1936. Enero, 15. El Universal: Política Social (Los grandes problemas nacionales)

Recorte de El Universal del 15 de enero de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Política Social

(Los grandes problemas nacionales)

Venezuela tiene que preocuparse hondamente en la consideración del problema del siglo, el problema social. Razones de justicia a la vez que razones de interés nacional imponen inaplazablemente la atención del Estado a la cuestión. Atención serena y razonada; atención a la vez general y concreta: general, por cuanto para orientarse es necesario conocer el ejemplo de países que hace mucho han ya considerado la materia, y basarse en la solución que a grandes rasgos ha delineado la justicia, concreta, porque ni basta ni conviene implantar generalizaciones ni imponer exotismos sin que preceda un conveniente estudio del medio social.

Igualdad, libertad y justicia

El desarrollo absorbente del individualismo, al pretender deificar a la igualdad, la libertad y la justicia, ha conducido paradójicamente a un resultado opuesto. Al legislarse para individuos teóricamente iguales se dejó en espantoso desamparo a los más débiles. La libertad  libérrima de contratar fue el arma más potente para el privilegiado, como lo hubiera sido para el cuerdo si un idealismo equivocado o un fementido altruismo, bajo pretextos de igualdad, hubiera dejado sin curatela al pródigo, sin tutela al demente.

La Historia ha demostrado hasta la saciedad la necesidad perentoria de que el Estado, ejecutor de la justicia, vaya a la defensa de ésta protegiendo al que es débil económicamente. Si él construye y sostiene hospitales en auxilio de aquellos que están corporalmente enfermos; si protege a los niños; si dentro del radio de la vida física defiende al agredido; debe añadir a estas encomiables actitudes la tutela del desproveído de recursos, que se encuentra por ello a merced del enemigo.

Los Estados modernos en su totalidad han reconocido el principio; Venezuela entre ellos. Por órgano de su Poder Legislativo, ha convenido en que el Estado tiene el deber de proteger al que trabaja. Nuestra ley positiva abre un pequeño campo para esa protección; campo que el egoísmo se negó a aprovechar.

Lo que permite hacer nuestra legislación obrera, ese pequeño campo referido, será el tema de un artículo próximo. La finalidad concreta del de hoy es recordar la necesidad de emprender de inmediato una política social que proteja como es debido al socialmente débil. La justicia, hemos visto, así lo pide; veamos ahora que un sano interés nacional también lo exige.

Dos extremos viciosos

La teórica libertad del igualitarismo ha garantizado un ambiente de injusticia porque los prepotentes se han cegado ante el afán del lucro. El elemento trabajador ha sido únicamente un instrumento de ambición y llega a estar privado de un mínimum de bienestar que moralmente debe asegurar el Estado. Esta tremenda situación lo exaspera. Se hace campo propicio para la agitación y el extremismo. Se torna en instrumento de agitadores hábiles que truecan sus legítimas aspiraciones de justicia en tremendos anhelos de venganza.

Mientras más ciegamente se empecina el sistema egoísta, más precipita la reacción que, desbordada, se hace incapaz de detenerse en su lugar cabal. Del uno se pasa inevitablemente al otro extremo que, aunque opuesto, es hijo del primero. La justicia es necesaria víctima de ambos.

Se impone adelantarse a la reacción. ¿Cómo? Restaurando el imperio de la equidad. Previniendo el mal antes de que se agrave. Es criminal esperar que las fuerzas sociales se desborden. Una sabia política social que proteja debidamente al trabajador hará imposible que los instigadores pagados para conmover los cimientos sociales, encuentren en los pechos nobles de nuestros ciudadanos un sentimiento de justa indignación, fácil de ser cambiado en odio destructor y anárquico, perjudicial a unos y a otros, criminal a la Patria, y sólo productivo para quien sabe quiénes que encontrarán su festín en la matanza.

Miremos al futuro

Fue la ambición desenfrenada la tara primordial del otro régimen. Ella azotó la vida nacional hacia la meta del extremo egoísta. Pero todavía es tiempo. Afortunadamente no ha sucedido en nuestra Patria lo que había consagrado la Historia como remate de las dictaduras: una anarquía feroz, u otra dictadura más fuerte aún que la anterior. La Providencia nos ha deparado el comienzo de una evolución pacífica: encaminémosla hacia el bien de la Patria.

El sistema ha cambiado. Yo sé que quien se encuentra al frente de los asuntos públicos tiene criterio y buena fe. De él, por tanto, debe esperarse que analice los problemas y los resuelva, pasando por sobre los ciegos y suicidas intereses de algunos. Y como consecuencia, adopte una política social que abarque conjuntamente dos procesos:

1º. Uno práctico hacia la efectiva realización de ciertos principios fundamentales de justicia;

2º. Otro ideológico por medio de una lenta y constante campaña de orientación en lo referente al problema social. Hay que hacer una exposición sencilla, clara, continuada y sobre todo competente, que haga saber al pueblo cuál es la justa solución de la cuestión social y el propósito y planes de los Poderes Públicos para llegar a ella; en qué consisten las doctrinas extremistas y cuáles son sus errores básicos, sus consecuencias desastrosas y sus funestos resultados históricos. Tal campaña ideológica es uno de los mejores obsequios que se pueden hacer a Venezuela. Su porvenir, así y no de otro modo, partiría de una sólida base.

 

Rafael Caldera R. 

1936. Enero, 17. El Universal: Lo que permite hacer nuestra legislación obrera

Recorte de El Universal del 17 de enero de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Lo que permite hacer nuestra legislación obrera

(Política Social)

Nuestra legislación obrera, de cuya real aplicación la historia pudiera reducirse a cero, tiene una vida teórica muy breve.

Su primera intentona fue la promulgación de la «Ley de Talleres y Establecimientos Públicos», de 26 de junio de 1917. Esta fue derogada por la «Ley del Trabajo», de 23 de julio de 1928.

Libertad protegida

La primera afirmación que hace la referida ley es la libertad de contratación del trabajo. Se imponía que el texto positivo recalcara el principio ante el abuso del patrono. Los míseros jornales han obligado a los trabajadores a solicitar avances a cuenta del trabajo; la deuda ha sido el yugo que lo ha reducido a una verdadera servidumbre. Más que fresco está en nuestra memoria el recuerdo de aquellas escenas en que la autoridad ha obligado a los pobres peones a trabajar para el amo acreedor.

De ahí la disposición terminante de que «Nadie podrá ser obligado por la fuerza a trabajar contra su voluntad. La violación de los compromisos lícitamente contraídos de trabajar o interrumpir el trabajo en determinadas circunstancias, sólo dará derecho a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios» (art. 1º. de la Ley del Trabajo).

El efectivo cumplimiento de esta disposición es uno de los primeros puntos que debe establecer el Gobierno en la realización de su política social. Su complemento necesario es la norma de que «Los salarios se pagarán exclusivamente en dinero… Queda terminantemente prohibido pagar a los trabajadores en fichas, o en monedas que no sean de curso legal» (art. 43); porque el desventurado sistema de las fichas es todavía instrumento de la esclavitud del peón.

Pero el principio de la libre contratación del trabajo no puede defenderse de manera absoluta. El empresario provisto de bienes de fortuna, árbitro de la competencia de los brazos (que aunque no se presenta de modo crudo entre nosotros por la escasa densidad de la población, sí existe, sobretodo en momento de crisis), está en capacitada posición para dictar él solo las condiciones del contrato de trabajo. Estas condiciones, a menudo inaceptables, deben ser soportadas por el trabajador, que no puede esperar en su casa que el otro las modere, pues tiene que asegurar el pan de su familia. Por eso las modernas legislaciones obreras, y entre ellas nuestra rudimentaria Ley del Trabajo, han tenido que señalar condiciones de orden público que (conforme al artículo 6º. del Código Civil) no pueden ser renunciadas ni relajadas por convenios particulares de las partes.

Así la libertad que establece la Ley del Trabajo es una libertad protegida: no la teórica libertad absoluta que supondría la no intervención de la autoridad pública. Importa recalcar este dato, porque ya ha eliminado la discusión sobre el problema fundamental de la necesidad y licitud de una política social por parte del Estado. Esta política social se traduce en una reglamentación social de la propiedad. La propiedad privada es un derecho natural del hombre, y son antijurídicas las doctrinas que pretenden destruirla. Pero el hecho mismo de su necesidad social supone su reglamentación social: la Historia no ha conocido nunca un derecho de propiedad ilimitado; aun en las épocas de su más absoluto desarrollo ha habido las llamadas servidumbres legales y la forzosa expropiación por razones de utilidad pública.

Por la Ley del Trabajo, nuestros legisladores han aceptado ya el principio del derecho y deber del estado en proteger al socialmente débil; señala condiciones higiénicas y morales, límite máximo de horas de trabajo, prohibición de trabajar los días feriados, indemnización de riesgos profesionales. Por lo tanto,

Ya tenemos la base

Ya tenemos la base para que empiece nuestra política social: el cumplimiento de la ley existente.

Hay que partir de la creación del Servicio del Trabajo en el Ministerio de Relaciones interiores, conforme lo autoriza el artículo 4º. de la Ley del Trabajo (y también el art. 1º. de la de Ministerios).

La dirección de ese Servicio del Trabajo debe estar encomendada a un ciudadano consciente, de cultura moderna que le permita sentir intensamente este problema, que tenga una formación básica, porque sin ella no es posible orientarse ante el cúmulo de necesidades y la variedad de legislaciones. Este Servicio realizaría estadísticas, prepararía material de futuras reformas. Estudiaría y clasificaría los diversos sistemas que se han adoptado en distintos lugares, preferentemente aquellos que han realizado gran labor social partiendo de una base anti socialista. Cierto es que nuestro medio es bastante diferente a aquellos, pero existe un aspecto universal que merece nuestro estudio detenido.

Además, inspectores

El mismo artículo 4º. de la Ley del Trabajo, antes citado, permite la creación de Inspectorías Especiales para velar por el cumplimiento de la Ley y de su Reglamento. Dicha creación no debe retardarse. Tales Inspectores, dependientes del Servicio del Trabajo para que la acción obedezca a un plan único, son presupuesto indispensable para que se lleven a cabal ejecución muchas disposiciones legales que son ahora letra muerta.

Ellos cuidarían de que el trabajo fuere prestado en condiciones: «1º. que permitan a los obreros su desarrollo físico normal; 2º. que le dejen tiempo libre suficiente para el descanso, instrucción, y para sus expansiones lícitas; 3º. que presten suficiente protección a la salud y a la vida de los obreros, contra los accidentes y las enfermedades profesionales; y 4º. que pongan a las mujeres y a los menores al abrigo de todo atentado a la moral y a las buenas costumbres» (art. 2º. de la Ley del Trabajo)

¡Cuántos talleres y fábricas se encontrarían que constituyen un atentado para la vida física y moral del obrero!

Ellos denunciarían cualquier disposición violatoria del art. 5º. de la Ley del Trabajo, que recalca la exclusividad de la competencia federal en la materia. Ellos harían que obtengan estricto cumplimiento las disposiciones referentes a los días hábiles para el trabajo y a la máxima duración de las jornadas. Ellos, en fin, no deberían permitir ninguna violación a las disposiciones referentes a las mujeres y a los menores, a los riesgos profesionales, a la materia y modo de pago de jornales, etc.

Este somerísimo estudio de lo ya existente indica cuánto se puede hacer de inmediato en el sentido de la política social, mientras se llega a elaborar un plan evolutivo de reforma de leyes y aun para elaborar esa misma reforma.

Rafael Caldera R.

1936. Febrero, 27. La Unión: Un Gigante

Recorte de La Unión (Órgano oficial de la Unión General de Trabajadores) del 27 de febrero de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Un Gigante

La agremiación obrera es un gigante. Por la fuerza que de ella surge, la ficción novelesca o fabulosa que inventaba seres humanos provistos de una magnitud extraordinaria, ha venido a cobrar realidad.

Es de los trabajadores la fuerza del número. Sentimientos y necesidades comunes prestan robusto fundamento a la solidaridad obrera. Sólo falta organización. Proveámoslas de organización, y las agremiaciones de obreros constituirán un factor decisivo en la vida social.

Así tendremos realizado el gigante. Pero ¿se ha meditado la responsabilidad que le incumbe por esa sobre fuerza?

Imaginemos por un momento el reino de la fábula; demos corporeidad material a esos seres fantásticos que usamos para impresionar la mente de los niños. Si esos gigantes hacen bien, merecen la gratitud eterna de los hombres. Si en lugar de intervenir se apartan, para dejar libre el campo a quienes menos fuertes, son sin embargo más audaces; si criminalmente permiten toda clase de males: esos gigantes merecerán escarnio, porque no supieron interpretar su responsabilidad que los obligaba a actuar y no a abstenerse. Pero si en vez de hacer el bien ni de abstenerse, el gigante se empeña en obra destructora, se ciega por el odio y desconoce los derechos ajenos, ¡ay!  de la sociedad que no puede atajar sus estragos y malditos por siempre los que usaron una superioridad que habían debido encaminar al bien de la Nación para, al contrario, debitarla y encarnecerla.

Una organización obrera encaminada al mal, encarnaría aquella fantasía del novelista que hizo Frankestein, creador de un superhombre con un cerebro de enfermo.

Hay que despertar en el obrero la conciencia de la organización. Hay que construir el cuerpo del gigante, mediante la estrecha relación y coordinación de sus células (los trabajadores) y el mejoramiento progresivo de cada una. Pero hay que ir sobre todo al cerebro. Este, la junta directora, merece la atención más esforzada y la vigilancia más alerta por parte de los mismos obreros; porque si al cuerpo del gigante ha de agregarse una cabeza sana, sus actos serán provechosos, gigantescamente provechosos, pero si el cerebro y el corazón están enfermos, –por más que el cuerpo esté, como ha de estarlo, lleno de buenas intenciones–, el resultado ha de ser, como el de la novela, macabramente trágico.

Trabajadores que leéis nuestro periódico: la «Unión General de Trabajadores» os invita a organizaros. Su voluntad está preñada de deseos de mejoramiento obrero, encaminados a una elevada finalidad social. Inscribíos en sus filas, para que vosotros mismos cuidéis de que no se pierda nunca el derrotero que el interés obrero y el patriotismo le han trazado.

 

Hermanos de patria que formáis una clase social, la que más necesita y la que más espera: hay que tener siempre presente la conciencia del propio valer. Debe el obrero convencerse de que es un tesoro la fuerza que tiene entre sus manos, para cuidarlo de manera solícita y no ponerlo en manos de agitadores sin escrúpulos que solo medran del malestar social, para evitar que nunca sea instrumento de ambiciones ruines. Organicémonos; y cuando organizados seamos una verdadera potencia, bajemos a la lucha a reivindicar nuestros derechos y a servir a la patria y a la justicia social, y que estemos avizores para impedir que se nos ultraje y se nos manche haciéndonos servir, mediante palabras envenenadas y engañosas, de instrumento de odios y venganzas personales ni de los sucios intereses de quienes quieran presentarse mentirosamente como sacrificados.

1936. Abril, 4. La Unión: Atención administrativa a la materia del trabajo

Recorte de La Unión (Órgano oficial de la Unión General de Trabajadores) del 4 de abril de 1936 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Atención administrativa a la materia del trabajo

Desde 1928 la Ley del Trabajo venezolana autorizó la creación de un servicio especial en el Ministerio de Relaciones Interiores. Pero esta disposición ha sido hasta hace poco letra muerta. El Gobierno anterior estaba especialmente interesado en privar de sus legítimos derechos a los trabajadores; porque los Gobernantes eran al mismo tiempo explotadores. La Ley del Trabajo vigente fue solamente una necesidad teórica, una apariencia que necesitaba llenar Venezuela ante el concierto internacional, para dar a entender que se ocupaba de un asunto vital en todas las naciones modernas. Jamás hubo la menor intención en pro de su efectivo cumplimiento. Desde su redacción se concretó a una serie de principios abstractos hacia cuya aplicación no se crearon facultades ningunas.

Al presentarse el cambio de sistema, indudablemente tuvo que ser preocupación urgente del Estado prestar la debida atención a la materia obrera. El 29 de febrero último fue creada, en consecuencia, la Oficina Nacional del Trabajo, y al mismo tiempo cinco Inspectorías Especiales, para velar por el cumplimiento de la Ley del Trabajo en todo el territorio nacional.

El artículo 4º. de la Ley citada fija de modo vago la actividad que está encomendada a la Oficina Nacional del Trabajo. «Todo lo relativo al trabajo» es la amplia frase que usa para hacerlo. El Decreto que creó dicha Oficina concreta un poco más: «velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el Trabajo, actualmente en vigor, y acopiar las informaciones y demás datos necesarios para la reforma de la mencionada legislación». Doble es, por consiguiente, su objeto: hacer que se cumpla lo que teóricamente hay, y tratar de introducir lo que debería haber. En el mes que apenas cuenta de vida la Oficina, se ha trabajado intensamente en este aspecto doble, a más de la labor que significa el hecho de su instalación.

En el mismo Decreto que dio vida a la Oficina se crearon además, como se dijo, cinco Inspectorías Especiales. Estas tendrán, conforme al artículo 4º. de la Ley del Trabajo, el oficio de «velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre el trabajo». A ellos corresponde, por lo tanto, – y efectivamente se ha ocupado de ello -, velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre duración de la jornada de trabajo, cierre dominical, condiciones en que trabajan los obreros (salubridad, etc.), y todas las otras disposiciones que establece la legislación actual.

Las cinco Inspectorías Especiales creadas por el Decreto de 29 de febrero corresponden a las jurisdicciones siguientes:

1º. Distrito Federal y Estados Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy.

2º. Estados Zulia y Falcón.

3º. Estado Bolívar.

4º. Estados Monagas, Anzoátegui y Sucre.

5º. Estados Lara, Trujillo, Mérida y Táchira.

Los referidos Inspectores dependen directamente del Ministerio de Relaciones Interiores, porque así lo establece el Decreto que lo creó; pero la Oficina Nacional del Trabajo está en contacto frecuentemente con ellos, de manera que la Inspectoría de la primera jurisdicción está establecida en el mismo local de la Oficina Nacional, y hasta usa su mismo teléfono. El mal originado por esa separación – quitan unidad y rapidez al trabajo – será seguramente remediado en el Proyecto de Ley que haya de presentarse al Congreso en sus sesiones de 1936.

Tanto la Oficina Nacional del Trabajo como los Inspectores Especiales han tropezado con numerosos obstáculos en el desempeño de sus atribuciones. El primero es, sin duda, la novedad del ramo, en el cual no existen todavía usos administrativos ni jurisprudencia, sino que hay que crearlos. El segundo, y no el menos, es la insuficiencia práctica de la Ley. Porque si ésta en su aspecto teórico no puede ni con mucho calificarse de adelantada, en su aspecto práctico presenta dificultades enormes para el cumplimiento de las ventajas (pequeñas sin duda) que teóricamente ha establecido.

