Los problemas de la Constituyente (1946)

Portada del folleto publicado por la Universidad Central de Venezuela en 1979.

Los problemas de la Constituyente

Conferencia en la sede del Colegio de Abogados del estado Lara, Barquisimeto, 1 de abril de 1946. Habían transcurrido algo más de cinco meses después del 18 de octubre de 1945 y se esperaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para dictar una nueva Carta Fundamental.

Estamos a las puertas de una Constituyente. Una Constituyente surgida de rápido golpe revolucionario que ha dado un tajo en la historia política del país. Se ha roto el hilo constitucional mantenido entre filigranas desde la Carta de 1914, sancionada después de la operetesca «revolución de los Bello», y que ofreció al general Juan Vicente Gómez la oportunidad de romper desde el Gobierno la vigencia de la Constitución de 1909 que prohibía la reelección.

De las veintidós constituciones que hemos tenido, la mayor parte ha sido el fruto de reformas cumplidas conforme a los trámites de la respectiva Constitución anterior. Así, la reforma personalista impuesta por el general José Tadeo Monagas en 1857, que preparó la fácil realización de la Revolución de Marzo, fue verificada por el procedimiento establecido en la Constitución de 1830. Las Constituciones guzmancistas de 1874 y 1881; la Constitución «continuista» de Andueza en 1891, fueron hechas dentro de los trámites fijados por la Constitución Federal de 1864. La Constitución gomecista de 1909 fue elaborada dentro del orden pautado por la de 1904; y, roto el hilo constitucional en 1914 por el pintoresco «declararse en campaña» del Jefe de la Causa Rehabilitadora, para empuñar hasta su muerte y en forma inconmovible las riendas de despótico poder, las reformas circunstancialísimas ordenadas por «El General» en 1922, 1925, 1928, 1929 y 1931, y las reformas presididas, a su entrada por el general López Contreras y por el general Medina a su salida, fueron anudándose dentro de aquella ficción de normalidad que, con todo, permitió a Venezuela en los últimos diez años educarse políticamente para reasumir la dirección de su propio destino.

No fue, pues, el mayor número de nuestras Constituciones fruto de una Constituyente. De las otras reformas constitucionales, una, la propiciada por el general Castro después de haber vencido la Revolución Libertadora, tuvo la peculiar fisonomía de ser dictada por un Congreso ordinario que dio un golpe de Estado erigiéndose a sí mismo, por encima de los textos que habían presidido su elección, como Poder Constituyente. De las demás, dejando aparte, por su fisonomía especial la efímera Constitución patricia de 1811, la de Angostura en 1819 y la Constitución grancolombiana de Cúcuta (1821), nos encontramos con que nuestra historia ha vivido seis veces atrás, el proceso de un gobierno de facto triunfante derrocando la vigencia del orden jurídico anterior y convocando una Constituyente para echar sobre nuevas bases la organización política de la República. Y si de esas seis ocasiones descartamos, por no responder propiamente a un cambio de mentalidad e ideología, sino a contingencias de orden personal, la Constituyente Legalista del general Crespo, que en 1893 derogó la reforma de Andueza, la Constituyente Restauradora del general Castro en 1901 y la Constituyente Rehabilitadora del general Gómez en 1914, nos encontramos con que los antecedentes precisos del actual momento nacional, las etapas históricas que podrían guardar semejanza con la nuestra y de cuyo estudio deberían derivarse grandes enseñanzas, están marcadas por las fechas memorables de 1830, 1858 y 1864.

La Constituyente de 1830, maculada solo por la reacción contra el Libertador y por el signo personalista del gran caudillo José Antonio Páez, fue sin duda la más feliz en su labor. Tuvo unidad, tuvo sentido realista de las necesidades inmediatas del país y, sacrificando hermosos objetivos ante las exigencias del momento histórico, sancionó una Carta Fundamental que, en medio de vaivenes y atropellos, perduró sin embargo hasta el infortunado intento monaguero de 1857.

La Convención ilustre de 1858 ha dejado escritas quizás las páginas más bellas de la literatura política venezolana. Grandes figuras del pensamiento y de elocución brillaron en sus escaños, por los cuales se enseñoreó la retórica majestuosa de Fermín Toro. Alejada del rencor chabacano, integrada por los representantes más ilustres de las corrientes en que se dividía para entonces el panorama político, la Convención de Valencia fue un prodigioso esfuerzo de eclecticismo que se perdió recién nacido —bello niño que no llevó consigo el rústico acomodamiento para el duro jergón de nuestra realidad—, recordando el fracaso de la Constitución del año 11, otra bella criatura que fue obra de depurado pensamiento y se murió de mengua. No estuvo, ya lo sabemos, exenta tampoco de impurezas la Convención del 58. Ni le faltó tampoco su caudillo, al que se quemaron pudorosos inciensos: solo que él no fue sino una mediocridad circunstancialmente exaltada y, sin tener clara visión política, tampoco fue capaz de demostrar el temple de aquellos hombres fuertes que respondían al nombre de José Antonio Páez, o al de su medio tocayo y compadre José Tadeo Monagas.

Se perdió en el vacío el gran esfuerzo constitucionalista y ecléctico de la Convención valenciana. Ni las concesiones que se hicieron fueron suficientes para contentar a los gestores de una revolución social en marcha, ni las restricciones aplicadas contaron con una mano diestra capaz de vencer la etapa asfixiante de una tensa y violenta agitación. La guerra vino, ya lo sabemos todos, y sabemos también que con el signo de una pavorosa destrucción cumplió, sin embargo, una honda transformación social. Se rompieron las vallas que quedaban entre estratos sociales y étnicos, aunque con ellas se rompió también el equilibrio político que caracterizó nuestros primeros escarceos republicanos. La Asamblea Constituyente de 1864 fue, de este modo, todo lo contrario de su predecesora de 1858: no fue un pacto de integración y de conciliación, sino la afirmación unilateral de los dogmas políticos preconizados por una revolución triunfante en cruenta guerra. Se planteó una reforma radical en el régimen político de Venezuela; y todas las constituciones posteriores han venido significando un cercenamiento progresivo a los principios de que más se ufanaba. Solo en una cosa se parecía a la Convención precedente: en que tuvo también su caudillo y que su caudillo también fue incapaz para refrendar en la vida política la vigencia definitiva del sistema, pues fue solo por la bondad y la clemencia, que evidenciaron la grandeza y generosidad de su alma, por lo que ha pasado a la historia el «Gran Ciudadano Mariscal».

El panorama es sugestivo. Y sería tentador desmenuzar en cuidadoso análisis los elementos semejantes y disímiles, las circunstancias favorables y adversas, para sacar de allí la gran lección orientadora. Sugerirlo, sin embargo, es lo más que me toca en este rápido asomarme a los problemas de la Constituyente que nos estamos preparando a vivir. Como en 1830, como en 1858, como en 1864, la suerte de Venezuela por muchos años va a jugarse por unos cuantos hombres, en unos cuantos meses, en el recinto caluroso y ya anticuado de un hemiciclo que tantos hechos tristes ha visto acaecer. Sin la unidad apasionada de 1830, sin la unanimidad banderiza de 1864, la Constituyente de 1946 recordará más bien, por su variedad y por el clima de agitación que se está creando a la Convención de Valencia de 1858. Es inquietante la similitud. El ejemplo bellamente trágico de aquella memorable reunión debe servir por la mejor admonición de la experiencia; y si no irán a la nuestra hombres de la talla de un Toro, o de un Gual o de un Tovar, agigantada hoy por el curso mismo de la historia, hay que aspirar a que sus integrantes sean más felices que aquellos insignes varones y que la obra que se emprenda sea más eficaz y duradera.

Una Constitución nueva, no una Constitución postiza

Su primera tarea, si no en tiempo a lo menos en importancia, es preparar una Constitución. El orden jurídico positivo está en suspenso. La sola voluntad de siete hombres, llevados al poder por el feliz desenlace de un golpe militar y por la aquiescencia expresa o tácita de los venezolanos, es en teoría la única fuente de normas legales (aunque, en el fondo, para los que creemos en un derecho natural, anterior a los propios mandatos del Estado, esa facultad discrecional es limitada, ya que no puede llegar hasta destruir los atributos jurídicos esenciales del hombre, de la familia, de la sociedad). Se va a colocar de nuevo una primera piedra sobre la cual reposaría todo el edificio legislativo del país.

Absurdo sería que esta Carta Fundamental no respondiera a los grandes anhelos de mejoramiento y de progreso que alientan en las mejores voluntades. Absurdo sería que la Carta Fundamental no cumpliera una renovación positiva en nuestra vida institucional. Pero también sería una aspiración vana y contradictoria pretender elaborar una Constitución que no halle sus raíces en la historia, en la geografía, en la vida social.

Necesitamos, pues, una Constitución nueva; pero no una Constitución postiza. Hay que buscar nuestras mejores tradiciones constitucionales; depurarlas, mejorarlas, transformarlas, pero de modo tal que la fisonomía del país no se borre. Ya es cosa vieja y aceptada la diferencia que existe entre la Constitución real de un país y la Constitución formal que preside su vida legal; pero la mejor condición que puede llenar esta, para que sirva su función de beneficiar ampliamente al pueblo que la escoge es la de adaptarse a aquella lo mejor posible. La realidad social es la materia del Derecho y factor de importancia en la elaboración jurídica: a través de las leyes pude aspirarse a mejorarla, pero ello no se logra si no existe un acoplamiento inicial entre ambas.

Es tradicional en la Sociología venezolana el duelo entre su interpretación optimista y su interpretación pesimista; entre la concepción de una realidad bárbara e intransformable, y la afirmación de una idealidad perfecta pero inasequible. ¿Por qué mantener ese dilema antipatriótico y anticientífico? ¿Por qué ha de condenarse al fatalismo una nación en nombre de factores superables, y entenderse el idealismo como actitud imaginativa y verbalista? En tal dilema ha residido el drama nuestro, como el de otros países hermanos, y con aguda penetración supo señalarlo Martí, de quien se lee este análisis en una de las páginas de Nuestra América: «No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia superior, mientras esta no se vale de su sumisión para dañarle o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no persona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido los tiranos de América al poder; y han caído en cuanto les hicieron traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador».

¿No será tiempo de que aprendamos la lección de «nuestras dolorosas repúblicas americanas», de que nos hablaba el mismo Martí? ¿No será tiempo de aprender su lección de que porque «los redentores bibliógenos no entendieron que la revolución que triunfó con el alma de la tierra, desatada la voz del salvador, que con el alma de la tierra había de gobernar y no contra ella ni sin ella, entró a padecer América, y padece, de la fatiga de acomodación entre los elementos discordantes y hostiles que heredó de un colonizador despótico y avieso, y las ideas y formas importadas que han venido retardando, por su falta de realidad local, el gobierno lógico?».

Grave sería para Venezuela el que se la dotara, hoy, de una Constitución atrasada. Más grave aún sería el que se la dotara de una Constitución postiza. Hay que curarse de las fórmulas declamatorias o de los correteos imaginativos. Debemos desentrañar los elementos reales de nuestra vida, para reconocerlos y poder mejorarlos, superándolos. Una Constitución que aproveche las que más han durado, que analice la experiencia respecto de las fórmulas que más han servido y de las que más han estorbado el desarrollo institucional de Venezuela, debe ser el fruto de la Constituyente de 1946. Que abra cauce a las ansias reprimidas, pero no consagre apresurados sueños. Y sobre todo, que sea una Constitución nacional. Una Constitución para todos los venezolanos. Una Constitución donde no hallen cabida los sectarismos ni las parcialidades. Una Constitución sencilla, sobria, sincera, que consagre en un articulado escueto, reflejo de amplio espíritu, aquello que todos los venezolanos consideramos básico para garantizarnos una vida armónica, humana y decorosa.

Régimen territorial y político

Desde luego, al salir de consideraciones generales y entrar a pensar en los principales problemas por resolverse en el texto fundamental, apuntan algunos de gran bulto y de proyecciones incalculables. El primero que asoma es el de la organización territorial y régimen político. Desde hace varias décadas hemos venido viviendo una insinceridad constitucional que se refleja preponderantemente en la discordancia entre el régimen federal inserto nominalmente en la Constitución, y el régimen fuertemente centralizado actuante en la política y en lo administrativo. Mientras en los textos escritos, cada Estado debe designar su Presidente, se ha venido con unanimidad formalista y agobiadora delegando, de período en período, tal elección en el Presidente de la República. Mientras una Legislatura teóricamente autónoma tiene la competencia de organizar cada Entidad política, tales cuerpos deliberantes han sido fuertemente intervenidos por el representante del Poder Ejecutivo en cada Estado. Mientras, en principio, cada Estado dicta sus propias leyes y administra la justicia soberanamente, cada vez aumenta el número de materias reservadas al Poder Federal, quien dicta Códigos, leyes especiales y reglamentos con vigencia en toda la República, y se considera necesario centralizar, para robustecerlo, el Poder Judicial. Mientras los Estados son propietarios de sus minas y sus tierras baldías, el Poder Central tiene asignada una administración sui generis que incluye todas las facultades de disposición y que no rinde cuenta a sus administrados. Mientras, a raíz de la Revolución Federal, los Estados ni siquiera admitían que el Poder Central tuviera fuerza militar dentro de aquellos, los Presidentes de Venezuela se han jactado en los últimos tiempos de nombrar hasta el más modesto Registrador Subalterno de Distrito, invirtiendo en la elección de los amigos para los cargos secundarios, el tiempo que debían haber dedicado a la resolución de los grandes problemas nacionales.

El desajuste es evidente. Contra tal insinceridad se ha levantado unánime clamor. Solo que apuntan soluciones diversas. Mientras para unos la situación deriva de que el régimen federal no responde a la realidad venezolana, que se ha impuesto por encima del formulismo de las leyes escritas, para otros el problema deriva de que el Poder Central, totalizador y absorbente, no ha dejado que se cumpla en los hechos el régimen federal a que se aspira.

El problema resulta inquietante, inquietante porque sería absurdo que a estas alturas viniéramos a revivir, a casi noventa años de distancia, una pugna feroz entre federalismo y centralismo. Son tantas las necesidades públicas y tan urgente encararlas unidos, que no habría razón para suscitar una lucha artificial ante un problema de organización más que de ideología, de procedimiento más que de orientación.

Indudablemente, por un lado, apunta la necesidad de dar a nuestra Carta Magna una base de sinceridad que la acredite ante los ojos de nuestro pueblo. Si se va a adoptar la designación de los magistrados regionales por el Poder Central, no puede continuarse sosteniendo la artificiosa práctica de las delegaciones sucesivas mientras la Constitución consagra el principio contrario. Pero, por otro lado, debe analizarse lo que de justo existe en las aspiraciones descentralizadoras para que encuentren atención en obsequio de todos.

Yo no soy de quienes creen que la federación carecía de toda raíz sociológica e histórica que explicara su implantación en Venezuela. No era solamente el criterio atomizador del individualismo enciclopedista el que llevaba a creer que el ciudadano era tanto más libre cuanto más disgregado se hallara el Poder Público. El proceso de formación de nuestra nacionalidad, con provincias originadas de expediciones diversas y gobernadas por diferentes jurisdicciones, no se había integrado sino treinta y tres años antes de la Revolución de Independencia. El propio sentimiento individualista y regionalista español, la misma confusión del espíritu municipalista con el régimen federal, contribuyeron a plantear una situación que lógicamente desembocaría en 1811 en una Constitución Federal. ¡Si el año 1810 las provincias de Barcelona, Trujillo y Mérida aprovecharon la conmoción política para asegurar su autonomía separándose de las jurisdicciones de Cumaná y de Maracaibo! Cuando Mariño, por ejemplo, se sentía dueño de un ejército autónoma, representante de una entidad distinta, más bien aliado que subalterno de Bolívar en los vaivenes de la Independencia, reflejaba una más honda realidad social. Cuando se hablaba, pues, de la organización federal de Venezuela, no solo se imitaba el federalismo afortunado de los Estados Unidos de América, sino que se reflejaba el espíritu autonomista que privaba en las Provincias.

Desde luego, era un paralelo imposible el que trataba de aplicarse entre el gran Estado Federal constituido por las antiguas Trece Colonias del Norte de América, con el Estado Federal que iba a crearse en el interior de la antigua Gran Capitanía General de Venezuela. Los Estados Unidos, como el Brasil después, integrados por diversas provincias que equivalen en entidad territorial y demográfica a algunas naciones hispanoamericanas, tenían que adoptar lógicamente la forma federal; como federal debió ser, y en forma muy amplia, la estructura del gran Estado Grancolombiano que concibió Bolívar. Si el Libertador se equivocó al exagerar su sentimiento centralista hasta querer unir más de lo viable las naciones que libertó su genio, también se equivocaron los panegiristas venezolanos de la Federación al querer trasladar a Venezuela, que hoy tiene menor población que muchos Estados de la Unión Americana y una superficie poco mayor que el Estado de Texas, el régimen federalista de los Estados Unidos, como sería equivocado querer implantar en Venezuela el del Brasil, cuyo Estado de Minas Gerais tiene casi el doble de nuestra población y más de la mitad de nuestra superficie.

