Recorte de El Universal del 22 de mayo 1991, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Privatización o desnacionalización?

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 22 de mayo de 1991.

Yo no soy enemigo jurado de la privatización. Debo aclararlo, porque en el momento actual quien se atreve a expresar opiniones diferentes de las que con monótono acento de letanía y con expresión dogmática se repiten, corre el riesgo de ser calificado de opositor a lo que se supone constituye la «modernización». Repito, no soy enemigo jurado de la privatización, pero tampoco soy fanático de ello. No me han convencido de que entregándole todas las empresas e institutos autónomos del sector público al capital privado nacional e internacional (el último predomina, porque el doméstico no alcanza) se solucionen los problemas del país.

Para comprobar que no soy enemigo de la privatización, ya que no basta solamente afirmarlo, voy a citar algunos hechos:

1. Cuando asumí el gobierno, por ejemplo, quienes se habían opuesto en el período anterior a la venta del hotel Tamanaco al sector privado, me pidieron que deshiciera la operación y readquiriera el hotel para el Estado. Me negué a hacerlo, porque, sin entrar a juzgar las circunstancias de la operación, no veía razón para que destináramos partidas del gasto público a asumir de nuevo la propiedad de un establecimiento que por su naturaleza corresponde más a la actividad particular que a la estatal.
2. Encontré a Viasa como una empresa mixta, creada durante el gobierno del presidente Betancourt, y así la mantuve, esforzándome en que las relaciones con los accionistas privados fueran excelentes. Mi sucesor, el presidente Pérez, eliminó la participación privada, y ahora ha dispuesto privatizarla toda.
3. Autoricé la creación de Venalum, una empresa cuyo capital lo aportaban inversionistas japoneses en un 80%, con la cláusula de que en cualquier momento podríamos adquirir todo o parte de esa inversión, al precio de inventario. Mi sucesor se mostró ufano de cambiar la relación, asumiendo el 80% (con dinero prestado que no hemos pagado todavía y por el cual hemos pagado y estamos pagando cuantiosos intereses). Ahora se anuncia el propósito de privatizarla.
4. Autoricé un ensayo, que resultó feliz, de participación de inversionistas zulianos en las industrias derivadas del complejo petroquímico de El Tablazo. Y me complace aseverar que en los desarrollos mixtos en materia de viviendas para familias de clase media, autorizados por mi Gobierno, tuvieron excelentes resultados.

Creo en el papel insustituible de la iniciativa privada en la vida económica. Por ello he manifestado categóricamente mi convicción de que no hay motivo para mantener suspendidas las garantías económicas.

El régimen económico de la Constitución se orienta a una justa y armónica integración de la iniciativa privada y el papel del Estado y debe mantenerse. El Estado no sólo es responsable del bien común, sino dueño de la mayor riqueza que existe en el país. No se puede olvidar que por ser suyo el petróleo, está obligado a dedicar una parte por lo menos de lo que obtiene por la venta del mismo (que es un proceso de descapitalización) a inversiones que protejan a las generaciones futuras, para cuando el combustible no juegue el papel que actualmente desempeña en la economía nacional.

Cuando oigo decir que es necesario privatizarlo todo, pienso que se debe averiguar en cada caso las razones que así lo indican. La de que el Estado no tiene por qué ser hotelero, o banquero, o dueño de centrales azucareros, es a primera vista irrefutable, aun cuando la Historia –maestra de la vida– revela que si el Estado construyó hoteles o centrales fue porque la iniciativa privada no alcanzó a crearlos en cantidad y tiempo oportunos, y si asumió bancos fue porque sus propietarios los manejaron mal, con daño de la colectividad, o porque se necesitaban institutos de crédito para servir en forma razonable a sectores productivos de fundamental importancia.

Otra razón que se da, bastante grave por cierto, es la de que las empresas del Estado, creadas para producir beneficios, han sido pésimamente manejadas y se han convertido en algunos casos en colmenas de clientelismo partidista, en espejo de ineficiencia gerencial y en pozos de creciente corrupción. Ante el déficit que estas causas generan, no se encuentra salida más fácil que soltarlas como clavos calientes y entregarlas al mejor postor. Y si el precio es muy alto, no hay otra posibilidad sino la de acudir a medios financieros internacionales.

Dentro del proceso privatizador ocurren cosas que no se alcanza a comprender. ¿Por qué se considera urgente privatizar hoteles que dan utilidades y que el sector público no maneja, ya que su gerencia la realizan corporaciones internacionales especializadas en el ramo? En los hoteles Hilton, Meliá, Intercontinental, Sheraton, aunque el propietario sea el sector público, no se puede decir que el Estado sea «hotelero» porque la función administradora está en manos privadas. Lo lógico sería empezar por los hoteles que el sector público maneja, algunos de ellos bastante mal.

Pero hay empresas del Estado en las cuales «privatizar» es más bien «desnacionalizar». Son aquellas en las cuales el traspaso se hará de las manos del Estado venezolano a empresas de Estados extranjeros. Yo no me opondría a que Viasa se asociara con KLM o con Iberia, pongamos por caso, pero me pregunto si no sería preferible hacerlo sin anunciar una supuesta «privatización» ni sacar el control de la empresa de las manos en que debe estar.

Estoy convencido de que los dogmas son siempre funestos en materia económica, y de que la economía debe tener la realidad por soporte y por norte el sentido común. Durante el gobierno del presidente Pérez se quería nacionalizarlo todo; ahora se quiere privatizar lo que se nacionalizó, y algo más. Vamos dando bandazos, de un extremo a otro.

El dogma de que el sector público no sabe administrar  y el sector privado sí, no responde a una verdad absoluta: hay no pocos ejemplos de casos en que la gestión pública fue eficiente y honesta y otros en los cuales la gestión privada ocasionó grandes perjuicios porque dejó mucho qué desear.

Nada más perjudicial que esos teoricismos extremos, entre los cuales se nos quiere obligar a bambolearnos. Hay que recuperar el sentido común, y debemos estar alertas ante una literatura que califica de «nacionalismo trasnochado» la defensa de derechos inmanentes de la nación. No es hacer «arqueología política o económica» sostener instituciones y conductas que han sido resultado de un proceso difícil y costoso, para afirmación de la propia identidad. ¡Cuidado, si bajo la consigna de la «privatización» se mueven intereses que, poniendo a un lado los intereses colectivos, nos conducirían peligrosamente a una situación de dependencia cuyas consecuencias serían trágicas para el país!