Intervención en el Primer Congreso de Pensamiento Político Latinoamericano (1983)

Boceto de Simón Bolívar para el cuadro Los Causahabientes, de Tito Salas, dedicado por el pintor a Rafael Caldera.

Un modelo de desarrollo propio, cónsono con nuestra identidad nacional

Intervención en el Primer Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano, con ocasión del Bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Caracas, 29 de junio de 1983.

Es muy acertada la idea de aprovechar la ocasión en la que el mundo entero, pero la América Latina en especial, conmemora el Bicentenario del Nacimiento del Libertador Simón Bolívar, para hacer un análisis del pensamiento político latinoamericano que tuvo en él uno de los más iluminados expositores. Y era inevitable que encontrándonos en un año de campaña electoral, se le diera una participación especial a los aspirantes a la Presidencia de la República, para exponer su pensamiento político en el contexto de las ideas expuestas en este Congreso.

Yo considero un alto honor el participar, después de los doctores Jaime Lusinchi, Teodoro Petkoff  y José Vicente Rangel, para hacer un planteamiento general sobre el problema político de Iberoamérica, de América Latina en general, y sobre lo que la situación actual nos plantea a quienes aspiramos asumir la responsabilidad de dirigir la vida de Venezuela en el próximo quinquenio.

Los Libertadores, de alto pensamiento, de profunda visión y de gran sentido de deber, entendieron que la lucha por la independencia debía ser acompañada y seguida por la estructuración de los nuevos Estados bajo nuevas fórmulas políticas. Y esta preocupación la encontramos expuesta en términos dramáticos por Francisco de Miranda, el primer latinoamericano de proyección universal, quien en una carta a Turnbull, muy comentada por el ilustre historiador venezolano Caracciolo Parra Pérez, le dice lo siguiente: «Confieso que deseo tanto la libertad y la independencia del nuevo mundo, como temo a la anarquía y al espíritu revolucionario». Por supuesto que la palabra «revolucionario» en esta carta tiene que tener un significado que no corresponde al propio sociológico de revolución. Desde luego que Miranda fue un ser revolucionario de primera línea toda su vida y consagró a la revolución de independencia sus últimos años, sus últimos pensamientos y sus últimos esfuerzos. Pero había sin duda un amor por la libertad y un temor por la anarquía; y en el Libertador, desde el primer momento, cuando era aún muy joven, aparece esta preocupación de una manera insistente.

En el Manifiesto de Cartagena expresa aquella terrible admonición acerca del fracaso de nuestra primera república, tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados. Sentía una pugna terrible contra el teoricismo desbordado, ese teoricismo desbordado que llegó a armar el puñal homicida contra él en la noche nefasta del 25 de septiembre de 1828 y hasta a hacer estimar como un título de honra, el haber sido septembrino, es decir, el haber sido conjurado contra la propia existencia del Libertador.

Indudablemente que esta preocupación se va acentuando en él a medida que va afianzándose su carrera, pero todavía en Angostura, una pequeña ciudad provinciana que hoy ostenta con orgullo el nombre de Ciudad Bolívar, siente la necesidad de convocar un Congreso, a un nuevo Congreso, después del Congreso venezolano de 1811, y pronuncia el 15 de febrero un discurso que constituye una de las piezas fundamentales, quizás la más fundamental de su concepción política, y uno de los documentos más extraordinarios del pensamiento político en América Latina.

Allí plantea una serie de cosas que repercuten todavía en la conciencia de nuestros pueblos y comienza por esta definición, que quizás no hemos, todavía, analizado en toda su profundidad: el sistema de gobierno más perfecto, dice, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, y mayor suma de estabilidad política. La felicidad del pueblo, la estabilidad política lo acucian y, además, introduce una expresión que los tratadistas de Derecho Social recogen con sorpresa admirativa: es el primer estadista en el mundo que pone la seguridad social como un objetivo fundamental del gobierno. Claro está que ese concepto de la seguridad social estaba en él en germen, pero es realmente una de esas cosas extraordinarias, fascinantes, increíbles en el pensamiento de Bolívar, el que haya adelantado una idea que vendrá a tomar cuerpo en los sistemas de gobierno, ya muy adelantado el siglo XX.