Pero es necesario reconocer también que debajo del sentimiento federalista, que conmueve todavía muchos corazones venezolanos, había no solo el efecto de la lucha y de la propaganda, sino también un fondo de autonomismo regional que, aunque en grado menor, aún perdura.

El transcurso del tiempo, el incremento de las comunicaciones, la misma existencia de férreos regímenes personalistas y centralizadores, han contribuido a simplificar el problema. Hoy estamos mucho más cerca los unos de los otros (zulianos, orientales, andinos, llaneros o centrales) que a mediados del siglo XIX, como nuestros abuelos, a pesar de todo —por obra de la guerra común— se encontraban entre sí más cerca que lo estaban sus progenitores representados en el Acta de nuestra Independencia. Pero es necesario respetar todo lo que de justo o de justificable existe en aquel sentimiento autonomista; y es posible lograr, sin dejar banderas esparcidas para que se enarbolen como se las enarboló en 1859, el concurso de todos los hombres de buena voluntad en el sentido de encontrar la fórmula feliz que armonice ciertas necesidades fundamentales de la administración centralizada y ciertos derechos innegables del sentimiento autonomista federal.

Es esta una de las cuestiones que reclama estudio más sereno. Por un lado, resulta indiscutible el beneficio de que todo el país tenga una sola legislación sustantiva y adjetiva; una sola y robusta administración de justicia; una organización electoral uniforme y una línea política que permita evitar abusos e irregularidades, más fáciles de perpetrar mientras se está más lejos de Caracas. Al mismo tiempo, es innegable la necesidad de coordinar ciertos planes nacionales de gran envergadura para sanear, para educar, para fortalecer el campo, para impulsar la economía. Pero, por otro lado, es indiscutible la inconveniencia de dejar al capricho de cada presidente de Estado, colocado y removido a su arbitrio por el Gobierno central, el derecho de invertir los dineros de cada entidad en la forma que mejor se le antoje: creando una burocracia hipertrófica para ayudar a sus amigos, o despilfarrando grandes sumas en la construcción de edificios suntuosos para propaganda electoral, o favoreciendo solo a los Distritos de su simpatía, o dejando inconclusas por rivalidad las obras emprendidas por una administración anterior.

Yo me inclinaría por una fórmula que conciliara ambos principios. Dejando intacta la división territorial vigente, surgida en 1856 como culminación de un lógico proceso, y que a pesar de ciertos graves defectos de tipo económico o demográfico está profundamente arraigada en el sentimiento de las diversas regiones. Adoptando el mote que se quiera, ya que los vocablos tienen las acepciones más curiosas en la organización política de los diversos pueblos, y que al fin y al cabo no es necesario proscribir la palabra ‘Federación’, que significa alianza, o la palabra ‘Estado’, que tiene acepciones múltiples y en términos amplios puede entenderse como territorio, o el calificativo de ‘Presidente’, que solo significa el que preside, el que gobierna, el que ejerce el poder ejecutivo, pues no otra cosa en el fondo viene a ser ‘Gobernador’, pueden conciliarse las necesidades centralizadoras y descentralizadoras que los diversos aspectos de la administración exigen.

Limitando, por ejemplo, a una mera función de control y vigilancia política la del presidente de Estado, y convirtiéndolo en un funcionario nombrado y pagado por el Erario Nacional, lo mismo que su tren exclusivamente político, se podría aplicar en cada Estado, a través de un Consejo Provincial de elección popular, un principio de administración autonómica y descentralizada semejante al que en cada Municipio (que no otra cosa es lo que llamamos ‘Distrito’) representa al respectivo Concejo Municipal. Esta idea que podría quizás analizarse y que de no encontrársele graves inconvenientes podría tal vez llegar a adoptarse, establecería en cada Estado el control recíproco según el cual el presidente no puede disponer de los dineros del Estado, porque no le compete su administración, pero a la vez evita que los miembros del Consejo Provincial (que podrían ser tres en los Estados de menos de 100.000 habitantes, cinco en los de 100 a 200.000 y siete en los de más de 200.000 y cuyas facultades serían las de dictar Ordenanzas Estadales y administrar los fondos regionales), no abusaran de sus funciones pretendiendo convertirse en una oligarquía política. Desaparecerían así las ficticias e intrascendentes Legislaturas, y serían reemplazadas por un cuerpo permanente, de más acción, de mayor eficacia en la vida de cada Estado y cuyos miembros, a la vez de representar el sentido y necesidades de toda la población, representarían un espíritu de continuidad en la vida administrativa de la región.

Sea cual fuere la solución que se adoptare, la verdad es que ya no cabe aquella actitud que nos suena a humorada y que nos relata Ambrosio Perera, por el cual el Secretario de Hacienda del Estado Barquisimeto se quejaba, en agosto de 1864, de que el Departamento Urdaneta parecía «como que no es parte integrante del Estado Barquisimeto: vive como entidad política sin los deberes que sobre él pesan como uno de los territorios componentes del Estado», o de que el Departamento del Tocuyo parece que quería «vivir desligado del Estado», puesto que por seis meses dejó de pagar la cuota correspondiente (Historia Orgánica de Venezuela, pp. 180-182). Hechos como aquellos, o como la guerra de zarzuela entre el Estado Barquisimeto, con sus fuerzas capitaneadas por el general Nicolás Patiño, y el Estado Yaracuy, con sus fuerzas capitaneadas por el general Juan Fermín Colmenares, que obligó al Mariscal Falcón a mediar para que se celebrara el Tratado de Guama, son ridiculeces históricas que hoy carecerían de sentido. Pero, por otro lado, también es cierto que hay que forjar un empeño decisivo para que todos los venezolanos contraigamos el compromiso de buscarle solución a este problema sin que la Revolución de Octubre sirva de pretexto para revivir odios injustificables entre centralistas y federalistas.

Garantías políticas, sociales y económicas

Resuelta en forma armónica la cuestión del régimen político, hay que buscar también una forma concisa, moderna y equilibrada para las garantías políticas, sociales y económicas. En este campo, el pensamiento y la vida jurídica han avanzado mucho. El ser abstracto que eran «el hombre y el ciudadano» de la Declaración francesa, se ha convertido en un individuo vivo, con nombre gentilicio, ubicado en un medio social y rodeado de necesidades económicas. La libertad y la intervención se entrelazan hoy en un sistema de compensaciones y restricciones recíprocas para los diversos aspectos de la vida.

Nadie puede negar que Venezuela hoy necesita libertad. El espíritu fertilizante que a la libertad acompaña, ha estado ausente por muchos años de la tierra venezolana. Hemos llegado al siglo del intervencionismo, sin haber experimentado la parte positiva y creadora del liberalismo. Nos hemos visto obligados a cercenar legalmente facultades que nadie había gozado, y a contentarnos a gozar del derecho de hablar mal del Gobierno, único que en sustancia caracteriza muchas veces las democracias iberoamericanas.

Libertad y seguridad necesita el ciudadano en la vida política, el obrero y el patrono en la vida social, y el trabajador y el empresario en la vida económica. Para conciliar la una y la otra, la intervención del Estado debe cumplirse, pero sin convertirse en traba negativa y sin acogotar el espíritu de progreso. Las garantías sociales, pues, —la base de la reglamentación del trabajo, por ejemplo—, tienen que inspirarse en un franco objetivo de armonía entre los grupos y sectores sociales. Hacer justicia, reformar, echar las bases para sustituir todo lo caduco y podrido por una más nueva y sana organización, mas penetrándose siempre de que no es el llamado demagógico y destructivo para una guerra social entre venezolanos lo que nos puede llevar a recuperar el tiempo perdido en la estructuración de una nación moderna, ni lo que puede beneficiar efectivamente a todos los sectores.

La vida económica de la nación debe encontrar una base firme y neta en la nueva Constitución. Y desde luego, creo que es necesario llevar a la Carta Fundamental los principios que garantizan una justa participación de Venezuela en nuestra riqueza petrolera. No debe correrse el azar de que las leyes especiales, fácilmente modificables al criterio de gobernantes poco escrupulosos, puedan en lo futuro crear derechos adquiridos en perjuicio de altos intereses nacionales. Si la Constitución contempla la realidad de un pueblo, si esa realidad supone, entre sus elementos primarios, determinados aspectos económicos, y si la economía de Venezuela pende toda de una industria petrolera muy rica, de una economía agropecuaria depauperada, y enfoca una vida industrial incipiente, nada más lógico que la Constitución Nacional asegure el beneficio derivado de la primera, la protección y garantía que necesita la segunda, y el estímulo que a la tercera debe darse. Seguridad en la participación petrolera; seguridad y estímulo en la agricultura y en la cría; seguridad y estímulo en las pequeñas industrias que lógicamente han de desarrollarse, debe garantizar la nueva Constitución de Venezuela en forma satisfactoria.

Reglamentación de los Poderes Públicos

Y pasando, en este rápido esbozo, de la parte dogmática a la parte orgánica de la Constitución, quiero sintetizar mi pensamiento sobre la organización de los poderes públicos tradicionales, en esta forma: Ejecutivo responsable, Legislativo independiente, Judicial unificado y autónomo.

Donde se enfocará señaladamente la reforma es sin duda en el Poder Ejecutivo. Las facultades que el Presidente de la República ha venido gozando en las últimas Constituciones hacen de él un dictador. Toda la vida económica, política y social de Venezuela queda a merced de que el Presidente dicte en cualquier momento un decreto restrictivo, para cuya procedencia es árbitro y por cuyas consecuencias no ha sido considerado responsable. Como en el célebre libro del doctor Rafael Fernando Seijas, El Presidente, la polarización de los problemas políticos de Venezuela tiende a privar de toda fuerza y facultad al Jefe del Poder Ejecutivo, a quien se le considera fuente de todos los males. Y en verdad, no es lógico que al Presidente se atribuyan indiscriminadamente facultades extraordinarias, ni que tenga la facultad de suspender a su arbitrio las garantías constitucionales sin que ningún otro Poder pueda juzgar acerca de la procedencia o no de la medida. El veto ejecutivo, el célebre veto que constituyó una de las reformas de 1945, se convertía en un simple derecho sin ninguna obligación correlativa, porque no se establecía la promulgación automática de la Ley respectiva para el caso de que la atribución no fuera ejercida sin el Ejecútese estampado dentro del plazo fijado por la Constitución. En todas estas materias es necesaria una reforma. Especialmente, es indispensable pensar una fórmula para que el Ejército Nacional esté sometido a un Consejo de Defensa Nacional en el que intervenga una representación técnica, para que el Primer Magistrado no sea el único y exclusivo disponedor de los asuntos militares. La Institución Armada del país, cuyo papel ha sido tan decisivo en el reciente movimiento revolucionario, no debe correr más nunca el peligro de convertirse en la guardia personal de un hombre. Debe marginarse a los vaivenes de la política y a los caprichos de los mandatarios. Debe asegurarse su definitiva profesionalización, para lo cual ha de buscarse alguna forma de poner coto a posibles excesos por parte de los amos de una situación política.

Pero, con todas las limitaciones que han de imponerse necesariamente a los abusos presidencialistas, no creo que convenga al país convertir el Primer Magistrado en un ente simbólico, desprovisto de efectiva autoridad. Venezuela necesita ver siempre en el timón de la vida pública una mano eficaz. Hay que convertir al Jefe en Presidente, pero hay que dejarlo presidir. Repartir entre comanditas anónimas la responsabilidad del gobierno sería algo que el país no llegaría a tolerar sin gran peligro para su ordenada existencia. La función ejecutiva debe reposar sobre una responsabilidad bien marcada y, más que quitar fuerza al Presidente, lo esencial es crear otras fuerzas capaces de hacerle contrapeso y de exigir su responsabilidad. Más que destruir el Ejecutivo lo que se necesita es crear, dentro de la maquinaria del Estado, aparatos capaces de frenar una mala maniobra. Más que anarquizar el Gobierno, lo que siempre fatalmente conduciría a la dictadura y hasta a la tiranía, en mi concepto lo esencial es robustecer un Poder Legislativo y un Poder Judicial capaces de controlar y de juzgar, los que con una Iglesia libre, con una prensa libre, con una organización municipal robusta y con una base de autonomía provincial, significarían la mejor garantía contra los gérmenes del mandonismo.

Hay, sin embargo, un problema de técnica constitucional que no deberá relegarse. Con notorio progreso, hemos adoptado para la Constituyente el principio de la representación proporcional, y el equilibrio político posiblemente exigirá el que se adopte el mismo sistema en las elecciones futuras. Autores de Derecho Constitucional consideran que, no siendo corriente en aquel sistema que ningún partido obtenga la mayoría absoluta cuando las fuerzas políticas se desarrollan y se estructuran ampliamente, «en los países que han implantado la representación proporcional, el ejecutivo toma el carácter parlamentario y los ministros resignan sus carteras ante un voto contrario del Parlamento» (Dr. Lisandro de La Torre, prólogo a la obra de Carlos Sánchez Viamonte, Hacia un Nuevo Derecho Constitucional). Sin embargo, aunque el Ejecutivo tendrá el problema de asegurarse la cooperación de una mayoría parlamentaria, mediante la coincidencia de criterios entre ambos, se me hace difícil considerar aconsejable la adopción del sistema parlamentario de gobierno en Venezuela, donde lo más necesario es establecer un responsable del Ejecutivo a quien se pueda reclamar el cumplimiento de la línea política y administrativa ofrecida al país en la propaganda electoral.

Es lo sensato, pues, mantener el régimen representativo, aunque quizás con algunas concesiones al régimen parlamentario. Esto supone la obtención de uno de los objetivos políticos más interesantes en la actualidad política, a saber, la estructuración de un Poder Legislativo fuerte y autónomo.

Desde luego, ningún argumento es necesario repetir para defender la incompatibilidad permanente entre las funciones legislativas y el desempeño de cargos públicos. Un congreso integrado por empleados públicos es la caricatura de la democracia. ¿Para qué hablar de separación de poderes, cuando todos los empeños de la Administración se concentran en el soborno de los representantes del pueblo? La incompatibilidad es, pues, consigna indispensable en los futuros Congresos. Esto supone una reforma sustancial en el funcionamiento del Poder Legislativo. No más reuniones transitorias en las Cámaras, para sacar apresuradamente un bojote de proyectos legales a fin de dar la falsa impresión de una labor cumplida. Se requiere un Congreso de miembros permanentemente remunerados, lo que supone la disminución del número de representantes para no agravar los gastos públicos, que vayan atendiendo a las necesidades legislativas de acuerdo con las verdaderas exigencias nacionales. Si hoy se dan tres meses de sesiones en las que a veces hay que atropellar los debates para promulgar leyes de alguna extensión, ahora se trataría de sesiones permanentes, con tres o más meses de vacaciones durante las cuales puedan los congresantes ponerse en contacto con la opinión de sus comitentes. La Cámara de Diputados debe, pues, integrarse con menos número de miembros, pero debe conservársele su carácter eminentemente político y de elección popular a base territorial. En la Cámara Alta podrían acompañar a los representantes de los Estados, representantes de algunos cuerpos económicos, culturales, sociales, como los delegados de los mayores cuerpos obreros e industriales, los representantes de las Universidades, los personeros del Ejército, de la Marina, de la Iglesia, de los Colegios de Abogados y demás cuerpos profesionales. Sus votos no serán suficientemente numerosos para dominar un escrutinio, pero sus palabras serán lo suficientemente autorizadas para orientar los debates en el estudio de problemas técnicos. Y que no se fabriquen mitos verbalistas para erigir en tabú determinados vocablos; que no se signe con un terrible apóstrofe: «corporativismo», la incorporación de las fuerzas vivas a la resolución de los problemas nacionales. Los países fascistas, es cierto, se ampararon en un falso concepto corporativo para disimular su enemiga de la democracia. En cambio, desde reductos insospechablemente democráticos, se ha pensado en dar cabida a las corporaciones como una manera de curar la manía politiquera que ha infectado muchos parlamentos; como un recurso para incorporar las realidades económicas al concepto más vivo y actuante de la democracia; como un medio para inspirar confianza en los sectores organizados de la vida social, de que sus problemas no serán resueltos por líderes indocumentados sin escuchar siquiera la palabra de los interesados. Por eso, algunas nuevas constituciones iberoamericanas han incorporado un cierto concepto de representación profesional a las Cámaras Legislativas.

Mas no son solo las Cámaras Legislativas las que requiere fuerza y autonomía. El Poder Judicial precisa convertirse en un poder efectivo y compacto. Yo soy partidario, en este sentido, de la centralización de la justicia, a base de que se la erija en poder autónomo, absolutamente libre de influencias de los otros poderes.

La administración de los fondos que se atribuyan al presupuesto judicial debe otorgarse a los propios funcionarios judiciales, para que no quede subordinada su acción a la benevolencia ocasional de un Despacho del Ejecutivo. Y en el texto constitucional debe insertarse el principio de que los sueldos de los funcionarios judiciales no podrán ser rebajados sino para el período siguiente, a menos que se haga por razones de necesidad general una reforma total del Presupuesto, caso en el cual la rebaja no podrá hacerse en proporción mayor de la que sufran los otros cargos públicos.

Una justicia fuerte, autónoma, bien organizada es una de nuestras necesidades más urgentes. Una justicia rápida, que establezca solo dos instancias y atribuya a la Corte Federal y de Casación (¿por qué no Corte Suprema de Justicia, como se llamó aquí antes y como hasta en los países más federales de América, como los Estados Unidos, se la llama?) el pronunciamiento definitivo cuando entre a desvirtuar el fondo de la sentencia casada. De esta manera se evitarían muchos gastos, muchas demoras y la justicia se haría más asequible para los ciudadanos. Y —aunque esto no es ya materia constitucional— que se pague bien a todos los jueces, según su jerarquía y con prescindencia del lugar donde han de actuar, y si no se puede pagar una buena Corte Superior, es preferible que se establezca un Juzgado Superior unipersonal como segunda y última instancia, pero servido por un magistrado a quien se pueda escoger bien por la remuneración que se le ofrece.

El Ministerio Público necesita también mayor amplitud y autonomía. La reforma que lo unificaba en todo el país merece consideración. Y la autonomía que requiere debe consagrarse en una forma más amplia, para que no corra el riesgo de convertirse en un elefante blanco de muy vastas proporciones y de rara importancia, pero sin facultades efectivas para cumplir plenamente su misión. Y conste en esto que no influyen motivos personales, porque apenas desempeño esta función en una forma circunstancial y transitoria.

Los tres Poderes Públicos deben, pues, en mi sentir, balancearse, sin destruirse ninguno. Un Ejecutivo fuerte no entraña peligro cuando se le enfrenta un fuerte Poder Legislativo y una Administración de Justicia fuerte. Que cada uno tenga bien marcada su atribución y responsabilidad, y que sea cada uno el más celoso guardián, por sus propias prerrogativas, de los derechos y atributos de la ciudadanía.

Enmiendas constitucionales

No puedo seguir extendiéndome en este paseo, que ya se prolonga, por los aspectos principales de la Constitución. Muchas otras cuestiones habrán de resolverse, pero ojalá no sean demasiadas. El ansia reformista no debe consumir las labores de la Constituyente en la manía de cambiarlo todo, quizás sin suficiente reflexión. Debe entenderse que muchas cosas quedarán para que la misma realidad política vaya encargándose de corregirlas.

Impresiona mucho a la generalidad la circunstancia de que ya Venezuela haya tenido veintidós constituciones diferentes. Pero el hecho en sí no ha de considerarse tan anormal como a primera vista pareciere. Los Estados Unidos de Norteamérica, nación modelo en la estabilidad constitucional, han sancionado veintiuna enmiendas a su Constitución política. Lo grave del caso de Venezuela reside en un aspecto de fondo y en una cuestión de forma. En el fondo, lo grave está en las modificaciones caprichosas, destinadas solo a satisfacer los apetitos de los mandones que nos han gobernado. En la forma, lo que impresiona es la transformación, a cada paso, del texto constitucional, con la apariencia de una Constitución nueva en ocasiones en que solo ha habido pequeñas enmiendas.

La nueva Constitución de Venezuela debería arreglarse en forma destinada a durar muchos años. Para ello, no debe contener más materia que la indispensable. Lo que puede ser objeto de tanteos y polémicas, debería dejarse para leyes políticas susceptibles de alterarse, consagrando solo en la Constitución los aspectos fundamentales.

Esa pretensión de durar muchos años se limitaría al documento mismo de la Constitución. Pero debería pensarse, desde el momento de su adopción, que ese texto va a necesitar enmiendas. Enmiendas impuestas por la experiencia política que se va a vivir. Enmiendas cuya realización debe preverse en forma tal que no dañe la esencia misma y la continuidad histórica del texto constitucional. Absurdo sería pretender una Constitución eterna. Absurdo sería pretender encadenar el progreso, o someter a la nación a una guerra civil cada vez que sea necesario transformar el texto constitucional. Doloroso sería, por otro lado, dar la impresión de una ley tan fundamental como la Constitución, sujeta al vaivén de los acontecimientos.

Un texto central, sobrio, duradero, y una serie de enmiendas bien meditadas y pasadas por el crisol de un procedimiento especial, ofrecerían la aspiración de permanencia y la necesidad de evolución que paradójicamente acompañan el desiderátum de un nuevo texto constitucional.

Organización provisional de la República

Pero no es únicamente dotar al país de una Constitución el papel que a la Constituyente corresponde. Hay algo más, y de lo que más urgentemente habrá de realizar: la organización provisional de la República.

Los poderes de la Junta Revolucionaria de Gobierno, los de la Corte Federal y de Casación, los de todos los cuerpos y funcionarios actuantes por disposición o tolerancia de la Junta cesan automáticamente al reunirse la Constituyente. El gobierno de facto no tiene otro título que un consentimiento tácito, prestado mientras el pueblo mismo, en quien reside la soberanía, resuelve sobre el particular. Una Constituyente no es, pues, únicamente un cuerpo convocado para sancionar una Constitución. Una Constituyente es la representación misma del pueblo, para proveer a la reorganización política, una vez que fue dejado sin efecto el aparato antecedente. «El poder constituyente —expresa el profesor Recasens Siches— es por esencia unitario e indivisible; es decir, no es un poder coordinado a otros poderes divididos (legislativo, ejecutivo, judicial); antes bien, es el fundamento de todos los demás poderes que vayan a surgir y de sus respectivas competencias». «La zona de cultura occidental mantiene la concepción democrática, según la cual el poder constituyente compete a la comunidad nacional de modo plenario. El titular del poder constituyente debe ser la nación, como unidad capaz de obrar, como conjunto de sujetos que tienen conciencia de su integración nacional y voluntad de afirmarla. Según la teoría democrática clásica, el poder constituyente compete legítimamente a la soberanía nacional, una, plena e indivisa; y es inalienable, permanente, intransmisible e imprescriptible. Permanece siempre en potencia, latente bajo toda constitución derivada de él. Y así cuando la constitución positiva caduca y con ella cae todo el ordenamiento jurídico positivo, entonces el poder constituyente de la plena soberanía nacional asume el carácter de única autoridad legítima» (Vida Humana, Sociedad y Derecho, p. 307).

La Asamblea Nacional Constituyente debe proveer, por tanto, a llenar en forma provisional los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En el aspecto legislativo, ella misma debe dictar ciertas leyes fundamentales, como la de elecciones, la de división territorial y, de ser posible, un Código Orgánico del Poder Judicial. Para el aspecto judicial, ella debe proceder a nombrar la Suprema Corte y a determinar la forma de reorganizarse el Poder Judicial en toda Venezuela. El problema más delicado y más interesante está en la forma de organizar provisionalmente, y mientras se realizan conforme a la nueva Constitución las elecciones para el Primer Magistrado, el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Podría quizás pensarse en la continuación de la Junta Revolucionaria, confirmada por la Asamblea Constituyente mientras se elige el titular definitivo del Gobierno. Yo, francamente, no participo de esta idea. La Junta Revolucionaria de Gobierno debe cesar una vez que la Constituyente se establezca. Un ejecutivo colegiado solo puede existir en momentos de anormalidad, en los que sería inadecuado que un determinado individuo asumiera íntegramente el mando supremo. Además, la confirmación de los provisionales ha sido siempre en Venezuela la fuente de las usurpaciones del poder.

El titular del Gobierno Provisional debe ser un Presidente. Un ejecutivo unipersonal, responsabilizado ante la Asamblea, debe encargarse de gobernar hasta que el segundo proceso electoral se cumpla. Y ese Presidente Provisorio debe ser, desde el mismo Decreto de la Asamblea que resuelva su nombramiento, declarado inhábil para ser elegido como Presidente de la República en las elecciones que posteriormente se han de celebrar.

Ese Magistrado Provisional que se elija debe también, en mi más profunda convicción, ser ajeno a las luchas de partidos. Su máxima responsabilidad ante la historia será la de presidir unos comicios en los cuales el Gobierno que ha de elegirse debe estar inmune de la menor sospecha de parcialidad. Será un Magistrado fugaz, es verdad, pero en la fugacidad de ese mandato quedará vinculado su nombre a la historia, desde luego que en sus manos será puesta la responsabilidad de que Venezuela se salve o se pierda para la decencia política. Porque si las elecciones son limpias e insospechables, se puede tener confianza en un futuro honesto, sincero y democrático; empero, si las elecciones del primer Presidente Constitucional que tenga la República después de la Revolución de Octubre, arrojan sombras sobre su legitimidad, para el porvenir de la patria solo se prepararían nuevas conmociones.

Yo entiendo la aparición de la Revolución de Octubre, no solo como una medida extrema para sanear la administración pública y reparar inveteradas injusticias, sino más bien como la inevitable reacción violenta de la decencia colectiva cuando un hombre o un grupo se disponen a mantenerse en el poder contra la voluntad de sus conciudadanos. Como la inevitable sacudida que se plantea cuando un gobierno que predica purezas democráticas, se burla de los gobernados haciéndoles aparecer como queriendo lo que ellos han sabido repeler. Para que esa reacción no se repita, para que Venezuela no se enzarce en la vía espinosa de los golpes de Estado, vía que por lo general no conduce sino a las dictaduras, hay que curar los males que hicieron necesaria la revolución. Hay que gobernar con sinceridad democrática. Hay que demostrar con los hechos el limpio propósito de bajar del poder cuando la voluntad colectiva libre de coacción así lo quiera.

Las elecciones para la Constituyente tienen una trascendental importancia, pero en muchos aspectos será más importante todavía la pureza de la elección presidencial. El partido hoy encargado del poder lanzó en el octubre prerrevolucionario la consigna de un Candidato Nacional extrapartido para que presidiera unos limpios comicios y se abriera campo a la nueva vida política. Esa consigna guarda una especial vigencia para el momento que vivimos. Yo tengo la más profunda convicción de que el pueblo de Venezuela vería con recelosa desconfianza la elección de un hombre de partido para presidir los comicios presidenciales. Yo, que nunca he rehuido mi puesto de combate, y que hoy formo filas en un organismo netamente diferenciado, no quisiera tampoco que ese Presidente Provisorio fuera un hombre salido de las filas de la agrupación a que pertenezco. Ese Presidente Provisorio ha de ser un hombre que merezca la confianza y el respeto de todos los grupos; y que aceptando tan delicada tarea, previo el compromiso nacional de hacerse inhábil para la Presidencia Constitucional, se cubriría de gloria al llenar una función que ningún hombre ha cumplido hasta hoy en Venezuela.

La elección de ese hombre, por encima de sectarismos y banderas, aunque la he referido como el último punto de este esbozo, no es ni mucho menos, el más pequeño de los problemas de la Constituyente.

1992. Marzo, 11. ALA / El Universal: Reforma constitucional ¡ya!

 

reforma constitucional
Recorte de El Universal del 11 de marzo de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Reforma constitucional ¡ya!

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 11 de marzo de 1992.

 

Desde hace más de dos años una comisión bicameral del Congreso que tengo el honor de presidir viene trabajando en el encargo de informar sobre la oportunidad, forma y conveniencia de una modificación del texto constitucional.

Inicialmente se trabajó con la idea de proponer una Enmienda número 3. Porque la Constitución prevé dos maneras de reformarla: una, a través de enmiendas, numeradas consecutivamente, y otra, a través de una reforma general. Las enmiendas tienen una tramitación en cierto modo más rígida que la reforma general, porque una vez aprobadas por el procedimiento establecido para la formación de las leyes se remiten a las Asambleas Legislativas para su ratificación o rechazo en sesiones ordinarias, mediante acuerdos considerados en no menos de dos discusiones y aprobados por la mayoría absoluta de sus miembros, y las cámaras reunidas en sesión conjunta, en sus sesiones ordinarias del año siguiente escrutan los votos de las Asambleas Legislativas y declaran sancionada la enmienda en los puntos ratificados por las dos terceras partes de aquellas.

La reforma general, en cambio, más exigente en el sentido de requerir el referéndum popular en vez del voto de las Asambleas Legislativas, no fija plazo para el referéndum, por lo cual puede ser convocado a la brevedad posible, y no se requiere que el escrutinio se conozca en sesiones ordinarias ni que tengan que ser del año siguiente. Por tanto, resulta más rápido el mecanismo para la reforma general que para la tramitación de una enmienda.

En el transcurso de estos dos años largos (casi tres) de existencia de la comisión bicameral, la situación ha ido variando sustancialmente. En primer término, porque han ido surgiendo nuevos temas además de los que inicialmente se comenzaron a tratar en nuestras reuniones: fruto de la inquietud general que reclama se consideren sin «descuadrar» el sistema democrático y además –sobre todo después de la campanada de alerta que sonó el 4 de febrero– porque el requerimiento se plasmó en impaciencia y la impaciencia se ha venido sintiendo más fuertemente con el transcurso de los días.

De allí que el criterio de la Comisión, conforme con el reclamo de la opinión pública, se ha deslizado de la idea inicial de la Tercera Enmienda a la idea de una reforma general.

La comisión bicameral propondrá en consecuencia al Congreso hacer una reforma general de la Constitución a la brevedad posible. La rapidez del procedimiento depende, por supuesto, de un acuerdo político de las corrientes representadas en las cámaras, de no prodigarse en largos debates, que podrían alejar del pueblo venezolano la convicción de que seriamente se entra en un camino de sustanciales rectificaciones.

La reforma contemplaría una revisión a fondo de la administración de justicia, que no sólo contiene mejoras importantes en cuanto a la selección y funcionamiento de los tribunales, sino de procedimientos excepcionales para elegir y para remover a los magistrados y jueces; la previsión del referéndum como institución popular para abrogar leyes, decidir cuestiones de especial trascendencia y pronunciarse sobre la ratificación de aquellos tratados internacionales que revistan mayor significación para el país; una legislación más efectiva sobre los partidos políticos, para asegurar la recuperación de su prestigio y el cumplimiento cabal de su función como sustentos de la democracia; la creación del cargo de primer ministro, designado por el presidente de la República, pero sujeto a la posibilidad de un voto de censura que acarree su remoción y la reorganización del Gabinete; la institución del defensor de los derechos humanos para ofrecer a la ciudadanía un órgano especializado en defenderla contra excesos y atropellos de las autoridades, y otras innovaciones más, como la precisión del concepto de leyes orgánicas y las condiciones formales para que tengan tal carácter, o la tramitación del presupuesto, para que pueda ser examinado oportunamente por ambas cámaras.

Hay, además, unos planteamientos sobre los cuales existe seguro consenso, como el derecho a la participación popular reclamado por las asociaciones de vecinos, el derecho a la información requerido por los periodistas, el derecho a un ambiente sano sustentado por los ecologistas, el derecho a la propia identidad y a la protección de su hábitat para las etnias indígenas planteado por los indigenistas, el derecho a la igualdad de oportunidades para la mujer solicitado por las voceras femeninas, el mejoramiento a los derechos políticos de los venezolanos por naturalización, que éstos con toda razón consideran no debe negárseles más tiempo. El proceso de descentralización actual y la elección popular de los gobernadores suponen también la reforma de algunos artículos del texto actual; y, por otra parte, la experiencia de las relaciones internacionales aconseja algunos cambios o aclaraciones de redacción que protejan la integridad de la patria.

Así como éstos, hay otros aspectos que no habría por qué demorar. La mayoría de las materias enunciadas han venido siendo consideradas por la comisión en el diálogo muy constructivo realizado en sus sesiones, otras corresponden a planteamientos que se han formulado ante ella y que no ha habido tiempo de discutir, pero sobre las cuales se han presentado mociones y razonamientos que podrían analizarse rápidamente si hubiera realmente la decisión de enfrentar el aspecto constitucional de la crisis que vivimos.

La reforma general, por supuesto, contiene también la previsión de convocar una Asamblea Constituyente si el pueblo lo considera necesario, sin que se rompa el «hilo» constitucional. Sería muy grave esa ruptura, por lo que se debe abrir camino dentro del ordenamiento jurídico.

La Constitución de 1961 es indiscutiblemente muy buena y ello es unánimemente reconocido; pero el tiempo trae consigo nuevas situaciones y el pensamiento, así como el sentimiento colectivo, experimentan cambios que sería errado no entender.

En Venezuela las constituyentes han surgido después de una revolución o golpe de Estado; y –cosa curiosa– entre las constituciones que han durado menos están algunas, como la de 1858, la de 1864, la de 1947 y la de 1953, promulgadas por asambleas constituyentes. La de 1830 naufragó con el «fusilamiento del Congreso» en 1848.

Esto no quiere decir que no debe abrirse ese camino, pero con garantía de que no resulte un espejismo más y de que el pueblo no se sentirá burlado de nuevo.

Hay opiniones según las cuales debería limitarse la reforma actual a prever la convocatoria a la Constituyente y, a lo más, considerar dos o tres puntos solamente. Esto sería postergar urgentes aspiraciones de importantes sectores; porque el proceso de convocatoria de la Constituyente, después de celebrado el referéndum aprobatorio, requerirá cierto tiempo para la elección de los miembros de la Asamblea, que supone lo suficiente para la postulación de los candidatos, creación y registro de los grupos que los respalden, porque la gente no se conformaría con ir solamente a votar por los candidatos postulados por los partidos existentes.

Sería para fines de año la instalación de la Asamblea para que comience a debatir las cuestiones por cuya consideración clama la comunidad, lo que agravaría la crisis actual en vez de resolverla. En cambio, atender de inmediato en la reforma general (sobre un proyecto que está listo) demostraría que verdaderamente las cosas van a cambiar.

Esa reforma general podría, además, si así se considerara necesario, contemplar la posibilidad de introducir disposiciones transitorias relativas a la organización de las ramas del Poder Público nacional. Toca al Congreso pulsar el sentimiento popular y obrar en consecuencia.

Esa reforma general de la Constitución, con la premura que las circunstancias imponen, tendría la ventaja de no ser improvisada. No se correría el riesgo de que unos fanáticos de la corriente neoliberal, si llegaran a controlar la Constituyente, estropearan el conjunto de garantías sociales que la Carta contiene. Y ésta, que ha sido de nuestras leyes fundamentales la que ha durado más, cobraría nueva vida, poniéndose a tono con los tiempos. Por eso considero ineludible decir: reforma constitucional ¡ya!

1992. Marzo, 25. ALA / El Universal: Etapa cumplida

Rafael Caldera etapa cumplida
Recorte de El Universal del 25 de marzo de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Etapa cumplida

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, 25 de marzo de 1992.

 

El pasado lunes, primer día hábil después de la fecha fijada por el Congreso a la comisión bicameral respectiva, entregué a los presidentes de las Cámaras el informe de la comisión, con un Proyecto de Reforma General de la Constitución, constante de 70 artículos. Para cumplir el compromiso hubo que sesionar intensamente durante toda la semana, incluyendo el domingo, pero debo dar fe de que los miembros de la comisión y los asesores dieron muestras de voluntad de servicio para cumplir tan importante encargo.

La comisión bicameral, designada en junio de 1989, iba ampliando su horizonte a medida que el interés nacional así lo reclamaba, y la prisa con que se concluyeron sus tareas no fue por capricho de sus integrantes, sino por responder a la profunda inquietud que existe ante la crisis política que atravesamos.

Esa prisa no impidió, sin embargo, que durante la última semana se revisaran absolutamente todos los temas que habían ido considerándose a lo largo de dos años y medio, así como los propuestos en los últimos días por organismos, instituciones o personas animadas con la mejor intención de contribuir a mejorar aún más el texto.

Las reuniones de la Comisión tuvieron lugar en el más importante salón del Capitolio (después del salón Elíptico) que es el salón de los Escudos, cuyas puertas estuvieron siempre abiertas, cuyo recinto siempre fue accesible a quienes desearan estar al tanto de las discusiones y cuyo umbral fue franqueado repetidas veces por los comunicadores sociales.

Para más amplia información y difusión del trabajo que se iba realizando, se celebraron foros de innegable trascendencia. Las Jornadas de Revisión Constitucional que llevaron el nombre de Jóvito Villalba, celebradas en Parque Central, contaron además con la concurrencia de los copresidentes de la Constituyente colombiana, doctores Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf, y del presidente de la Constituyente brasileña, diputado Ulises Guimaraes. Los medios las reseñaron ampliamente; y allí, por cierto, fue donde por primera vez se planteó en un ambiente académico la posibilidad y conveniencia de prever la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esas Jornadas fueron de libre acceso al público y, además, se repartieron unas 4.000  invitaciones, que cubrieron todo el espectro político y social venezolano.

Las Jornadas Domínguez Escovar, que anualmente reúnen en Barquisimeto a lo más representativo del pensamiento jurídico de toda la República, se dedicaron el año de 1991 a la reforma de la Constitución. El Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, que tuvo su sede en Maracaibo con motivo del Centenario de la Universidad del Zulia y que comprendió a los mejores especialistas en la materia, también se dedicó a la revisión constitucional.

Numerosos foros patrocinados por Colegios de Abogados o por Universidades y otras instituciones, han analizado durante estos dos años y medio el trascendental asunto. Han participado en la discusión de la materia diversas personalidades, en programas de opinión trasmitidos por la televisión y por la radio. Y el material de prensa en torno a los diferentes aspectos del problema es sumamente abundante: artículos, declaraciones y noticias recogen los puntos de vista más variados sobre el particular.

Resultaría, por tanto, a lo menos ingenuo pensar que las actividades de la Comisión Bicameral han tenido algo de clandestinas o secretas; y no podría concebirse que nuestro pueblo y sus más conspicuos representantes hayan sido tan indiferentes que no tuvieran noticia de nuestra labor.

Sin embargo, convengamos en que lo ocurrido en el país a raíz del 4 de febrero ha incrementado la curiosidad; y ahora, con la entrega del informe de la comisión y la iniciación del proceso deliberativo en el Congreso aumentarán su conocimiento y la curiosidad por conocer el Proyecto. La controversia acerca de algunos temas polémicos acentuará ese interés; y si bien, de las reformas propuestas muchas son expresión de un verdadero consenso nacional y otras son transcripción mejorada de disposiciones existentes en las dos enmiendas aprobadas (No. 1 y No. 2), es indudable que la preocupación colectiva seguirá aumentando antes de convocarse el referéndum popular que habrá de decidir si aprueba o no la reforma constitucional, el cual deberá ser precedido además (sin duda) por una extensa información al pueblo, que ejercerá por primera vez el derecho a pronunciarse en una consulta popular de tal índole.

La reforma constitucional es una contribución valiosa, sin duda, a la solución de la crisis política que el país atraviesa. No es ni puede ser una panacea, pero sí un factor importante para abrir caminos a la recuperación de la confianza en la institucionalidad democrática. A través de un procedimiento previsto en la misma Constitución de 1961 se abre campo a novedosos e interesantes cambios en la estructura del Estado democrático venezolano.

De la mayor importancia es, por ejemplo, la institución del referéndum popular. Se lo propone en los términos más amplios: referéndum abrogatorio de materias de señalada significación (como podría serlo por ejemplo, un tratado de delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia); referéndum consultivo, sobre materias de especial importancia, y –muy interesante– referéndum revocatorio del mandato  de funcionarios públicos de toda clase y de todo nivel cuando, después de transcurrido un tercio de su período, el pueblo crea que debe removerlos por no estar cumpliendo a satisfacción sus compromisos.

La reforma de la administración de justicia ha sido materia a la que dedicó quizás la mayor parte de sus deliberaciones la comisión bicameral. El hecho de que el país nacional no crea en la imparcialidad de sus jueces es dramático. Muchas de las disposiciones propuestas tratan de ofrecer solución: algunas de ellas de carácter permanente, otras para responder a los reclamos especialmente urgentes de la comunidad en la hora actual. Mi tesis ha sido la de crear una Alta Comisión de Justicia que no sea un organismo burocrático, sino una especie de jurado que se reúna en cada caso en que se necesite, convocada por el Fiscal, por las Cámaras y por la propia Corte Suprema y presidida por el Fiscal General de la República e integrada por personas que en parte representen el estamento jurídico y en parte el resto del país nacional. La Comisión prefirió darle el nombre de «Consejo de la Magistratura» y, además de quitarle algunas de las facultades propuestas, colocarla bajo la presidencia del Presidente de la Corte Suprema, lo que no me parece conveniente. Además, propuso una modificación del Consejo de la Judicatura que no estoy seguro de que constituya efectivamente una mejora sustancial. No veo cómo se evitará una inevitable confusión en el público entre el «Consejo de la Magistratura» y el «Consejo de la Judicatura», dos organismos con atribuciones muy diferentes y con denominación equivalente. Pero, al fin y al cabo, y sea cual fuere la decisión final, la proposición evidencia la preocupación de la comisión bicameral sobre este tema.

La creación de la figura del Primer Ministro, nombrado por el Presidente, que comparte con él la selección y funcionamiento del Gabinete y que puede ser destituido por un voto del Congreso; la del defensor de Derechos Humanos, que atiende las quejas de la población, para que el Fiscal General pueda dedicarse íntegramente a las responsabilidades que el Ministerio Público impone; la introducción de normas exigentes para el funcionamiento de los partidos; el voto de conciencia; la formulación de derechos reclamados por importantes grupos sociales, todo ello es requerido por la Venezuela de hoy y no hay un motivo para aplazarlo.

Y se propone la previsión de que, si el pueblo así lo decide, se convoque una Asamblea Constituyente: es decir, que el propio ordenamiento constitucional prevé el procedimiento para que pueda derogárselo a través de un poder originario. ¿Audacia? Sin duda; pero indispensable para satisfacer muchas inquietudes y desvanecer muchas dudas.

El nudo de todo el proceso está en la decisión sobre la aplicación inmediata, en algunos aspectos trascendentales como el referéndum revocatorio, que respondería a evidentes aspiraciones de la población, pero no contó con mayoría en la Comisión. No se planteó en ella la propuesta de una disposición transitoria para recortar este período constitucional, pero se anunció que sería presentada a las Cámaras. Esta cuestión, sobre la cual no quiero insistir, va a tener inevitables consecuencias.

De todos modos, estoy convencido de que la nueva etapa que se inicia en el proceso de la reforma constitucional abre ante el país una esperanza: esperanza que se traduce en la convicción de que sí hay solución democrática para la crisis que vive Venezuela.

1992. Mayo, 6. ALA / El Universal: ¿Cuatro más cuatro?

Cuatro más cuatro
Recorte de El Universal del 6 de mayo de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Cuatro más cuatro?

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 6 de mayo de 1992.

 

La comprensible tendencia a considerar lo de Estados Unidos siempre lo mejor es seguramente la razón que a muchos, de buena fe, lleva a proponer que el período presidencial en nuestro país sea, como en Norteamérica, de cuatro años prorrogables mediante una reelección inmediata por cuatro años más. Lo que me ha hecho recordar un apóstrofe de Andrés Bello: «Cuándo imitaremos a Estados Unidos en lo que son más dignos de ser imitados». Refiriéndose a quienes atribuyen al federalismo norteamericano el adelanto en ese país, Bello comenta: «Toda constitución libre hubiera sido igualmente próspera, en pueblos preparados como lo estaban los americanos del norte, y favorecidos de las mismas circunstancias naturales; y la federación más perfecta habría hecho poco o nada sin el espíritu que animaba aquella sociedad naciente: espíritu que nació y medró a la sombra de instituciones monárquicas, no porque eran monárquicas sino porque eran libres y porque en ellas la inviolabilidad de la ley estaba felizmente amalgamada con las garantías de la libertad individual». Suponiendo que el sistema de la reelección inmediata hubiera funcionado a la perfección en Estados Unidos, ello no significaría que también sería ideal en Venezuela. Pero vale la pena analizar un poco la materia.

La norma permisiva de una inmediata y única reelección al cumplirse el período presidencial de cuatro años no se estableció en el Norte como resultado de una previa deliberación. Es sabido que al principio no había ningún ánimo anti-reeleccionista. El padre de la Patria, George Washington, fue reelecto al cumplirse su período y habría sido reelecto una vez más, sin no lo hubiera rechazado. Su ejemplo fue seguido por sus sucesores, hasta que Franklin D. Roosevelt tuvo la ocurrencia de hacerse reelegir por tercera y cuarta vez. Nada se lo impedía. Pero después de su muerte cobró cuerpo la idea de que el ejemplo de Roosevelt, que podría inducir a otros a imitarlo, no era el más conveniente; y la enmienda Constitucional Número XXII, en 1951, prohibió que un Presidente fuera reelecto por más de un segundo período.

Me observaba un amigo versado en la historia de Estados Unidos que después de Truman sólo fueron reelectos los presidentes Eisenhower y Reagan, quienes no han sido, a juicio de muchos observadores, los más brillantes ocupantes de la Casa Blanca. Nixon fue reelecto, pero su actividad como presidente-candidato lo llevó a utilizar ciertas ventajas que, evidenciadas, lo obligaron a renunciar sin concluir el segundo período. Kennedy fue asesinado para que no lo pudieran reelegir; Johnson no se atrevió a postularse por segunda vez, a causa de la difícil situación en que lo había colocado la guerra de Viet-Nam; Carter perdió las elecciones al postularse de nuevo ante los electores.

Pero no se trata solamente de que haya tenido o no lugar la reelección. Lo más importante es que no parece muy sano jugar el doble papel de Presidente de Estados Unidos y candidato en campaña electoral. Como Jefe del Estado tiene en sus manos una suma de poder muy grande y puede ceder a la tentación de usarla más allá de lo lícito: esa fue la causa del deplorable incidente de Watergate. Por otra parte, es posible que en el cuarto año de gobierno los compromisos de la campaña del candidato tengan prioridad sobre las obligaciones del Presidente y las decisiones que éste adopte tienden a ser calificadas por la oposición como electorales.

No es extraño, por tanto, que en los propios Estados Unidos haya habido dudas sobre la conveniencia de continuar el sistema de 4 + 4. En el The New York Times del 10 de mayo de 1979, James Reston escribía desde Washington: «Se piensa en prolongar el período presidencial». «Durante las últimas semanas –decía- tanto el presidente Carter como John Connally se han manifestado públicamente por un único período presidencial de seis años. Lyndon Johnson y Richard Nixon habían también indicado lo mismo. Carter consideró que sería mejor ser un Presidente por un período de seis años porque al paso del tiempo todo el mundo sospecharía que estaba tomando decisiones, no para la nación sino para asegurarse su propia reelección» (El Nacional, Caracas, 11/5/70). La agencia EFE, el 29 de abril del mismo año, comentaba: «en los últimos veinte años el Congreso ha estudiado ese tema varias veces, sin llegar a ninguna conclusión».

En América Latina, el problema se podría tornar mucho más grave. No es que no pueda haber un Presidente suficientemente honesto y suficientemente respetuoso de su dignidad y de su deber de respetar las instituciones, para competir limpiamente y sin ventajismos indebidos en la consulta electoral para un nuevo período, estando en ejercicio de su alto cargo. Pero sería probablemente la excepción y no la regla. Por eso las constituciones latinoamericanas todas han prohibido la reelección inmediata; la nuestra, como la anterior de Costa Rica extendieron la prohibición hasta dos períodos subsiguientes para evitar que ocurra lo que sucedió en Venezuela entre 1852 y 1858, en que la Presidencia fue de las manos de José Tadeo a las de José Gregorio y de José Gregorio a José Tadeo. Dos períodos (aquí, diez años) son suficientes como para impedir que el ex Presidente conserve las riendas del poder hasta allá e imponer irregularmente su nueva elección. Sigo creyendo que este sistema, comparado con otros, es mejor.

En algunos países del hemisferio se ha establecido la no reelección absoluta, propuesta para Venezuela en la Comisión de Revisión Constitucional. El caso piloto es el de México, donde funciona una democracia singular, controlada por un partido –que apenas ahora comienza a aceptar una cierta apertura al pluralismo- y donde el Presidente tiene poderes muy grandes, incluyendo la selección del sucesor. El período allá es de seis años. En Costa Rica y Ecuador se ha introducido la no reelección absoluta que acaba de incorporar también la nueva Constitución colombiana. El período es de cuatro años en los países citados, y personas como el ecuatoriano Oswaldo Hurtado, y el costarricense Rafael Angel Calderón Fournier, que no tienen 50 años de edad, ya no pueden volver a ser presidentes, aunque lo hayan hecho bien y ahora tengan mejor experiencia. En los dos países la disposición tuvo nombre propio: en Costa Rica, Pepe Figueres y en Ecuador José María Velasco Ibarra, reelectos cada vez que se les permitió competir. Pero en Costa Rica está pasando algo curioso: una de las personas que aspira a la candidatura para la próxima elección es la esposa del ex presidente Oscar Arias, lo que causa una impresión extraña. Por lo contrario, en Brasil no pocos piensan en el ex presidente Sarney para una próxima elección. Lo mismo pasa en Uruguay con el ex presidente Sanguinetti. Podrían citarse otros ejemplos y valdría la pena examinar la motivación.

El cambio que algunos han propuesto en Venezuela para aplicar el sistema norteamericano pareciera no estar suficientemente meditado. El 4+ 4 sería atractivo para quienes aspiren a la Presidencia, porque podrían pensar que el quinquenio podría extenderse hasta ocho años. Creo, sin embargo, que el problema no es para juzgarlo en términos de la conveniencia de nadie, sino del país.

¿Qué pensar sobre lo establecido para los gobernadores y alcaldes? Prácticamente todos los que fueron elegidos en 1989 están aspirando a la reelección, y quién sabe cuántos de ellos están administrando los recursos de su jurisdicción con franca intención electoral. El resultado de las elecciones próximas servirá de termómetro para emitir un juicio sobre el ensayo. Trasladarlo a la Jefatura del Estado en la próxima reforma constitucional parece aventurado.

