La prioridad de los Derechos Humanos en relación con las instituciones sociales y políticas (1978)

Parte mecanografiada de la conferencia leída por Rafael Caldera en la Universidad de Georgetown.

La prioridad de los Derechos Humanos en relación con las instituciones sociales y políticas

Conferencia pronunciada en inglés en el Congreso Internacional sobre Derechos Humanos en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., el 27 de abril de 1978.

La expresión «derechos humanos» debe considerarse como una de esas frases pleonásticas a través de las cuales se quiere insistir, en un elemento dado. En verdad, todo derecho es humano, puesto que tiene como sujeto al hombre; pero dentro del conjunto de derechos, es decir, de la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a favor de un ser humano, se quiere insistir en aquellas que versan más directamente sobre la existencia misma de la persona humana, sobre su integridad, sobre su desarrollo específico, sobre su libertad, sobre su dignidad, así como sobre aquellos entes sociales a través de las cuales la persona encuentra la posibilidad de realizarse. Por lo general, se trata de derechos frente a la Sociedad y al Estado, no frente a particulares.

En el siglo XVIII se formulan declaraciones de derechos «del hombre», como punto de partida de una nueva concepción política basada en la voluntad del pueblo. Las más célebres fueron la de Virginia, de 1776, que enmarcó los objetivos fundamentales que privarían en la organización política de Estados Unidos, y la francesa de 1789, que sirvió de pauta a la Revolución universal. La conspiración de Gual y España, con la cual se inicia el proceso de lucha por la independencia en Venezuela, estuvo inspirada por la misma, así como el inicio del movimiento emancipador en la Nueva Granada, a través del precursor Antonio Nariño. El siglo XIX conduce a la generalización de estas declaraciones, con ligeras variantes, en los distintos textos constitucionales. En el siglo XX, la teoría de los derechos humanos toma carácter universal y formalmente culmina en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, promulgada por la Asamblea de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.

Un movimiento de internacionalización que comenzó a través de los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, vino a convertirse en una rama nueva y específica del Derecho Internacional. La afirmación de los derechos humanos y su violación dejaron de ser, en el derecho positivo, atribución exclusiva de la soberanía de cada estado: la comunidad internacional se responsabiliza de la acción para lograr que los derechos humanos se garanticen en todas las naciones de la tierra.

A falta de definiciones precisas, los numerosos tratadistas que abordan la materia insisten en el aspecto de la gravedad de la violación de esos derechos que se llaman humanos y en su carácter fundamental o esencial para la persona humana. Un autor expresa: «La teoría y la práctica de la intervención humanitaria, como previamente se estableció, se ha basado en la premisa de que ciertos derechos individuales son tan esenciales y tienen tan alto valor para la persona humana, que sus violaciones por cualquier estado son un asunto que realmente concierne a otros estados…» (Manoucher Gaujin, «Internacional Protection of Human Rights», Droz, Ginebra, 1962, pp.124). Pero, en definitiva, una tendencia se orienta hacia la enumeración de aquellos derechos que se llaman humanos, si bien admite que entre ellos hay algunos que tienen mayor preeminencia y otros cuya violación no llega a justificar suficientemente la invasión de la soberanía mediante la acción internacional.

Hablando de enumeraciones, la más difundida es la que contiene la declaración universal formulada por las Naciones Unidas. Sin embargo, el proceso de cambio social, la evolución de las ideas, el planteamiento de las cuestiones que supone el desarrollo y la importancia que éste tiene para alcanzar un nuevo orden mundial donde se aseguren firmemente la paz y el bienestar, hace pensar en otros derechos que también revisten características de fundamentales y que deben calificarse como derechos humanos, a saber, el derecho de cada pueblo, no sólo a su propia identidad, sino a aquellas condiciones –como los términos justos del intercambio comercial– que le permitan lograr su desarrollo.

Podríamos, en consecuencia, considerar como derechos humanos:

  1. a) Todos aquellos que directamente afectan la integridad de la persona humana: integridad física, moral y social. Estarían comprendidos aquí el derecho a la vida, a la integridad corporal (que envuelve la prohibición de las torturas), el derecho a los recursos necesarios y suficientes para obtener la alimentación, la habitación, el vestido, otros medios de subsistencia y los demás recursos necesarios para llevar un nivel de vida compatible con la dignidad de la persona; el derecho a la libre expresión de pensamiento, el derecho a rendir culto a Dios según el dictamen de la propia conciencia, el de manifestar, pública y privadamente, la religión que se profesa; el derecho a la libertad, a no ser detenido arbitrariamente, a no ser sujeto a pena sin previo juicio, conforme a la ley pre-existente y con las debidas garantías procesales; el derecho al buen nombre y al respeto de la persona, la salvaguarda de la vida privada, el derecho a la intimidad; el derecho a seguir la profesión que se escoja, el derecho a fijar domicilio en el lugar que se prefiera, el derecho al descanso, a la recreación, a la protección y cuidado de la salud y a la seguridad social; el derecho a sindicalizarse y a ocurrir a la huelga como medio de defensa de legítimos intereses, dentro de las condiciones legales; el derecho de propiedad sobre los bienes, en cuanto asegure a cada uno cierta zona indispensable de autonomía personal y familiar; el derecho a vivir en condiciones de igualdad, sin discriminaciones de ninguna especie; el derecho a la cultura, al acceso a la educación en igualdad de condiciones, etc. (Léase «La Iglesia y los Derechos Humanos del Hombre», Comisión Pontificia Justitia et Pax, 1945, Edición Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago, págs.. 37-42).
  2. b) Los derechos humanos de las personas colectivas, a través de los cuales se hace posible para cada uno la realización de su propia personalidad individual. Estos incluyen el derecho al desarrollo, que a su vez supone el derecho a condiciones de intercambio económico que hagan posible a cada pueblo realizar su programa para lograr la incorporación de todos sus habitantes al proceso económico y social; el derecho a la propia identidad, que envuelve el de hablar su lengua, el de enriquecer su cultura, el de vivir sus costumbres y desarrollar sus propios medios (ibídem).

Los derechos humanos de las sociedades intermedias, entre las cuales tiene preeminencia la familia, como célula fundamental de la sociedad, fundada sobre el matrimonio libremente contraído y en condiciones de igualdad jurídica y social entre el hombre y la mujer; el derecho a engendrar prole, el derecho de prioridad en el mantenimiento y educación de los hijos, el derecho a un ambiente sano y favorable al bienestar físico y moral, el derecho a condiciones económicas que permitan a la familia cumplir sus fines específicos.

Estos derechos podrían clasificarse en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como lo hace la Comisión Justitia et Pax en el opúsculo sobre «La Iglesia y los Derechos del Hombre» que ha publicado con indudable acierto orientador; ese opúsculo se encuentra precedido por una introducción relativa a la libertad y derechos fundamentales, como supuesto de los derechos allí enumerados, y es cierto que cada vez más existe la tendencia a entender por derechos humanos aquellos que van directamente envueltos con la libertad en sus principales manifestaciones (libertad de pensamiento y de acción, seguridad personal y posibilidades de movimiento), la que suele ser algo así como la condición para el ejercicio de las otras atribuciones y libertades. Pero es necesario tener presente, como lo manifesté en la reunión de dirigentes mundiales de la Democracia Cristiana, celebrada en Bruselas en mayo de 1977, y como lo expuso el Secretario Vance en la Universidad de Georgia, el 30 de abril de 1977, que no se debe limitar el concepto de los derechos humanos a las garantías políticas o a la integridad física o moral de la persona, ya que también se extiende al derecho a satisfacer necesidades esenciales de la vida, tales como la alimentación, la vivienda, el vestido, la educación y la atención a la salud.

¿Cuál es la razón para que se atribuya preeminencia a la defensa de los derechos humanos, hasta el punto de una cierta intromisión en la esfera de competencia de la soberanía de cada Estado?

La razón primordial de este carácter prioritario reside en la preeminencia de la persona humana, que en sí misma constituye el objeto y la razón de ser de la sociedad y del Estado, cuya finalidad primordial ha de estar precisamente en la garantía de los derechos, en el aseguramiento de condiciones que hagan posible una vida decente y sana y en la misma seguridad jurídica, todo lo cual gira en torno a la persona.

Para la teología cristiana, esta afirmación de la persona humana tiene fuentes muy claras: por una parte, la creación, en la cual Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza (Génesis, 1, 26) y le encomendó someter la tierra (Génesis, 1, 28); y por otra parte, la Redención, a través de la cual el hombre tomó el altísimo rango de hermano de Cristo, que es «primogénito entre muchos hermanos» (Rom., 8, 29). Por ello, la Constitución «Gaudium et Spes», sobre la Iglesia en el mundo actual, aprobada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, afirma: «la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables…». «El orden social, pues –dice– y su progresivo desarrollo, deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal y no al contrario» (Nos. 25 y 26).

Esta preeminencia de la persona es compartida con muchas otras concepciones filosóficas, aunque arranquen de una fundamentación distinta. Y no significa, en modo alguno, que se dé predominio al individuo sobre la sociedad. La sociedad, en sí misma, constituye un hecho natural, indispensable para la vida y desarrollo de la persona. Observemos lo que dice la Constitución que he citado: «La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Porque al principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social (Santo Tomás, 1. Ethic. 1). La vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental. Por ello a través del trato con los demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación. De los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre, unos, como la familia y la comunidad política responden más inmediatamente a su naturaleza profunda; otros proceden más bien de su libre voluntad. En nuestra época, por varias causas se multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las interdependencias; de aquí nacen diversas asociaciones e instituciones, tanto de derecho público como de derecho privado» (No. 25).

Por otra parte, como observa atinadamente un autor: «la primacía del bien común sobre el bien particular no es la de la sociedad sobre la persona, pues ni la sociedad es el bien común, ni la persona es su bien particular. Sostener la primacía del bien común sobre el bien particular es hacer que la vida social sea provechosa a todas las personas y no exclusivamente a una o a varias» (Antonio Millán Puelles. «Persona Humana y Justicia Social», Rialp, Madrid, 1973, pág. 54).

Aquí está, pues, el elemento fundamental de la cuestión que se me ha planteado: la prioridad de los derechos humanos en relación a las instituciones sociales y políticas; porque, como lo dice la Comisión Justitia et Pax: «El fundamento cristiano de la teoría de los derechos del hombre es el respeto a la persona humana entendida como fin y no como medio de la sociedad» («La Iglesia y los Derechos del Hombre», cit., pág. 60).

Es importante observar que esta materia, cuya fundamentación desde el punto de vista del pensamiento cristiano es de una claridad meridiana, no atribuye a aquella un carácter excluyente, sino que ofrece una ancha convergencia a las más variadas corrientes del pensamiento y a las más diversas concepciones políticas para llegar a fines análogos.

A este respecto, la guía de Maritain nos conduce con una extraordinaria precisión. El dice: «¿Hay algún motivo para sorprenderse al ver que los sistemas teóricos antagónicos coinciden en las conclusiones prácticas? La historia de la filosofía moral generalmente presenta el mismo panorama. Este hecho demuestra que los sistemas de filosofía moral son el producto de la reflexión intelectual sobre elementos éticos que los preceden y controlan y que revelan un tipo muy complicado de la conciencia, en la cual la labor natural de la razón espontánea, pre-científica y pre-filosófica está constantemente condicionada por las adquisiciones, las servidumbres, la estructura y la evolución del grupo social. Así, hay una especie de desarrollo y crecimiento vegetativo, por así decirlo, del conocimiento y del sentimiento morales, que es independiente de los sistemas filosóficos, aun cuando en un orden secundario este último entra en una acción de reciprocidad con el proceso espontáneo. Como resultado, esos diversos sistemas, aunque discutiendo sobre el ‘por qué’ prescriben en sus conclusiones prácticas reglas de conducta que parecen en conjunto ser las mismas para cualquier período y cultura determinados» («El Hombre y el Estado», versión castellana, Kraft, Buenos Aires, 1952, p. 97).

Esta coincidencia fundamental permitió el que en el seno de las Naciones Unidas pudiera haberse llegado a una Declaración Universal. El mundo entero: todas las concepciones políticas, todos los credos religiosos, todas las culturas y las razas encontraron cabida en el propósito y pudieron llegar a una declaración conjunta. Es cierto que la guerra estaba fresca todavía en la memoria de los pueblos. Todas las naciones tenían claro el hecho de que el conflicto mundial había sido la culminación de una escalada de desconocimiento de los derechos humanos de las personas individuales, de las comunidades, de las razas, de las culturas. Estaba presente la idea de que la paz no consiste solamente en la ausencia de la guerra. Y no era necesario recordar lo que recordó Pablo VI a las Naciones Unidas cuando se cumplieron 25 años de la Declaración: «Si la promoción de los derechos humanos conduce a la paz, al mismo tiempo la paz favorece su realización».

Acababan de vencer los pueblos libres a la mayor maquinaria bélica, a la más ambiciosa empresa de poder que hayan contemplado los siglos, y todo el mundo estaba consciente de que a esa maquinaria la había movido la negación de todo límite, el aniquilamiento de todo derecho, el desconocimiento de toda traba que pudiera oponérsele. El relato de los crímenes contra millones de personas estaba fresco en los oídos y en los ojos de la humanidad asombrada. Y en los juicios de Nuremberg se había desconocido abiertamente el formalismo del derecho positivo, para aplicar sanciones que no encontraban otro fundamento que el derecho natural. «Hasta hace un cuarto de siglo –dice una tratadista– era el consenso de opinión entre juristas, diplomáticos e internacionalistas en general, que la cuestión de las libertades fundamentales debía resolverse exclusivamente a nivel nacional. El 26 de julio de 1946, Sir Hartley Shawcross, en los juicios de Nuremberg, subrayó el importante precedente que se estaba estableciendo: ‘Yo no minimizo la significación para el futuro, de la doctrina política y jurídica implicada aquí’, dijo» (Alessandra Luini del Russo, International Protection of Human Rights, Lerner Law Book Co., Washington, 1971, p. 252).

Pero volvamos más bien a Maritain para escuchar sus esclarecedoras palabras: «El fundamento filosófico de los derechos del hombre es el derecho natural. ¡Lástima que no podamos encontrar otra palabra! Durante la era racionalista los juristas y filósofos utilizaron tan mal la noción del derecho natural, tanto con propósitos conservadores como revolucionarios, presentándolos de una manera tan simplificada y arbitraria, que resulta difícil utilizarla ahora sin despertar recelos y desconfianzas entre muchos de nuestros contemporáneos. Sin embargo, deberían advertir que la historia de los derechos del hombre está ligada al derecho natural, y que el descrédito acarreado por el positivismo sobre la idea del derecho natural comporta inevitablemente un descrédito semejante para la noción de los derechos del hombre» («El Hombre y el Estado», cit., p. 98).

El estudio de esta concepción en su sentido clásico, la interpretación prudente de Maritain, como muchos juristas contemporáneos, hacen de su concepto y su sentido la noción clara de que no se trata de normas esclerosadas e inmóviles, sino de la formulación de reglas generales dentro de las cuales el proceso social, económico, cultural y político, provoca una serie de reglas e interpretaciones propias del tiempo en que vivimos y no de edades anteriores al pensamiento y de la vida, todo ello explica por qué la materia es inevitablemente contradictoria cuando se trata de llegar a sus aplicaciones, cuando se requiere la precisión de normas y conductas para exigir su cumplimiento.

La afirmación y defensa de los derechos humanos se hace motivo de controversia, no porque haya quien se atreva a negar validez a las afirmaciones que le sirven de base, sino porque se entra a la discusión de las circunstancias específicas de cada país, de cada régimen, en cada momento determinado, y de las situaciones individuales o grupales en las cuales se demanda la aplicación de los principios.

Es indudable que la sola enunciación de los derechos humanos reconocidos como tales en los ambientes internacionales lleva consigo intrínsecamente una aspiración al sistema democrático, por cuanto éste demanda que la autoridad sea escogida voluntariamente por el pueblo a través de mecanismos que permitan la libre confrontación de ideas, de aspiraciones y de candidaturas. Por otra parte, el reconocimiento de que existen densos conglomerados de personas que no logran la satisfacción de una serie de derechos humanos fundamentales, y la suposición de que ello se debe a los mecanismos existentes dentro de los sistemas establecidos, precisamente, en aquellos países donde las libertades políticas son celosamente garantizadas, animan a corrientes poderosas y a gobiernos firmemente apoyados, a sostener la tesis de que algunos de los derechos humanos y libertades fundamentales que se defienden deben ceder ante procedimientos coactivos con los cuales se pretende asegurar la incorporación efectiva de los marginados al goce de los otros derechos.

Anotaciones a mano hechas por Rafael Caldera a su conferencia.

La experiencia histórica demuestra la falacia de estos argumentos. Por ello, los pueblos siguen considerando el conjunto de las libertades como elementos indispensables para obtener en la práctica el reconocimiento efectivo de sus derechos sociales y económicos. De allí la resistencia de los sistemas que pretenden haber ofrecido u ofrecer a sus pueblos el mayor grado factible de justicia distributiva, de negar el derecho a la contradicción, la libertad de exponer opiniones críticas, la posibilidad de plantear debates contestatarios sobre la supuesta verdad y justicia del régimen que se les impone.

Sinceramente creemos, con la profesora antes citada, que «la función primaria del gobierno en una sociedad libre y en un régimen de derecho es crear y mantener las condiciones que aseguren a todos los hombres sus derechos naturales fundamentales»  («Internactional Protection of Human Rights, cit., p. 253).

Por ello mismo, consideramos loable el que se enfrenten situaciones y se venzan obstáculos a favor del reconocimiento efectivo de los derechos humanos. Creemos en la primacía de los derechos humanos ante las instituciones sociales y políticas que de ellos mismos se derivan; vemos con simpatía la idea aprobada por la Conferencia Mundial de Bankok sobre la paz mundial a través del Derecho, en 1969, de la creación de una Corte Universal de Derechos Humanos, así como la idea de establecer un Alto Comisionado de Derechos Humanos que sea una especie de Ombudsman, para denunciar las violaciones donde quiera que ocurran.

Lo esencial para que esta lucha tenga éxito es recordar que los derechos humanos por los cuales se aboga no son expresión sectaria de ninguna determinada corriente de pensamiento político, ni se plantean exclusivamente ante determinadas ideologías o situaciones. Se trata de la persona humana. Se trata de derechos colocados por encima de cualquier delimitación, no sujetos a reciprocidad, irrenunciables, como de orden público que son, dotados de validez permanente. De un atributo «fundamental del hombre y su disfrute, imprescindible para que cobre su verdadera dimensión de ser humano» (Carlos García Bauer, «Teoría de los Derechos Humanos», Guatemala, 1971, p. 20).

No puede plantearse la lucha por la prevalencia de los derechos humanos como un combate orientado a favorecer o perjudicar por intereses políticos o determinadas concepciones del Estado. La defensa de los derechos humanos, para ser eficaz, tiene que plantearse lo mismo frente a la derecha que frente a la izquierda, o frente a cualquier régimen de cualquier definición doctrinaria. Y si se admite, como lo acepta Maritain, que «esos derechos, siendo humanos, son, como todo lo humano, pasibles de condicionamiento y limitación, por lo menos del modo en que hemos visto respecto de su ejercicio» («El Hombre y el Estado», cit., p. 126), esa limitación tiene que verse con suma prudencia y en forma que revista la mayor equidad, para no justificar en unos lo que se señala condenatoriamente en otros.

El proceso de reconocimiento de los derechos humanos, según se ha observado con otros procesos de institucionalización, apunta de la manera más firme a través de declaraciones y compromisos regionales. La Comunidad Europea ha sido celosa en la materia; también lo ha sido la Organización Regional Interamericana.

En este momento histórico, en los países latinoamericanos el sistema democrático basado en la libre voluntad de los ciudadanos sólo se mantiene en una minoría; pero se observa ya una tendencia regresiva de los golpes de fuerza, y se nota una cierta disposición de los gobiernos surgidos de golpe de estado y mantenidos autoritariamente, a aceptar la apertura de vías para que sus comunidades nacionales reasuman el ejercicio del sufragio del cual han de emanar los poderes públicos. El reconocimiento de los derechos humanos para todos los ciudadanos de esos países, y especialmente para quienes ejercen o aspiran ejercer la oposición política, es piedra de toque de la sinceridad de los propósitos y de la viabilidad de los caminos.

Pensemos en la responsabilidad que los países de este hemisferio tienen para dar en el mundo un ejemplo de fe en la democracia; para comprobar la viabilidad en otras tierras del sistema establecido por los colonos norteamericanos hace 200 años, –por lo menos en los rasgos compatibles con la diversidad de los pueblos– y habremos hecho un servicio inestimable a la causa del ser humano, a su legítima preeminencia y al establecimiento duradero de un orden internacional sustentado sobre una verdadera paz.

 

Veinte años de Vida Democrática (1978)

Rafael Caldera, Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt en 1958.
Portada de la Revista Momento del 31 de enero de 1958.

Veinte Años de Vida Democrática

Conferencia en la celebración de la cena de Nuevo Año de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, Caracas, 19 de enero de 1978.

Agradezco muy sinceramente a la Asociación Venezolana de Ejecutivos la insistencia cordial en invitarme a participar en esta cena de Nuevo Año. En verdad, tenía tantos compromisos ya contraídos para estos días, que se me hacía muy difícil aceptar este otro; pero en el curso de la conversación surgió el recuerdo de que se van a cumplir veinte años de vida democrática, a partir de los acontecimientos del 23 de enero de 1958, y al fin y al cabo no podía invocar que el tema me fuera ajeno, ni eludir la responsabilidad de formular algunas consideraciones, de traer algunos recuerdos y de analizar un poco lo que este aniversario representa en la vida de Venezuela.

Debo decir, además, que los ejecutivos saben el respeto y la simpatía que les tengo. Este sector social nuevo, que viene a romper la dicotomía teórica entre el capital y el trabajo, tiene un papel cada vez más importante en la vida de la sociedad en todos los países, sea cual fuere el signo ideológico que prevalezca en su orientación política o económica. En resumidas cuentas, todos hallan que los ejecutivos tienen la clave, tienen en sus manos la palanca que mueve y el criterio que orienta el desarrollo de los acontecimientos. Me siento, pues, una vez más muy feliz de encontrarme entre este grupo responsable, competente, esforzado, que al lado de los empresarios y representándolos muchas veces, constituyen un grupo de trabajadores de selección, cuya participación intelectual y cuyos conocimientos son cada vez más importantes, a medida que avanza la tecnología y la ciencia de la organización de las empresas.

Había para mí una circunstancia personal que quizás no es ocioso mencionar. Esta fecha de hoy constituye también para mí un aniversario. Hace exactamente veinte años salí al exilio. Y encontré, por cierto, en el aeropuerto de New York esperándome —para sorpresa mía— a Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba, acompañados de Gonzalo Barrios, de Ignacio Luis Arcaya, de Luis Augusto Dubuc y de un grupo de personalidades representativas de los dos más importantes partidos políticos, distintos del mío (que lo considero también otro de los más importantes) y con quienes no me había visto desde hacía muchos años. A Rómulo Betancourt, seguramente no lo veía desde que dejó el gobierno como Presidente de la Junta Revolucionaria. Durante el Gobierno del Presidente Gallegos, muchas veces conversé con Ga­llegos, pero no tuve oportunidad de conversar con el expresidente de la Junta Rómulo Betancourt. A Jóvito Villalba no lo veía desde los días que siguieron al 30 de noviembre y al de diciembre de 1952, poco antes de que se le «invitara», como dijo la prensa oficial, a abandonar el país con escala en Panamá, rumbo a New York. Me sorprendió encontrarles y me explicaron que el New York Times, el más importante de los diarios de Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo, traía la noticia de mi llegada, por obra de un corresponsal que, sin duda, era un genio de la noti­cia, Tad Szulc, que se encontraba en esos días en Venezuela y que había logrado eludir la severidad de la censura hablando por teléfono con su esposa en polaco, que era su lengua originaria.

Salí, pues, hace hoy veinte años, al exilio más breve y más feliz que puede haber tenido un perseguido político. Me encontré allá ambiente de fiesta, de optimismo y de esperanza y me lancé a decir en la rueda de prensa que se celebró en el propio aeropuerto de New York, que la caída de la dictadura era una cuestión de muy poco tiempo, probablemente de muy breves días. Yo salía del asilo de la Nunciatura Apostólica; un asilo un tanto curioso, porque fui invitado por el Nuncio —a quien quiero rendir esta noche el homenaje de mi respeto, de mi admiración y de mi cariño— el Excelentísimo señor Rafael Forni, un hombre singular en su manera de ser, que tenía el prurito de su nacionalidad suiza, el cual le hacía sentirse permanente defensor de los derechos humanos y le hacía considerarse obligado siempre a expresar la verdad, quien me invitó el 1º de enero a ir a su residencia cuando habían ido a buscarme nuevamente a mi casa de parte de la Seguridad Nacional y cuando algunos amigos me habían advertido de que en esas circunstancias la prisión probablemente significaría algo más grave. Estuve, pues, en la Nunciatura hasta el 19 de enero y ese día se convirtió para mí en una fecha feliz, porque, si bien sentí al levantar el avión la desgarradura de dejar el suelo de la Patria, frente a un puñado de mujeres que gritaban en el aeropuerto ¡Caldera volverá!, se convirtió por obra de la Providencia en la iniciación de una actividad nueva y de una vida de singular intensidad.

En ese momento la sección editorial del New York Times, que seguía con intensidad los acontecimientos de Venezuela, compartía la misma opinión; y el acontecimiento del 23 de enero se celebró en New York casi con la misma intensidad (por lo menos para el grupo de venezolanos y latinoamericanos que allí estábamos) como se celebraba en Caracas y en el resto de Venezuela. En el hogar de los esposos Villalba nos reunimos y un brindis de champaña, casi forzado por exigencia de los reporteros gráficos, recogió en una fotografía un encuentro de tres corrientes políticas, de tres dirigentes políticos que nos habíamos combatido mucho a través de los años, pero que nos sentíamos comprometidos a poner por encima de todas las diferencias pasadas, presentes y futuras el interés de la Patria y las necesidades de la democracia venezolana. Fuimos a hablar con Eugenio Mendoza para persuadirlo de que aceptara el cargo de miembro de la Junta de Gobierno que se le ofrecía, ya que la incorporación de él y de Blas Lamberti convirtió la Junta originaria, con la salida de sus dos integrantes que suscitaban reparos desde el punto de vista de su supuesta posición política, en una Junta Cívico-Militar.

Ahora, pienso que para entender el 23 de enero de 1958 hay que relacionarlo con algunas fechas anteriores. Yo diría que, por lo menos, con el 17 de diciembre de 1935, con el 18 de octubre de 1945, con el 24 de noviembre de 1948 y podríamos decir, con el 21 de diciembre de 1952. El 23 de enero no fue un hecho fortuito, casual, no fue meramente una cir­cunstancia afortunada, aun cuando no puedan descartarse todos los elementos anecdóticos y circunstanciales que le dieron contenido definitivo a la fecha. Fue resultado de un proceso de maduración, de sufrimiento, de dolor, de esperanza, de avance, de retroceso, que vino a producir en la dirección de la vida política del país, en la dirección de la vida económica y social, en la dirección de la vida militar y en el pueblo de Venezuela la conciencia de que había objetivos fundamentales que lograr y que estos objetivos peligraban si reincidíamos en equivocaciones, en errores o en fallas que se habían cometido con anterioridad.

Porque el 17 de diciembre de 1935 fallece en su lecho de enfermo, de muerte natural, el Presidente Gómez; se le entierra con todos los honores, pero comienza una experiencia nueva en Venezuela. La generación del 28, que en cierto modo había sido precursora del cambio político, participa activamente en todo ese proceso, un poco confuso y contradictorio, de evolución hacia formas permanentes de vida democrática. Y la generación del 36 aparece y brota, tratando de competir y de disputar en algunos momentos a los líderes políticos, que ya tenían un nombre hecho y una credencial obtenida a través de los últimos años del gobierno del General Gómez, la orientación de la vida nacional.

El año de 1936 fue un año lleno de circunstancias sumamente curiosas. Cuando me preguntaron en España si había en verdad alguna analogía entre la situación actual que se vive en la Península y la situación que vivió Venezuela, no podía menos que admitir algunas similitudes, aun cuando hay profundas diferencias entre una nación al fin y al cabo más adelantada y más desarrollada como lo es España, con la nación rural, atrasada, aislada del mundo que era Venezuela en 1936. Porque sin duda, se inició un proceso cuyo protagonista, el Presidente López Contreras, electo por el Consejo de Ministros y luego por el Congreso de la República para completar el período del General Gómez —de él había sido su último Ministro de Guerra y Marina—, tuvo un papel que en algo presenta ciertas similitudes con el que al Rey Juan Carlos le ha tocado vivir en el proceso actual de España. El Presidente López Contreras anunció al país como motivo de duelo nacional la muerte del General Gómez, lo besó en la frente, depositó una lágrima en su féretro, lo inhumó con todas las solemnidades. Al cabo de una semana la situación había cambiado de una manera radical: los familiares inmediatos, los colaboradores más íntimos del presidente Gómez estaban fuera del país y el pueblo comenzó a aparecer y a retomar conciencia de su propio destino.

Pero indudablemente que aquel fue un proceso complicado de marchas y de retrocesos. El 6 de enero se suspendieron las garantías constitucionales, y la suspensión fue un poco simbólica. El 14 de febrero, cuando se quiso hacer más efectiva y dura, vino aquel gran movimiento nacional encabezado por el estudiantado; luego siguieron formas distintas que no es el caso rememorar, porque sería alargar demasiado esta charla y reducir lo fundamental que es el análisis de estos veinte años de vida democrática. Lo cierto es que desde el 17 de diciembre de 1935 al 18 de octubre de 1945 se realizó un proceso evolutivo de ciertas características. En medio de estos avances y retrocesos, para el 45 los líderes políticos que habían ido al exilio habían regresado al país. Cabe citar también otro hecho anecdótico: cuando de acuerdo con la Constitución promulgada en 1961, el General López Contreras se incorporó como Senador Vitalicio al Congreso de la República, algunos de los oradores que lo recibieron y que lo saludaron en nombre de sus partidos, habían sido perseguidos políticos suyos dentro de las circunstancias casi inevitables de aquel primer quinquenio de gobierno.

El 18 de octubre se produce la ruptura del hilo constitucional, aquel hilo constitucional que celosamente se había conservado en los años del 1936, y se realizan una serie de fenómenos, la participación masiva del pueblo, el voto universal directo y secreto para los mayores de 18 años, supieran o no leer y escribir, y el germinar de los partidos políticos que venían incubándose a lo largo del proceso anterior. Por eso los mayores partidos nacieron en esos días siguientes al 18 de octubre, salvo Acción Democrática que había nacido un poco antes (durante el Gobierno del General Medina se había formalizado) y del Partido Comunista, que había tenido su reunión formal en las postrimerías del Gobierno de Gómez.

Fueron muchos los errores, al mismo tiempo que son innegables los avances y los hechos positivos que ocurren en ese trienio de 1945 a 1948. El mayor de todos los errores fue el enguerrillamiento cerril que surgió entre los grupos políticos. De ese enguerrillamiento no podemos nosotros eximirnos porque fuimos partícipes de él. Pero debo decir, en descargo nuestro, que los grupos que salieron en oposición durante aquel proceso fueron recibidos con toda clase de ataques verbales y físicos y que la reacción ver­bal de la oposición tuvo su origen en la intemperancia verbal de los cuadros del gobierno. No cometo ninguna injusticia señalando esto.

Cuando URD y COPEI anunciaban su intención de celebrar actos públicos de masas, la situación imperante se lanzaba a impedirlos y sus voceros fueron calificados en una forma injusta e impropia. Lo cierto es que la lucha se hizo tan tremenda que parecía difícil que la situación se pudiera sostener y se dio el hecho de que en más de una circunstancia, cuando un grupo como el nuestro, por ejemplo, salía a la calle a publicar sus ideas, a exponerlas en una plaza pública y era objeto de una agresión, tenía que intervenir la fuerza armada, no ya la policía, que estaba parcializada de antemano, sino la fuerza militar; con lo que instintivamente el pueblo se fue acostumbrando a ver en el Ejército y en la Guardia Nacional el árbitro entre las facciones, ya que era el que ponía el orden y garantizaba las vidas y la seguridad de los participantes de la oposición.

