Rafael Caldera ante el pleno de las Cortes Generales de España (1996)

Rafael Caldera en las Cortes Españolas. Madrid, 25 de septiembre de 1996.

Fortalecer la imagen del parlamento

Palabras del presidente Rafael Caldera ante el pleno de las Cortes Generales de España, Palacio del Senado, en Madrid, el 25 de septiembre de 1996.

Tengo una clara percepción de la altísima honra que significa para mí el ser recibido por esta reunión plenaria de los Senadores y del Congreso de los Diputados de España.

Tengo una clara percepción del papel protagónico que el Parlamento español ha tenido en la recuperación plena de sus instituciones y en el establecimiento de una democracia que funciona armónicamente, donde se garantizan las libertades y los derechos humanos, donde se conjugan las autonomías con las exigencias y requerimientos del Estado español, y donde se señalan rumbos para la transformación de la sociedad y para la contribución de nuestros pueblos a la transformación del universo en general.

Ofrezco excusas por no traer un discurso escrito. En realidad, no me esperaba esta reunión plenaria con que me han regalado las Cortes Españolas en esta ocasión y quiero hacer uso del privilegio de haber sido parlamentario toda mi vida. Fui diputado por primera vez cuando tenía 25 años de edad. Estuve muchos años en la Cámara de Diputados, que llegué a presidir. Participé en reuniones de Asambleas Constituyentes, y después, en virtud de la norma constitucional que le da investidura de Senadores a los ex presidentes de la República que hayan ejercido su mandato formal de Ley, al menos la mitad del período constitucional y que no hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, tuve la condición de Senador Vitalicio y, aunque no es un término exacto el usado por la Constitución, así se interpreta. No quise que esta investidura fuera meramente simbólica, para asistir a sesiones solemnes en alguna que otra ocasión, sino que decidí contribuir, en la medida de lo posible, a la obligación que sobre nosotros se estableció al ofrecernos aquella alta tribuna para dirigirnos a nuestro país.

Tuve también el privilegio de presidir la Unión Interparlamentaria Mundial en el período de 1979-1982, y me siento vinculado al Parlamento. Pero no es solamente por esto, señores Senadores, señores Diputados: es que me preocupa la posición del Parlamento como institución, en todas las democracias del mundo.

Cada vez que se cuestiona en alguna forma el sistema democrático, las baterías se enfilan hacia la institución parlamentaria. La responsabilidad que tenemos de mantener vigorosa y firme, actuante y responsable, esta institución, nos obliga a recordarla siempre en ambientes como éste, donde se respira una atmósfera de libertad y de armonía en medio de la pluralidad de opiniones, que es su característica y que ennoblece más la propia institución democrática.

En el mundo, ciertamente y bajo algunas circunstancias –cuando las instituciones atraviesan una crisis- existen, por parte de algunos sectores, una aversión mal disimulada contra el parlamento como institución. Se le echan encima grandes responsabilidades y hasta se llega a plantear una especie de desprecio hacia su funcionamiento. Yo quiero reiterar aquí mi respeto, mi consideración y mi fe en que la institución parlamentaria es elemento fundamental para la construcción de un orden donde la libertad sea siempre reconocida y respetada, y los derechos humanos puedan defenderse y sostenerse con entera posibilidad.