Vale la pena analizar mejor la idea. En todo caso, he considerado de mi deber exponer sinceramente mi opinión.

1992. Mayo, 20. ALA / El Universal: El argumento de los 70 artículos

El argumento de los 70 artículos Rafael Caldera
Recorte de El Universal del 20 de mayo de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El argumento de los 70 artículos

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 20 de mayo de 1992.

 

La tramitación de la reforma constitucional en las cámaras legislativas ha suscitado, como es natural, numerosas opiniones de personas y entidades que antes no se preocuparon por el asunto, a pesar de la amplia publicidad que se dio durante dos años y medio a las actuaciones de la comisión bicameral encargada de la revisión. Es natural, digo, porque así suele acontecer aquí: es al final cuando quienes debían estar alertas responden a sus inquietudes para expresarlas enfáticamente. Esas personas y entidades en su mayoría fueron invitadas a reuniones diversas, suficientemente anunciadas en los medios de comunicación social: baste mencionar, como ejemplo, las Jornadas de Revisión Constitucional que llevaron el nombre de Jóvito Villalba, que se celebraron durante varios días en Parque Central y a las cuales asistieron, como motivo adicional de atracción, los directivos de las constituyentes de Brasil y Colombia, quienes fueron entrevistados por los medios de comunicación social. Esto lo he dicho antes, pero no es ocioso repetirlo.

Lo que es menos natural es el argumento esgrimido contra la reforma que consta de 70 artículos. Se pretende que este número impida una tramitación rápida y, más todavía que no se pueda proponer al pueblo un referendo para votar «sí» o «no» por un instrumento supuestamente largo y complicado. Creo poder demostrar que este argumento, si se lo analiza con serena objetividad, es más aparente que real.

En primer término, debo recordar que en el Derecho Constitucional de nuestro tiempo, donde se admite la figura del referendo, se consagra el voto del pueblo para que apruebe o rechace un proyecto o una ley. A nadie se le ocurre que esa aprobación o rechazo se hace mediante un análisis detallado de cada uno de los artículos que lo componen. Generalmente se acepta que una Constitución, para ser promulgada, debe ser aprobada previamente por la comunidad nacional, aunque la haya elaborado y aprobado una asamblea constituyente, pero ese pronunciamiento colectivo tiene el carácter de una decisión conformatoria o improbatoria. Así, por ejemplo, un referendo en Francia, celebrado el 5 de mayo de 1946, rechazó la Constitución de aquel año por 53% no, contra 47% sí: y otro, el 13 de octubre de 1946, ratificó la Carta respectiva, por 53,5% afirmativo contra 46,5% negativo. La Constitución de la Cuarta República, del general De Gaulle, fue ratificada en el referendo del 28 de septiembre de 1958, por 79,2% sí, contra 20,7% no, sin que a nadie se le ocurriese que debía votar uno por uno los 92 artículos que contenía.

En España, la vigente Constitución, constante de 169 artículos, más 4 adicionales, más 8 disposiciones transitorias, más una abrogatoria, más una final, fue aprobada por referendo el 6 de diciembre de 1978, por 87,7% afirmativo, contra 7,9% negativo, 3,5% en blanco y 0,74% de votos nulos.

Pero, esto dicho, es necesario aclarar que la suposición de que los 70 artículos del proyecto venezolano actual constituyen un conjunto de disposiciones complicadas, con las cuales se ha creado una situación muy compleja y sobre las cuales es difícil y contradictorio el pronunciamiento, no es tal, según vamos a verlo:

En primer lugar, 8 artículos son la simple y necesaria traslación de las disposiciones de las enmiendas constitucionales No. 1 y No. 2, y de las disposiciones transitorias, más la disposición final, con pequeñas modificaciones, las cuales no pueden quedar sueltas cuando se trata de una «reforma general» de la Constitución. Ya se sabe que se adoptó el camino de la reforma general porque el de la enmienda No. 3 resultaba contradictoriamente más largo.

Disposiciones que son consideradas indispensables, como la del referendo, la del reajuste del Congreso y los partidos, la del primer ministro, defensor de derechos humanos, administración de justicia, reformas de la Constitución y Asamblea Constituyente comprenden, entre todas ellas, un total de 2 + 10 + 4 + 1 + 13 + 4 = 34.

Pero fuera de ellas hay una serie de artículos que responden a aspiraciones legítimas y a necesidades urgentes que nadie tendría motivo justo para debatir, a menos que no se tuviera la voluntad política de abrir paso al  cambio sino el propósito deliberado de entorpecerlo. Sirvan de ejemplo (artículo 1º.) el que agrega la palabra «participativo» al artículo constitucional que establece que el Gobierno de Venezuela es y será siempre, democrático, representativo, responsable y alternativo, y (artículo 2º.) el que al principio de que la soberanía reside en el pueblo, añade que la ejercerá «directamente, en la forma prevista en esta Constitución y en las leyes» y no sólo indirectamente a través del sufragio por los órganos del Poder Público. El artículo que define la soberanía territorial de la nación incorpora una frase propuesta por el ex consultor de la Cancillería, especialista en Derecho Internacional: «La zona económica exclusiva y cualquier otro elemento que en derecho esté incluido en el dominio territorial de la República» (artículo 3 del Proyecto).

La proposición del artículo 5 simplemente quiere dejar a una ley orgánica el régimen futuro del Distrito Federal y la posibilidad del llamado estado Vargas, sin tener que reformar nuevamente la Constitución, y el artículo 5 adapta el principio que rige el régimen de los territorios federales a la nueva situación. Los artículos 6, 7, 8 y 9 adaptan las disposiciones relativas a los estados a la nueva situación existente (elección popular y directa del gobernador, condiciones de remoción, atribución de las asambleas legislativas para dictar la Constitución del Estado, aumento de las competencias) y el 10 prevé la existencia de las parroquias, ya que actualmente se consagra el Municipio como la unidad política primaria y autónoma y no está prevista su integración parroquial (actualmente inconstitucional).

Los proyectados artículos 11, 12, 13, 14 y 15, referentes a la nacionalidad, contienen, por una parte, la restitución de una norma de la Constitución de 1947 (equivalente, pero más amplia de la Constitución colombiana) según la cual para tener la nacionalidad por nacimiento un niño nacido en el territorio nacional debe ser hijo de venezolano o venezolana o de extranjero o extranjera residente legalmente en el país, que no esté al servicio de un Estado extranjero; pero podrá adquirirla si al cumplir la mayoría de edad manifiesta su voluntad de ser venezolano siempre que haya residido permanentemente en el territorio de la República hasta ser mayor de edad. Por otra parte, se consagra el principio de que los venezolanos por naturalización tendrán los mismos derechos que los venezolanos por nacimiento salvo las excepciones establecidas expresamente en la Constitución y no se usará la expresión «extranjeros naturalizados para determinarlos».

Los artículos 16 al 24 son precisamente requeridos con justo derecho por grupos importantes de venezolanos, a saber: la prelación de los derechos humanos; la conservación de un ambiente sano (como deber, artículo 17; como derecho, artículo 24); la garantía de iguales oportunidades para la mujer; la igualdad de los cultos e iglesias legalmente establecidos en cuanto a la libertad ante la ley; la libertad de información, reclamada por el Colegio Nacional de Periodistas; el derecho a una justicia imparcial y oportuna; el derecho a la alimentación, que atiende al reclamo de un gran movimiento internacional que lo acaba de proclamar en un gran acto ante la reina de España en Barcelona; el derecho a las etnias, comunidades y pueblos indígenas a la conservación de su cultura y de su identidad, a la protección de su hábitat natural según sus costumbres y tradiciones, a la educación bilingüe y a su protección legal. ¿Habrá alguien que se oponga a estas previsiones, o que crea que ellas constituyen un estorbo para la tramitación respectiva?

Una disposición que permite y regule la confiscación de bienes corruptos y narcotraficantes (artículo 25); una aclaración de los tratados y convenios que deben ser ratificados por el Congreso (artículo 31); otra sobre la atribución de ordenación del territorio, en cuanto afecte el interés nacional o al equilibrio ecológico global (artículo 34), y pare de contar.

Que se busquen otros argumentos, lo acepto; pero que se invoque el número de las disposiciones que acabo de discriminar, para objetar la reforma constitucional, no lo creo procedente. Si no, que digan los objetores cuáles de las disposiciones requeridas consideran se deben suprimir, o relegar para más adelante. Lo que corresponde a quienes forman opinión pública es discutir abiertamente estas materias y hacerlo en forma que llegue al conocimiento del público. Estoy convencido de que en este caso, como suele ocurrir, el pueblo estará más dispuesto a comprender que quienes se constituyen en sus dirigentes o intérpretes. Si hay voluntad política, el Proyecto estará rápidamente aprobado. Al ritmo que se imprimió entre febrero y marzo, ya podría estar sancionado. Pero si se cae en la rutina parlamentaria, nos puede sorprender la aurora.

1992. Junio, 3. ALA / El Universal: Confianza en la justicia

Artículo Confianza en la justicia
Recorte de El Universal del 3 de junio de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Confianza en la justicia

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 3 de junio de 1992.

 

La importancia de la administración de justicia en la vida de una sociedad fue siempre proclamada por gente como Simón Bolívar y Andrés Bello, preocupada por la organización de nuestras naciones después de lograda la Independencia. Cuando la justicia no se administra de acuerdo con el aforo romano «dar a cada uno lo que le pertenece», la convivencia social se mantiene sobre bases frágiles, cae en el grave mal de hacerse cada uno justicia por su mano, lo que en definitiva hace que sea el más fuerte y no el que tiene la razón el que asegure el disfrute de sus intereses.

Cuando la sociedad llega a convencerse de que los encargados de administrar justicia no obedecen a los principios de la moral y el derecho sino a las presiones del capital o del poder, la situación puede llegar a hacerse intolerable.

Es lo que puede ocurrir en Venezuela porque la colectividad no está inclinada a acatar los fallos de los jueces, sino a reaccionar contra ellos, atribuyéndolos a parcialidad, por debilidad, partidista o venalidad.

De allí la importancia que tiene la forma de elección de los jueces. Cuando el pueblo cree que han sido escogidos por razones políticas o influencias de grupos de presión, pierde la confianza en aquellos que más necesitan tenerla para emitir sus veredictos en asuntos controvertidos.

La reciente elección de 5 magistrados y 10 suplentes para la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, provoca honda reflexión. La opinión pública no quedó satisfecha, no porque objetara las personas de los electos, entre los cuales todos o casi todos son profesionales calificados, sino porque fueron en definitiva impuestos por los cogollos partidistas, cogollos que han perdido la confianza que tuvieron en los primeros tiempos de nuestro sistema democrático. Otro ejemplo podría encontrarse en Perú. Acusado de corrupción el ex presidente Alán García, se suscitó inevitable controversia entre sus partidarios y sus adversarios: para éstos era patente la culpabilidad; para aquéllos se trataba solamente de una maniobra política para cerrarle el paso al futuro de un político carismático, con grandes posibilidades de volver.

El Senado, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, lo puso a la orden del Poder Judicial y la Corte Suprema declaró no haber lugar a juicio: si ese alto tribunal hubiera estado formado por ciudadanos reconocidamente independientes, la opinión pública habría tenido que acatar el fallo y aceptar que el ex Presidente era inocente de lo que se le acusaba; pero como estaba integrado en gran parte por miembros de su partido APRA, elegidos durante su administración, la reacción de la opinión pública fue desfavorable, y este hecho sirvió de alegato al presidente Fujimori para descalificar la administración de justicia en general y esgrimir este argumento para el autogolpe que envolvió la destitución de los órganos de la Judicatura.

De allí la importancia, la urgencia, la trascendencia de que la Reforma Constitucional actualmente sometida a la tramitación rutinaria de las Cámaras Legislativas, ofrezca al país nacional previsiones que tiendan a restablecer su confianza en la administración de justicia.

Se requieren normas de excepción, porque es de excepción la situación que atravesamos. Hay que establecer procedimientos de elección que no dejen la menor ranura a la sospecha de que en ella han prevalecido otros intereses que no sean el de escoger los más idóneos, no sólo en el plano de la moral, cívica y personal. La regla común para la designación y para los ascensos de los jueces y magistrados debe ser la de los concursos de oposición. La reforma lo propone así; y también propone crear una instancia insospechable de parcialidad que pueda ordenar la repetición de un concurso cuando su celebración no haya sido correcta. Y en cuanto a la elección de los miembros del más alto tribunal de la República, la Corte Suprema de Justicia, se debe establecer un filtro para la selección de los candidatos, entre los cuales las Cámaras en sesión conjunta, por una mayoría calificada no inferior a las dos terceras partes de sus miembros, los elija en votación individual y secreta.

El filtro que propuse a la Comisión Bicameral que presidí y que redactó el Proyecto de Reforma Constitucional era una Alta Comisión de Justicia, punto clave de la normativa propuesta sobre administración de justicia, materia sobre la cual estuvimos discutiendo desde julio de 1991 hasta marzo de 1992 y a la que dimos no menos de 15 discusiones.

La idea era la de crear un organismo excepcional, no burocrático, integrado en forma que nadie pudiera «entubar» sus actuaciones, por tener una composición plural, representativa de tantas instituciones que fuera, en lo posible, un espejo de la sociedad civil.

Con participación importante, sin duda, del estamento jurídico y del sector judicial, pero con presencia determinante de la ciudadanía, a la que en definitiva toca el efecto de las decisiones. Esa Alta Comisión de Justicia tendría además la atribución –igualmente excepcional- de remover a cualquier juez o magistrado, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, cuando el caso así lo ameritara. Para la remoción de un magistrado de la Corte Suprema se preveía un quórum especial.

Esta fórmula, llevada después de varias redacciones a la última reunión de la Comisión Bicameral, fue inesperadamente desechada y sustituida por un «Consejo Superior de la Magistratura» con diferencias importantes a la proyectada Alta Comisión. No la presidiría el Fiscal General de la República sino el Presidente de la Corte Suprema. No tendría potestad para remover a los magistrados de la Corte, los que sólo podrían ser objeto de esta medida por las dos terceras partes de los miembros del Congreso, previa opinión del Consejo Superior de la Magistratura. Sostengo que la propuesta inicial es más conveniente, porque el Fiscal General, jefe del Ministerio Público, está obligado a velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial, y porque dejar al Congreso la atribución de destituir a los magistrados de la Corte Suprema le daría a esta actuación un tinte político.

En la Subcomisión de la Cámara de Diputados que estudia la materia relativa a la administración de justicia se han expresado pareceres opuestos, tanto a la Alta Comisión de Justicia, como al Consejo Superior de la Magistratura. ¿Es que se piensa improvisar otra solución? ¿O que quienes tienen en su mano una parcela importante de poder en la rama judicial prefieren buscar fórmulas inocuas en vez de soluciones drásticas?

Se afirma que lo más importante para los jueces es su independencia de toda otra rama del Poder Público. Ello es correcto, pero la experiencia demuestra que esa independencia puede convertirse en un bunker para asaltar litigantes y para atropellas instituciones, si no se garantiza un correctivo que opere en casos de extrema necesidad. La situación de la justicia en Venezuela está actualmente en esa condición. Hay muchos jueces honestos, pero su imagen está sufriendo el reflejo de la que tienen los que no lo son. Los jueces rectos, competentes y laboriosos se beneficiarán si se pone un freno a los abusos de los jueces corruptos. Es un momento de ser o no ser. O se adoptan medidas heroicas o se continúa cayendo en el descrédito de las instituciones.

Y una observación adicional. Se sabe que muchas veces los delincuentes son absueltos porque los expedientes no están bien instruidos. Se le achaca a la Policía Técnica Judicial el que a veces privan intereses políticos en su actuación, ya que depende del Ejecutivo. Eso se corregiría poniéndola bajo la dirección del Fiscal General. Valdría la pena agregar en la Reforma Constitucional esta atribución del Fiscal. Así se librarían las actuaciones de la PTJ de esa sospecha y se quitaría al Ministerio Público la excusa de no tener elementos suficientes para actuar.

Es necesario repetirlo: si hay voluntad política, estas urgencias se pueden atender. Si se cae en lo tortuoso de la rutina parlamentaria, nos puede sorprender la aurora.

1992. Julio, 1. ALA / El Universal: Derechos sociales en Colombia

Artículo Derechos sociales en Colombia
Recorte de El Universal del 1 de julio de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Derechos sociales en Colombia

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 1 de julio de 1992.

 

Voceros de la corriente económica neoliberal, venidos de la más extrema izquierda y pasados a la más extrema derecha, han tenido la sinceridad de expresar que aspiran a una Asamblea Constituyente para que se quiten de la Constitución «esas antigüallas» de los derechos sociales y se establezca definitivamente un Estado liberal con economía de mercado. Hay que agradecerles la franqueza, que nos debe prevenir sobre sus verdaderos propósitos. Pero como con frecuencia se invoca el precedente colombiano, vale la pena recomendarles leer la nueva Constitución de la hermana República.

El presidente Gaviria, que ha navegado en la onda neoliberal y propuso reformas regresivas, entre otras, a la legislación del trabajo, debe haberse sorprendido porque la Constituyente que él convocó y que contó con un tercio de sus miembros afiliado al Partido Liberal y otro tercio a diversas variantes del Conservador, decidió afirmar principios y establecer normas avanzadas de un Estado Social de Derecho.

Así, por ejemplo, al derecho de asociación sindical, declaró: «Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión» (art. 39). «El Estado –dice– expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales (art. 53).

El artículo 54 establece: «El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud». El artículo 55 garantiza el derecho a la negociación colectiva; el artículo 56 el derecho a huelga, y dispone que una comisión tripartita permanente «concertará las políticas salariales y laborales». El 57 dispone: «La ley podrá establecer los estímulos y medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas».

Interesantes son los derechos reconocidos a la familia, entre los cuales está el siguiente: «Durante el embarazo y después del parto gozará (la mujer) de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada» (art. 43). Según el artículo 50: «Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado». Y por el artículo 51: «Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiamiento a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda».

El artículo 63 consagra la educación como un derecho de la persona y un servicio público y dispone: «La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos». «Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección de la educación». El artículo 69 garantiza explícitamente la autonomía universitaria. El artículo 73 protege el secreto profesional del periodista. Los artículos 75, 76 y 77 disponen que la televisión «será regulada» por una entidad autónoma de derecho público, integrada por cinco miembros, de los cuales dos serán designados por el Gobierno, otro «será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión» y los otros en la forma que disponga la ley. «El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social y el subsidio alimentario en caso de indigencia» (art. 46). También «adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran» (art. 42). «La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social (art. 48). «La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud» (art. 49). Además de sus atribuciones en el campo propio, al Estado corresponde «también, establecer las políticas para la prestación de los servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control».

Son muchas más las disposiciones a las que quisiera referirme, pero un artículo, por extenso que sea, es insuficiente para ello. Sin embargo, creo necesario al menos aludir a las normas constitucionales sobre la propiedad y la economía.

En cuanto a la propiedad, se mantiene el principio introducido en la reforma de 1936 de que «la propiedad es una función social que implica obligaciones»; se declara que el Estado «protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad»; y se prevé que el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos (de expropiación) en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara», sin que «las razones de equidad» puedan ser «controvertibles judicialmente» (art. 58). Se consagra la reforma agraria: «Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos» (art. 64). Se prevé una protección especial del Estado para la producción de alimentos (art. 65) y se dispone (ojo): «Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario» (art. 66).

Y en cuanto al régimen económico, siete artículos de disposiciones generales en el Título XII de la Constitución se orientan por la siguiente norma: «La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Éste intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en especial las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (art. 334). El artículo 335 establece que «las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación… son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito».

¿Qué tal? Se trata de la Constitución más nueva del hemisferio, obra de una Constituyente cuya existencia anima a muchos venezolanos a querer algo semejante. Es el país más cercano a nosotros, y recibe las «recomendaciones» del Fondo Monetario Internacional, pero, sin embargo…

Es posible que en Colombia haya habido también quienes se ilusionaron con que la Constituyente les daría una Carta Fundamental decidida por la economía de mercado y por la eliminación del Estado Social de Derecho ¡Qué desengaño!

La reforma de la Constitución: una salida democrática (1992)

Momento en el que Rafael Caldera (Presidente de la Comisión Bicameral para la Reforma Constitucional) hace entrega del proyecto a Pedro París Montesinos y Luis Enrique Oberto, quienes para ese entonces ocupaban la Presidencia y Vicepresidencia del Congreso Nacional.

La reforma de la Constitución: Una salida democrática

Discurso ante el Congreso de la República, en sesión conjunta de las cámaras, como presidente de la Comisión Bicameral para la Reforma General de la Constitución de 1961, el 27 de marzo de 1992.

Con el acto de hoy concluye sus labores la Comisión Bicameral creada por el Congreso para la revisión de la Constitución, instalada en junio de 1989. Dos años y medio de una inmensa labor pero, al mismo tiempo, dos años y medio a través de los cuales la situación del país y el desarrollo de una vida política sin precedentes le dieron especial carácter y significación a la tarea que teníamos encomendada.

Las Cámaras en sesión conjunta interpretaron la urgencia que existe en la opinión pública nacional y le fijaron como fecha definitiva para la terminación del informe el viernes 20 de los corrientes. En realidad, la Comisión tuvo que sesionar todo el día sábado 21 y el domingo 22 para entregar el informe a las Presidencias de las Cámaras en el primer día hábil después de vencido el plazo acordado por el Congreso.

En esta ocasión considero mi deber hacer algunas precisiones, sobre todo para contribuir a que se disipen confusiones que fácilmente ocurren en la opinión pública, porque de alguna manera se trata de hechos nuevos en la historia de la democracia venezolana.

No es la solución

Lo primero que tengo que decir es que ni la Comisión Bicameral, y pienso que tampoco el Congreso consideran que esta reforma constitucional es la solución a la crisis política que vive el país. Considero, y creo que así debe considerarlo el Congreso, que es una contribución importante para la solución a esa crisis, que es una salida, una apertura para que se puedan adoptar las medidas que el país está reclamando de manera insistente y apremiante. De todas maneras, el Proyecto de Reforma Constitucional presentado refleja el sentir general, y muchas de las proposiciones que se formulan, por no decir todas, son un reflejo de reclamos imperiosos que se han ido observando en la vida del país. Repito que no pretendemos, ni debe entenderse que la reforma constitucional soluciona la crisis; pero sí consideramos que el Congreso cumplirá su deber contribuyendo a través de ella a que la crisis encuentre caminos satisfactorios de solución.

 La reforma es indispensable

En segundo lugar, creo muy necesario hacer una precisión: la reforma constitucional es indispensable, si se quiere realizar por medios que no rompan la estructura jurídica del país las transformaciones que se están reclamando.

La Constitución de 1961, la mejor y la más duradera que ha tenido nuestro país en toda su historia, contiene en su artículo 250 una disposición muy categórica según la cual «esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia».

Cualquier camino que no sea el previsto por la Constitución rompería el ordenamiento jurídico, y establecería un precedente cuyas consecuencias recaerían gravemente sobre sus actores, sobre sus ejecutores, sobre sus realizadores.

Tenemos, pues, que abocarnos a la reforma de la Constitución. La Constitución prevé dos mecanismos: uno es el mecanismo de la enmienda, otro el de la reforma general.

La primera intención que existió cuando se designó la Comisión Bicameral fue la de que se preparara el material para una enmienda: la enmienda número 3, que sería de más vastas proporciones, de mayor profundidad que las dos anteriores, pero que se mantendría dentro del sistema previsto para las enmiendas.

Recogiendo el sentir colectivo, la Comisión informó su criterio de que debía procederse a una reforma general. A una reforma general, que tiene entre otras ventajas la de realizarse en una forma expedita, pero sobre todo, la de dejar en las manos del pueblo la decisión definitiva del asunto.

El procedimiento de las enmiendas suponía que el texto aprobado por las Cámaras pasaría a las Asambleas Legislativas para que éstas ratificaran o no, en no menos de dos discusiones, y enviaran sus votos al Congreso, quien en el año siguiente, en las siguientes sesiones ordinarias, escrutaría esos votos para dejar sancionada la enmienda.

El procedimiento de reforma general refiere directamente al pueblo el texto que las Cámaras hayan aprobado. De esta manera, no hay que esperar al próximo año, ni hay que realizar otros trámites, y sobre todo, se obtiene un pronunciamiento más genuino, más directo, sin intermediarios, de la voluntad del pueblo en torno a la reforma constitucional.

El trabajo de la comisión

Elaborada en el curso de dos años y medio, esta reforma ha contado con colaboraciones importantes. La mejor tarea en el seno de la misma la cumplieron los asesores, que asistieron con espíritu patriótico, con voluntad de servicio y, sobre todo, con lujo de conocimientos en la materia.

El doctor José Guillermo Andueza, quien fue Ministro de Justicia, Procurador General de la República, Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y Secretario de la Comisión que elaboró la Constitución de 1961. El profesor Ricardo Combellas, distinguido catedrático de la Universidad Central y de otras universidades en materia de Derecho Público. El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, doctor Nelson Rodríguez. El actual Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, distinguido profesor de la Universidad de Carabobo, doctor Alfonso Rivas Quintero. Directivos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, puntualmente representada en todas nuestras reuniones por los doctores Edgar Paredes Pisani y Julio César Fernández. Están, entre los asesores técnicos, constitucionalistas de conocimiento y de experiencia, que fueron con sus luces asistiendo la labor cumplida por la Comisión.

Pero la tarea de la Comisión se fue ensanchando y, en los últimos días, no solo aumentó su espacio por las peticiones formuladas por representantes de diversos grupos e instituciones del país, sino que también tuvo que acelerar el trabajo para responder —como el propio Congreso lo planteó— a la urgencia que el país experimenta por el cambio que se reclama como indispensable para poder abrir camino franco al porvenir.

Amplitud del referéndum

Entre las muchas e importantes instituciones que el Proyecto de Reforma Constitucional contiene está precisamente el de la participación directa en forma directa. Las Asociaciones de Vecinos y la Comisión de Asuntos Vecinales de la Cámara de Diputados pidieron incluso que en aquella definición donde se dice que el Gobierno será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo, se agregara «participativo», una palabra que tiene gran sentido en el momento actual. Y que se estableciera que la participación del pueblo en el gobierno no solamente se hace, como es lo tradicional, a través de sus representantes en los poderes públicos sino también en forma directa por el referéndum.

La institución del referéndum se fue ensanchando, se fue ampliando, a medida que transcurría el tiempo de sesiones de la Comisión.

Se consideró el referéndum abrogatorio, es decir, para derogar una Ley o un Decreto con fuerza de Ley, contrario a los intereses nacionales.

El referéndum aprobatorio, para someter a la ratificación del pueblo algunas disposiciones legales o algunos tratados internacionales de especial significación.

El referéndum consultivo, para someter al juicio popular algunas cuestiones de especial trascendencia, tomando por cierto la expresión de la Constitución española.

Y finalmente —incorporado en los últimos días de labores—, el referéndum revocatorio, que permite por moción popular revocar el mandato de cualquier funcionario público, si transcurrida la tercera parte de su mandato, su conducta, su comportamiento, no corresponde a las expectativas del pueblo que representa o que gobierna.

Pero no solamente esta materia del referéndum es de especial importancia. Grave es lo relativo a la Administración de Justicia. A esta materia fueron muchas las sesiones que se le dedicaron desde el propio comienzo de las labores de la Comisión. En esta materia, solicité autorización para plantear ante el Congreso mi opinión sobre la conveniencia de crear una Alta Comisión de Justicia, que no constituya un organismo burocrático, que represente no sólo el estamento jurídico, sino al país nacional, y que tenga la atribución de filtrar los nombres de los candidatos para las altas magistraturas que debe considerar el Congreso, así como de remover a cualquier funcionario o magistrado de cualquier nivel cuando, en su convicción, su comportamiento no corresponda a los deberes que incumben en su cargo a los intereses del país.

Esta Alta Comisión de Justicia fue sustituida en el Proyecto, por decisión de la Comisión, por un cuerpo que se denominará «Consejo de la Magistratura», que tiene algunas de las atribuciones que se preveían para la Alta Comisión de Justicia, con algunas modificaciones. Entre ellas una, la de que ser presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y no por el Fiscal General de la República.

Yo considero que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia no es el más llamado para presidirla, porque puede haber casos en los cuales se esté precisamente estimando, analizando, juzgando, la labor de la propia Corte o de algunos de sus miembros, y será difícil y embarazoso para el Presidente del Cuerpo cumplir a cabalidad sus funciones. El Fiscal en cambio, como Jefe del Ministerio Público, tiene el deber constitucional de velar por el buen funcionamiento de los tribunales y, desde luego, encontraría en la Alta Comisión de Justicia un instrumento eficaz para que esta atribución se cumpliera a plenitud.

Por otra parte, temo que crear un organismo con el nombre de «Consejo de la Magistratura», manteniendo otro que se llama «Consejo de la Judicatura», puede generar confusiones difíciles de discriminar, desde luego que una y otra expresión significa lo mismo.

Cuando se creó el actual Consejo de la Judicatura, o la posibilidad de que existiera en la Constitución de 1947, del que fui el proponente, sugerí el nombre de «Consejo Superior de la Magistratura», usado en Francia y en Italia, de donde había recibido inspiración para hacer la moción respectiva. En la Comisión que redactó la Constitución actual, creo que fue el doctor Uslar Pietri quien sugirió que era más castiza la expresión «Consejo de la Judicatura» que de la «Magistratura», y se suprimió el calificativo de «Superior», que se había extendido demasiado en otros organismos. En todo caso, ésta es cuestión para discutirla después; y espero tener oportunidad en el curso de las sesiones para analizar y exponer ampliamente mis puntos de vista.

Pero lo que quiero subrayar en esta intervención es que sería difícil de comprender para el país, difícil de justificar, que si hacemos una reforma general de la Constitución nos negáramos a incorporar de una vez la respuesta a una serie de reclamos de la opinión nacional y de grupos muy importantes en la vida del país.

Hay una tesis que yo respeto, pero que no comparto, de que nos limitemos simplemente en esta reforma a crear la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente y relegar para cuando la Constituyente se reúna todos estos asuntos que, a mi modo de ver, no se deben aplazar. Aplazar el referéndum, por ejemplo, sería imposible. Aplazar la reforma de la administración de justicia, sería incomprensible.

Pero así como éstas hay muchas otras cuestiones que interesan o al país nacional o a sectores importantes de él. Por ejemplo, el derecho a la información, que han reclamado los periodistas de Venezuela, no habría razón para que quedara postergado hasta cuando se reúna una Asamblea Constituyente; o la afirmación de unos derechos para aclarar la situación de los indígenas defendiendo su propia identidad, el derecho a su idioma, a la protección de su hábitat natural; o el derecho al ambiente, que tanto preocupa hoy a los venezolanos en general; o el derecho a la alimentación, propuesto a última hora por un grupo de damas venezolanas y que corresponde exactamente a una declaración formal que acaba de plantearse en Barcelona, España, con presencia de la Reina y con gran acogida en todos los medios de comunicación, como un derecho que no está necesariamente envuelto en el derecho a la salud; o que se dejara para después lo relativo a la justa aspiración de los venezolanos por naturalización, a quienes los dirigentes políticos generalmente les ofrecen villas y castillos en las oportunidades de las campañas electorales y después se les engavetan sus aspiraciones en el momento de tomar decisiones.

En este punto quisiera aclarar que la Comisión adoptó una posición muy discreta, muy prudente, que en lo fundamental consiste en tres aspectos principales: uno, que no se puede establecer diferencias entre los derechos de venezolanos por nacimiento y por naturalización que no estén expresamente previstos en el texto constitucional; otro, que los venezolanos por naturalización puedan ser Diputados al Congreso o a las Asambleas Legislativas, siempre que tengan por lo menos quince años de residencia en el país y renuncien de una manera expresa y formal a su nacionalidad anterior, para evitar el peligro de que puedan llegar al hemiciclo con una doble nacionalidad; y, el tercer punto, de mucha importancia, es el de modificar una disposición transitoria según la cual el Ministerio del Interior ha tenido atribuciones para revocar la nacionalidad otorgada a venezolanos nacidos en el extranjero. Se propone en la reforma que esta revocatoria no pueda hacerse sino por decisión judicial, por la Corte Suprema, aunque sea promovida por el Ministerio de Relaciones Interiores.

Pero, como decía antes, hay muchas otras proposiciones que sería injusto relegar para más tarde. Por ejemplo, la de darle al legislador una base más firme para legislar sobre los partidos políticos con el objeto de contribuir al rescate de la imagen que estas instituciones deben tener para bien y para fortaleza de la democracia venezolana.

Primer Ministro y Ombudsman.

Otras disposiciones que parece no deberían aplazarse es la creación del cargo de Primer Ministro: alguien que comparta con el Presidente de la República las tareas de la jefatura de Gobierno, que dependa de él, pero que al mismo tiempo tenga la potestad de proponerle los nombres de los otros Ministros; de presidir reuniones de gabinete sin necesidad de que el Presidente ratifique sus deliberaciones; de recibirle cuenta a otros Ministros; de cumplir las mismas funciones cuando el Presidente se ausente del país, sin necesidad de estar creando la figura anómala de un Presidente Encargado, con lo cual Venezuela es tal vez el único, o si no uno de los pocos países, que en un momento dado tiene dos Jefes de Estado: uno en el exterior, en plenitud de sus funciones, que está celebrando reuniones, firmando documentos, haciendo declaraciones, y otro dentro del país, al cual se le toca el himno nacional, se le rinden honores y cumple como si fuera el único Jefe de Estado.

