El 27 y las elecciones

Columna de Rafael Caldera «Panorama venezolano», escrita para ALA y publicada en diversos diarios, entre ellos El Universal, del cual extraemos su texto, del 2 de diciembre de 1992.

El 27 fue un día infortunado para Venezuela. A los venezolanos nos dejó un amargo sabor en la boca. La pérdida de vidas humanas, los destrozos materiales, los daños considerables a nuestra Fuerza Aérea, constituyen motivo de dolor y vergüenza para la comunidad nacional. Los protagonistas de la acción han tenido un repudio total. Como lo expresó el general Ochoa Antich, si los del 4 de febrero sufrieron un fracaso militar, pero obtuvieron un éxito político, el fracaso de los del 27 en ambos aspectos fue absoluto.

Hubo actos de barbarie de ambos lados. Cuando el hombre se sale de sus cauces, con frecuencia despiertan en él los instintos brutales. El fracaso de la intentona fue recibido con alivio por la ciudadanía, que no ha perdido el recuerdo ancestral de las funestas consecuencias de los actos de fuerza.

Todo ello es una dolorosa secuencia de la situación insostenible que el país atraviesa. Por lo demás, el planteamiento y desarrollo del golpe es todavía incomprensible. Es difícil pensar que oficiales de alta graduación, con una hoja de servicios meritoria, se hubieran aliado con aquellos exaltados cuya aparición televisiva contribuyó a provocar el repudio general. El bombardeo absurdo y torpe, con peligro para la población civil, el vuelo supersónico que estremeció el ambiente y rompió cristales, no podían tener otro efecto que atemorizar a la gente, con resultado adverso para sus ejecutores. En fin de fines, no se ve claro el objetivo perseguido. ¿Derribar el Gobierno? ¿Cómo? ¿Para qué? Esto ha quedado en la nebulosa de las indefiniciones. Y la evasión final de los jefes del levantamiento de la Base Libertador fue un desenlace melancólico. El país todavía espera conocer una versión cabal y exacta de lo ocurrido, sus antecedentes y derivaciones. Hay no pocas contradicciones en los informes oficiales.

A quienes tenemos fe en una salida institucional y nos esforzamos en lograrla, nos perjudica gravemente la tendencia golpista y cualquier brote de la misma. En todas las ocasiones en que he hablado sobre la situación del país he venido insistiendo en que la violencia no es el camino para solucionar esta crisis, cuyas dimensiones son cada vez mayores. Especialmente insisto con los jóvenes nacidos o formados durante la democracia. He luchado, lucho y lucharé por una solución democrática institucional. Por eso puse tantas ilusiones en la Reforma Constitucional, que se ahogó en el pozo de la rutina parlamentaria y fue estrangulada por los cogollos. Insisto en que sólo una concertación nacional puede abrir camino hacia una democracia que no sea corrupta, que garantice el buen funcionamiento de los servicios públicos, una democracia que asegure la plena vigencia del Estado de derecho, que ofrezca seguridad personal y social, una democracia inspirada en la justicia social, que no haga recaer sobre los que menos tienen el peso de una errada política económica, una democracia que aspire a combinar, como lo han señalado voces autorizadas, el desarrollo con la equidad. A nadie perjudicaría más la ruptura del orden democrático que a quienes contaríamos en el grado más alto con la confianza del pueblo en una consulta electoral.

Nos preocupa pensar en cuáles serán los subproductos de la descabellada y funesta jornada del 27. Admitimos la procedencia de la suspensión de garantías, pero insistimos en alertar contra los excesos a que son propensos los funcionarios encargados de aplicar medidas de seguridad. Nos preocupa, por ejemplo, la actitud contra una emisora de tanta trayectoria como Radio Rumbos, o contra un periodista de Panorama, Argenis Bravo. El rosario de quejas es grande. Nos preocupan los amagos de una caza de brujas. Nos preocupa que el triunfalismo del Gobierno se convierta en amedrentamiento para la población.

Pero, sobre todo, hay que reflexionar sobre el hecho de que la intentona ocurrió en la antesala de las elecciones regionales y municipales. El Gobierno se dio cuenta de que la aplicación inflexible del decreto de suspensión de garantías y del toque de queda, mataría el proceso electoral; por eso, inteligentemente, dictó una resolución permisiva de los actos de campaña y aseveró que las elecciones se realizarán normalmente. Ojalá que ese anuncio envuelva un sincero respeto a la actividad legítima de todos los candidatos.

Ahora bien, la cuestión de mayor importancia es ésta: ¿qué efecto tendrán los sucesos sobre la concurrencia a las urnas? Podría temerse que fuera negativo, estimulando la abstención; pero puede ser lo contrario, es decir, que en el ánimo colectivo surja el propósito de rechazar votando masivamente, la amenaza golpista. Los creyentes sinceros en la democracia tenemos el deber de animar a los electores a adoptar esta determinación.

Lo que no es realista es atribuir a estas elecciones el carácter de hecho definitorio de la política nacional. El resultado de los escrutinios no puede constituir la realización del cambio que Venezuela requiere. La inmensa mayoría de los actuales gobernadores y alcaldes aspira a la reelección, y según las encuestas puntean en los porcentajes, con la ventaja de contar con maquinarias cuya importancia relativa aumentaría si fuera alta la abstención, (razón de más para que en las entidades donde el pueblo anhela un cambio, se haga el máximo esfuerzo para la mayor participación de votantes). La reelección de los actuales titulares se debería en algunos casos a que han hecho una buena labor o a que tienen efectivo carisma o a que el pueblo simpatiza con su orientación política; pero en otros, es preciso decirlo, habría que atribuirla a que llevan tres años gastando cuantiosos recursos fiscales en descarada campaña electoral. Por esta última razón hemos expresado siempre una opinión adversa a toda reelección inmediata.

Lo más interesante que debe salir de las elecciones del día 6 es el cambio que el pueblo va a hacer en algunas gobernaciones y alcaldías. La preferencia por los candidatos del cambio indicará hasta cierto punto la inclinación general. Aunque también hay que admitir que será difícil, por lo menos al nivel de las gobernaciones, el triunfo de candidatos sin apoyo de partidos u organizaciones sólidamente establecidos, frente a los que son postulados con respaldo de fuertes maquinarias partidistas. La votación que se obtenga será, no obstante, un indicador importante.

En todo caso, reiteramos sinceramente el llamado a cumplir el deber de votar. Votar contra los candidatos del Gobierno demostrará que el respaldo del pueblo a la democracia no implica conformidad con la política del presidente Pérez. Votar para cumplir un deber, pero sobre todo para ejercer un derecho. Demostrar que el ciudadano no renuncia a ser protagonista en la conquista del futuro. En este largo y a veces desesperante trayecto hacia la recuperación de la confianza no debe desaprovechar ninguna oportunidad para hacer sentir su presencia.