La Oficina y los Inspectores necesitan, además, indispensablemente, la colaboración de los trabajadores. En gran parte es verdad, éstos no se la han escatimado. Pero es necesario que todos se percaten de tal necesidad. Es menester que se denuncien en forma concreta todas las violaciones a las disposiciones de nuestra Ley actual. Para obtener el mejor resultado, la Oficina se dirigió a varios periódicos de ésta pidiéndoles la inserción de la Ley del Trabajo, a fin de hacer mayor su divulgación, y repartió a algunas asociaciones obreras que los solicitaron, ciertos ejemplares que con este efecto le envió el Ministerio de Relaciones Interiores. Uno de los diarios de esta capital, «La Esfera», publicó el texto íntegro de la Ley del Trabajo y de su Reglamento: «La Unión», interesada en todo lo que pueda revestir mayor bienestar para el obrero, también los insertará, sin duda, en sus columnas.

La Oficina Nacional del Trabajo, como lo declaró su Director al instalarse a un reportero, «está abierta a toda sugerencia de buena voluntad, a toda indicación útil y a toda iniciativa bien intencionada».

La Ley la Justicia son sus únicos guías; el bien nacional su finalidad exclusiva.

 

Rafael Caldera R.

1938. Enero, 24. El Universal: Contra la anulación de disposiciones de la Ley del Trabajo

Recorte de El Universal del 24 de enero de 1938 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Contra la anulación de disposiciones de la

Ley del Trabajo

(Actualidad Judicial)

Es para mí motivo de honda preocupación traer a estas columnas la reciente decisión de la Corte Federal y de Casación en materia del Trabajo.

Es la segunda vez que el Alto Tribunal decide sobre la materia. En la primera (caso de Francisco Duno) declaró inconstitucional el cómputo de los años servidos con anterioridad a la promulgación de la Ley del Trabajo, en la indemnización por despido. En esta segunda (caso de Ulrich Conrad Simpson), llega aún más allá. Afirma que «las letras b) y c) del artículo 27 de la Ley del Trabajo, han tomado en consideración el nexo contractual entre patrono y obrero por razón de contratos de más de seis meses y hasta de años contra el precepto del Código Civil y la mente del Constituyente, por lo cual lo dispuesto en dichas letras b) y c) es nulo de absoluta nulidad y así se pronuncia».

Anticomunismo y justicia social

Apena la decisión de los Honorables Vocales del Alto Tribunal. Porque precisamente los Supremos Jueces han sabido llenar con hombría, con conciencia, con patriotismo, su función reguladora de los desmanes de la agitación comunista.

El más firme baluarte anticomunista de la Nación lo ha sido quizás – por lo menos en gran parte – la Corte Federal.

Y es por eso mismo por lo que nosotros, juventud decididamente anticomunista, desearíamos también que la Corte no se empeñara en concretar algo así como la valla de la justicia social en marcha que reclama la Venezuela nueva.

La lucha contra el comunismo – así tuve ocasión de expresarlo cuando fue elegido el nuevo Gobierno – tiene dos fases complementarias. Una represiva. Otra constructiva. Represión sin construcción no sería más que un paliativo que tendería a recoger en la represa de la resistencia el caudal del dolor popular. Represión sin construcción, sin remedio, sin justicia social, conduciría dolorosamente al odio revolucionario. Y el odio es la dinamita social.

Muchas personas de nuestra burguesía se empeñan en hablar mal de la Ley del Trabajo. En decir que es obra comunista. En pretender que debe reformarse en el sentido de establecer una igualdad legal entre patronos y obreros. En tildarla de desigual, sin darse cuenta de que la única razón de que exista una Ley del Trabajo es la de proteger a los obreros, mediante una desigualdad legal que remedie la desigualdad natural que da a aquéllos prepotencia en el campo de la economía.

¿Que la Ley tiene deficiencias? Toda obra humana ha de tenerlas. ¿Que tiene defectos? Claro que los tiene. Y los tendrá más aún, tomada cuenta de la premura con que fue elaborada. Pero en sí tiene una orientación sana, dirigida a un horizonte amplio de porvenir sano y sólido. Sí algo le falta, ello es que se la coordine por una política nacional efectiva que a la vez que protege al obrero mediante la legislación del trabajo, proteja al industrial y al agricultor en una forma sistemática y eficaz.

El doctor Calatrava

Pero hay un hecho que salva el concepto del anticomunismo que siente la justicia social. Es el voto salvado, en la sentencia, de los doctores Calatrava y Guevara Núñez.

Me quiero fijar especialmente en el doctor Calatrava, por haber tenido yo el honor de colaborar con él en la redacción del proyecto original de Ley del Trabajo. A mí me consta la honradez y patriotismo que lo inspiraban. A mí me consta – y le consta también a todo el mundo por la publicidad que el hecho alcanzó – que mientras él defendía a capa y espada el mejoramiento del obrero, combatía al mismo tiempo abiertamente con los líderes que se infiltraron en las masas de trabajadores para imprimirles movimiento marxista. Todo el mundo podrá recordar la forma inicua en que se le atacó en aquél mitin, trasmitido por la radio, que se realizó en el Circo Metropolitano.

El Dr. Calatrava en la Corte Federal y de Casación y en cualquier otra parte, no cede a nadie en anticomunismo. Pero tampoco cede a nadie en la convicción de la necesidad de una justicia mejor para el trabajador.

Ese anticomunismo es el que nosotros – las juventudes anticomunistas venezolanas – defendemos. Partimos del hecho del dolor social, de la injusticia económica y deseamos que se la remedie por un mejoramiento progresivo del trabajador; pero rechazamos el marxismo como una solución injusta, antisocial e ineficaz.

Lo jurídico

Se me pedirá algún argumento jurídico. Voy a dar uno solo, y ese basta. La Corte insiste en considerar que la indemnización por despido se basa en la duración del contrato de trabajo, no queriendo fijarse en que su base, en realidad, es el hecho material del trabajo. El voto salvado lo resume magníficamente en un párrafo, que en mi criterio basta por sí solo para echar por tierra los argumentos de la sentencia: «Lo que se toma en cuenta efectivamente es la DURACIÓN DEL FACTOR TRABAJO no como derivado de contrato alguno de trabajo, sino antes bien como hecho cierto indesconocible entre los contratantes, y por ello, capaz de servir de base a la mencionada indemnización. Y así como la Ley estableció esta manera de fijarla, pudo imponerla mediante expertos o de otra manera que el legislador hubiese juzgado conveniente a la finalidad legislativa. El trabajo como resultado del respectivo contrato quedó pagado absolutamente y ningún reclamo se puede hacer ni se le hace al patrono para que le vuelva a pagar: ha quedado en la condición de hecho cumplido sin la posibilidad, por consiguiente, de ser considerado nuevamente como efecto contractual. Lo toma como término de comparación para calcular la indemnización que proviene del incumplimiento facultativo del contrato actual por el patrono, según el lenguaje aparentemente paradójico que permite la Ley».

No está cerrada

Y, concluyo. La puerta no está cerrada todavía. Claro que hay que temer que en nuevos casos, la Corte continúe sentenciando en forma análoga.

Pero todavía cabe la esperanza de que, pensada mejor y analizada la cuestión con un criterio menos estrecho, informado sustancialmente en los principios jurídicos fundamentales e interpretando cabalmente nuestro cuerpo de legislación, la Corte llegue a sentenciar en forma distinta.

La sentencia se reduce a un caso particular. No ha sido todavía intentada, después de que hace muchos meses fue retirada la que introdujo el apoderado de la Standard, la demanda general de nulidad.

Ojalá que esa puerta no se cierre, y que la Corte se resuelva a abrirla, a traspasarla para acabar de ganar el camino definitivo del verdadero anticomunismo que no cierra paso a la justicia social

Rafael Caldera

1940. Enero, 5. Carta de Alejandro M. Unsain a Rafael Caldera sobre su libro «Derecho del Trabajo»

Muy Distinguido Señor:

Antes que su apreciable carta recibí, con no escasa sorpresa, su «Derecho del Trabajo». Ya un poco viejo no me queda sino el vicio de leer y estudiar la materia de mi predilección. Lo leí con avidez y como en estos días salgo a tomar mis vacaciones de verano he colocado el libro en mi equipaje, no ya para leerlo sino para estudiarlo y anotarlo.

Me ha producido su lectura excelente impresión. Soy parco en elogios pero se los tributo sin regatear. Son de justicia estricta. Honestamente le digo que no creía que en Venezuela pudiese hacerse un libro así, metódico en el plan y rebosante de información de última fecha. Creo haber leído lo principal que sobre esta materia se escribe en América Latina, inclusive lo que viene de Méjico. De lo que conozco, su libro es lo mejor. Puede Ud. sentirse satisfecho y espero que en su país le estarán agradecidos por haberlo servido de tal medida. Si Ud. conociese mi espíritu crítico y la tacañería con que distribuyo aplausos, apreciará el valor de excepción de esta carta que no es de estímulo sino de reconocimiento a una obra que por muchos años no será igualada.

Desde hace veinte años dicto la cátedra de Legislación del Trabajo en la Facultad de Derecho y de Política Social, en la de Ciencias Económicas, ambas de la Universidad de Buenos Aires. He representado al país en seis de las conferencias internacionales del trabajo (O.I.T.) y en los años 1926 y 1927 viví en Ginebra como representante gubernamental argentino en el Consejo de Administración. He sido presidente del Departamento Nacional del Trabajo y he desempeñado otras funciones siempre dentro de la misma actividad. Mis libros son ya viejos en presencia de una rama jurídica de tan rápida dinámica. Creía que hoy era muy difícil compendiar la materia y que más bien se imponía el estudio monográfico de sus diversos puntos. Me ha demostrado Ud. que ello era posible y me está dando una tentación de imitarlo.

Mucho le agradezco el envío, lo mismo que las citas. Vea Ud. si en algo puedo serle útil. He de enviarle, por mi parte, lo que aparezca en Argentina y sospeche que puede serle de interés.

Créame que quedo a sus órdenes, de Ud. affmo. Y S.S.

(firma) Alejandro M. Unsain

Rafael Caldera en el Colegio de Abogados de Buenos Aires (1973)

Caldera durante su discurso en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, Argentina.

La Justicia Social Internacional 

Discurso de Rafael Caldera en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, Argentina, el 9 de febrero de 1973, durante su Gira Presidencial por América del Sur.

Porque soy un cultor fervoroso, aunque modesto, de las Ciencias Jurídicas; porque le he dado muchas de las energías de mi vida al ejercicio de la docencia, especialmente en la enseñanza universitaria; porque tengo la profunda convicción de que el Derecho, inspirado en principios eternos, renovado constantemente por las necesidades sociales, significa y representa el cauce insustituible para que las fuerzas sociales se pongan en verdad al servicio de los pueblos; porque creo en la libertad, en la dignidad del hombre y en la justicia; por eso aprecio en todo lo que vale este acto, uno de los más importantes que he cumplido y que pueda cumplir en mi visita, la primera de un Jefe de Estado de Venezuela en funciones, a esta noble nación argentina.

Mi experiencia universitaria

Como lo ha recordado mi distinguido amigo el doctor Martínez Vivot, mañana, precisamente, se cumplen 30 años de mi ingreso al personal docente de la Universidad Central de Venezuela. No fue fácil ni tranquilo ese ingreso, pero se cumplió a base de un profundo espíritu universitario; y la Universidad, dentro de controversias inspiradas en las distintas corrientes del pensamiento, como lo fue y como siempre lo debe ser, abierta y respetuosa para todas las expresiones del espíritu, inquieta ante los problemas nacionales y decidida a dar su aportación, no sólo en la formación de técnicos, sino en la preparación de hombres capaces de responder a los anhelos de sus comunidades; la Universidad – digo – me recibió y entré allí sin disfraz, con mi pensamiento lealmente dispuesto a expresarse dentro del más profundo respeto a las otras corrientes ideológicas, y dentro de la más firme convicción de que quien cree en la verdad no debe temer que la verdad sea objeto de discusión, porque la discusión destruye lo falso, pero le da mayor consistencia a lo auténtico.

Esta celebración de esos 30 años de servicios universitarios me conmueve profundamente. Los discursos pronunciados por el Dr. Alberto Lastra, en representación del Colegio de Abogados de Buenos Aires; del doctor Garbarini Islas, en representación de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y del Museo Social Argentino – por cierto, de gran autoridad entre quienes hemos buscado los orígenes y la formación de la ciencia jurídica laboral en nuestro continente – y del doctor Martínez Vivot, Presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, integrada por viejos amigos y colegas, a los que admiro y cuya amistad me honra, constituyen el mejor homenaje que pudiera recibir la ambición humana, y el más noble estímulo que pudiera obtener un gobernante que no quiere limitarse a prevalecer dentro de los tradicionales zancadillas políticas, sino que quiere ejercer el gobierno como tarea de servicio, no sólo a su pueblo, sino a la causa de la hermandad de pueblos, cuya contribución, cuando sea realmente apreciada por la humanidad, será para fortalecer la paz, la armonía, la justicia y el entendimiento entre todos los hombres.

Un país dispuesto a servir

Recibo, pues, este diploma con profunda satisfacción y orgullo, con agradecimiento imborrable, y estoy seguro de que este homenaje producirá en mi país una honda complacencia y, por qué no decirlo, un cierto orgullo nacional. Hemos sido un país dispuesto a servir a sus hermanos del Continente, y cuando lo hicimos – como lo hizo, también en alto grado, la Argentina – ello nos dio gloria, nos dio prestancia, nos presentó con una fisonomía honrosa ante las naciones hermanas. Cuando perdimos ese rumbo, cuando nos agobió la preocupación de lo pequeño, cuando las controversias de ideas y de intereses se encerraron dentro de la polémica mezquina; cuando fuimos a la violencia para dirimir orientaciones que debieron decidirse en los campos más elevados de la razón y el estímulo; cuando nos encerramos y nos aislamos en nosotros mismos, perdimos la ruta, perdimos la noción de nuestra propia existencia, y la mención que en esos tiempos se hacía del nombre de los Libertadores, si no quemaba los labios de aquellos que los invocaban para menospreciar sus enseñanzas, sí quemaba el oído y el corazón de las nuevas generaciones, que no querían que aquel caudal ilustre se perdiera en la hipocresía, sino que se utilizara como fuerza capaz de mover los grandes recursos morales de nuestra gente.

Nuevo enfoque jurídico

No quiero esta tarde limitarme a expresar el testimonio de mi hondo agradecimiento, y atreverme a manifestar, también, el agradecimiento de mi país por la honra que en mi persona se le está haciendo en este acto, por tan ilustres representantes de la cultura jurídica argentina.

Quiero aprovechar esta oportunidad invalorable para exponer ante un auditorio tan calificado – como difícilmente podría encontrar otro en una circunstancia distinta – una idea que vengo sosteniendo desde antes de asumir el gobierno, expresada y reiterada luego desde la Presidencia de Venezuela, y que considero fundamental para un nuevo enfoque de la vida jurídica actual, que no es, sin embargo, más que la consecuencia de lo que se ha expuesto, afirmado y logrado en el siglo transcurrido para el ordenamiento jurídico de las naciones. Se trata de la idea de la justicia social internacional.

La mayor parte de los aquí presentes son profesores y tratadistas eminentes en el campo del Derecho Laboral. La cuestión social – como lo dijo uno de los distinguidos oradores que han hablado esta tarde – constituye tema fundamental de nuestra preocupación. Pero la experiencia nos ha demostrado, y nos plantea con mayor urgencia cada día, la verdad de que la cuestión social no se limita a ser un problema interno de cada pueblo; de que todos nuestros esfuerzos, todos los empeños de reforma, las leyes que hemos conquistado, los conceptos que se han afirmado, toda la nueva arquitectura de un Derecho Laboral encajado de una corriente amplia del Derecho Social, son insuficientes e incapaces de dar una respuesta definitiva a nuestro tiempo, si no logramos resolver la cuestión social en el plano internacional.

Porque si las diferencias de riqueza, de status social y de poder, llevaron al espíritu jurídico de los pueblos, y de los maestros, a buscar nuevas fórmulas que no se encontraban en la hermosa pero fría estructura del derecho civil napoleónico, lo cierto es que esas desigualdades son patentes en el plano internacional; y mientras ellas no se resuelvan con un nuevo espíritu y una nueva concepción, mientras no establezcamos las normas de que entre Estado y Estado no basta la justicia conmutativa, traída del individualismo, mientras no logremos hacer prevalecer la convicción de que los Estados más ricos, más poderosos o desarrollados no tienen por ello mayores derechos, sino mayores responsabilidades y obligaciones ante los pueblos menos ricos, menos poderosos o en vías de desarrollo, todas nuestras energías encontrarán un alto en el camino, todas nuestras iniciativas hallarán una insuficiencia en su realización, todos nuestros anhelos se estrellarán ante la circunstancia de que, mientras nos empeñamos en abolir la explotación de hombre a hombre o de grupo social a grupo social, prevalece, en una forma u otra, a pesar de los progresos del Derecho Internacional, la explotación de pueblo a pueblo, que hace imposible la realización plena de la justicia social.

Yo creo, señores profesores, que el Derecho Internacional con todo su progreso, todavía adolece de la impronta del Derecho Privado individualista. Trasladamos a los contratos entre Estados las viejas normas de la contratación entre individuo e individuo; aceptamos muchas veces la falta e injusta noción de que a los compromisos de quienes pueden enfrentarlos sin sacrificar por ello el beneficio de sus pueblos, deben equivaler compromisos iguales, que a veces constituyen cargas imposibles de sobrellevar para los otros Estados contratantes. Yo sé que dentro del Derecho Internacional que todavía prevalece en las negociaciones y acuerdos van penetrando algunas ideas nuevas, de que el derecho de contratar se condiciona a las modalidades del Derecho Público interno, de que las facultades de los mandatarios se suponen siempre sujetas a las formalidades establecidas por el ordenamiento constitucional y legal de los pueblos – quiénes son sus mandantes – y de que, a veces, algunas nociones se infiltran para recordar la presencia de la comunidad internacional, y de que a través de los organismos multilaterales, frente al sistema tradicional de relación jurídica entre las naciones, presuntas herejías se están mezclando, como se mezcla, por ejemplo, en el Derecho Internacional del Trabajo, la idea de la composición tripartita de la OIT y de la personería en cierto modo reconocida a otros entes que no son el Estado y que representan determinados intereses.