Con la creación del cargo de Primer Ministro, cuya función está sujeta a la revocatoria del Congreso, se ha previsto que un voto de censura por las tres quintas partes, es decir, por el sesenta por ciento de los votos del Congreso, acarrearía su remoción y la reorganización del Gabinete. Sesenta por ciento como un término medio entre la mayoría absoluta —que puede constituir un riesgo de inestabilidad frecuente en el funcionamiento del gobierno— y las dos terceras partes, que la experiencia ha demostrado prácticamente imposible de alcanzar, dada la composición de las Cámaras por representación proporcional.

Pensamos también que la figura del Defensor de Derechos Humanos, largamente debatida, debería crearse de inmediato. Un Defensor de los Derechos Humanos no anula las atribuciones del Fiscal General de la República, sino deja al Fiscal más tiempo para que pueda cumplir con su función primaria como Jefe del Ministerio Público, que tiene que vigilar constantemente el funcionamiento de todos los tribunales del país.

Reforma Constitucional y Constituyente

Además de todo esto, lo más importante que está previsto en el proyecto de reforma que presentamos es lo relativo a la manera de reformar la Constitución.

Por una parte, se cambió la diferencia entre enmiendas y reformas, que siempre ha dado lugar a controversias, porque cuando se plantea una enmienda hay siempre alguien que sostiene que no es materia de enmienda sino de reforma; y se someten las reformas, en todos los casos, al referéndum popular, es decir, a la voluntad del pueblo, para darle participación directa en la materia.

Lo otro es la previsión de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, si el pueblo lo decide y lo considera necesario.

Convocar una Asamblea Constituyente que no esté prevista en el texto constitucional sería un golpe de estado, una ruptura del llamado hilo constitucional, una creación de una situación anti-jurídica, cuyas consecuencias pueden ser muy graves, y la historia de Venezuela no necesitamos recordarla en este caso es suficiente argumento para convencer a todos los venezolanos de lo absurdo que sería lanzarnos a convocar una Asamblea Constituyente que no esté prevista dentro del texto constitucional.

Por eso es necesario explicarle al país, a los que deseen la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que para ello es indispensable la reforma de la Constitución, porque es la reforma la que va a crear un mecanismo para que cuando se considere que ya no cumple su finalidad se pueda sustituir a través del camino de la llamada Asamblea Constituyente.

Debo confesar que si hay confusiones en el país, ésta es quizás la materia en la que he encontrado mayor confusión. Mucha gente que habla de Asamblea Constituyente no sabe exactamente a qué se refiere. En general pienso que los partidarios de la Asamblea Constituyente no están pretendiendo un cambio en el sistema democrático establecido en el país. No creo que haya nadie que pretenda cambiar la Presidencia de la República por una Monarquía, o cambiar la Cámara de Diputados o el Senado por una Cámara corporativa, o crear otro tipo de instituciones contrarias a las que la Constitución establece. Apenas se han oído —y debo confesar que no sin cierta preocupación— algunos voceros extremos de la llamada corriente neoliberal, que aspiran a que una Constituyente pueda sacar de la Constitución el capítulo de los Derechos Sociales, que consideran anacrónicos, atrasados y contrarios a las corrientes que están sustentando y que yo considero motivo de orgullo, de satisfacción por el ordenamiento constitucional de Venezuela.

El pueblo es quien decidirá

Lo importante del proceso que hoy se inicia, que podría calificarse de histórico, aunque de este calificativo se abusa con mucha frecuencia, lo importante repito, es que el pueblo se dé cuenta de que el proceso es suyo, y para esto es indispensable algo: que el Congreso le juegue limpio al pueblo, que no haya nada que pueda dar el sentido de una maniobra gatopardiana para proponer algunas modificaciones cosméticas, para que las cosas sigan como están.

Desafío a cualquiera a que demuestre que las reformas propuestas en esta ocasión no son reformas profundas, de fondo, y en algunos casos muy avanzadas, en comparación con cualquiera otra Constitución del mundo.

La amplitud con que se establece el referéndum no tiene paralelo en ninguna otra Constitución de América Latina, o en Europa. Esa amplitud, sin embargo, tiene una condición: que el pueblo la haga suya, que ya el referéndum no valdría la pena si el pueblo no estuviera dispuesto a llenarlo con su presencia, a cumplirlo con sus preocupaciones, a ejercerlo con todo el sentido de responsabilidad que la materia hace recaer sobre él.

Tenemos, pues, que decirle al pueblo cuando esta reforma constitucional se apruebe y se someta a su juicio, que allí tiene un instrumento que, puesto en sus manos, puede dar lugar a inmensas transformaciones en el país, pero que de él depende.

Naturalmente, de nosotros también depende el llevar el proyecto a su conocimiento y espero que los debates que inevitablemente se producirán en las Cámaras Legislativas contribuirán a que ese conocimiento aumente. Y desde aquí quiero pedir a los medios de comunicación, especialmente a los medios audiovisuales que entran en contacto directo con la gente, que le den un espacio preferente, durante el tiempo que va a durar este proceso, a las discusiones, a las explicaciones, al conocimiento de los temas, para que el pueblo pueda llegar con entera conciencia a tomar la decisión que corresponde.

Vigencia inmediata

Por supuesto, sería absurdo que no hiciera una referencia que en estos momentos me siento obligado a plantear: las reformas propuestas pueden entrar en vigencia de inmediato. Así lo deseamos y así lo espera la opinión pública en general.

Quisiera que se revisara muy bien la decisión de aplazar la vigencia de la institución del referéndum y, concretamente, la del referéndum revocatorio, para el próximo período constitucional. Yo creo que en cierta manera podríamos desalentar las esperanzas del pueblo hacia una salida democrática si alargáramos este instrumento y lo dejáramos para una oportunidad posterior.

Seguramente se va a plantear en el seno de las Cámaras Legislativas una proposición sobre la cual no quiero insistir, pero cuya mención no puedo omitir en este caso: la de que en vista de la crisis política que el país está atravesando, se declare concluido el actual período constitucional y se proceda de inmediato a la renovación de los poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo Supremo Electoral, Fiscal General, Procurador General. Todos los cargos de período fijo quedarían, según esto, sujetos a una renovación inmediata que, yo creo, contribuiría en mucho a satisfacer el deseo de cambio, cuya necesidad fundamental se está planteando todos los días y sobre la cual, los hechos ocurridos a partir del 4 de febrero han incorporado un ingrediente más para que nos demos cuenta de que no estamos en una situación más o menos normal, sino en una situación de verdadera urgencia, que reclama de nosotros un esfuerzo extraordinario.

La Ley del Referéndum

La Exposición de Motivos de la Constitución de 1961 dijo lo siguiente: «Respecto a la fase de la ratificación, la reforma debe ir necesariamente más lejos que la enmienda. Este es en verdad el momento más crucial para el texto fundamental porque es cuando se quiebra el molde conocido y aplicado para darle el toque final al nuevo texto. Por estas circunstancias, la Comisión ha creído saludable y conveniente remitir la ratificación, no a las Asambleas Legislativas, sino al propio pueblo soberano, para que éste pueda decir, a través del referéndum, cuyo procedimiento quedará en la letra de una ley especial, si acepta o no la reforma constitucional que se propone».

Está prevista, pues, por el Constituyente del 61 la elaboración de una ley especial que fijará la forma y fecha del referéndum. Esa, a mi modo de ver, planteará la manera de votar. He escuchado a varias personas, algunas de ellas instruidas y de conocimiento, que llegan a pensar que si la reforma tiene 70 artículos, van a poner al pueblo a votar artículo por artículo, lo que sería un disparate inconcebible. En ningún país del mundo se vota una Constitución de esta forma. El ciudadano debe llegar a votar sí o no; pero yo soy partidario de que un porcentaje significativo de las Cámaras Legislativas pueda pedir que alguna disposición, alguna materia específica, se vote separadamente, es decir, que el pueblo vote sí o no a la reforma, pero pueda tener la opción de darle su aceptación o no a determinados aspectos de especial interés y significación en la vida del país.

Una salida democrática

Con estas explicaciones, si llevamos realmente a nuestra gente la sensación plena de que estamos respondiendo a sus inquietudes y a sus anhelos, creo que lograremos superar esta crisis. Desgraciadamente, como en Venezuela toma cada día más cuerpo la idea de que la situación actual reclama un cambio, se piensa que si ese cambio no se puede realizar por la vía democrática, se realizará por el camino de la violencia. Esto nos debe producir profundas meditaciones, porque se dice y se repite por bocas muy autorizadas y en general no se desmiente.

La mejor salida, la mejor manera de despejar el horizonte de esa amenaza que está tratando de llevarnos a situaciones ya superadas, es abrir el camino a la salida democrática. Mientras más pronto, mejor; mientras más profunda, mejor.

La Comisión Bicameral que ha presentado su informe y este proyecto, suscrito con exceso por el número de Diputados y Senadores requeridos por la misma Constitución, está tratando de corresponder en la mejor medida a este anhelo.

Creo que desde ahora en adelante estamos todos obligados a llevar al corazón del pueblo, a la conciencia del pueblo, la idea, como antes dijimos, de que la reforma es indispensable, de que fuera de ella no hay camino sino a través de la violencia y, al mismo tiempo, de que esta reforma abre horizontes, ensancha las posibilidades para que la terrible crisis que estamos enfrentando se resuelva satisfactoriamente.

Yo invoco al Ser Supremo para que nos acompañe y nos ilumine, para que el pueblo venezolano, que lo invoca en el pórtico de la Constitución, pueda lograr esta gran victoria que hará que la reforma constitucional de 1992 sea el inicio de una nueva etapa histórica, llena de optimismo y de fe en el destino de Venezuela.

Para leer el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961, hacer click en la imagen.

Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961 (1992)

Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961

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Caracas, 20 de marzo de 1992

Señores Dres.
Pedro París Montesinos y Luis Enrique Oberto
Presidente y Vicepresidente del Congreso
Su despacho.

Los suscritos, integrantes de la Comisión Bicameral designada para la Revisión de la Constitución, nos dirigimos a ustedes para acompañarles un Proyecto de Reforma General de la Constitución, con su correspondiente Exposición de Motivos.

Después de largas deliberaciones, la Comisión acordó recomendar al Congreso adoptar el procedimiento de reforma general contemplado en el artículo 246 de la Constitución, en vez del procedimiento de Enmienda, que fue originalmente considerado.

Las razones para esta opción son, por una parte, la de que cada día ha ido aumentando el número de modificaciones que el reclamo de la opinión pública, la atención a necesidades fundamentales que nuestra democracia ha ido incorporando a lo largo de estos treinta y un años, y los planteamientos que grupos y sectores sociales respetables, como las asociaciones de vecinos, el Colegio Nacional de Periodistas, las agrupaciones femeninas, y varias más de importancia, han hecho llegar al Congreso por el órgano de la Comisión. Por otra parte, el procedimiento pautado por el artículo 246 es más rápido que el del artículo 245 y ofrece la ventaja de asegurar la participación directa del pueblo mediante un referéndum.

Con esta reforma general se daría al país una respuesta inmediata a graves cuestiones que lo preocupan y sobre las cuales abriga una creciente impaciencia. Si se logra un acuerdo político fundamental para tramitar la reforma con carácter prioritario y evitar largas e infundadas discusiones, puede contarse conque en este mismo semestre sea aprobada y promulgada la Reforma. Dentro de ella se contiene un Capítulo especial para prever la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuando el pueblo venezolano lo considere necesario. Se abre así una posibilidad de cambio total de la Constitución sin romper la estructura del estado de derecho.

Al consignarlo en las manos de ustedes, ciudadanos Presidente y Vicepresidente del Congreso, consideramos haber cumplido el encargo que se nos confió y proponemos que se someta a consideración de las Cámaras en sesión conjunta para que, en caso de conformidad, un número no menor de la tercera parte de los miembros del Congreso inicie formalmente el proceso de reforma, a través de la Cámara que se escoja.

Dejamos constancia de que los miembros de la Comisión se reservan el derecho de expresar en Cámara algunas discrepancias respecto de ciertos artículos propuestos, o su criterio acerca de otras materias que a su juicio deberían incluirse.

Atentamente,
S/ RAFAEL CALDERA

S/ PEDRO PARÍS MONTESINOS
D/ LUIS ENRIQUE OBERTO

S/ PEDRO PABLO A GUILAR

S/ DA VID MORALES BELLO
S/ LOLITA ANIYAR DE CASTRO

S/ SONIA SGAMBATU
D/ GUSTAVO TARRE BRICEÑO

D/ LUIS EMILIO RONDÓN
D/ RAMÓN JOSÉ MEDINA

D/ CARMELO LA URIA
D/FEDERICO RAMÍREZ LEÓN

D/ GASTÓN NAVARRO DONA

D/ ARMANDO ANIYAR

D/ ALVARO SILVA CALDERÓN
D/ RAFAEL TUDELA R.

D/ BERNARDO HORANDE

Reforma Constitucional en Venezuela (1992)

Rafael Caldera después de recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Sassari, el 15 de diciembre de 1992.

Reforma constitucional en Venezuela

Palabras de Rafael Caldera al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Sassari, Italia, el 15 de diciembre de 1992 (Fueron pronunciadas en italiano).

Recibo como un altísimo honor la laurea que la Universidad de Sassari me otorga como Doctor Honoris Causa de su Facultad de Derecho. Tengo sincera admiración por esta renombrada institución docente, de la cual  han salido valores de muy elevada representación en la vida política y jurídica de Italia. Conozco además el empeño valioso y meritorio que un grupo de miembros de su personal docente ha venido realizando para conocer, interpretar y divulgar el pensamiento y la doctrina jurídica de América Latina. Recibo, pues, esta honrosísima distinción con profundo sentido de gratitud y reitero mi más sincera admiración para la labor que se realiza en estos claustros, a los que de ahora en adelante tengo el privilegio de pertenecer.

La vida del Derecho Político en América Latina en la segunda mitad del siglo XX ha sido especialmente agitada. Las instituciones han experimentado en numerosos casos modificaciones sustanciales, que en el fondo reflejan la inquietud de la realidad social y el deseo de los legisladores de encontrar fórmulas que en verdad interpreten el fenómeno vital de nuestros pueblos.

En el siglo pasado, los sociólogos positivistas señalaron la contradicción existente entre las constituciones como documentos formales y la constitución orgánica, la constitución real vivida, en nuestros países por encima de los preceptos estampados en la Carta Fundamental. Es mérito de los juristas del presente siglo el esforzarse en superar esa dicotomía, y el buscar a través de la expresión precisa del texto constitucional la satisfacción de inquietudes colectivas y la necesidad de abrir un cauce a la voluntad de los pueblos para expresarse en todo su vigor.

Suelo repetir con frecuencia, cuando me planteo este fenómeno histórico que estamos contemplando, la observación de un jurista brasilero, Haroldo Valladao, quien observó que la vocación jurídica de los latinoamericanos es tan acentuada que buscan encuadrar dentro de instituciones jurídicas hechos trascendentes, ajenos o contrarios al Derecho. Así, por ejemplo, decía él que sólo los latinoamericanos habían creado una doctrina jurídica para regular el problema del reconocimiento de los gobiernos de facto. Igualmente, es de rancio sabor latinoamericano la doctrina internacional sobre asilo diplomático. Dos ejemplos, a los cuales seguramente podrían agregarse otros, de cómo los maestros del Derecho o los legisladores en nuestros países pusieron empeño en encuadrar dentro de parámetros fijados por el Derecho positivo, la regulación de accidentes como el de la ruptura por la fuerza del orden político establecido o la protección de ciudadanos que se encuentran perseguidos por discrepar del orden político existente. Otro ejemplo es el de la Constitución de Guatemala, que prohíbe ser Presidente de la República a quien haya sido «caudillo o jefe de un golpe de estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del Gobierno».

La inquietud renovadora del Derecho Constitucional en América Latina tiene relación con el tesón puesto en buscar mecanismos jurídicos adecuados para mantener el sistema democrático, o para recuperarlo después de haberlo visto naufragar por los embates de la fuerza. El mecanismo de transferencia del poder militar a un poder democráticamente electo por el pueblo presenta una serie de dificultades de carácter práctico; y los líderes políticos, especialmente en aquellos casos en que la transición se ha celebrado por consenso, idearon procesos que no enmarcan, no encuadran, evidentemente dentro de la doctrina constitucional clásica. Así, por ejemplo, cuando en el Perú el régimen de facto encabezado por el General Francisco Morales Bermúdez abrió camino a la instalación de la democracia, se convocó para una elección por sufragio universal a una Asamblea Constituyente, cuyas solas facultades fueron las de la redacción de la Carta Fundamental, de modo que el gobierno de facto continuó ejerciendo todas sus atribuciones y la nueva Carta sólo entró totalmente en vigor cuando tomaron posesión los integrantes del nuevo gobierno, electo en conformidad con sus cláusulas. En el Ecuador, la Junta Militar sometió a consulta popular el nuevo proyecto de Constitución redactado por una Comisión que dicho gobierno de facto designó; consultó al pueblo sobre la adopción de dicho proyecto o de otro alternativo que contenía sólo la reforma de algunos artículos de la Constitución anterior. Tengo entendido que el resultado positivo del Referéndum que dio fuerza jurídica a la nueva Carta, no obtuvo el voto de la mayoría absoluta del electorado, sino de los sufragantes.

El Presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, cuando afrontó la necesidad de ratificar el Tratado de Límites celebrado con Chile, a través de una laboriosa negociación en la que intervino como mediadora la Santa Sede, con el temor de que la mayoría opositora de una de las Cámaras negara dicha ratificación, consultó al pueblo argentino acerca de si el Tratado debía o no ratificarse. Esa consulta no estaba prevista en la Constitución; hubo quien la objetara, pero el más alto Tribunal consideró que no era contraria al orden constitucional,  porque no tenía carácter vinculante. Por supuesto, ese carácter lo tenía más en el orden político y moral que en el orden jurídico, pero su resultado fue demostrar una mayoría tan determinante en la opinión pública, que las Cámaras Legislativas ni siquiera osaron negar la ratificación.

El Presidente Barco de Colombia, accediendo a la iniciativa de un movimiento estudiantil muy caudaloso, hizo consultar al pueblo, en una elección en que se escogían los miembros de las Cámaras Legislativas y se celebraba una consulta primaria para la escogencia del candidato presidencial del Partido Liberal, sobre si estaba de acuerdo en que se convocara o no a una Constituyente. La consulta tuvo un resultado abrumadoramente mayoritario, dentro de los votantes, que fueron menos del 50% de los inscritos en el padrón electoral; pero esta consulta inició en definitiva un proceso sui generis, por la convocatoria de una Asamblea Constituyente, mediante Decreto del Presidente César Gaviria, en virtud de los poderes del estado de sitio y de un acuerdo fundamental logrado por las fuerzas políticas. Ese Decreto fijaba el número de los integrantes de la Constituyente, su forma de elección y la duración de sus sesiones. Limitaba también la agenda a tratar, pero una vez instalada como Asamblea Constitucional, se convirtió en Asamblea Constituyente, disolvió el Congreso e incorporó temas, algunos de ellos muy controvertidos, que no estaban comprendidos en la convocatoria. La Corte Suprema de Justicia, en una votación reñida, había declarado la exequibilidad del Decreto de convocatoria y de allí en adelante todo fue aceptado sin objeciones, en violación de las normas pautadas por la Constitución para entonces vigente.

En el Perú, el Presidente Alberto Fujimori, por su sola voluntad y poder disolvió el Congreso, así como varios órganos judiciales y convocó a un Congreso Constituyente, el cual, aunque con la abstención de los principales partidos, ha sido considerado por la Organización de Estados Americanos como un recurso satisfactorio para volver a la constitucionalidad.

Todo ello plantea una serie de problemas que dan al Derecho Constitucional Latinoamericano una fisonomía muy particular. Muchas de nuestras disposiciones tienen una legítima fuente europea; pero unas cuantas, y muy significativas, han sido expresión de pensamiento que trata de preservar los atributos fundamentales del sistema democrático (a saber, libertad de expresión del pensamiento, seguridad jurídica, derechos humanos, pluralidad de organización partidista) dentro de los acontecimientos perturbadores que se suceden contra la previsión de los constituyentes y que se justifican o se pretenden justificar en algunos casos, con la teoría de que si la soberanía reside en el pueblo, todo lo que se haga mediante una consulta popular y con apoyo de la mayoría, aun cuando pudiera ser transitorio, adquiere visos de legitimidad. Al fin y al cabo, el ilustre Maestro del Libertador Simón Bolívar, a saber, Don Simón Rodríguez, dijo que teníamos que producir nuestras propias soluciones: «O inventamos o erramos». El peligro está en que inventando erremos también y en este caso con consecuencias de mayor gravedad.

El movimiento constitucional se refleja en la aparición de nuevas Constituciones en la segunda mitad de este siglo. El Uruguay en 1966, Bolivia en 1967, el Perú en 1979, Ecuador en 1984, Guatemala en 1985, Brasil en 1988, Chile en 1989, Colombia en 1991, Paraguay en 1992, constituyen una lista demostrativa del intenso movimiento de formación jurídica en el ámbito constitucional en los países de América Latina. A los países nombrados podrían agregarse otros; entre ellos, el de la Constitución de mi país, adoptada en 1961 con dos enmiendas, numeradas 1 y 2, en los años de 1973 y 1983.

Por cierto, a este movimiento constitucional latinoamericano habría que agregar como un complemento de muy alto relieve, el de la Constitución española, aprobada por un Referéndum el 6 de diciembre de 1978, con la participación del 67,1% de los electores, y por un porcentaje afirmativo del 87,7% de los votantes. Constitución que, por cierto, refleja no escasa influencia del movimiento constitucionalista de América Latina, explicable por la presencia muy calificada de maestros que pasaron en nuestro continente los largos años del exilio.

Es de advertir que la Constitución Peruana de 1979, derogada por un acto puro y simple del Presidente Fujimori, contiene una disposición que repite fielmente otra de la Constitución Venezolana de 1961. Esa disposición de la Constitución Peruana dice así: «Art. 307. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia – son juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas de conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Así mismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución -. El Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado».

En Venezuela, la historia constitucional ha sido muy accidentada. Hasta el presente, hemos tenido 27 Constituciones, además de una reforma parcial de la Constitución de 1936, en 1945, y las dos Enmiendas (No. 1 y 2) anteriormente referidas. De esas Constituciones, algunas sucumbieron bajo el peso de la guerra; otras se subsumieron en una nueva concepción política. Por ejemplo, la primera Constitución, adoptada en 1811, dejó de existir cuando el Generalísimo Francisco de Miranda se vio obligado a capitular ante las fuerzas realistas del Capitán de Fragata Domingo Monteverde. La de 1819, dictada en Angostura, dejo de ser cuando se adoptó la Constitución de la Gran Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta, en 1821. La de 1830 fue la primera en organizar el Estado después del desmembramiento de la Gran Colombia. La reforma impuesta por el Presidente Monagas en 1857, apenas duró hasta el triunfo de la Revolución de Marzo de 1858.

El 31 de diciembre de 1858 se promulgó una Constitución que ha sido de las elaboradas con mayor concurso de inteligencia y con más fundadas esperanzas, que dejó de existir en 1862, al asumir la dictadura el General José Antonio Páez, entre el fragor de una guerra civil, la Guerra Federal. La Federación tuvo su propia Constitución en 1864. Dentro de su período de existencia, ocurrieron la Revolución Azul y la Revolución de Abril, ambas triunfantes. Fue sustituida por la Constitución de 1874, ésta por la de 1881, ésta a su vez por las de 1891, 1893, 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925 1928, 1929, 1931, 1936 (reformada parcialmente en 1945), 1947, 1953, 1961. De esta larga lista de Constituciones, algunas son meras modificaciones de lo anterior, con frecuencia debida solamente a circunstancias políticas muy particulares y al interés muy personal de los gobiernos autocráticos de turno. Podría decirse que dentro de esa larga y accidentada historia, sólo merecen rango de novedad, después de las de 1811 y 1830, la de 1858, 1864, 1936, 1947 y 1961.

La multiplicidad de Cartas ha dado lugar para que se establezca el contraste entre este pequeño país con 27 Constituciones, y el gran país de los Estados Unidos de Norteamérica, con una sola Constitución por más de doscientos años. Lo cierto es que la Constitución de Filadelfia ha sufrido 27 Enmiendas, algunas de ellas de trascendental importancia, por referirse a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión, a los derechos humanos, etc., y la producción jurídica de la Corte Suprema ha ido adoptando la norma a las situaciones cambiantes, de un país que en esos doscientos años ha pasado de ser una reunión de 13 colonias congregadas en Filadelfia para constituir los Estados Unidos, al país actual con 50 Estados, con costas en los dos océanos y con parte de su territorio en áreas insulares muy aisladas de su masa geográfica.

La Constitución de 1961 tiene por ello una significación muy especial para nosotros, porque su vigencia ha superado a la de la Constitución de 1830 que era la que había permanecido por más tiempo, aún cuando su efectiva vigencia había sido quebrantada en el curso de su parábola vital. La de 1961 fue el resultado del mayor consenso logrado en el país, con la participación de un número importante de profesores de Derecho Constitucional y de políticos expertos, que habían conocido todas las posiciones (el gobierno y la oposición, la libertad, la cárcel y el exilio). Por ello, se esforzó en lograr una combinación de los ideales expresados en el preámbulo y desarrollados en su texto, y de la experiencia práctica aportada por los redactores desde distintos ángulos, preocupados para que no fuera simplemente una Carta más, un ejercicio de imaginación, un texto de elocuencia bañada en irrealismo, sino una formulación constructiva de las bases sobre las cuales, a través de las leyes y del ejercicio del gobierno y la actividad de los ciudadanos pudiera avanzarse firmemente en la construcción del sistema democrático.

Estoy entre los venezolanos que se sienten muy orgullosos del alto prestigio de que ha gozado nuestra Constitución vigente y del respeto y reconocimiento que ha tenido y que ha permitido mantener firmemente nuestro sistema democrático a través de una etapa en la cual naufragaron las instituciones populares en numerosos países hermanos, muchos de ellos con mayor tradición institucional que el nuestro.

Pero, han transcurrido más de 30 años desde su puesta en vigencia. Esos 30 años no han sido un monótono transcurrir de situaciones creadas, sino una etapa de inquietudes, de contradicciones, de errores que en algunas ocasiones han llegado a superar a los aciertos, y sobre todo, de una inquietud creciente en el estamento popular, que reclama que a la democracia representativa se le incorpore, de manera ambiciosa, la democracia participativa.

En 1989, el Congreso de la República en sesión conjunta, por iniciativa del Senador Godofredo González, designó una Comisión Bicameral (del Senado y de la Cámara de Diputados) para abordar el problema de la revisión constitucional. Tuve el honroso privilegio de ser escogido como su Presidente, y para aceptar puse una sola condición: «que no se trate de un saludo a la bandera», es decir, que sea efectiva la voluntad de enfrentar los cambios que se consideren necesarios.

Durante más de dos años y medio la Comisión se reunió semanalmente, y lo que al principio se consideró que sería simplemente la Enmienda No. 3 sobre algunos aspectos esenciales, se fue convirtiendo por la fuerza de las cosas y por el reclamo de los grupos plurales que integran la sociedad civil, en un trabajo de tal magnitud que nos llevó a proponer una reforma general de la Constitución. Debo advertir que de acuerdo con el texto aprobado en 1961, la reforma general se realiza a través de la discusión en las dos Cámaras después de que la iniciativa haya partido a lo menos de una tercera parte de los miembros de una y otra Cámara, pero debe llevarse a un referéndum, para que el pueblo dé su voto afirmativo o negativo al proceso realizado.

Yo considero que lo más fundamental de la reforma constitucional propuesta es la participación popular. Hemos incorporado el referéndum, ya existente en países europeos como Italia, Francia y España, pero le hemos tratado de dar la mayor amplitud posible. Hemos incorporado y aceptado el referéndum aprobatorio, para que se sometan a consulta antes de la promulgación aquellos textos legales o tal vez también aquellos tratados internacionales, que deban ser objeto de pronunciamiento popular antes de entrar en vigor. Hemos propuesto el referéndum abrogatorio, para dar – como existe en países europeos y también en el país latinoamericano de Uruguay -, la posibilidad de pedir el pronunciamiento de la voluntad del pueblo sobre la derogatoria de leyes o actos de gobierno contrarios a la voluntad popular. Hemos incorporado la proposición del referéndum consultivo, adoptado en la Constitución Española, y que el Gobierno de la actual España democrática ha utilizado solicitando la opinión colectiva sobre la pertenencia de la España a la OTAN. Pero hemos añadido también el referéndum revocatorio, el cual, dentro de ciertos casos y con las formalidades que allí se proponen, pueda poner fin al mandato de un funcionario de elección popular, cualquiera que él sea, desde el Presidente de la República hasta a un miembro de un Concejo Municipal, cuando sea evidente que su gestión no corresponde a las necesidades y a las aspiraciones del pueblo.

En los países de régimen parlamentario es fácil revocar el mandato de un Gobierno, mediante la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones. En algunos países existe el procedimiento de juicio político, mediante el cual las Cámaras Legislativas, con intervención o no del Poder Judicial, se pronunciaron en relación a la continuación o no del Presidente de la República en el ejercicio de su cargo. Hemos considerado que mayor carácter democrático tiene la proposición que formulamos: porque el referéndum revocatorio hace que sea el pueblo, que es el titular de la soberanía, el que tome la decisión, de naturaleza excepcional, de revocar el mandato que se ha otorgado, dentro de la duración del período normal de su ejercicio.

Dentro de nuestro proyecto hemos dado especial importancia al problema de la administración de justicia. Hemos verificado con dolor que la sociedad civil no tiene confianza en sus jueces. Que hay muchos jueces honorables y competentes, pero otros no lo son y en los juicios de mayor trascendencia la opinión pública tiende a considerar que es la influencia determinante de intereses políticos o económicos y no la voluntad de hacer justicia lo que determina la decisión de los magistrados. La experiencia del Consejo de la Judicatura, inspirado en la Constitución italiana y en la francesa, se ha contaminado del partidismo político. Yo considero que debe mantenerse, pero buscando la manera de depurarlo de aquellos aspectos que provocan sospecha en la comunidad. He propuesto y considero cada vez más necesaria la existencia de un órgano absolutamente excepcional, porque se trata de problemas también excepcionales: una Alta Comisión de Justicia, que no tenga carácter burocrático, que esté integrada no sólo por representantes del estamento jurídico sino de los distintos sectores de la sociedad civil, y que tenga facultades extraordinarias para presentar candidatos para la elección de los jueces, fiscales del Ministerio Público y otros altos funcionarios y para remover a cualquier magistrado, cuando exista en la mayoría absoluta de los integrantes de la Comisión la seguridad moral de que esa remoción es necesaria.

La reforma constitucional propuesta contiene exigencias nuevas para depurar la imagen de los partidos políticos y asegurar en tal forma su funcionamiento que puedan cumplir efectivamente su papel de rectores de la opinión pública y de voceros de las inquietudes del pueblo ante los cuadros del gobierno. Hemos propuesto la incorporación de normas que tiendan a extirpar el terrible morbo de la corrupción, que tanto daño está haciendo en este momento en el nuestro y en muchos otros países. Hemos dejado constitucionalmente abierta la posibilidad de convocar en un momento dado a una Asamblea Constituyente, si el pueblo así lo considera necesario. Y hemos aprovechado la oportunidad que se presenta, para incorporar una serie de normas que perfeccionan el sistema constitucional venezolano, dejando en pie la estructura fundamental de la Constitución de 1961.

Ha corrido con mala suerte la reforma constitucional propuesta. La rutina parlamentaria se apoderó del proyecto, le quitó su impulso inicial y mutiló las disposiciones más urgentes, más necesarias, más atractivas para que puedan obtener el voto afirmativo en el referéndum que debe celebrarse. Es mi opinión que ya, en la situación existente, sería un capricho desaconsejable empeñarse en recorrer rápidamente lo que falta de la discusión parlamentaria y llevar el proyecto al conocimiento del ánimo popular. En el momento actual y en los meses venideros podría asegurarse que el pueblo convocado al referéndum votaría no. O, algo quizás tan grave más que aquello, concurriría en minoría para dar disciplinadamente el sí que le señalan sus partidos, lo que no privaría el documento de fuerza jurídica, pero lo dejaría carente de la fuerza moral y política necesaria para enfrentar los años venideros.

Pienso que en el próximo período constitucional debe reabrirse el debate sobre la reforma de la Constitución y ya nadie tendría excusas para no darse por enterado de cuál debe ser su contenido y de cuál es la posición a adoptar ante las distintas cuestiones propuestas.

Sea lo que sea, es evidente que América Latina está atravesando una situación que cada vez se muestra más difícil. El júbilo de los años 80 porque los gobiernos militares fueron entregando el poder en manos de gobernantes elegidos directamente por el pueblo, ha sido sucedido por una etapa de preocupación y de angustia. La problemática social se agrava, en parte como consecuencia del yugo del servicio de la deuda externa, y de las orientaciones de una política económica internacional que ha sido tercamente sorda a los reclamos de los pueblos. El Derecho, decíamos en nuestras clases de Sociología en la Universidad, es a la vez un factor y un producto social. Como factor social, influye en el desarrollo de los acontecimientos del país donde rige. Como producto social, refleja esa realidad social, actualmente perturbada en alto grado y sin perspectivas de una solución inmediata. Esa realidad es la que se está reflejando en la interesante, sin duda, pero preocupante a la vez, evolución que en el momento actual está experimentando el Derecho Constitucional en América Latina.

En todo caso, de estas realidades y de estas circunstancias emerge sobre todo un hecho: se hace cada vez más presente la existencia actual o potencial del poder popular. El principio de que la soberanía reside en el pueblo toma cada vez más fuerza y sin duda se hará sentir, inevitablemente, en el devenir de todos nuestros países.

Muchas gracias.

 

Rafael Caldera, el homenajeado por la Universidad de Sassari.