Y como el movimiento del 18 de octubre en su origen había sido promovido por un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y de dirigentes políticos, esa unión se fue desvaneciendo rápidamente por muchas circunstancias y llegamos al doloroso hecho del 24 de noviembre de 1948. Indudablemente, no fue este el deseo del Presidente Gallegos y yo puedo decir que tuve una serie de curiosas experiencias con él, porque cada vez que solicitaba una audiencia para ir a quejarme, sentía él la necesidad de desahogarse conmigo y de hacerme confidencias que a mí mismo me abrumaban, creándose una amistad muy extraña porque nos separaban la edad, la militancia política, los mismos acontecimientos, pero que para honra mía se fue convirtiendo en una relación personal de verdadero aprecio, que se incrementó hasta el día en que me correspondió, ya en la Presidencia de la República, pronunciarle unas palabras de despedida en el Salón Elíptico del Capitolio Federal.

Gallegos era un hombre cargado de gloria, de méritos, de autoridad personal, moral, pedagógica, literaria. Era un hombre de sesenta y dos años, cuando yo tuve la osadía a los treinta y uno de aceptar la postulación para una primera candidatura presidencial y recorrer el país tratando de competir aunque fuera de manera simbólica con aquella candidatura que de antemano estaba destinada a convertirse en elección. Pero no es tampoco ningún descubrimiento, ni ninguna injusticia admitir que el Presidente Gallegos, cargado como dije de méritos y glorias, no tenía la vocación de estadista y las condiciones de político que habría necesitado para superar aquella situación y para poder impedir el nuevo tropiezo que hubo en la marcha de la democracia venezolana.

El 24 de noviembre abre una nueva experiencia: lo tradicional en Venezuela era, tras cada golpe de los muchos que ha habido en nuestra difícil historia política, que los opositores del régimen caído se convirtieran en perseguidores y se aprovecharan del cambio para desahogar rencores y venganzas. En esta circunstancia, para bien del país, los que habíamos sido perseguidos y nos considerábamos agraviados, ofendidos, amenazados por el gobierno derrocado, más bien comenzamos a tender cables de acercamiento, a recordarle al nuevo gobierno militar que era necesario volver a la vida civil, a la experiencia constitucional y se fue realizando un proceso a través del cual se hicieron amistades entre antiguos adversarios, en las cárceles, en el exilio y en la persecución.

Una de las cosas que me dijo el Presidente Gallegos en una ocasión que lo visité, recién instalado en la Presidencia de la República, fue esta frase que recuerdo de una manera gráfica: «Caldera, el hombre de presa acecha. Quizás no está lejano el día en que usted y yo nos encontremos en el exilio». Esas palabras, dichas por un Presidente que tenía dos o tres meses en el ejercicio del poder, envolvían un amargo pesimismo, hasta el punto de que pienso que el 24 de noviembre el Presidente Gallegos sintió que se había cumplido el destino, era como un fatum que pesaba sobre él, como un desenlace que tenía que cumplirse con características de tragedia griega.

Ese proceso que empezó el 24 de noviembre, el recuerdo de los fracasos y las luchas y las dificultades en el período 45-48, la revaloración por parte de nosotros y especialmente de quienes habían sido más ardorosos opositores de los Presidentes López Contreras y Medina, de los acontecimientos, de los hechos, de las circunstancias en que ambos tuvieron que moverse, explica eso que llamó la propaganda «el espíritu del 23 de enero»: una necesidad de tregua, de unidad, de paz, de entendimiento, un reconocimiento de que si volvíamos a la intemperancia haríamos más frágil, más difícil de permanecer el nuevo experimento, realizado con la característica muy peculiar de que el 23 de enero fue un movimiento casi espontáneo, cuyos líderes no estaban visibles, cuyos agentes eran nuevos todos en el acontecer político. Los líderes más conocidos de los principales partidos estaban todos en el exilio; fuera del país estaba Eugenio Mendoza que era considerado como representante calificado del movimiento empresarial progresista; los jefes militares eran poco conocidos por el país en general y fueron a los cargos que ocuparon por razones de grado, de jerarquía, de antigüedad.

La Junta Patriótica apareció formada por jóvenes que hasta ese momento no habían logrado una gran notoriedad: fue un movimiento militar-civil, empresarial-obrero, de políticos e independientes. Un movimiento que se precipitó y que llevó en los últimos días a la Seguridad Nacional a gente de las más variadas actitudes y de los más variados modos de ser, pero que aparecía como la expresión genuina de una voluntad nacional. Mientras tanto, quienes representábamos a los principales partidos políticos nos reuníamos en New York: nos invitó Ignacio Arcaya a almorzar en el Athletic Club y allí hablamos de la inminencia de un cambio, de la necesidad del entendimiento, de la urgencia de un compromiso para salvar un nuevo experimento que sentíamos llegar, que era el advenimiento de la democracia venezolana.

Pero lo interesante para el observador es que los partidos estaban vigentes, que los miembros de la Junta Patriótica, poco conocidos como individuos, obtenían adhesión porque hablaban a nombre de unos partidos que tenían audiencia en el país. Diferencia profunda con lo que al año siguiente iba a ocurrir en Cuba, porque cuando el Presidente Batista abandonó el gobierno no hubo una organización, una voz, un conjunto de grupos civiles, de partidos políticos que pudieran orientar al pueblo y señalarle un rumbo; solamente el grupo de Fidel Castro, que venían de la Sierra y que se tomó todo su tiempo para llegar hasta La Habana, aparecía como el punto de referencia para un nuevo destino nacional.

El año de 1958 fue difícil: ustedes deben recordarlo. El gobierno se recompuso cuatro veces. Primero, una Junta de cinco militares; salieron después, por una renuncia que no parece haber sido enteramente voluntaria, o por lo menos espontánea, dos de los militares y fueron sustituidos por Eugenio Mendoza y Blas Lamberti; renunciaron después Eugenio y Blas y entraron a formar parte de la Junta Edgar Sanabria y Arturo Sosa; finalmente renunció el Presidente de la Junta Larrazábal para lanzarse como candidato y asumió la presidencia del cuerpo el doctor Edgar Sanabria.

Al mismo tiempo ocurrían hechos graves. El 23 de julio (el 22, o mejor dicho, hasta el amanecer del 23) fue un día en que prácticamente las fuerzas militares estaban controladas por un movimiento insurreccional. El 7 de septiembre ocurrieron hechos muy graves, protagonizados por la propia Guardia de Honor de la Junta de Gobierno. Por eso, el país se inquietaba y se alarmaba y, si bien había brotes en algunos casos de intemperancia o sectarismo, se sentía la necesidad de unir fuerzas. En más de una ocasión, en la campaña electoral, nos encontramos con una bandera de cuatro colores: el blanco, el amarillo, el verde y el rojo, que llamaban «la bandera de la unidad», elaborada por manos anónimas. Cuando íbamos de campaña, nos decían que los representantes de los otros partidos querían saludarnos.

La campaña electoral fue muy breve en el tiempo, porque empezó oficialmente alrededor del 1º de noviembre y las elecciones eran en la primera semana de diciembre. En los actos aparecían oradores, de todos los partidos y era una especie de juegos florales, aun cuando el proceso, o como dice el pueblo, «la procesión estuviera por dentro».

Este estado de ánimo llevó a varias tentativas y hubo una proposición de gobierno plural, de que en vez de elegirse un presidente se eligiera una junta de cinco miembros, de los cuales cuatro estaban prácticamente electos: el Presidente Larrazábal, los señores Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, como representantes de los tres principales partidos, y un representante de los sectores económicos. Esto estuvo a punto de lograrse y recuerdo que me tocó la tremenda, la difícil responsabilidad de oponerme a aquello y hacerlo fracasar, aunque parecía el más bello movimiento unitario. Si mal no recuerdo, el Presidente Larrazábal empujaba la idea; el doctor Villalba decía que si los demás aceptaban él aceptaría; el señor Rómulo Betancourt decía que si los demás aceptaban él aceptaba también, y yo me cerré porque consideraba en realidad que el país necesitaba un Presidente que asumiera el mando.

Pocas esperanzas tenía de que mi candidatura en aquellas circunstancias pudiera tener éxito, pero prefería perder a diluir la responsabilidad del gobierno. Se trabajó, sí, por la idea de un candidato independiente común; propusimos al doctor Martín Vegas, nos costó trabajo convencerlo para que aceptara que lo propusiéramos, pero en definitiva no nos fue aceptado por el otro partido y finalmente se llegó al llamado Pacto de Puntofijo, porque se firmó en mi casa, a la que habíamos denominado así antes de que supiéramos que había un pueblo llamado a ser una gran ciudad de la Península de Paraguaná con el mismo nombre; y se firmó el 31 de octubre para comprometernos a que se gobernaría en conjunto aun cuando cada partido fuera con su propio candidato y con sus propias listas y con sus propias fórmulas al proceso electoral.

Después del 58 el proceso se hizo más difícil. El triunfo de Fidel Castro en Cuba, ayudado —por cierto— por Venezuela, despertó una serie de preocupaciones e ideas en sectores políticos del país y especialmente en sectores de juventud radical, que vinieron a sentirse como defraudados por aceptar el proceso que se había realizado a raíz del 23 de enero en Venezuela. Surgió el hecho de la violencia; probablemente factores internacionales influyeron considerablemente en esto; también se invocaba el temperamento del Presidente Betancourt como un factor que agudizaba la controversia. Pero lo cierto es que cuando comenzamos el ejercicio democrático, paralelamente se fue produciendo un clima de conflicto que llegó hasta graves hechos de violencia y que se convirtió en una situación grave a la altura del año de 1962.

El 19 de enero de 1959 —y aquí también para nosotros es un aniversario— se instalaron las Cámaras Legislativas electas por voto popular. Para mí resultó algo inolvidable el que al año justo de haber salido al exilio estuviera instalando como Presidente de la Cámara de Diputados, el nuevo Parlamento Democrático de Venezuela. Se planteó el problema constitucional y se analizó y se propuso la posibilidad de restablecer, por acto de soberanía popular, la Constitución de 1947. Yo fui uno de los que creyeron que esto podría retrotraernos a la lucha enconada que para elaborar esta Constitución, diez o doce años atrás, se había cumplido en el país. Se nombró una Comisión Bicameral, se trabajó en un clima de gran armonía y dos años más tarde, en 1961, se adoptó la Constitución que está vigente.

Esta Constitución, entre muchas novedades que tiene para la historia de Venezuela, introdujo el mecanismo de las enmiendas, en el cual insistimos por considerar que seguramente la norma constitucional podría reclamar algunos cambios y no podía convertirse en camisa de hierro, pero no podíamos continuar cambiando la Constitución a cada rato. Observamos que mientras se dice que Venezuela ha tenido más de veinte constituciones, se observa que muchas de ellas han tenido una diferencia banal (que haya un vicepresidente, que haya dos vicepresidentes, que no haya vicepresidente) y, en cambio, en los Estados Unidos con razón se ufanan de que han tenido una sola Constitución en doscientos años, pero ha tenido veinte y tantas enmiendas, entre las cuales no solo está la admisión de nuevos estados, sino la libertad religiosa, la libertad de los esclavos, el principio de la no reelección, es decir una serie de elementos trascendentales, pero conservando el respeto por la carta de Filadelfia, que ha ido adaptándose a las circunstancias a través de los tiempos.

Se adoptó también en Venezuela el procedimiento de colocar las disposiciones transitorias en texto separado, con la idea de que deben irse cumpliendo o agotando, para que las generaciones futuras conserven la Constitución y no esa otra parte un poco circunstancial y en algunos aspectos enojosa. Se mantuvo una forma presidencialista pero dándole mayores atribuciones a los otros poderes: la facultad de control de las Cámaras Legislativas, la fortaleza del Poder Judicial y una serie de aspectos en los cuales se buscó conjugar la teoría y la experiencia, porque la actual es una de las Constituciones que quizás haya tenido en su cuerpo de redactores un mayor número de profesores y especialistas en materia constitucional, pero al mismo tiempo un conjunto de líderes políticos que sabían lo que era la experiencia del gobierno, de la oposición, de la persecución. Y se escogió para sancionarla el día 23 de enero de 1961, para que de esta manera la fecha inicial del experimento democrático quedara consagrada con un documento de tanta importancia como lo es la Carta Fundamental.

Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jóvito Villalba y Rómulo Gallegos durante la firma de la Ley de Reforma Agraria. Campo de Carabobo, 5 de marzo de 1960.

El carácter nacional, de consenso, de la Constitución fue a mi entender uno de los hechos más fundamentales. Estaba revisando hace poco la lista de los firmantes de la Constitución y encontré cosas como estas: las dos primeras firmas, desde luego, fueron las del doctor Raúl Leoni y la mía como Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; la firma del Presidente Betancourt estaba en el ejecútese, como Presidente del Poder Ejecutivo; estaban la firma de candidatos actuales a la Presidencia, como Luis Herrera Campins, Luis Beltrán Prieto Figueroa, José Vicente Rangel; firmas de representantes de las más variadas corrientes políticas, entre los cuales podría recordar a Pedro Del Corral, Godofredo González, Pedro Pablo Aguilar, Lorenzo Fernández, Arístides Beaujon, García Bustillos, Acevedo Amaya, Rodolfo José Cárdenas, Arístides Calvani, de la corriente a la que yo pertenezco; Gonzalo Barrios, Leandro Mora, Lepage, Leidenz, Luis Augusto Dubuc como Ministro de Interior; Jaime Lusinchi, entre la corriente acción democratista actual; Humberto Bártoli y Enrique Betancourt y Galíndez y otros que dirigen a URD; Raúl Ramos Giménez, Jesús Paz Galarraga, Adelso González, que dirigen el MEP; Jorge Dáger; Gustavo Machado, Jesús Farías, Pedro Ortega Díaz, que dirigen el Partido Comunista; Eduardo Machado, Guillermo García Ponce, que dirigen Vanguardia Comunista; Pompeyo Márquez, que es Secretario General del MAS; independientes como Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva, Tomás Enrique Carrillo Batalla (Ministro de Hacienda); Ramón Escovar Salom, Orlando Tovar, José Herrera Oropeza, Domingo Alberto Rangel, Jesús María Casal, Elpidio La Riva, el difunto Fabricio Ojeda, Juan Pablo Pérez Alfonzo como Ministro de Minas e Hidrocarburos; mujeres, sindicalistas, agraristas, maestros y otros; y no aparecen otros que por circunstancias del momento no pudieron estar para la firma porque desempeñaban algunas funciones que no eran las de Senador, Diputado o miembro del gabinete ejecutivo.

Esto de la lista representa para mí un gran interés, porque recuerda al país que esa Constitución no fue fruto de un entendimiento vergonzante del estatus ni una combinación impropia o indebida de determinadas fuerzas políticas, fue la expresión de la voluntad nacional; y las corrientes que pudieran mantener hoy mayor discrepancia con lo que es la propia vida constitucional actual, indudablemente están comprometidas con el Programa Generacional que representa para el país la Constitución de 1961.

Pienso que ese experimento democrático que nació y que pervive y que, sobre todo, tiene la característica de haberse fortalecido en momentos en que la democracia pasó por circunstancias muy duras en el Hemisferio, y que para Venezuela constituye un motivo de mayor prestigio y de simpatía por parte de los pueblos latinoamericanos de lo que pueda darnos el petróleo, representa una serie de circunstancias que es necesario tener a la vista para no descuidarlas, para aprovechar toda su significación. Por ejemplo, un entendimiento de militares y civiles: la vieja suspicacia se venció; los militares han sido para los civiles un tema, no diría que tabú, pero por lo menos muy comprometido. La literatura política tradicional en nuestro país y en otros países hermanos ha oscilado entre la adulancia servil a las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando se han encontrado en ejercicio pleno del poder, y la abominación o la injuria.

Lo que las Fuerzas Armadas representan y deben representar, borrar esa especie de pugna entre militaristas y antimilitaristas, se logró en los días iniciales de este experimento. Y a mi entender, esta es una de las cosas que se necesita preservar: reconocer en los militares los elementos básicos fundamentales, el sentido de responsabilidad, el papel que cumplen en la vida del país, la necesidad que hay de que exista siempre una institución armada sólida, honesta, bien organizada. Al mismo tiempo que el reconocimiento por parte de los oficiales de las Fuerzas Armadas de que el salirse de su cauce legítimo, asumir funciones que no le corresponden, siempre ha repercutido en daños para el país y para la misma Institución.

La relación entre partidos e independientes: el 23 de enero surge la democracia con un signo pluralista, un pluralismo que les da a todos plena oportunidad y que amplía hasta límites mayores de lo establecido en cualquier país del mundo, la posibilidad de participación pública de cualquier grupo por minoritario que sea. Creo que no hay, por lo menos no lo conozco, ningún otro país en que un partido, obteniendo en toda la República apenas un total de votos igual al cociente nacional para elegir a un diputado, tenga su representación en la Cámara. Los cuerpos fundamentales del proceso político están integrados por los partidos: El Consejo Supremo Electoral no es, como en otras partes, una rama del poder judicial o un órgano del ejecutivo, sino que está integrado fundamentalmente a base de la representación de los partidos.

La presencia de los partidos es muy importante. Yo podría referir esta anécdota: el Ministro Vallenilla Lanz era mi amigo personal, habíamos sido alguna vez, de niños, compañeros de Colegio; en la conversación que tuvimos una semana antes de hacerme preso, que pienso fue una especie de clarificación de posiciones en que debatimos ásperamente algunos puntos y él trataba de convencernos de otros, mientras yo trataba de razonar los míos, recuerdo que me dijo: «Esos partidos son fantasmas; Acción Democrática no existe; de los tres miembros del CEN en la clandestinidad, dos son agentes míos; si Rómulo Betancourt viene y se presenta ante sus electores de San Agustín que lo llevaron al Concejo Municipal, nadie lo conocería, porque son italianos, portugueses y españoles que han llegado estos años». Este era el criterio que a mi entender él tenía y era en agosto de 1957, pero en diciembre de 1958 Acción Democrática ganaba las elecciones con un 48% y llevaba a la Presidencia de la República a su líder máximo Rómulo Betancourt.

Ese fenómeno de permanencia de los partidos es muy definido. Por eso no me preocupa, aunque me duele, el hecho de que algún gobierno, o algún país amigo como Chile, pueda pensar que por decreto, persecución o mordaza puedan destruir partidos políticos que son el resultado de un largo proceso, de una gran voluntad de respaldar unas ideas, unos programas y unos hombres.

La relación entre empresarios y obreros: la CTV y Fedecámaras comenzaron a aparecer como platillos de una balanza, como fuerzas de un equilibrio, como polos de una relación económica, y esto se ha mantenido hasta ahora. El pluralismo se extendió a otros grupos profesionales, grupos de maestros, grupo de periodistas, las universidades que tomaron una posición autonómica y otra serie de aspectos de nuestra democracia venezolana, entre los cuales a mi entender uno de los más importantes fue el sistema de la no reelección por dos períodos que se introdujo en la Constitución.

Si se va a la historia de esta disposición se encuentra que había dos tesis: la tesis de no reelección absoluta, tipo mexicano (el que ha sido presidente no puede volverlo a ser más nunca); y la tesis tradicional de no reelección por un período, por la que se inclinaba AD (el que ha sido presidente puede volverlo a ser, siempre que pase un período de su mandato).

Fue una fórmula de transacción la que yo propuse y encontré antecedentes, especialmente en Costa Rica. Ahora, debo pensar que en el fondo de muchos de los que discutían el asunto, había como la idea de que podía crearse un juego de ping-pong, un sistema como el de los Monagas (José Tadeo, José Gregorio, nuevamente José Tadeo) y que en el fondo podían incitar al expresidente Betancourt, que estaba en ejercicio, a comenzar al terminar su período a preparar una campaña de reelección para suceder a su sucesor, que iba a ser o que fue históricamente el doctor Leoni.

En Costa Rica parece que se vivió un proceso parecido en la época de don Cleto y don Ricardo y esta alternativa, a pesar de realizarse entre gente muy eminente, le restó vitalidad y por eso vino después la norma de no reelección por dos períodos, y yo creo que ella contribuye a hacer surgir nuevos líderes, porque obliga a salir otras figuras, a que se presenten otras caras y esto conduce, dentro de un país presidencialista como el nuestro, a una mayor aireación del mecanismo de selección del gobierno.

No me puedo extender demasiado, ni abusar de ustedes; ya he pasado con exceso el tiempo que me había propuesto, pero debo decir cuáles son las ventajas y defectos principales de la democracia venezolana. Sus realizaciones son muchas.

Tomando las cifras, por ejemplo, en materia de educación, entre 1958 y 1978 la diferencia cuantitativa es de volumen impresionante. Esta misma necesidad de convivencia que se ha sostenido en medio de todas las alternativas, de que la controversia política no se convierta en odio visceral es un hecho muy positivo. Cecilio Acosta, el hombre que tal vez profundizó más en el análisis de nuestros acontecimientos pasados, porque fue un gran observador del drama y escribió cuando habían pasado las más terribles contiendas, afirmaba que la causa de nuestros males estaba en el odio político. Pienso que en Venezuela se ha creado una como obligación de mantener las formas, más que en países muy civilizados. En días pasados el doctor Uslar observaba que en un país tan ilustrado como Francia, no entenderían una conversación cordial entre el Presidente Giscard y el candidato Mitterrand al menos en el momento actual.

En Venezuela el país nos reclama y nos exige tratarnos cortésmente, y cuando levantamos la voz nos lo reprocha. Hay como una especie de gran compromiso nacional en mantener por encima de nuestras diferencias y de nuestras luchas la idea del interés nacional.

El desarrollo sindical, aun con todos los defectos que se le puedan señalar en la actualidad, ha sido un fenómeno de trascendental importancia, lo mismo que el movimiento agrario, con todos los defectos y fracasos, ha abierto muchos caminos para el acceso de la tenencia de la tierra a los que la trabajan.

El sentido de la defensa de la soberanía es otro aspecto trascendental. Es curioso, pero los gobiernos democráticos en Venezuela han sido más defensores de la soberanía que los gobiernos dictatoriales. Los gobiernos más fuertes en lo interior fueron los más débiles ante lo exterior. El Laudo a través del cual perdimos centenares de miles de kilómetros cuadrados para el país, no lo perdieron gobiernos democráticos, sino gobiernos «fuertes», encabezados por hombres «fuertes», que encarcelaban y perseguían a sus enemigos, pero no se atrevieron, o no supieron realizar una política internacional que defendiera los intereses del país. Le tocó al Gobierno del General Gómez la ejecución del Laudo, la entrega de vastos territorios que habían sido venezolanos, donde había pueblos venezolanos. Me encontré en la Guajira gente como el Torito Barroso, que nació en Castillete del lado allá de la línea actual, cuando existió un pueblito que estaba bajo jurisdicción venezolana.

La política petrolera indudablemente es un punto de honor y de orgullo para la democracia venezolana. La afirmación de un proceso de nacionalismo, la creación de la OPEP, la defensa de mayores derechos para el país, todo ello ha sido la expresión de una voluntad nacional. El mecanismo de integración. El aumento de los servicios de salud, con todos los defectos que tiene. El aumento de la riqueza fiscal y las facilidades que el mismo sistema democrático ha dado para el desarrollo de la riqueza en todos los sectores.

La democracia tiene fallas, muchas. Se ha recordado la frase de Churchill de que la democracia es el peor de los regímenes, «si se exceptúan todos los demás». No hay sistema de gobierno perfecto, no hay sistema de gobierno bueno; pero la democracia, con todo, es el menos malo. El problema que tienen ahora las generaciones, el que tenemos los venezolanos a quienes nuestros compatriotas nos atribuyen funciones de dirección de la vida nacional, es el de saber utilizar los recursos que dan las instituciones democráticas para curar los males, los más graves males que actualmente afectan a la democracia venezolana. Para eso la misma democracia estimula el estudio, el análisis, el conocimiento, la divulgación de los problemas, en una proporción mucho mayor que en los sistemas no democráticos.

¿Vicios, fallas de la democracia? La marginalidad, sin duda. Para salud de la democracia venezolana necesitamos hacer frente a ese problema, que exige el esfuerzo de todos, el sacrificio de todos. Es difícil, pero hay que crear una mística y una confianza en que los programas que se realicen sean capaces de incorporar a la vida nacional esos vastos sectores que están marginados de la civilización, del progreso, de los beneficios de la vida moderna. Muchos de los derechos fundamentales de la Constitución, no es que no existan, pero indudablemente no se aplican a plenitud desde que hay sectores a los cuales no alcanzan. El problema del régimen municipal, que tanto nos ha preocupado en los últimos tiempos, que ha llegado a presentarnos cuadros bochornosos. Creo recordar, sin embargo, que en una de las municipalidades del país, la que más escándalos ha dado, hechos de corrupción en gran escala se iniciaron en los propios días de la dictadura como consecuencia de la valorización de la tierra, de la importancia de los permisos, del valor de las «zonificaciones».

De manera que no empezó esto con la democracia, como no empezó sin duda con la democracia el hecho doloroso, lacerante, repugnante, de la corrupción. En el Poder Judicial hay que hacer un esfuerzo a fondo, porque es la rama del Poder Público que más importancia tiene en la vida diaria de los ciudadanos. Y la ineficiencia es característica administrativa en muchos de los organismos y empresas del Estado. Esto es cierto también.

Ahora, yo me pregunto si estas fallas, si estos vicios son propios del sistema democrático y si en conciencia los que a veces, indignados por la situación, dicen «aquí tiene que suceder algo», como admitiendo o invocando la posibilidad de un hecho de fuerza que rompa el experimento iniciado el 23 de enero del 58, en el fondo de su conciencia creen que al establecerse un gobierno de fuerza, sin controles legislativos, sin partidos vigentes, estos defectos se van a corregir o por el contrario van a aumentar. Porque el gobernante de fuerza es esclavo de aquellos que lo apoyan y lo sostienen, y su fuerza se estrella ante los vicios de los que le dan la posibilidad de mantenerse en el poder. La historia de la corrupción es muy larga, y valdría la pena hacer un estudio de los mensajes de todos los presidentes de la República desde el primer día, para encontrar en todos o casi todos ellos el señalamiento de la lucha contra el peculado como una necesidad fundamental. Estos problemas desbordan los regímenes políticos y se encuentran por todo el mundo.

Cuando uno tiene la oportunidad de viajar un poco, se encuentra con que no hay régimen en el cual, en alta voz o a través de murmuraciones, no se señalen los abusos, los hechos de corrupción que se realizan y solamente pueden enfrentarse a ellos la conciencia social que hay que forjar para repudiarlos en su realización concreta y la vigencia de leyes y Poder Judicial que sean capaces de cumplir su deber.

He recordado en estos días, cuando oigo las quejas contra el sistema democrático, una anécdota que solía contarme un ameno conversador, gran intelectual y gran persona que fue Víctor Andrés Belaúnde, historiador, académico, ensayista peruano y Presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas durante algún tiempo. Él, que tenía una formación religiosa profunda, decía que cuando el hombre pecó en el Paraíso, Dios le impuso tres maldiciones, pero de las tres le dio redención; pero en cambio hubo una maldición implícita que no pronunció, que no está en la Escritura, pero de la cual no le dio redención posible. Le dijo: «Con el sudor de tu frente ganarás el pan», pero puso en el trabajo la fuente de la superación moral, una pena que se convertía en motivo de purificación y de engrandecimiento. Le dijo: «hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y en polvo te convertirás», pero la muerte fue el comienzo de una nueva vida. Y a la mujer le dijo: «parirás tus hijos con dolor», pero puso en la maternidad la más noble de todas las funciones y especialmente la sublimó con la concepción de la maternidad divina de María.

Mas hubo otra maldición —decía Víctor Andrés—, que Dios no pronunció, que no está en la Biblia, pero de la que el hombre no puede liberarse nunca. Le dijo: «hombre, no has querido que yo te gobierne, de ahora en adelante te vas a gobernar tú mismo». Y esa maldición la tenemos. La de ser gobernados por nosotros mismos, la de ser gobernados por hombres, con todos sus vicios, con todas sus fallas, con todas sus pasiones. Y por eso, los regímenes todos están llenos de defectos; pero entre ellos, el que nos garantiza la libertad, el que nos asegura el derecho de expresarnos, el que nos da el derecho de movernos, el derecho de organizarnos, ese nos da la posibilidad, por lo menos, de luchar para que la situación sea mejor. Y son ciento cincuenta y más los de experiencia en la vida política de nuestro país, los que nos demuestran cómo todas las revoluciones violentas empezaron por hermosos programas y terminaron en monstruosas situaciones de dolor y crueldad.

Quizás, cuando dije antes que para entender el 23 de enero de 1958 hay que recordar el 17 de diciembre del 35 y el 18 de octubre del 45 y el 24 de noviembre del 48 y el 2 de diciembre del 52, podría haber añadido para no cubrir más que este siglo, que deberíamos también recordar el 23 de mayo del 99 y el 19 de diciembre de 1908. Porque si releemos el mensaje de Cipriano Castro: «Nuevos Hombres, Nuevos Ideales, Nuevos Procedimientos», entendemos por qué la juventud universitaria lo salió a recibir en triunfo, cuando llegó a Caracas como el vencedor de la corrupta situación en que se encontraba el gobierno del liberalismo amarillo. Cuando leemos los primeros documentos del General Gómez, entendemos por qué las mentes más preclaras aquel entonces escribieron abriendo compases de esperanza y de fe al nuevo sistema de libertad que con Gómez se iniciaba. Ha sido una experiencia muy larga; y nuestra generación y la generación antecedente y la generación que la sigue tienen que conservar ciegamente la confianza en la libertad.

La gran angustia en que vivimos es que hay ya grandes grupos humanos que no supieron lo que era la falta de libertad, y que tienen frente a este supremo valor una posición despectiva, análoga a la que tienen las nuevas generaciones europeas en relación al problema de la guerra. Los nuevos jóvenes de Europa no saben lo que fue la guerra; lo han oído pero no pueden medir lo que significó aquella tragedia. Y hay muchos jóvenes en Venezuela que no se imaginan lo que fue la tiranía y lo que representa como ganancia fundamental la conquista de la libertad.

Ya voy a terminar, pero no quiero eximirme de leer un párrafo o dos de un discurso del Presidente Carter en París que acaban de enviarme de la Embajada Americana. En esta gira del Presidente Carter a varios continentes, más conocida por una serie de anécdotas, no todas muy favorables a la organización de la misma y a los mecanismos empleados, hubo hechos importantes y uno de estos fue el discurso en defensa de la democracia, que pronunció ante el Presidente Giscard d’Estaing el Presidente Carter, planteando con una claridad que impresiona cosas muy interesantes. Después de hacer el elogio de la democracia dice: «la democracia es indudablemente una idea cautivante, una idea tan atractiva que inclusive sus enemigos tratan de disfrazar la represión con falsos lemas democráticos…

Pero nuestro orden democrático está sometido a prueba. Hay quienes preguntan si los valores democráticos son apropiados a las circunstancias contemporáneas. Voces procedentes del mundo en desarrollo se preguntan si las nociones de libertad de expresión, libertad personal y gobierno libremente escogido no deben ser dejadas a un lado en la lucha para vencer la pobreza. Voces procedentes del mundo industrial se preguntan si la democracia nos habilita para el vertiginoso ritmo de cambio en la vida moderna. Hemos escuchado algunas afirmaciones en el sentido de que la sociedad democrática no puede imponerse la moderación ni la autodisciplina necesaria para hacer frente a los problemas económicos persistentes». Después dice: «Estos problemas son reales, debemos admitir su existencia, pero debemos llevar también la responsabilidad que impone la sociedad democrática sobre los que forman parte de ella. Esto significa proclamar nuestra fe inconmovible en los valores de las naciones democráticas y nuestra convicción de que esos valores son todavía relevantes para el rico y para el pobre, en el Norte y en el Sur, en el Este y en el Oeste. Es precisamente cuando la democracia afronta difíciles problemas, que sus líderes deben mostrar firmeza en cuanto a resistir la tentación de hallar soluciones a las fuerzas no democráticas».

Les confieso que la lectura de este discurso, extenso y con una serie de observaciones más, de mucha importancia, me ha causado una gran impresión. Por una parte, porque nos recuerda que el problema no es solo nuestro, sino que desborda nuestras fronteras y nuestro continente y alcanza a todo el mundo en vías de desarrollo y a todo el mundo industrializado, que se plantean esta tremenda interrogante de si la democracia es apta para resolver los problemas que se plantean. Y por otra parte, porque hace un llamado, un llamado vigoroso para reforzar la fe en los valores fundamentales que inspiran a la democracia. Y como los Estados Unidos lograron en la Segunda Guerra Mundial, ante una crisis de fe en la democracia, que esa fe reviviera porque demostraron la eficiencia, la decisión, el coraje que fue capaz da derrotar a las maquinarias fabulosas construidas por el totalitarismo, estas palabras creo que revisten una gran trascendencia y una gran actualidad.

Pienso que para Venezuela, la celebración de los veinte años del 23 de enero de 1958 debe significar una cruzada para que se conozcan los hechos, se analicen; para llevar especialmente a las nuevas generaciones la fe en esas libertades conquistadas con tantos esfuerzos, con tanta constancia, con tantos sacrificios, con tanta conciencia de la unidad nacional por encima de las diferencias que separaban. Que es necesario, sí, entrar a fondo al análisis de problemas como el de la corrupción, el de la marginalidad, el de la ineficiencia; provocar una renovación institucional en el Congreso, en los Tribunales, en los Municipios, en la Administración, recordando que la falla de muchas de esas instituciones no es una falla propiamente del sistema democrático en sí, sino una falla nuestra, del país, de las costumbres, de la educación, de los sistemas que nos han antecedido y que se han ido endureciendo a través del tiempo. Encontrar un modelo propio de desarrollo, y en vez de poner a la democracia en el banquillo, lo que hay que hacer es reconocerle su virtualidad, estudiar sus posibilidades y convertirla en un hecho dinámico para la transformación del país.

Pienso, para terminar, que al cumplirse veinte años del 23 de enero de 1958, debemos pensar que comienzan otros veinte años de ejercicio de la vida democrática, que tienen que consolidar lo positivo logrado, enfrentar lo negativo, corregir las fallas y las deficiencias y demostrar un hecho que tantas veces se negó a través de la historia: que el pueblo de Venezuela puede ser gobernado como una comunidad de hombres libres; que no nacimos para ser esclavos, y que es falsa y perversa la historia, la idea o el rumor de que no podemos ser gobernados sino por el látigo y la bota inclemente. En esto, el compromiso no puede ser de los políticos tan solo, sino que tiene que ser de todos los factores que hicieron posible la transformación operada el 23 de enero: políticos de partido e independientes, militares y civiles, empresarios y trabajadores, intelectuales y campesinos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, todos tenemos el deber de afianzar esta convicción y de movilizar los resortes materiales y espirituales para afirmar en realidad el decoro y la superación de Venezuela.

Humboldt, descubridor científico del Nuevo Mundo (1980)

Rafael Caldera frente a la tumba de Alexander Von Humboldt
Rafael Caldera visita la tumba de Alexander Von Humboldt en el Palacio de Tegel, Berlín, 20 de septiembre de 1980.

Humboldt, descubridor científico del Nuevo Mundo

Palabras pronunciadas por Rafael Caldera como presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, frente a la estatua de Humboldt en la Universidad de Berlín, en homenaje que le rindieron las delegaciones latinoamericanas, el 18 de septiembre de 1980. El presidente Caldera habló en alemán.

 

A la edad de treinta años, Federico Guillermo Henrique Alejandro de Humboldt era un sabio, no sólo por lo profundo de su formación y lo vasto de sus conocimientos, sino por su insaciable curiosidad científica. Los cinco años de su «Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente» constituyen uno de los tesoros más ricos del conocimiento de América, por lo que, sin vacilación, muchos estudiosos lo han calificado como el «descubridor científico» del nuevo mundo.

Para Humboldt no había ser animado, hecho o fenómeno de la naturaleza que no le mereciera cuidadosa y sagaz atención. Plantas y árboles, animales pequeños y grandes, mares y ríos, rocas y astros, cuevas y volcanes, terremotos y corrientes, todo fue objeto de su estudio. Recorrió con su infatigable compañero el sabio francés Aimé Bonpland, sorteando dificultades infinitas, desde la Península Española y el Archipiélago Canario, países americanos como Venezuela y Colombia, Ecuador y Perú, Cuba y México, y hasta los Estados Unidos.

Recogió celosamente todo el material que pudo, para someterlo más detenidamente a su análisis y el de los principales sabios de su tiempo; y no contento con lo que aportaba a las ciencias naturales, abordó con acierto la descripción social y cultural de nuestros pueblos, hasta entonces casi desconocida.

Andrés Bello guardaba de la visita de Humboldt a Caracas imperecederos recuerdos. Adolescente aún, estuvo entre los caraqueños que quisieron acompañar a Humboldt y Bonpland en su ascensión a la Silla de Caracas.

Simón Bolívar, catorce años más joven que él, le profesó una admiración inmensa; la amistad de cada uno por el otro la tuvieron ambos por motivo de orgullo; y se asegura que el futuro Libertador acompañó al sabio berlinés en su exploración del Vesubio. También tuvo amistad con los sabios colombianos Mutis y Caldas.

Nada más justo que el homenaje que hoy han querido rendirle, ante su estatua que decora el frontis de la Universidad de Berlín, con la de su hermano Guillermo, varias delegaciones latinoamericanas a la Conferencia Interparlamentaria que se reúne en la ciudad del grande y humano sabio.

Venezuela se sentía obligada a tomar la iniciativa, y en su nombre va a hablar el jefe de la Delegación Venezolana, Godofredo González, presidente del Congreso de nuestro país. Su palabra y el gesto de hoy aspiran a traducir todo el inagotable sentimiento de admiración y de afecto que los países visitados por él –y las naciones latinoamericanas en general– guardan por la personalidad y la obra de ese gran alemán a quien en esta ocasión saludamos de nuevo, a saber, Alejandro de Humboldt.

«Han escogido ustedes bien». Conferencia sobre Jacques Maritain (1981)

«Una versión libre para el uso particular del Presidente Rafael Caldera, con mi más viva gratitud por su generoso y emotivo artículo en The New Scholasticism y mi más afectuoso recuerdo. Un saludo respetuoso y cordial de su viejo amigo». Dedicatoria de Jacques Maritain de su libro El cantar de los cantares, junto a una foto que tomara Caldera de las tumbas de Jacques y Raiza Maritain.

«Han escogido ustedes bien»

Conferencia improvisada en el Instituto Internacional Jacques Maritain, Universidad Meléndez y Pelayo, España, 1 de agosto de 1981.

Hace hoy exactamente un mes, el primero de julio de este año, tuve oportunidad de clausurar en Estrasburgo un Seminario Internacional de la Juventud Demócrata Cristiana sobre la problemática del desarrollo y no pude menos que invitar a los asistentes del curso a acompañarme a rendir un homenaje en Kolbsheim, a unos pocos kilómetros de Estrasburgo, ante la tumba de Jacques y de Raiza Maritain.

Recordaba la gran impresión que me había causado esa tumba la primera vez que tuve ocasión de visitarla. Era octubre-noviembre de 1974, cuando tomaba forma definitiva el Instituto Internacional Jacques Maritain, con asistencia de un grupo muy distinguido de personalidades maritenianas, encabezada por el profesor de la Sorbona Olivier Lacombe, y dentro de las cuales se encontraba el que había de ser después Ministro de la España democrática, mi buen amigo Íñigo Cavero Latallaide, aquí presente.

El cementerio de Kolbsheim es un pequeño cementerio, donde todavía inexplicablemente hay una separación religiosa: los católicos están enterrados en una parte y los protestantes en otra. En un sepulcro muy sencillo, con unas plantas que mantienen flores naturales en el curso del año, en una sencilla cruz está el nombre de Raiza Maritain, el año de su nacimiento y el año de su muerte, y después una pequeña inscripción que dice: «et Jacques», con la fecha también del nacimiento y de la muerte.

En esa visita a Kolbsheim, en el modesto Chateau de la familia Grunelius, llena de recuerdos del gran filósofo, pudimos intimar con la vida de este hombre extraordinario, cuya figura representa hoy un blasón para quienes creemos en la democracia, en la libertad, en la dignidad de la persona humana y en el bien común.

Este hombre es, sin duda, como lo ha dicho en sus palabras el Ministro Cavero Latallaide, el filósofo católico posiblemente de mayor significación de nuestro tiempo. Un filósofo a quien convirtió Santo Tomás de Aquino, por conducto de León Bloy; esto significó el redescubrimiento de Santo Tomás y la convicción de que el pensamiento tomista no solo está vigente, sino que abre nuevas y grandes posibilidades para la orientación del mundo de nuestro tiempo. Sé que la filosofía de Maritain abarca muchos campos, y entre ellos no es el de menos el campo de la estética, sobre el cual se han escrito y se escriben importantes trabajos. Esta reunión, este seminario, cuya realización considero un gran acierto, se dedica a Maritain como filósofo político, como filósofo cuya concepción de la vida política encierra verdaderos tesoros para el desarrollo de una acción política fecunda.

Yo quisiera recordar una observación, que aunque muy simple, no deja de tener grandes consecuencias: Maritain no fue un político, no fue un «homo politicus», no se dedicó a la política, como tampoco Enmanuel Maunier. Su actividad política fue reducida; quizás tuvo que proyectarse un poco en los días de la Guerra Mundial, cuando suscribió un gran manifiesto, que los pensadores católicos en exilio desde Estados Unidos dirigieron al mundo, y especialmente a los pueblos de Europa, defendiendo las ideas fundamentales de dignidad humana, de libertad, de justicia y de bien común. Y su actividad dentro del campo del servicio público, creo que estuvo limitada a la ocasión en que después de la guerra, fue designado Embajador de Francia ante la Santa Sede. Un cargo que tenía mucho más de filosófico que de político; mucho más de reconocimiento al pensador, que de encargo al hombre de acción para defender determinados intereses nacionales o determinadas posiciones. Pero fue un pensador político muy claro y muy valiente.

Porque algo que debemos admirar en Maritain es que nunca eludió la expresión afirmativa de lo que consideraba la verdad, sin temer que ello le llevara a enfrentarse a críticas y a ataques de la derecha o de la izquierda. Hubo épocas en que en nombre del pensamiento católico se consideraba a Maritain como un hereje; pero también es cierto que ha habido momentos en los cuales determinados pensadores católicos, que creen que su deber es reconciliar el pensamiento cristiano con el pensamiento marxista, encuentran en Maritain un estorbo, una antigualla, un obstáculo para la afirmación de sus ideas.

Maritain, desde el primer momento y desde los días del Humanismo Integral, hasta la publicación del Campesino de la Garona, fue un hombre fundamentalmente sincero. Expuso, como consideró que era su deber, la verdad en que él creía, la verdad a la cual consagró su vida  y sus esfuerzos. Y dentro de esta significación política el pensador que fue, yo encuentro que está vigente en la actualidad y tiene una inmensa trascendencia, su fe en la democracia, su defensa de la democracia, su explicación del concepto de democracia, su afirmación de que las críticas a la democracia no iban propiamente contra el sistema democrático, sino que más bien arrancaban del hecho de que la democracia no se había realizado aún a plenitud.

Y esto tiene una significación especial si colocamos a Maritain en su tiempo, y a la vez lo usamos en el tiempo nuestro, en el tiempo presente. Porque debemos recordar cuál fue el panorama de Europa y del mundo en los años treinta, como consecuencia del fracaso aparente de los sistemas democráticos en atender las necesidades de los pueblos y de la avanzada que parecía incontenible de los grandes totalitarismos de izquierda y de derecha, que parecían dispuestos a definir el mundo, a decidir su supremacía en el mundo. Porque ni siquiera –salvo en aquella ocasión del célebre Pacto Ribentrop/Molotov– parecía que los grandes totalitarismos estaban dispuestos a dividir el mundo en bloques, en zonas de influencia, para actuar cada uno dentro de un ámbito determinado, sino que la confrontación se veía inevitable y la democracia parecía impotente, lánguida, desactualizada, desconceptuada y resignada a que la lucha se librara entre las corrientes totalitarias.

Estoy hablando de los días de nuestra adolescencia: La palabra democracia parecía devaluada, parecía casi una antigualla, una expresión romántica que había tenido su vigencia y que había perdido atracción, no tenía sex-appeal. Arrancó un totalitarismo de izquierda con la Revolución Bolchevique de 1917; se le enfrentó un totalitarismo de derecha con el movimiento fascista de Benito Musolini en 1923. Y a medida que el sistema comunista se fortalecía a través de la férrea dirección de José Stalin, el totalitarismo fascista adquiría prestigio con una reorganización de los servicios públicos en Italia, con una propaganda de la vieja concepción imperial del Senatus Populusque Romanus, con una idea de que mientras Europa era un caos, Italia era un país organizado, que de la debilidad había pasado a la fortaleza y que se preparaba para desarrollar grandes empresas conquistadoras, como las desarrolló en el norte de África y finalmente en Abisinia.

Cuando Alemania, castigada terriblemente por la gran crisis de los años 29 y siguientes, cayó bajo una fórmula totalitaria, la del nacionalsocialismo hitlerista, el eje Roma-Berlín parecía rodeado de todos los atributos, de todas las atracciones, y su influencia se iba extendiendo en Europa, y llegó a ser tal el problema, que la República Francesa, que había consumido ingentes recursos en la construcción de una Línea Maginott (la cual era en sí misma el testimonio de un complejo de derrota porque significaba el deseo de poner una valla a una invasión que consideraban inevitable) sucumbía ante las milicias, ante los batallones armados de las fuerzas nazistas, y se resignaba a establecer un gobierno satélite con connotaciones también totalitarias, en Vichy.

Realmente el panorama era grave, y yo debo decir que los muchachos de mi tiempo nos sentíamos presionados, polarizados por estas dos corrientes totalitarias, y que tenía poca atracción en nuestro ambiente el defender o expresar o mencionar la palabra democracia. Y tengo la impresión de que en la propia España republicana de los días anteriores a la guerra civil, cuando esas divisiones a veces arbitrarias, pero terribles desde el punto de vista de la historia, surgieron entre izquierdas y derechas, las izquierdas, entre las cuales había muchas gamas del pensamiento, desde el pensamiento clásicamente liberal hasta el pensamiento ortodoxo del marxismo; y, por otra parte la derecha, donde había matices respetables del pensamiento cristiano, que buscaban la inspiración en las Encíclicas y en las ideas que el pensamiento cristiano generaba y parecían como acomplejadas por la contradicción, por el contraste entre el totalitarismo de izquierda y el totalitarismo de derecha, hasta el punto de que los propios partidos democráticos eran insensiblemente arrastrados a los procesos, a los mecanismos, a las expresiones de los grupos totalitarios; y aún cuando retrospectivamente analizadas y objetivamente consideradas cada una de las posiciones y de las corrientes, podemos decir que ni eran comunistas los más caracterizados conductores del Frente Popular de la República ni eran fascistas los políticos actuales con mayor prestigio dentro del pensamiento católico: estaban como dominados por las circunstancias y aparecían catalogados dentro de ese gran debate histórico que los totalitarismos estaban realizando.

Y ahí es donde, a mi entender, la figura de Maritain tiene un valor excepcional: porque su posición se afirmó antes de que los Estados Unidos entraran a la guerra y demostraran que una democracia podía producir tantos cañones y tantos aviones y tantos tanques como los podía producir el totalitarismo y podía manejarlos con tanta eficacia como cualquiera de los gobiernos llamados fuertes podía hacerlo, y lograron de esta manera reivindicar el prestigio de la eficiencia de la democracia. Porque una de las críticas que se hacía entonces y que se hace hoy a la democracia es precisamente la de la ineficiencia. Aún antes de que la potencialidad industrial y económica de Estados Unidos se vertiera sobre Europa para decidir la guerra, ya el pensamiento de hombres como Jacques Maritain –creo que fue el más señalado, por la altura del pensamiento, por la profunda fundamentación filosófica que tenía y por la autoridad moral de que gozaba– reivindicaba el sistema democrático como el único compatible con la dignidad del hombre y con el bienestar del pueblo.

Por supuesto, esta concepción mariteniana que a mí me parece fundamental –y recuerdo la impresión que me causó, hasta podría decir contradictoria, cuando tuve la oportunidad de conocerlo en un Seminario de Estudios Sociales, reunido en Estados Unidos en los días de la guerra mundial, y en una de cuyas sesiones la presencia de Maritain causó un profundo impacto entre los asistentes–, esa definición, esa fe de Maritain que fue tan firme en la democracia como fue tan firme en el catolicismo después de su conversión, tuvo una influencia considerable en grupos de pensamiento que surgieron en Francia y en otros países de Europa y que obtuvieron repercusión en países de América Latina, especialmente en los países del Cono Sur: Chile, Uruguay y en cierta medida la Argentina, y que después se fue extendiendo más.

Hoy estamos –y esto parece extraño, pero no lo es–, en momentos en que pareciera amenazar el horizonte político de los países llamaos occidentales esa nueva duda acerca de la importancia, la vigencia y la fuerza de la democracia. Cuando el año pasado fui invitado a hablar en el Club Siglo XXI en Madrid y escogí como tema la defensa de la democracia, me sentí obligado a explicar que era un tema de suyo gastado, pasado, porque todos debíamos estar de acuerdo no solo que la democracia es teóricamente el mejor sistema de gobierno sino que en la práctica es el único compatible con las aspiraciones de los pueblos, con las necesidades del desarrollo, con las imposiciones de los tiempos.

Pero que, el hecho de que lo escogiera, reflejaba la angustia que en nuestros países sentíamos por la propaganda diaria que se realiza, no ya contra un gobierno u otro, no ya contra una corriente política cualquiera, sino contra el sistema democrático mismo. Una campaña que puede ser –y estoy seguro de que en muchos casos lo es de buena fe–, y que expresa una angustia, un descontento, una insatisfacción, porque la democracia no realiza todo aquello que se espera de ella, pero que también puede envolver ambiciones, rencores, resentimientos y puede servir de instrumento para una especie de desmantelamiento, de ablandamiento de las defensas, como en los días de la guerra lo realizaban los aviones, cuando descargaban una gran cantidad de explosivos para quebrantar las defensas, a fin de que después vinieran los cuerpos de infantería a la labor efectiva de imponer un determinado dominio.

Esto yo creo que explica el interés que en la figura de Maritain se despierta desde luego en los círculos cristianos, pero también en todos los círculos democráticos, sin denominación, sin inspiración de base religiosa, en el momento actual en nuestros países. Maritain representa para nosotros, dentro del campo de la filosofía política, una comprensión clara, una definición precisa del fenómeno democrático y una defensa implícita de la dignidad del ser humano, de la dignidad del ciudadano, para que el sistema democrático exista y sea vigoroso y activo.

Debemos reconocer que a veces nuestras democracias confunden los límites de la libertad y que los pueblos quieren una autoridad vigorosa. En 1979 tuvimos en Caracas una reunión de ex Presidentes de América Latina, convocada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos, para hablar sobre la democracia. De esos Presidentes éramos pocos los que habíamos completado nuestro período constitucional: la mayoría no habían llegado al fin de su período porque habían ocurrido hechos de fuerza. Teníamos ideologías políticas diversas. Sin embargo, todos estuvimos de acuerdo en que los pueblos quieren que la autoridad se ejerza y reclaman que el Estado garantice los derechos y no vacile ante el grito demagógico que surge constantemente de los sectores afectados, o de los intereses políticos contrapuestos, cada vez que se toman medidas tendientes a proteger a la comunidad. Pero, al mismo tiempo se experimenta la necesidad de demostrar que democracia no es demagogia, que gobierno no es burocracia hipertrofiada e ineficaz, y que las necesidades elementales del ser humano tienen que ser satisfechas en la medida fundamental necesaria, con las imperfecciones inevitables, para que el sistema democrático subsista.

Hablábamos alguna vez de que los pueblos aceptan más fácilmente las tiranías que la anarquía. Yo no soy capaz de hacerle al pueblo la ofensa de creer que él es el factor, el garante, el promotor de los gobiernos de fuerza que nos han oprimido a lo largo de muchos episodios y de muchos tiempos de nuestra historia, en España y en América Latina. Pero es evidente que los regímenes de fuerza no podrían sostenerse sin cierta respuesta, sin una cierta conformidad, aún cuando sea pasiva y silenciosa, por parte de la comunidad; y que muchas veces, ese fenómeno deriva de esto de lo que antes hablábamos: de no realizar a plenitud la democracia, como gerente del bien común, como garante de los derechos fundamentales de la persona humana.

En el pensamiento de Maritain encontramos, por ello, una actualidad extraordinaria. Y yo quisiera hacer aquí una observación: se ha hablado de la vigencia y extensión de los estudios sobre Maritain en Europa y América Latina. De Europa, quizás, Italia es el país, y España también, que se preocupan por darle mayor atención a los estudios y a la difusión del pensamiento mariteniano. Francia viene a confirmar la regla que el Maestro estableció en el Evangelio, de que «nemo in patria sua vocabitur propheta»: todavía Maritain no es en Francia lo que tendría que ser, y los propios franceses se quejan de esta circunstancia.

Le he oído a Olivier Lacombe el dolor profundo de ver que todavía, en una gran medida, Maritain en Francia es extranjero. Pero los italianos lo tomaron con calor y han sido ellos en gran parte los promotores y los realizadores del Instituto Internacional Jacques Maritain. Aún teniendo que afrontar algunas posiciones muy respetables pero sin duda equivocadas de gente tan digna de afecto como el Hermano Heinz Schmidt, como la señora Grunellius, que con Olivier Lacombe forman el trío de los albaceas de Maritain para la publicación de sus obras, quienes no quisieran ver a Maritain demasiado envuelto en la política, muchos pensamos que sería contradecir el deseo y las aspiraciones de Maritain el negarle la proyección fundamental que su pensamiento y su figura tienen en el mundo político.

Pero, quería observar que el pensamiento mariteniano se está extendiendo de una manera impresionante en los Estados Unidos y en el Canadá. Yo tuve oportunidad de asistir en mayo de 1978 a un Congreso sobre los derechos humanos, iluminado por el pensamiento mariteniano, promovido por el Instituto Internacional Jacques Maritain, seccional de los Estados Unidos, al que ocurrió un alto y calificado número de profesores universitarios. Por supuesto, muchos de ellos de Universidades católicas, muy compenetrados con el pensamiento de Maritain y muy interesados en su difusión. Y después, tengo el testimonio de Roberto Papini, nuestro Secretario General del Instituto, de que la extensión, la propagación del pensamiento de Maritain en aquellos dos países del norte del hemisferio americano es algo muy impresionante y, en gran parte también, muy reconfortante. ¿A qué se deberá esto? Yo pienso que, en gran parte, a que dentro de los Estados Unidos y también del Canadá existe una insatisfacción muy grande por la democracia formal, que funciona a la perfección, con mucha regularidad y con mucha eficacia, pero que no representa a plenitud lo que la democracia debe ser y lo que ella es, y lo que está reflejado precisamente en el pensamiento de Maritain.

Por supuesto, que como Maritain no fue un político –ya lo hemos dicho antes– hay aspectos, incluso de su terminología, que a lo mejor desde el punto de vista de la lucha política no llegan a cumplir el papel que él esperaba que cumplieran. Me refiero, por ejemplo, a la expresión tan característica y a la cual él se refiere por cierto en el Campesino de la Garona, del «personalismo comunitario». Para las minorías enteradas de las cuestiones filosóficas y de la teoría política, los conceptos están muy claros; frente a las grandes mayorías es fácil tergiversarlos.

En la lengua castellana «personalismo» ha sido entendido muchas veces como sinónimo de egoísmo, de individualismo, de deseo de afirmar lo propio de cada uno en relación a los derechos de la comunidad. Y en Venezuela tenemos experiencia increíble de que la literatura adversa a nuestro grupo ha convencido a mucha gente de que la palabra «comunitarismo» envuelve una variedad de comunismo. Esto parece absurdo, pero llega un momento en que las necesidades de la lucha política imponen el no uso del vocablo y postergar una explicación, difícil de entender para muchos, porque, desde luego, no está hecha la campaña política exclusivamente para universitarios sino que los universitarios son una minoría de la vida social, y al pueblo es fácil confundirlo con ciertas similitudes fonéticas. Esto es indudable. Pero la idea de la dignidad de la persona humana, la concepción de los derechos humanos está profundamente vinculada al pensamiento de Jacques Maritain y es indudable que en las disposiciones constitucionales de muchos países se nota la huella de este pensamiento, aún cuando no sea exclusividad de Maritain y exclusividad del pensamiento cristiano.

Pero hay una colección de ensayos que ha publicado el Instituto Jacques Maritain sobre las disposiciones constitucionales en diversos países y de esas disposiciones constitucionales resulta realmente una gran afinidad con este tema básico de la dignidad de la persona humana. Y luego la idea de comunidad, que ya habíamos señalado que en el pensador y sociólogo alemán Ferdinand Tönnies: hay una diferencia sugestiva entre las ideas de comunidad y de sociedad. Es que la sociedad aparece como algo más formal, más dirigido a la extensión de determinados fines e intereses, mientras que la comunidad aparece como algo más natural, más espontáneo, más derivado del instinto de sociabilidad de los hombres. Y en este sentido, el empleo de la palabra comunidad se ha hecho mucho más asequible, mucho más extendido que el de la palabra comunitarismo, que lo seguimos empleando, desde luego con profundo respeto por su iniciador en los círculos de pensamiento y en las discusiones al respecto, pero que no podemos utilizar a veces en el debate político amplio hasta que no podamos llegar a crear suficientemente las bases para una correcta interpretación.

Hay, desde luego, también en Maritain, un elemento muy importante y muy actual, que es el concepto de «pueblo». Solo que a veces encontramos que muchos pensadores o políticos activos antidemocráticos se basan en esta concepción de que la democracia es el gobierno del pueblo, pero que el pueblo es algo distinto de la masa: es una comunidad consciente que tiene sus aspiraciones, sus ideas y su voluntad forjada de acuerdo con determinados ideales. Y la utilizan como un argumento en contra de la democracia, porque con frecuencia le dicen a uno: yo soy demócrata pero cuando el pueblo sepa lo que debe hacer, cuando el pueblo esté instruido, cuando el pueblo tenga suficiente capacidad. Ese es un argumento peligroso, que lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos respondido con esta idea: ¿cómo puede aprender a caminar un niño si no es caminando? Si dijéramos que no debe caminar hasta el momento en que tenga todo el desarrollo necesario para no caerse, seguramente nunca caminará. Todas esas cosas, pues, y muchas otras que se me ocurrirían –ya estoy abusando del tiempo de ustedes– podrían invocarse al respecto.

Y ello me hace recordar una anécdota muy sugestiva de un gran escritor, orador, historiador y pensador político peruano que fue Víctor Andrés Belaúnde, tío del actual Presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry. El decía: lo que pasa es por la «maldición implícita». ¿Cómo es eso de la maldición implícita? Explicaba… pues bien, cuando el hombre pecó en el Paraíso y Dios le impuso su castigo, pronunció tres maldiciones explícitas, pero de ellas le dio redención. Le dijo, «comerás el pan con el sudor de tu rostro», pero le dio, a través del trabajo, la oportunidad de superación espiritual y material. Le dijo, «morirás», pero la muerte es el comienzo de una nueva vida. Y a la mujer le dijo, «parirás tus hijos con dolor», pero le dio la redención a través de la maternidad divina de María. Pero hubo una maldición implícita, que no está en el Libro y de ella el Creador no nos dio redención. Le dijo a Adán, «hombre, no has querido que yo te gobierne, de ahora en adelante te vas a gobernar tú mismo».

Esa estupenda anécdota de Víctor Andrés Belaúnde nos sirve para recordar que quienes gobernamos somos hombres y que nunca lo haremos a la perfección. Pero es preferible que lo hagamos a través del consenso y la voluntad de los propios gobernados y no porque nos sintamos inspirados o dotados de un poder sobrenatural, con el que pretendamos imponer nuestra voluntad por encima de los intereses de los pueblos.

Maritain, desde luego, habría querido una democracia perfecta, y en su pensamiento estableció las bases para que existiera; sin embargo, él mismo reconoció que no era él el llamado a realizarla; de ahí su alejamiento de la acción política. Sin embargo debemos destacar en él –y ya para concluir– un hecho muy importante: la conformidad del pensamiento y la conducta. Maritain no fue simplemente un creador de ideas para desentenderse de su prójimo, vivió un vida pulcra, limpia, humilde. Desempeñó la Embajada de la República Francesa ante la Santa Sede y la dejó por propia voluntad. Podía haber vivido en Estados Unidos con la más congrua retribución, con las mayores comodidades, y decidió volver a Francia para entregarse a estudiar y a escribir. Lo sorprendió la muerte de su amada esposa y compañera de meditaciones, Raiza, cuando había regresado justamente para entregar sus años finales a esta labor de contenido apostólico. Por eso, en medio de su desconcierto, la familia Grunelius, a la que él había convertido y de cuyo hijo era padrino, le ofreció el cementerio familiar de la pequeña población alsaciana de Kolbsheim, para que depositara el cuerpo de su amada esposa, ya que él acostumbraba ir los veranos a escribir, a pensar y a caminar allá.

Muerta Raiza, tomó el camino más conmovedor de su vida: el de la máxima humildad. Aquél filósofo de autoridad universal se fue a Toulouse, a vivir en la comunidad de los Hermanitos del padre Foucould, y concluyó su vida haciendo profesión religiosa. Tuvo de maestro de novicios un hombre de 40 años, el hermano Heinz, y lo respetó tanto que lo incluyó entre sus tres albaceas testamentarios. Murió en una humilde cabaña a la edad de 91 años, después de haber recibido, con motivo de su cumpleaños, grandes homenajes de reconocimiento en el mundo.

Quizás, la máxima satisfacción que tuvo en esa época, y realmente constituye un testimonio muy valioso de lo que él significó, fue haber recibido del Papa Pablo VI, el 8 de diciembre de 1965, en la plaza de San Pedro, en la clausura del Concilio Vaticano II, el mensaje a los intelectuales. En ese momento, el Papa entregó varios mensajes a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores, y escogió, para el mensaje a los intelectuales, a Jacques Maritain. Fue un finiquito, y realmente que para cualquier católico que sepa valorar lo que esto significa, es un compromiso de la Iglesia con lo que representan las ideas del filósofo Jacques Maritain.

Por cierto, diez años después, al visitarlo los asistentes al Congreso Mundial de la Democracia Cristiana, y después de hacer un discurso en francés un poco convencional y fuera de lugar, porque era un discurso pastoral y entre los asistentes habían muchos que no eran católicos y hasta quizás algunos que no eran cristianos creyentes, el Papa Pablo VI, agregó a su discurso una rápida improvisación en italiano, que no fue recogida en las páginas del «Osservatore Romano». Y recuerdo que dijo más o menos estas tres cosas, que pido las reciban como conclusión de estas palabras mías aquellos de los presentes que sean Demócratas Cristianos, y que las acepten como una expresión de amistad los que no lo sean, dentro de esa concepción pluralista de Maritain.

Nos dijo: «Avete fatto la buona scelta»: han escogido ustedes bien. «Unitevi»: uníos, la unidad es indispensable. Y, después: la Iglesia no se mezcla en cuestiones políticas, pero sigue día a día, con cariño y con angustia, las actividades de ustedes.

Yo creo que, en cierto modo, estaba revoloteando aquella tarde en el Vaticano, el espíritu de Jacques Maritain.

Un nuevo modelo de desarrollo para América Latina (1986)

Un nuevo modelo de desarrollo para América Latina
Rafaek Caldera durante una visita a los Hogares Crea. Barquisimeto, noviembre de 1986.

Un nuevo modelo de desarrollo para América Latina

Palabras de Rafael Caldera en el IX Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en Bogotá, Colombia, el 7 de abril de 1986.

 

Tengo que dar las gracias muy sincera y cordialmente al ilustre y eficiente organizador de este Congreso, el doctor Hernando Franco Idárraga, por sus palabras generosas de presentación y agradecerle de veras el amistoso reclamo que me ha hecho, y que lo llevaré muy clavado, para asignar en medio de tantos compromisos el tiempo necesario para completar la edición de mi obra. En realidad, fue publicada inicialmente hace tantos años que prefiero no decir la fecha, y cuando comencé a trabajar en una reedición, cité textos de Nipperdey, de Paul Durand, que habiendo publicado sus obras en fechas parecidas, al preparar una nueva edición dijeron de concierto que más que una revisión de la obra anterior, habían tenido que escribir una nueva obra. Tal es el dinamismo del Derecho del Trabajo, la rapidez con que se manifiesta. Y en verdad la deuda que tengo, imputable a los compromisos que he adquirido en la vida política de mi país, la tengo pendiente porque me siento obligado conmigo mismo y con la comunidad laboralista, muy obligado. Muchas gracias doctor Franco.

Voy también a dar las gracias —y no digan que tengo casi una manía obsesiva de hacerlo, porque tengo que agradecerle— a Mozart Víctor Russomano la oportunidad que me da de hablar esta tarde, porque en el programa del Congreso se previeron unas conferencias y se asignó la mía para el próximo jueves. Era materialmente imposible quedarme para esa fecha en Bogotá y entiendo que Russomano, anunciado para hoy, amablemente accedió a dejar la oportunidad para mí  y hacer su conferencia el jueves. Muchas gracias Russomano, y ustedes tienen que conformarse por la decisión adoptada.

