo director del Ministerio Público»), la mayoridad a los 18 años, el divorcio, la protección de la madre y la mujer embarazada, la previsión de «estímulos y medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas», la gratuidad de la enseñanza «sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos» («el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior»), la autonomía universitaria, el amparo («acción de tutela»), la elección popular de gobernadores y alcaldes (los gobernadores pueden ser destituidos por el Presidente de la República y los alcaldes por el Presidente y por el Gobernador, en los casos taxativamente establecidos por la ley), las leyes orgánicas, un «Consejo Nacional Electoral», la prohibición para el Congreso de aumentar los gastos previstos en el proyecto de presupuesto, la norma de que «el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables», la de que «la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común»: éstas son algunas, entre las muchas instituciones que –con ciertas variantes- ya existen en Venezuela por decisión del constituyente y del legislador.

En algunas materias se muestran más explícitos o más categóricos que nosotros; por ejemplo: «La dirección general de la economía estará a cargo del Estado», el cual «intervendrá por mandato de la ley, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y la preservación de un ambiente sano».

O estas otras: «El Estado, de manera especial intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos», las actividades «financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación son de interés público y sólo podrán ser ejercidos previa autorización del Estado». A propósito, si bien me encuentro entre quienes se preocuparon por la reforma regresiva del Código del Trabajo colombiano hace algunos meses, hallo en el texto constitucional la disposición de que «en cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores», lo que parece revelar que aquella involución no va a poder seguir avanzando.

En medio de las numerosas y a veces contradictorias disposiciones de la nueva Carta, se encuentran aspiraciones como ésta, que ojalá no sea simplemente la expresión de un anhelo: «La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». Entre las contradicciones que encuentro, debo señalar esta: se establece el voto obligatorio pero para la validez de un «referendo» basta la participación de una cuarta parte de la población inscrita en el censo electoral. Contradictorio me parece también el que la nueva Constitución, elaborada en una forma tan atípica, no se haya sometido ella misma a referéndum.

Entre los aspectos que consagra la Carta hay algunos que estamos considerando aquí como posibles materias de una próxima enmienda constitucional: el referéndum, el Defensor del Pueblo, la capacidad que se mantiene para ser «representantes» a los naturalizados, el derecho a la información (que allá garantizan si es «veraz e imparcial», aunque ¿quién podría calificarla así?).

A mi modo de ver, además de la prohibición de extradición de colombianos por nacimiento, el principal propósito de los constituyentes fue quebrantar la clase política. El paso más audaz fue la disolución del Congreso. La no reelección para el período inmediato se extendió a los parlamentarios y, prácticamente, a todos los funcionarios efectivos. Se estableció la posibilidad de revocación del mandato y pérdida de la investidura. El voto de censura a los ministros acarrea su destitución: basta que la adopte cualquiera de las cámaras por mayoría absoluta.

Hay muchas más limitaciones y condicionamientos para el ejercicio de las diversas ramas del Poder Público. ¿Producirán buen efecto? ¿Podrán mantenerse indefinidamente? No será fácil. En todo caso, a través de este traumático proceso, se trasluce una búsqueda desesperada de la paz.

1991. Agosto, 14. ALA / El Universal: Alta Comisión de Justicia

Artículo Rafael Caldera Alta Comisión de Justicia
Recorte de El Universal del 14 de agosto de 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Alta Comisión de Justicia

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 14 de agosto de 1991.

 

Quizás el problema institucional más grave que confronta la actualidad venezolana es la falta de confianza del pueblo en la administración de justicia. Hay jueces honorables, muchos. Hay jueces ilustrados, sin duda. Hay jueces laboriosos, no se puede negar. Los hay también incultos, los hay perezosos, los hay deshonestos. Pero lo grave es que la sociedad civil ha perdido, en general, respeto por los fallos judiciales. En cualquier sondeo de opinión se responde con facilidad que las actuaciones de los magistrados las dictan el interés, el soborno o la presión política. Así como se está formando una especie de matriz de opinión adversa al estamento político, en la cual cabe la expresión de que pagan justos por pecadores, así mismo, se va convirtiendo en lugar común de que es inútil y tonto esperar que los tribunales hagan justicia. Con la agravante de que, si bien los políticos pueden renovarse a través de procesos electorales y se abriga la esperanza de que la reforma de los sistemas de votación puede inyectar sangre limpia a los cuerpos deliberantes, en el caso de la justicia, la estabilidad se requiere por la independencia necesaria para decidir.

La Comisión Bicameral que estudia la conveniencia de una nueva Enmienda Constitucional ha considerado desde su instalación que uno de sus objetivos más importantes debe ser la rama judicial del Poder Público. Se ha pensado en aumentar los requisitos para ocupar altas magistraturas, en exigir una mayoría calificada para su elección, en alargar el período de los magistrados de la Corte Suprema y prohibir su reelección, en disponer que los tribunales deben proveerse necesariamente por concursos de oposición, en que los jueces no puedan tener militancia política activa, y otras cosas más. Pero siempre asoma la duda: ¿serán estas medidas verdaderamente eficaces para alcanzar el fin propuesto?