Sin embargo, si pensamos en la justicia social, en esa noción cuya teoría todavía se discute, pero cuya influencia nadie niega en la orientación de una nueva corriente jurídica; esa justicia social, que para unos es una cuarta especie de justicia frente a la vieja clasificación aristotélica, mientras que para otros no es sino la nueva forma que adoptan la justicia legal y la justicia distributiva; esa justicia social que algunos quieren hacer reposar sobre la existencia de grupos sociales, dentro de la comunidad nacional, y que otros pensamos que deriva más bien de una exigencia imperativa de la existencia misma de esa comunidad nacional, lo cierto es que ha producido en la vida jurídica de nuestro tiempo mayores novedades, mayor producción científica, mayores orientaciones, capaces de imprimir nuevos ideales a los jóvenes y a los gobernados, pero todavía no ha logrado el reconocimiento que le corresponde en la relación entre los pueblos.

Para una paz verdadera

Y la tesis que estoy sustentando, muy distinguidos colegas, es la de que para que haya paz verdadera y se logre el concurso solidario de todas las naciones hacia los fines esenciales de la existencia humana es necesario trasladar o, mejor dicho, proyectar ese concepto de justicia social – ya aceptado dentro del ordenamiento jurídico interno de cada Estado – al plano de las relaciones internacionales, y decir que existe una comunidad internacional que no es creación artificial o arbitraria de determinados acuerdos celebrados entre determinadas potencias, sino una imposición de la realidad, de la misma existencia del hombre y del mundo, y que esa comunidad internacional reclama, por un imperativo de justicia, que cada uno de sus integrantes reconozca las obligaciones y deberes que permitan a todos cumplir sus funciones propias; y así como se habla hoy, con razón y derecho, y en tantas formas, de la marginalidad social dentro de cada país, para decir que ella no es aceptable, tenemos que llegar a un concepto que excluya toda forma de marginalidad de algunos pueblos, marginalidad acentuada o relativa que hace se escuchen con escepticismo las afirmaciones elocuentes de los grandes documentos que suscriben las grandes potencias.

La Justicia Social, en el plano interno, rompió el mito de una igualdad aparente de poder, de hombre a hombre. Si el obrero es hipo-suficiente frente al patrono, si el inquilino es hipo-suficiente frente al arrendador, si el deudor también lo es frente al acreedor, si los que se encuentran en situación precaria son débiles jurídicos que requieren la presencia del Derecho para restablecer el equilibrio, tenemos que reconocer que, a pesar de la igualdad jurídica de todos los Estados, en materia de poder y de realidad de los hechos, un pueblo que tiene menos fuerza o menos riqueza se encuentra abandonado ante las aspiraciones del más fuerte, si el ordenamiento jurídico no entra a transformar las situaciones y a imponer conceptos distintos.

Y así como en la corriente del Derecho Social, el fenómeno sindical ofreció la solución de la unión de los débiles, para compensar la prepotencia de los fuertes, está siendo cada vez más patente que, en el plano internacional, es la unión de los pueblos pequeños la única capaz de restablecer el equilibrio, para hablar de quien a quien frente a los pueblos más desarrollados y para hacer que reine, en una nueva situación de equilibrio, un ordenamiento jurídico que realmente corresponda a la justicia.

Operante vinculación

Por eso, cuando predicamos y practicamos la idea de la unidad de los pueblos de América Latina, no estamos acuñando palabras ni consignas románticas. Queremos expresar allí una profunda convicción filosófica y jurídica. Si nos mantenemos desunidos, si dejamos que se juegue a nuestras diferencias; si nos prestamos a que intereses ajenos a nosotros especulen con la diversidad de concepciones ideológicas, de sistemas políticos o de organizaciones gubernativas que actualmente existen entre nuestros pueblos; si nos prestamos a alimentar posibles controversias, haremos el juego a esos intereses poderosos; porque, frente a ellos, lo único capaz de lograr que las cosas marchen como deben marchar, es nuestra estrecha y operante vinculación.

Yo creo, honorables colegas, que estas ideas que podríamos desarrollar en forma extensa, deberían ser objeto de meditación, de análisis, de divulgación y de enseñanza por parte de quienes sienten el Derecho, no como una ocupación meramente técnica o profesional, sino como el instrumento predilecto de la felicidad de las naciones. Y podemos pensar que, en medio de todo, aun cuando a veces notamos la resistencia, derivada de la sorpresa, por parte de los auditorios que nos escuchan en países muy desarrollados y frente a los cuales – a sus congresos, a sus ejecutivos, a sus representaciones universitarias o sus sectores directivos – hemos tenido en alguna ocasión la oportunidad de expresarla, esta idea está comenzando a recibir consideración y aceptación en documentos de verdadero valor universal.

Obligación de los poderosos

Me refiero a recientes documentos pontificios, en los cuales, a partir de las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, del lamentado Papa Juan XXIII, aparece, bastante claramente, aunque todavía no de manera total, coherente y sistemática, la idea de la Justicia Social Internacional.

Podría referirme también a los acuerdos de Punta del Este; y en el naufragio de la Alianza para el Progreso, creo sería interesante salvar, más que los programas de ayuda financiera – que al fin y al cabo seguirán, en medida mayor o menor, de acuerdo con las circunstancias de la política internacional – ciertas declaraciones de principios, entre las cuales, para mí, la más importante es el reconocimiento tácito – y quizás no solamente tácito – que allí se envuelve, de que los países más desarrollados tienen la obligación de contribuir a que los países en vías de desarrollo logren sus propios objetivos, respetando el derecho de iniciativa y de decisión que cada uno de estos países impuso, no como filantropía, no como dádiva, más o menos generosa y a veces circunstancial y caprichosa, de los grandes poderes, sino como un deber impuesto por la propia naturaleza de las cosas y exigido por la necesidad urgente de la paz. Yo creo que en esos acuerdos de Punta del Este, analizando bien lo profundo de su contenido, podríamos encontrar un reconocimiento, o una admisión implícita, del principio de la Justicia Social Internacional.

Por lo demás, en las declaraciones bilaterales que hemos celebrado en nuestros contactos con naciones hermanas, la idea ha ido siendo recibida y nos honra profundamente que gobiernos de países muy cultos y de gobiernos que tienen clara conciencia de sus obligaciones y de sus deberes hayan ido aceptando – más que aceptando, respaldando con entusiasmo – la mención de justicia social, no sólo interna, sino internacional, como una aspiración común y solidaria que, al mismo tiempo que nos vincula, nos abre nuevos horizontes para aparecer adecuadamente en la organización mundial.

Esta idea de la Justicia Social Internacional tendrá resistencias para ser admitida. Los ricos no aceptaron con facilidad la tesis de la Justicia Social en el Derecho Interno. Los empresarios no fueron en el primer momento receptivos con las corrientes del Derecho Social, plasmadas en el Derecho Laboral. Hubo luchas que librar y dificultades que vencer. Lo que debemos tratar es que esas luchas se realicen en un plano incruento, a un nivel elevado. Pero debemos conseguir – y para ello no bastará con pensarlo y desearlo, sino que tenemos que mover toda una estrategia – que aquellos que se sienten más cómodos con las viejas ideas de la relación conmutativa entre los Estados acepten, como tendrán que aceptar – y como algunas veces se ha mencionado, también con aplausos, en reuniones multilaterales -, esta tesis de la Justicia Social Internacional.

No quiero abusar más del tiempo de ustedes. Aspiro a que con los breves párrafos que he dicho sobre este tema, haya dejado una inquietud y, hasta donde sea posible, una clara concepción de este asunto.

Yo quiero invitar a los laboralistas argentinos, pléyade ilustre de catedráticos y expositores, cuyas obras y cuya acción son miradas con admiración y con respeto en todos los países hermanos, a que exploren esta apasionante realidad. Y si lo hacen, creo que es posible lleguen con nosotros a la conclusión, no sólo de que no hay por qué circunscribir el campo de la Justicia Social a las relaciones entre individuos entre grupos de cada comunidad nacional, sino que debe extenderse a las relaciones entre pueblo y pueblo; pero también de que quizás una explicación de no haber logrado todo el éxito que después de un siglo deberíamos haber tenido en países en los cuales se ha elaborado un avanzado Derecho Laboral, se debe probablemente a esta circunstancia.

Este discurso ocurrió dentro de la gira del Presidente Caldera por América del Sur en 1973.

Desarrollo sin injusticias

Alguna vez, discutiendo estos temas en una reunión de intelectuales en Estados Unidos, afloró por alguna parte la pregunta de que por qué nosotros no hacíamos lo que ellos hicieron para lograr su portentoso desarrollo; y hemos sido unos cuantos los latinoamericanos que hemos respondido que no sólo podemos, sino que no queremos usar los mismos caminos, y le damos gracias a Dios el no hacerlo. Porque hay que reconocer que el gran desarrollo industrial de las principales potencias del mundo se logró a base de injusticias, de jornadas de trabajo increíbles, en las cuales se consideró como un progreso el que en una ley se limitara a doce horas diarias el trabajo de niños y menores de doce años, a base de una explotación de pueblos coloniales, de los cuales se recibió una mano de obra esclava que jamás obtuvo, por su contribución al progreso de la humanidad, ni siquiera lo indispensable para una vida no digamos humana, sino animalmente aceptable; porque hubo injusticias y opresiones e insensibilidades, de cuya historia están llenos los libros escritos en esos mismos países.

No queremos erigirnos en jueces, pero tampoco queremos que el desarrollo de América Latina se cumpla a base del desconocimiento de los derechos de los trabajadores y de su creciente bienestar, y mucho menos aspiramos a que nuestro bienestar y nuestro progreso sea logrado a base de injusticias cometidas con otros pueblos, aún más infelices.

Honorables Colegas:

He hablado quizás como un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida al Derecho Social, concretamente al Derecho Laboral. Pero quisiera decir en este momento, que no es solamente como laboralista como estoy afirmando aquí estas cosas. Lo quiero hacer también como hombre de gobierno, con plena conciencia de la responsabilidad que me incumbe, con apasionado interés por lograr el desarrollo en la justicia y el bienestar y la paz para mi pueblo, para todos los pueblos hermanos de América Latina y del mundo. Que estoy hablando con la convicción de que tenemos el deber de ser claros, que no debemos dejar perder nuestras ideas en la enmarañada, aunque elegante confusión de las tradicionales cortesías diplomáticas.

Las cosas son como son

En este viaje he hablado con los Jefes de Estado en forma directa; he tratado de llegar también hasta los pueblos, respetando profundamente la soberanía y autodeterminación de cada uno; manteniendo cuidadosamente el propósito de no inmiscuirme en las situaciones internas, pero llevando hasta donde yo pueda esa preocupación a los hombres que integran las respectivas nacionalidades, porque, al fin y al cabo, si creemos en la democracia debemos saber que son los pueblos, cuando adquieren conciencia de los ideales, los que verdaderamente tienen la capacidad de realizarlos. Creo que en esta hora singular de la humanidad, en esta hora extraordinaria de América Latina, tenemos que asumir la responsabilidad de decir las cosas como son, y si ellas no agradan a algunos, lo sentimos mucho; no nos mueve animadversión contra nadie, no seremos capaces de lanzar una sola palabra que pueda alimentar el odio contra cualquier colectividad; estamos simplemente defendiendo lo nuestro, y lo nuestro son los atributos que a nuestra gente, como a todos los hombres, corresponde por los títulos irrenunciables de la especie humana.

Muchas gracias por esta recepción incomparable. Quizás siento en el fondo de mi espíritu que mi visita a la Argentina, llena de tantas satisfacciones no habría estado completa si no hubiera podido, en una etapa como ésta, encontrarme con ustedes. Hago votos desde el fondo de mi corazón por la felicidad y el progreso de la nación argentina, cuyos esfuerzos por encontrar los mejores caminos seguimos con interés, admiramos profundamente y creemos que han de prevalecer, porque con ello no solamente es esta gran República la que saldrá ganando, sino que saldrá ganando también toda la gran nación latinoamericana.

Muchas gracias, honorables colegas. Recibo estas distinciones y la cálida presencia de ustedes como uno de los más nobles acicates para servir, en la medida de mis fuerzas, a la causa de la justicia, de la libertad, de la paz y del desarrollo en todos los pueblos latinoamericanos.

A cuarenta años del Ministerio y de la primera Ley del Trabajo (1977)

Rafael Caldera en el paraninfo del Palacio de las Academias, durante un homenaje ofrecido por la Universidad Central de Venezuela el 20 de abril de 1979.

A cuarenta años del Ministerio y de la primera Ley del Trabajo

Conferencia ofrecida por Rafael Caldera el 16 de marzo de 1977, en la  Academia de Ciencias Políticas y Sociales con motivo del 40º. Aniversario de la creación del Ministerio del Trabajo.

El día 12 del presente mes y año se cumplieron cuarenta años de la creación del Ministerio del Trabajo. Para no aumentar el número de despachos oficiales se optó por incorporar esa materia, dándole prioridad, al despacho de Comunicaciones. De manera que se denominó Ministerio del Trabajo y de Comunicaciones. Fue su primer titular el Dr. Luis Gerónimo Pietri, sobre cuya participación en la codificación laboral de Venezuela presentó a la Academia un excelente trabajo el Dr. Julio Diez. Le sucedieron el Dr. Héctor Cuenca, el gran escritor y luchador por la libertad José Rafael Pocaterra, el Dr. Numa Quevedo y finalmente el Dr. Julio Diez, quien hoy asume la Presidencia de esta Institución. En el mes de octubre de 1945 se realizó la separación de los despachos de Trabajo y Comunicaciones y entró a desempeñar la cartera del Trabajo el Dr. Raúl Leoni, más tarde Presidente de la República.

Esta rememoración nos animó a mi distinguido amigo el Dr. Eloy Lares Martínez, Presidente de la Academia, y a mí, a fijar para esta oportunidad la fecha de la presente conferencia. Ha sido su amable insistencia la que arrancó en mí el compromiso; él tiene la responsabilidad fundamental de que hoy venga a exponer estas ideas. Esta conferencia, también por su propia decisión, constituye el último acto de su gestión al frente de nuestra corporación.

Estos cuarenta años representan algo extraordinario en la vida de nuestro país y podría decir, de cualquier país. Considero un privilegio que nos ha dado la Providencia el de habernos permitido vivirlos, porque creo que ninguna otra generación (apartando, como es natural, por descarte, la generación gloriosa de la Independencia) ha tenido oportunidad de ver, de actuar, de experimentar en una forma directa una transformación tan profunda, de tanto alcance y significación como la que nuestra generación ha vivido. Por eso algunas veces, cuando algunos periodistas me preguntan si no pienso escribir mis Memorias, les confieso que me agradaría escribir un libro, que más que para recordar asuntos personales sirviera para desgranar recuerdos de lo que yo he visto de cerca, de aquellos acontecimientos en los cuales me ha correspondido el inmenso honor de participar. Lo llamaría «Testimonio de mi generación» y realmente creo que, entendiendo la palabra generación en un sentido lato, el testimonio que la nuestra puede presentar, la comparación entre el país que con todos sus defectos y carencias vamos a entregar a las nuevas generaciones, hay una distancia tan grande que cuesta trabajo el darse cuenta exacta de su magnitud. Aquí valdría recordar la célebre expresión: «los árboles impiden ver el bosque». Los que hemos estado actuando dentro de esta circunstancia diaria carecemos de la posibilidad de medir en perspectiva la inmensa distancia recorrida.

Justamente, hace diez años, el Instituto Venezolano de Derecho Social conmemoró los treinta años de la Ley del Trabajo; porque la creación del Ministerio del Trabajo y de Comunicaciones, el 12 de marzo de 1937, no fue un hecho aislado, sino que se concatenó estrechamente con una serie de acontecimientos ocurridos durante aquel año de efectos indelebles que fue 1936.

La Oficina Nacional del Trabajo

En 1936, y aquí valga otra vez recordar el hecho anecdótico de que se trataba de un año bisiesto, el día 29 de febrero fue creada la Oficina Nacional del Trabajo. Anunciada en el célebre Programa de Febrero del 22, del mismo mes y año, que a su vez fue visto como resultado directo de los acontecimientos populares del 14 de febrero del año mencionado, se fundó aquella Oficina Nacional del Trabajo en virtud de una previsión de la Ley del Trabajo de 1928 según la cual se podía crear un servicio especial dedicado al Trabajo, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores. En esta circunstancia quiero de manera muy especial rendir homenaje a un venezolano ilustre que en aquella ocasión jugó un papel primordial, el Dr. Alonso Calatrava. Ya he tenido ocasión de dedicarle unas palabras de afecto, de admiración y de recuerdo en la conferencia que dicté hace diez años, cuando conmemoramos los 30 años de la Ley del Trabajo. En esta ocasión hay un motivo especial para recordarlo, porque el 11 de este mismo mes se conmemoró el primer centenario del nacimiento de aquel jurista venezolano, académico, patriota, que dio su concurso con la mayor generosidad a la iniciación de aquel proceso de afirmación del Derecho Laboral en Venezuela.

El Dr. Alonso Calatrava Rengel era conocido como un abogado muy experto, muy ducho en el procedimiento pero al mismo tiempo muy conocedor de todas las ramas del derecho sustantivo; luchador a brazo partido, honesto a carta cabal y reconocidamente adicto a la libertad y a la aspiración de una Venezuela democrática. En aquél momento, al escoger un nombre para encabezar el pequeño equipo que debía iniciar las labores de la O.N.T. se pensó en él y con mucha razón.

Debo dar fe de que no hubo para el Dr. Calatrava horas de descanso, momentos de tregua en la labor que se le encomendó, de que durante los cuatro meses que ejerció la dirección de la Oficina se entregó en alma, vida y corazón a la triple tarea de preparar la legislación que debía dictarse, de organizar los servicios administrativos, hasta este momento inexistentes, y de mediar en los conflictos colectivos de trabajo que a cada paso, sin que hubiera normas de procedimiento, se presentaban en un país sacudido por el estallido de muchos sentimientos, de muchas injusticias, de situaciones comprimidas durante varios decenios. Rindo homenaje, pues, al Dr. Alonso Calatrava y debo decir sobre su generosidad algo que no puedo callar. Yo era un muchacho de veinte años, que sólo por la circunstancias de revolución y angustia que vivía el país pudo ser llamado a la responsabilidad de ser Sub Director del organismo que se estaba creando; y el Dr. Calatrava, cuando fuimos a entregar el Proyecto de Ley del Trabajo, me impuso conminatoriamente que colocara mi firma junto a la suya en la Exposición de Motivos y me hizo más tarde suscribir con él todos los documentos y observaciones que se enviaron a las Cámaras Legislativas. En aquel hombre que me llevaba 40 años, que tenía la autoridad de su trayectoria y de su personalidad de jurista, que fue pasado de la Oficina Nacional del Trabajo a ocupar una magistratura en el más alto Tribunal de la República, entonces Corte Federal y de Casación, este acto de bondad y de generosidad con un muchacho que lo acompañaba en sus labores, me parece demostrativo de su amplitud y de la nobleza de su espíritu.