Bolívar plantea, siguiendo la formación del pensamiento liberal francés, como los derechos fundamentales del hombre: la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. Y dice: la felicidad en general, que es el objeto de la sociedad. Repite esta idea que plantea como primer objetivo: la mayor suma de felicidad posible. Y dice, la felicidad en general, que es el objeto de la sociedad, consiste en el perfecto goce de estos derechos. Y llegar a definir la felicidad como un fruto de la justicia: el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.

Bolívar está preocupado por la idea de la división de los poderes, y debemos recordar cuál era el contexto histórico dentro del cual se estaba moviendo. La Revolución Francesa había visto el fracaso del sistema republicano; el bonapartismo primero, la restauración borbónica después, habían creado la impresión de que la República era imposible, en tanto que la monarquía inglesa, con la sabiduría y la sagacidad y el sentido común de los ingleses, mantenía el sistema monárquico, pero a través de él iba permitiendo el ingreso de las estructuras liberales. Si nos olvidamos de esto, no podemos entender el pensamiento político de Bolívar, de Andrés Bello –que vivió 19 años en Londres– y del propio Miranda, que tuvo tanta vinculación con la cultura inglesa.

Pero esa combinación entre una autoridad estable que residía en el jefe del Estado, lleva a Bolívar más adelante, en un documento muy controvertido –el proyecto de Constitución para Bolivia– a proponer la presidencia vitalicia con designación de su sucesor. Un ensayo con tan mala fortuna, que propuesto Sucre para presidente vitalicio, el mariscal de Ayacucho sólo acepta la presidencia por dos años y antes de concluir su mandato se retira, porque se da cuenta de que aquella es una fórmula imposible. Pero en Bolívar aparece mucho la fórmula de Montesquieu, de la división de poderes. Habla no sólo de separación, de división de los poderes, establece que hay que armonizar los poderes: enlacémoslos para unirlos. Y hay una preocupación por la igualdad que tiene una actualidad impresionante. La naturaleza –dice– hace a los hombres desiguales en genio, temperamento y caracteres. Las leyes corrigen diferencias. Esa idea de la legislación como el instrumento para corregir la desigualdad y para buscar esa igualdad a que se aspira, es también –a mi modo de ver– un elemento de mucha presencia en el momento actual en el pensamiento político.

Bolívar, y esto aparecerá también muy claro en Bello, es un apasionado contra las fórmulas demasiado teóricas, contra los esquemas demasiado abstractos. Y sostiene algo que los latinoamericanos quizá no hemos asimilado suficientemente: que la excelencia de un gobierno –dice– no consiste en su teoría, en su forma, ni en su mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para quien se instituye. Es la afirmación nacionalista en que después de señalar los factores reales que deben guiar al legislador, pronuncia aquel apóstrofe: este es el código que debemos consultar y no el de Washington.

Busca, sin lograrlo, un equilibrio entre la autoridad sin tiranía y la libertad sin anarquía. Se desespera por encontrar esas fórmulas, esos mecanismos que garanticen al pueblo el uso pleno de la libertad, pero que al mismo tiempo ofrezcan bases seguras al ejercicio de la autoridad dentro del estado de derecho. Y expresa aquella afirmación tan realista de que son los hombres lo que importa más, hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados, constituyen las repúblicas.

Hay en Bolívar y la encontramos en Bello con igual rotundidad, la afirmación de la importancia de los derechos civiles, aún por encima de los derechos políticos. Es otro planteamiento al que quizás no hemos dado suficiente importancia. Cuando habla de la justicia y la llama la garantía de la libertad civil, califica ésta de la más preciosa, la más justa, la más necesaria, en una palabra, la primera, la única libertad, que sin ella las demás son nulas. El ejercicio de la justicia como dice entonces, es el ejercicio de la libertad, y pone el dedo en un punto muy sensible para la organización posterior de las repúblicas latinoamericanas: esta preeminencia de la justicia, del aseguramiento de las libertades civiles. De allí la importancia preponderante que yo le atribuyo a Andrés Bello en la organización del Estado chileno, cuando se empeña en la elaboración del Código Civil y en la administración de justicia como base fundamental de la democracia chilena, de la institucionalidad de un país que durante tanto tiempo nos ha hecho sentirnos orgullosos del gentilicio latinoamericano.

Y para no extenderme demasiado en el análisis del pensamiento de Bolívar, quiero recordar su concepción de la integración política latinoamericana: la convocatoria del Congreso de Panamá en los propios días en que se estaba asegurando la independencia en Ayacucho, y la afirmación de que era un objetivo por lograr, en la célebre carta a O’Higgins, en que logra la mejor fórmula, la mejor expresión que puede conciliar la soberanía autónoma de cada una de nuestras naciones con la idea de la integración, cuando le dice: Hemos obtenido la libertad, pero ahora nos falta por hacer de nuestros países una nación de repúblicas, una sola, una unidad, un compromiso, una solidaridad, pero una nación de repúblicas, cada una dentro de su propia unidad, dentro de su propia soberanía, dentro de su propia autonomía.

Por supuesto, yo me atrevo a pensar que el horror que Bolívar adquirió por el sistema federal en la primera república de Venezuela, lo llevó a la equivocación de considerar que la Gran Colombia podía organizarse en una forma más unitaria. Su resistencia contra el principio federal fue indudablemente un obstáculo para que se hubiera podido establecer de una manera permanente aquel ensayo formidable de integración, aquel principio de integración latinoamericana.

La Gran Colombia se establece en Cúcuta poco después de la Batalla de Boyacá y dura diez años. Y con diez años de duración y con todo el apoyo de la figura fantástica, formidable, de Bolívar, no se logra sobreponer a la tendencia natural de cada uno de los países integrantes a decidir su propio destino. De manera que el gran dolor que lleva, que lo acompaña en sus últimos días, es el de la disolución de su obra mayor que era la Gran Colombia. Y su último mensaje a sus compatriotas era el de mantener el bien inestimable de la unión.

Pero esta concepción de una nación de repúblicas, quizás habría podido encontrar un camino y todavía está esperando su realización. Andrés Bello, el otro de los grandes venezolanos universales, coincide en mucho con el pensamiento de Bolívar y tiene la fortuna que Bolívar no tuvo: la de vivir muchos años después para poder ver la realización de un proyecto político que contemplaba nuestra idiosincrasia de pueblos. Cuando Bello sale para Chile, Bolívar le escribe a Fernández Madrid que no deje perder a Bello en «el país de la anarquía», porque la inestabilidad era la norma constante en la vida política chilena de aquellos tiempos. Bello tuvo la fortuna de participar al lado de un grupo de hombres eminentes en la estructuración de un Estado democrático, con reconocimiento de la libertad, de los derechos humanos, de la justicia, en medio de las imperfecciones de una sociedad conservadora que, sin embargo, abrió camino para que el pensamiento liberal fuera organizándose y expresándose y se pudiera realizar de manera ejemplar la alternabilidad de los sistemas políticos.

Ahora, en Bello hay dos o tres ideas que rápidamente voy a recordar y que tienen bastante relación con la figura y con el pensamiento de Bolívar. En primer lugar, cuando Bello hace una diferencia en el proceso de la liberación, entre los ideales de independencia y de libertad. La independencia, como resultado de un proceso natural; la libertad, como movimiento ideológico que combate bajo las banderas de la revolución de independencia. Y dice: nadie amó más sinceramente la libertad que el General Bolívar, pero la naturaleza de las cosas le avasalló como a todos; para la libertad era necesaria la independencia y el campeón de la independencia fue y debió ser un dictador. De allí las contradicciones aparentes y necesarias de sus actos.

Bello dice lo mismo que Bolívar: los pueblos son menos celosos de la conservación de su libertad que de la de sus derechos civiles. La mayoría de los políticos latinoamericanos del siglo XIX, y quizás del siglo XX, se han preocupado por los derechos políticos y se han olvidado tanto de los derechos civiles, que han ignorado su importancia, este condicionamiento que nuestros grandes forjadores establecieron.

Y también aquella idea realística, dice Bello: hace mucho tiempo que miramos con completo pirronismo las especulaciones teóricas de los políticos constitucionales. De aquí la duración borrascosa y efímera de algunas instituciones improvisadas, cuyos artículos son otras tantas deducciones demostrativas de principios abstractos, o para un pueblo que careciere de determinaciones especiales que les contrarían o modifican, suposición moralmente imposible.

Bello, como asesor del Estado chileno, como senador, como rector de la Universidad, como director de la política exterior, como editor o redactor principal del periódico «El Araucano», va contribuyendo fundamentalmente y a mí me parece que muchas de las ideas de Bolívar están expresadas en esa conducta, en esa labor arquitectónica que se realizó y que no fue solamente, sin duda, de Bello, sino de una generación verdaderamente digna de reconocimiento, pero dentro de la cual Bello tuvo un gran papel.

Y era una concepción presidencialista, con un Congreso que sirviera de control y moderador, con la separación de los poderes, con una administración de justicia que era objeto de interés predominante, la defensa de los derechos humanos y una obra legislativa que le diera una trabazón, una organización jurídica a los nuevos países.

Con este preámbulo, salto ahora a la experiencia democrática de Venezuela, iniciada hace 25 años y formalizada en la Constitución que entró en vigor el 23 de enero de 1961. Fue un paréntesis largo y difícil; el país que más luchó por la libertad fue el que más sufrió por las tiranías. Esta situación, indudablemente, produjo un gran efecto en los responsables de la dirección del país al iniciarse el nuevo ensayo democrático. Estaban frescas todavía las experiencias de la etapa que se inició imperfectamente de 1936 a 1945, y que tuvo un ritmo especial de 1945 a 1948. Los fracasos, los desengaños, los peligros fueron, sin duda, una advertencia y todo ello se refleja en una Constitución que contiene una mezcla de idealismo y de realismo que tiene una inspiración ideal clara, marcada, proyectada hacia adelante y que lleva en sí misma el resumen de la experiencia, de las dificultades experimentadas y de los fracasos sufridos en oportunidades anteriores.

Esa Constitución, me atrevería a decirlo, constituye el mejor programa político de la Venezuela de nuestros días. Y su proyección no se limita a nuestras fronteras; hay influencia de la Constitución venezolana del 61 en la nueva Constitución peruana. Y muchos observan no pocas repercusiones de la misma en la nueva Constitución de la España democrática.

Tiene un preámbulo que marca todo un programa político y social, donde están las definiciones doctrinarias que inspiran la Carta fundamental. Allí aparece, entre otros postulados, el de considerar la democracia como la única forma de gobierno compatible con la dignidad humana y el de ayudar pacíficamente a su extensión a todos los países de la tierra. Está el de proclamar el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y el de la solidaridad de los países latinoamericanos. Esto después de establecer la preeminencia del ser humano, el fomento de la economía en función del hombre, al servicio del hombre, el postulado de la justicia social, la proclamación del trabajo como el principio fundamental de la vida colectiva; toda una serie de postulados que tienen además, el gran prestigio de haber sido acogidos por consenso, porque todas las fuerzas políticas e ideológicas contribuyeron a la adopción de la Carta fundamental. Fue suscrita por todos los representantes, senadores y diputados de las más variadas corrientes políticas. La única corriente que estuvo ausente fue la corriente dictatorial.

Yo considero que esa es la base fundamental de la política venezolana de nuestro tiempo y de cualquier proyecto político que se elabore. Y siento que si en los días gloriosos de la independencia, las hazañas de los venezolanos y de otros muchos latinoamericanos dirigidos por Bolívar tuvieron tanta influencia, tanta repercusión en el destino de los demás pueblos del continente, hoy, el fortalecimiento, la preservación, la transformación, la renovación dentro de los postulados fundamentales del preámbulo de nuestra Constitución, para Venezuela constituyen un deber frente a toda Latinoamérica.

Esa Constitución tiene entre sus características la de ser una ley fundamental; en cierto modo, lo que llamarían los franceses una «ley cuadro», para ser desarrollada por el legislador de acuerdo con el progreso de los tiempos y con la variación de las costumbres. Pero en su contenido está un hecho fundamental y es que el compromiso generacional, o yo diría, hasta multi-generacional que la Constitución entraña, no tiene un contenido puramente político, sino un contenido netamente social. Hubo algo muy interesante que yo he señalado algunas veces: que la Ley de Reforma Agraria se promulgó antes que la Constitución; simultáneamente se realizó la elaboración, pero estábamos todos convencidos de que así como la nueva experiencia democrática reclamaba la reestructuración y el fortalecimiento de los partidos políticos, al mismo tiempo reclama la reestructuración y el fortalecimiento del movimiento sindical y de los demás órganos representativos de los distintos sectores de la vida social.

Características de esta Constitución y de este pensamiento político son algunas muy importantes: el pluralismo, con una amplitud como creo que no la hay igual en ningún otro país de la tierra. Un puñado de venezolanos puede constituir un partido político con iguales derechos que los demás partidos políticos y basta que una organización política obtenga en todo el país una suma de votos que alcance al cociente nacional para elegir un diputado, para que tenga su representación en las Cámaras, que la ejercerá el que haya sido postulado por la circunscripción donde ese grupo haya obtenido mayor número de votos.

Ese pluralismo democrático representa uno de los elementos esenciales de la realidad política venezolana de nuestros días y no solamente se expresó en la organización de los cuerpos políticos, sino que por circunstancias que yo considero muy felices, se expresó en el movimiento sindical, porque aniquilado el sindicalismo a través de la dictadura, cuando se fue a reconstituir el movimiento sindical, su reconstitución estuvo a cargo de un comité nacional y de comités regionales plurales, integrados por representantes de las distintas corrientes. Y se estableció el principio de la representación proporcional en las elecciones sindicales, lo mismo que se estableció el principio en las elecciones políticas. De modo que son raros los organismos sindicales que tengan representación de una sola corriente; siempre la representación proporcional permite y hasta favorece la presencia de grupos distintos, de distinta orientación ideológica que los que tienen el control de la mayoría.

Desde luego, la democracia venezolana actual es una democracia de partidos; la Constitución no habla de ellos, sino sólo en una rápida mención al definir los derechos políticos. Pero hubo una circunstancia que tampoco me he cansado de mencionar y es la de que cuando la dictadura cayó, los jefes de las distintas corrientes políticas estaban todos fuera del país; apareció una Junta Patriótica que habló en nombre de los distintos partidos y el pueblo la oyó. El pueblo sentía que esos partidos tenían un título para hablarle y ocurrió lo que no sucedió, por ejemplo, en la hermana Cuba, donde cuando desapareció el batistato, no había una voz organizada que pudiera dirigir la marcha del pueblo, sino el movimiento militar que traía el comandante Fidel Castro desde la Sierra, y al que hubo que esperar para que le diera una estructura y un modo de ser a la República.