Cuando me pidieron que fijara un tema pensé que, aunque no es estrictamente de tema y técnica juslaboralista, es una materia tan vinculada a nuestro esfuerzo, a nuestras preocupaciones, al contenido de nuestra disciplina, que valdría la pena expresar unas ideas acerca de un nuevo modelo de desarrollo para la América Latina.

Sobre este tema se habla con frecuencia y se precisa poco, y considero que ya deberíamos estar nosotros pensando muy en serio en cuál es ese modelo de desarrollo que debemos buscar para nuestros pueblos, a fin de llegar al siglo XXI con una concepción clara de lo que queremos y de lo que debemos hacer.

Estamos convencidos de que, en medio de muchos progresos y muchas iniciativas, de muchas modificaciones en nuestro modo de ser, no hemos encontrado esa especie de piedra filosofal. Y para quienes tenemos o hemos tenido alguna participación en la vida de nuestros pueblos, es angustioso pensar que todos los esfuerzos por hacer, por producir, por crear, por organizar, tropiezan con una insatisfacción muy acentuada por parte de grandes sectores de la sociedad. Y encuentran en nuestras propias conciencias el resultado de que no hemos podido ofrecerles a nuestros pueblos, en el sentido en que debiéramos, la posibilidad para cada uno de desarrollar su propia personalidad. Por supuesto que esto nos lleva inicialmente a plantear el concepto de desarrollo porque se ha confundido desarrollo con industrialización.

 

Desarrollo e industrialización

Se habla del desarrollo económico cuando se anuncia una nueva planta siderúrgica, una nueva central hidroeléctrica, un nuevo conjunto industrial de cualquier naturaleza, o cuando se construyen obras de infraestructura material, como autopistas y puentes, al precio que sea. En el Brasil admira uno el puente de Río a Niterói, que tiene dieciséis kilómetros de largo y debe ser causante de no pocas de las angustias actuales del gobierno brasilero por el pago de la deuda externa. En Venezuela estamos orgullosos del puente sobre el Lago de Maracaibo, de ocho kilómetros de largo, que ha constituido un verdadero progreso pero que también ha supuesto un sacrificio importante como estamos experimentando ahora. Pero realmente, ¿cuál es el desarrollo que queremos? ¿Cuál es el desarrollo que debemos tratar de obtener? El concepto no puede limitarse al ámbito puramente económico y mucho menos, dentro de lo económico, en forma exclusiva al ámbito de la industrialización. Tiene un alcance más amplio.

Ya nos dijo el papa Pablo VI, en la encíclica Populorum progressio, sobre el desarrollo de los pueblos, que va a cumplir veinte años de emitida el 26 de marzo del próximo año de 1987, que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico; que para ser auténtico debe ser integral. Es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Es una frase de Lebret, citado en el texto de la propia encíclica. «De todo el hombre», es decir, el hombre estómago y materia, pero también el hombre cerebro, corazón, pensamiento, sentimiento. Esto desgraciadamente lo han olvidado algunos que se llaman desarrollistas y creen que todos los esfuerzos de la comunidad deben dedicarse con exclusividad al desarrollo económico.

La misma encíclica Populorum progressio tiene al respecto un párrafo que considero muy elocuente: «verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión  al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un gran número de ellos se ven condenados a vivir en condiciones que hacen ilusorio este legítimo deseo. Por otra parte, los pueblos llegados recientemente a la independencia nacional sienten la necesidad de añadir a esta libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no  menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las naciones» (n. 6).

Hay infinidad de definiciones de desarrollo. Yo creo que en todas las ciencias, los conceptos fundamentales constituyen un verdadero banquete para los científicos, porque se comienzan a acuñar definiciones, muchas veces muy complejas, difíciles y con un punto de vista muy peculiar y hasta limitado. Sin embargo, algún concepto deberíamos tratar de formular. Hemos hablado de la posibilidad de ofrecer a todos los hombres, a todos los miembros de una comunidad; y a todo el hombre, es decir, en todas las diversas manifestaciones que lo integran, como materia y como espíritu, la posibilidad de incorporarse al proceso social, económico, cultural y político, y de desarrollar su propia personalidad.

Justicia Social Internacional

Justamente, este tema, trasladado al ámbito internacional, supone en mi concepto la obligación para los países desarrollados de remover los obstáculos que impiden el desarrollo de los otros pueblos, de los que se llaman subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y en la medida de lo posible, ayudar, cooperar para que logren su propio desarrollo. Esta no es una concepción paternalista. No pretendemos que los países desarrollados nos tomen de la mano para llevarnos a una situación de desarrollo. Lo que pretendemos es que no se nos pongan obstáculos fundamentales para que ese desarrollo lo podamos obtener por nosotros mismos.

De allí una serie de principios que vienen envueltos con una idea a la que he sido muy afecto y que he sostenido en numerosas ocasiones, incluso en mi incorporación a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que es la idea de la Justicia Social Internacional. Si la justicia social, adoptándola en la definición más simple, la que está en la encíclica Quadragesimo anno, que —dice— «es la que exige lo necesario para el bien común», la trasladamos al ámbito internacional y creemos que hay una comunidad internacional, la justicia social demanda de todos los miembros de la comunidad internacional el reconocimiento de los deberes que son necesarios para el Bien Común Internacional. Este concepto sería muy fecundo.

Dentro de cada pueblo nos encontramos con que la justicia social ha sido aceptada y en una forma increíble. A pesar de tratarse de un concepto de pura estirpe filosófica, las filosofías más contrapuestas, todas, han acogido la justicia social y le dan su propia definición. Definen la justicia social los países del mundo occidental; definen la justicia social los países del mundo comunista. En los distintos continentes se habla de la justicia social y esta sirve de base y fundamento para nuestro esfuerzo por la liberación del hombre y por la realización de su plena personalidad. Pero ¿cómo lograr esto? ¿Qué es lo que efectivamente deseamos? ¿Cómo podemos definir a un país como en vías de desarrollo?

A veces encontramos contradicciones que nos revelan que no es simplemente el hecho de la riqueza lo que caracteriza el desarrollo. Kuwait ha tenido quizás el ingreso per cápita más alto en todo el universo y nadie dice que es un país desarrollado. En cambio, otros países con una riqueza menor se consideran como países desarrollados. En cuanto a los recursos naturales, su utilización, la explotación de los recursos naturales es un índice de desarrollo, pero hasta qué punto, en qué medida. Porque el Canadá tiene recursos naturales inmensos, tiene una superficie mayor que la de los Estados Unidos, tiene una cantidad de posibilidades en su seno que no han sido explotadas, tiene una población relativamente pequeña y lo consideramos un país desarrollado. Entonces, más o menos, para no caer en la manía de las definiciones y adoptar una muy sencilla podríamos decir —me atrevo a pensar— que el desarrollo es la «utilización adecuada y armónica de los recursos naturales, de los recursos financieros y de los recursos humanos». Cuando esa armonía se logra, podemos hablar de desarrollo. En cambio, podemos tener una gran riqueza financiera, podemos tener inmensos recursos naturales, y los recursos humanos no logran la plenitud de su aprovechamiento, no podemos hablar de desarrollo.

¿Cuál es el modelo de desarrollo para América Latina?

Ahora, ¿cuál es el modelo de desarrollo que los latinoamericanos debemos escoger? Esto nos preocupa inmensamente. Sin duda, no es una copia al carbón. He dicho algunas veces y no para hacer propaganda a una firma mercantil sino por poner más a la moda la frase, no es una copia xerográfica del proceso de desarrollo que realizaron los países industrializados de hoy. La Revolución Industrial es un fenómeno no repetible. Tuvo sus características propias, algunas de ellas incompatibles con nuestros conceptos de la justicia y de la moral.

La industrialización se realizó a base de jornadas de trabajo inhumanas, de la explotación inmisericorde del obrero, de la mujer, del niño; del aprovechamiento de la mano de obra esclava. La lacra más grande de la civilización cristiana está en que la esclavitud haya existido diecinueve siglos después de la muerte de Cristo.

Este aprovechamiento de la mano de obra esclava, después del aprovechamiento de la mano de obra colonial y luego el  aprovechamiento de la producción de los países productores de materias primas, todo esto contribuyó a crear una riqueza que después ha sido bien manejada y que constantemente aumenta, haciéndose cada vez mayor la distancia entre los países que mucho tienen y los que tenemos mucho menos.

Este proceso nosotros no lo podemos realizar ni lo queremos realizar tampoco. No querríamos nosotros lograr el desarrollo de nuestros pueblos a base del sacrificio inhumano de nuestra gente, o a base de la explotación indebida e injusta de otros pueblos en el mundo. En cierto modo, podríamos hablar de este fenómeno en los tiempos modernos en el régimen estalinista de la Unión Soviética. Había que desarrollar la industria pesada, había que crear una economía que se sintiera con pujo para competir con la economía de los Estados Unidos o del mundo occidental, y no importaba que murieran millones de personas de hambre o de frío o se hacinaran las familias, o que tuvieran un estándar de vida incompatible con la vida humana. Había que realizarlo al precio que fuera. Esto, indudablemente, no puede ser nuestra idea ni podemos admitir en América Latina esa tesis.

Por cierto, debo decir que nos ha preocupado muchas veces el que algunos economistas, sociólogos o historiadores europeos asomen la idea de que el desarrollo en América Latina no se puede realizar dentro de la democracia; que se supone la necesidad de un autoritarismo para que imponga las injusticias que puedan dar el resultado de ese enriquecimiento, de esa industrialización.

Algunas veces hemos tenido que protestar contra eminentes pensadores en la esfera universal porque han llegado, incluso en nuestros países, a soltar esta idea: la incompatibilidad del desarrollo con la libertad y con la democracia.

Nosotros tenemos que buscar, y debemos buscar, a través de la libertad ese objetivo del desarrollo, pero tenemos que empezar por plantearnos cuál es en efecto el desarrollo que queremos, y ese desarrollo —como decíamos— no es solamente tendiente a tener más sino a ser más y a lograr una mayor armonía.

El caso Brasil

El Brasil es un país admirable. La Casa de Braganza se ha ido ganando con el tiempo la mayor admiración de todos nosotros. Tuvo la inteligencia que no tuvo la Casa de Borbón. Mantuvieron la unidad de sus colonias en América al precio que fuera necesario, hasta a la división del padre y el hijo. Esa unidad que mantuvo a las colonias portuguesas en una sola estructura política y social le ha dado, sin duda, una gran preeminencia en relación a los otros países de América Latina, porque cada una de nuestras repúblicas, de nuestras naciones, se dejó llevar de esa tendencia al exagerado autonomismo, que se convierte casi en un individualismo de pueblos entre nuestros países. Muchas veces he pensado en esto. ¿Cómo es posible que con todo el arrastre fulgurante de Bolívar, con todo el brillo de sus hazañas, no solamente no pudiera unir en un solo Estado a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Panamá (que formaba parte entonces de la Nueva Granada), sino que no pudo consolidar la Gran Colombia con la Nueva Granada, el reino de Quito y la Capitanía General de Venezuela, a pesar de que hubo diez años de prueba? Porque desde el 17 de diciembre de 1819 en que se establece la Gran Colombia (después vino la incorporación de Quito), hasta el año de 1830 en que se produce la separación, hubo tiempo suficiente como para que las instituciones se consolidaran y lográramos la unidad.

No creo que Páez en mi país, ni Santander en la Nueva Granada ni Juan José Flores en el Ecuador fueran más populares, tuvieran más arraigo, más inteligencia o más capacidad que Bolívar. Pero representaban el sentimiento de la gente que quería estar cada uno en lo suyo y no quería someterse a las exigencias de la unión. Esta es una digresión con motivo de la expresión admirativa que tenemos todos para el Brasil.

Nos dicen que el Brasil, mientras muchos países rebajaban el ingreso nacional, creció en su PTB 6 o 7% el año pasado. Pero el crecimiento del PTB en el Brasil y la industrialización, que lo ha llevado a esferas muy altas y hasta delicadas, sofisticadas, en la informática, la electrónica y otros aspectos, convive con un porcentaje de marginalidad que asombra, que provoca una especie de pánico en quien lo analiza. Debe haber algo en ese proceso de desarrollo que no corresponde a los objetivos fundamentales. Porque más crece la industria, más crece el ingreso y más aumenta, o por lo menos sobrevive, el índice más elevado de marginalidad.

El problema existe en el mundo entero. Se plantea en la Europa occidental, se plantea en la Unión Soviética. Algunas veces digo que hemos tenido una decepción grande en los últimos tiempos porque el Estado de Israel era para nosotros una especie de escaparate de muestra de hasta dónde se puede llegar con la capacidad, con la técnica, con el buen manejo. Y resulta que Israel tiene los problemas de la inflación, también del desempleo, de las dificultades a medida que el ingreso de un pago que viene del exterior por indemnizaciones empieza a desaparecer o que disminuyen las contribuciones de quienes se sienten unidos espiritualmente a aquel fenómeno político en los países capitalistas del mundo.

Hoy leí en un periódico colombiano algo que me impresionó. Un planificador y filósofo social, teórico del desarrollo y catedrático de la Universidad de California, nacido en Colombia y colombiano, expresaba unas ideas que, en forma diferente, reflejan esta misma noción del fracaso de una determinada idea de desarrollo, que busca imitar o repetir lo que ha sido el desarrollo en los países industrializados. Dice el periódico: asegura el investigador que debido a la mala interpretación de la palabrita ‘desarrollo’ nos hemos creído el cuento de que somos un país subdesarrollado. Yo no creo que sea exactamente el que no seamos países subdesarrollados sino que se nos planteaba como programa un objetivo de desarrollo distinto, dice aquí, para llegar al reino. Leo: «el investigador caldense enfatiza entonces que cuarenta años de desarrollo no han producido los resultados más felices». Y más abajo: «asegura que esta visión del desarrollo sometió a nuestras poblaciones a patrones de comportamiento, racionalidades y formas de vida propias de los países desarrollados. Se olvidó que somos únicos y necesitamos programas acordes a nuestras necesidades y realidades». Dice aún —ya esta es una cuestión de la política actual—: «y lo más grave es que las banderas políticas de los actuales candidatos a la Presidencia de la República se guían por este molde».

Somos países pobres

Es verdad. Tenemos que encontrar un modelo de desarrollo propio. Pero no basta que lo digamos. Tenemos que estudiarlo. ¿Cuál sería este modelo propio de desarrollo? Indudablemente cuando nos quejamos de que se ve en el desarrollo solo el crecimiento del ingreso o criticamos una concepción desarrollista orientada exclusivamente hacia la industrialización no es que neguemos la necesidad e importancia de ese aumento. Somos países pobres. Escribí en Venezuela la semana pasada un artículo, con motivo de una conferencia que dicté en un Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, y lo titulé «Una ilusión de riqueza». Porque allá publicaron un libro llamado «Venezuela, una ilusión de armonía», y les preguntaba si no podría publicarse otro que dijera «una ilusión de riqueza».

El daño más grande que se le ha hecho a Venezuela en los últimos tiempos es la fama de nuevos ricos que nos hicieron. Entró un dinero del petróleo y creímos realmente que éramos muy ricos.

El ingreso per cápita está en unos 2.738 dólares. En los Estados Unidos, las cifras oficiales del Bureau del Censo para 1980 consideran el límite de pobreza crítica el de 3.688 dólares. Es decir que el país riquísimo tenía un ingreso per cápita de 2.738 dólares mientras los pobres de solemnidad, que son objeto de la asistencia social y suman unos 25 millones de personas en los Estados Unidos, son los que están por debajo de los 3.688 dólares. Nos consideraban ricos porque nuestros hermanos eran más pobres que nosotros. Simplemente. Como cuando me decían —estando en el gobierno y quería hacer negocio con nuestro petróleo, que estaba a 1.79 dólares por barril— los países amigos, Italia y Alemania: no podemos porque nosotros compramos petróleo más barato en el Medio Oriente, en el Norte de África y hasta en la Unión Soviética. Para 1984, promediando la venta de dólares en el mercado libre y en el mercado regulado, en Venezuela es de 2.379 dólares; en Colombia 1.047 dólares; Brasil 1.758 dólares; Argentina 1.919 dólares. Somos países pobres. Tenemos que producir. No somos contrarios al aumento de la riqueza; al contrario, tenemos que ver cómo aumentamos la riqueza.

nuevo modelo de desarrollo
Diario El Espectador de Colombia, 6 de abril de 1986.

La producción de riqueza

Ahora bien, ¿en qué rubro la vamos a aumentar? Por de pronto, estamos de acuerdo en que tenemos que lograr una industrialización que nos permita incorporar el valor agregado a nuestras materias primas. No podemos estar siempre vendiendo nuestras materias primas a precios miserables para que las elaboren y nos las devuelvan manufacturadas a precios sumamente altos. Tenemos que aumentar nuestra producción agropecuaria para asegurar la alimentación de nuestros pueblos, para depender en ello lo menos posible del exterior. Estos dos aspectos son importantes, muy importantes.

Pero hay algo que debemos tomar en cuenta fundamentalmente. Nosotros estamos en la ilusión de que la industrialización y el desarrollo rural van a traer un aumento del empleo y no es así. Ayer escuché un excelente discurso del Ministro del Trabajo, pero encontraba una cierta contradicción porque por un lado hablaba de la necesidad de crear setenta millones de empleos y, por otro lado, ponía su esperanza en el desarrollo de la agricultura, en la mecanización de la agricultura, en el desarrollo de la industria. No nos da el número de empleos que necesitamos.

En Venezuela tenemos unas cifras que me han impresionado terriblemente. En el polo de desarrollo de Ciudad Guayana, donde hay un sistema hidroeléctrico, un complejo siderúrgico, un complejo alumínico; donde ha surgido una ciudad de trescientos mil habitantes que hace apenas treinta años era un pueblecito de tres mil habitantes, se han invertido en total 63.275 millones de bolívares para darle empleo a unas treinta mil personas. Es decir, que cada trabajador supone una inversión de 2.140.000 bolívares. Si deducimos el complejo hidroeléctrico que es el que da menos empleo, y nos limitamos a lo que llamamos las «industrias básicas» —siderúrgica, alumínica, etc.—, la inversión se reduce a 32.625 millones de bolívares para un empleo de 24.220 personas, lo que supone una inversión de 1.150.000 bolívares por cada trabajador. Es decir que, para darle empleo a cien mil trabajadores, y suponemos que todos los años acceden al mercado de trabajo cien mil trabajadores que demandan ocupación, habría que invertir entre cien mil y doscientos mil millones de bolívares, cantidades de las que no disponemos. Si se nos conceden en préstamos relativamente benévolos, suponen un servicio de la deuda con los acreedores extranjeros de una dimensión increíble y terrible.

La agricultura y el éxodo rural

Y en cuanto a la agricultura. Tenemos que desarrollar la agricultura. Tenemos que modernizarla. Tenemos que estar conscientes de que el progreso de la agricultura supone un aumento de productividad, es decir, una producción cada vez más capital-intensiva y cada vez menos trabajo-intensiva. Por cada trabajador obtendremos mucho mayor rendimiento con fertilizantes, con riego, con maquinaria, con todo lo que el capital nos puede dar; pero no será una fuente generadora de nuevos empleos.

Hay un tema en el que no sé si a alguno de ustedes le ha pasado lo que me pasa a mí. Me desconcierta el tema del éxodo rural. Se abandonan los campos. Hay un fenómeno de urbanización. Crecen increíblemente las ciudades, pero los campos no se quedan solos. En cifras absolutas, en los campos —en mi país, en este y en otros países— hay la misma cantidad de gente que hace treinta, cuarenta o cincuenta años. Ha disminuido porcentualmente pero es porque, como es natural, la posibilidad de empleo está limitada y la gente marcha necesariamente hacia la ciudad. Algunos llegaron a hablar de retorno de la ciudad al campo. Movimientos para lograr que la gente que vino del área rural a la ciudad regresara al campo. Después de estar en la ciudad y tener hospitales y escuelas, y las ventajas de la vida urbana, por más que logremos urbanizar el campo, no van a regresar. Lo más que podemos hacer es contener allá la marcha y, desde luego, establecer agroindustrias: que la primera elaboración de las sustancias agrícolas de materia prima se haga cerca de donde se produzca y no en el centro urbano respectivo.

Hay cifras que a uno lo impresionan mucho. Los Estados Unidos, con una población de doscientos treinta millones de habitantes, produce para alimentar a su población, para venderle cereales a la Unión Soviética cuando la cosecha en el otro lado es deficitaria, hasta para regalar en algunos programas de cooperación y de asistencia, y a veces tienen que limitar la producción para evitar mayores problemas. Y el porcentaje de la población activa ocupada en la agricultura y en la cría, según las cifras últimas que he podido consultar, es de 2,8%. Es el 2,8% de la población activa el que produce para alimentar a aquellos doscientos treinta millones de habitantes. Y esa cifra va bajando: en 1960 era el 7,9%. Pero va bajando y va aumentando la inversión, porque la inversión en agricultura en los Estados Unidos es mayor per cápita que la inversión en la industria, con tratarse del país más industrializado del mundo. Naturalmente, incluyendo en la inversión el valor de la tierra, el precio de la tierra, que siempre tiende a aumentar.

En diciembre estuve presidiendo una mesa redonda del Instituto Jacques Maritain, en la abadía de Praglia, cerca de Padua, y un profesor de la universidad de Lovaina nos hablaba de que en Bélgica se ha producido un éxodo rural y la población activa ocupada en la agricultura es menos del 3%. Y en proporción a su población, Bélgica es quizás el país de mayor rendimiento agropecuario en Europa. En Yugoslavia, hace año y medio, visité el valle de Voivodina donde se hicieron grandes obras de riego. Me llevaron a una granja, motivo de orgullo para ellos, y me explicaban que esas tierras antes estaban ocupadas por varios centenares de campesinos, a los que tuvieron que evacuar y darles otra cosa que hacer; ahora, con unos cuarenta trabajadores, muchos tractores, mucho fertilizante, muchos alimentos artificiales, tienen una producción fabulosa. Unas matas de maíz de gran altura. Y unos establos, que me causaron hasta horror. Sé que no lo hacen solo ellos, sino que también se hace en Europa: esos establos donde alimentan a un centenar de becerros, que no ven el sol, que no salen de allí, que están presos durante un año, a los que echan el alimento con tractores, los engordan, los hacen crecer y los venden cuando tienen un año, con un mecanismo que a nosotros, que somos mucho más simples, nos causa un cierto escozor. Era una especie de reforma agraria al revés. Y el propio director de los servicios de la central de riego decía que al funcionario que no daba rendimiento, lo despedía.

El empleo

Pero volvamos a la agricultura. Tenemos que fomentar la agricultura. Tenemos que desarrollar la agricultura, pero eso no nos resuelve el problema del desempleo, el problema de la marginalidad. El desempleo no es un fenómeno meramente coyuntural. Es un fenómeno estructural. La coyuntura lo agrava en algunas circunstancias, pero hay factores y causas más profundas. En Venezuela nos encontramos con estas circunstancias. El petróleo no ofrece empleo en forma directa sino al 1% de la población activa. Son industrias extractivas, muy tecnificadas, donde la mano de obra es un factor de menos importancia cuantitativa. El Estado, que comienza a transformarse también con la idea del moderno Estado de servicios, va absorbiendo mano de obra hasta el punto de que llega a tener un 25% o más, algunas veces con un crecimiento acelerado.

Cuando comenzó el experimento democrático había, si no recuerdo mal, unas doscientas o doscientas cincuenta mil personas al servicio de la administración pública. Cuando entregué el gobierno, es decir tres períodos y un año provisional, dieciséis años después, la cifra llegaba a trescientos cincuenta mil. Es decir, había aumentado ciento cincuenta mil en dieciséis años, un poco menos de diez mil personas por año. Cuando vino el auge de los precios del petróleo pasó en cinco años de trescientas cincuenta mil a ochocientas cincuenta mil y hoy está por encima del millón de personas. Algunos de estos crecimientos en el índice de ocupación son indispensables y necesarios, especialmente en lo que se refiere a la educación, a la salud y a la seguridad pública. Son tres rubros que demandan un aumento creciente. Pero llega un momento en que el Estado copó su capacidad de empleador y ahora ya no está en condiciones de seguir absorbiendo mano de obra en forma indefinida, es decir, de dar por vía indirecta la colocación que el petróleo por vía directa no puede dar.

Los problemas son realmente graves. A amigos míos colombianos, cuando Colombia no tenía petróleo, les decía: ustedes tienen el café, que les produce mucho menos dinero que el petróleo; pero el café genera mucho más empleo. Tengo entendido que en Colombia un millón doscientas mil familias viven del café. Y ese café, que lo han tratado, cultivado y defendido con esmero, complementado con granjas agrícolas, con huertos de cítricos, puede dar un nivel de vida relativamente alto y satisfactorio. Es una bendición que todavía la mecanización no haya podido desplazar al trabajador manual en la actividad cafetalera. Como sucede también con la producción de flores en la sabana de Bogotá, que tiene la bendición de que las flores no se pueden trabajar con máquina. Necesitan de mano de obra para cultivarlas y recogerlas. Pero, realmente, este problema lo vemos seriamente planteado y nos va a llevar a otro punto.

Por cierto, permítanme ustedes esta digresión. Cuando he tenido ocasión de dialogar con altos dirigentes de la vida colombiana, siempre les he dicho: yo creo que no hay nadie más interesado en que Colombia encuentre petróleo en cantidad que yo. Porque estoy convencido de que el día en que Colombia tenga petróleo los pocos problemas que existen entre los dos países desaparecen automáticamente. Se acaba el problema, el encandilamiento del bolívar petrolero para los indocumentados, se acaba la atracción para que tanta gente deje este bellísimo país, que tanto aman, por la idea de que pueden tener un mejoramiento económico sustancial. Bueno, creo que hemos entrado ya en un camino en que Colombia produce petróleo para su consumo y ya se está alineando en el orden de los países exportadores de petróleo. Pero, caramba, ¡qué mala suerte ha tenido Colombia con el petróleo!

Se quejaban algunos de que se tiraba una raya de delimitación con un país hermano, el Ecuador por ejemplo, del lado allá había petróleo y del lado acá no. De tal manera que al hablarse de cualquier problema de delimitación siempre aparecía la idea: bueno, y si trazamos esa línea y resulta que el petróleo está del otro lado… Pero Colombia ha encontrado petróleo, está produciendo. Va a exportar petróleo y baja el precio del petróleo. No puede ser, ¡caramba! Algo tiene que haber allí, increíble, inexplicable. Porque en el momento en que estaba en su mejor nivel el mercado petrolero, se incorpora Colombia al grupo de los países exportadores de petróleo y encuentra esta dificultad. Esto nos lleva a la segunda parte.

Un programa de desarrollo supone un esfuerzo para generar empleo estable

Un margen considerable de desempleo es lo más grave que nos está pasando y que nos amenaza con pasar en los años inmediatos. Porque evidentemente podemos mejorar la situación actual pero no podemos resolverla y quizá no podemos impedir que se acentúe. Tengo aquí unas cifras de Helio Jaguaribe. Helio de Matos Jaguaribe es uno de los economistas latinoamericanos que merece mayor respeto por su seriedad, por su voluntad de estudio. En una conferencia que dio en Caracas, en un simposio sobre América Latina: Conciencia y Nación, decía esto: el gran problema, por supuesto, son los países en donde predominan las masas marginadas y donde los costos de incorporación de esas masas son extremadamente altos, como es el caso de Brasil, México, Perú, Colombia. Él miraba con ojos más piadosos la situación de otros países, como Venezuela. Temo que con los acontecimientos posteriores estos casos también lo llenen de preocupación. Cita las cifras que da Oscar Altimir en La dimensión de la pobreza en América Latina, publicación de la CEPAL en 1979.

El porcentaje de población que vive por debajo de la línea de pobreza, para ese momento y según esta fuente, es para el Brasil 49%, casi la mitad de la población. Para Colombia, el 45%; para México, el 34%; para Venezuela, el 25%. Esto como promedios nacionales. Pero esta información señala además que en el medio rural en Brasil llega al 73%, en Colombia al 54%, en México al 49% y en Venezuela al 35%. Esto es en la línea de pobreza. Por debajo de la línea de indigencia da: 25% para el Brasil, 18% para Colombia, 12% para México y 10% para Venezuela.

Un modelo de desarrollo que se dedique a generar más recursos financieros y a construir obras de infraestructura o a levantar grandes factorías no sería suficiente. Por lo demás, las grandes factorías entran en obsolescencia con una rapidez alarmante por el desarrollo tecnológico. Se hace un gran esfuerzo para montar una fábrica estupenda y resulta que a los diez o veinte años ya han inventado procedimientos que hacen antieconómica e inconveniente esa fábrica. No podemos tampoco acoger una teoría que estuvo en boga una vez y se difundió mucho en la India, la de usar tecnología atrasada para dar ocupación a más gente. Ese es un paliativo que conduce a peores consecuencias porque en los mercados modernos, con las posibilidades de la producción, con las necesidades del intercambio, una tecnología superada hace tiempo coloca al país respectivo en una situación de inferioridad que después no puede vencer. Yo creo que tendríamos la obligación de estudiar cuáles son las actividades que pueden ayudarnos a enfrentar este problema estructural del desempleo.

Desde luego, la pequeña industria y el artesanado son una fuente. En estos días se ha estado hablando mucho, y con muy interesantes conferencias, sobre la economía informal, que tiene mucho que ver con esto y con lo que llaman el subempleo. ¿Qué es el subempleo? Una ocupación por debajo de los niveles naturales, pero que es el único recurso que muchas veces tiene una persona que no encuentra de qué vivir. Les habrá ocurrido a ustedes. A mí me pasó muchas veces. Recorriendo los barrios más pobres de los alrededores de Caracas o de otras ciudades de Venezuela, encontrarme a muchos jefes de familia que me dicen: doctor, no tengo trabajo.

Quiero trabajo. Y si le pregunto desde cuándo estás desempleado, hace un gesto: no sabe desde cuándo. Ha estado desempleado siempre. Pero, bueno, ¿cómo vives, cómo vive tu familia? Bueno, usted sabe, un compadre mío tiene un carrito de alquiler y él me lo da para que lo maneje los domingos; y mi mujer hace arepas —no sé cómo diríamos aquí— y las vende a algunos familiares. Y lava la ropa de una familia. Y está el fenómeno de los buhoneros en América Latina. Diría hoy más que nunca en Lima. Esa bella ciudad está tomada por los buhoneros, muchos de ellos venidos del medio rural, indígenas, que ocupan las calles, impidiendo que la gente transite y creando problemas de estética e higiene sumamente graves; pero ¿de qué vive esa gente si no, de qué vive?

Turismo, servicios y vivienda

Hemos mencionado la pequeña industria, el artesanado. Diría también el turismo, que ha sido llamado la industria sin chimeneas. El turismo es una especie de mecanismo compensatorio, una especie de vaso comunicante. Los países ricos van a hacer turismo a los países pobres. Y dentro de un mismo país las regiones de mejor nivel económico hacen turismo en las áreas de menor nivel económico. Hay una especie de trasvase de recursos de un lugar a otro. El turismo requiere inversión. No basta tener unas playas muy lindas, un clima muy agradable, una gente muy simpática, unas montañas extraordinarias. Hay que invertir para que el turista vaya cuando se quiere tener realmente al turismo como un renglón importante de ingreso y de ocupación. España, en una crisis tremenda, se fue por el lado del turismo y llego a tener tantas divisas por ese concepto como Venezuela tenía por su exportación de petróleo.

Y los servicios. Este es un punto donde lo social y lo económico parecen chocar. Los economistas rigurosos no aceptan que el sector terciario se desarrolle sino después de que se han desarrollado sólidamente el sector primario y el secundario. La verdad es que nosotros no podemos esperar a tener un sector primario, un sector secundario muy fuertes para que aparezcan los servicios. Tenemos que estimular los servicios, admitir que el Estado moderno es un Estado de servicios y que la calidad de vida es un reclamo fundamental por parte de la población.

Hablando de la calidad de vida, sin duda que no podemos olvidar el programa de la vivienda que, a la vez, da a la familia una sede y una posibilidad humana de desenvolverse; y da ocupación a la industria de la construcción. Se van constantemente renovando sus planes y es una de las más capaces para absorber suficiente mano de obra. El señor Ryzhkov, Primer Ministro de la Unión Soviética, en el informe que hizo el 3 de marzo, hace un mes, como complemento al informe del Secretario General Gorbachov, afirma que en los cinco años anteriores —hace un análisis del plan quinquenal— han entregado diez millones de apartamentos, lo que representa dos millones por año. Dos millones por año para una población de trescientos millones da una idea tal que en Venezuela sería equivalente a las cien mil unidades de vivienda por año de que hemos hablado algunas veces, lo que ha dado motivo a mucha controversia y a no pocos ejercicios del humorismo político. Pero, después de decir eso, plantea que darle vivienda, apartamento o casa independiente, a cada familia soviética para el año 2000 requiere un esfuerzo inmenso, que tienen la obligación de hacer.

Yo creo que un modelo de desarrollo para América Latina, tiene que contemplar esto de la calidad de vida y dentro de eso indudablemente que tiene importancia la vivienda.

Seguridad social

 Vamos ahora a un aspecto complementario y final, que es la seguridad social. Lograr la eliminación total del desempleo parece un objetivo imposible. Hay una literatura en los países socialistas sobre el pleno empleo. Los que hemos viajado a los países socialistas, la Unión Soviética por ejemplo, encontramos en los museos a unas señoras de cierta edad, sentadas en los rincones, que están llenando las formalidades, cumpliendo un empleo. Y si estamos en un hotel, encontramos a una señora que está en un escritorio en cada piso, tomando nota del que entra y sale de su habitación. Dicen que esas son actividades policiales. No creo en realidad que los turistas estén controlados allá como para que eso sea indispensable.

Es que tienen que darle ocupación a la gente. En Venezuela hubo un gobierno que para fomentar el pleno empleo ordenó que en cada ascensor hubiera un ascensorista aunque el ascensor fuera automático. Muchas veces dañaban el ascensor por no saberlo operar. Se consideró como un recurso importante para el empleo que en cada baño, de cada establecimiento, hubiera sentada allí una mujer o un hombre, como cuidadores. Desde el punto de vista higiénico, eso tiene sus ventajas; pero eso no es realmente lo que puede darnos la solución para el problema del desempleo. Caemos en la seguridad social. Hemos recordado que la República Federal Alemana tenía millones de trabajadores hace poco tiempo para atender su industria; hoy está confrontando el problema del desempleo y abriéndoles camino para que se vayan. Y no ocurre solamente allí. Ocurre en Francia, en el Reino Unido. En todas partes existe esta cuestión latente, que es necesario enfrentar.

El adelanto tecnológico

 Tenemos por otra parte la necesidad de incorporarnos al adelanto tecnológico. No creo que sea muy seria la posibilidad de que alcancemos a los países adelantados, industrializados, en el grado de desarrollo tecnológico. Lo que tenemos que hacer es cubrir las fallas fundamentales para poder lograr lo nuestro propio dentro de esa situación de dificultad. En mayo de 1984 tuve el honor de asistir en Cali a una reunión de una semana promovida por el Instituto Intergubernamental de Informática, con el apoyo del presidente de Colombia, y se creó una organización llamada Club de Cali para fomentar la preocupación, el interés en los programas de desarrollo de la informática en América Latina.

Pero, indudablemente, todo esto llega y al mismo tiempo influye en el problema del empleo. Hay una situación que se nos está planteando en Venezuela y temo que en cualquier otro país de América Latina también. El desempleo de profesionales universitarios. Ya habíamos encontrado en Europa algo de esto, ya en España me había dicho un señor que tiene una venta de artículos de escritorio: tengo dos hijos graduados de ingeniero y los tengo vendiendo por las calles porque no encuentran ocupación. La explicación elemental era política. No hay empleo sino para los del partido en el poder. No es una explicación suficiente pero de todas maneras el índice de desempleo existe. Graduados universitarios que no encuentran trabajo crean una angustia muy grande. Quizás un millar de profesionales desempleados, desde el punto de vista social, constituye un factor más peligroso que diez o cien mil trabajadores u obreros manuales que no encuentran trabajo. Todo esto supone un esfuerzo para incrementar los servicios, para crear conciencia de la necesidad de esos profesionales de que se planifique su formación de acuerdo con las necesidades del país.

La integración

Finalmente, todo esto ha de estar orientado hacia nuestra verdadera autonomía, nuestra independencia. La interdependencia es un hecho y resulta absurdo pensar que las autarquías puedan existir hoy; pero para tener nosotros la conciencia de que podemos manejar lo nuestro, debemos orientar nuestro esfuerzo hacia la creación de recursos y de sistemas más sólidos, más eficaces y más adecuados a nuestra realidad. Este ya sería un tema muy extenso en el cual no debo entrar, pero la integración es precisamente el camino para fortalecer nuestros pasos hacia la independencia.

No he pretendido hoy presentar un programa ni definir el nuevo modelo de desarrollo. No he querido propiamente dar una conferencia sino suscitar el tema. Lo que pretendo es que este tema se tome con interés, con pasión, con cariño, y que se revisen muchos lugares comunes, muchos mitos que se ponen a circular y que a veces no resisten un análisis, un encuentro con la realidad. Creo que los laboralistas estamos obligados a esto. Al fin y al cabo, la verdadera demostración de que se ha logrado un proceso de desarrollo es la de que existe posibilidad de acción, de trabajo, de ocupación para todos, y por eso este tema no nos puede resultar indiferente.

Me pareció, pues, que esta estupenda reunión de laboralistas podía sin duda interesarse bastante y dar su contribución para que no lleguemos al año 2000 pensando todavía que tenemos que desarrollarnos, y creyendo que desarrollarnos es aumentar un renglón en la producción de acero, de aluminio o de lo que sea, o simplemente aumentar los índices de lo positivo, tratando de olvidarnos de los índices de lo negativo que tanto nos inquieta.

 

Muchas gracias.

El diálogo Norte-Sur (1986)

Rafael Caldera en el Salón Naiguatá del Hotel Tamanaco durante una conferencia a la Asociación Venezolana de Ejecutivos.

El diálogo Norte-Sur

Intervención en el encuentro internacional «El diálogo como fundamento universal de la paz», celebrado en Roma, Italia, y patrocinado por la presidencia de la República Italiana en ocasión del año internacional de la paz. El discurso original fue pronunciado en italiano. 3 de julio de 1986.

En la Asamblea General celebrada por la Internacional Demócrata Cristiana el mes pasado en la ciudad de Lisboa, Gabriel Valdés, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile y hoy la voz más calificada del pueblo democrático de aquella querida nación, observaba que el diálogo Norte-Sur ha perdido intensidad, ha perdido presencia: no se le nombra y pareciera llamado a desaparecer. Por esta razón, considero especialmente importante la iniciativa que la Comuna de Roma, bajo el alto patronato del Presidente de la República Italiana y en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la misma y en ocasión del año internacional de la paz, proclamado por las Naciones Unidas, ha tomado para promover este encuentro, cuyo título no puede ser más acertado: «El diálogo como fundamento universal de la paz».

Es el rescate del deber de realzar el diálogo, como medio de comunicación, de acercamiento y de entendimiento entre hombres provenientes de diversas áreas geográficas, identificados con diversas culturas, pero todos ellos inspirados en la necesidad de abrir caminos para que la paz no sea solamente la carencia de un conflicto armado de gran magnitud, dentro de un equilibrio artificioso e inestable, sino el concurso efectivo de las voluntades para que cada uno pueda desarrollar, sin la permanente amenaza y el constante temor de la violencia, su proceso social y económico, orientado hacia los objetivos generales del desarrollo.

El diálogo supone, eso sí, la disposición no solamente a hablar sino a escuchar; y por escuchar entiendo no solamente oír lo que otros dicen, para refutar sus afirmaciones, o para dejar resbalar sus ideas, sino para aprovechar lo que hay de común en el fondo de las expresiones. La lengua inglesa, con esas modalidades sutiles que le caracterizan, usa una palabra que en castellano tiene un solo sentido: discusión. «Discussion» significa no solamente como en otras lenguas el planteamiento de argumentos contrarios a los que otro expone, sino más bien «ventilation», «convassing», «parley», o sea intercambio de puntos de vista. En castellano «discutir» puede significar también «examinar y ventilar atenta y particularmente una materia, haciendo investigaciones muy menudas sobre su circunstancia», pero la acepción más frecuente es la de «contener y alegar razones contra el parecer de otros». En italiano, también, «discussione» tiene más que ver con debate que con acuerdo; y en francés, en la parte equivalente, «discussion» se envuelve la idea de debatir.

¿Será acaso por ello, que los anglo-parlantes cuando invitan a otro a discutir, llevan en su pensamiento la idea de que con el otro pueden entenderse y acordarse? Sin embargo, ya quisiéramos que en esto del diálogo Norte-Sur, las potencias anglo-parlantes, y en especial los Estados Unidos de Norteamérica y el Commonwelth Británico pusieran de su parte la inclinación, la voluntad, el deseo de llegar a entendimientos y acuerdos que son indispensables para el futuro y hasta para el presente cercano de la humanidad.

Es un acierto de los promotores de este encuentro el haber colocado el diálogo Norte-Sur como uno de los puntos fundamentales del diálogo universal que reclama la paz. Porque mientras exista la distancia que, infortunadamente crece en forma constante, entre la situación de los países industrializados del Norte y los países en vías de desarrollo del Sur, el camino hacia la paz estará lleno de espejismos, pero difícilmente conducirá hacia la meta de una paz verdadera y estable.

Se ha dicho con insistencia, por autorizados voceros de los grandes países capitalistas, que el diálogo es el camino para el arreglo de las situaciones pendientes, y que es a través de él y no de situaciones conflictivas, como puede encontrárseles una verdadera solución. Pero, desafortunadamente, a pesar de ser muchas las horas-hombre que se han invertido en los planteamientos fundamentales de la situación, bien poco ha podido avanzarse en el camino de las transformaciones necesarias en las relaciones internacionales, para que la relación Norte-Sur conduzca al fortalecimiento de una verdadera solidaridad internacional.

En el seno de la UNCTAD, a través de sus diversas reuniones; en las conversaciones sostenidas por el grupo de los 77 con los representantes de las grandes naciones; en Norteamérica, la Comunidad Europea y el Japón, del lado de los llamados países occidentales, se han hecho formulaciones fundamentadas en datos absolutamente reales y confiables y en razonamientos inspirados en los valores filosóficos que inspiran el orden jurídico de que se ufana la civilización cristiana, pero nada se ha obtenido en realidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas en su XI período extraordinario realizado en 1980, escuchó posiciones muy concretas y muy categóricas acerca de la necesidad del nuevo orden económico internacional. Yo mismo tuve el honor de presentar, hablando por la delegación venezolana pero, además con el carácter de Presidente del Consejo de la Unión Mundial Interparlamentaria y de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, las recomendaciones acogidas en forma casi unánime por todos los países asistentes, tanto en la reunión del Consejo Interparlamentario en Oslo, Noruega, del 7 al 13 de abril de 1980, como en la Conferencia Mundial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, celebrada en Roma en julio de aquel mismo año.

El 26 de marzo de 1967, en una Carta Encíclica que adquirió, con razón, una inmensa resonancia mundial, «Populorum Progressio» (sobre el desarrollo de los pueblos) el Papa Pablo VI afirmó que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Ese desarrollo que él mismo –siguiendo la inspiración de Lebret– definió como un programa para «todo el hombre y todos los hombres», reclama para su realización el que se adopten por las potencias dominantes de la economía universal, una serie de medidas que suponen quizás de inmediato la renuncia de algunos privilegios, pero que llevan consigo la seguridad de despejar el horizonte de situaciones que pueden ser para todos mucho más dañinas y destructivas. No es posible entender que las grandes potencias, que están siempre dispuestas a hacer increíbles sacrificios cuando se presenta una crisis como las que el mundo vivió en los años 1914 a 1918 y 1939 a 1945, no se hallen inclinadas a realizar una parte relativamente pequeña de sacrificios, para despejar el camino y ofrecerle a la humanidad la esperanza cierta de una situación de paz en el próximo siglo. Dijimos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la reunión citada:

No se trata de elucubraciones teóricas sino de aspiraciones vehementes, fundadas en el derecho de todos los pueblos a garantizar a todos la oportunidad de una vida realmente humana. Pero como la experiencia demuestra que no basta la buena voluntad por parte de cualquier gobierno, ni el esfuerzo que haga por honesto e intenso que sea, para que un país pueda alcanzar las metas a que tiene derecho a aspirar, sino que es indispensable cambiar una serie de estructuras viciadas e injustas en el orden internacional, pensamos que deben agotarse todos los medios para que el largo diálogo Norte-Sur tome caminos de franca sinceridad y se logren los acuerdos indispensables para ofrecer a la humanidad una verdadera esperanza. Sin que sea aceptable la excusa de que la situación económica es difícil, porque, precisamente, esa dificultad actual hace más perentorio buscar soluciones que no se limiten a paliativos circunstanciales para los problemas más agudos sino establezcan sólidos fundamentos para que la comunidad internacional pueda dejar atrás la incertidumbre que la aqueja.

En cuanto a la América Latina, ha hecho y continúa haciendo esfuerzos constantes para insistir en la necesidad de ese diálogo y en su disposición para aportar toda la contribución que le sea posible a fin de obtener satisfactorios resultados. Yo entiendo que este encuentro, realizado bajo el auspicio de la Ciudad Eterna en este Campidoglio cargado de historia, haga una recomendación vigorosa a los países representados en la Organización de las Naciones Unidas, para que se reanuden de una manera efectiva las conversaciones del diálogo Norte-Sur y para que se formulen proposiciones concretas, que conduzcan a soluciones aptas para justificar la fe en los grandes problemas del mundo que, a través del diálogo, van a enrumbarse hacia su solución.

De manera especial, por tratarse de dos aspectos de grave urgencia, considero indispensable recomendar:

1) Un diálogo franco y bien inspirado para encontrar soluciones que permitan a los países del tercer mundo afrontar el problema de la deuda externa, sin aumentar la pesada carga de sacrificio y de carencias a que están sometidos sus pueblos. Es un hecho patente que el problema de la deuda externa se agravó desde el momento en que los créditos concedidos excesivamente por la abundancia de liquidez en los centros financieros, se fueron otorgando en condiciones que luego se tornaron más gravosas especialmente en el aspecto de las tasas de interés, y cláusulas a través de las cuales se impusieron condiciones que los países deudores no estaban en capacidad de cumplir. Se ha reconocido que el problema de la deuda externa es un problema de alta política internacional, y no sólo un problema de relación comercial entre Bancos acreedores y Países deudores. Las consecuencias de no afrontar posiciones amplias y decididas en esta materia podrían ser de extrema gravedad.

En estos días se ha recordado que a raíz de la guerra mundial, cuando los países de Europa estaban sufriendo las consecuencias de un terrible conflicto que ocasionó inmensas destrucciones, el Plan Marshall, que cambió totalmente los precedentes históricos en materia de reparaciones de guerra y ofreció a los vencidos la oportunidad de reconstruirse, tuvo los resultados más extraordinarios que se hayan conocido en la vida de la humanidad. Fue su motivación una razón política: la de salvar a los pueblos de Europa de caer bajo el totalitarismo que los amenazaba; ese mismo argumento podría invocarse hoy, con matices y aspectos diferentes, en los países del tercer mundo y concretamente los de América Latina, agobiados por el peso de la deuda.

2) El otro problema inmediato acerca del cual el diálogo Norte-Sur es indispensable es el relativo al petróleo. Se trata de un bien de extremado valor para los hombres, colocado por la Providencia en las entrañas de la tierra. Su despilfarro es criminal; su aprovechamiento debe revestir condiciones de equidad y de justicia que conduzcan, dentro de límites razonables, a una conveniente estabilidad. Los precios del petróleo, por razones no conformes con la naturaleza, estuvieron congelados durante casi medio siglo. La Organización de los Países Exportadores (OPEP) le dio un giro sustancial a esta materia, pero después se incurrió en errores, tanto de parte de los productores como de los consumidores, que produjeron distorsiones, y luego el deterioro y una inquietante inestabilidad en el mercado petrolero. He sostenido de manera insistente la necesidad de un gran diálogo mundial entre los productores, tanto los reunidos en la OPEP como los no comprendidos en esta organización, y los consumidores, para que se establezcan normas que impidan una guerra suicida de precios, una contienda interminable por los mercados y las perturbaciones que las alzas y bajas desmedidas producen, con innumerables repercusiones, en la marcha de los pueblos.

El problema de la deuda externa y el problema del petróleo son, pues, materias urgentes para darle concreción al diálogo Norte-Sur. El problema del hambre, que azota a millones de seres humanos, es no solamente de diálogo, es de un carácter imperativo, que obliga a adoptar de inmediato las medidas indispensables para superar esta tremenda situación.

Tengo muchos años sosteniendo la tesis de que la justicia social, que ha sido la gran conquista de los hombres en los dos últimos siglos, y que se ha recibido en el Derecho interno de todos los países, no ha llegado todavía al Derecho internacional. No me refiero a que las disposiciones protectoras de la Organización Internacional del Trabajo o de los Organismos de Seguridad Social puedan extenderse a través de convenciones y tratados a diversos pueblos.

Me refiero a la relación entre Estado y Estado, o entre grupos de Estados y grupos de Estados, que demanda el abandono de las viejas normas de la justicia conmutativa e igualitaria del do ut des y se orienten fundamentalmente por las exigencias de la justicia social, para que se alcance el bien común internacional a través de una verdadera y vigorosa comunidad internacional.

Me sentiría muy feliz si de este diálogo saliera una recomendación clara para que el concepto de «Justicia Social Internacional» sustituya completamente y corrija el viejo y arcaico concepto de «Justicia Internacional» a secas, similar a la justicia conmutativa del derecho privado, egoísta y utilitaria, que rige las relaciones egoístas de los individuos.

Rafael Caldera en la Plaza de San Pedro de El Vaticano en diciembre de 1984.

Fundamentos jurídicos del Nuevo Orden Internacional (1986)

Conferencia Rafael Caldera en La Haya.
Folleto en inglés con la conferencia ofrecida por Rafael Caldera.

Fundamentos jurídicos del Nuevo Orden Internacional

Conferencia inaugural del Curso internacional de Juristas, para la cual fue designado por la Academia de Derecho Internacional. La conferencia se realizó en el Palacio de la Paz en La Haya, Holanda, donde el conferencista develara el busto de Andrés Bello en 1981, con motivo del bicentenario de su nacimiento.

El presidente de la Academia y miembro de la Corte Internacional de Justicia, Dr. Rogerto Ago, de Italia, en sus palabras de presentación, hizo referencia al discurso que el Dr. Caldera pronunció en el encuentro internacional realizado en Roma, el 3 de julio del mismo año: «El diálogo como fundamento universal de la paz».

La conferencia fue realizada en inglés el 8 de julio de 1986.

 

Es muy honrosa para mí la invitación que se me ha formulado para abrir el ciclo de conferencias de este año en el seno de un Organismo de tan alta calidad científica y jurídica, como lo es la Academia de Derecho Internacional.

Aquí, en este Palacio de la Paz, bajo la sombra tutelar de Hugo Grosio y del venezolano Andrés Bello, quiero desarrollar un tema al que he venido dedicando muchas y constantes preocupaciones: el tema de la Justicia Social Internacional. Aquí mismo, en La Haya, hablé hace algunos años sobre la idea de la Justicia Social Internacional.

Para llegar a él, en esta circunstancia, voy a comenzar por afirmar que todos estamos de acuerdo en lo indispensable de un nuevo orden internacional. Debería tal vez decir «un nuevo orden económico internacional», desde luego que los problemas de las economías de los distintos pueblos y de la economía mundial son el elemento más urgente, más exigente, podríamos decir, para que se establezca ese nuevo orden. Sin embargo, he preferido hablar del «Nuevo Orden Internacional» porque (muchas veces lo comenté con un brillante jurista y apasionado apóstol de la justicia y de la paz, quien fue mi insigne colaborador en las tareas del gobierno y trágicamente desapareció en los principios del corriente año: Arístides Calvani) un nuevo orden internacional se necesita, no sólo en el aspecto de las relaciones económicas sino en el de las relaciones jurídicas y políticas, que están reclamando todos los días un cambio de estructuras para fortalecer la institucionalidad en el seno de las comunidades.

Se ha sostenido en innumerables reuniones estupendos planteamientos; se ha demostrado hasta la saciedad la necesidad de ese nuevo orden internacional; pero, en general, como es comprensible, esa afirmación se ha basado en razones de tipo político, de alta política, inspiradas por la necesidad y la conveniencia de los pueblos, pero no en argumentos de carácter jurídico.

Se requiere la paz, se reconoce que la paz, como dijo un ilustre Pontífice, es obra de la justicia; se admite que las relaciones existentes entre las naciones y grupos no promueven necesariamente la paz, sino que con frecuencia suscitan conflictos que hacen más difíciles la amistad y la cooperación entre los pueblos. Pero, hablando en el seno de una organización de tipo jurídico, debería ser fácil y hasta una consecuencia sencilla de una posición profesional, la de reclamar que ese Nuevo Orden al que se aspira tenga una fundamentación jurídica, acorde con los altos valores filosóficos y éticos que inspiran al mundo cristiano y que a través del mismo han sido recibidos como un sustrato de inspiraciones ideales por la generalidad de los pueblos.

La idea de la justicia social, sin duda, ha sido una de las grandes conquistas del hombre en los tiempos modernos. A partir de la revolución industrial, cuando la situación en que se encontraba la mayoría de los hombres, que vive de su trabajo y que aporta su esfuerzo en el aspecto humano al proceso de la producción, se fue haciendo más y más crítica, fueron apareciendo nuevas normas jurídicas, difíciles de fundamentar en la tradicional justicia conmutativa, en la sola libertad contractual, en la formal voluntad de las partes, y tenía que encontrar raíces más profundas para justificar obligaciones que la tradición de un derecho igualitario y egoísta no consideraba procedente. Así, por ejemplo, la obligación del empresario de reparar infortunios del trabajo, ocurridos sin culpa de nada y a veces de la propia víctima.

Surge entonces la justicia social, sobre la cual se han escrito infinidad de volúmenes, se han formulado numerosas teorías para explicarla, para fundamentarla y para definirla. Yo no quiero entrar en el terreno de las disquisiciones filosóficas. Me basta pensar que la justicia social es aquella que tiene por sujeto a la comunidad y que tiene por objetivo el bien común; pero «en la justicia social siempre hay que tener como telón de fondo al bien común, como principio ordenador de los valores, bienes, servicios y oportunidades al todo social o comunidad y a cada uno de sus miembros por el lugar que ocupa en la comunidad»  [1].  Países de occidente y de oriente, estados sometidos a los más variados regímenes, están hoy plenamente dispuestos a buscar en la elaboración de sus preceptos jurídicos la orientación de la justicia social; acatan y proclaman la justicia social. No es sólo el Derecho del Trabajo, hijo primogénito de la idea de la justicia social y el representante más calificado de la corriente del Derecho Social en todas las naciones; son muchas otras ramas jurídicas que tratan de defender al débil contra el fuerte, de imponer al que más tiene mayores obligaciones, en vez de reconocerle mayores derechos, de regir situaciones en las cuales la mera libertad de contratación entre las partes podría significar el desconocimiento de los derechos inherentes a la persona del más débil en aras del que posee mayor poder.

Pues bien, yo veo con absoluta sencillez la idea de que esta noción de justicia social, aceptada en el Derecho interno en todos los países, debe ser acatada en el campo de las relaciones internacionales. No se trata, como en muchas ocasiones se ha explicado, simplemente de celebrar tratados y convenios internacionales entre distintos países para que ciertas formas de protección puedan extenderse, bien a los nacionales de los respectivos países, bien a los que por distintas circunstancias trabajen, permanente o temporalmente, en países que no son los de su nacionalidad originaria o de su residencia. Se trata de algo de mayor dimensión, de mayor profundidad, de mayor amplitud. Se trata de que las relaciones entre los países miembros de la comunidad internacional se rijan por deberes y obligaciones derivados de la propia existencia de la comunidad internacional.

Para mí, el silogismo es muy simple: si existe la comunidad internacional, ella tiene derecho a exigir de los estados que la integran, todo aquello que sea necesario para asegurar el bien de la comunidad misma, la cual reclama establecer condiciones que permitan y aseguren a todos la capacidad de realizar sus programas de desarrollo con la finalidad de asegurar a sus pobladores la posibilidad cierta de una vida realmente humana.

Esta tesis la he sostenido durante cuarenta años en los más variados ambientes. He pronunciado conferencias acerca de ella en numerosas universidades y en varias instituciones de todos los continentes. He promovido, en el ejercicio del gobierno, su inclusión en la Carta de Derechos Sociales de las Naciones Unidas, aunque no me satisface la débil referencia que en ella quedó hecha. He tomado la iniciativa de incluirla en las declaraciones bilaterales que tuve ocasión de formular con otros Jefes de Estado de distintos continentes. Sin embargo, tengo la impresión de que falta mucho todavía por lograr, no sólo en el sentido de que se haga efectivo el reconocimiento de la justicia social en las relaciones económicas y políticas entre los Estados, sino porque no ha llegado todavía a establecerse con suficiente claridad la aceptación de este valor ético y jurídico y su indispensable reconocimiento en el Derecho Internacional moderno.

El Dr. Juan Carlos Puig, en su importante obra «Doctrinas Internacionales y Autonomía Latinoamericana» [2] , comenta esta tesis en forma que encuentro sumamente interesante, al darle notoria relevancia. Dice así:

Justicia Social Internacional. A partir de 1948, Rafael Caldera ha expuesto y defendido la tesis de la Justicia Social Internacional. En ese año y a su iniciativa, en el programa del Partido Socialcristiano COPEI, de Venezuela, se inscribió este punto: “Política Económica Internacional basada en los principios de la cooperación, del libre acceso de todos los pueblos a las fuentes de la riqueza y a la libertad de los mares, y de la aplicación de los principios de la justicia social, que implican la defensa del más débil, en el campo de las relaciones internacionales”. Luego, en conferencias, discursos, títulos y libros, el jurista venezolano desarrolló esta idea según la cual el bien común de la humanidad exige que cada nación cuente con lo necesario para el cumplimiento del objetivo básico de la solidaridad social, o sea, la posibilidad de vivir en paz y de lograr la convivencia y el perfeccionamiento de los individuos que forman la población de los respectivos Estados

Por eso afirma que, de la misma forma como, dentro del Estado, el Derecho –especialmente el Derecho Laboral– ha abandonado progresivamente el concepto de una justicia igualitaria para amparar normativamente a quienes por diversas razones se encuentran en posiciones desventajosas, así también es imprescindible que en el campo del Derecho Internacional se abandone el enfoque individualista derivado del viejo Derecho Privado: ‘la antigua idea de justicia, interindividual e igualitaria, no daba suficiente reconocimiento a la existencia de la sociedad con un ente real que tiene derecho a todo lo necesario para su existencia y perfeccionamiento, compuesta, a su vez, de personas, cada una de las cuales tiene derecho a reclamar de la sociedad las condiciones necesarias para lograr mediante su trabajo una existencia humana y digna. Trasládese este panorama al ámbito de la comunidad internacional, cuyos integrantes son los pueblos, y obsérvese que el actual Derecho Internacional aplica una concepción de justicia similar a la de la justicia interindividual, teóricamente igualitaria y esencialmente inorgánica. Si la comunidad internacional existe –como lo creemos y como a diario se proclama en incontables documentos–, ella tiene derecho a exigir de sus miembros todo lo necesario para asegurar su existencia y perfeccionamiento, y sus miembros –es decir, los pueblos– tienen derecho a reclamarle las condiciones indispensables para asegurarse una vida humana y digna’.

De acuerdo con este contenido, es posible para Caldera enjuiciar el orden internacional, lo que no es factible en los internacionalistas adscritos al jusnaturalismo formalista. Expresa así que la asistencia económica internacional no constituye un simple acto de benevolencia, sino el cumplimiento de un deber; que, debido a ello, no es correcto pretender condicionar el otorgamiento de la ayuda a la concesión de determinadas ventajas por parte de sus recipiendarios; que los tratados económicos internacionales deben contemplar condiciones que favorezcan la industrialización y el desarrollo de los países atrasados, antes que la instauración de mercados cautivos; que los precios de las materias primas deben asegurar estabilidad de una vida digna a las poblaciones de los países que las producen; que debe promoverse la unión de los Estados más débiles frente a los poderosos.[3]

Estoy citando el libro del Dr. Juan Carlos Puig porque considero que el autor ofrece, en un tratado sistemático sobre las doctrinas internacionales, una ubicación muy honrosa para la tesis que sustento. El mismo afirma:

Una percepción trialista aclara perfectamente el panorama, sobre todo cuando se integran en un sentido dike-lógico funcionalmente adaptado a las expectativas de una dramática transición hacia formas más justas de convivencia. En este sentido, la doctrina de Rafael Caldera acerca de la justicia social internacional, plena de contenido, contribuye a afirmar y comprender la realidad de la primacía internacional. Al destacar el papel de la justicia como categoría planetaria, postula ineludiblemente la subordinación del bien común individual de los Estados al bien común universal. No puede haber una justicia ‘internacional’ y una justicia ‘interna’; tampoco una de los ‘Estados poderosos’ y otra de los ‘Estados débiles’. La justicia, como valor natural y absoluto, se impone por igual a débiles y poderosos, y ningún Estado puede realizarse sin que al mismo tiempo se realice la comunidad planetaria a la que pertenece y a la que, en resumidas cuentas, está integrado. De ahí que el Derecho del Estado que enfoca ‘lo’ internacional, deba ajustarse al Derecho Internacional y no viceversa.[4]

El Instituto Internacional «Jacques Maritain» dedicó un importante Seminario Internacional, el año de 1983, al tema de la justicia social internacional. Por cierto, en dicho seminario, el profesor Luis Sabourin, ex presidente del Centro de Desarrollo de la UCD, profesor de la Universidad de Quebec y de la Universidad de París, hacía en su conclusión una observación que viene a enlazarse con la que presenté al comienzo de esta conferencia. Dijo así:

Creo que la justicia social no se basa exclusivamente en una redistribución de la riqueza económica en el plano internacional y nacional. Ella debe encontrarse también en la creación de bienes, tanto materiales como intelectuales, en cualquier lugar del mundo; en la actualidad el saber y la cultura son las empresas que han alcanzado el empuje más vasto, teóricamente carecen de límites y fronteras. A menudo me formulo la siguiente pregunta: con el saber y los recursos que hemos logrado en el planeta, ¿no nos será ya posible emplear nuestro tiempo y nuestros bienes en actividades y programas que propicien el progreso y la paz, y disminuir los recursos que ahora se destinan a los armamentos y las guerras? Es evidente que a medida que el planeta se va encogiendo, resaltan las desigualdades y los desequilibrios. Las oportunidades que se nos ofrecen para establecer comparaciones entre los pueblos, los Estados y los hombres, no dejan de crear tanto esperanzas como frustraciones. Todos queremos libertad, salud, comodidades y educación. ¿Cómo podríamos hacer para alcanzar de manera pacífica y a escala mundial un desarrollo más equitativo y mejor balanceado y que conjugara a la vez un sistema administrativo vigoroso y armónico? He aquí los principales desafíos que nos propone la década actual.[5]

Vale decir, que no sólo se debe hablar de un nuevo orden internacional sin restringirlo exclusivamente al orden económico, sino que también la justicia social ha de ser el fundamento jurídico de ese nuevo orden internacional, en las variadas manifestaciones de la conducta humana. En el mismo sentido formuló sesudas observaciones el profesor Charles Dechert, de la Universidad Católica de América, y proclamaron claros objetivos el uruguayo Juan Pablo Terra y el chileno Claudio Huepe.

Rafael Caldera y Oscar Sambrano Urdaneta, 1981.
Inauguración de busto de Andrés Bello en 1981.

Me doy perfecta cuenta de que al plantear la necesidad de incorporar las normas de la justicia social a las relaciones internacionales, es decir, entre los estados o grupos de estados, se plantea la pregunta de cómo pueden armonizarse la tesis de la igualdad absoluta de todos los estados con la de las diferentes obligaciones derivadas de mayor riqueza o mayor poder. Creo que la respuesta es fácil: hay una igualdad jurídica, que debe asegurarse en el plano de la dignidad y de la autonomía soberana de cada Estado para regirse internamente y para conducirse en el plano continental y universal; pero en cuanto a las relaciones variadísimas que surgen por el imperativo cada vez más existente de la interdependencia entre las diversas naciones, cada una de ellas debe reconocerse obligada a realizar de su parte lo que le concierne para facilitar a todos el alcanzar sus propias metas de desarrollo y de esta manera hacer visible y sólida la existencia de la misma comunidad internacional.