Aquella Oficina Nacional del Trabajo fue felizmente el núcleo de un buen lote de especialistas, de futuros especialistas en el Derecho Laboral, ya que quizás el único que para entonces ya podía considerarse como tal, pues tenía reconocida autoridad en esta nueva especialidad era nuestro colega académico, maestro y pionero del Derecho Laboral en Venezuela, el Dr. Tito Gutiérrez Alfaro. Con él compartimos labores en la Oficina; fue su empeño personal y la autoridad que se le reconoció lo que logró la creación de los primeros servicios técnicos, que transformaron el pequeño equipo de la oficina en un organismo que ya tenía aspecto ministerial.

Y fue su palabra, su irrefrenable vocación al estudio y su constante admonición la que abrió el camino a todo un grupo de jóvenes que transitaron después y transitan aún noblemente los caminos del Derecho del Trabajo. Nos acompañó un profesor universitario de grata memoria, el Dr. Fernando Amores y Herrera, quien desde la Consultoría Jurídica de la Oficina contribuyó esforzadamente a la elaboración de la jurisprudencia, a la formación de un cuerpo de doctrina y a la preparación del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1938 y del Proyecto de Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo que aprobó en 1940. Creo que fue otro muy distinguido y estimable jurista, que por su invencible modestia se ha refugiado desde hace años en su provincia nativa, el Dr. José Quintero García, el que realizó la transición entre la Dirección de la Oficina Nacional del Trabajo y la Dirección del Trabajo en el Ministerio del Trabajo.

Y entre los nombres (ojalá no omita alguno simplemente por algún olvido involuntario y momentáneo) de los que ocuparon las jefaturas de los Servicios Técnicos, cargos importantes en la Consultoría Jurídica o en el resto del equipo, estuvieron Vicente Millán Delpretti, Carlos Tinoco Rodil, Tomás Gibbs, Carlos Rojas Guardia, Jorge Stronach (quien dirigía el Servicio de Seguridad Social, con carácter sobre todo de estadígrafo, hombre de vasta cultura) y dos profesionales integrados en el cuadro inicial de aquella Oficina Nacional del Trabajo, que tenía cinco funcionarios y que dirigía a cinco Inspectores del Trabajo en toda la República, los doctores Felipe López Sierra, médico, y Rafael Ángel Colmenares, ingeniero, quienes desde sus respectivas profesiones contribuían a darnos orientación técnica.

Debo dar también aquí un recuerdo agradecido a la labor de un hombre sencillo de espíritu, de muy delicada percepción y de una gran experiencia en la materia, el Sr. David H. Blelloch, quien vive desde años retirado en Inglaterra, y quien como asesor técnico accidental, por gestión del Dr. Diógenes Escalante, Ministro de Relaciones Interiores, vino a acompañarnos para hacer frente a los primeros problemas y sobre todo a darnos el respaldo de su autoridad, como jefe de un servicio de la Oficina Internacional del Trabajo, de su experiencia y de sus conocimientos en los pasos que se daban en aquella situación azarosa, en aquella problemática confusa y compleja de 1936. Y, desde luego, debo también hacer un recuerdo cordial de los dos Ministros de Relaciones Interiores de los que dependió la Oficina Nacional del Trabajo antes de la creación del Ministerio del Trabajo y de Comunicaciones. El Dr. Escalante, quien puso especial interés en que el Proyecto de Ley estuviera listo antes de pasar a ocupar la nueva posición que se le asignó de Secretario General de la Presidencia de la República; y el General Régulo L. Olivares, hombre singular, de una honestidad resaltante, de un gran patriotismo, forjado en las guerras civiles y quien dio un gran caudal de buena voluntad al análisis y resolución de las cuestiones laborales.

Una continuidad histórica

Dentro de estos cuarenta años (quiero reiterar algo que hemos expresado en diversas ocasiones) ha marcado una impresionante continuidad la política laboral. Continuidad en medio de las contradicciones, de los avances y de los retrocesos. El hecho de la adopción de una Ley del Trabajo, el hecho de la creación de los organismos administrativos del Trabajo que culminaron en el Ministerio del ramo, el hecho de la concientización de los trabajadores venezolanos es quizás uno de los acontecimientos más interesantes de estos cuatro decenios.

Cuando invité a David Blelloch a visitar a Venezuela durante el ejercicio del gobierno, me dijo que lo que mayor impresión le había causado, dentro del profundo cambio que se realizaba en Venezuela, no era ni siquiera la obra material (que le hacía desconocida aquella Caracas pequeña en la que vivía como pensionista en casa de la familia Coronil e iba a pie hasta la Oficina Nacional del Trabajo) sino la transformación del trabajador venezolano, la increíble adaptación de una población rural, en su casi totalidad analfabeta e ignorante de las técnicas del trabajo moderno, a las labores industriales, su conversión en un obrero apto para todas las tareas y que se podía parangonar con cualquier otro trabajador en cualquier otro país del mundo.

Yo creo que en el análisis que se haga históricamente de estos cuarenta años (ya han comenzado a aparecer muy interesantes relatos), quizás los dos hechos más resaltantes, en los cuales el país ha mostrado una mayor conciencia de su nuevo destino han sido el hecho laboral, desde el punto de vista del progreso social, y la política petrolera desde el punto de vista del crecimiento económico y de la afirmación de la soberanía del país.

En 1939 Rafael Caldera obtiene el titulo de Doctor en Ciencias Políticas con su tesis sobre el Derecho del Trabajo, el cual se convertirá en libro de referencia obligada sobre la materia.

La Ley del Trabajo de 1936

Esa Ley del Trabajo, sobre la que debe versar la conferencia de esta tarde, fue en su origen, según la Exposición de Motivos, hecha con carácter provisional. Se reconocía que el tiempo de su elaboración había sido demasiado breve y que los acontecimientos eran demasiado premiosos para permitir un análisis profundo y sereno. El Ministro Escalante pensaba inicialmente en una reforma limitada a tres puntos que consideraba de especial interés: jornada de ocho horas, una política de colocaciones y, pensando un poco prematuramente, la seguridad social. El Programa de Febrero hablaba de crear una Oficina Nacional del Trabajo y de «emprender a través de pasos metódicos la adopción de una legislación del trabajo». Los hechos se precipitaron, y si algo podemos considerar afortunado fue que se aprovechara aquel momento para que se adoptara una Ley del Trabajo completa, que en el momento de su promulgación pudo considerarse con justicia como una de las más avanzadas de América Latina. Desde luego, estaba llena de defectos técnicos, de imprecisión en muchas de sus disposiciones y de vacíos y lagunas que en gran parte fueron llenadas (en esto quiero insistir porque es una tradición en el Derecho Laboral y no sólo en Venezuela sino aún en los países más avanzados del mundo y más apegados al régimen de derecho) por la amplitud que se otorgó a la potestad reglamentaria, hasta el punto de que en muchas ocasiones pudo pensarse que había ocurrido una verdadera delegación de la potestad legislativa a pesar de la norma constitucional que la declaraba indelegable.

Para poner en marcha la nueva legislación hubo que tomar una serie de medidas que hoy serían incomprensibles. Por ejemplo, a falta de jueces de trabajo – que no los había, ni podía haberlos, pues no estaban formados, ya que en la Universidad apenas se hacía una referencia fugaz a la legislación del trabajo en la Cátedra de Economía Política y en la de Derecho Administrativo-se adoptó el sistema, severamente criticado por autorizados juristas pero mantenido por decisión de la Corte Federal y de Casación, de darle funciones judiciales a los Inspectores del Trabajo, acompañados por dos «asesores», decía la ley, pero que eran más bien asociados, escogidos por cada parte de una terna que presentara la parte contraria. Este mecanismo funcionó al principio y, desde luego, hubo el propósito de sustituirlo por un sistema más normal de jurisdicción del trabajo, pero el Director de la Oficina Nacional del Trabajo tuvo funciones de Juez de segunda y última instancia en juicios del trabajo, de manera que entre los más importantes documentos jurídicos que el Derecho Laboral tiene en Venezuela están las sentencias dictadas (sentencias, verdaderos fallos judiciales) en ejercicio de las funciones judiciales que la Ley la atribuía, por el Director de la Oficina Nacional del Trabajo, Dr. Gutiérrez Alfaro.

Estos fallos fueron en alguna ocasión impugnados ante la Corte Federal y de Casación. En una circunstancia, la acción escogida fue la de la nulidad del texto legal cuya demanda fue retirada, en otra, la de nulidad del fallo, en virtud de una atribución constitucional según la cual la Corte podía invalidar cualquier acto del poder público que fuera contrario a la misma Constitución. Es una historia confusa y apasionante y debo confesar que el haberla vivido constituye algo digno de agradecer a la Providencia. Volviendo al punto planteado atrás, lo cierto es que la Ley del Trabajo se consideró como provisional. Tal vez en este caso podría aplicarse la frase que el General Soublette escribió desde Caracas al Libertador: «entre nosotros lo provisional tiene fuerza de definitivo». No hay quizás ninguna ley que haya durado más, que haya vivido más, que haya tenido mayor fuerza, mayor eficacia, que esta ley en cuya Exposición de Motivos se anunciaba para el año siguiente un nuevo texto que constituiría un Código del Trabajo.

Intentos de Reforma

Pero, realmente, la actitud frente a la Ley del Trabajo ha sido siempre cauta. Ha habido la idea de que debe reformarse, pero simultáneamente esta idea ha sido acompañada con un temor no oculto de entrar al fondo del problema. En 1937 se presentaron proyectos de reforma parcial o de leyes especiales para tratar de resolver algunas cuestiones planteadas, tales como la indemnización por antigüedad, que fue controvertida más que todo por lo relativo al cómputo de los años servidos con anterioridad a la ley, y la jornada en el medio rural. En aquel sector, como recuerdan ustedes, había una institución única en el derecho venezolano y quizás muy extraña en el mundo. Porque cuando se redactó la Constitución y algunos dijeron que la Ley del Trabajo podía arruinar la agricultura, un diputado propuso una adición al texto constitucional en la cual se decía: «el trabajo agrícola será objeto de reglamentación especial del Poder Ejecutivo». De manera que surgió un reglamento que tenía su base en la Constitución y no en la ley y que no era para aclarar o afirmar el espíritu, propósito y razón de la ley sino todo lo contrario, para excluir la aplicación de la ley. Por una circunstancia bastante extraña, esa norma constitucional que le servía de base desapareció y, sin embargo, el Reglamento especial del Trabajo en la Agricultura y en la Cría seguía viviendo por temor de las consecuencias que se suponían de su derogación.

En 1938 se presentó uno de los intentos de reforma más serios y más importantes: el Proyecto de Código del Trabajo, que contó en parte con la colaboración de un hombre eminente, un jurista de brillo excepcional, internacionalista respetado y muy amante de nuestro país, el Sr. Wilfred Jenks, para entonces abogado en la Consultoría Jurídica de la Oficina Internacional del Trabajo, quien a su muerte, ocurrida a principios de 1974, era el Director General de aquel organismo. Jenks envió después un largo proyecto de observaciones y éstas fueron analizadas y en parte incorporadas a un nuevo Proyecto de Código del Trabajo que se presentó en 1942, mejorando en muchos aspectos el proyecto de 1938, elaborado por una comisión que integraron Tito Gutiérrez Alfaro, Julio Diez, Andrés Eloy Blanco, Jacinto Ramírez Rausseo, Vicente Millán Delpretti.

En 1939 se presentaron un Proyecto de Ley de Seguro Social Obligatorio y nuevos proyectos de reforma parcial a la Ley del Trabajo, referentes otra vez al trabajo agrícola y a la indemnización por despido.

En 1940 se aprueba la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, que crea un sistema especial en el cual, lamentablemente, debo reconocerlo, se ha retrocedido un poco, porque de la aspiración a crear una justicia especializada en asuntos de trabajos se pasó a atribuir en una gran parte en el territorio nacional, la jurisdicción en materia de trabajo a los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, con lo que la especialidad de la materia indudablemente ha perdido importancia. Y se aprobó también en 1940 la Ley de Seguro Social Obligatorio, aprovechando la colaboración de importantes personalidades internacionales, de las cuales una vive en la actualidad, jubilado después de desempeñar la Dirección del Servicio de Seguridad Social de la OIT, el Sr. Antonio Zelenka. El Sr. Oswald Stein, que trabajó en aquel Proyecto, tuvo la desgracia de morir bajo un tren al regresar al Canadá, donde estaba todavía, por causa de la guerra, la sede de la Oficina Internacional del Trabajo.

Tenemos, pues, proyectos de reforma en leyes especiales, unas aprobadas y otras no, en 1937, en 1938, en 1939, en 1940. En 1941 el Ministro Pocaterra hizo una tentativa para preparar una reforma que no llegó al Congreso. En 1942 se presentó, como antes dije, el Proyecto de Código del Trabajo que, repito, es uno de los textos de mayor trascendencia que en esta materia tenemos; pero la primera reforma parcial de importancia que se realiza es la sancionada en el año de 1944, promulgada en 1945, presentada por nuestro estimado colega el Dr. Julio Diez, quien hoy asume la presidencia de la Academia y quien era para ese momento Ministro del Trabajo. El mismo año 1945 también se dictó el Reglamento del Trabajo en la Agricultura y en la Cría, que aun cuando a través del tiempo fue divorciándose de la realidad nacional, llenó en el momento de su promulgación un vacío y atendió a una necesidad inaplazable.

En 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno dictó unos decretos especialmente en materia de utilidades y de inembargabilidad del salario. La materia de utilidades, que estaba regulada por el Decreto Ejecutivo dictado por el Presidente López Contreras en 1938 por iniciativa del Ministro Héctor Cuenca, había sido objeto de nueva regulación por la reforma legal de 1945. En 1947, la Asamblea Nacional Constituyente sancionó una reforma parcial en la cual se atendieron algunos aspectos que la experiencia había ido mostrando como de necesaria modificación.

En 1951 se dictó un Estatuto Orgánico del Seguro Social Obligatorio; en 1952 se preparó un ante-proyecto de reforma que no llegó a tramitarse; en 1958 se dictó un Decreto-Ley No. 440, por la Junta de Gobierno, a través del cual se reguló el llamado Contrato Colectivo por ramas de Industrias, y se introdujo el arbitraje obligatorio en algunos conflictos. Tengo entendido que el ponente de este Decreto, como miembro de la Comisión especial que nombró la Junta de Gobierno, fue el Dr. Raúl Leoni.

En 1959-1960 se informó acerca de la preparación de un ante-proyecto, de mucha importancia, pero que a mi entender, por el hecho de que discrepaba de una serie de conceptos y de mecanismos ya adoptados por el Derecho venezolano, tenía dificultades para su aceptación. Los autores, muy conocedores de la materia y de una gran autoridad científica, fueron el Dr. Mario de la Cueva, el profesor Rafael Alfonzo Guzmán y el Dr. Fernando Amores Fiol, quien heredó de su padre, el Dr. Amores y Herrera, la vocación jurídica y el interés por los asuntos laborales. En 1961 se dictó una Ley sobre Privilegios de los Créditos de los Trabajadores; en 1962, una Ley sobre Inembargabilidad e Inejecutabilidad de las Utilidades; en 1962-1963 se presentaron proyectos para incorporar el trabajo agrícola a la Ley del Trabajo. En 1966 se dictó la Ley sobre Participación de los Trabajadores en los Institutos Autónomos, Empresas y Organismos de Desarrollo Económico del Estado, que se reformó en 1969.

En fin, para concluir esta enumeración de los intentos de reforma, quisiera recordar que en 1966, cuando celebramos una sesión especial en el Instituto Venezolano de Derecho Social para conmemorar los treinta años de la Ley del Trabajo y hablamos sobre la necesidad de la reforma, el Ministro del Trabajo, que lo era el Dr. Hens Silva Torres, nos honró con su presencia y nos ofreció un proyecto de Ley del Trabajo que sería pasado al Instituto para que el Instituto lo revisara antes de ir al Congreso, lo que en definitiva no se realizó. El Congreso, por otra parte, ha nombrado varias comisiones en distintos años para estudiar la reforma de la Ley del Trabajo, sin que se llegara a ningún resultado y actualmente entiendo que hay una Comisión para la Ley y otra para el Reglamento, nombradas por el Ejecutivo Nacional.

Las últimas modificaciones al texto legal son las que en virtud de los poderes extraordinarios que el Congreso le otorgó, el Presidente de la República hizo en 1974 en cuanto a los derechos de antigüedad y cesantía que consagró como «derechos adquiridos» y al bono vacacional por años de servicio, es decir, el aumento del tiempo de vacaciones de acuerdo con la antigüedad del trabajador. En 1975, el Congreso adoptó una Ley contra Despidos Injustificados y el Ejecutivo dictó el Reglamento de esa misma Ley. Aparte de todo este largo proceso que he mencionado, hay que recordar que se promulgaron en 1954 la Ley del INCRET – Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores -, en 1959 la Ley del INCE – Instituto Nacional de Cooperación Educativa -, la Ley de Cooperativas en 1966, la Ley que creó el Banco de los Trabajadores en 1966 y uno de los más importantes instrumentos y de mayor influencia para los trabajadores del sector público, la Ley de Carrera Administrativa, en el año de 1970 y los consiguientes textos reglamentarios.

Rafael Caldera (cuarto de izquierda a derecha) durante una reunión de la Oficina Internacional del Trabajo celebrada en Montreal, Canadá, en 1941.

El nuevo Reglamento

El 31 de diciembre de 1973 asumí la responsabilidad de dictar un nuevo Reglamento de la Ley del Trabajo. Es bueno recordar que la Ley y el Reglamento, si en alguna rama jurídica se complementan y se hace casi indispensable su simbiosis es en el Derecho del Trabajo. Pero el Reglamento que venía rigiendo estaba en pie desde 1938. La Ley había sufrido diversas modificaciones y el texto reglamentario se aplicaba con dificultad. Yo esperé, confieso que con cierto escepticismo, la posibilidad de que el Congreso dictara una nueva Ley del Trabajo durante los años de mi gobierno; cuando ya vi que terminaban las sesiones parlamentarias del quinquenio sin que esto se hubiera hecho, dejé pasar el proceso electoral para no vincular la medida a la controversia política y promulgué el 31 de diciembre el nuevo Reglamento. Este se venía preparando, pero sin un anuncio público, puesto que el Congreso, cuya es la potestad de legislar, había anunciado su voluntad de reformar la ley. El Proyecto fue redactado por una Comisión nombrada por el Ministro del Trabajo, con la cual colaboré personalmente.

En este Reglamento, lo reconozco, se hizo uso amplio de la potestad reglamentaria, de acuerdo con la tradición establecida en la materia. Fuimos hasta donde pensamos que podíamos ir, pensando que si alguna de las disposiciones podía ser objeto de duda por algún comentario estricto, quedaría a la sabiduría del más alto tribunal de los Estados la última palabra. La verdad es que habríamos querido ir todavía más allá, pero no pudimos hacerlo en aquellas materias en las cuales la ley contenía pronunciamiento explícito y formal. Pero quisimos al mismo tiempo, a través del Reglamento – modestamente lo presento aquí – señalar el camino de la reforma de la Ley del Trabajo. No quisimos someternos al plan de la ley actual (tampoco estábamos obligados a ello) sino esbozar un nuevo plan, orientado hacia una nueva nomenclatura, y plantear las cuestiones que a nuestro modo de ver deben ser fundamentales en la adopción de una nueva Ley del Trabajo. Quizás lo más controvertido del nuevo Reglamento fue la derogatoria del antiguo Reglamento del Trabajo en la Agricultura y en la Cría, pero tengo la impresión de que cada día se ve más clara su procedencia.

Perspectiva para la reforma total de la Ley del Trabajo

De todo el panorama descrito, la primera observación que creo necesario destacar es la de que hay una multiplicidad y dispersión de textos legales con problemas de antinomias y confusiones de terminología. Esto se agrava con la tendencia constante a reformas inconexas, tendencia que hace válida todavía (me duele pensarlo, porque considero muy fundada la aspiración de que se dicte un Código del Trabajo) la objeción de inoportunidad para la adopción de un código, que supone una cierta estabilidad como texto normativo, cuando se observa que todos los años hay proposiciones, planteamientos que tienden a nuevas modificaciones y que no podrían todos ellos resolverse de inmediato. En muchos habría que apelar al sistema de establecer ciertas normas fundamentales en la Ley y dejar un margen relativamente amplio a la potestad reglamentaria.

Se siente la urgencia de una nueva ley y de no haber sido porque la contratación colectiva les ha ido dando una serie de ventajas que la ley no contiene, hace tiempo que habría estallado el sentimiento de los trabajadores. Pero esto mismo ha traído como consecuencia peligrosa una diferenciación entre los trabajadores amparados por organizaciones sindicales poderosas que han logrado una regulación colectiva convencional más o menos satisfactoria y los trabajadores que no disponen de esos órganos de lucha, que no están amparados por estas normas convencionales y que se mantienen dentro de los parámetros de protección de la Ley del Trabajo.

He oído decir que se piensa intentar una nueva reforma parcial para dos o tres materias especiales. Creo que no sea esto lo más conveniente, porque puede aumentar la confusión. En las Jornadas de Derecho del Trabajo que se celebraron en Barquisimeto en enero de este año, muy concurridas por gran número de profesores y de jueces, hubo unanimidad en la preocupación por las contradicciones, por las confusiones, por las situaciones complejas que dañan el sentido jurídico, la clara orientación de las normas laborales. Temo que si se adoptara el sistema de dictar dos o tres leyes más, en vez de mejorar puede empeorar la situación.

Por eso creo que los cuarenta años de experiencia nos deben conducir a elaborar una nueva Ley del Trabajo. Me toca ahora repetir lo que dije cuando hace diez años conmemoramos las tres décadas de la Ley y abrimos un ciclo de conferencias e invitamos a un gran debate nacional: que consideramos necesario un nuevo texto legal. ¡Ya han pasado diez años más!

Una nueva Ley del Trabajo debe contemplar por lo menos tres aspectos principales: un nuevo plan para darle una ordenación más orgánica, más metódica, más cónsona con los avances de la ciencia jurídica; una terminología más precisa, más clara y más armónica y, además, algunos cambios de fondo en materia de disposiciones.

En cuanto al plan, creo que el Reglamento del 73 asoma un camino (desde luego, susceptible de modificación) para dividirla en títulos, capítulos y secciones. Empezar con unas disposiciones fundamentales. Seguir con la relación de trabajo, excluyendo de este título todo lo relativo a la contratación colectiva, que no tiene nada que ver en el análisis jurídico con el contrato de trabajo sino que debe ir al título sobre Derecho Colectivo, ya que uno de los defectos mayores que le quedó a la Ley actual fue esa mezcla de contrato individual y de contrato colectivo dentro de un mismo título, aplicándose a materias muy distintas.

Luego, un gran título sobre las condiciones generales del trabajo, que tal vez podría comenzar por la remuneración, ya que el salario es la contraprestación del trabajo y el objetivo más importante que el trabajador persigue en la prestación de sus servicios, incluyendo allí, desde luego, las utilidades y todas las materias conexas con la remuneración; y seguir con las normas sobre jornadas, días feriados, vacaciones y bienestar y seguridad en el trabajo. Luego, los regímenes especiales. Dentro del Reglamento significó una novedad, en la cual ensanchamos mucho la potestad reglamentaria (aunque orientados dentro del espíritu, propósito y razón de la Ley del Trabajo) la ordenación después de lo referente a los menores, a los aprendices y a las mujeres, de lo relativo a los domésticos, que es necesario ver con ojos distintos a los de 1936, a los conserjes, a los trabajadores a domicilio, a los deportistas profesionales, a los trabajadores rurales, a los trabajadores del transporte (transporte terrestre, transporte marítimo y transporte aéreo), materia en la cual hay que tomar una decisión reformando el Código de Comercio, que debe ya abandonar a la Ley del Trabajo las normas laborales. Probablemente no se podrán resolver todos los problemas de trabajo en la navegación aérea, quizás no se pueda dictar una legislación completa por falta todavía de suficiente experiencia, pero sí se pueden establecer normas sustantivas que abran un campo adecuado a la reglamentación. Obligaciones adicionales de los patronos sería otro título, para aquellos casos en que se impone al empleador suministrar vivienda, campamentos, escuelas y becas, medios terapéuticos y otros recursos.

Y aquí tenemos que afrontar un problema, el de si deben mantenerse en la Ley del Trabajo las normas sobre riesgos profesionales, o si más bien la actual legislación sobre el Seguro Social Obligatorio debe convertirse en una Ley de Seguridad Social donde vaya toda la materia de «infortunística», como dicen algunos tratados recientes, vale decir, toda la materia correspondiente a los infortunios del trabajo. Me parece que esta solución es la más adecuada. Yo creo que la Seguridad Social y el Derecho del Trabajo son inseparables, que no se puede admitir, como algunos creen, que el desarrollo de la seguridad social saca completamente toda esta materia del campo laboral. Dentro de una definición amplia (y quizás no demasiado amplia) del Derecho Social, el Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social son partes concomitantes, y en todas las Academias, Institutos, asociaciones científicas que hay en el mundo en este momento, si bien se establece la diferenciación, se mantiene la vinculación de la unidad: «Asociación Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», «Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», «Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». Pero sí me parece, que las normas sobre riesgos profesionales que están en la Ley del Trabajo (y en el Reglamento, donde apenas mejoramos la situación un poco, como pudimos) ya no tienen cabida allí, además de que corresponden a situaciones cada día más excepcionales, las de aquellos trabajadores que no ha llegado todavía a cubrir el Seguro Social.

Luego, debe haber un título especial para el Derecho Colectivo Laboral, con capítulos que se refieran a las organizaciones sindicales, que son el instrumento, a las negociaciones y conflictos colectivos, que son el procedimiento, el mecanismo, y a las convenciones colectivas, que son el resultado normativo. Y finalmente, las disposiciones referentes a las reclamaciones a los entes públicos, a los organismos administrativos, a la colocación de los trabajadores, a las sanciones, la prescripción de las acciones y disposiciones finales. Esto, digo, en cuanto al plan, primer aspecto de una nueva Ley del Trabajo: concebir y discutir un plan distinto y ponerse de acuerdo sobre el plan, para encajar dentro de él las disposiciones respectivas.

Luego, se impone un serio esfuerzo en materia de terminología, de nomenclatura, de definiciones. Hay errores y confusiones que crean muchos problemas. Todavía está planteada la polémica sobre el concepto de intermediario. Yo no he podido ponerme de acuerdo con el Dr. De la Cueva sobre la interpretación de lo que es un intermediario. Aunque la norma viene de la legislación mexicana, yo creo que la interpretación que él le da no es la más conforme con nuestro sistema jurídico, ni la más conveniente a los trabajadores. Porque para mí el legislador introdujo el concepto de intermediario con el objeto de amparar al trabajador contra el peligro de que una persona negocie con él en su propio nombre pero en beneficio de otro, y cuando vaya a reclamarle se escude diciendo que no es responsable porque obró en beneficio de un tercero. Yo creo que el sentido que le da el Derecho Laboral a esas disposiciones tiene que ser hacia la solidaridad, para darle facilidad al trabajador de asegurar sus derechos. El trabajador debe tener la posibilidad de demandar tanto a quien ha negociado con él como al que se benefició de su trabajo, de acuerdo con lo que le ofrezca mayor continuidad y seguridad. Y las dudas se podrían resolver fácilmente con una nueva norma legal más precisa. Hay autorizados tratadistas que objetan las normas del Reglamento que yo promulgué y sostienen que no son conformes a la Ley del Trabajo, pero yo observo que no solamente constituyen la interpretación más legítima de la Ley, sino que se amparan en una norma constitucional, de la cual fui por cierto ponente, no lo voy a ocultar. En la Constitución se establece la responsabilidad de la persona que contrate por medio de intermediario o de representante, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos y el Reglamento desarrolla ese principio de solidaridad.

Conviene definir mejor al patrono, al intermediario, al representante del patrono. Ahora está planteada en muchos lugares en Venezuela la cuestión de que si el representante del patrono, sin mandato expreso para representación judicial, puede excusarse de ser citado al ser demandada la empresa, creándole al demandante una serie de problemas. Hay, por ejemplo, empresas no sólo en Maracay, donde es la regla general, sino en Maracaibo u otros lugares más lejanos, que tienen su Directiva en Caracas, no han constituido en el lugar del trabajo un apoderado judicial que pueda darse por citado, y el que tiene facultad para ello reside en Caracas. Con el término de la distancia anacrónico, arqueológico, que existe en nuestro Derecho Procesal, se le quiere imponer al trabajador que demanda, pedir la citación del apoderado o miembro de la Directiva con facultad para darse por citado, en Caracas; por lo general, no se logra la citación y se devuelve el expediente, corriendo con otro largo término de distancia de vuelta, para que pueda entonces ordenarse la citación a través de carteles.

Mientras tanto, en la Inspectoría del Trabajo ha estado discutiendo el asunto el Gerente de la empresa o el Jefe de Personal, quienes han planteado sus alegatos, han hecho proposiciones, pero cuando llega la demanda se amparan en falta de mandato judicial. Esta cuestión se ha removido con la interpretación del artículo 12 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973, pero podría resolverse fácilmente con una reforma legal. Así mismo, el concepto de las labores «inherentes o conexas» a la del beneficiario de la obra en caso de realizarse mediante contratista, es de suma complejidad y la Ley podría resolver esta y otras cuestiones, por lo menos aclarar muchos conceptos. Debe incluirse también la definición de trabajador, que no existe en la Ley porque fue primitivamente redactada de acuerdo con el Código chileno; habla de empleados y obreros pero no de trabajador, siendo así que la tendencia más acusada es la de establecer plena asimilación entre el trabajador manual y el trabajador intelectual en cuanto sea posible. También hace falta la definición de empleado de dirección, la de trabajador de confianza, la de obrero calificado, etc. Igualmente se necesita, a mi entender, resolver una cuestión de terminología en lo relativo a las indemnizaciones de cesantía y antigüedad. La expresión «auxilio de cesantía» en Venezuela se usa en sentido contrario a su propia significación. Y esto por una razón histórica.

En 1947 se quiso aumentar la indemnización por despido (que en el Proyecto original de la Oficina Nacional del Trabajo era de un mes por año, pero fue reducido por el Congreso a quince días) dando quince días más, pero no en todos los casos en que la indemnización por antigüedad procede, a saber, los de pérdida del trabajo por causa ajena a la voluntad del trabajador, sino sólo en casos de despido injustificado y retiro justificado. El redactor de la reforma, que fue un distinguido jurista costarricense que estaba entonces entre nosotros como asesor del Ministerio del Trabajo y que después fue Embajador en Venezuela, el Licenciado Emilio Valverde Vega, utilizó la terminología del Código del Trabajo de Costa Rica y propuso que la indemnización adicional se llamara «auxilio de cesantía». Ahora, ¿qué quiere decir auxilio de cesantía?, una ayuda que se da al trabajador por el hecho de estar cesante. Pero, en nuestra Ley, auxilio de cesantía es un castigo que se impone al patrono por el despido injustificado. Por lo demás, ya esto no tiene sentido. Se ha ido de hecho a la unificación y se ha usado en las nuevas normas la expresión «derecho adquirido», una expresión corriente en las negociaciones colectivas, pero imprecisa y confusa.

¿Qué quiere decir «derecho adquirido»? ¿Se adquiere cuándo, en qué momento? ¿Se trata de una prima anual? Pareciera que sí, desde el momento en que se crea un fideicomiso y se prevé pagar intereses mientras no se cancela la indemnización. No parece que el derecho se adquiere cuando termina la relación de trabajo sino que se va adquiriendo anualmente; pero esto, que es conveniente para el trabajador en cuanto a la seguridad que le da, es perjudicial en el sentido de que limita la indemnización al salario que devenga cada año; mientras que, por lo general, un trabajador que pasa veinte o treinta años en un establecimiento, empieza a ganar un salario bajo y termina con un salario muchas veces superior; la interpretación de la Ley del Trabajo era la de que se calculaban las prestaciones, no en función de cada salario anual sucesivo, sino del salario devengado en el momento de la terminación de la relación del trabajo.

También hay que precisar la definición de salario. Se dice que la Ley tiene una definición de salario, pero no es cierto: ella dio una regla para interpretar la norma «a trabajo igual, salario igual», pero esta regla no es una definición de salario. El Reglamento trató de llenar ese vacío hasta donde se pudo, pero sería conveniente que se diera una definición legal del salario y de lo que debe tomarse como salario de base para el cálculo de prestaciones e indemnizaciones que es lo más interesante. ¿Cuál es el salario de base para el cálculo y cuáles las distintas percepciones que deben comprenderse y no comprenderse para tomar la base del cálculo en prestaciones y en indemnizaciones? Hay que establecer en esta materia reglas precisas. También debe precisarse la expresión «bonificación de fin de año» que no me parece mal y que ha sido usada también como prima de Navidad.

En materia sindical, nosotros en el Reglamento definimos una especie de sindicato que no está en la Ley del Trabajo pero que desde hace innumerables años se viene utilizando, la de los sindicatos industriales. La Ley no prevé sino el sindicato de empresa o el sindicato profesional. El de empresa se reduce a una sola unidad económica, el profesional a los que ejercen una misma profesión.

Pero el sindicato industrial (por ejemplo, un sindicato petrolero) agrupa trabajadores de diversas empresas y de diversas profesiones pero vinculados por tratarse de una misma industria. Tuvimos que incluir en el Reglamento de la Ley del Trabajo esta definición, aunque la Ley no la contiene. En cambio, la Ley trae una clasificación inútil e inconveniente, de los sindicatos de empleados, de obreros, o mixtos. Esa mención de sindicato mixto no corresponde a ningún concepto preciso. En fin, se debe dar un sentido propio a la inamovilidad, a la estabilidad, y al fuero sindical, todo lo cual se está manejando dentro de cierta aplicación analógica por obra de la jurisprudencia administrativa, especialmente la que han ido creando las Inspectorías del Trabajo. En cuanto a la convención colectiva de trabajo, se debe adoptar una nomenclatura precisa, eliminando la expresión «Contrato Colectivo».

No quiero prolongar esta exposición, que va ya un poco larga, pero debo muy de carrera mencionar algunos aspectos de reforma de fondo. En materia de contrato de trabajo, urge precisar la idea de daños y perjuicios, por la terminación anticipada en caso de tiempo determinado; unificar el régimen de despido, establecer las causas de despido con indemnización y las causas de despido sin indemnización. Ya es tiempo de saber cuál es el régimen de despido, porque en este momento, con la indemnización de antigüedad, con el auxilio de cesantía, con la concepción de éstos como derechos adquiridos y con la Ley contra Despidos Injustificados, no sabemos exactamente cuál es el sentido jurídico de cada una de estas instituciones, que pueden perfectamente unificarse y regirse en una forma armónica. Conviene, dije, precisar el concepto de estabilidad y sus consecuencias, restablecer el pre-aviso, que es una institución que no debe desaparecer y aumentarlo en función de la antigüedad. Si se da un mes de pre-aviso por más de un año de servicio, podrían darse dos meses si el trabajador tiene más de 5 años y 3 meses si el trabajador tiene más de 10 años; porque no es lo mismo, indudablemente, avisarle que va a cesar en su labor cuando tiene relativamente poco tiempo en la empresa que cuando ha pasado prácticamente toda su vida laboral en ella.

Hace falta también una norma más clara para las horas excesivas de trabajo, unificar el régimen de menores, que en este momento encuentra contradicciones con el Estatuto de Menores y con la Ley del INCE, definir y precisar el contrato de aprendizaje o la relación de aprendizaje, establecer mejores normas protectoras para las mujeres en caso de gravidez, mejorar la situación de los domésticos, que de acuerdo con la interpretación tradicional no tienen derecho a indemnización por antigüedad e incluirlos en el Seguro Social, y afirmar la protección del deportista profesional y de los transportistas marítimos, terrestres y aéreos.. En cuanto a los sindicatos, es preciso suprimir lo que tuvo que hacer el legislador en 1936, que fue abrirle el campo a los grupos de trabajadores no sindicalizados, porque entonces no había sindicatos. Ya, cuarenta años más tarde, esta razón no existe. Todos los contratos notariados y toda esa serie de maniobras que se pueden realizar a través de los grupos deben eliminarse, porque ya el país tiene una experiencia sindical, una organización sindical, una madurez sindical, una organización sindical suficiente como para que el «grupo» sea puesto al margen de la legislación laboral.

Es necesario reglamentar la cláusula sindical y las convenciones colectivas; en cuanto a los conflictos colectivos, darle amplio campo a la negociación y entrar en ciertos problemas como el de la huelga de los servicios públicos, ante el cual el legislador ha estado cerrando los ojos, mientras la experiencia ha estado planteando casos y problemas que se presentan en todos los países y que muy posiblemente se repetirán. En lo que respecta al procedimiento laboral, es necesario unificarlo; las llamadas Comisiones Tripartitas han venido a crear una nueva situación, muy confusa; se discute hasta dónde llega la jurisdicción de los jueces del Trabajo y hasta dónde las Comisiones Tripartitas arrancan la jurisdicción a los Tribunales; qué son los actos dictados por las Comisiones Tripartitas, actos jurisdiccionales o actos administrativos, problemas que envuelven más de una terrible dificultad.

Para el mes de noviembre de este año decidió convocar el Instituto Venezolano de Derecho Social, en acuerdo con el Instituto Latinoamericano del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y con la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el Sexto Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Para esa misma ocasión, el Instituto Venezolano de Derecho Social acordó convocar el Primer Congreso Venezolano de Derecho Social y fijó para éste un solo tema, la reforma de nuestra legislación del trabajo. Creo que hay tiempo suficiente para que los mejores espíritus, las mentes más lúcidas y los especialistas de mayor experiencia aporten sus conocimientos; y así podría el Congreso de la República tener un acervo documental con el cual trabajar para llegar con paso firme y seguro a la adopción de una nueva Ley del Trabajo. Quiero aprovechar esta circunstancia para formular la invitación a los presentes para contribuir a esa jornada.

Revisando los papeles de hace diez años, encontré que ya entonces invitábamos a interesarse en la reforma de la Ley del Trabajo. Esta vez la invitación se reitera con mayor motivo, pero además ofrece esta gran oportunidad. El Congreso Venezolano de Derecho Social puede ser algo realmente positivo y útil para el país si se aprovecha esta circunstancia que puede ofrecer al Poder Legislativo un trabajo serio, patriótico y científico, en el cual se puede lograr un ancho consenso.

Quiero dar las gracias más expresivas de nuevo a todos los presentes. Al Presidente saliente de la Academia, mi querido amigo, Eloy Lares Martínez, al nuevo Presidente de la Academia que va a asumir el cargo, a mi también muy querido amigo Julio Diez; a las ilustres personalidades que han venido, a los Directores de las Academias de la Lengua y de la Historia, que han tenido a bien compartir con nosotros este momento, y a todos los asistentes que nos honran y estimulan con su presencia.

Muchas gracias.

Rafael Caldera

 

La contribución de Cesarino Junior al concepto de Derecho Social (1978)

Antônio Ferreira Cesarino Júnior (1906-1992). fue un jurista y profesor brasilero, precursor del Derecho Laboral en su país.

La contribución de Cesarino Junior al concepto de Derecho Social

Artículo de colaboración al libro homenaje al profesor Antonio Ferreira Cesarino Junior (Febrero, 1978).

 

Una de las figuras más interesantes y de mayor influencia en el desarrollo de la disciplina jurídico-laboral en la América Latina ha sido la de mi grande y admirado amigo el Profesor de la Universidad de Sao Paulo, Antonio Ferreira Cesarino Junior.

Cesarino ha sido un investigador tenaz, un expositor brillante, un conferenciante de gran elocuencia, un profesor enamorado de su disciplina, y de él podría decirse que fue, en cierta manera, fundador de una escuela que ha producido brillantes figuras iuslaboralistas en el Estado de Sao Paulo y en todo el Brasil. De allí su prestigio y su pensamiento han irradiado por el Continente y ha sido uno de los maestros latinoamericanos más reconocidos en el Viejo Mundo. La fundación, por su parte, de la Sociedad Internacional de Derecho Social fue, a primera vista, un acto de coraje; no obstante, este paso que dio, acompañado por otras notables figuras, contribuyó, no sólo a la creación definitiva de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sino, al mismo tiempo, a que fueran reconocidos a un nivel de equiparación científica, por parte de los autores más serios y respetados de los países europeos, los tratadistas y docentes latinoamericanos.

Pero no es de la persona del amigo, ni siquiera de la del catedrático y de la del divulgador, del comunicador de una pasión y del promotor de un entendimiento intercontinental, de quien voy a hablar en esta modesta contribución que con mucho gusto ofrezco para la obra que se está publicando como un homenaje de reconocimiento al Profesor Cesarino. Me propongo hablar de Cesarino como el científico que ha contribuido, con una concepción interesante y original, a la elaboración del concepto de Derecho Social, punto de partida de una teoría que se propone colocar debidamente, esa caudalosa elaboración de normas positivas y de doctrina jurídica, dentro de la arquitectura moderna de la legislación y de la ciencia del derecho.

En mi libro «Derecho del Trabajo»[1], al exponer en la parte introductoria lo relativo al concepto de Derecho Social, dedico a la concepción de Cesarino los siguientes párrafos:

Una construcción especial dentro de la concepción del Derecho Social como sistema de normas protectoras de los económicamente débiles, es la del profesor de Sao Paulo (Brasil) A.F. Cesarino Junior, quien lo define como “el conjunto de principios y leyes imperativas cuyo objetivo inmediato es, teniendo en vista el bien común, auxiliar y satisfacer convenientemente las necesidades vitales propias y de sus familias, a las personas físicas en cuanto son dependientes del producto de su trabajo”[2]. Distingue Cesarino entre el Derecho Social lato sensu y el Derecho Social stricto sensu, y si bien reconoce que “tienen razón” quienes observan que “todo el Derecho de hoy se penetra de un sentido social, como bien lo tienen demostrado, entre otros, los profesores Le Fur, Josserand y Radbruch”[3], sostiene que, “a pesar del sentido social, de la humanización del Derecho ser común a todas las ramas, ese sentido social se acentuó sobremanera, diríamos hasta se concretó, en esta rama de los conocimientos jurídicos que unos llaman Legislación y otros, mejor, Derecho Social[4]. De acuerdo con ello, el Derecho Social Genérico equivale al “sentido social que hoy domina todo el Derecho, que lleva a algunos autores a hablar de una socialización del Derecho y encara al hombre en su realidad concreta y como miembro de los grupos sociales”; mientras que el Derecho Social Específico “sólo piensa en la hipo-suficiencia o debilidad económica absoluta”, si bien llega a confundirse con el Derecho del Trabajo, pues según él “los económicamente débiles son exactamente los trabajadores: trabajadores actuales, potenciales o ex trabajadores”.[5]

La construcción de Cesarino ha tenido mucho favor en la doctrina brasileña. Su mejor aportación es, en mi concepto, la formulación de la noción jurídico-social de  la hipo-suficiencia; noción que fue punto de partida de la legislación laboral en la época moderna y antes dio nacimiento en las Leyes de Indias a normas especiales de protección de los naturales de América. Sin embargo, no creo que la  hipo-suficiencia agote la materia, pues la Justicia Social engendra muchas normas cuyo fin no es ya remediar una desigualdad, sino garantizar las exigencias del bien común. Y cuanto a su “Derecho Social Genérico” (o lato sensu), que en sus ramas tiene que comprender además del Derecho Social Estricto, un Derecho Económico, un D. Civil Social, un D. Comercial Social, un D. Penal Social, un D. Constitucional Social, un D. Internacional Social[6], viene a adquirir tal extensión, que puede aplicársele la crítica hecha por el propio Cesarino al programa de la Facultad de Derecho de Sao Paulo, “que hace de la Legislación Social el estudio de casi toda la actividad social del Estado”[7].

En todo caso, la valiosa argumentación del profesor paulino y su merecida autoridad científica han contribuido a destacar la amplitud adquirida por la nueva corriente jurídica inspirada en la Justicia Social, en el vasto campo del Derecho. Esa amplitud vigoriza la distinción entre un Derecho del Trabajo, como disciplina concreta, y un Derecho Social, como corriente genérica, lo que con términos más o menos equivalentes expresa así el profesor Ripert: “La expresión Derecho Social tiene, sin embargo, una doble significación. En sentido restringido, se la usa, para designar el conjunto de reglas jurídicas relativas al trabajo asalariado y a la protección de los trabajadores. Es un Derecho reciente, llamado también Derecho del Trabajo. Como protege la clase social menos dotada de fortuna y sus reglas remedian la debilidad de los sujetos de derecho, la expresión Derecho Social ha tomado un sentido más amplio. Ella designa hoy día el conjunto de reglas que aseguran la igualdad de situaciones a pesar de la diferencia de fortunas, que socorren a los más débiles y desarman a los poderosos y organizan, según los principios de la justicia distributiva, la vida económica. Es en este sentido amplio en el que el Derecho es o debe ser social”[8].

A mi modo de ver, dentro de este planteamiento de Cesarino cabe destacar cuatro elementos principales: I) la defensa de la expresión Derecho Social, por su contenido científico y –pudiéramos decir- humano; II) la idea de hipo-suficiencia, como un estado de limitación del sujeto por indefensión absoluta –y yo creo que también relativa-, que justifica la intervención del Estado en el terreno legislativo y administrativo; III) la relación del factor trabajo y de la institución jurídico-social de la propiedad, con la idea de hipo-suficiencia; IV) la distinción entre lo que él denomina «Derecho Social Genérico» o Derecho Social lato sensu, y lo que denomina «Derecho Social Específico», o Derecho Social stricto sensu.

Vamos a referirnos a cada uno de los cuatro aspectos a que he hecho referencia.

I-«Defensa de la expresión «Derecho Social».

Uno de los aspectos más lúcidos, y hasta podría decirse, más llamativos, de la exposición de Cesarino, es su defensa de la denominación «Derecho Social». Y ello se entiende; porque, mientras por una parte hay quienes rechazan la denominación por impropia, por imprecisa o por inadecuada, el hecho es que la misma expresión se hace cada vez más de uso común de la literatura jurídica. Lo que no constituye un hecho extraño en el mundo científico. Quizás no haya habido un término más duramente censurado que el vocablo «Sociología», por constituirse con un radical latino y otro griego; pero el esfuerzo gastado en criticarlo resultó totalmente inútil, porque el nombre «Sociología», el adjetivo «sociológico» y todos sus derivados se han impuesto en la universalidad de la literatura social, política y científica.

Una de las críticas que más comúnmente se hacen a la denominación «Derecho Social» es la de que todo Derecho es social. ¿Podría decirse, en consecuencia, que hablar de Derecho Social es usar una expresión meramente pleonástica? Definitivamente, no. Es cierto que todo Derecho es social en el sentido de que su función es la de regular las relaciones de los hombres que viven asociados. Pero cuando se habla de «Derecho Social», se quiere hacer énfasis en el carácter más social de esta rama del Derecho. Su finalidad es, no la de asegurar el ámbito soberano de cada persona considerada como individuo, sino la de normar las relaciones entre las personas y los grupos para lograr el nivel más justo del desarrollo de la sociedad. ¿No se habla, también, de «derechos humanos», cuando debería observarse que todo derecho es humano, desde luego que no hay potestad jurídica si el sujeto no es un hombre o un conjunto de hombres? Así como se habla de derechos humanos para especificar aquellos que más directamente tienen que ver con la persona humana, con los requisitos de su existencia, con su integridad física y moral y con el ejercicio de las facultades inherentes a su propia naturaleza, así también puede hablarse y se habla de «Derecho Social» para determinar aquellas manifestaciones jurídicas (no precisemos todavía si se trata de un cuerpo de normas o de una corriente inspiradora del Derecho en sus diversas ramas) que tienen por finalidad realizar mejor los fines propios de la sociedad, o, de acuerdo con la concepción que sostengo, realizar en la vida de los hombres y de los pueblos las exigencias imperativas de la justicia social.

Yo le oí a Cesarino, de visita en mi cátedra universitaria, defender con elocuencia insuperable ante mis alumnos la denominación «Derecho Social», aun partiendo de que existe una diferencia de apreciación entre lo que él entiende y lo que entiendo yo por el Derecho Social genérico y a la equivalencia que él parece plantear entre el Derecho Social que llama Específico y el Derecho Laboral o Derecho del Trabajo, denominación por la cual se inclina mi preferencia. Sería demasiado exigir que esta misma elocuencia pudiera manifestarse toda en el breve resumen que al tema podía dar en su texto, escrito más con la función pedagógica de un manual que con la extensión académica de un tratado. Pero de todos modos, oigamos sus propias palabras:

Las expresiones Derecho Social y Legislación Social inciden en la argumentación de que todo el derecho es naturalmente social, por aquello que no puede haber derecho sino en sociedad: Ubi societas ibi jus. A ella responden sus partidarios observando que el término “social” en la denominación de nuestra disciplina, busca oponerla al derecho individualista, oriundo de la Revolución Francesa, significando el predominio del interés colectivo sobre el individual. Pensamos que tienen razón, aunque “todo el derecho” hoy se socialice, o mejor, se penetre de un sentido social, como bien lo tienen demostrado, entre otros, Le Fur, Josserand y Radbruch. Es que, a pesar de ser común el sentido social de la “humanización del derecho” a todos sus ramos, ese sentido social se acentuó sobre manera hasta diríamos que se concentró en este ramo de los conocimientos jurídicos que unos llaman Legislación y otros, mejor, Derecho Social. De ahí la existencia de un Derecho Social lato sensu o Derecho Social Genérico y de un Derecho Social stricto sensu, que llamamos Derecho Social Restringido o Derecho Social propiamente dicho, o por abreviación Derecho Social.

Además, persiguiendo esta rama del derecho, como veremos más tarde al abordar su concepto, restablecer el equilibrio ‘social’ resolviendo la llamada cuestión “social”, muy lógico nos parece que se le dé exactamente este calificativo de ‘social’, una vez que todo equívoco desaparece, dado el sentido especial que la palabra tiene actualmente[9].

Dispensamos al lector de las citas que al respecto hace nuestro autor, pero no podemos eludir la referencia que al final del tema hace a sus iniciativas concretas, para generalizar en reuniones científicas la expresión Derecho Social. Dice así:

El I Congreso Brasilero de Derecho Social, reunido en Sao Paulo y clausurado en Río de Janeiro, en 1941, adoptó el nombre de Derecho Social para denominar un aspecto del Derecho específicamente distinto de los otros aspectos clásicos del Derecho. Dos Congresos Internacionales (Sao Paulo, 1954, y Bruselas, 1958) fueron promovidos por la Sociedad Internacional de Derecho Social, fundada en Sao Paulo en 1950, ambos con la denominación de Primer y Segundo Congreso Internacional de Derecho Social, habiendo sido organizado este segundo por el Instituto Inter-Universitario Belga de Derecho Social, con el concurso del Bureau Internacional del Trabajo. Sin embargo, en él se resolvió cambiar la denominación de aquella Sociedad por la actual de Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social[10].

No cabe duda de que la autoridad de Cesarino y la lucidez de su argumentación han influido considerablemente en la aceptación de la denominación Derecho Social en vastos sectores científicos. El propio Cesarino sintetiza «los motivos de orden filosófico, doctrinario, legal , usual y práctico” que invoca para su preferencia por la denominación de que se trata: «1) El calificativo “social” atiende a la característica filosófica de la nueva disciplina, que consiste en dar relieve al aspecto “social” y al fenómeno jurídico, en oposición a la corriente individualista que invocaba su aspecto “lógico”; 2) La expresión “social”, por su amplitud, abarca todos los aspectos de la protección al trabajador y a sus dependientes; 3) Además, está de acuerdo con las designaciones “política social”, “servicio social”, “asistencia social”, “previsión social”, “seguro social’, ‘seguridad social’, ‘acción social’; 4) Universalmente se reconoce que la finalidad del nuevo derecho es resolver la ‘cuestión social” y por eso siempre se llamaron sus leyes “leyes sociales”; 5) Nuestra legislación reconoció la expresión “derecho social”, al emplearla en la Ley Orgánica de la Justicia del Trabajo (Decreto-ley No. 1.237 de 2 de mayo de 1939, artículo 94, y Consolidacao das Leis da Trabalho, artículo 693 letra A) y creando la Comisión Permanente de Derecho Social Internacional (Resolución del Ministerio del Trabajo, Industria y del Comercio, No. 28, de 27 de diciembre de 1939) y la Comisión Permanente de Derecho Social (Resolución Ministerial No. 24-A, de 15-2-1952; 6) El I Congreso Brasilero de Derecho Social, realizado en 1941, adoptó oficialmente para el nuevo Derecho la denominación Derecho Social (conclusión No. I en Arquivos do Instituto de Direito Social, vol. II, No. V, p. 298); 7) La II Conferencia Internacional de Abogados reunida en Río de Janeiro contuvo una comisión especializada de legislación industrial, económica y social (en Revista de Direito Social, vol. IV, Sao Paulo, pag. 154); 8) El Congreso Jurídico Nacional allí mismo reunido poco después aprobó una disposición “indicando que la Comisión sugiera la necesidad de adoptar la designación Derecho Social, para la disciplina jurídica constituida por principios y reglas que rigen no sólo las relaciones de trabajo propiamente dichas sino también la previsión, la asistencia y la asociación profesional” (cit. Revista de Direito Social, vol IV, p. 157); 9) El Congreso Brasilero de la Economía, reunido en Río de Janeiro, denominó su VI Comisión de “Planes Internacionales de Carácter Social”; 10) En diversas conferencias internacionales, señaladamente en la de Chapultepec, reunida en México en 1943, se usó la expresión “derechos sociales” con los mismos significados que nosotros le atribuimos; 11) La Organización Internacional del Trabajo y la Academia de Ciencias Económicas de Argentina publicaron volúmenes consagrados a las cláusulas económico-sociales de las constituciones modernas; 12) La Organización de las Naciones Unidas tiene un Consejo Económico Social».

El autor cita además disposiciones constitucionales argentinas, venezolanas y brasileras, donde se usa el calificativo social, y concluye:

Ante todos estos argumentos es por lo menos risible la pretendida objeción de que ‘todo derecho es social’ como si no fuese usual el empleo pleonástico de palabras para reforzar la significación, como en la frase: ‘Fulano es un hombre’, o en el llamarse  Biblia al libro por excelencia, etc. Es obvio, por lo tanto, que Derecho Social es pleonasmo, pero pleonasmo enfático, esto es, que es el más social de todos los derechos.

II-Idea de «hipo-suficiencia».

Quizás el elemento más característico del pensamiento de la terminología de Cesarino es el feliz vocablo «hipo-suficiencia».

Se trata de caracterizar, en una sola palabra, el estado en que se encuentran aquellas personas cuya capacidad real, cuyo estado de subordinación o cuya relativa indefensión los coloca en situación de no poder ejercer a cabalidad la tutela de sus derechos y la protección de sus intereses. Esta situación de inferioridad en que se encuentra colocado dentro de la vida real un sujeto de derecho, justifica de por sí la intervención del ordenamiento jurídico para ampararlo frente a la otra parte de la relación jurídica, que se halla en situación privilegiada. Es que el Derecho pone su peso en la balanza para restablecer el equilibrio indispensable de la relación jurídica.

La «hipo-suficiencia», pensamos nosotros, puede tener numerosas gradaciones. Puede llegar a ser constitutiva de una situación de verdadera marginalidad jurídica, de una carencia total de recursos y de poder para el ejercicio efectivo de la facultad jurídica. Puede tratarse de una simple disminución relativa, que a su vez puede derivar, como ocurre en la relación de trabajo, de una subordinación jurídica o económica, como aquella en que se encuentra el empleado frente al empleador.

Ya sabemos que no es la concepción de Cesarino en cuando a la hipo-suficiencia tan vasta como la que le atribuimos aquí, según veremos más adelante. Pero, precisamente, sostenemos que este concepto se presta a una interpretación muy extensa, y que debe dársele todo el ámbito necesario, lo que podría explicar el que se hable de «derecho social», «legislación social», o de «protección social» en numerosos casos cuya vinculación esencial reside en el hecho de darse amparo jurídico a quienes se encuentran en una situación que bien puede calificarse como de hipo-suficiencia. Por ejemplo: puede calificarse de social la vasta regulación jurídica que ampara al menor, la que protege al inquilino o la que ofrece especiales recursos al deudor, o bien a la que se ocupa de ofrecer efectivas oportunidades al indígena, o a aquellos grupos sociales económicos que persiguen organizar a los débiles para, sumando sus escasas fuerzas, equipararlos a los que tienen mayor prepotencia.

Es la misma idea de los «económicamente débiles», pero ampliado -o por lo menos ampliable, a mi entender- a los débiles en situación no necesariamente de debilidad económica. Claro que el aspecto económico es el de mayor vastedad e importancia actual, y por ello mismo hemos sostenido en numerosas ocasiones la necesidad de una «justicia social internacional»[11], que viene a exigir la presencia en el Derecho Internacional de conceptos y normas a favor de aquellos pueblos que podrían denominarse, con la terminología de Cesarino, hipo-suficientes jurídicos. No se trataría aquí, simplemente, de la internacionalización de las normas que en cada Estado amparan a los hipo-suficientes: se trata de amparar los pueblos débiles (hipo-suficientes) para que puedan cumplir los requerimientos de una existencia humana.

Podemos concluir, consecuencialmente, con Cesarino, en que al existir un estado de hipo-suficiencia, automáticamente surge la necesidad de una especial protección jurídica; sólo que me hallo entre quienes se inclinan a pensar que todo caso de esta naturaleza podría en general colocarse dentro de la órbita del Derecho Social. Por otra parte, conviene tener en cuenta la observación que el mismo Cesarino formula: «El fin inmediato de las leyes sociales es una protección a los débiles –concordamos-. Pero, no es el único. Por intermedio de esa protección lo que el Estado realmente busca es lograr la paz social, el interés general, el bien común»[12].

III-Relación entre la idea de hipo-suficiencia y la condición de trabajador.

Señala el profesor Cesarino que la condición de hipo-suficiente se manifiesta definidamente en la situación social del trabajador. Pero quizás llega más lejos de donde otros iríamos, al señalar una total identidad entre ambos conceptos. De allí una actitud que a mi juicio merecería una detenida reconsideración.  Para Cesarino, la hipo-suficiencia relativa no es objeto de Derecho Social (entendemos que aquí se refiere al Derecho Social en sentido restringido) y por otra parte, ese Derecho Social estrictamente considerado lo relaciona a una hipo-suficiencia absoluta, que es la del trabajador. «El Derecho Social (restringido o Derecho Social tout court) sólo piensa en la hipo-suficiencia o debilidad económica absoluta, que es la definida por nosotros arriba. La debilidad económica relativa, esto es, el hecho de ser apenas un ser económicamente más débil que otro, es objeto, no de Derecho Social, sino de Derecho Económico, v. g. , la posición de pequeño capitalista o de pequeño industrial, frente al gran capitalista o al gran industrial, etc. La hipo-suficiencia absoluta se caracteriza por el hecho de depender el individuo del producto de su trabajo, para mantenerse y mantener a su familia»[13].

Existe, pues, en esta posición una identificación rígida entre la hipo-suficiencia como estado jurídico y la condición económico-social de trabajador. «Los hipo-suficientes están en relación a los auto-suficientes, en una situación de hipo-suficiencia absoluta, pues dependen, para vivir y para mantener su familia, del producto de su trabajo»[14]. Esta misma noción la lleva más allá, hasta enlazarla específicamente con la institución de la propiedad. «La tendencia del Derecho moderno de encarar las diversas circunstancias en que los hombres se encuentran hace sobresalir una diferencia fundamental existente entre ellos: la económica. Desde el punto de vista económico, los hombres se dividen en propietarios y no propietarios, esto es, en ricos y pobres. A los no propietarios, que sólo poseen su fuerza de trabajo, denominamos hipo-suficientes. A los propietarios, de capitales, inmuebles, mercaderías, maquinarias, tierras, llamamos auto-suficientes»[15].

En esta materia, sí considero oportuno formular algunas consideraciones, o a lo menos, expresar con sincera franqueza mi punto de vista. Este puede sintetizarse en dos aspectos: primero, considero que la hipo-suficiencia, tal como ha servido de motivación para la caudalosa generación de un Derecho Social, no puede restringirse solamente a la persona del trabajador. Muchos seres humanos están colocados en análoga situación de hipo-suficiencia, y no solamente los trabajadores, es decir aquellos que dependen de su trabajo para vivir y para mantener su familia. Aunque se amplíe mucho el concepto de trabajador al extenderlo a los trabajadores potenciales y a quienes fueron trabajadores (ex trabajadores). El mismo trabajador, en aquellos sistemas legales como el venezolano, que no establece límite al monto de su ganancia para ofrecer la protección de la ley, puede estar en status de subordinación jurídica, sin que se encuentre en dependencia absoluta de la remuneración de su esfuerzo para poder vivir. El mismo Cesarino lo reconoce así y ofrece una explicación: «esto no impide, entre tanto, ya que la ley dispone para la generalidad de los casos –quod plerumque fit– y no para las excepciones, que excepcionalmente, una persona económicamente fuerte pueda ser protegida por las leyes sociales: bastará para esto que se coloque en la posición de un económicamente débil. Así es como, por ejemplo, el millonario empleado de una fábrica podrá invocar la protección de las leyes laborales»[16].

En cuanto a la propiedad, la posibilidad de una realidad social en que la  hipo-suficiencia exista aun en quienes tienen condición de propietarios es muy característica. El Derecho Agrario, a mi entender, es una manifestación de esa corriente de socialización y humanización del derecho, esa corriente que trata de realizar la justicia social, que recibe la denominación genérica de Derecho Social.

Ahora bien, el hecho de que las leyes agrarias persigan aumentar el número de propietarios, en dar a los campesinos que trabajan la tierra un derecho de propiedad sobre la parcela que atienden, no desnaturalizará su condición de hipo-suficientes, ni les negará por ello, por convertirse en propietarios, la protección de un Derecho Social, entendido en un sentido amplio, de acuerdo con la evolución jurídica de nuestro tiempo.

Por eso prefiero, a la concepción excluyente del hipo-suficiente absoluto y a su identificación plena con el trabajador dependiente o subordinado dentro de la relación de trabajo, la interpretación del concepto de hipo-suficiente como una situación relativa, principalmente económica y cuya manifestación más frecuente está en la relación de trabajo, pero que desborda la misma y que va más allá de los límites del hecho económico, para definir una situación de desigualdad real, que impone al legislador su intervención para restablecer el ideal de la igualdad jurídica.

IV-Distinción entre el Derecho Social Genérico y el Derecho Social Específico.

De todo lo anteriormente expuesto resulta con meridiana claridad la importancia de la diferenciación que el profesor Cesarino Junior establece entre un Derecho Social Genérico y un Derecho Social Específico; entre un Derecho Social lato sensu y un Derecho Social stricto sensu. El primero abarca, si se va a ver, prácticamente todas las ramas del Derecho. «Por Derecho Social Genérico –dice Cesarino– entendemos el sentido social que hoy domina todo el derecho, llevando a algunos autores a hablar de una “socialización del derecho”, y lo definimos: “el complejo de principios y normas imperativas que tienen por objeto la adaptación de la forma jurídica a la realidad social, considerando a los hombres en su personalidad concreta y como miembros de los grupos sociales diferentes del Estado y teniendo en vista, principalmente, las diferencias de situación económica entre ellos existentes”»[17].

El Derecho Social lato sensu se caracteriza por el hecho de considerar al ‘hombre concreto y socializado’ y no apenas al ‘individuo despersonalizado y abstracto’, de acuerdo con la concepción individualista [18] .

Podremos, en consecuencia, admitir que hay una forma extensa de producción jurídica que, al mismo tiempo que produce nuevas disciplinas jurídicas, modifica las anteriormente existentes. A esto he pretendido denominar el Derecho Social como corriente jurídica.

Vale decir, que este es el movimiento caudaloso que de una manera constante viene imprimiendo a todas las ramas de la legislación y de la ciencia jurídica la idea de Justicia Social. Esa idea de Justicia Social penetra el Derecho Civil, el Mercantil, el Derecho Administrativo, las distintas ramas procesales, el Derecho Constitucional o el Derecho Internacional, y así sucesivamente. Por otra parte, este mismo movimiento crea sistemas nuevos de normas, entre los cuales podemos señalar el Derecho del Trabajo, el Derecho de la Seguridad Social, el Derecho Agrario y muchos más.

Lo que a mi juicio envuelve una confusión no aceptable es la identificación total del Derecho del Trabajo o Derecho Laboral con el nombre de Derecho Social. Es verdad que el Derecho Laboral constituye la manifestación más importante, la más acabada, la de mayor proyección revolucionaria en el campo jurídico, debida a la corriente renovadora que se inspira en la Justicia Social. Pero el Derecho Social, como tal, va mucho más allá, comprende mucho más. Y si ha de admitirse la idea de Derecho Social en sentido estricto, de que nos habla Cesarino, habría que incluir dentro de él a disciplinas diversas. El lenguaje de los autores tiende cada vez más a darle personería propia, al lado del Derecho del Trabajo, al Derecho de la Seguridad Social.

Por eso, el nombre definitivo que adoptó el organismo creado para reunir, a partir del Congreso de Bruselas de 1958, a la Sociedad Internacional de Derecho Social fundada por Cesarino y a la Asociación fundada en Europa, fue el de «Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». Una denominación análoga han adoptado la Academia Iberoamericana, el Instituto Latinoamericano y la Asociación Iberoamericana, ya que todos ellos incluyen la expresión: «de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». También habría que reconocer, dentro de un Derecho Social propiamente dicho, a esas otras ramas, como el mismo Derecho Económico a que Cesarino hace referencia con acierto, o como el Derecho Agrario, a que poco antes hacíamos alusión. Lo que hace del Derecho del Trabajo, o Derecho Laboral, una rama del Derecho Social, aún entendido éste stricto sensu.

En consecuencia, estoy de acuerdo en que la expresión «Derecho Social» puede ser entendida, y de hecho lo ha sido, en tres sentidos diferentes:

1) En el sentido equivalente a la corriente inspirada en la Justicia Social, que ha ido renovando todas las ramas del Derecho y que ha hecho nacer, al mismo tiempo, las ramas que comenzaron casi tímidamente y que hoy tienen una importancia trascendental. Esto viene a ser lo que denomina Cesarino el Derecho Social Genérico o lato sensu. Comprende, no sólo las nuevas ramas jurídicas que integran el Derecho Social propiamente dicho, sino también las normas e instituciones que han llevado a las ramas del Derecho Público (Constitucional, Administrativo, Internacional, Penal, Procesal, etc.) y a las ramas del Derecho Privado (Civil, Comercial, etc.) las exigencias de la Justicia Social.

2) En el sentido que comprende la agrupación de aquellas ramas jurídicas nuevas surgidas como consecuencia directa del hecho que acabamos de señalar. Es decir, lo que podríamos perfectamente denominar con Cesarino «Derecho Social Específico» o «Derecho Social stricto sensu». La determinación precisa de las ramas que este Derecho Social comprende, reviste indudable importancia. Desde luego, hay que nombrar en primer término, tanto al Derecho del Trabajo como al Derecho de la Seguridad Social; algunos consideran también como rama autónoma al Derecho Colectivo del Trabajo, que se refiere tanto al fenómeno sindical como a la negociación colectiva y a los acuerdos colectivos; así mismo, al Derecho Procesal del Trabajo, que para muchos autores constituye una rama perfectamente diferenciada del Derecho Laboral Sustantivo. Nosotros agregaríamos al Derecho Agrario y al Derecho Económico, y desligaríamos la definición de este Derecho Social stricto sensu del concepto de trabajador, ya que, no sólo el trabajador subordinado, sino todo individuo y todo grupo protegido por la Seguridad Social; así como el pequeño propietario de la tierra, protegido por las leyes agrarias, deben ser, como verdaderos hipo-suficientes, sujetos del Derecho Social. Esta parte del Derecho es la que algunos consideran un tertium genus frente a la clásica división de Ulpiano, pues no encuadra ni en el Derecho Público ni en el Derecho Privado, sino que constituye una nueva manifestación del Derecho. Para otros es un factor aglutinante, un elemento dinámico y una muestra patente del proceso de unificación del Derecho. Sin quitar la parte de razón de esta última opinión, me inclino por la que ve en el Derecho Moderno, al lado de las ramas del Derecho Público y del Derecho Privado, un conjunto de nuevas disciplinas jurídicas que no pueden clasificarse como públicas ni como privadas, sino como partes del Derecho Social. Es decir, a la que sustituye por una clasificación tripartita la vieja construcción bipartita del Derecho.

3) En el sentido equivalente al Derecho del Trabajo. Estoy por evitar esta confusión. El Derecho del Trabajo constituye una disciplina autónoma, con ámbito propio, que regula jurídicamente el trabajo considerado como hecho social, y por tanto no es propio darle la denominación específica de Derecho Social. En los dos primeros sentidos, coincido plenamente con el maestro paulista, con escasas observaciones. En cuanto al tercero, me inclino por la denominación «Derecho del Trabajo», que considero la norma más importante y característica del Derecho Social.

En todo caso, las consideraciones que nos ha motivado el pensamiento del Profesor Antonio Ferreira Cesarino Junior bastan por sí solas para demostrar la importancia de su teoría. El reconocimiento de la misma, y la proclamación de la calidad de su obra, son la conclusión fundamental de estas divagaciones mediante las cuales he querido contribuir, con el renovado testimonio de mi afecto, a la obra con que se le rinde merecido homenaje.

Referencias

[1] «Derecho del Trabajo», Rafael Caldera. Ed. El Ateneo, Buenos Aires, Caracas, 2ª ed pgs. 66-68.

[2] A.F. Cesarino Junior, Direito Social Brasileiro, 3ª ed., librería Freitas Bastos, 1953, vol I, p. 35.

[3] Cita aquí Cesarino los estudios de Le Fur, Droit individúele et Droit Social (Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, 1974, p. 34), Josserand Evolutions et actualités (París, 1937, p. 159 y s.) y Radbruch, Introducción a la Ciencia del Derecho (ed. Barcelona, 1932, p. 108 y s.)

[4] D.S. Brasileiro, I, p. 16.

[5] Ibid, ps. 38, 42, 48, (nota 64) y 32.

[6]Ibid, p. 47.

[7] Ibid, p. 15. El Primer Congreso Brasileño de D. Social se pronunció bajo el influjo de Cesarino, por su concepto de D. Social (amplio y restringido). (V. el vol. II de los Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, Sao Paulo, 15 de mayo de 1941, ed. M.T. Río de Janeiro, 1943).

[8] Georges Ripert, Le déclin du Droit, París, Libre Grale. De D. et de Jurisprudence, 1949, p. 39. Este párrafo de Ripert va precedido de su crítica de la expresión «socialización del Derecho» y de la repetición del argumento de que «el Derecho ha sido siempre social», refutado ya por muchos autores (entre ellos el mismo Cesarino y el Dr. Gutiérrez Alfaro en su Lección inaugural), quienes observan que hay normas jurídicas de contenido más social que las que regulan obligaciones inter-individuales.

[9] Cesarino, Direito Social Brasileiro, 6ª. ed., p.8.

[10] Obra citada, p.9.

[11] Caldera, Rafael, El Bien Común Universal y la Justicia Social Internacional, en la Revista del Instituto Venezolano de Derecho Social, No. 41, Caracas, 15 de septiembre de 1975. Versión inglesa, The Universal Common Good and international Social Justice, Review of Politics, vol. 38, No. 1, January 1976, Notre Dame, Indiana. Versión francesa en «Nova et Vetera», LII année, No. 2, abril-junio 1977.

[12] Direito Social Brasileiro, 6ª. ed., págs.. 26 y 27.

[13] Ibid, págs.. 25-26.

[14] Ibid, pág. 25.

[15] Ibid.

[16] Ibid, pág. 26.

[17] Ibid, pág. 20.

[18] Ibid, pág. 21.

La prioridad de los Derechos Humanos en relación con las instituciones sociales y políticas (1978)

Parte mecanografiada de la conferencia leída por Rafael Caldera en la Universidad de Georgetown.

La prioridad de los Derechos Humanos en relación con las instituciones sociales y políticas

Conferencia pronunciada en inglés en el Congreso Internacional sobre Derechos Humanos en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., el 27 de abril de 1978.

La expresión «derechos humanos» debe considerarse como una de esas frases pleonásticas a través de las cuales se quiere insistir, en un elemento dado. En verdad, todo derecho es humano, puesto que tiene como sujeto al hombre; pero dentro del conjunto de derechos, es decir, de la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a favor de un ser humano, se quiere insistir en aquellas que versan más directamente sobre la existencia misma de la persona humana, sobre su integridad, sobre su desarrollo específico, sobre su libertad, sobre su dignidad, así como sobre aquellos entes sociales a través de las cuales la persona encuentra la posibilidad de realizarse. Por lo general, se trata de derechos frente a la Sociedad y al Estado, no frente a particulares.

En el siglo XVIII se formulan declaraciones de derechos «del hombre», como punto de partida de una nueva concepción política basada en la voluntad del pueblo. Las más célebres fueron la de Virginia, de 1776, que enmarcó los objetivos fundamentales que privarían en la organización política de Estados Unidos, y la francesa de 1789, que sirvió de pauta a la Revolución universal. La conspiración de Gual y España, con la cual se inicia el proceso de lucha por la independencia en Venezuela, estuvo inspirada por la misma, así como el inicio del movimiento emancipador en la Nueva Granada, a través del precursor Antonio Nariño. El siglo XIX conduce a la generalización de estas declaraciones, con ligeras variantes, en los distintos textos constitucionales. En el siglo XX, la teoría de los derechos humanos toma carácter universal y formalmente culmina en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, promulgada por la Asamblea de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.

Un movimiento de internacionalización que comenzó a través de los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, vino a convertirse en una rama nueva y específica del Derecho Internacional. La afirmación de los derechos humanos y su violación dejaron de ser, en el derecho positivo, atribución exclusiva de la soberanía de cada estado: la comunidad internacional se responsabiliza de la acción para lograr que los derechos humanos se garanticen en todas las naciones de la tierra.

A falta de definiciones precisas, los numerosos tratadistas que abordan la materia insisten en el aspecto de la gravedad de la violación de esos derechos que se llaman humanos y en su carácter fundamental o esencial para la persona humana. Un autor expresa: «La teoría y la práctica de la intervención humanitaria, como previamente se estableció, se ha basado en la premisa de que ciertos derechos individuales son tan esenciales y tienen tan alto valor para la persona humana, que sus violaciones por cualquier estado son un asunto que realmente concierne a otros estados…» (Manoucher Gaujin, «Internacional Protection of Human Rights», Droz, Ginebra, 1962, pp.124). Pero, en definitiva, una tendencia se orienta hacia la enumeración de aquellos derechos que se llaman humanos, si bien admite que entre ellos hay algunos que tienen mayor preeminencia y otros cuya violación no llega a justificar suficientemente la invasión de la soberanía mediante la acción internacional.

Hablando de enumeraciones, la más difundida es la que contiene la declaración universal formulada por las Naciones Unidas. Sin embargo, el proceso de cambio social, la evolución de las ideas, el planteamiento de las cuestiones que supone el desarrollo y la importancia que éste tiene para alcanzar un nuevo orden mundial donde se aseguren firmemente la paz y el bienestar, hace pensar en otros derechos que también revisten características de fundamentales y que deben calificarse como derechos humanos, a saber, el derecho de cada pueblo, no sólo a su propia identidad, sino a aquellas condiciones –como los términos justos del intercambio comercial– que le permitan lograr su desarrollo.

Podríamos, en consecuencia, considerar como derechos humanos:

  1. a) Todos aquellos que directamente afectan la integridad de la persona humana: integridad física, moral y social. Estarían comprendidos aquí el derecho a la vida, a la integridad corporal (que envuelve la prohibición de las torturas), el derecho a los recursos necesarios y suficientes para obtener la alimentación, la habitación, el vestido, otros medios de subsistencia y los demás recursos necesarios para llevar un nivel de vida compatible con la dignidad de la persona; el derecho a la libre expresión de pensamiento, el derecho a rendir culto a Dios según el dictamen de la propia conciencia, el de manifestar, pública y privadamente, la religión que se profesa; el derecho a la libertad, a no ser detenido arbitrariamente, a no ser sujeto a pena sin previo juicio, conforme a la ley pre-existente y con las debidas garantías procesales; el derecho al buen nombre y al respeto de la persona, la salvaguarda de la vida privada, el derecho a la intimidad; el derecho a seguir la profesión que se escoja, el derecho a fijar domicilio en el lugar que se prefiera, el derecho al descanso, a la recreación, a la protección y cuidado de la salud y a la seguridad social; el derecho a sindicalizarse y a ocurrir a la huelga como medio de defensa de legítimos intereses, dentro de las condiciones legales; el derecho de propiedad sobre los bienes, en cuanto asegure a cada uno cierta zona indispensable de autonomía personal y familiar; el derecho a vivir en condiciones de igualdad, sin discriminaciones de ninguna especie; el derecho a la cultura, al acceso a la educación en igualdad de condiciones, etc. (Léase «La Iglesia y los Derechos Humanos del Hombre», Comisión Pontificia Justitia et Pax, 1945, Edición Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago, págs.. 37-42).
  2. b) Los derechos humanos de las personas colectivas, a través de los cuales se hace posible para cada uno la realización de su propia personalidad individual. Estos incluyen el derecho al desarrollo, que a su vez supone el derecho a condiciones de intercambio económico que hagan posible a cada pueblo realizar su programa para lograr la incorporación de todos sus habitantes al proceso económico y social; el derecho a la propia identidad, que envuelve el de hablar su lengua, el de enriquecer su cultura, el de vivir sus costumbres y desarrollar sus propios medios (ibídem).

Los derechos humanos de las sociedades intermedias, entre las cuales tiene preeminencia la familia, como célula fundamental de la sociedad, fundada sobre el matrimonio libremente contraído y en condiciones de igualdad jurídica y social entre el hombre y la mujer; el derecho a engendrar prole, el derecho de prioridad en el mantenimiento y educación de los hijos, el derecho a un ambiente sano y favorable al bienestar físico y moral, el derecho a condiciones económicas que permitan a la familia cumplir sus fines específicos.

Estos derechos podrían clasificarse en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como lo hace la Comisión Justitia et Pax en el opúsculo sobre «La Iglesia y los Derechos del Hombre» que ha publicado con indudable acierto orientador; ese opúsculo se encuentra precedido por una introducción relativa a la libertad y derechos fundamentales, como supuesto de los derechos allí enumerados, y es cierto que cada vez más existe la tendencia a entender por derechos humanos aquellos que van directamente envueltos con la libertad en sus principales manifestaciones (libertad de pensamiento y de acción, seguridad personal y posibilidades de movimiento), la que suele ser algo así como la condición para el ejercicio de las otras atribuciones y libertades. Pero es necesario tener presente, como lo manifesté en la reunión de dirigentes mundiales de la Democracia Cristiana, celebrada en Bruselas en mayo de 1977, y como lo expuso el Secretario Vance en la Universidad de Georgia, el 30 de abril de 1977, que no se debe limitar el concepto de los derechos humanos a las garantías políticas o a la integridad física o moral de la persona, ya que también se extiende al derecho a satisfacer necesidades esenciales de la vida, tales como la alimentación, la vivienda, el vestido, la educación y la atención a la salud.

¿Cuál es la razón para que se atribuya preeminencia a la defensa de los derechos humanos, hasta el punto de una cierta intromisión en la esfera de competencia de la soberanía de cada Estado?

La razón primordial de este carácter prioritario reside en la preeminencia de la persona humana, que en sí misma constituye el objeto y la razón de ser de la sociedad y del Estado, cuya finalidad primordial ha de estar precisamente en la garantía de los derechos, en el aseguramiento de condiciones que hagan posible una vida decente y sana y en la misma seguridad jurídica, todo lo cual gira en torno a la persona.

Para la teología cristiana, esta afirmación de la persona humana tiene fuentes muy claras: por una parte, la creación, en la cual Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza (Génesis, 1, 26) y le encomendó someter la tierra (Génesis, 1, 28); y por otra parte, la Redención, a través de la cual el hombre tomó el altísimo rango de hermano de Cristo, que es «primogénito entre muchos hermanos» (Rom., 8, 29). Por ello, la Constitución «Gaudium et Spes», sobre la Iglesia en el mundo actual, aprobada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, afirma: «la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables…». «El orden social, pues –dice– y su progresivo desarrollo, deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal y no al contrario» (Nos. 25 y 26).

Esta preeminencia de la persona es compartida con muchas otras concepciones filosóficas, aunque arranquen de una fundamentación distinta. Y no significa, en modo alguno, que se dé predominio al individuo sobre la sociedad. La sociedad, en sí misma, constituye un hecho natural, indispensable para la vida y desarrollo de la persona. Observemos lo que dice la Constitución que he citado: «La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Porque al principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social (Santo Tomás, 1. Ethic. 1). La vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental. Por ello a través del trato con los demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación. De los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre, unos, como la familia y la comunidad política responden más inmediatamente a su naturaleza profunda; otros proceden más bien de su libre voluntad. En nuestra época, por varias causas se multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las interdependencias; de aquí nacen diversas asociaciones e instituciones, tanto de derecho público como de derecho privado» (No. 25).

Por otra parte, como observa atinadamente un autor: «la primacía del bien común sobre el bien particular no es la de la sociedad sobre la persona, pues ni la sociedad es el bien común, ni la persona es su bien particular. Sostener la primacía del bien común sobre el bien particular es hacer que la vida social sea provechosa a todas las personas y no exclusivamente a una o a varias» (Antonio Millán Puelles. «Persona Humana y Justicia Social», Rialp, Madrid, 1973, pág. 54).

Aquí está, pues, el elemento fundamental de la cuestión que se me ha planteado: la prioridad de los derechos humanos en relación a las instituciones sociales y políticas; porque, como lo dice la Comisión Justitia et Pax: «El fundamento cristiano de la teoría de los derechos del hombre es el respeto a la persona humana entendida como fin y no como medio de la sociedad» («La Iglesia y los Derechos del Hombre», cit., pág. 60).

Es importante observar que esta materia, cuya fundamentación desde el punto de vista del pensamiento cristiano es de una claridad meridiana, no atribuye a aquella un carácter excluyente, sino que ofrece una ancha convergencia a las más variadas corrientes del pensamiento y a las más diversas concepciones políticas para llegar a fines análogos.

A este respecto, la guía de Maritain nos conduce con una extraordinaria precisión. El dice: «¿Hay algún motivo para sorprenderse al ver que los sistemas teóricos antagónicos coinciden en las conclusiones prácticas? La historia de la filosofía moral generalmente presenta el mismo panorama. Este hecho demuestra que los sistemas de filosofía moral son el producto de la reflexión intelectual sobre elementos éticos que los preceden y controlan y que revelan un tipo muy complicado de la conciencia, en la cual la labor natural de la razón espontánea, pre-científica y pre-filosófica está constantemente condicionada por las adquisiciones, las servidumbres, la estructura y la evolución del grupo social. Así, hay una especie de desarrollo y crecimiento vegetativo, por así decirlo, del conocimiento y del sentimiento morales, que es independiente de los sistemas filosóficos, aun cuando en un orden secundario este último entra en una acción de reciprocidad con el proceso espontáneo. Como resultado, esos diversos sistemas, aunque discutiendo sobre el ‘por qué’ prescriben en sus conclusiones prácticas reglas de conducta que parecen en conjunto ser las mismas para cualquier período y cultura determinados» («El Hombre y el Estado», versión castellana, Kraft, Buenos Aires, 1952, p. 97).

Esta coincidencia fundamental permitió el que en el seno de las Naciones Unidas pudiera haberse llegado a una Declaración Universal. El mundo entero: todas las concepciones políticas, todos los credos religiosos, todas las culturas y las razas encontraron cabida en el propósito y pudieron llegar a una declaración conjunta. Es cierto que la guerra estaba fresca todavía en la memoria de los pueblos. Todas las naciones tenían claro el hecho de que el conflicto mundial había sido la culminación de una escalada de desconocimiento de los derechos humanos de las personas individuales, de las comunidades, de las razas, de las culturas. Estaba presente la idea de que la paz no consiste solamente en la ausencia de la guerra. Y no era necesario recordar lo que recordó Pablo VI a las Naciones Unidas cuando se cumplieron 25 años de la Declaración: «Si la promoción de los derechos humanos conduce a la paz, al mismo tiempo la paz favorece su realización».

Acababan de vencer los pueblos libres a la mayor maquinaria bélica, a la más ambiciosa empresa de poder que hayan contemplado los siglos, y todo el mundo estaba consciente de que a esa maquinaria la había movido la negación de todo límite, el aniquilamiento de todo derecho, el desconocimiento de toda traba que pudiera oponérsele. El relato de los crímenes contra millones de personas estaba fresco en los oídos y en los ojos de la humanidad asombrada. Y en los juicios de Nuremberg se había desconocido abiertamente el formalismo del derecho positivo, para aplicar sanciones que no encontraban otro fundamento que el derecho natural. «Hasta hace un cuarto de siglo –dice una tratadista– era el consenso de opinión entre juristas, diplomáticos e internacionalistas en general, que la cuestión de las libertades fundamentales debía resolverse exclusivamente a nivel nacional. El 26 de julio de 1946, Sir Hartley Shawcross, en los juicios de Nuremberg, subrayó el importante precedente que se estaba estableciendo: ‘Yo no minimizo la significación para el futuro, de la doctrina política y jurídica implicada aquí’, dijo» (Alessandra Luini del Russo, International Protection of Human Rights, Lerner Law Book Co., Washington, 1971, p. 252).

Pero volvamos más bien a Maritain para escuchar sus esclarecedoras palabras: «El fundamento filosófico de los derechos del hombre es el derecho natural. ¡Lástima que no podamos encontrar otra palabra! Durante la era racionalista los juristas y filósofos utilizaron tan mal la noción del derecho natural, tanto con propósitos conservadores como revolucionarios, presentándolos de una manera tan simplificada y arbitraria, que resulta difícil utilizarla ahora sin despertar recelos y desconfianzas entre muchos de nuestros contemporáneos. Sin embargo, deberían advertir que la historia de los derechos del hombre está ligada al derecho natural, y que el descrédito acarreado por el positivismo sobre la idea del derecho natural comporta inevitablemente un descrédito semejante para la noción de los derechos del hombre» («El Hombre y el Estado», cit., p. 98).

El estudio de esta concepción en su sentido clásico, la interpretación prudente de Maritain, como muchos juristas contemporáneos, hacen de su concepto y su sentido la noción clara de que no se trata de normas esclerosadas e inmóviles, sino de la formulación de reglas generales dentro de las cuales el proceso social, económico, cultural y político, provoca una serie de reglas e interpretaciones propias del tiempo en que vivimos y no de edades anteriores al pensamiento y de la vida, todo ello explica por qué la materia es inevitablemente contradictoria cuando se trata de llegar a sus aplicaciones, cuando se requiere la precisión de normas y conductas para exigir su cumplimiento.

La afirmación y defensa de los derechos humanos se hace motivo de controversia, no porque haya quien se atreva a negar validez a las afirmaciones que le sirven de base, sino porque se entra a la discusión de las circunstancias específicas de cada país, de cada régimen, en cada momento determinado, y de las situaciones individuales o grupales en las cuales se demanda la aplicación de los principios.

Es indudable que la sola enunciación de los derechos humanos reconocidos como tales en los ambientes internacionales lleva consigo intrínsecamente una aspiración al sistema democrático, por cuanto éste demanda que la autoridad sea escogida voluntariamente por el pueblo a través de mecanismos que permitan la libre confrontación de ideas, de aspiraciones y de candidaturas. Por otra parte, el reconocimiento de que existen densos conglomerados de personas que no logran la satisfacción de una serie de derechos humanos fundamentales, y la suposición de que ello se debe a los mecanismos existentes dentro de los sistemas establecidos, precisamente, en aquellos países donde las libertades políticas son celosamente garantizadas, animan a corrientes poderosas y a gobiernos firmemente apoyados, a sostener la tesis de que algunos de los derechos humanos y libertades fundamentales que se defienden deben ceder ante procedimientos coactivos con los cuales se pretende asegurar la incorporación efectiva de los marginados al goce de los otros derechos.

Anotaciones a mano hechas por Rafael Caldera a su conferencia.

La experiencia histórica demuestra la falacia de estos argumentos. Por ello, los pueblos siguen considerando el conjunto de las libertades como elementos indispensables para obtener en la práctica el reconocimiento efectivo de sus derechos sociales y económicos. De allí la resistencia de los sistemas que pretenden haber ofrecido u ofrecer a sus pueblos el mayor grado factible de justicia distributiva, de negar el derecho a la contradicción, la libertad de exponer opiniones críticas, la posibilidad de plantear debates contestatarios sobre la supuesta verdad y justicia del régimen que se les impone.

Sinceramente creemos, con la profesora antes citada, que «la función primaria del gobierno en una sociedad libre y en un régimen de derecho es crear y mantener las condiciones que aseguren a todos los hombres sus derechos naturales fundamentales»  («Internactional Protection of Human Rights, cit., p. 253).

Por ello mismo, consideramos loable el que se enfrenten situaciones y se venzan obstáculos a favor del reconocimiento efectivo de los derechos humanos. Creemos en la primacía de los derechos humanos ante las instituciones sociales y políticas que de ellos mismos se derivan; vemos con simpatía la idea aprobada por la Conferencia Mundial de Bankok sobre la paz mundial a través del Derecho, en 1969, de la creación de una Corte Universal de Derechos Humanos, así como la idea de establecer un Alto Comisionado de Derechos Humanos que sea una especie de Ombudsman, para denunciar las violaciones donde quiera que ocurran.

Lo esencial para que esta lucha tenga éxito es recordar que los derechos humanos por los cuales se aboga no son expresión sectaria de ninguna determinada corriente de pensamiento político, ni se plantean exclusivamente ante determinadas ideologías o situaciones. Se trata de la persona humana. Se trata de derechos colocados por encima de cualquier delimitación, no sujetos a reciprocidad, irrenunciables, como de orden público que son, dotados de validez permanente. De un atributo «fundamental del hombre y su disfrute, imprescindible para que cobre su verdadera dimensión de ser humano» (Carlos García Bauer, «Teoría de los Derechos Humanos», Guatemala, 1971, p. 20).

No puede plantearse la lucha por la prevalencia de los derechos humanos como un combate orientado a favorecer o perjudicar por intereses políticos o determinadas concepciones del Estado. La defensa de los derechos humanos, para ser eficaz, tiene que plantearse lo mismo frente a la derecha que frente a la izquierda, o frente a cualquier régimen de cualquier definición doctrinaria. Y si se admite, como lo acepta Maritain, que «esos derechos, siendo humanos, son, como todo lo humano, pasibles de condicionamiento y limitación, por lo menos del modo en que hemos visto respecto de su ejercicio» («El Hombre y el Estado», cit., p. 126), esa limitación tiene que verse con suma prudencia y en forma que revista la mayor equidad, para no justificar en unos lo que se señala condenatoriamente en otros.

El proceso de reconocimiento de los derechos humanos, según se ha observado con otros procesos de institucionalización, apunta de la manera más firme a través de declaraciones y compromisos regionales. La Comunidad Europea ha sido celosa en la materia; también lo ha sido la Organización Regional Interamericana.

En este momento histórico, en los países latinoamericanos el sistema democrático basado en la libre voluntad de los ciudadanos sólo se mantiene en una minoría; pero se observa ya una tendencia regresiva de los golpes de fuerza, y se nota una cierta disposición de los gobiernos surgidos de golpe de estado y mantenidos autoritariamente, a aceptar la apertura de vías para que sus comunidades nacionales reasuman el ejercicio del sufragio del cual han de emanar los poderes públicos. El reconocimiento de los derechos humanos para todos los ciudadanos de esos países, y especialmente para quienes ejercen o aspiran ejercer la oposición política, es piedra de toque de la sinceridad de los propósitos y de la viabilidad de los caminos.

Pensemos en la responsabilidad que los países de este hemisferio tienen para dar en el mundo un ejemplo de fe en la democracia; para comprobar la viabilidad en otras tierras del sistema establecido por los colonos norteamericanos hace 200 años, –por lo menos en los rasgos compatibles con la diversidad de los pueblos– y habremos hecho un servicio inestimable a la causa del ser humano, a su legítima preeminencia y al establecimiento duradero de un orden internacional sustentado sobre una verdadera paz.