Debo decir algunas cosas, aprovechando el ambiente fraterno que hay para los venezolanos y españoles en este ambiente de libertad. Cuando llegué por segunda vez a la Presidencia de mi país, Venezuela padecía una severa crisis política, económica y moral. Llegó el momento en el cual la opinión pública se manifestaba en contra de todas las instituciones existentes. Hubo alguna ocasión en la cual, hasta el ochenta por ciento (80%) de la población llegaba a pronunciarse porque yo asumiera una actitud en la cual disolviera el Parlamento y las instituciones judiciales y empezara una nueva construcción del país. Esta opinión llegó a plantearse incluso en órganos de prensa de modo reiterado. Yo, convencido de la necesidad de hacer una profunda transformación en Venezuela, me he mantenido firme en la defensa de las instituciones, en el mantenimiento de la Constitución (que fue promulgada el 23 de enero de 1961 y que ha sido la de más larga duración en la historia política de nuestro país) y en la defensa del Parlamento. No dispongo de una mayoría parlamentaria que responda afirmativamente a todas las iniciativas del gobierno. Las fracciones parlamentarias que respaldan al gobierno de una manera sistemática son minoría en ambas Cámaras. Sin embargo, he preferido enfrentar el diálogo, el planteamiento de las situaciones, la necesidad de concertar acuerdos que son salvadores para el sistema democrático, antes que asumir la actitud de dar un manotazo, romper lo que hemos edificado con tanta laboriosidad, con tantos esfuerzos y con tantos sacrificios y mantener la firmeza del texto constitucional, no por haber sido uno de los redactores de la Constitución de 1961 -desde luego que encabecé una Comisión Parlamentaria que ha planteado una reforma general del texto constitucional-  sino gracias a estar consciente por la historia y por la realidad de los hechos de que esta ruptura –que en un momento dado podría ser saludada en forma afirmativa y hasta entusiasta por los pueblos en los cuales se realice- siempre deriva en situaciones enojosas, arbitrarias, al desconocimiento de los derechos y a recomenzar, como en el mito de Sísifo, la labor de reconstruir instituciones que requieren de permanencia, de respeto, de funcionamiento normal para que puedan realmente constituir bases en el funcionamiento y en la conducta de los individuos y de los grupos sociales.

Esta ha sido una lucha indudablemente dura. Sé que mi país quiere un cambio profundo. Por eso hemos propuesto una reforma general de la Constitución, no para quitarle a la Constitución sus atributos, que son verdaderamente dignos de confianza y admiración, sino para ampliar la democracia representativa con una mayor participación del pueblo, a objeto de que la democracia participativa sea el complemento, el apoyo, el refuerzo de la democracia representativa que el texto constitucional establece.

Hemos planteado, en este sentido, como propuesta en la reforma general de la Constitución, cuatro formas de referéndum: el referéndum consultivo que ustedes tienen, el referéndum confirmatorio para ciertas situaciones, y el referéndum aprobatorio para aquellas normas legales que sean contrarias a la voluntad de los pueblos; pero hemos añadido el referéndum revocatorio, para que pueda revocarse, por una decisión popular, el mandato que se haya conferido a cualquier funcionario de cualquier rama del Poder Público que quede en divergencia con los sentimientos y con las necesidades de la comunidad.

Es difícil discutir estos temas. Hemos planteado la reforma de la administración de justicia que es, sin duda, la rama del Poder Público más delicada, la más cuestionada en muchos ambientes de América Latina y quizás en otros países del mundo, y la que requiere de disposiciones más radicales para que logre devolver la confianza plena del público, que es el usuario de la justicia, en quienes están llamados a administrarla. Por eso he propuesto una Alta Comisión de Justicia, integrada no sólo por representantes del estamento jurídico, sino por representantes de los distintos órganos de la sociedad civil, con el propósito de que tenga la potestad de remover de sus cargos a los funcionarios judiciales que hayan perdido la confianza de la comunidad. Porque, obviamente, la confianza del pueblo en la administración de justicia constituye una de las necesidades más perentorias, más exigentes y más urgentes de la vida de la democracia.

Estas cosas las hemos planteado, pero hemos defendido la Constitución. Hemos defendido la institución parlamentaria y hemos defendido el funcionamiento normal de las instituciones y en medio de la crisis severa que hemos atravesado, la cual para algunos historiadores –quizás en forma exagerada y hasta falsa- ha sido la crisis más grave que ha atravesado Venezuela en todo este siglo. Sin embargo, hemos logrado superarla al mantener una institución cuyo prestigio tiene que recuperarse a plenitud, cuyo prestigio es indispensable para que las libertades y el derecho del pueblo a gobernarse sean convertidos en elementos que inspiren plena confianza a los ciudadanos, y que combata el terrible morbo de la abstención electoral que se presenta en algunos Estados o en algunas democracias y que constituye una de las enfermedades más graves del sistema.