El ilustre jurista brasileiro Antonio Ferreira Cesarino Junior, fundador y varias veces presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, al aplicar su concepto del Derecho Social, acuñó un término, el de «hiposuficiencia», respecto al cual dijo lo siguiente: «Si no fuera por el temor de introducir muchos neologismos, sobre todo contaminados de hibridismo, los llamaríamos (a los económicamente débiles) hiposuficientes».  Es sumamente interesante observar que el propio Cesarino, cuando desarrolla su concepto del Derecho Internacional Social, dice lo siguiente: «Hoy se puede hablar perfectamente de un Derecho Internacional Social, que regula las relaciones entre los Estados hiposuficientes y los Estados autosuficientes, teniendo en vista, sobre todo, el célebre punto cuarto del programa del presidente Truman de apoyo a las naciones menos favorecidas. En el mismo sentido y anteriormente a esta declaración presidencial –continúa–, nuestro recordado y eminente economista Roberto Simonsen se había batido por un Derecho Internacional Social  [6]. Es menester –agrega– no confundir este Derecho Internacional Social con el Derecho Social Internacional, que regula los aspectos internacionales del Derecho Social restringido». [7]

El orden jurídico es dinámico. La realidad social se transforma vertiginosamente. Se ha dicho y se repite que las instituciones sociales han marchado con retraso ante el avance espectacular de la ciencia y la tecnología. No obstante, considero que la ciencia jurídica está en constante perfeccionamiento, cambia radicalmente de acuerdo con las nuevas circunstancias a las que tiene que regir, pero al mismo tiempo mantiene su esencia, derivada de la identidad de la naturaleza humana en todos los hombres, en todos los climas y en todos los tiempos, y se identifica o mejor dicho se relaciona tan estrechamente con la justicia, que para unos la justicia es el fundamento del Derecho, en tanto que para otros el Derecho marcha incesantemente hacia la realización de la justicia.

El Derecho Internacional es quizás una de las ramas jurídicas que demanda una mayor transformación, ya que la realidad internacional existente es fundamentalmente diferente de la que existiera en la antigüedad clásica, en la Edad Media y hasta en lo que se ha llamado los tiempos modernos. Abolido el derecho de conquista, establecido el reconocimiento de la soberanía e independencia jurídica de cada pueblo, sentadas las bases para la abolición, no sólo de la esclavitud, sino del colonialismo y de todos las formas que el Papa Juan XXIII llamó en su Encíclica Pacem in Terris el neocolonialismo, o nuevas formas de colonialismo; lograda la presencia de todos los pueblos grandes y pequeños en el seno de un foro mundial, la Organización de las Naciones Unidas y de las Agencias Internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, sin embargo o quizás por ello mismo, es mucho lo que hay que hacer para poner el orden jurídico a tono con las nuevas situaciones y para orientar la marcha de la comunidad internacional hacia objetivos superiores.

Creemos en la existencia de la comunidad internacional. Para que ella se afirme, se hace sentir la necesidad de buscar nuevas normas. Se requieren, por ejemplo, fórmulas honorables y justas que equilibren las diferencias de poder en cuanto a la participación y voto en los foros internacionales entre países muy diferentes en tamaño y poder. Surge el fenómeno regional como el que puede compensar la multiplicidad de países pequeños y conjugarlos, manteniendo la soberanía de cada uno, en bloques de suficiente importancia para balancear el excesivo poder de determinadas naciones. Se hace indispensable el llevar a terrenos de actividad y de entendimiento las discusiones, para que no observemos el triste espectáculo que actualmente estamos viendo, de que organismos tan importantes como la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han visto de pronto separarse grandes países cuya presencia es indispensable en la vida internacional.

Todo esto indudablemente constituye, para los juristas especializados en el Derecho Internacional, un desafío apasionante al que deberán responder eficazmente.

Dentro de ese desafío, yo encuentro que uno que está presente en todos los foros internacionales es el de ofrecer una fundamentación jurídica, que no deje sólo a la conveniencia y al interés nacional o colectivo, la exigencia de conductas que puedan llevar a la consecución de un bien común universal. Porque: «Junto a la idea de un bien común en cada Estado –como dijera Arístides Calvani– surge la idea de un bien superior: el de la humanidad como conjunto, es decir, el bien común universal». [8]

Estoy convencido de que la solución ofrecida es aceptable desde el punto de vista de los principios; porque no puede existir ningún problema, ninguna dificultad en llevar la idea de justicia social, cuyo reconocimiento en el Derecho interno costó tanto, pero pudo lograrse, al campo de las relaciones entre los Estados. Por eso dijo el Papa Paulo VI, en su carta al Secretario General de las Naciones Unidas en el año de 1974 ante la preparación de la Asamblea Extraordinaria dedicada a considerar el problema de la pobreza y la desigualdad entre los pueblos, que «toda solución aceptable debe apoyarse en la práctica de la justicia social internacional y de la solidaridad humana».

El seminario del Instituto Maritain en Caracas, en 1983, estableció entre sus conclusiones las siguientes:

  1. a) La idea de la justicia social es por su naturaleza indivisible: se refiere tanto a las relaciones y conducta recíproca entre individuos y entre grupos y naciones, como a éstos en el ámbito internacional. No puede haber justicia social internacional que no dimane de y tenga sus raíces en situaciones de mayor justicia y equidad en los niveles básicos, dentro de las naciones-estados; ni puede ser realizada en aspectos prácticos –por ejemplo, a través del establecimiento de un nuevo orden económico internacional– sino a través del logro de una mejor justicia distributiva en los niveles nacional y sub-nacional.
  2. b) Todo sistema de justicia, como indudablemente toda forma de convivencia humana, existe por –y no a pesar de– las reales diferencias entre los sujetos. Si cada sujeto –individuos, grupos humanos, estados, etc.–, tuvieran las mismas capacidades, preferencias, tradiciones y modos de conducta, no sería necesario ningún sistema de justicia para asegurar la cooperación y resolver los conflictos. Así, las profundas diferencias de historia, valores y tradiciones, estructuras internas, etc., entre los pueblos y países del mundo, es decir, los sujetos de un régimen eventual de justicia social internacional, deberían ser consideradas como un enriquecimiento de la idea en sí misma. Ellas pueden representar impedimentos temporales para su logro, pero son al mismo tiempo la propia razón por la cual debe ser alcanzada.
  3. c) A pesar de la afirmada inviolabilidad del principio de la soberanía nacional –especialmente entre las naciones emergentes- no hay una apertura claramente visible hacia la necesidad de empresas cooperativas internacionales y estructuras que envuelvan de facto limitaciones concretas a este principio. La extendida percepción de la interdependencia mundial, tanto en lo moral y material como en lo tecnológico, está erosionando lentamente el absolutismo tradicional de este principio. Puede haber una tendencia todavía limitada a áreas selectas de carácter internacional, que enfrenta necesidades comúnmente reconocidas (comercio, convenios crediticios, participación en los recursos naturales, etc.) sin traspasar aparentemente el simbolismo de la soberanía nacional. Pero ella representa un paso inicial promisorio hacia un régimen futuro de justicia social internacional que, como todo sistema basado en principios de moralidad, libertad y justicia, dejaría un amplio margen a la diversidad y auto-determinación entre sus sujetos [9].

Sea cual fuere la opinión acerca de estas conclusiones, es sin duda válida la recomendación final:

El encuentro acordó… que, en la búsqueda de la justicia social internacional hay un rol importante para las corporaciones económicas, sociales, culturales, educacionales, etc., independientes y trasnacionales, entre ellas el Instituto Internacional «Jacques Maritain», y por supuesto muchas otras que persiguen objetivos similares, para que asuman un papel más activo impulsando el pensamiento y la reflexión de los organismos más formales, con poder de decisión, a través de los cuales este objetivo se ha de conseguir [10].

Ojalá que la ilustre Academia de Derecho Internacional haga suya esta recomendación, para profundizar en el análisis de una idea que puede tener verdadera trascendencia para el porvenir de la humanidad.

Muchas gracias.

Referencias

[1] Rodríguez-Arias, Lino, profesor en las Universidades de Panamá y Mérida: La Justicia Social. Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo XXII, números 87-88, jul-dic 1973. El autor cita mi libro «Ideario, la democracia cristiana en América Latina, publicado en 1970.

[2] Puig, Juan Carlos: Doctrinas Internacionales y Autonomía Latinoamericana. Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América latina, Caracas, 1980.

[3] Obra citada, págs. 31-33. El autor cita mis libros «Justicia Social Internacional y Nacionalismo Latinoamericano, de 1973, y «Reflexiones de La Rábida», de 1976.

[4] Obra citada, pág. 106.

[5] Revista «Notas y Documentos», del Instituto Internacional Jacques Maritain, año primero, número 4, Caracas, Venezuela.

[6] Nelson Marcondes do Amaral, O Direito Internacional o plano Simonsen, en Arquivos do Instituto de Direito Social, Sao Paulo, 1949.

[7] A.F. Cesarino Junior: Direito Social Brasileiro, III edición, 1953, págs.. 34 y 47.

[8] Notas y Documentos, año 1, número 4, abril-junio 1985.

[9] Informe final del encuentro: «Notes et Documents», cit. Pág. 61.

[10] Ibid, pp. 62-63.

Latinoamérica y los Derechos Humanos – Universidad Nacional de Costa Rica (1986)

 

Rafael Caldera en Costa Rica, 1986.
Rafael Caldera durante su conferencia en la Universidad Nacional de Costa Rica.

Latinoamérica y los Derechos Humanos

Conferencia dictada en el aula magna de la Universidad Nacional de Costa Rica, en el Cuarto curso interdisciplinario en Derechos Humanos, promovido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y patrocinado por el Colegio de Abogados de Costa Rica y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Costa Rica. San José, 22 de agosto de 1986.

 

La circunstancia de estarse conmemorando en este año el vigésimo quinto aniversario de la Constitución de Venezuela, explica seguramente el que se me haya invitado para disertar sobre el tema «Latinoamérica y los Derechos Humanos», en el cuarto curso interdisciplinario promovido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

El preámbulo de nuestra Constitución establece para los venezolanos el deber de «cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumento de política internacional» (subrayado mío).

Y es que, en efecto, constitución, democracia, estado de derecho, garantía de derechos humanos, son términos tan estrechamente relacionados, que en cierto modo puede considerárselos como equivalentes o a lo menos como complementarios.  Porque no puede entenderse la democracia sin libertad, sin la garantía de los derechos de la persona humana de cada uno de los ciudadanos, y la Constitución tiene que ofrecer las seguridades para el respeto de estos derechos y ofrecer los procedimientos y recursos para impedir o sancionar su violación.

Alguna vez hemos dicho que podría considerarse la expresión «derechos humanos» como pleonástica, porque todos los derechos tienen como sujeto al ser humano. Un animal, una piedra, un árbol, no tienen derechos, aún cuando pueden por su naturaleza, la necesidad o su uso, originar derechos individuales o comunitarios para su mantenimiento, su protección y su conservación. Pero, así como los defensores de la expresión «derecho social» explican que el calificativo social allí indica que se trata de una rama del Derecho que es «más social» que las demás, que tiene que ver con la sociedad en mayor medida que los demás derechos (los cuales también suponen la vida social como premisa indispensable), así mismo, el calificativo humano que se atribuye a ciertos derechos subjetivos, tiene como finalidad subrayar que esos derechos están más estrechamente vinculados con la persona humana, con la condición humana, con los requisitos y condiciones que el ser humano supone y necesita para su propia existencia.

La lucha por los derechos humanos es, por tanto, inseparable de la lucha por la libertad y por la democracia. La América Latina, después de haber atravesado una década en que muchas instituciones políticas naufragaron ante el embate de la fuerza y en que países de vasta cultura y de larga tradición institucional se vieron de la noche a la mañana sometidos a gobiernos autocráticos, la tiene como un elemento primordial del esfuerzo de construcción de nuevas democracias, las cuales se sienten cada vez más comprometidas en la defensa y fortalecimiento de las garantías individuales y sociales de la persona humana.

En la Argentina, por ejemplo, en el Uruguay, o en Guatemala, uno de los problemas más delicados que el régimen democrático confronta es la investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos cometidos en plena etapa de perturbación, oponiendo la motivación del orden a la motivación revolucionaria de los delitos de otro signo, pero equivalentes en su tipificación y magnitud, competidos en la búsqueda de un sacudimiento sísmico del orden político y social.

Pero la noción de los derechos humanos ensancha cada vez más su ámbito y contenido. Es bien sabido que la célebre declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, proclamada por la Revolución Francesa, tenía un contenido principalmente individual, aún cuando no dejó de hacer referencia a garantías sociales que más tarde, en el siglo XX, y especialmente después de la Constitución de Querétaro, constituyeron todo un enunciado completo de los derechos reclamados en nombre de la justicia social.

Y en la medida del avance, tanto en el campo teórico como en el aspecto práctico de la vida jurídico-política, se fue reconociendo que la garantía de los derechos humanos trasciende de la soberanía de cada país y engendra una relación nueva, según la cual, sin mengua de esa soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, todas las naciones tienen derecho a reclamar el que se garanticen los derechos humanos en cada uno de los miembros de la comunidad internacional, como una condición de la existencia misma de esa comunidad. Por ello ha dicho con razón el Dr. Héctor Gros Espiell, brillante director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y como tal organizador de este curso: «Nadie duda hoy de que la cuestión de los derechos humanos es un elemento esencial de la política exterior de los estados» [1].

Es a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, cuando este principio que pudiéramos llamar de derecho natural se convierte en una obligación de derecho positivo para los estados que la suscribieron, por lo que la Corte Internacional de Justicia declara que «los principios y las reglas concernientes a los derechos fundamentales de la persona humana crean obligaciones respecto a la comunidad internacional en su conjunto y todos los estados pueden ser considerados como teniendo un interés jurídico en que esos derechos sean protegidos».

La América Latina en esta materia no quiso perder una posición de avanzada. Por ello, la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, constituyeron en cierto modo un anticipo y un estímulo para la Declaración Universal. Y dentro de una actitud siempre más interesada y preocupada en la materia, ha dado pasos de inmensa trascendencia, como crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vienen a tomar una actualidad cada vez mayor en el camino, sin duda difícil y azaroso pero muy lleno de esperanza, del fortalecimiento de las nuevas democracias surgidas sobre el fracaso del autoritarismo de la pasada década.

Una exposición sobre el tema parecería ociosa, dada la gran difusión de la materia. Leyendo el programa del cuarto curso podríamos pensar –por otra parte- que el tema de esta conferencia, lejos de anteceder, habría debido tal vez suceder a todas las exposiciones de calificados ponentes sobre los diversos aspectos relacionados con la materia. Así, sería un resumen de lo que ellos autorizadamente dirán. No obstante, la fijación de algunos puntos y la exposición de algunos hechos concretos que ayudan a fijar el asunto central que va a ser estudiado en el curso, pueden contribuir a aclarar en la mente de los alumnos el ambiente y la esfera dentro de la cual puede o va a realizarse el esfuerzo de los pueblos y sus dirigentes para que una democracia de profundo contenido humano se haga cada vez más firme en el derecho y en la praxis de los países de América Latina.

Algunas dificultades surgen cuando se adelanta en el análisis. aun cuando han ido siendo esclarecidas en forma progresiva, en especial por las opiniones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de las atribuciones que se le reconocen con carácter consultivo y no sólo con carácter jurisdiccional. Podríamos precisar, dentro del cuadro que por delante tienen los países de América Latina para la marcha hacia una democracia cada vez más cabal y precisa, algunas ideas que trataremos de desarrollar en la presente conferencia.

IIDH, Costa Rica, 1986.
Programa del IV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. Costa Rica, agosto de 1986.

1- La garantía de los derechos humanos es esencial al régimen democrático

Podría decirse que todo régimen político que pretenda corresponder a las finalidades reclamadas por la sociedad civil, es decir al bien común, tiene igual obligación. A los propios gobiernos dictatoriales se les reclama con razón, en forma categórica, el respeto a los derechos esenciales que asisten a la personalidad de cada ser humano; pero para la democracia esa exigencia es aún mayor. No podemos sorprendernos por ello que con frecuencia la actitud de grupos o corrientes opositoras dentro de países democráticos se muestre exigente y hasta implacable en el reclamo contra cualquier violación que pueda cometerse en sus respectivos países en cuanto a los derechos humanos. Es que la propia institucionalidad democrática está obligada fundamentalmente a no desnaturalizar su esencia y en su esencia está la garantía de los derechos de la persona humana.

Surge aquí la observación de que en algunos países organizados democráticamente el análisis de la doctrina de la «Seguridad Nacional» suscita el repudio de una interpretación en el sentido de que la defensa del orden público en sus diversas manifestaciones puede requerir el desconocimiento de los derechos humanos para ser eficaz. A propósito, quisiera mencionar que el sábado pasado, en Santo Domingo, la ciudad primada de América, al asumir nuevamente el gobierno después de ocho años de oposición democrática, el veterano estadista doctor Joaquín Balaguer, hizo un planteamiento que nos puede animar a formular algunas consideraciones. Recordó él que muchos de sus predecesores habían asumido el gobierno con palabras como éstas: «Tened la seguridad de que en mis manos no perecerá la libertad» y dijo él que prefería ser aún más que teórico y decir, poniendo los dos pies sobre la tierra, que en sus manos «la libertad no se mantendrá a expensas del orden, ni el orden a expensas de la libertad». He aquí el planteamiento que con frecuencia se hace y que podría llegar, si se interpretaran las palabras en un sentido distinto de aquel en que evidentemente fueron dichas, a que se acepte menoscabar la libertad para asegurar el orden, o pretender el deterioro del orden para asegurar la libertad. Esta interpretación no es correcta y debe repudiarse.

No habría justificación aceptable para disminuir el goce de los derechos humanos por la necesidad del orden, que sin duda es primordial en la vida de cualquier sociedad; pero, así mismo, el goce efectivo de los derechos humanos no puede interpretarse ni aplicarse en forma tal que ponga en peligro la existencia colectiva por el quebrantamiento del orden,  indispensable a toda comunidad.

El secreto del buen gobierno está, por tanto (y es como yo interpreto la frase del presidente Balaguer), en asegurar de una manera estable la armonía entre los dos principios, respetables cada uno de manera categórica:

asegurar la libertad y derechos humanos de los ciudadanos como base para el funcionamiento del sistema democrático, y mantener la orientación del gobierno de manera que pueda ofrecer a cada uno su libre posibilidad de pensamiento y acción, que es la primera necesidad que debe satisfacerle al ciudadano el orden político representado por el Estado.

2- Esta garantía de los derechos de la persona humana es tan esencial a la naturaleza misma, que las atribuciones de la mayoría para ejercer el gobierno están limitadas por el respeto a los derechos de la persona humana de cada uno de los asociados

He dicho que sin el reconocimiento de los derechos de la persona humana no podría existir el régimen democrático, porque la democracia es gobierno del pueblo y el pueblo no es una aglomeración informe de seres, sino una comunidad orgánica de personas humanas, el reconocimiento de cuyos atributos es indispensable para que el conjunto pueda ejercer a cabalidad la titularidad de todos[2].

Esta cuestión debe estar presente al exponer las bases del sistema político-democrático. Así lo hemos considerado siempre. Ni el 99,99% de los asociados tiene derecho a vulnerar los atributos jurídicos que asisten a la persona de uno solo de los asociados. Las leyes discriminatorias, las posiciones racistas, las actitudes de preeminencia establecidas por el régimen de esclavitud y mantenidas en diversas formas por derivaciones modernas no se legitiman por el hecho de que las respalde el voto mayoritario de un estado cualquiera que éste sea.

Así como estamos contra el apart-heid que lesiona los atributos de una mayoría de color de piel diferente a quienes gobiernan en Sur-África, estaríamos contra cualquier disposición revanchista o discriminatoria en ese país o en cualquier otro contra las minorías de un origen étnico distinto.  El «poder negro» explicable en su origen por una reacción contra los abusos de los blancos, tiene que recibir por ello la misma oposición que el sistema racista contra el cual surgiera. La vigilancia en esta materia por parte de la comunidad internacional y de sus órganos calificados es vía abierta y necesaria para que la comunidad internacional pueda cumplir sus fines esenciales.

3- La defensa y protección de los derechos humanos en el orden internacional no pueden ser interferidas con el argumento de la soberanía de cada país y la no intervención

Combinar estos dos principios con la vigilancia y promoción internacional de las garantías de los derechos de la persona humana es algo en lo cual se tropieza con frecuencia con posiciones obstinadas, pero en lo cual también se aclara cada vez más la necesidad y posibilidades de proceder.

No se ha llegado, ni parece posible ni conveniente que se llegue, a aplicar la fuerza en escala internacional para restituir el orden jurídico infringido con la violación de los derechos de la persona humana. La norma de la no violencia en el orden internacional está cada vez más asentada en la conciencia de los hombres, no obstante que algunas veces, aún en países de larga tradición democrática y que han dado aportaciones considerables al adelanto de la ciencia jurídica, hagan caso omiso de la abolición de la guerra, de la conquista y del poderío económico como instrumento de política internacional, vicios a los cuales, según la cita hecha arriba, se refiere también el preámbulo de la Constitución venezolana de 1961.

Durante la dictadura en mi país, cuando se celebraba una reunión de la Comisión Técnica de la Organización Internacional del Trabajo en materia de petróleo, un representante laboral del Consejo de Administración de la OIT, expuso sus preocupaciones y sus críticas por los atentados a la libertad sindical cometidos en el país sede, Venezuela. La respuesta autocrática fue inmediata e irascible. Se detuvo al representante referido, se le expulsó inmediatamente del país y esto trajo como consecuencia la separación de la Organización, que sólo vino a superarse cuando en la nueva etapa democrática se restableció la colaboración que Venezuela había tenido desde muchos años atrás con el organismo ginebrino.

Aquel gesto, que mereció condenación y repudio por parte de la opinión pública mundial, lo hemos visto repetirse a veces en una forma u otra por gobiernos de diverso signo ideológico, que coinciden en la poca disposición de someterse a las normas del derecho internacional en esta materia. Insistir en que la reclamación, colectiva o individual, de cualquiera o de todas las naciones del mundo, frente a la violación de derechos humanos en cualquier país, no constituye un desconocimiento a la autodeterminación, ni un menoscabo de la soberanía del país respectivo, es uno de los aspectos que se está insistiendo y tendrá que continuarse insistiendo por parte de los responsables del estudio y defensa de los derechos humanos en el ámbito de nuestro continente.

Rafael Caldera, derechos humanos, 1986.
Conferencia en el aula magna de la Universidad Nacional de Costa Rica.

4- Llegando al caso concreto de los derechos humanos nos encontramos con que existe una gradación en su defensa: se habla, por ello, de derechos civiles y políticos, por una parte, y de derechos económicos, culturales y sociales, por la otra

Es indudable que la persona humana tiene, por el mismo hecho de existir, derecho no solamente a asegurar su vida, su libertad, a expresar sus ideas sin cortapisas antijurídicas, a la seguridad personal; derecho a un justo juicio realizado por sus jueces naturales dentro de lo previsto por las leyes; sino también tiene derecho a comer, a desarrollar su propia personalidad; tiene derecho al trabajo, que es la fuente legítima de subsistencia; tiene derecho a organizarse en grupos sociales intermedios entre el individuo y el estado, de los cuales revisten señalada importancia los organismos sindicales para defender intereses de clase, las cooperativas, las asociaciones vecinales y otras formas tendientes al mejoramiento colectivo.

¿Cuál puede ser la justificación para que se ponga mayor celo en la defensa de los derechos civiles y políticos que en los derechos sociales, económicos y culturales? ¿Puede desecharse el argumento que muchos formulan, en el sentido de que tan importante como la libertad de expresión del pensamiento es el derecho a trabajar y a comer, o el derecho a la educación y a la salud, y que mientras éstos no se aseguren plenamente no es suficiente aquélla?

Indudablemente que no. Aquí también, como en el caso de las aparentes contradicciones a que nos hemos referido: el de la aparente contraposición entre el derecho de la mayoría a gobernar y el derecho de cada uno a que se le respeten sus atributos esenciales; o al presunto conflicto entre la soberanía de cada país y el derecho a su autodeterminación, por una parte, y por la otra el derecho de la comunidad internacional a reclamar contra la violación de los derechos humanos; o como en el sofisma que hemos planteado antes y al que se refirió el presidente Balaguer, de quienes hablan de sacrificar la libertad para mantener el orden, o sacrificar el orden mantener la libertad; así mismo, tiene que ser rechazada la pretendida tesis según la cual, para garantizar efectivamente el derecho al trabajo, o el derecho a la educación, o a la salud, es necesario o por lo menos lícito el suprimir o al menos menoscabar algunos de los derechos políticos, como el de la libertad individual, como la libertad de expresión del pensamiento, la seguridad personal, el derecho al sufragio universal, o la organización de partidos políticos y otros grupos semejantes.

Tenemos que reconocer que la manera de interpretar y de aplicar algunos de los derechos humanos que nos son más caros depende de la filosofía política inspiradora de los distintos sistemas de gobierno. A veces, en países regidos por concepciones diferentes, se adoptan posiciones contradictorias sobre aspectos que para muchos son fundamentales. No es igual la concepción del derecho de propiedad y su alcance, o la medida de las libertades económicas que en el mundo occidental tienen una significación preeminente, en los países de la órbita socialista; no tiene el mismo sentido el derecho de los labradores de la tierra, o la participación de los ciudadanos en la organización del poder público a través del sufragio.

Aún dentro de naciones que tienen como fundamento de su organización política y social las mismas ideas básicas, se encuentran discrepancias casi insalvables, por ejemplo entre la interpretación del derecho a la vida, que se garantiza a todo ser humano desde el momento de la concepción y la aceptación del aborto voluntario; los derechos pertinentes a la familia, la educación y la religión reciben un trato desigual, derivado, no sólo de una actitud diferente en los titulares de la autoridad, sino de un pensamiento distinto en cuanto a su significación e importancia. Pero hay casos en que se es menos aceptable disentir: el derecho a la vida, el derecho a no ser objeto de torturas o vilipendio, el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, son de aquellos en los cuales difícilmente caben diferentes interpretaciones o medidas. O se respeta o no se respeta la integridad de la personalidad moral.

A mi modo de ver, el criterio que puede justificar una preeminencia o prioridad en el cumplimiento de algunas garantías o a la satisfacción de algunos derechos, es de la misma índole que el que la ciencia jurídica constitucional usa para distinguir entre las normas de carácter preceptivo y las de naturaleza programática.

Las primeras establecen obligaciones imperativas, cuya negación atenta contra la propia sustancia del sistema democrático; las otras representan un derecho irrenunciable de los asociados, pero encuentran dificultades prácticas para su realización inmediata y perfecta, por lo que están expuestas en normas que indican un camino, una dirección, un rumbo que debe seguir la autoridad, pero que no asegura en forma inmediata y presente su cumplimiento o su logro total.

Nuestra Constitución, en el título respectivo a los deberes, derechos y garantías, clasifica los derechos en cuatro grupos: unos tienen la denominación tradicional de «derechos individuales»; otros, la comúnmente usada de «derechos sociales»; otros, la de «derechos económicos»; y otros, por fin, de «derechos políticos». Los derechos individuales, prácticamente todos, tienen carácter preceptivo. Empiezan por esta afirmación: «El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla». En forma similar se establecen la protección del honor, reputación o vida privada, la libertad y la seguridad personal, el derecho a no ser privado de la libertad, ni incomunicado, ni sometido a tortura o a otros procedimientos que causen sufrimiento físico o moral, ni ser condenado en causa penal sin antes haber sido notificado personalmente de los cargos, ni obligado a prestar juramento, ni constreñido a rendir declaración de culpabilidad contra sí mismo o contra sus más inmediatos parientes, ni continuar en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, ni ser condenado a penas perpetuas o infamantes, ni a restricción de la libertad por más de 30 años, ni ser sometido nuevamente a juicio por hechos en virtud de los cuales ha sido juzgado anteriormente, y así sucesivamente.

En cuanto a los derechos sociales, los enunciados son en su mayor parte programáticos: la protección de las asociaciones, corporaciones, sociedades y comunidades que tengan por objeto el mejor cumplimiento de los fines de la persona humana y de la convivencia social, la protección de la familia y la maternidad, la protección de la salud, el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia campesina, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una protección especial para los sectores laborantes y otros semejantes.

Es indudable que en América Latina la concepción que domina plenamente es la de que la protección y defensa de los derechos humanos debe comprender tanto a los unos como a los otros. La de que la recuperación del sistema democrático en los países que lo habían perdido y su fortalecimiento en los que lo han mantenido en medio de las difíciles circunstancias por las cuales han atravesado, no puede limitarse exclusivamente a la consideración del hombre como un ser político, o al aseguramiento de sus atributos individuales, sino que tiene que tener un contenido social cada vez más vasto, que pueda poner de una manera firme sobre el Estado y sobre los diversos sectores públicos y privados la tarea de establecer condiciones que le permitan a cada uno desarrollar su propia personalidad y participar de manera efectiva en el proceso económico, social y cultural. El derecho al desarrollo viene a ser, de este modo, uno de los más importantes derechos humanos.

Todos los días surgen en la literatura política, en la actividad humana dentro de cada Estado y en los foros internacionales, nuevos derechos que se afirman y nuevas actitudes que fortalecen la concepción y el ámbito de los derechos humanos. El derecho a la solidaridad se abre paso. Los postulados anti-discriminatorios se hacen cada vez más vigorosos, y la América Latina entiende que la defensa de los derechos humanos va más allá de su propio ámbito geográfico y por ello ha estado siempre a la vanguardia en la lucha contra el apart-heid y contra las diversas formas de explotación que afectan a distintas porciones de la humanidad. La América Latina ha tenido siempre una voz condenatoria y ha mantenido una actitud erguida contra todas las formas de genocidio.

Por otra parte, la América Latina cada vez da nuevos pasos contra la discriminación que afecta a la mujer, y va a la cabeza de los países cuyas normas jurídicas abren cada vez más nuevas posibilidades de acceso del sector femenino a todas las actividades y a todas las responsabilidades en la vida pública y privada. Por lo mismo de que hemos sufrido en carne propia la violación de nuestros derechos humanos, somos los más decididos en la defensa de éstos para toda la humanidad.

América Latina está dando ejemplo en la acción efectiva para combatir esas violaciones. La labor de la Comisión Interamericana de derechos humanos ha merecido reconocimiento universal. Por otra parte, con la característica especial que imprime a sus preocupaciones y anhelos un sentido netamente ecuménico, la América Latina está cada día más firme en la vía de sostener y proclamar la garantía de los derechos humanos como un patrimonio común de la humanidad.

Una demostración palpable de la preocupación de América Latina por el respeto a los derechos humanos es, por otra parte, el auge de las iniciativas legales y de los estudios doctrinales acerca del amparo. El constituyente y el legislador no quieren limitarse a formular derechos y dejarlos ahí, estampados en el texto de la Constitución. Quieren ofrecer al ciudadano los recursos expeditivos para asegurar su goce, contra cualquier menoscabo o perturbación de la protección jurídica que se le ofrece. La Carta Fundamental venezolana está todavía en la sola disposición transitoria que establece normas para el habeas corpus, pero ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema en el sentido de acordar el amparo aún a falta de la norma legal que desarrolle el precepto constitucional, y se realizan abundantes estudios, foros y proyectos que deberán culminar necesariamente pronto en la adopción de una ley sobre la materia.

Igual preocupación se manifiesta en torno a la figura del defensor del pueblo, como lo llaman en España, u Ombudsman, según la nomenclatura escandinava. El Fiscal General de la República tiene, en el sistema venezolano, asignadas amplias atribuciones y las correspondientes responsabilidades para velar por el cumplimiento del orden jurídico y la protección de los derechos de los ciudadanos; pero existe una respetable corriente que, en las cátedras universitarias y en las comisiones parlamentarias, tiende a la creación del funcionario exclusivamente dedicado a esta noble tarea, investido de poderes aún más extensos en relación con la garantía efectiva de los derechos humanos.

El preámbulo de la Constitución venezolana de 1961, a la cual hice referencia al comienzo de esta exposición, plantea como propósito del pueblo venezolano y de sus generaciones presentes y futuras, el de «sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la tierra». Por ello, sin que esto signifique desconocer los límites que a cada país pone frente a otro la condición soberana de éste y su derecho a la autodeterminación, estamos dispuestos y hemos dado prueba de ello, a realizar todo lo que pacíficamente y dentro de los límites que el derecho internacional establece, para favorecer el sistema democrático, no sólo en su expresión formal sino en su contenido fundamental.

De allí que insistamos en defender los principios de la Justicia Social tanto en lo interno como en lo internacional, partiendo de la base de que es la persona humana de cada uno y la personificación comunitaria de las personas que integran un pueblo, lo que constituye para cada pueblo y la humanidad entera, en horas de dificultad y de prueba, su más firme esperanza y su mejor anhelo.

Muchas gracias.

[1] Gros Espiell, Héctor: Estudios sobre derechos humanos. Caracas, 1985, pág. 42.

[2] Caldera, Rafael: Especificidad de la Democracia Cristiana, 7ª. edición castellana, p. 45.

La parábola vital de Rómulo Betancourt (1988)

Rafael Caldera y Rómulo Betancourt en 1978.