Aquí, cuando regresamos los que estábamos fuera, encontramos al país andando y a representantes de las fuerzas políticas a las que pertenecíamos, hablándole al pueblo y encontrando en el pueblo una audiencia positiva.

La Constitución es presidencialista y yo quiero insistir en esto, porque a veces se establecen ideales distintos o comparaciones inaceptables. Todos estuvimos de acuerdo en que la constitución real del país, su tradición, exigía una jefatura responsable. En el año de 1958 hubo una tentativa para establecer un gobierno plural y hasta cierta inclinación a aceptarla; yo debo manifestar que siendo uno de los que estaba llamado a ocupar uno de los cargos en ese gobierno plural, con todas las comodidades y sin ningún riesgo, me opuse sistemáticamente porque a mi entender tenía que haber una cabeza responsable ante el país, que asumiera la función de dirigir y de ordenar la marcha hacia la consolidación del sistema democrático. Ese presidencialismo está compensado por un aumento en las funciones contraloras del Parlamento, que en este momento tiene en la Constitución venezolana mayores poderes de los que había tenido nunca en cualquier Constitución anterior.

Algunos constitucionalistas expresan el temor de que haya una invasión progresiva de poderes por parte del Parlamento en relación a la administración, pero la idea fundamental es esta designación de un funcionario elegido directamente por el pueblo, que nombra sus ministros, los cuales pueden ser removidos por un voto de censura de Cámara Baja sólo si este voto de censura obtiene el voto calificado de las dos terceras partes; porque a los redactores de la Constitución nos preocupó la posibilidad de que a cada momento una mayoría circunstancial pudiera estar imponiendo cambios que podrían disminuir la autoridad y la estructura del gobierno.

Rafael Caldera en 1983.

No voy a extenderme ya más sobre esto, pero el realismo de la Constitución se expresa en un artículo curioso. En Venezuela hubo una guerra civil de cinco años, entre 1859 y 1864, por el sistema federal. Una guerra civil que en realidad era más bien por la desaparición de privilegios, por la abolición de castas, era una lucha del movimiento liberal contra el régimen conservador. Triunfó el liberalismo y su jefe, en un momento dado, parece que afirmó –es un hecho históricamente comprobado–: «Como los contrarios dijeron centralismo, nosotros dijimos federación; si ellos hubieran dicho federación, nosotros hubiéramos dicho centralismo». Pero, al fin y al cabo, hay un sentimiento federal. Pues bien, la Constitución eludió el problema mediante un artículo que dice: «La República de Venezuela es un Estado Federal en los términos establecidos por la presente Constitución». Como no hay ningún texto dogmático que defina lo que es federación, es la Constitución misma la que va definiendo el alcance de nuestro sistema «federal».

Ahora, a los 25 años de nuestra experiencia democrática, sentimos una terrible responsabilidad y admitimos que la democracia venezolana está en deuda con el país.

Y allí está la parte en que pudiéramos hablar del pensamiento político que en este momento debo expresar como candidato a la presidencia de la República. Yo soy demócrata cristiano; tengo un libro escrito intitulado «Especificidad de la Democracia Cristiana», donde establezco los elementos que a mi modo de ver integran la concepción demócrata cristiana: el predominio de la dignidad de la persona humana, el pluralismo ideológico, el pluralismo social, la defensa de las instituciones mediante el cambio de las estructuras, el comunitarismo entendido en la forma debida –muchas veces calumniado–, la participación, la democracia orgánica, la subsidiaridad, el contenido ético de la política, la idea del bien común, la perfectibilidad de la democracia por la democracia misma, la idea de justicia social, la idea de la propiedad en función social. Pero entiendo que en el momento actual para Venezuela, y quizás para toda Latinoamérica, el proyecto político desborda las fronteras ideológicas; tenemos que responderle a nuestros pueblos, tenemos que responder a la inquietud que nos dejaron nuestros libertadores con el fortalecimiento del sistema democrático a base de la libertad, con la transformación de nuestra sociedad orientada por la justicia, con la dinamización del sistema y con una vinculación más efectiva entre Estado y sociedad.

Por eso creo que Venezuela, la democracia venezolana, sobre la cual están puestos los ojos de nuestros hermanos, requiere una mayor eficiencia gerencial. Tenemos que demostrar a nuestros pueblos y a todos los pueblos del mundo que la democracia puede ser y debe ser un sistema de gobierno tan eficiente, o más eficiente que cualquier otro. El fracaso de los gobiernos de facto en países tan cultos como los del Cono Sur, viene a demostrar que no constituyen ellos una garantía de eficiencia ni una solución para los problemas.

Pero lo más importante dentro de este proceso –que tiene que ir a la regionalización, a la descentralización, a la simplificación de la burocracia, a la concepción de la carrera administrativa, no como un simple instrumento de protección del funcionario ineficiente o irresponsable, sino de protección, de fortalecimiento del papel que al funcionario le incumbe en el Estado, a la adaptación de sistemas que en el mundo de la informática respondan con rapidez y precisión a las demandas y a las exigencias de los particulares; a la redistribución de las competencias, a la reformulación de los objetivos, al reajuste de una administración descentralizada que va devorándolo todo, al enfrentamiento de un Estado que crece de una manera ocasional, epiléptica, que va aumentando sus servicios para que sirvan menos, que va aumentando sus gentes para que rindan menos, que va atendiendo a una cuestión aquí y otra allá – es que tiene que ponerse en función de una modernidad dinámica, transformadora, renovadora y, fundamentalmente, algo en lo que creo que estamos todavía a pie: no hemos logrado, aunque lo hemos reclamado muchas veces, un modelo de desarrollo propio, cónsono con nuestra identidad nacional.

El desarrollo en América Latina no puede ser una copia al carbón del proceso de desarrollo de los países industriales; las circunstancias cambiaron, los tiempos pasaron y los objetivos no nos satisfacen. Tenemos que lograr, con la participación efectiva de la población, el enfrentamiento del problema de la marginalidad que para países como Venezuela se hace mucho más delicado y difícil, porque nuestro principal renglón económico, que es el petróleo, no le da ocupación estable sino a menos del uno por ciento de nuestra población activa, lo que genera una presión constante para que se creen con el petróleo ocupaciones indirectas, a través de la burocracia, que crece hasta límites que ya están por encima de las propias posibilidades nacionales.

Tenemos que enfrentar este problema en una población nueva que crece, que se transforma, que se educa, porque yo sostengo que la revolución social que se ha hecho en Venezuela en los últimos años es la revolución educacional. Tenemos un porcentaje de hijos de obreros y de gente común en las universidades, en las escuelas técnicas y en los liceos, mucho más alto que cualquier otro país del mundo, incluyendo los países socialistas como la Unión Soviética o la República Popular China. Tenemos realmente una población que se capacita y que quiere progresar y tenemos la amenaza alarmante, inquietante, de un desempleo de los egresados universitarios que en este momento no encuentran ni reclaman ocupación sino del Estado y se enfrentan con que el Estado ya no puede más garantizarles su atención. Hay que lograr esa transformación en un momento en que la crisis mundial puede ayudar a abrir los ojos de las grandes potencias. Ojalá que lo que está pasando en el mundo conduzca en Belgrado a algunas soluciones positivas, en un momento en que la humanidad entera está embalada hacia situaciones imposibles.

Esta búsqueda del modelo propio de desarrollo, del cual mucho se habla, no se va a lograr simplemente porque construyamos más centrales hidroeléctricas, y más plantas siderúrgicas, y más complejos industriales de cualquier naturaleza. Por lo demás, éstos no pueden ofrecer empleo sino en proporción cada vez menor, porque la tecnología marcha aceleradamente hacia la automatización y el factor hombre va tomando menor importancia ante esas actividades capital-intensivas y cada vez menos trabajo intensivo. Este desafío lo tenemos, pero debemos recordar como algo fundamental que cualquier objetivo que se persiga fuera de la libertad es ilusorio y que no es la filosofía sino la realidad política la que nos obliga a fortalecer la libertad, a lograr la participación popular y a tratar de llegar a lo que decía Simón Bolívar: a un sistema de gobierno que ofrezca la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política.

Yo por eso, en esta ocasión, cuando me invitaron a exponer el pensamiento político de la democracia cristiana, observé que en la situación en que me encuentro, en la tarea que he asumido, manteniendo, proclamando y ratificando mi formación ideológica y mi concepción demócrata cristiana, creo que lo que a este país y a los países de América Latina en este momento les interesa, no es un pleito académico entre la democracia cristiana y las otras corrientes del pensamiento político, sino un enfrentamiento de la realidad para poder fortalecer nuestra soberanía, lograr nuestra independencia, alcanzar el desarrollo, tratando de obtener de todas las corrientes del pensamiento lo que ellas puedan aportar y tratando de lograr la suma de todas las capacidades y de todas las idoneidades posibles, para que no volvamos a caer en el drama terrible que algunas distinguidas personalidades asistentes a este Congreso han llamado la «ley del péndulo». El péndulo, que diría Arciniegas, entre la libertad y el miedo, entre la democracia y el régimen de fuerza, entre un militarismo desbordado y una demagogia política también desbordada y que no llega a asentarse.

Uno de los grandes secretos de que esta experiencia democrática en Venezuela, después de tantos fracasos a través de la historia, se haya fortalecido, es un entendimiento cabal del papel de las Fuerzas Armadas, tanto por parte de los dirigentes civiles como por parte de los dirigentes militares. Que ellos entienden la dignidad y la importancia de su papel dentro de la profesión que han escogido y que los dirigentes políticos entendemos la consideración y el respeto que esas Fuerzas necesitan y merecen. Porque a través de la historia de América Latina hemos pasado del ditirambo al insulto: o las Fuerzas Armadas son la clave de todos los bienes o la causa de todos los males. Hemos superado esa situación en Venezuela, y yo creo interesante, en este Congreso en que estamos analizando el pensamiento político en América Latina a través, o con la inspiración, del pensamiento político de Simón Bolívar, que esta fórmula se acepte, se comprenda, se aplique, porque es indispensable para que dejemos de andar de fracaso en fracaso, de ilusión fallida en ilusión fallida.

Creo pues, que esta es la exigencia del momento actual y que la reforma del Estado debe orientarse por la experiencia más que por la teoría. Pero que objetivos fundamentales a lograr son el fortalecimiento de la libertad y la garantía efectiva de los derechos humanos; la consolidación de la administración de justicia como un instrumento equitativo, serio e imparcial que distribuya a cada uno o que en verdad le corresponde, y el impulso social, la renovación, el cambio profundo que enfrente esa terrible y constante lacra de la marginalidad, que no es culpa de nadie, sino que es resultado de factores que marchan con mucha rapidez y que nos están planteando una sociedad distinta en momentos en que a veces nos aferramos a fórmulas que corresponden a la sociedad del siglo XIX.

Para esto necesitamos un gran consenso, una gran armonía, un gran deseo de poner los intereses comunes por encima de las visiones de individuos o de grupos. Y si esto lo hicimos en 1958 y tuvimos éxito, yo creo que hoy estamos más obligados; porque para América Latina, la democracia venezolana, y su eficiencia, y su justicia, son elementos referenciales que sirven para encender esperanzas en los pueblos que están todavía atravesando el oscuro túnel del despotismo y de aliento para aquellos que están ejerciendo aunque de manera imperfecta su libertad, y desean consolidarla y fortalecerla.

Yo creo que éste sería el mejor homenaje que podríamos rendir todos a Simón Bolívar en los 200 años de su nacimiento.