Estamos convencidos de la necesidad de transformar las normas jurídicas, tanto en la base constitucional como en su desarrollo en los distintos aspectos y en las distintas clases del derecho. Por cierto, debo decir aquí, que en Venezuela, una buena parte de nuestra conciencia jurídica fue fomentada por distinguidos profesores españoles, que en la época de la diáspora llegaron por fortuna a nuestra tierra y crearon escuela. Después pudieron volver a España para participar en la reconstrucción democrática del Estado español.

Debo recordar en este momento el nombre de un ilustre español, el profesor Manuel García Pelayo, quien sembró ideas y creó cátedra en el Derecho Público venezolano y al retornar a España, mereció la alta dignidad de presidir el Tribunal Constitucional. La figura de García Pelayo, quien por cierto sufrió el dolor de perder a su esposa en Venezuela, y contrajo luego segundas nupcias con una joven profesora venezolana, es una figura amada y respetada, es un patrimonio común de los españoles y de los venezolanos y nos compromete a unos y a otros en la lucha por los principios que él sostuvo y enalteció en su cátedra.

Gente como Antonio Moles Caubet, que también creó escuela en materia de Derecho Administrativo, y muchos más que habría que mencionar, hasta el punto de que en un momento dado, la mayoría de los integrantes del Tribunal Constitucional de España estaba integrado por profesores que habían ejercido varios años la docencia en Venezuela. Esto nos vincula y compromete más a una acción solidaria. Y, por eso, podemos encontrar no pocas coincidencias, no pocos vínculos, no pocas relaciones, entre nuestra Carta Fundamental de 1961 que –como dije- es la que ha tenido más larga duración en la accidentada historia política de mi país, y la Constitución española que ustedes defienden, que ustedes mantienen y están en el deber de preservar y de sostener para beneficio de su pueblo, para cumplir el gran compromiso con la historia.

Indudablemente, el Derecho es cosa viva que no puede detenerse, que se transforma de acuerdo con la realidad de los pueblos, pero que ha de responder a los más elevados imperativos de moral, a las altas concepciones que tienen un valor inmutable, que conserva esa inmutabilidad en medio del cambio de las instituciones derivadas que se van adaptando a las circunstancias y a las necesidades sociales.

Ustedes lo saben muy bien, señor Presidente, usted en su excelente discurso ha recordado el caso de Francisco de Vitoria, un hombre que inició los estudios de Derecho Internacional al plantearse en una forma generosa y en pleno esplendor del Imperio Español qué derecho tenían los conquistadores de utilizar su poder para imponer sus normas en las tierras conquistadas. Pero no solamente esta escuela de Francisco de Vitoria es ejemplar, en mis estudios de Derecho Laboral –que ha sido la afición principal de mi vida- recogí la afirmación de un historiador español de que España estableció un gobierno de jueces en América. Fueron no pocos los letrados investidos de funciones judiciales, comisionados por las Reales Audiencias, que no solamente enjuiciaron sino que condenaron y hasta llevaron al patíbulo a conquistadores que habían abusado de su fuerza para realizar crímenes en las regiones en las cuales habían actuado.

No hay duda de que esta historia debe recordarse. No simplemente como objeto de veneración del pasado sino como un motivo de compromiso con el presente y con el porvenir. En este movimiento de integración, al que estoy convencido de que los juristas y los legisladores españoles prestarán cada vez su concurso decisivo en un mundo de globalización que nos obliga, por lo mismo del mundialismo que trata de unificar sistemas y normas de vida en todos los países del mundo, a fortalecer la propia identidad, a defender las propias circunstancias, a armonizar la manera de ser de cada uno, con el compromiso de trabajar juntos con todos los pueblos del mundo en defensa de los intereses de la Humanidad.

Dentro de este objetivo, señor Presidente, usted –con mucho acierto- ha planteado la necesidad de la vinculación entre los parlamentarios de España y de los países iberoamericanos. En este sentido, en América Latina, la denominación ha ido prevaleciendo en medio de muchas discusiones lexicográficas. Pero, en el fondo, representa la misma idoneidad, el mismo objetivo. Existe un Parlamento Latinoamericano en el que todos han tenido acceso, o por lo menos deben tenerlo y seguramente lo tendrán en el futuro, los representantes del Parlamento español, como también representantes del Parlamento portugués.