La parábola vital de Rómulo Betancourt

Conferencia inaugural de la Cátedra Rómulo Betancourt en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela, 19 de mayo de 1988.

Considero un acierto de la Universidad Rafael Urdaneta la creación de esta cátedra que lleva el nombre del venezolano de mayor importancia política en los últimos cincuenta años. Considero, realmente, que se trata de un homenaje de especial significación e importancia, porque esta cátedra debe servir para el análisis, para la interpretación, para el planteamiento de los factores y vivencias de la realidad venezolana contemporánea, de cuyo conocimiento carece una gran parte de nuestra población nacida y crecida dentro del sistema democrático que se inició el 23 de enero de 1958.

Pienso que si al propio Rómulo Betancourt se le hubiera dado la oportunidad de escoger, sería este tipo de homenajes el que habría preferido. Quizás, permítaseme decir, mucho más que algunas expresiones que él habría considerado un tanto cursis. Más que la deformación de una vigorosa personalidad que tiene un haber extraordinario dentro de la construcción de la Venezuela nueva y cuya realidad humana es, a mi modo de ver, superior al mito un tanto arbitrario con que a veces se la pretende sustituir.

La Cátedra Rómulo Betancourt tiene un compromiso de perennidad, tiene una obligación de objetividad, tiene un deber de seriedad en la investigación y en el planteamiento de los hechos de esta Venezuela nueva, que en los últimos treinta años ha vivido una experiencia totalmente inédita dentro de su historia republicana anterior. Rómulo Betancourt, como protagonista de este proceso, tiene derecho a que su figura estimule e impulse el análisis real de lo que es Venezuela, de sus antecedentes, de sus circunstancias y de la obligación que las actuales y las nuevas generaciones tienen contraída con el futuro del país.

Rómulo Betancourt es un político vinculado a la Historia, no solamente porque le correspondió hacer historia, sino porque no desdeñó nunca el estudio y el conocimiento de la historia como una fuente insustituible para la acción política. Hace poco, el día 9 del presente mes, se le rindió en la ciudad de Roma un homenaje al gran estadista y político Aldo Moro, al cumplirse diez años de su deplorable asesinato. La presidenta del Parlamento Italiano, la diputada comunista Nilde Iotti, abrió el acto con unas palabras en las cuales destacó que Aldo Moro «nunca pensó en la política separada de la historia y de la sociedad». Insistió en que Moro fue de esos genuinos estadistas que comprendieron que sin el conocimiento de la historia, sin el análisis y la perspectiva de la historia, la acción política estaba condenada a algo superficial y transitorio. Rómulo Betancourt fue un político que comprendió perfectamente esta verdad y sus contertulios suelen recordar el énfasis que ponía en que para ser en Venezuela un político eficiente había que conocer los quince tomos de la Historia Contemporánea de Venezuela de González Guinán. Había en esto, quizás, algo de exageración, pero una exageración perfectamente meditada, porque Betancourt tuvo el acierto de expresar en frases que impactaban lo que en un determinado momento debía constituir una consigna, un compromiso o un deber que cumplir.

El año 1908

El año de 1908 en Venezuela revistió unas características especiales. Rómulo Betancourt nació el 22 de febrero. Jóvito Villalba el 23 de marzo. Juan Vicente Gómez asumió a plenitud el poder el 19 de diciembre. Para ese momento, dentro del presente siglo, habían nacido Gonzalo Barrios en 1901, Luis Beltrán Prieto Figueroa en 1902, Raúl Leoni en 1905, Arturo Uslar Pietri en 1906. Esos son unos nombres, entre muchos otros de señalada importancia que se podrían mencionar: todo un compromiso con el porvenir de Venezuela, de una Venezuela que para entonces padecía el complejo de ser una de las naciones más atrasadas de un continente subdesarrollado como lo es la América Latina.

Los que nacimos dentro de los veintisiete años trascurridos desde 1908 hasta 1935, crecimos con el peso de ese complejo sobre nuestra conciencia y con el dolor de una realidad que nos invitaba a luchar para que Venezuela tomara el puesto decoroso a que la comprometía su historia. Una historia que se recordaba con pomposos actos y elocuentes discursos en las ceremonias oficiales, que se proclamaba frecuentemente en los momentos en que más oscura era la situación del país; pero al fin y al cabo ese recuerdo servía para evocar lo que habíamos sido y promover el compromiso de lo que debíamos ser. En la Venezuela de entonces, las familias distinguidas de Maracaibo mandaban a sus hijas a educarse en Curazao, y los enfermos delicados iban a Panamá a consultar profesionales de la medicina que les merecían más confianza que los profesionales venezolanos.

Nos encontrábamos en una dura situación. Un siglo de guerras civiles había contribuido al atraso que padecíamos, para el cual se habían sumado además circunstancias tan graves como la malaria, que llegó a destruir totalmente poblaciones que fueron emporios de riqueza en el tiempo de la Independencia. Betancourt estudiante se forja con esa angustia, con esa preocupación, con ese deseo de luchar, y por eso en la Semana del Estudiante de 1928 es uno de los que aflora con mayor interés por despertar en sus compañeros de generación el propósito de combatir para darle a Venezuela libertad, dignidad, progreso y justicia.

No podemos menos que recordar que para 1935 el índice de analfabetismo estaba posiblemente cerca del 70%; que había, en un país de tres millones y medio de habitantes, apenas mil quinientos estudiantes universitarios. El país requería una tarea recia en la cual había que empeñarse muy duro. En Betancourt, joven de poco más de veinte años, aparece una preocupación que es un elemento muy importante para el futuro y que se muestra en él desde el primer momento: la búsqueda de una organización partidista para la construcción de un nuevo país. El doctor Ramón José Velásquez, en la introducción general del Archivo Político de Betancourt, dice que, para él, «1930 a 35 será el lustro más importante desde el punto de vista de los preparativos para la organización del nuevo país político».

Pasan, pues, la etapa fugaz de la universidad, la aventura del asalto al Cuartel San Carlos, los años del exilio, pero se afirma una preocupación insistente por buscar caminos hacia la organización del nuevo país político, a que se refiere el doctor Ramón José Velásquez en las palabras que acabo de citar. Desde el principio entiende que la tarea no es para una sola personalidad ni para esfuerzos aislados, y por eso van apareciendo, en el curso de su agitada vida, tentativas de creación de lo que en definitiva va a ser un partido político, un gran partido político popular al cual entrega su vida, lo mejor de sus preocupaciones: el grupo Ardi en Costa Rica, Orve (Organización Venezolana) en los albores de la democracia que empieza a dibujarse en el año de 1936; el Partido Democrático Nacional (PDN), al cual se entrega para organizar sus cuadros en sus años de clandestinidad, y finalmente el partido Acción Democrática, legalizado cuando empieza la vida partidista de una manera sólida y estable en el gobierno del presidente Medina.

Mi amistad con Betancourt

El hecho de que se me haya invitado a hablar sobre la personalidad de Betancourt en la inauguración de esta cátedra lo agradezco muy de veras. Acepté de inmediato porque se me ha ofrecido una oportunidad (y no creo que podía haberla mejor) para rendir homenaje a un hombre con quien me unió una amistad, una amistad seria, sólida, una amistad que no se fundaba en vivencias de naturaleza subalterna sino en una preocupación de lleno por lograr el encauzamiento de la democracia venezolana. Esa amistad nació en la lucha, en trincheras opuestas. Apenas coincidimos en alguna ocasión, como en mayo de 1945, en el mitin del Nuevo Circo de Caracas para promover la incompatibilidad de las funciones ejecutivas y legislativas como una necesidad nacional.

En octubre de 1945 me llama por primera vez a prestar mi colaboración a la empresa que él asumía en condiciones muy especiales. El doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo primero me llamó –habíamos estado y estábamos juntos en el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Central– para ofrecerme el cargo de Consultor Jurídico Adjunto de la Junta Revolucionaria de Gobierno. No podía aceptarlo, porque ya tenía conmigo mismo y con no pocos venezolanos el compromiso de lanzarme a una acción política que evidentemente sería incompatible con el cargo. Me buscó de nuevo Juan Pablo, ahora para insistir en que lo acompañara como Consultor Jurídico en el Ministerio de Fomento, y como tuve que declinar también este ofrecimiento, a los pocos días me llamó para decirme de parte del presidente Betancourt que quería que asumiera la Procuraduría General de la Nación. Acepté el encargo con la explicación previa de que el desempeñarlo no debería cohibirme en la labor que tenía por delante de comenzar la organización de un partido político. Betancourt, lejos de objetarla, más bien estimuló la idea, porque consideraba que en el país una fuerza política inspirada en el pensamiento de la democracia cristiana, con cuyos líderes él había hecho una buena amistad en Chile y en Uruguay, era una necesidad histórica.

No duré mucho en la Procuraduría; la marcha de los acontecimientos nos separó por varios años. Nos encontramos de nuevo, fugazmente, en Nueva York, en el mes de enero de 1958, y luego, ante la realidad del nuevo experimento democrático que, después de haber sufrido numerosos fracasos, se presentaba otra vez ante el pueblo venezolano. En ese momento la preocupación de los venezolanos empapados en la historia del país era la de que el esfuerzo por conquistar la libertad no naufragara nuevamente. Varias veces he repetido que Betancourt solía usar la frase de Mme. Letizia, la madre del Emperador Napoleón, que cuando le hablaban del esplendor del mundo bonapartista, comentaba: «Pourvu que dure», con tal que dure. ¡Con tal que dure! Y ese con tal que dure estaba expresa o tácitamente en la conciencia de todos los que habíamos asumido la responsabilidad de participar en la dirección de la vida del país hacia una institucionalidad democrática.

Y no era fácil. Una cosa que es necesario que los jóvenes, nacidos y formados dentro del sistema democrático, no ignoren, es que el proceso de afirmación, especialmente en los primeros seis años, que van de 1958 a 1964, estuvo erizado de peligros y de dificultades. Sería un error el que los jóvenes creyeran que la democracia conquistada el 23 de enero con la salida del dictador al exterior marchó desde entonces sobre rieles, sin que hubiera mayores problemas que resolver. El año 58 estuvo hinchado de problemas.

El 23 de julio, el gobierno provisional estuvo prácticamente derrotado. El 7 de septiembre, nuevamente, hubo un movimiento en que nada menos que la unidad encargada de custodiar y proteger al Ejecutivo en Miraflores era la protagonista de la subversión. Esto sucedió una y otra vez en el gobierno de Betancourt. Las palabras «Porteñazo», «Barcelonazo», «Carupanazo» no fueron vocablos hueros, sino expresión de una dramática y angustiosa realidad. En esta situación venía muchas veces a mi conciencia una frase del presidente Gallegos, que a los pocos meses de haber asumido el poder, en 1948, me dijo: «Caldera, el hombre de presa acecha. Quizás no esté lejano el día en que Ud. y yo nos encontremos en el exilio».

La historia de Venezuela fue realmente dramática, y yo estoy convencido de que de no haber sido por la dolorosa experiencia que nos reunió a los dirigentes de todos los partidos en las cárceles y en el exilio, habría sido difícil sostener la obligación solidaria que habíamos contraído de llevar adelante el proceso para no defraudar la esperanza que latía en el pecho de la buena gente venezolana.

La amistad la forjó entonces el compromiso que habíamos contraído con la historia, con el país, con nuestra propia vida. Me ofreció Acción Democrática a través del doctor Raúl Leoni y del doctor Gonzalo Barrios y en nombre del presidente Betancourt, ya electo, la presidencia de la Cámara de Diputados. Esta posición no la entendí simplemente como una dignidad, ni como una fuente de honores y satisfacciones, sino como un compromiso muy serio, como una obligación muy exigente, en la cual me sentía obligado a participar para echar bases firmes al sistema democrático venezolano.

Fuimos, los copeyanos, a una coalición de gobierno con el presidente Betancourt. Le presenté como candidatos para formar parte de su gabinete a los mejores hombres que le podía ofrecer. Y sentí que la obligación que nos incumbía era la de darle una colaboración leal, la de hacer el mayor esfuerzo posible para que el Gobierno saliera hacia delante.

Y esa amistad, que no fue de una frecuente intimidad pero sí una relación permanente inspirada en los intereses superiores del país, se pudo llevar adelante y –diría yo– pudo ir fortaleciéndose cada día, porque fue hecha a base de franqueza, a base de honestidad y a base de tener como norma cumplir a cabalidad los acuerdos que se formalizaron. En algunas ocasiones he dicho, cuando se habla no solo en Venezuela sino en toda la América Latina, y aun más allá, del Pacto de Puntofijo, que el mérito del Pacto de Puntofijo no fue redactarlo ni firmarlo. Muchos pactos hermosos se han elaborado y suscrito en la historia política de los pueblos. El mérito de Puntofijo fue cumplirlo, y se ejecutó con entera lealtad hasta el último día del gobierno del presidente Rómulo Betancourt.

«Fue un hombre de coraje. Cuando el atentado de Los Próceres, desdeñó las comodidades que podía ofrecerle un tratamiento médico en cualquiera de los mejores establecimientos hospitalarios, para irse a Miraflores a dar el frente, a asumir con toda entereza la responsabilidad del gobierno».

No siempre fácil

Esta relación no siempre fue fácil y sencilla. Es lógico comprender que en muchas ocasiones hubiera opiniones diversas. Debo admitir y proclamar que la actitud que el presidente Betancourt adoptó en esas ocasiones fue siempre de una gran altura y ellas me sirvieron para corroborarme en la idea de que no se trataba de un agitador político sino de un verdadero estadista.

Cuando me notificó, una noche que fuimos convocados al Palacio de Miraflores, que se había decidido devaluar la moneda y le expresé nuestra posición contraria, manifestó que él no tomaría esa decisión si nosotros no lo acompañábamos. Eso ocasionó la renuncia de un distinguido venezolano a quien quise y admiré mucho pero con quien en ese momento discrepé, que era el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Mayobre. Y en una ocasión (el general Antonio Briceño Linares, aquí presente, estaba esa vez en Miraflores) tuvimos una discrepancia sobre una situación de procedimiento por la angustia en que él se encontraba ante la situación de Venezuela en el año de 1962. En aquella ocasión me dijo: «Estoy dispuesto a hacerlo aunque Copei no me acompañe», y me vi en el caso de manifestarle, con todo sentimiento, que no podíamos acompañarlo porque ello le quitaría fundamentación al mismo apoyo que le estábamos dando. Al día siguiente, Juan Pablo Pérez Alfonzo me llamó y me dijo que se había enterado de la situación y que pensaba que yo tenía razón. Betancourt, que era un hombre impetuoso, firme en sus decisiones, pero inteligente y capaz de reflexionar sobre la situación, en aquel momento nos dio la razón.

Fue un hombre de coraje. Cuando el atentado de Los Próceres, desdeñó las comodidades que podía ofrecerle un tratamiento médico en cualquiera de los mejores establecimientos hospitalarios, para irse a Miraflores a dar el frente, a asumir con toda entereza la responsabilidad del gobierno. Es célebre la frase –una de esas frases impactantes que lo caracterizaron a través del ejercicio del gobierno– que frente a la campaña vigorosa de la oposición («Rómulo, renuncia») acuñó y que se ha repetido muchas veces: «Ni renuncio, ni me renuncian».

Estuvo firme en la lucha, manteniendo una situación a veces extraordinariamente delicada. Se le dividió su partido, el Gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, la oposición con mayoría de votos tomó una actitud aguerrida y agresiva, y se le hizo frente a aquella situación sin vacilar un solo instante. Pienso que realmente su figura, la figura política de Rómulo Betancourt, que indudablemente se pergeña en su actuación como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno a partir del 19 (porque el 18 estalló el movimiento y el 19 se constituyó la Junta de Gobierno) de octubre de 1945, tomó definitiva consistencia y consagración ante el país a partir del momento en que le correspondió la responsabilidad de ejercer la Presidencia de la Republica en el muy difícil y muy laborioso quinquenio de 1959 a 1964.

Debo observar aquí también que cuando en medio del confuso ambiente de la provisionalidad, en vista de que no se llegaba a un acuerdo entre los principales partidos políticos para postular a un candidato de unidad a la Presidencia de la República, surgió la tesis del gobierno plural, fue la fuerza política que yo representaba la más firme en rechazar la idea de ese gobierno plural. Sostuvimos a troche y moche, contra toda las presiones que la opinión pública nos hacía desde muchos lugares, que era necesario que hubiera un presidente que asumiera el poder, que pudiera ejercerlo y que tuviera la responsabilidad plena ante el país para que la democracia se fortaleciera. Para mí, era renunciar a la cómoda situación de copresidente por cinco años, sin problemas electorales y con todos los beneficios de eso que Betancourt denominaba «la parafernalia».

Creo que tuvimos razón al rechazarla. Pero así como la tesis del gobierno unipersonal la consideramos una necesidad para el país, también nos dimos cuenta de que era para nosotros una fuente mayor de obligación, porque teníamos que darle todo el apoyo, todo el respaldo, toda la colaboración posible, al ciudadano a quien el pueblo de Venezuela escogiera para dirigir el Gobierno en este primer periodo después de la provisionalidad.

El 45 y el 59

Viendo de cerca la figura de Rómulo Betancourt surgen muchos interrogantes. Algunos se plantean una comparación, que yo no auspicio, entre el Rómulo Betancourt del 45 al 48 y el Rómulo Betancourt del 59 al 64. Hay quienes dicen, incluso con cariño, que les gusta más el Betancourt de la Junta Revolucionaria de Gobierno que el Betancourt de la Presidencia de la República en el primer quinquenio constitucional. Yo encuentro una unidad sustancial entre ambos. Entiendo que Betancourt en el periodo de su Presidencia trató de lograr, y en gran parte logró, fundamentalmente los mismos objetivos que lo habían inspirado joven, revolucionario, entusiasta e inexperto, en uso del poder de facto que le dio el movimiento cívico-militar del 18 de octubre. Democracia, libertad, respeto, progreso social, reforma agraria, nacionalismo petrolero. Una serie de objetivos básicos que fueron recogidos en el programa mínimo que suscribimos los tres candidatos presidenciales el 6 de diciembre de 1958. Porque el Pacto de Puntofijo no fue simplemente una alianza política, ni menos aun –como hay quien pretende afirmarlo– un reparto de posiciones o de cargos burocráticos. El Pacto de Puntofijo fue un compromiso, un acuerdo de honor para establecer y mantener la democracia en el país, acompañado con un programa mínimo, en el cual estaban los objetivos fundamentales para establecer no solo una democracia política sino una democracia social.

No me cansaré de repetir que el año de 1958, al mismo tiempo que se reconstruían los partidos eliminados por la dictadura, se reconstruyó el movimiento sindical, con fuerza y poder suficientes para intervenir en la decisión de los asuntos fundamentales del país. Y que aun antes de que sancionáramos la Constitución del 23 de enero de 1961, habíamos aprobado la Ley de Reforma Agraria, que con todas las críticas que con buena o mala intención se le pudieran hacer, constituyó un hecho clave para que Venezuela lograra el fortalecimiento de su democracia y para que no estuviéramos padeciendo hoy el terrible azote de la guerrilla campesina que están padeciendo otros países hermanos en América Latina.

Yo considero que en Betancourt las ideas que inicialmente fueron forjándose en él fueron realmente mantenidas a lo largo de su acción política; solo que pasó nueve años en el exilio reflexionando sobre los hechos que habían ocurrido. Cuando salió al exilio, a fines de 1948, para regresar en enero de 1958, su preocupación constante fue estudiar, analizar, investigar, evaluar los factores que habían conducido al desenlace trágico del 24 de noviembre de 1948. Y vino a Venezuela con el firme propósito de corregir lo que hubiera que corregir, de orientar de acuerdo con la realidad social, que no se puede inventar ni deformar, los factores que habían de intervenir para lograr la misma finalidad que esencialmente lo había llevado a la lucha en su tiempo de estudiante.

El estratega

Una vez me dijo Jóvito Villalba que Betancourt era un hombre de cultura, pero sobre todo un gran estratega. Y yo creo que esa opinión es exacta. Fue un estratega que puso su capacidad de estrategia, de táctica, al servicio de las ideas fundamentales que lo habían llevado a la lucha. Hay una carta en el Archivo Político de Betancourt que me causó especial impresión, por aquello de la actitud, de la relación, que el Betancourt revolucionario tuvo con el movimiento comunista latinoamericano y universal.

En una carta al doctor Carlos León, retirándose del Partido Revolucionario Venezolano, escrita desde Curazao el 1° de diciembre de 1928, en relación con un editorial que había escrito Salvador de la Plaza en un periódico llamado Libertad y en el que se enjuiciaba –en ese editorial– en forma negativa la actitud de los dirigentes estudiantiles del 28 por algunos aspectos, Rómulo Betancourt dice lo siguiente: «Negamos que fuéramos comunistas de la misma manera que hubiéramos negado cualquier otro calificativo que se hubiera dado a un movimiento que fue únicamente, exclusivamente, antidictatorial», y habla después de la «plena convicción de un deber que nos impone ser sinceros a todo trance. Siendo el comunismo –dice– la doctrina de avance en el mundo político y siendo tan humana la «novelería» juvenil, creo que el grupo hubiera procedido, de no mediar la convicción dicha, muy de otra manera, aceptando alborozado la presunta orientación de su gente». Esto era, pues, a tiempo suficiente como para que se vea que para entonces ya él estaba formando una idea clara frente a esta cuestión, que fue una de las más controversiales en su vida. Esa actitud de lucha en algunas ocasiones llegó a ser sumamente dura con los dirigentes del movimiento comunista venezolano.

En una ocasión, en Caracas, siendo Presidente Betancourt, se celebró un congreso mundial de la Juventud Demócrata Cristiana. El presidente de la República hizo el gesto de asistir en el Teatro Municipal a la sesión de instalación y de decir allí unas palabras muy llenas de profundo contenido. Después ofreció un agasajo a los jóvenes que asistían al congreso mundial, en la residencia presidencial de Los Núñez.

Y en un momento dado, uno de aquellos jóvenes, quizás un tanto irrespetuosamente, movido por la confianza que el Presidente había despertado en el auditorio juvenil, le preguntó: «Señor Presidente, dígame, ¿en verdad Ud. ha sido comunista?». Y él respondió: «Yo estuve trabajando con los comunistas en Costa Rica, participé con ellos en la acción, estudié mucho el pensamiento marxista-leninista, pero la lectura de Trostsky comenzó a fortalecer en mí el sentimiento nacionalista y llegué a darme cuenta de que ese internacionalismo que la ortodoxia marxista-leninista proclamaba no era compatible con el sentimiento genuino de nacionalidad» (no estoy citando exactamente las palabras pero estoy tratando de reproducir la idea de la mejor manera). En verdad, en Betancourt existió una afirmación muy nacionalista, muy patriótica. Y aun en las diversas circunstancias en las cuales tuvo quizá que modificar su actitud frente a potencias extrañas, siempre trataba de insistir en su deseo de interpretar y de realizar lo que era la genuina preocupación por Venezuela.

El 18 de Octubre

Dentro de la vida de Betancourt hay y habrá siempre muchos hechos propensos para la discusión y para el análisis y será difícil poner de acuerdo a todos los intérpretes para que tengan una sola opinión. Pero en medio de esos hechos hay una serie de circunstancias que me parecen muy elocuentes. Por ejemplo, la responsabilidad del 18 de Octubre. Un acontecimiento que se discute y se seguirá discutiendo a través del tiempo, por las diversas aristas y manifestaciones que este fenómeno presenta. Es evidente que Betancourt, llamado por un grupo de oficiales jóvenes que estaban dispuestos al derrocamiento del Gobierno, trató de impedirlo, hizo esfuerzos visibles para que no ocurriera.

El más patente fue el viaje que en unión del doctor Raúl Leoni realizó en un barco de carga, en medio de las circunstancias difíciles de la Guerra Mundial, a Washington, para convencer al doctor Diógenes Escalante de que aceptara la candidatura presidencial que el general Medina le había ofrecido, a través de su hermano Julio, y que se había negado a aceptar. Este viaje fue un intento increíble para tratar de impedir lo que ocurrió después. Sin duda, Betancourt y Leoni hicieron partícipe a Escalante de lo que conocían sobre la situación de la joven oficialidad militar. Esto contribuyó a que Escalante aceptara la candidatura, pero también fue sin duda un factor que sicológicamente aceleró un proceso de descomposición en su salud que vino a dar al traste con la solución que para ese momento se había encontrado. Cuando ocurre el levantamiento, antes seguramente de lo que se había planeado porque habían llegado a los servicios de información militar noticias del movimiento, Betancourt realiza una acción audaz: pone a los militares que acaban de recibir de las manos del presidente Medina el poder, la condición de que le den mayoría absoluta en la Junta de Gobierno para poder asumir la responsabilidad. Esta integración de la junta, de cuatro miembros de Acción Democrática, un independiente y dos militares, surgió en la misma mañana del 19 de octubre. Y Betancourt se hizo cargo con mucho coraje de las tareas del Gobierno revolucionario y mantuvo una admirable lealtad en el compromiso que Acción Democrática habla contraído con Don Rómulo Gallegos en la campaña de 1941.

Me contó Betancourt –y algunas otras personas también conocieron por sus labios esta versión– que un día el comandante Delgado Chalbaud, miembro de la Junta Militar, le planteó lo siguiente: «Presidente, Don Rómulo Gallegos es una personalidad eminente pero no es un político, no va a poder manejar el Gobierno, nos van a derrocar y vamos a pagar las consecuencias de todo lo que haya ocurrido a partir del 18 de octubre. Yo le propongo a usted que deroguemos el decreto que prohíbe a los miembros de la junta ser candidatos a la Presidencia. Usted se va en un viaje al exterior, deja encargado como presidente de la junta a Mario Vargas, que le ofrece más confianza que la que le puedo ofrecer yo, y en su ausencia nosotros dictamos un decreto por el cual derogamos aquella disposición que precipitadamente promulgamos cuando obtuvimos el poder».

Betancourt me contó que le había respondido: «Lo entiendo. Quiero mucho a Gallegos, pero sé que realmente no es de su temperamento el manejo de la situación política; pero el partido está comprometido, el país está comprometido, yo estoy comprometido con él y la candidatura de Gallegos es un hecho irreversible, irrevocable». Este, a mi entender, es uno de los elementos que ayudan para calibrar su figura humana. Cumplió, a sabiendas de lo que podría ocurrir después, a sabiendas de que la situación del país no era para ofrecer favorables auspicios a un gobierno como el que podía realizar un ilustre maestro, un intelectual pero que era al mismo tiempo un hombre que sentía despego por el poder público, como Don Rómulo Gallegos.

Rómulo Betancourt, Alicia Pietri y Rafael Caldera en el Teatro Municipal de Caracas.

Los motivos fundamentales

Había entre los motivos fundamentales de su vida unos cuantos muy presentes, como la lucha petrolera. No hay que negar que él fue en cierto modo un pionero, un precursor. Cuando se habló del fifty-fifty, es decir, de que al país le entrara el 50% de las ganancias de las compañías, ello parecía un objetivo extremadamente revolucionario. Sintió una gran satisfacción por la constitución de la Opep, si bien el discurso que pronunció en la ratificación del Acuerdo de Bagdad fue cauteloso, porque la situación indudablemente no era la más favorable para la lucha que se iba a emprender.

En los primeros diez años de la Opep ni siquiera se pudo alcanzar el objetivo, no de aumentar los precios del petróleo sino de impedir que siguieran bajando; pero lo importante fue la creación de una entidad que en determinado momento en el mundo llegó a ser punto de mira, de estudio y de análisis desde todos los ángulos y por todas las personalidades vinculadas al tema, en los países desarrollados y no desarrollados. La creación de la Corporación Venezolana de Petróleo estuvo dentro de esta misma dirección. Puedo afirmar por ello que el presidente de Venezuela del periodo 59-64 fue en este camino un confirmador claro del presidente de la Junta Revolucionaria de 1945 a 1948.

En materia religiosa fue interesante también su posición. El presidente Betancourt, el revolucionario Betancourt, el jefe de Estado Betancourt tuvieron siempre una actitud de respeto por el hecho religioso. Se ha conocido la circunstancia de que en 1936, cuando ocurrió la ruptura del movimiento estudiantil entre la FEV y la UNE por una motivación religiosa, Betancourt expresó una opinión contraria a que se llevara la posición de izquierda a este terreno, planteando cuestiones que iban a conducir falsamente al enfrentamiento.

Más adelante, cuando fue presidente de la Junta de Gobierno, según lo manifestó muchas veces, se vio llevado sin darse exacta cuenta al proceso del Decreto 321, que se interpretó como una medida dirigida a la eliminación o al debilitamiento de la educación privada y especialmente de la educación privada religiosa.

Él mismo solía decir que cuando estaba más agitada la bandera del sectarismo antirreligioso, sus compañeritos de Barlovento, que estaban entre los más fanáticos adherentes de su partido y lo visitaban en Miraflores para expresarle sus aspiraciones, en primer término le pedían la reparación de la Iglesia, la construcción de una capilla, es decir, elementos de la vivencia religiosa profundamente metida en el pueblo.

Y cuando como presidente de la República se superó una cuestión que el Gobierno planteó en relación con la escogencia del nuevo arzobispo de Caracas, se empeñó en conquistarse la amistad y el afecto del arzobispo que fue después el primer cardenal de Venezuela, y llegó en este sentido a crearse una relación de amistad y me atrevería a calificar también de afecto, que contribuyó para que se celebrara el acuerdo que puso fin al patronato, conforme a lo previsto en el programa mínimo de Puntofijo, según lo recordó Copei al Presidente en el último año de su mandato.

Dentro de la reflexión intensa que debió mantener en Puerto Rico y en los otros lugares de su exilio durante los años de la dictadura militar, una de las cosas que seguramente lo impresionaron más fue la necesidad de ponerle coto al odio entre venezolanos. Cecilio Acosta, una de las mentes más lúcidas que ha producido nuestro país y que vivió en una perspectiva suficiente para analizar todo el drama de nuestra historia política, afirmaba que no era cuestión de raza ni imperativo geográfico, como algunos pretendían, lo que explicaba la dolorosa situación que Venezuela había atravesado; que lo que había envenenado nuestra situación era el odio político.

Yo creo que Betancourt esta idea la meditó profundamente, tratárase o no de que Cecilio Acosta –por lo demás, paisano suyo, porque era también mirandino, de la región de los Altos– lo hubiera señalado así. Es admirable observar cómo, al volver al Gobierno, se empeñó en sepultar rencores, se empeñó en tender puentes de entendimiento, y mucha gente que en años anteriores había adoptado contra él posiciones radicales fue reconocida y atendida con nobleza en el tiempo de su presidencia. El Rómulo Betancourt presidente de la República tuvo frente al expresidente López Contreras una noble actitud de respetuosa consideración que sepultaba totalmente los recuerdos del duro enfrentamiento, y he nombrado al presidente López Contreras porque era el más distinguido, pero muchos venezolanos podrían mencionarse que, después de haber combatido duramente a aquel luchador en las décadas precedentes, encontraron un ambiente de respeto y consideración por parte del nuevo gobernante de Venezuela.

Esto lo hizo, pienso yo, por su preocupación por el país, por la democracia venezolana, por la necesidad que sentía de que se pudieran realmente orientar con claridad los movimientos, los sentimientos, la acción del país, hacia horizontes de libertad y de justicia.

América Latina

Tuvo además un sentimiento, diría yo, muy integracionista. Hubo tentativas en el gobierno provisorio del 45 al 48 hacia un acercamiento grancolombiano, que en definitiva no dio el resultado que se esperaba. Pero él estaba permanentemente presente en la lucha, en el combate, en el terreno latinoamericano. Yo diría que el módulo central de esta lucha se ve en su enemistad, en su conflicto permanente con el presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina, dictador de la República Dominicana. Cuando los esposos Kennedy estuvieron en Caracas, en la cena que el presidente Betancourt les ofreció, me correspondió estar al lado de la señora Kennedy, que a su vez estaba sentada al lado del presidente Betancourt. Y aunque él conocía bien el inglés, lo leía fácilmente y podía entenderse en inglés, tenía un cierto prurito de no hablarlo porque no fuera su expresión como él quisiera y hasta acudía a una de esas frases graciosas de su vocabulario, traduciendo en un inglés muy personal de él la expresión popular de que «loro viejo no aprende a hablar», y decía con un acento golpeado: «Old parrot does not learn to speak». (Otra expresión que le sirvió de mucho en la lucha política fue aquel «We will come back», que no era exactamente la que usó el general McArthur, pero que le sirvió como instrumento a este estratega que indudablemente sabía lo que quería y a dónde iba.)