¿Llegaremos con ellas a convencer al país nacional, a la sociedad civil, de que las designaciones de jueces no ha sido resultado de acuerdos entre las cúpulas partidistas?

Muchas meditaciones en torno a esta cuestión me fueron llevando a pensar en la necesidad de crear un cuerpo colegiado, muy independiente, muy representativo, para actuar como una especie de gran jurado, con autoridad para destituir funcionarios judiciales, de cualquier nivel, que en la conciencia de la comunidad sean conocidos como venales, como parciales o en cualquier forma corruptos, y cuya presencia en el estrado no ofrece la garantía de obrar con rectitud.

Porque el Consejo de la Judicatura, es cierto, se ha esforzado en cumplir sus funciones disciplinarias, pero su buena voluntad se estrella ante el hecho de que los funcionarios más señalados como indignos suelen ser los más astutos para cubrir las formas, y hasta puede haber sucedido que, en casos raros en que el Consejo encuentra pruebas suficientes para la remoción, la Corte Suprema revoca el fallo por considerar que no hay en autos prueba plena y ordena la reposición y hasta el pago de salarios caídos al juez destituido.

Pero el razonamiento me fue llevando más allá. Varios países hermanos han ido introduciendo diversas modalidades para que la elección de los magistrados del más alto tribunal no la haga el Parlamento por su sola escogencia, sino que participen otros organismos en la elección de nombres de candidatos, entre los cuales debe escoger el Congreso. ¿Cuál podría ser, he pensado, ese organismo para que no pueda considerarse manejable por los cogollos políticos? Más aún, ¿cómo puede integrarse esa entidad para dar a la opinión pública la seguridad de que no ha sido producto de arreglos y de que representa los más variados sectores de la vida nacional?

Estos razonamientos me llevaron a proponer a la Comisión Bicameral, que tengo el alto honor de presidir, la creación de una Alta Comisión de Justicia. Así a secas. Ni «Consejo» ni nada de «Superior» o «Suprema». Una Comisión integrada por un número que no sea ni tan grande, que funcione con dificultad, ni tan pequeña, que se preste para los arreglos, que pueden hacerse con la mejor intención y con óptimo resultado, pero que también podrían ser fruto de un puro y simple reparto de posiciones entre las corrientes que la integran.

La Alta Comisión de Justicia que he propuesto no debe ser un cuerpo burocrático más. No debe tener ninguna especie de remuneración económica, ni siquiera sus miembros deben recibir el consabido obsequio de un automóvil y un chofer. No debe reunirse sino en cada caso en que le toque cumplir alguno de los actos que le estén confiados, los cuales fundamentalmente serían dos: 1. Destituir a cualquier funcionario judicial cuando la libre convicción de la mayoría absoluta de sus integrantes lo merezca, y 2. Elaborar listas de candidatos para que el Congreso haga la selección final por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros.

La idea es que la Alta Comisión la convoque y la presida el presidente del Consejo de la Judicatura o el fiscal general de la República. El Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia no deben formar parte de la Alta Comisión, pero sí aportarle los elementos de información que consideren pertinente, incluyendo nombres de posibles candidatos para la lista que va a elaborar (los cuales libremente puede incluirlos o no). De las decisiones del nuevo organismo no se debe dar recurso alguno.

Otra atribución que podría dársele es revisar un concurso de oposición, cuando recurra ante ella alguno de los interesados. Porque puede haber el peligro de que los concursos, que son la vía legítima de provisión, fueran «arreglados», con lo que no sólo perderían su utilidad, sino hasta su legitimidad.

La idea de la Alta Comisión de Justicia ha ido tomando aceptación, dentro y fuera de nuestra Comisión Bicameral. Calificados juristas han emitido en la prensa opinión favorable. Lo que se está analizando con mayor cuidado es su composición. Yo estoy a favor de que no tenga menos de treinta miembros ni más de cuarenta, de que más o menos la mitad la supla el estamento jurídico (decanos de las facultades de Derecho, presidentes de colegios de Abogados, miembros directivos de asociaciones y jueces) y de que la otra mitad la formen directivos calificados de la sociedad civil: de las instituciones académicas, de instituciones morales (por ejemplo, tres obispos católicos y dos dirigentes de otras religiones, v.g., un pastor evangélico y un rabino), dirigentes del sector empresarial y de las centrales sindicales, de las federaciones de vecinos, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas y el de la organización de oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. En mi opinión, estos sectores no «enviarían» delegados o representantes, sino a sus propios funcionarios escogidos por ellos para dirigirlos. Por supuesto, éstos tendrán medios para informarse amplia y debidamente de las situaciones que se van a resolver.

Con ello se lograría: uno, que la sociedad civil se convenciera de que los jueces no son impuestos ni manipulados por cogollos de ninguna clase; y dos, que no puedan surgir «arreglos» negociados entre los miembros de la Alta Comisión, que más que el espectro político representarían un verdadero espectro nacional.

Al acariciar esta idea no hemos podido menos que pensar en Don Simón Rodríguez. O inventamos, o erramos. O mejor: o inventamos, o perecemos. El paso propuesto es el más trascendental para sembrar la conciencia del estado de derecho en el alma del pueblo.