Recorte de El Universal del 1 de noviembre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Las elecciones en Nicaragua

Artículo para ALA, tomado de su publicación en el diario El Universal, el 1 de noviembre de 1989.

El proceso electoral abierto en Nicaragua para elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los miembros de la Asamblea Nacional (unicameral) y de los órganos municipales, abre expectativas y genera esperanzas, pero provoca también angustias, inquietudes e incertidumbres.

Hay un hecho palpable: el Gobierno sandinista aspira demostrar que representa inequívocamente la voluntad popular, y con ello se propone liquidar la guerra civil que ha venido sufriendo el país y normalizar sus relaciones con los demás países de América Latina y con los Estados Unidos. Los acuerdos de Esquipulas y de Tela han sido la base sobre la cual se ha montado el aparato electoral que anticipó casi un año la fecha inicialmente prevista y establecida por la Constitución. Se ha dicho que Nicaragua parece estar pasando de la «cubanización» a la «polonización». ¿Es una realidad o una ilusión?

La reforma del sistema electoral tomó en cuenta, en el aspecto técnico, las experiencias y consejos de otros países del continente, entre ellos Venezuela, y quizás también de Europa. La apertura ha confrontado la aceptación de un debate político que por ambos lados toma a veces caracteres muy duros, y la convocatoria para que se registren todos los nicaragüenses mayores de dieciséis años, residentes en el país, y los que estén fuera por razones de salud, de estudios, de negocios o de recreación, los cuales pueden inscribirse en los consulados respectivos, pero deberán ir a Nicaragua a votar en la fecha fijada, el 25 de febrero de 1990.

Durante cuatro domingos de octubre se inscribieron cerca de un millón setecientos mil electores, lo que constituye, según la apreciación oficial, más o menos el noventa por ciento de la población que se estima apta para votar. Es de advertir que en Nicaragua no se hace un Censo Nacional desde hace más de veinte años; que durante la década del Gobierno sandinista ha salido del país gran cantidad de exiliados, a quienes se confiscaron sus propiedades y hasta sus viviendas, y que no hay tampoco un sistema nacional de identificación, por lo que para inscribirse basta cualquier documento que pueda acreditar identidad.

El Gobierno, estableciendo un precedente mundial, ha invitado observadores, no sólo para el acto de la votación, sino para el proceso que lo antecede. La Organización de las Naciones Unidas tiene un equipo de observación instalado en el país (Onuven) dotado de buenos vehículos y de un personal, si no demasiado numeroso, por lo menos suficiente para estar presente en las 9 regiones en que se halla dividido el territorio. La Organización de Estados Americanos tiene también su propia estructura,, quizás más numerosa que la de la ONU, para la misma finalidad. Ambas se desenvuelven según las instrucciones de los secretarios generales respectivos, Pérez de Cuéllar y Baena Soares.

En cuanto al Consejo de ex presidentes y jefes de gobierno democráticamente electos, creado en una reunión del Centro Carter en Atlanta con el propósito de colaborar con el establecimiento y desarrollo de la democracia en el hemisferio, ha sido invitado también, tanto por el propio Gobierno como por la Unión Nacional Opositora, para observar el proceso. Es justo reconocer que el ex presidente Jimmy Carter ha manifestado una preocupación mayor y más constante por la democracia latinoamericana que cualquier otro de los ex presidentes de Estados Unidos; y los otros ex jefes de Estado y de Gobierno que participamos nos hemos manifestado dispuestos a dar nuestra aportación en la medida y circunstancias en que pueda ser útil.

Una norma de nuestro Consejo, en la observación del proceso, es la de no tomar partido por ninguno de los contendores en la lucha electoral, y también la de trasmitir a las partes observaciones y quejas que se nos planteen; así como la de no emitir opiniones aventuradas en un sentido u otro. Debemos cuidarnos de caer en optimismos exagerados o en pesimismos inconvenientes. Nuestras opiniones han de retener peso por su contenido ético; tenemos que esforzarnos en lograr la mayor rectitud en nuestros juicios; todo ello con el sano propósito de contribuir a que este proceso constituya un paso verdaderamente efectivo hacia la libertad y la democracia en el país de que se trata y hacia una paz estable en el área centroamericana y en todo el continente.

Debemos reconocer que el mecanismo de inscripción que observamos funcionó con bastante normalidad. Alguna región fue excepción, lo que el Gobierno atribuye a la presencia agresora de elementos contrarrevolucionarios. De allí el ofrecimiento de abrir un quinto domingo de inscripción para aquellas juntas receptoras de votantes donde el registro no funcionó. Yo, personalmente, temo que el problema podría estar, más que en el hecho aparente de no haberse facilitado la inscripción de contingentes rurales supuestamente inclinados a votar contra el Gobierno, en la posibilidad de inscripción múltiple de algunos electores, usando diferente identidad. Cuando hicimos este señalamiento se nos respondió «con la tinta indeleble que marcará el dedo de quienes hayan votado se impedirá ese fraude». La tinta se espera de Venezuela; se desea que para cada mesa de votación vaya un frasco debidamente sellado (y se nos inquiere el grado de seguridad que ella ofrece para impedir que un elector vote más de una vez).

Pero ello, a mi entender, no es lo de mayor importancia. Lo que sí lo es verdaderamente es que a los candidatos del Gobierno los asisten todas las ventajas. En diez años de régimen fuerte se han creado estructuras en todo el país, incomparablemente superiores a las que pueda organizar cualquier grupo de oposición, manejadas por gente joven y despierta, en gran parte de formación universitaria y con experiencia militar. El propio Ejército Nacional se denomina «sandinista», es decir, el mismo nombre del partido oficial: ese ejército va a votar y algunos estiman en 200.000 el número de sus integrantes.

La cantidad de nicaragüenses en el exilio es grande: los cálculos van desde 30.000 en la frontera con Honduras y 30.000 en la frontera con Costa Rica, hasta varios cientos de miles en Miami. Por supuesto, ellos no van a votar.

Los candidatos a presidentes y vicepresidentes son el mismo Presidente y el mismo Vicepresidente en ejercicio. Ello no se concibe en ningún otro país de América Latina, salvo Cuba y, por ahora, Paraguay. Se argüirá que en la democracia norteamericana hay reelección; pero por una sola vez, hasta un máximum de dos períodos de a cuatro años cada uno. Y en los Estados Unidos ha habido voces como las de los ex presidentes Johnson, Nixon y Carter, que opinaron que convendría suprimir la reelección y cambiarla por un solo período de 6 años. Los latinoamericanos consideraríamos un grave ventajismo el que el jefe de Estado se lanzara como candidato para un nuevo período inmediato. Por ello lo hemos prohibido en casi todas nuestras constituciones.

Los órganos electorales no están balanceados. El Consejo Supremo Electoral fue nombrado por el Presidente de la República; los Consejos Regionales por el CSE, y así sucesivamente. Tengo la impresión de que la presencia de la oposición es en ellos más simbólica que real. No puedo afirmar que estén procediendo de mala fe; al presidente del CSE, que fue rector de la Universidad, lo considero digno de aprecio; pero lo cierto es que los órganos con facultad de decisión tienen una composición evidentemente inclinada hacia el Gobierno. No obstante, los voceros de la oposición se muestran aparentemente confiados en que van a ganar. Dicen que la población, ante la mala situación existente, les va a dar la victoria. Esgrimen encuestas, mientras el Gobierno invoca las que lo favorecen; y realizan actos populares que los entusiasman.

Los observadores de la ONU y de la OEA están condicionados por la naturaleza de los organismos que los envían. Nuestro papel aparece, por ello, más independiente. Quizás las dos partes podrían tener hacia nosotros algún recelo: el Gobierno, por pensar que nuestros antecedentes políticos nos pueden hacer demasiado críticos y exigentes, y la oposición, por temer que podamos prestarnos a servir de instrumento para justificar una situación discutible.

Confío en que ni una ni otra cosa ocurrirá. El presidente Carter y los otros ex presidentes que hemos tomado parte en el asunto tenemos clara idea de la situación y de nuestra responsabilidad. Deseamos sinceramente que estas elecciones definan seriamente un sistema de plena y verdadera democracia.

Queremos convencernos de que el Gobierno sandinista está lealmente dispuesto a perder las elecciones  si el voto mayoritario del pueblo, real y limpiamente lo decide; de que, en caso de perder las elecciones va a entregar el Poder, y en caso de ganarlas, a dar absoluto respeto y garantías democráticas a la oposición democrática. No queremos forjarnos ilusiones, pero tampoco debemos renunciar a esta esperanza. Al fin y al cabo es importante lo que se está jugando, no sólo para Nicaragua y para Centroamérica, sino para el hemisferio y para el mundo.