En aquella cena, cuando la señora Kennedy le ve las manos quemadas; hace un gesto de horror y conmiseración y pregunta qué fue eso. Betancourt me pide: «Dile, Rafael, explícale, que esto fue obra de “Chapita”, pero que él está bajo tierra». Allí aparecía en todo su dramatismo la lucha que, al mismo tiempo que en Venezuela, se llevaba a cabo para que se estableciera la libertad en la República Dominicana.

La corrupción

Además de todas estas características y otras muchas, Betancourt tenía una obsesión de lucha contra la corrupción. Eso lo llevó hasta a cometer errores políticos como los juicios por peculado del trienio 45-48 que, aunque movidos por una justificada preocupación, por un deseo de escarmentar, condujeron a una serie de medidas, planteamientos e injusticias que indudablemente no contribuyeron ni al fortalecimiento de la situación establecida ni a la corrección de aquellos males. Por eso, en la Presidencia, Betancourt insistió en que era preferible limitarse a los más clara y directamente responsables. En que se dictara una disposición transitoria en la Constitución señalando solamente a los más envueltos en la responsabilidad del régimen anterior, y vio con buenos ojos la idea de que se diera el recurso a la Corte Suprema de Justicia para que pudieran revisarse los procedimientos. Pero, desde luego, lo mortificaba terriblemente el pensar que su lucha, que no era solamente por la libertad, por la reforma agraria, por la justicia social, por el nacionalismo petrolero, por la integración latinoamericana, fuera a ser carcomida por el morbo terrible de la corrupción. Lo preocupó mucho en todo instante esta situación. Cuando ya parecía que estaban resueltas favorablemente las cosas y enrumbado definitivamente el país, cayeron sobre su espíritu profundas mortificaciones.

Debo decir que cuando sumamos nuestros esfuerzos para la construcción del Estado democrático en Venezuela, puso una gran confianza en la tarea que nos correspondió. La posición de Rómulo Betancourt ante la redacción de la nueva Constitución, que se promulgó dos años después de instalado su gobierno, fue un acto de confianza, podría decir, especialmente hacia Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y Rafael Caldera. Estaba conforme con todo lo que en medio de este proceso fuéramos acordando para conformar una Carta que él temía pudiera llegar a ser demasiado ilusoria, demasiado teórica y que tuviera dificultades para su realización (tanto, que fue él mismo el empeñado –quizás sin plena necesidad pero las circunstancias lo explican a cabalidad– en suspender las garantías el mismo día en que entró en vigencia el texto constitucional). Él sentía una visible satisfacción al ver cómo se iba venciendo el cúmulo de problemas que se presentaban, y hasta llegó a decir, al terminar su quinquenio, en una forma en que hasta cierto punto podía tener razón, como Acción Democrática tuvo su candidato presidencial, que fue el doctor Leoni, y ganó las elecciones, y Copei tuvo su candidato, que fui yo, que quedé en segundo lugar, que sumando los votos de Leoni y los míos, «el Gobierno» había ganado por absoluta mayoría. Claro está que mi posición era una posición difícil, porque yo no era candidato del Gobierno pero tampoco era candidato de la oposición; me tocaba hacer campaña defendiendo un gobierno que tenía su candidato a quien yo estaba combatiendo. En medio de esta realmente difícil situación, sin embargo el país tuvo comprensión del fenómeno y me dio un aumento de 50% en nuestra votación, una votación mayor que a distinguidos venezolanos que estaban en abierta y tenaz oposición, como eran el doctor Arturo Uslar Pietri, el doctor Jóvito Villalba y el vicealmirante Wolfgang Larrazábal. Betancourt decía, pues, que al fin y al cabo los votos de Leoni (novecientos cincuenta y tantos mil) y los votos de Caldera (cerca de seiscientos mil) daban una mayoría al Gobierno, y esto lo hacía por ese lado estar tranquilo. La verdad es que los ministros copeyanos, en plena campaña electoral siguieron en sus cargos y lo acompañaron hasta el último día en que fue a entregar la banda presidencial en el Congreso de la República.

«Pienso que la figura de Rómulo Betancourt, más que un mito, es la de un gran conductor humano, es la de un gran venezolano. Con todos sus errores, su imagen es la de un mensajero de los ideales de libertad, de justicia, de progreso, de honestidad, que inspiraron a lo largo de todos los tiempos y en las peores circunstancias a las mentes más esclarecidas y a las personalidades más ilustres de Venezuela».

Las nuevas generaciones y la historia

Toda esta lucha es bueno que los jóvenes la conozcan, la analicen, la valoren. Es peligroso que las nuevas generaciones asuman el rol que les corresponde y que les impone la historia sin conocer suficientemente la historia misma, sin darse cuenta de las raíces, sin recordar algo que no me cansaré de repetir: que en ciento quince años, desde 1830 hasta 1945, no llegamos a tener ocho años de gobierno civil, sumando a Vargas, a Narvarte, a Tovar, a Gual, a Rojas Paúl y Andueza, porque el general-presidente parecía una necesidad inevitable en el país, de acuerdo con la tesis del gendarme necesario; que hay raíces profundas que no desaparecen totalmente sino a través del tiempo, y hay peligros que es necesario enfrentar, y que la única manera de vencer cualquier peligro en que nos encontremos es mantener aquella idea de que lo que interesa a Venezuela y al sistema democrático tiene que prevalecer sobre los intereses y las aspiraciones de los distintos grupos, de las distintas corrientes, de los distintos partidos.

Betancourt tuvo la suerte de entregarle el Gobierno a un compañero de su partido. Él había obtenido alrededor del 50% en las elecciones del 58, y el doctor Leoni obtuvo más o menos el 30% en las elecciones del 63; pero, en medio de su preocupación, sentía que había logrado el objetivo fundamental de su vida, el objetivo de su generación, y lo inquietaba la preocupación, que indudablemente lo acosaba, de si las generaciones de relevo estarían a la altura de la tarea que la realidad nacional, las exigencias del desarrollo y la problemática del país demandarían.

Murió triste

Debo decir aquí, porque así lo siento, que estoy convencido de que Betancourt murió triste. No fueron solo algunas expresiones que no pudo callarse, «sobre las verrugas que afean el rostro de la democracia», sobre la necesidad de mantener los principios morales de la administración pública, sobre el temor de que las facilidades que la Providencia y una acción tenaz le han dado a Venezuela en los últimos años, pudieran relajar los resortes morales, llevarnos hacia el consumismo, hacia la ociosidad, hacia la corrupción. Betancourt, que era muy reservado para exponer sus preocupaciones en esta materia, alguna vez dejaba entender a sus más allegados que lo mortificaba la situación de Venezuela. Quizás en algún momento llegó a pasar por su mente la dramática posibilidad de que pudiera morir en el exilio. Sentía que las bases se estaban carcomiendo, sentía que la labor realizada se podía dañar y perder, sentía que las propias instituciones que habíamos contribuido a formar como indispensable sostén de la democracia, los partidos, perdieran la noción de ser instrumentos de servicio al país para convertirse en comanditas de lucro y de beneficio personal. Le horrorizaba el que la voluntad y el espíritu del pueblo, que son el fundamento de las instituciones, cayeran en el escepticismo y pudieran un día cualquiera volver de nuevo al precipicio adonde muchas desilusiones y muchas traiciones lo llevaron en la dramática historia de la República de Venezuela.

En mi sentir, el ciclo que se abrió después de una larga experiencia, el ciclo que cubre la vida del estudiante del 28 y del revolucionario del 30 al 35 y del luchador político hasta el 45, del jefe de Estado provisional del 45 al 48, y del exilado de diciembre del 48 a enero del 58, culmina definitivamente en ese periodo, en ese primer periodo de la historia democrática de Venezuela que fue desde 1958 con la provisionalidad y desde 1959 con el gobierno constitucional, hasta 1964. Representó un indudable avance, una base muy firme, pero que era necesario fortalecer, enriquecer, consolidar.

La historia de Venezuela ha sido muchas veces la historia de episodios que comienzan entre retóricas elocuentes y terminan en dolorosas frustraciones. Augusto Mijares hablaba del mito de Sísifo, condenado por los dioses a levantar su carga y a verla caer cuando ya va a llegar a la cima, para tener que comenzar nuevamente desde abajo.

Estoy convencido de que quienes tuvieron acceso a Betancourt en sus últimos años deben haber sentido en sus palabras y en sus gestos una especie de mensaje: esto, que tanto nos cuesta, ¡hay que fortalecerlo! ¡Hay que salvarlo! ¡No se puede jugar a la intriga, a la maniobra hasta límites peligrosos! ¡Esto no se puede dejar que sucumba ante las tentaciones que la riqueza fácil ha derrochado sobre Venezuela!

Esta cátedra, que debe analizar a fondo la realidad venezolana de nuestro tiempo, ayudaría mucho a ese objetivo estudiando a fondo los últimos años de vida de Rómulo Betancourt, de 1964 a 1981. Debo decir, en cuanto a mí concierne, que no me cabe duda de que su palabra contribuyó a que se reconociera y se aceptara el triunfo electoral que me llevó a la Presidencia de la República en las elecciones de 1968. Debo decir más: en los momentos en que veía venir un enfrentamiento que no iba a tener solución por las circunstancias de que el Gobierno no tenía un respaldo mayoritario en el Congreso, en más de una ocasión le envié un emisario personal. Llamaba a Andrés Aguilar, que era su amigo y había sido su ministro de Justicia, a Nueva York, y lo enviaba a Berna, para que le explicara la situación que estábamos viviendo, para que lo pusiera al tanto de los peligros que enfrentábamos. Y esa gestión jamás fracasó. Siempre hizo lo posible por lograr que, por encima de la lucha partidaria, hubiera la visión de esta institucionalidad que es de todos, que a todos nos corresponde y que todos estamos en el deber de preservar.

Pienso que la figura de Rómulo Betancourt, más que un mito, es la de un gran conductor humano, es la de un gran venezolano. Con todos sus errores, su imagen es la de un mensajero de los ideales de libertad, de justicia, de progreso, de honestidad, que inspiraron a lo largo de todos los tiempos y en las peores circunstancias a las mentes más esclarecidas y a las personalidades más ilustres de Venezuela. No está cerrado el ciclo, pero el país y Betancourt desde su tumba nos reclaman devolverle la fe a nuestro pueblo y recuperar su confianza. En esta tarea, estoy seguro, servirá de mucho el análisis de la parábola vital de Rómulo Betancourt.

 

Rafael Caldera habla sobre Rómulo Betancourt tras su muerte – Primer Plano (5/10/1981):

 

El Estado de Derecho – Universidad Católica Andrés Bello (1990)

El Estado de Derecho, Rafael Caldera en la UCAB
Rafael Caldera en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, en el acto inaugural del IV Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, el 15 de noviembre de 1995.

El Estado de Derecho

Palabras improvisadas en la reunión de los delegados de Derecho de las universidades del país en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, el 30 de abril de 1990.

Quiero, en primer lugar, manifestar mi complacencia por esta maravillosa demostración de preocupación y armonía, de patriotismo bien entendido, que dan al reunirse aquí los delegados de las Facultades de Derecho de las Universidades del país. Como han dicho algunos de ustedes en este mismo acto, se ha roto un muro; y esos muros de incomprensión hacen un daño incomparable a las relaciones entre los seres humanos para alcanzar los objetivos de la cultura, de la justicia y la paz. Ese muro roto es auspicio de una fraternidad que espero sea cada vez más honda, más sincera y positiva entre todas las Universidades del país. Y me complace que sean mis futuros colegas los que lleven adelante esta bandera, tan hermosa, de la solidaridad inter-universitaria, que representa una gran esperanza para Venezuela.

Me han invitado a decir unas palabras en este acto, y yo quisiera hacer algunas consideraciones, – desde luego con la relativa brevedad que demanda lo completo del programa -, sobre el Estado de Derecho. Porque hemos dicho con frecuencia que la República de Venezuela es un Estado democrático, es un Estado Social, es un Estado de Derecho. En mi primera reunión con la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) agregué algo que me parece de mucha importancia y actualidad: es un Estado de servicio. Aspecto éste en cuyas deficiencias se funda uno de los reclamos más sentidos y más intensos de la sociedad civil.

Ahora, el Estado de Derecho no puede existir si no lo comprendemos, si no lo alimentamos, si no lo fortalecemos, quienes dedicamos nuestra vida al cultivo del Derecho. Y de esta jornada, en las cuales ustedes expresan sus inquietudes, sus críticas, sus reclamos, sus esperanzas, sus aspiraciones, debe salir en el fondo, reiterada a través de todos los demás Congresos, la voluntad del estudiantado universitario venezolano de hacer de Venezuela en verdad un Estado de Derecho.

Nuestro Estado de Derecho se mancilla cuando perdemos la fe en la administración de justicia. Nuestro Estado de Derecho se perturba cuando perdemos la fe en las instituciones. Nuestro Estado de Derecho sufre cuando el sufragio popular se conturba con manipulaciones artificiosas. Nuestro Estado de Derecho se siente amenazado cuando la sociedad civil, cuando el pueblo, cuando nuestra gente pierde fue en la norma jurídica que debe regular la conducta de todos los habitantes.

Para que el Estado de Derecho viva fuerte y lozano, tiene necesidad de una fundamentación moral, de una fundamentación espiritual. A la teoría pura del Derecho, que tanto auge tiene en general en los cuadros científicos de nuestra disciplina, le encuentro que ella puede – contra la voluntad de sus propios autores – establecer un divorcio inaceptable entre la moral y el Derecho. Es cierto que hay razones científicas – que no comparto pero que respeto – para decir que el Derecho y su fuerza condicionante no pueden depender de la aceptación de una determinada concepción moral.

Pero, cuando el Derecho no tiene como finalidad servir a la justicia, y cuando la justicia no se coloca en el orden de los valores espirituales, es muy difícil que el propio Estado de Derecho pueda resistir los embates del Estado totalitario.

Hans Kelsen, que fue un luchador por la teoría pura del Derecho, era un convencido de la democracia y de la libertad. Pienso, sin embargo, cómo, deformando sus propios sentimientos y sus propias convicciones, se valieron de la fundamentación de la teoría pura del Derecho para servir de instrumento al monstruoso totalitarismo que en su propio país hizo añicos todas las normas de justicia y que al propio Kelsen lo aventaron por muchos años al exilio.

El Derecho tiene una estrecha vinculación con la justicia y la justicia es un valor ideal que debemos tener una preocupación profunda por verlo realizado en nuestra propia sociedad. Y si la concepción clásica mantenía la tradicional división tripartita de justicia conmutativa, legal y distributiva, la presencia de la justicia social es uno de los acontecimientos más trascendentales de la humanidad, de los hechos más fundamentales de la vida jurídica en el mundo entero a través de los últimos doscientos años; pero que está esperando aún una realización plena, tanto en lo interno de las sociedades como en algo en que hemos puesto mucho énfasis: en las relaciones entre los Estados como miembros de la comunidad internacional.

Esa preocupación por la justicia debe estar en la vida del jurista y por eso los principios romanos, con su percepción positiva, le decían al jurista que tenía que buscar tres principios, tres orientaciones, tres normas: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie, dar a cada uno lo que le corresponde. Y debemos sentir profundo desgarramiento interior cuando una vida honesta, que era la primera condición del sacerdote de la justicia, aparece ausente y hasta menospreciada en la conducta que sirve al Derecho y a través del Derecho debe servir a la justicia.

Yo quisiera, en breves palabras, referirme principalmente a tres actitudes, a tres actividades, a tres profesiones, a tres posiciones directamente relacionadas con la creación y con el robustecimiento del Estado de Derecho en una sociedad cualquiera y especialmente en la sociedad moderna: el abogado y el Estado de Derecho; el político y el Estado de Derecho; el juez y el Estado de Derecho.

El abogado tiene que servir a la justicia, pero tiene que sentirla intensamente. La abogacía no es simplemente un modo de vida para ganar dinero. Yo no puedo oponerme a que a través de la profesión de abogado se haga su titular la posibilidad de una vida holgada y de una vida cómoda, para satisfacer sus necesidades y disfrutar de los beneficios que su éxito le pueda proporcionar. Pero es muy triste reconocer que se tiende a infiltrar en el seno mismo de la profesión jurídica la idea de ejercer la profesión para ganar dinero, para ganar mucho dinero, y con frecuencia para ganar dinero por vías ilícitas que pugnan con la esencia misma de la profesión.

Creo que nuestros Colegios de Abogados han perdido prestigio en la sociedad en general porque han perdido de vista este objetivo fundamental: la defensa de la profesión en su contenido ético. Y algunas veces nos sentimos maltratados cuando escuchamos el concepto que la gente tiene de los abogados en general. No es un chiste sino algo que duele en lo más hondo de la conciencia, aquel concepto tradicional que vincula a la abogacía con la trampa, con la maniobra, con el arreglo indebido e ilícito, que llegó hasta aquellos tiempos en los cuales al santo patrón de la abogacía se le señala con el mérito para ser canonizado, de que siendo abogado sin embargo no fue corrupto en el ejercicio de su profesión. Por allí de vez en cuando recuerdan el epitafio que corrió muchas veces, «Sánchez Ivo erat breto; advocatus et non ladro: ses miranda populo». Lo que una traducción libre y un poco rimada sería decir: «Ivón, un tanto bretón, fue la admiración del pueblo porque nunca fue ladrón».

Rescatar para el abogado el prestigio y la autoridad en la sociedad es indispensable. La sociedad moderna está llena de tentaciones que corrompen, que relajan, que hacen perder los resortes de la conciencia moral. Yo les quiero confesar a ustedes en este instante que, así como he dedicado buena parte de mi vida al Derecho Laboral por considerarlo la vanguardia de una transformación, de una renovación jurídica que rompe la forma estereotipada para buscar el fondo mismo de la verdad y la justicia, me duele cuando abogados talentosos, que han dedicado mucho tiempo al estudio de estas leyes, al ponerse al servicio de las grandes empresas que les pueden pagar grandes sumas de dinero, se convierten en los peores enemigos de los derechos inmanentes del trabajador.

Tenemos, pues, que buscar un motivo permanente de reflexión, tenemos que hacer un esfuerzo constante de condición, de concientización para que esa nueva Venezuela que anhelamos brote a través de los nuevos juristas, con la convicción profunda de que el Derecho es para servir a la justicia y de que el abogado, que tiene el derecho innegable, que no se le puede rehusar, de ganarse la vida a través del ejercicio de su profesión, debe reconocer como primera y fundamental obligación la de servir, de cumplir el deber, de defender los débiles y de servir a la justicia.

Me permitirán ustedes que haga una breve alusión personal. Hace unos años, una señora, esposa de un alto político dotado de mucho poder en un régimen autocrático al cual yo como muchísimos venezolanos combatimos desde las trincheras de la oposición, me esperó en mi casa para pedirme que la defendiera, porque la había demandado su marido. Cuando yo le dije: «¿te das cuenta de lo que me pides?, me dio una respuesta que se me clavó en la mente, en el corazón y en la conciencia: «y si tú no me defiendes, ¿quién me va a defender?».

Jóvenes abogados: este sencillo hecho que les estoy relatando, ojalá quede en la memoria de ustedes, para que cuando alguien que no encuentre quien pueda defenderlo para que sus derechos sean reconocidos, se imponga la conciencia en ustedes y no reparen en los peligros que puedan correr y no estén pensando en los beneficios que probablemente serán ninguno que han de tener, y recuerden que hay un compromiso con la patria, con la Universidad, un compromiso fundamental de defender la justicia, que si no cumple, no justifica el esfuerzo hecho para ganar un título de abogado y una licencia para ejercer la noble profesión.

El político, en este momento, es el ser más maltratado. A veces, quizás, el más calumniado; pero criticado y censurado con razón, porque el país ha ido sintiendo desconfianza hacia sus actitudes, menosprecio hacia sus palabras, duda hacia sus posiciones.

En las instituciones democráticas, el político cumple un papel fundamental, y si no hay conciencia del Estado de Derecho en los que han asumido la responsabilidad de compartir la dirección de la vida del país, es muy difícil, muy arduo el esfuerzo para que el país se enrumbe con seguridad.

El Libertador decía que no eran las leyes, por perfectas que fueran, sino los hombres, los ciudadanos, hombres honestos, los que constituían las Repúblicas. El reclamo que se formula a la dirigencia política del país es grave y sin duda en muchos casos es fundada, aún cuando puede conducir a posiciones negativas, que alejan y hacen cada día más difícil la posibilidad de recuperación del Estado de Derecho. Cuando un político miente, su audiencia es grande y la reacción colectiva es frustrante. Pero tenemos que lograr que la sociedad civil tome conciencia también de lo que es la justicia, de lo que es el cumplimiento de la ley como condición indispensable para organizar realmente, en términos satisfactorios, la vida en común. Desgraciadamente, los males que se le imputan a los políticos están inmersos en la propia sociedad civil. Algunas veces, quizás aquí mismo, he confesado que a cada paso existe en la generalidad de nuestros compatriotas una tendencia a querer burlar, a través de la influencia, las leyes que establecen requisitos para la obtención de determinados beneficios, o la aplicación correcta y la interpretación de estas leyes para la vigencia del Derecho.

Podría decir aquí, para reconocimiento de la Universidad Católica Andrés Bello, que ya son casi ninguno de los que me llaman, como me llamaban antes, para pedirme que tratara de ejercer influencia para que se admitiera un alumno que no había logrado las calificaciones indispensables para su inscripción, o para que facilitara algo que iba contra la reglamentación de la Universidad. Por mi parte, he perdido quizás unos cuantos amigos al decir que no estoy dispuesto a intervenir para pedirle a un profesor que modifique la calificación que ha merecido algún alumno. Y no estoy dispuesto a hablar con un juez, aunque sea mi amigo personal y compañero de partido, para pedirle que incline a favor de alguien la decisión que le corresponde.

He contestado, «ellos saben lo que hacen y lo hacen correctamente». Pero debo decir que una condición para que la gente comience a pensar que la intromisión de los partidos políticos en todos los aspectos de la vida y el establecimiento de un sistema de recomendaciones y de influencias, no es culpa de los solos políticos sino de la clientela que está integrada por la sociedad en general, es la adopción de una actitud seria, decidida, correcta, sin necesidad de contestar groseramente; como la de las autoridades de la UCAB, que responden que están cumpliendo un mecanismo establecido en los reglamentos, procediendo con buena fe a rendir el dictamen de acuerdo con lo que pide la conciencia.

Es verdad que la cúpula de los partidos políticos han cometido y cometen infinitos errores, pero el hecho de que se metan hasta en la elección de una Reina de Carnaval, muchas veces no es culpa de ellos sino de los propios ciudadanos, que acuden a buscar ayuda, aunque sea un estímulo, para apoyar la candidata. Y debo decir que en medio de todo, algunas veces prevalece cierto sentido de responsabilidad. Cuando el proceso democrático se inició en Venezuela, los representantes de los partidos que teníamos mayor responsabilidad nos esforzamos en buscar independientes honorables, a los que solamente les rogábamos que participaran en la ardua tarea de poner en marcha la institucionalidad democrática en Venezuela.

A las Cámaras Legislativas llevamos a venezolanos honorables y no fueron más porque no se sintieron dispuestos a correr las contingencias y dificultades que la pertenencia a un cuerpo legislativo podría representar. Podemos señalar numerosos casos de personas respetadas por la comunidad hasta el fin de sus vidas, quienes fueron a posiciones importantes llevadas por el deseo de los partidos que la sociedad civil estuviera solidariamente involucrada en la construcción del Estado de Derecho. Y perdónenme que les diga, que en medio de todas las acerbas y justificadas críticas que se le hacen – que le hacemos, porque yo también las hago – a la cúpula de los partidos políticos del status, tenemos que reconocer que algunas veces las viejas preocupaciones retoñan y así podemos entender cómo las cúpulas de los partidos escogieron para Fiscal General a mi amigo y discípulo Ramón Escovar Salom.

Pero, cuando les he hablado de la responsabilidad del político en la construcción y mantenimiento, en el saneamiento que robustece el Estado de Derecho, no es simplemente para hacer una consideración genérica sino para decirles que yo pienso que ustedes deben participar y van a participar en esa noble actividad que es la política, que como dijo un ilustre mexicano, Manuel Gómez Morín, cuando significa el noble arte de regir pueblos prescindiendo de las pequeñeces, de la intriga y del egoísmo, es una de las actividades más altas que existen en la vida de un ser humano.

Ustedes tienen una tarea que cumplir. Hace algunas semanas estuve aquí invitado por el Centro de Estudiantes de Economía para hablar de la problemática actual de Venezuela, y al final les dije: la crítica de ustedes, que es fundada y necesaria, hay que orientarla en sentido constructivo. Pienso que de estas reuniones tienen que salir nuevos grupos, nuevas ideas, nuevos principios. Algunos serán transitorios, otros se irán fortaleciendo, se reunirán, o desaparecerán pero dejarán la tónica de una nueva esperanza, el anuncio de una verdad como la que está reclamando el país y no se quedarán en la actitud de simple descontento y de censura, porque puede conducir a la más funesta de las conclusiones que sería un pesimismo generacional.

Finalmente, quiero hablarles del papel del Juez en el Estado de Derecho. Triste el país donde la población pierde respeto por la administración de justicia; porque, como creo que aquí mismo se ha dicho, puede haber decisiones de los Jueces con las cuales algunos, muchos, quizás la mayoría, esté en desacuerdo, pero lo grave ocurre cuando esa decisión se imputa a motivos inconfesables, cuando se atribuye a corrupción, al interés personal, a la debilidad o al contubernio, que es el sustituto de la gran virtud de la solidaridad que debe existir en el seno de los movimientos políticos.

Don Quijote, Padre Pérez Llantada, a quien usted recordaba hace poco, en su carta al Gobernador de la Insula Barataria, Sancho Panza, le decía: «Cuando tengas que inclinar la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia».

Imperfecta, como siempre es la justicia, como todos los hechos humanos, sin embargo, su imperfección se modifica según la motivación que la ha determinado. Cuando esa motivación es el interés, el lucro, la solución es inaceptable. Cuando es la clemencia y bien entendida, dentro de los límites que puede aceptar una idea correcta de la justicia, se entiende la inclinación de apreciar el juicio con benevolencia.

Es triste cuando un estudiante de Derecho entra en una pasantía en un Tribunal y lo enseñan a pedir dinero que no está previsto en los aranceles, por cualquier actividad que realice. Es triste cuando el carácter, que técnicamente es aceptable, el carácter mercenario de la justicia (es decir, que no puede actuar sino por instancia de parte) se convierte en una fuente lamentable, sucia, de prebendas y de corrupción.

La profesión del político, como la profesión del juez, no es para enriquecerse, no es para amasar fortuna. Yo he dicho en más de una ocasión que a mi modo de ver hay tres profesiones, tres modos de vida, que son incompatibles con los negocios: la de sacerdote, la milicia y la política. Hay que sospechar de un político metido a comerciante y de un militar metido a comerciante y, desde luego, mucho más, de un sacerdote metido a comerciante. Y no es que un empresario no pueda hacer política, sino lo grave es cuando un político se convierte en empresario. En el caso de un juez, esa responsabilidad es mucho mayor. Luchar para que la administración de justicia recobre autoridad ante la sociedad civil es una tarea ímproba, pero indispensable. Quizás nuestro Fiscal pueda ayudarnos mucho en esta delicada tarea.

Yo les voy a contar una cosa. En el año de 1979 había que elegir cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo fui el ponente que llevó a la Constitución la tesis de que el período de los magistrados de la Corte Suprema fuera de nueve años, y de que se renovara por terceras partes, cada tres años, con la idea de sustraer en lo posible el fenómeno de la elección de la coetanidad con cada nuevo gobierno: una nueva Corte, unos nuevos Tribunales, para un nuevo Gobierno. Después, he sostenido la necesidad de que se exija constitucionalmente un voto calificado, por lo menos de las dos terceras partes del Congreso, para que se pueda hacer la elección.

Y he estado señalando, sin tener suficiente información acerca de la manera de cómo esto se haya cumplido o si haya tenido éxito, el que la nueva Constitución de Guatemala introduce una novedad curiosa, que es la llamada Comisión de Postulación: una parte de los miembros de la Corte Suprema deben escogerse de una lista presentada por una Comisión de la cual forman parte los Decanos de las Facultades de Derecho y los Presidentes de los Colegios de Abogados y algunos otros representantes de la sociedad civil. En Venezuela es más difícil, porque hay más Universidades y más Colegios de Abogados, el número es mayor, y la única duda que nos asalta es si esto, al darle participación a estos organismos en las postulaciones, puede tener como resultado una especie de feed-back, como dicen ahora, una especie de regreso, politizando en mayor medida esos organismos llamados a realizar esa función.

Pero, en todo caso, les quiero decir que en el año de 1979, el Dr. Gonzalo Barrios y yo fuimos autorizados por nuestros respectivos partidos para ponernos de acuerdo en la elección de los cinco Magistrados que se iban a elegir de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de iniciar a fondo un proceso de despolitización del Poder Judicial. De la sinceridad del propósito puede dar fe este hecho: nos pusimos de acuerdo, y así lo hicimos, en no reelegir a gente como el Dr. Jonás Barrios, hermano de Gonzalo; como el Dr. Martín Pérez Guevara, uno de los más distinguidos juristas venezolanos vinculado a Acción Democrática; como el Dr. Miguel Ángel Landáez, una de las más brillantes figuras del Partido Social Cristiano COPEI.

Los tres aspiraban a la reelección y tenían méritos para ello, méritos intelectuales y científicos, tenían credenciales suficientes para solicitarlo. Sin embargo, hicimos el esfuerzo, y a Pérez Guevara y a Jonás Barrios y a Miguel Ángel Landáez, los dejamos fuera para buscar Magistrados que representaran en la mayor medida posible la independencia de todo partido político en el más alto Tribunal de la República. Nos costó mucho. Nos pusimos de acuerdo en los nombres de algunos distinguidos juristas que gozan de un ambiente de respetabilidad por sus conocimientos y por su conducta. Muchos de ellos se negaron, porque la remuneración de los Magistrados de la Corte Suprema no era suficiente para los gastos que la sociedad de consumo les había impuesto. Uno de ellos, amigo, profesor universitario, nos dijo: «sería el único cargo público que yo habría ambicionado en mi vida, pero acabo de construir una casa y la estoy pagando, y con el sueldo de la Corte no la podría amortizar». Es una lucha difícil, pero indudablemente hay que llevar adelante el propósito, que después se frustró, en jornadas posteriores, porque no hubo acuerdo y la mayoría impuso criterios políticos, de los cuales, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía General de la República, el Estado de Derecho, el país, el prestigio de la democracia están pagando las consecuencias.

El Juez, a mi modo de ver, debe tener tres cualidades: debe ser instruido, iba a decir ilustrado, pero lo importante no es una ilustración adicional sino una instrucción profunda en el contenido del Derecho que le va a corresponder administrar. Debe ser laborioso, porque la falta de actividad, la demora en la administración de justicia es una verdadera denegación de justicia.

Quizás en Venezuela la lacra más grande que todavía padece la administración de justicia es precisamente ésta de la tardanza en decidir los juicios, ya que justicia tardía no es verdadera justicia. Pero la otra condición es ser honesto. Y de las tres – ser instruido, ser laborioso y ser honesto – yo diría que la tercera es la que más importa.

En todo caso, nos corresponde darle fuerza, y estas nuevas generaciones que salen de estos movimientos universitarios son las llamadas a llevar sangre nueva a la administración de justicia, de cuyo prestigio, de cuya autoridad y de cuyo cumplimiento cabal y honesto depende, más que de ninguna otra, el futuro de Venezuela.

Hay una anécdota, con la cual voy a terminar mis palabras, que se repetía mucho en otros tiempos y, para sorpresa mía, no es comúnmente conocida en los ambientes estudiantiles actuales. Es la anécdota de Federico El Grande y el molinero. Federico El Grande, Rey de Prusia, poderoso, construye en Potsdam un hermoso castillo para servirle de descanso. «Sans Souci», le puso, siguiendo el consejo de Voltaire: era para estar en él libre de preocupaciones, sin cuidados, pero un molinero estaba cerca y el ruido del molino incomodaba al Rey. El Rey quiso comprar el molino y el molinero se negó. El Rey lo llamó a su presencia y le dijo: «¿sabes lo que estás haciendo? Te estás oponiendo al Rey de Prusia». Y el molinero le respondió: «Majestad, ¡hay jueces en Berlín!».

Ojalá podamos nosotros decir, y va a depender de ustedes en gran parte, sin que nosotros neguemos nuestra responsabilidad, ¡hay jueces en Venezuela!, y cuando en Venezuela el ciudadano sepa que el Juez lo ampara, entonces se salvará definitivamente el Estado de Derecho.

Muchas gracias.