La encrucijada de la corrupción
Recorte de El Universal del 6 de marzo de 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La encrucijada de la corrupcíon

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 6 de marzo de 1991.

 

El drama de la corrupción, que ha invadido todos los sectores sociales y concretamente el de la dirigencia política, es tan grave y doloroso para el país que me cuesta referirme a él. He evitado valerme del tema en el debate político porque sé lo lesivo que es para la comunidad; además, he observado que la opinión púbica tiende a caer más y más en un peligroso escepticismo, porque piensa que quienes atacan la corrupción, con frecuencia lo hacen para denunciar a otros y tapar su propia tolda, y que las denuncias nunca quedan en nada, salvo algunos raros casos en que se logra comprobar hechos dolosos por acusación o infidencia de personas que estuvieron mezcladas en su realización.

En días pasados, sin embargo, en una visita a San Juan de Los Morros no pude dejar de referirme al asunto. El ambiente prácticamente lo reclamaba. No hablé en función de denunciante, sino de miembro y fundador de un partido lesionado por el mal endémico. Reconocí que él no ha sido inmune a la corrupción; y expresé que me erizo cada vez que oigo rumores de que se adoptan posiciones acomodaticias por el interés que algunos tienen en determinadas operaciones o en contratos de obras con el sector público.

Ante estas palabras, pronunciadas en la casa de Copei, podían caber dos actitudes: o preocuparse seriamente y disponerse a hacer las averiguaciones pertinentes por si fuere posible aplicar medidas correctivas; o tomar la pose farisaica de supuestos portavoces de la honestidad para increparme en forma agresiva y hasta grosera, demandando que se formalicen y personalicen denuncias y se ocurra ante los tribunales, so pena de ser considerado encubridor e irresponsable.

Es lo mismo de siempre. La gente se da cuenta de que las respuestas conminatorias sólo buscan dejar las cosas como van. Yo usé la palabra rumor, que según el diccionario de la Real Academia es «voz que corre entre el público», y estoy absolutamente convencido de que los rumores que yo he escuchado los han escuchado también esos que han pretendido conminarme. De no ser ciertos, lo que procedería sería demostrar su falsedad. Ello es más necesario si hay quienes ostentan un nivel de vida que no corresponde a los ingresos que se les conocen. Pensar en denuncias judiciales sería ingenuo. El doctor Jesús Petit Da Costa , quien estuvo durante cinco años en el Consejo de la Judicatura, acaba de escribir en El Universal: «El sistema judicial no se ha ideado y concebido para impartir justicia, sino para negarla. Es un sistema diabólico construido para que la justicia se extravíe por los vericuetos de la leguleyería».

Si algunos voceros del cogollito de mi partido adoptaron la actitud referida, en Acción Democrática no se resignaron a no sacar provecho. Saltaron jubilosos a decir que pedirán en el Congreso una investigación. Su propósito era evidentemente señalar que si connotados dirigentes de su tolda han sido acusados de corrupción, ellos no son los únicos corruptos. Triste argumento, cuyo solo efecto es acentuar en el ambiente la mala imagen de la dirigencia política.

Si ambos partidos tuvieran en verdad el propósito de averiguar lo que haya de cierto en el rumor público, podrían dotar a la Fiscalía General y a la Contraloría General de la República de recursos suficientes para que, a través de funcionarios imparciales, examinaran los contratos otorgados en los últimos años por organismos administrativos e investigaran las actividades de los contratistas y sus relaciones con dirigentes políticos. Pero ya se sabe que esto no lo harán. Todo quedará en nada.

Sin embargo, debería al menos pensarse en medidas que para el futuro hagan menos fácil el abuso que corrientemente se practica, que comienza por pedir al contratista un porcentaje para el financiamiento del partido y termina por asegurar una tajada personal a los representantes de los mismos; cosa que nunca se logrará probar porque el mismo origen ilícito de los fondos hace casi imposible la investigación.

La Ley de Licitaciones, si se lograra aplicar en su espíritu y en toda su plena intención, podría ayudar en algo. Pero también podrían contribuir algunas medidas que pueden considerarse en una próxima enmienda constitucional. Tengo el propósito de llevarlos al seno de la comisión bicameral que estudia las posibles mejoras a la Carta. Uno se refiere al artículo 114, que trata de los partidos políticos; porque se ha planteado en el seno de la comisión la conveniencia de precisarlo mejor para hacer más «transparente» su funcionamiento. ¿Por qué no prohibir a sus dirigentes participar directa o indirectamente en empresas que contraten con entidades del sector público? Otra medida sería la de ampliar el artículo 124, cuyo análisis ha sido planteado también. Se puede establecer que nadie que esté al servicio de la República, de los estados, de los municipios y demás personas de derecho público podrá tener participación directa o indirecta en empresas que contraten con ellas, e igualmente podría ampliarse el artículo 160, especificando que quienes contraten  con los entes públicos pueden ser sometidos a investigación en cuanto al destino de los fondos percibidos por esos contratos.

Quizás argumenten que aun esto sería inútil. Que por severas que sean las leyes, siempre encontrarán cómo evadirlas los que están dispuestos a incumplirlas. Pero por lo menos se haría más difícil y riesgoso para ellos continuar una práctica viciosa que tanto daño le está haciendo a la vida institucional de la República.

Por lo demás, todo el mundo sabe que lo que dije en el Guárico, dolorosamente, es verdad. Esos rumores existen y no están confinados a pocas personas. El viejo adagio procesal de «público y notorio» se escucha con frecuencia. Ojalá estemos sinceramente dispuestos a luchar para erradicar el mal. Declaraciones recientes del presidente de Copei, Hilarión Cardozo, hacen pensar que hay la intención de moverse en ese sentido. Sinceramente lo deseo.