Anoche, al saludar a su Majestad el Rey Juan Carlos durante el homenaje que tuvo la bondad de ofrecerme en el Palacio de Oriente, hice una cita que me pareció muy significativa: el gran escritor brasileño, sociólogo e historiador, Gilberto Freire, publicó un libro con un título curioso, «El brasileño entre los otros hispanos». Su tesis fundamental era que Brasil es hispano, que Portugal es hispano. En ese sentido, el término que a veces ha sido empleado en forma restringida y que hubo una época en la que se deformó con ambiciones imperialistas que no estaban conformes con la realidad ni con la historia, el término «hispano» abarca, según él, no solamente a los pueblos de habla española, a las diferentes etnias que viven en el seno del Estado español sino, incluso, a Portugal y a los pueblos conquistados por esa nación integrante de la Península. En el fondo, hay un espíritu que se puede denominar, como se ha hecho últimamente, con el nombre común de «iberoamericano» y dentro de ese nombre común indudablemente que España tiene un gran papel que cumplir.

Me gustó mucho, señor Presidente, su frase «España en la unidad europea no puede ser una barrera sino un puente». Siempre hemos defendido que la integración de España a Europa no ha sido para alejarse de nuestro mundo trasatlántico, sino más bien para acercar a los pueblos de allende el Atlántico a la Unión Europea, de la cual ha derivado su cultura y muchas de sus instituciones. Este papel de España, ciertamente, que tiene cada vez mayor importancia y yo me permito, señores Senadores, señores Diputados, encarecerles no olvidar este compromiso que lo es con su propia conciencia y con su propia historia. España debe ser, en el seno de la Unión Europea, defensora de estos pueblos, que a veces han sufrido y todavía sufren de circunstancias de que, por ser pueblos subdesarrollados, no son debidamente considerados por los pueblos más ricos, por los pueblos más desarrollados, por los pueblos más industrializados del planeta.

En este sentido, cuando venimos desde allá hasta esta tierra querida, traemos no sólo el mensaje de fraternidad sino el reclamo afectuoso y fraterno de que no nos olviden, de que tomen en cuenta que nuestros planteamientos muchas veces son contrarios a ciertas rígidas fórmulas establecidas, pero conformes con la justicia, con ese principio inmortal de justicia que llevó al fraile Francisco de Vitoria en Salamanca, al señalar sentires nobles que se perdieron tal vez en las inclemencias de los tiempos, pero que siguieron vivos como una semilla que siempre dará frutos: frutos de justicia, frutos de cordialidad, frutos de humanidad.

Señores Senadores, señores Diputados:

Traigo un saludo cordial del Gobierno de Venezuela, pero me siento también portador de un saludo del Parlamento venezolano, al cual he pertenecido y al cual tengo el derecho de volver a pertenecer cuando termine el ejercicio de mi período presidencial. En nombre del Parlamento les vengo a traer un abrazo fraterno y debo reconocer que todos tenemos culpas, pero todos tenemos también el privilegio de ser la única voz libre que representa los sentimientos y aspiraciones de los pueblos. Por eso, fortalecer la imagen del Parlamento, fortalecer su moral, esforzarse en mantener la confiabilidad de los pueblos en aquellos que oficialmente los representan es un deber no solamente de carácter institucional en relación con el Parlamento mismo, sino de carácter general para el bienestar, la felicidad y el porvenir de los pueblos.

Hago votos muy sinceros por el progreso constante de España, por el desarrollo cada vez mayor de este centro de instituciones jurídicas que se extiende y se derrama y tiene seguidores e imitadores en todos los países, pero especialmente en los países de lengua española que estamos en América.

Hago votos porque esta felicidad no sea ocasional sino permanente y porque el compromiso que tenemos de velar por los valores eternos de la justicia y por las necesidades actuales y renovadas de los pueblos, los cumplamos todos a una, solidariamente, para que nuestro esfuerzo conjunto pueda responder de veras a la confianza que pusieron en nosotros los pueblos, y al compromiso que tenemos ante Dios, ante la justicia y ante los intereses superiores de la humanidad.

Muchas gracias.

 

Video de la visita oficial del presidente Rafael Caldera al Reino de España en 1996: