1989. Abril, 5. ALA / El Universal: Un nuevo Plan Marshall

Jimmy Carter, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, 1989.
Recorte de prensa de El Universal del 31 de marzo de 1989, en el que se reseña la presencia del entonces presidente Carlos Andrés Pérez y del expresidente Rafael Caldera, en el simposio organizado por el Centro Carter sobre la deuda externa de los países latinoamericanos.

Un nuevo Plan Marshall

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 5 de abril de 1989.

La «Agenda Hemisférica», que fue preparada para los días 29 y 30 del pasado mes de marzo por el Centro Carter de la Universidad de Emory, Atlanta, tenía puntos de gran importancia en lo concerniente a las relaciones de Estados Unidos con América Latina: la situación de América Central, la deuda externa de Latinoamérica, la democracia y los derechos humanos, la posibilidad de reinserción de Cuba en el contexto hemisférico, la situación y perspectivas del sistema latinoamericano, la cooperación económica entre el Norte y el resto del Hemisferio. Pero la cuestión de la deuda externa resultó, y tenía que resultar, no obstante la importancia de todos los otros temas, lo más relevante de la reunión. Porque, como he insistido en otras ocasiones, si no es el más grave ni el más profundo de los problemas que nos inquietan, sí es el más urgente. En cierto modo se ha constituido en condición para poder intentar la solución de los otros, ya que la situación actual de nuestros países, con el peso agobiante del servicio de la deuda, es un obstáculo para cualquier acción encaminada al desarrollo económico y social.

Muchas cosas importantes se dijeron, en diálogo franco y abierto, entre personas de variados sectores y países: en los norteamericanos, altos funcionarios del Gobierno, Senadores y Representantes influyentes, economistas calificados y hasta banqueros de significación; en los latinoamericanos, un jefe de Estado activo (fue una lástima que otros presidentes invitados no pudieran ir), dos jefes de Gobierno, varios ex jefes de Estado y de Gobierno, ministros, legisladores, diplomáticos expertos y empresarios de relevancia en el mundo de la economía; además, miembros directivos de organismos financieros internacionales.

Entre las cosas en las cuales era necesario insistir, y que tuvieron acogida positiva (al menos en principio) por parte de los norteamericanos, hay que señalar: la urgencia, inaplazable, perentoria, de abrir camino para una solución; la necesidad de rebajar sustancialmente la carga del servicio de la deuda; el requerimiento de una concurrencia plural de países acreedores y deudores, y la responsabilidad de los gobiernos, que no pueden dejar la cuestión a la buena voluntad de los bancos y a las negociaciones hasta ahora infecundas entre los prestamistas y prestatarios. Se insistió en que la solución «caso por caso» no puede ser lograda sin establecer previamente unos parámetros de carácter general, para negociar dentro de ellos cada caso, según la situación y condiciones de cada país. Y cuando se mencionó que mientras no se defina una fórmula adecuada los deudores no deberían seguir pagando intereses sobre 100% de las deudas, que en el mercado secundario se cotizan en el orden de 30 y hasta de 20 por ciento, y aun menos de su valor originario, hubo expresiones coincidentes de parte de economistas notables, como Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, quien manifestó que ello sería inevitable si no se adoptan de inmediato las decisiones requeridas.

La asistencia del secretario de Estado, James Baker, figura prominente de la nueva administración, fue muy importante para que el público estadounidense percibiera la trascendencia de la reunión. Y como es bien sabido que los líderes de aquel país colocan como condicionante de sus decisiones la aceptación y apoyo, o por lo menos la compresión, del ciudadano común y corriente, el cual, como contribuyente («tax-payer») cuida celosamente de que los recursos que aporta a la Unión Federal no se despilfarren o malgasten, convenía que los medios de comunicación, audiovisuales y escritos, les pusieran ante los ojos la presencia de su Gobierno, convencido de la necesidad de tratar la materia que se consideraba en Atlanta.

El secretario Baker, pronunció un breve discurso (bien escrito y bien dicho) sobre la situación internacional y concretamente sobre la posición norteamericana en relación a la América Latina, dándole al problema de la deuda la importancia que le corresponde. Luego, el «Speaker» de la Cámara de Representantes, Jim Wrigth, demócrata, pronunció otro excelente discurso en nombre de la «leal oposición». Afirmó que la orientación delineada por el secretario Baker no era solamente la del Gobierno, sino que involucraba el sentir común de los Estados Unidos.

Estos discursos se difundieron ampliamente. Después de que los medios de comunicación fueron invitados a salir, continuaron las reuniones sin trasmisión directa al público, aunque, por supuesto, sin carácter de confidencialidad, que habría sido inaceptable. Más de hora y media de diálogo con el secretario de Estado permitieron hacerle diversos planteamientos. Su exposición inicial había tenido cierto tono de generalidad, lo que daba motivo para solicitar aclaraciones y hacer puntualizaciones, a fin de aprovechar suficientemente la ocasión que se ofrecía a los expositores de América Latina.

Abierto el diálogo, al secretario Baker le hice dos preguntas. La primera, si su Gobierno estaba dispuesto a soportar una parte del costo financiero que envolverán los sacrificios necesarios para resolver el problema de la deuda. Aludí, a este respecto, al Plan Marshall, una de las operaciones internacionales más importantes de este siglo, que permitió la reconstrucción de los países europeos devastados por la II Guerra Mundial. La otra pregunta fue la de si su gobierno estaría dispuesto a auspiciar una reconsideración de la condicionalidad exigida por los organismos internacionales (el FMI y el Banco Mundial) para que un país se considerara en «condiciones económicas sanas» («sound economic policies») y pudiera optar a la rebaja de la deuda y obtener nuevos flujos de capital para la reactivación económica. Le expresé que algunas de esas condiciones (administración austera, administración honesta, revisión de la política del gasto público) muchos latinoamericanos no sólo la aceptamos sino que la respaldamos con entusiasmo; pero consideramos que otras son, no sólo inaceptables, sino inconvenientes, por el costo social que suponen para nuestros pueblos. Los sucesos de Caracas lo demuestran.

La respuesta del secretario Baker, en cuanto a la segunda de mis preguntas, no me satisfizo. Hizo una consideración generalizada, diciendo que las normas económicas que en su país han producido riqueza y fortalecido la democracia no tienen por qué no producir el mismo efecto en otros; cuando, en verdad, ni las circunstancias son las mismas, ni las reglas propuestas comprenden las compensaciones que allá existen. Y en cuanto a la mención del Plan Marshall, dijo que él personalmente lo veía como ideal, pero que el presupuesto de los Estados Unidos tiene un déficit grande y la preocupación del Gobierno está en reducirlo; lo que –afirmó- nos favorecerá porque bajarán las tasas de interés (con lo que implícitamente reconoció que el alza de las mismas han tenido relación directa con el déficit presupuestario norteamericano).

Al final del diálogo recordé que cuando se adoptó el Plan Marshall, los Estados Unidos no estaban nadando en forma superavitaria. Habían contraído una considerable deuda interna para financiar los inmensos gastos de la Guerra y afrontaban un duro programa de reconstrucción económica; pero no difirieron el Plan Marshall ni podían hacerlo porque más tarde no habría tenido objeto y porque había peligro inminente de que las naciones europeas cayeran en manos del comunismo. En América Latina, ahora, el peligro es similar e igualmente urgente: no porque temamos caer en manos del marxismo-leninismo ortodoxo, lo que es muy improbable, pero si en algún sistema incompatible con la idea que tenemos de democracia. En el documento final del consenso, que me tocó leer, se insertó este párrafo: «Muchos participantes insistieron en un programa significativo, apto para ser bien recibido por el público; se necesita un programa amplio, comprensivo, es decir, grande y noble, similar al Plan Marshall».

El presidente Pérez tuvo una actuación destacada, y habló en nombre de América Latina para insistir en las ideas expuestas. Además sugirió que el Gobierno y Congreso de EEUU hicieran un compromiso en esta materia, como lo hicieron para fijar políticas en la América Central. Después, llevó a Washington al secretario Baker, para mantener con él una charla en su avión durante el trayecto; logró reunirse con el presidente Bush y dialogar con él extensamente, y tuvo contactos en Nueva York. En estas actividades no participé, porque regresé al concluir la reunión de Atlanta; pero los informes indican que hizo un esfuerzo considerable y obtuvo respuestas que abren esperanzas.

El problema nos toca a todos: a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos. Su urgencia se hace cada vez más apretada. Ojalá se les caigan a tiempo las vendas de los ojos a los norteamericanos y a los demás países acreedores, para que no se cumpla la terrible admonición envuelta en la pregunta que alguien hizo en nuestro Continente: ¿cuántos «caracazos» más tendrán que ocurrir para que se solucione el problema? Confiamos en que no será necesario que las cosas se agraven demasiado para que se solucione esta crisis.

1989. Noviembre, 29. ALA / El Universal: Walesa y Solidaridad

Rafael Caldera y lech Walesa
Rafael Caldera junto con Lech Walesa. Varsovia, Polonia, 23 de junio de 1981.

Walesa y Solidaridad

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 29 de noviembre de 1989.

Venezuela ha sido visitada recientemente por algunas personalidades de relieve mundial, pero, sin duda, ninguna ha provocado tanto interés como el dirigente polaco de Solidaridad, Lech Walesa.

No fue, sin duda, sólo por haber recibido el Premio Nóbel de la Paz, ni por haber sido escuchado en el Congreso de los Estados Unidos por ambas Cámaras en sesión conjunta (privilegio que sólo han recibido algunos contados Jefes de Estado y alguna que otra personalidad), ni siquiera por haber triunfado en unos comicios celebrados en un país que estuvo sujeto durante cuarenta años a un partido único: ha sido por múltiples razones, entre las cuales no se puede negar su carisma personal, su reciedumbre en la lucha, su tenacidad en la afirmación de sus posiciones, su habilidad para sortear las encrucijadas y para superar las tentaciones que el acceso al poder presentó en su camino.

Hace pocos años apenas, el mundo comenzó a admirar a ese sindicalista que encabezaba unas huelgas increíbles en un país que constitucionalmente repudiaba la huelga como forma de acción sindical. A través de ellas se fue forjando una extraña figura en el catálogo de las instituciones sociales: la de una agrupación sindical que creció vertiginosamente bajo el lema de la solidaridad, con un objetivo al principio circunscrito a la lucha por mejores condiciones de vida y trabajo para los obreros y que fue extendiendo su influencia por todo el territorio polaco en una oleada incontenible, hasta tomar un puesto protagónico en el escenario político.

Estuve en Polonia en 1981, invitado por el grupo parlamentario de ese país, en mi carácter de presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial. Manifesté, al llegar, el deseo de ir a Gdansk, a la sede de Solidaridad, que nació en los Astilleros Lenin, y encontrar a su líder. Mis anfitriones, con gran decencia, me arreglaron el viaje hacia allá. No puedo negar que el encuentro me causó una gran impresión, aunque no exenta de incertidumbres. No entendía cómo iba a desarrollarse el proceso, cuál iba a ser el futuro de Solidaridad, cómo se operaría la derivación, ya visible, de aquella fuerza sindical en una organización política activa. Ellos tampoco parecían saberlo con exactitud. Iban hacia adelante, luchando por la libertad, por obtener para los trabajadores mayores salarios y mejores condiciones de trabajo y de vida, seguros de que la justicia en su causa tendría que prevalecer. Habían tenido que enfrentar la violencia represiva; tenían ya en su acervo algunos mártires. Sabían que debían disponerse a padecer prisiones y exilios y quién sabe cuántos sufrimientos más. Exponían no sólo sus vidas, sino la tranquilidad y la propia existencia de sus familias. Pero lucían un optimismo inocultable.

Había en el seno de Solidaridad hombres cuyo pensamiento provenía de fuentes muy diversas. Los dirigentes comunistas del grupo parlamentario me afirmaron, con razón, que había en aquel movimiento muchos que eran de su misma ideología. Había también anarquistas y otras cosas más, pero había que tener en cuenta que no eran ideólogos ni académicos: provenían del mundo del trabajo en sus más rudas manifestaciones, sus ideas no eran sofisticadas, aunque evidentemente claras y mantenidas con inquebrantable firmeza.

En la cúspide de la dirección y concretamente en su máximo líder, la acción la inspiraban una profunda fe y un vigoroso sentimiento cristiano. Se comentaba en Polonia que inicialmente el camino lo había trazado un gran pastor, un egregio prelado que fue al mismo tiempo un calificado estratega, el Cardenal Vishinsky. En general se dudaba si la desaparición del Cardenal dejaría a Solidaridad como un barco sin timón. Pero los hechos demostraron que no iba a ser así.

Cuando regresé de Gdansk a Varsovia me encontré con un gran periodista norteamericano con quien hice amistad en Venezuela en los días del derrocamiento de la dictadura. Tad Szulc, de origen polaco. Me comentó que había ido también a Gdansk y en la sede de Solidaridad pensó en mí, porque le parecía que aquello era una especie de Democracia Cristiana en su forma original. No lo era exactamente, pero la inspiración promotora de ese gran movimiento tenía mucho en su fondo de la que hizo nacer en países diferentes y en formas variadas los movimientos demócrata-cristianos.

La popularidad adquirida por los sindicalistas del Astillero Lenin era incontenible. En la universidad había pancartas de apoyo a Solidaridad. En la tumba de Vishinsky, en la Catedral, había siempre flores, y algún mensaje de identificación con la causa sindical de la que se le consideraba precursor. Se notaba el surgimiento de una gran mayoría nacional. Pregunté a mis interlocutores qué pasaría si se realizaban elecciones y las ganaba Solidaridad: me respondieron que Solidaridad no era un partido político sino una fuerza sindical y, en todo caso, que no habría elecciones todavía, hasta dentro de algunos años. Ocurrió lo sorprendente, lo inesperado: no el triunfo de Solidaridad, puesto que era natural esperarlo, sino el reconocimiento de ese triunfo por el gobierno comunista.

Hoy el mundo mira sombrado a ese hombre, que trasluce en su presencia y en sus actuaciones una rara serenidad y una imperturbable confianza en sí mismo y en su movimiento. Es un fenómeno en cierto modo irrepetible, porque no es fácil que en otra parte se presente un movimiento de origen laboral que trascienda en esa forma a los niveles de la lucha política y hasta a la conducción del gobierno. Es cierto que los partidos socialistas en Europa, como el SPD en Alemania, el Labour Party en Gran Bretaña, surgieron de la lucha obrera, pero tomaron una fisonomía propia al pasar de su propio campo al político. En Polonia, la fuerza política sigue estando identificada plenamente con la potencia sindical. Es fácil que del seno de Solidaridad surjan diversos partidos que concurrirán al futuro pluralismo polaco. El propio Lech Walesa afirmó en Caracas que volverá al sindicalismo después de esta etapa de transición. ¿Será posible? No quiso aspirar a la Presidencia de la República ni optar a la Jefatura del Gobierno: prefirió darle su respaldo a Mazowiecki, a quien se considera generalmente como un asesor suyo en el tiempo de la lucha y a quien se estima como político culto, inteligente y bien dotado para el ejercicio del poder.

En la visita que nos hizo, Walesa no escatimó atender invitaciones, pronunciar discursos, conceder entrevistas, habló con fluidez y en forma sencilla, a veces candorosa. Proclamó los objetivos primordiales de una doble lucha, por la libertad política y por la recuperación económica. Habló de la economía del mercado, pero al mismo tiempo ratificó la obligación prioritaria de asegurar los derechos fundamentales de los trabajadores y hasta dijo, cuando le preguntaron sobre privatización, que aspiraba a que las empresas pasaran a manos de los trabajadores y hasta habló de autogestión. Seguramente, no contentó ciento por ciento a todos, pero dejó una huella de simpatía y esperanza. Esperanza en un mundo nuevo, en un mundo de paz y justicia. Un mundo en el cual ese humilde trabajador se ha convertido, sin renunciar a seguir siéndolo, en una de las figuras más prestantes del escenario universal. Téngase la posición que se tenga sobre sus opiniones, ese hombre trasmite una gran sensación de fe. De fe en el Ser Supremo, de fe en el ser humano, de fe en la justicia de la historia. No hubo nadie entre la gente tan diversa que encontró que no se sintiera arrastrada a decirle: ¡Bienvenido! ¡Gracias por su ejemplo!

Ante la tumba del Cardenal Stefan Wyszynski, acompañado del embajador Antonio Casas S. Varsovia, Polonia, 22 de junio de 1981.

1989. Diciembre, 27. ALA / El Universal: Craxi y la deuda

Artículo de Rafael Caldera Craxi y la deuda
Recorte de El Universal del 27 de diciembre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Craxi y la deuda

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 27 de diciembre de 1989

Me encontraba yo en Roma, asistiendo a un interesante congreso científico sobre Derecho del Trabajo, cuando apareció la noticia de que el Secretario General de las Naciones Unidas designó al señor Bettino Craxi, ex presidente del Consejo de Ministros y líder del Partido Socialista Italiano, como delegado suyo para estudiar el problema de la deuda externa de los países subdesarrollados y presentar a la próxima Asamblea General la fórmula conducente a la solución del mismo.

La prensa italiana dio excepcional importancia a esta información. L’Avanti la tituló con grandes caracteres así: «La Deuda del Tercer Mundo encargó la ONU a Craxi. Pérez De Cuéllar ha confiado al líder socialista el encargo de estudiar una solución política del grave problema de la deuda de los países en vía de desarrollo. Plena libertad de valoración y de acción». Il Tempo: «Por mandato de Pérez De Cuéllar, Deuda Externa: para todo el 90, Craxi experto ONU». El Giornale d’Italia: «Para encontrar una solución al problema de la deuda, Craxi enviado de la ONU a los países del Tercer Mundo». La Repubblica: «Craxi super-embajador de la ONU. Estudiará para De Cuéllar la deuda del Tercer Mundo». 24 Ore: «La ONU nombra a Craxi “Zar” de las deudas PVS (Países en vía de “sviluppo”). Deberá explorar posibles soluciones al problema».

El hecho, sin duda, suscita diversas apreciaciones. En primer término, evidencia que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas se da cuenta de la gravedad y extensión del problema y ha buscado una salida política, echando sobre los hombros de un estadista de relieve mundial una buena parte de la carga que pesa sobre él. Craxi tiene fama de ser un hombre dinámico, ejecutivo y lleva el mérito de haber presidido el gobierno de su país por un tiempo relativamente largo, en comparación con la duración promedio de los diversos gabinetes constituidos laboriosamente con la coalición de cinco partidos (el «Pentapartito»).

Por lo demás, debemos suponer que el hecho de ser una figura importante del mundo desarrollado, pueda ejercer en la decisión de los países industrializados mayor influencia de la que podrían aplicar voceros de los deudores. El hecho de ser dirigente de la Internacional Socialista debe comprometerlo a tomar una posición favorable a los deudores, obtener apoyo de los gobernantes socialistas europeos y lograr a través de ellos comprensión por parte de la Comunidad Económica Europea, aliada de los Estados Unidos y del Japón en el nivel de las altas finanzas internacionales.

No es posible ignorar, sin embargo, que la misión confiada al honorable Craxi adolece de gran imprecisión y que algunas de las expresiones utilizadas por los medios de comunicación para dar la noticia de su nombramiento contribuyen a crear cierta confusión. Por una parte, llamarlo «Zar» de la deuda haría suponer que se le han atribuido poderes que no parece tener; por la otra, decir que Pérez De Cuéllar lo envía «a los países del Tercer Mundo», implica una equivocación, porque la clave de la solución no está en los países tercermundistas sino en los otros: el arreglo del problema no depende tanto de los deudores como de los acreedores, que tienen dos caras: la de la banca privada y la de los gobiernos respectivos.

No quise venir a Italia sin solicitar una entrevista con el presidente Craxi para exponerle los puntos de vista que hemos venido sosteniendo en Venezuela y las preocupaciones que en reiteradas ocasiones hemos venido expresando algunos venezolanos sobre una cuestión de tanta significación y urgencia. Fui atendido por Craxi en forma inmediata y muy atenta y creo que la conversación fue muy positiva: ahora, considero que la diplomacia latinoamericana no debería dejar pasar de largo esta nueva oportunidad para hacer oír su voz en los centros de decisión, que en general se mantienen en una displicencia irritante y se abroquelan dentro de un egoísmo peligroso y hasta criminal.

La impresión que me dio Craxi fue la de estar deseoso de responder al encargo del Secretario General de la ONU, pero la de hallarse todavía insuficientemente informado acerca de la naturaleza y características de la situación. Me dijo que como primer paso posiblemente solicitaría una reunión de los 8 gobiernos de América Latina que han venido concertándose sobre la situación hemisférica. Sería indispensable que éstos le presentaran al desnudo la realidad que atravesamos y le convencieran de que cuando hablamos de urgencia no estamos haciendo ejercicios retóricos, sino planteando una dramática realidad. Más aún, consideramos que el vocablo adecuado es, más que urgencia, perentoriedad.

Si no se disponen los países donde opera la banca acreedora, y especialmente los Estados Unidos (que suele jugar el rol de los antiguos «burros campaneros» en los arreos que operaban a principios de siglo en nuestros ambientes rurales) a asumir por su parte una cuota del sacrificio necesario para hallarle remedio al problema, todo se seguirá deslizando en una interminable renegociación que al culminar no habrá arreglado nada, sino que nos dejará en condiciones más desfavorables aún que las actuales. La idea de que una institución internacional no lucrativa sirva de intermediaria para arreglar, por una parte, las deudas con los acreedores bancarios dentro de los precios del mercado, y por la otra, convenir con los gobiernos deudores condiciones razonables en cuanto a tasas de interés y términos para la amortización viables, se presenta cada vez más como la única que puede abrir campo a una verdadera salida.

La propia Ley de Comercio de 1988 de los Estados Unidos la previó, pero el Secretario del Tesoro se pronunció contra ella por el riesgo de que tuvieran que pagar al final algo los contribuyentes, aún reconociendo que el motivo de la elevación imprevista e injusta de los intereses no se debió a motivos económicos sino a una causa política: el déficit presupuestario, que los llevó a ofrecer intereses más y más atractivos para que los depositantes de todas partes del mundo colocaran su dinero en los bonos destinados a completar el dinero faltante para el ejercicio de su presupuesto.

Sea una agencia internacional especial, como lo preveía la citada ley, sea el Banco Mundial o cualquier otra institución, ella debería comprar los créditos de la banca privada a un precio moderadamente superior a su valor en el mercado secundario, pagándolos con bonos respaldados por los gobiernos de los países ricos; y luego, dentro de parámetros comunes, negociar «caso por caso» con los países deudores en forma en que realmente pudieran cumplir. Porque, hasta ahora lo que se hace en nombre del «Plan Brady» es someterlos a las horcas caudinas del Fondo Monetario Internacional, haciéndoles sufrir un costo social tremendo, para recibir un «dinero fresco» que se va mayoritariamente en pagarles a los acreedores los propios intereses, calculados sobre el 100% de unas obligaciones que en el mercado no valen ni la mitad.

Que el presidente Craxi entienda esto y, sobre todo, que lo haga entender y aceptar a las potencias financieras, justificaría su misión. De no ser así, puede convertirse en una pérdida de tiempo que todos los días hace más dramática la perspectiva de América Latina y más incierto el panorama de la década de los 90.

Yo le entregué a Craxi copia de algunos artículos y conferencias mías sobre el asunto de la deuda. ¿Tendrá tiempo y voluntad para leerlos? Él parece muy deseoso de conocer a fondo la materia que se le ha confiado y las posiciones de los deudores, pero lo que interesa es el ánimo y disposición de los acreedores. Quiera Dios que se haga luz en los ojos de éstos y se ablanden su corazón y sus bolsillos. Sería el mejor regalo de Año Nuevo. (ALA)

1990. Noviembre, 14. ALA / El Universal: Amazonia y Garimpeiros

 

Rafael Caldera de visita a la Amazonia venezolana, 1971
Rafael Caldera, durante su primer gobierno, acompañado por el padre Pedro Pablo Barnola, durante una visita a la frontera con Brasil. Amazonas, 18 de abril de 1971.

Amazonia y Garimpeiros

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 14 de noviembre de 1990.

 

La vasta región amazónica, por sus características, constituye un justificado motivo de preocupación para toda la humanidad, y especialmente para el creciente grupo de los ecologistas, que con entusiasmo y decisión lucha por mantener y defender la naturaleza.

Constituye también objeto de legítima preocupación para los indigenistas, empeñados en defender las castas autóctonas que sobreviven en esa región, resistiendo los embates del tiempo y las depredaciones de aquellos «civilizados» que los atropellan, en una búsqueda insaciable de beneficios económicos.

Lo erróneo, a mi modo de ver, es considerar que la conservación de la naturaleza se logra abandonándola; y que la defensa del indígena consiste en mantenerlo en miserables condiciones de vida, negándole los recursos que la civilización ofrece, incluyendo el idioma, indispensable para comunicarse con otros y para defender sus derechos.

Actualmente ocurre en el área amazónica una palpable demostración de lo que acabamos de expresar: la posición adoptada por los gobiernos de Venezuela a partir de 1974, de ignorar la existencia de esa vasta región y dejar a su suerte a las tribus indígenas que la habitan, ha producido como consecuencia la invasión de «garimpeiros» que amenaza el ambiente, arrasa el terreno, envenena y disminuye sus ríos, mientras siguen afectados por toda especie de carencias, y afligidos por varias enfermedades sus callados y resignados habitantes, cuya actitud pasiva se convierte en un alarido de protesta contra la injusticia y la desidia.

Cuando asumí la presidencia de Venezuela le recordé a mis compatriotas la expresión que un notable epidemiólogo venezolano, el doctor Rumeno Isaac Díaz, solía usar para definir una muy grave situación: «Venezuela es un país hemiplégico».

Según el diccionario, hemiplejía es parálisis de la mitad del cuerpo. Efectivamente, de 916.000 kilómetros cuadrados que constituyen nuestro territorio continental, el Territorio Federal Amazonas tiene 175.000, el Estado Bolívar 238.000 y el Territorio Delta Amacuro (que no es propiamente amazónico, pero sí orinoquio) 42.000; es decir, en total, más de 455.000 kilómetros cuadrados. En esa extensa región, sus habitantes, concentrados en el Estado Bolívar en dos ciudades importantes (Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana) y algunas poblaciones más, y en los territorios en dos medianas capitales (Puerto Ayacucho y Tucupita) y en unas pocas cabeceras de departamento, no han alcanzado al 5% de la población del país, y si acaso llegan a ese porcentaje, y hasta pueden superarlo en los últimos censos, es porque ha aumentado la concentración urbana en los centros poblados, como consecuencia de las fuertes inversiones realizadas en el polo de desarrollo de Guayana y por el gasto público presupuestado en las entidades federales, que se consume casi totalmente donde tienen su sede los respectivos gobiernos.

Cuando fui por primera vez al hito de Cocuy, donde confluyen las líneas fronterizas de Brasil, Colombia y Venezuela, el último asentamiento que encontré fue un conjunto de no más de diez chozas llamado Santa Rosa de Amanadona, donde apenas un miembro raso de las Fuerzas Armadas de Cooperación cumplía todas las funciones, desde la de representar la soberanía nacional hasta la de instruir y dirigir a los niños para que, conducidos por él, nos saludaran y cantaran una estrofa de nuestro himno nacional.

Rafael Caldera en la Piedra del Cocuy, Amazonia venezolana
Rafael Caldera en la Piedra del Cocuy (1971).

Al llegar al hito, vino a saludarme un capitán del ejército brasileño, con su plana mayor, acompañado por los profesores del liceo que hay en su comando, el capellán, y un grupo de personas, jóvenes y adultas, que viven en el fuerte que hace años tienen al otro lado del río Negro. Los marginados sociales que se me acercaron, buscando ayuda, hablaban portugués. Confieso que sentí vergüenza. Vergüenza que se compensaba con el orgullo que inspira el soberbio monumento natural que es la Piedra del Cocuy, el cual se halla enteramente en territorio venezolano.

Decreté románticamente la creación de una «ciudad» a la cual denominé «San Simón del Cocuy», en homenaje al Padre de la Patria, cuyo busto heroico, en donde debía ponerse una hermosa placa, frente a la Piedra, mira con arrogancia el prodigio de la naturaleza. La idea era poner en San Simón al menos una guarnición, con elementos suficientes para acreditar la presencia de la República. Se inició la construcción de cincuenta casitas de madera, con sus servicios elementales: al terminar el período estaba ya lista la mitad, y la otra mitad en proceso de construcción. Una pista mediana permitía aterrizar aviones pequeños y transportes militares; y en la ribera del Brazo Casiquiare, que une al Orinoco con el río Negro, se inició un asentamiento de indígenas acompañados con algunos ex guardias nacionales, y le dimos el nombre de Solano, en homenaje a un gran gobernador que en la época colonial fue ejemplo de progreso en las tierras guayanesas.

Cuando entregué el gobierno tomaron la decisión de abandonar el programa por razones conservacionistas.

Los que me sucedieron le negaron continuidad. Sin embargo, cuando quise iniciar la campaña en 1983, yendo con un grupo de muchachos y muchachas a enviar un mensaje a las nuevas generaciones el Día de la Juventud, pudimos aterrizar en la pista, que llevaba varios años de abandono, y encontramos las casitas todavía esperando. La mirada del Libertador nos parecía decir: aquí estoy, cuidando lo que los contemporáneos de ustedes no quieren defender.

Tuve entonces la oportunidad de visitar el fuerte de los brasileños, porque ya no tenía impedimento constitucional para salir del país. No sé definir el sentimiento que esta visita me produjo: admiración a un país vecino, que teniendo ocho millones de kilómetros cuadrados se preocupa por su más remota frontera, o humillación por encontrar lo nuestro en triste forma, como si no nos importara nada lo que nos pertenece.

La idea de nuestro programa, en el cual trabajaron profesionales jóvenes de primerísima calidad, no era «poblar» la Amazonia venezolana, sino hacerla verdaderamente parte de la nación. Yo vi ingenieros con post-grado en MIT manejando tractores, si era necesario, para no retardar su trabajo. Así también los vieron las comisiones del Congreso que fueron a la zona.

Tal vez nuestro error fue el de darle al programa –también románticamente– el nombre de «La Conquista del Sur». Algunos creyeron que iba a ser algo parecido a «La Conquista del Oeste» en el siglo pasado, en los Estados Unidos, con su liquidación de grandes contingentes indígenas, con su extracción inmisericorde de los recursos minerales, con su arrase de numerosos bosques y con las escenas de permanente violencia explotada por los industriales del cine con las películas «western».

Nada de eso. Quizás habría sido mejor decir: «La presencia en el Sur».

Lo que queríamos era una acción controlada, con una vigilancia amorosa sobre los recursos naturales. A los indígenas queríamos llevarles salud y educación. Proporcionarles fuentes de vida y de mejoramiento. Observamos que los indígenas de la Gran Sabana, en el altiplano del extremo oriental, no han perdido su propia identidad por el hecho de que tengan acceso al vestido y a las medicinas de los otros venezolanos, y de que haya en Santa Elena de Uairén un liceo, y en otros puntos de su territorio centros educativos donde aprenden a vivir mejor. Yo no siento pena sino orgullo al encontrar indígenas que han aprendido oficios y alcanzado profesiones que no tienen por qué reservarse a los demás venezolanos. Ellos hablan su idioma ancestral, pero saben defenderse en español. Las emisoras que pusimos trasmitían en castellano, pero también en los idiomas indígenas.

Los indígenas que se educan son precisamente los que mejor defienden sus etnias contra su desaparición.

Incapaz me sentiría de ser enemigo de los ecologistas y los indigenistas. Sé que los anima una noble preocupación y comparto su aspiración de proteger la naturaleza y la población autóctona. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en la manera de lograrlo. Cuando los gobiernos que siguieron al mío decidieron abandonar la Amazonia, observé que, teniendo por vecinos a dos países de tanta presión demográfica como Colombia y Brasil, cuando llegáramos a darnos cuenta de la realidad, encontraríamos nuestra tierra amazónica ocupada por brasileños y colombianos.

Es la ley natural. Sin embargo, ello no había sido tan grave como lo que ha ocurrido: millares de mineros, de varias nacionalidades, han entrado a saco en lo nuestro ocasionando daños irremediables, y no encontramos como eliminarlos y subsanar los desastres.

¿Será posible que entre tantas rectificaciones que está haciendo el presidente Pérez respecto de su primer gobierno, piense también en ésta? ¿Sería utópico esperar que, al menos, en San Simón del Cocuy se ponga una compañía del Ejército en armonía con la que los brasileños tienen en la otra orilla del río? Lo que no se cuida se pierde; se expone a que caiga bajo las garras de una desenfrenada explotación.

Para ponerle coto, es necesario asegurar la presencia efectiva y redentora de Venezuela en el Sur. En su propio Sur.

1992. Febrero, 12. ALA / El Universal: La vitrina rota otra vez

Artículo La vitrina rota otra vez
Recorte de El Universal del 12 de febrero de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La vitrina rota otra vez

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 12 de febrero de 1992.

 

Cuando a la iniciación del gobierno de Carlos Andrés Pérez (27 y 28 de febrero, 1 de marzo de 1989) ocurrieron dolorosos acontecimientos que impactaron el sentimiento nacional, hice un comentario que me pareció indispensable: la democracia venezolana, que era la vitrina (el «show window») es decir, el escaparate de exhibición de la democracia latinoamericana,  había sufrido un grave traumatismo. Se nos había presentado como un ejemplo, y en verdad lo éramos, de estabilidad, ya que mientras naufragaba el sistema democrático en países hermanos de mayor tradición institucional, nuestra democracia mostró una firmeza a prueba de todas las circunstancias. Esa vitrina, decíamos entonces, vio sus cristales destrozados a pedradas por los habitantes de los barrios periféricos de Caracas. Quienes nos ponían como ejemplo y los que nos tomaron como tal debían considerar que si esto pasaba en Venezuela, cualquier cosa podía pasar en otras partes.

Ahora la vitrina ha sido nuevamente rota. Esta vez, no a pedradas sino a culatazos. Han sido las armas de la República y lo que es peor, dirigidas por manos jóvenes de alta calificación profesional, las que desbordaron los cauces que la ley y el deber les imponían, con el propósito felizmente frustrado de quebrantar la institucionalidad y de imponer por la fuerza nuevos rumbos a la vida nacional.

Alarma y angustia hubo en todos los hogares en la madrugada del 4 de febrero. Sorpresa, sobre todo por la extensión insospechada del intento. No fue mayor esa sorpresa porque voces respetables habían venido anunciando la posibilidad de que recayéramos en uno de los males de nuestra accidentada historia política: la tentativa del golpe militar.

Se ha discutido y se habrá de discutir mucho más sobre la causalidad concreta del golpe en sí, es decir, la verdadera motivación que llevó a los cabecillas a intentar la deplorable acción. Como suele suceder en casos similares, pueden haberse conjugado motivos diferentes. Por supuesto, el primero, una errada concepción ideológica. El Jefe del Estado ha afirmado que los conjurados tenían una ideología fascista. Las revelaciones de un ex Comandante General del Ejército en un programa de televisión, en cierto modo corroboran ese aserto. En las declaraciones que hizo al diario La Columna el jefe de la insurrección en Maracaibo habló de una democracia más participativa, pero es difícil aceptar e interpretar esta aserción. El fondo está por aclararse.

Se ha tratado de explicar el alzamiento como consecuencia de las dificultades económicas que atraviesan los oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa. Se habla de una escasez tal de vivienda, que diversas familias tienen que hacinarse en un solo departamento. Se establecen parangones entre la remuneración y el costo de la vida. Sobre todo, se establecen comparaciones entre el nivel de vida de los altos mandos y el de los cuadros inferiores. Sin embargo, el Ministro de la Defensa ha manifestado que el movimiento no se debió a causas económicas, porque se han hecho esfuerzos recientemente por mejorar la situación del personal. Por otro lado, se trata de explicar la sublevación como un estallido contra la corrupción, especialmente contra los casos de corrupción denunciados y detectados en los altos eslabones de la cadena de mando, pero debe reconocerse que el ministro Ochoa Antich ha dado muestras de tener la decisión de no incurrir en encubrimientos.

Todo se presta a muchas consideraciones y reclama, sin duda, un profundo y ponderado análisis. Pero hay algo que nos tiene que preocupar aún más seriamente, porque sean cuales fueren los verdaderos factores de la intentona, no cabe duda de que el ambiente general, el tremendo malestar existente en la población fue, si no el motivo, por lo menos el pretexto para la descabellada operación; fue telón de fondo, caldo de cultivo, escenario propicio para que quienes pretendían derrocar el Gobierno constitucional se sintieran animados a intentarlo.

Nadie puede dudar de mi firme e irrevocable convicción democrática. Sólo la más perversa mala fe puede atribuir a mis palabras una intención mezquina, y muchísimo menos el propósito de justificar el hecho reprobable. Pero sentí mi deber, como lo sentí hace tres años, de decir mi verdad, de alertar a los más responsables de la dirección política del país sobre un estado de cosas que de no enfrentarse a fondo y sin demora puede producir las peores consecuencias.

Me sentí obligado a expresar sin tapujos lo que el país está sintiendo, en forma clara y precisa. Y me causa nueva alarma el hecho de que la respuesta sea la actitud ciega y sorda de ignorar los graves reclamos colectivos y pensar que solamente con el endurecimiento de la represión se puede estañar la quebrantada salud del Estado.

Lo digo con dolor, pero sería insensato ocultarlo; el pueblo no salió decidido a defender sus libertades, como lo hacía en forma caudalosa y vibrante en tiempos que ya creíamos definitivamente superados, cuando cualquier aventurero, por grandes que fueran sus disponibilidades, amenazaba la democracia.

La base más firme de sustentación del sistema es la fe del pueblo, la voluntad del pueblo, la decisión del pueblo para mantenerlo y defenderlo. No querer darse cuenta que en la realidad actual esa voluntad está, cuando menos, debilitada, no es torpeza, es culpa. La misma retórica de hace treinta años resbala sobre los oídos de la gente. No tiene efecto. El pueblo está ansioso de sinceridad y de verdad. La dirigencia ha perdido capacidad de convocatoria.

Lo ocurrido el 4 de febrero en Venezuela es un alerta, no sólo para nosotros, sino para nuestros hermanos de América Latina. La democracia recuperada en ellos con tanto júbilo atraviesa una etapa difícil. Los países industrializados que ofrecen un apoyo a nuestro sistema democrático cuya sinceridad no podemos negar, deberían por fin darse cuenta de que hay un trasfondo que ha sido y sigue siendo cada día más amenazador. La vitrina está rota. No se trata simplemente de reponer los cristales. Lo que urge es comprender que el costo social de los paquetes de reajuste económico que se nos imponen ya se hace intolerable para los pueblos y que el mejor apoyo que pueden dar a las democracias latinoamericanas es hacer que el Fondo Monetario afloje un poco los torniquetes que estrangulan en este hemisferio a millones de seres humanos y les hacen la vida casi imposible.

1992. Febrero, 26. ALA / El Universal: Más que antes

Artículo Rafael Caldera Más que antes
Recorte de El Universal del 26 de febrero de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Más que antes

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 26 de febrero de 1992.

 

Si antes del 4 de febrero veníamos insistiendo en que cada vez se hacía más necesario abordar el tema de la enmienda constitucional, después del campanazo de alerta que sacudió a Venezuela esa necesidad es más patente.

El país luce desconcertado. El malestar general es evidente. No es que la descabellada intentona pueda justificarse (siempre y sin género de dudas hemos sostenido que la llamada solución de fuerza no es solución para los problemas colectivos), sino que sería imperdonable ceguedad no darse cuenta de que el estado de ánimo colectivo es propicio para que se intenten nuevas aventuras, por absurdas e inconvenientes que sean.

El senador José Mendoza Angulo, uno de los más puntuales y más lúcidos integrantes de la comisión bicameral que estudia la revisión del texto constitucional, en la primera reunión celebrada después del día 4, leyó un importante artículo suyo para un diario de esta ciudad, en el cual afirma razonadamente que llevar a cabo la enmienda es «más necesario ahora que nunca»; y el senador Pedro Pablo Aguilar, quien ha compartido los mismos méritos que arriba se reconocen a Mendoza Angulo, intervino para sostener –lo que otros también apoyaron– que debíamos dar remate a nuestra tarea en fecha próxima para que la trascendental Enmienda Número 3 pueda ser promulgada en el término más breve posible.

Sin duda, el país ha cambiado en muchos aspectos en los últimos treinta años. Y si bien es cierto que nadie ha expresado la peregrina idea de abandonar los valores que sirven de fundamento a nuestra Carta Fundamental, ni a dislocar la estructura democrática del Estado, lo que sí ameritaría una Constitución totalmente nueva, se ha ido reconociendo la necesidad de complementarla en algunos aspectos que han ido cobrando relevancia y corregir no pocas normas cuya aplicación ha sido imperfecta y hasta cuya violación ha sido frecuente, lo que hace peligrar la propia subsistencia del sistema que hemos jurado preservar y mantener.

A las diversas ramas del Poder Público corresponden materias que la comisión bicameral ha ido considerando. Así, por ejemplo, en la rama legislativa se va a proponer la introducción del referéndum, para hacer la democracia más participativa. En lo que concierne al Ejecutivo, se ha propuesto la creación del cargo de Primer Ministro que, aunque de libre elección y remoción del jefe del Estado, no sólo tendría funciones tan importantes como la de participar en la selección de los otros miembros del Gabinete, de recibirles cuenta y presidir sesiones del Consejo de Ministros, sino que también tenga responsabilidad ante el Congreso y pueda ser objeto de un voto de censura, el cual puede acarrear su remoción y con ella la reorganización del Gabinete. Y en cuanto a la delicada situación que hoy enfrenta el Poder Judicial, se han aprobado en principio diversas proposiciones, tendentes no sólo a asegurar la mejor selección de los jueces, sino a velar sobre ellos en casos extraordinarios mediante una Alta Comisión de Justicia, que represente al país nacional y garantice a la sociedad civil la confiabilidad de las actuaciones judiciales.

Otras modificaciones se prevén en el ámbito de los derechos, tales como el derecho a la información, la ampliación de derechos políticos a los venezolanos por naturalización, la igualdad de oportunidades para la mujer, el aseguramiento de su propia identidad, y a los grupos indígenas el goce de su hábitat, la protección del ambiente y la penalización de su deterioro; la previsión de un régimen estricto para los partidos políticos a fin de que cumplan a cabalidad su papel de baluartes del sistema constitucional. Aspectos de técnica legislativa, como el referente a la precisión del concepto de leyes orgánicas, y de carácter funcional, como la creación del cargo de Defensor de Derechos Humanos, estamos seguros de que responden a inquietudes y preocupaciones de la población.

Pero en las recientes sesiones se ha venido planteando también un tema que ha ido apareciendo más y más en los medios de comunicación: la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. No se puede negar que lo ocurrido en Colombia influye en el ánimo de algunos venezolanos que quisieran se abriera un camino similar. No hacen ellos objeciones al contenido dogmático y orgánico de la Constitución de 1961, cuyo cumplimiento pleno sigue constituyendo una aspiración compartida por la mayor parte de los venezolanos, pero sostienen la conveniencia de un mecanismo extraordinario para la renovación radical de los poderes constituidos.

Sería tonto ignorar que en los últimos tiempos este impulso ha tomado diversas formas: desde la petición de renuncia a la Corte Suprema de Justicia hasta la del Presidente de la República. Una y otro han respondido negativamente en forma categórica. El presidente Pérez ha recordado la expresión de Rómulo Betancourt, quien en horas aciagas y ante la presión de la izquierda revolucionaria de entonces, respaldada por los brotes guerrilleros urbanos y rurales afirmó: «ni renuncio, ni me renuncian».

Por supuesto, el problema reside en las condiciones que habría que exigir para que se convocara una Constituyente, a la que por definición no podría limitarse sus atribuciones. En Colombia, la llamada originalmente «Asamblea Constitucional» se transformó por su propia voluntad en «Asamblea Constituyente», y uno de los pasos que dio fue la disolución del Congreso, que en el Decreto de Convocatoria se mantenía en estado de hibernación, por lo que se fijó a la Asamblea para sus sesiones el tiempo que el Congreso estaba normalmente en receso.

Nuestra Constitución, en su último artículo, tiene lo que con su estilo ameno denominó el doctor Gonzalo Barrios la «maldición gitana», que cierra el paso a los cambios traumáticos que no tengan su fuente en el propio texto constitucional; disposición que, por cierto, reprodujo casi literalmente la Constitución del Perú.

El suscrito, que reconoce solidaria responsabilidad en la redacción de ese artículo, piensa que si el pueblo en verdad quiere una nueva Constitución debe preverse dentro del contenido de la Carta y no de otra manera. Por ello piensa que conviene prever la posibilidad de que el pueblo pida y demuestre, dentro del propio orden constitucional, su voluntad de que se convoque una Constituyente. Los trámites no son todo lo flexibles que se pretende, pero habría medios de cumplirlos con relativa rapidez si hubiera la efectiva voluntad de dar el paso.

El problema es delicado. Por supuesto, aquí, como en todas las cosas humanas, caben posturas contrapuestas: la de los que no quieren cambiar nada y la de los que buscan vías precipitadas aunque conduzcan a un abismo. El refrán dice: ni calvo ni con dos pelucas. En conclusión: debe abrirse un camino, pero en forma clara y segura. Al fin y al cabo, se está jugando el futuro.

La reforma de la Constitución: una salida democrática (1992)

Momento en el que Rafael Caldera (Presidente de la Comisión Bicameral para la Reforma Constitucional) hace entrega del proyecto a Pedro París Montesinos y Luis Enrique Oberto, quienes para ese entonces ocupaban la Presidencia y Vicepresidencia del Congreso Nacional.

La reforma de la Constitución: Una salida democrática

Discurso ante el Congreso de la República, en sesión conjunta de las cámaras, como presidente de la Comisión Bicameral para la Reforma General de la Constitución de 1961, el 27 de marzo de 1992.

Con el acto de hoy concluye sus labores la Comisión Bicameral creada por el Congreso para la revisión de la Constitución, instalada en junio de 1989. Dos años y medio de una inmensa labor pero, al mismo tiempo, dos años y medio a través de los cuales la situación del país y el desarrollo de una vida política sin precedentes le dieron especial carácter y significación a la tarea que teníamos encomendada.

Las Cámaras en sesión conjunta interpretaron la urgencia que existe en la opinión pública nacional y le fijaron como fecha definitiva para la terminación del informe el viernes 20 de los corrientes. En realidad, la Comisión tuvo que sesionar todo el día sábado 21 y el domingo 22 para entregar el informe a las Presidencias de las Cámaras en el primer día hábil después de vencido el plazo acordado por el Congreso.

En esta ocasión considero mi deber hacer algunas precisiones, sobre todo para contribuir a que se disipen confusiones que fácilmente ocurren en la opinión pública, porque de alguna manera se trata de hechos nuevos en la historia de la democracia venezolana.

No es la solución

Lo primero que tengo que decir es que ni la Comisión Bicameral, y pienso que tampoco el Congreso consideran que esta reforma constitucional es la solución a la crisis política que vive el país. Considero, y creo que así debe considerarlo el Congreso, que es una contribución importante para la solución a esa crisis, que es una salida, una apertura para que se puedan adoptar las medidas que el país está reclamando de manera insistente y apremiante. De todas maneras, el Proyecto de Reforma Constitucional presentado refleja el sentir general, y muchas de las proposiciones que se formulan, por no decir todas, son un reflejo de reclamos imperiosos que se han ido observando en la vida del país. Repito que no pretendemos, ni debe entenderse que la reforma constitucional soluciona la crisis; pero sí consideramos que el Congreso cumplirá su deber contribuyendo a través de ella a que la crisis encuentre caminos satisfactorios de solución.

 La reforma es indispensable

En segundo lugar, creo muy necesario hacer una precisión: la reforma constitucional es indispensable, si se quiere realizar por medios que no rompan la estructura jurídica del país las transformaciones que se están reclamando.

La Constitución de 1961, la mejor y la más duradera que ha tenido nuestro país en toda su historia, contiene en su artículo 250 una disposición muy categórica según la cual «esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia».

Cualquier camino que no sea el previsto por la Constitución rompería el ordenamiento jurídico, y establecería un precedente cuyas consecuencias recaerían gravemente sobre sus actores, sobre sus ejecutores, sobre sus realizadores.

Tenemos, pues, que abocarnos a la reforma de la Constitución. La Constitución prevé dos mecanismos: uno es el mecanismo de la enmienda, otro el de la reforma general.

La primera intención que existió cuando se designó la Comisión Bicameral fue la de que se preparara el material para una enmienda: la enmienda número 3, que sería de más vastas proporciones, de mayor profundidad que las dos anteriores, pero que se mantendría dentro del sistema previsto para las enmiendas.

Recogiendo el sentir colectivo, la Comisión informó su criterio de que debía procederse a una reforma general. A una reforma general, que tiene entre otras ventajas la de realizarse en una forma expedita, pero sobre todo, la de dejar en las manos del pueblo la decisión definitiva del asunto.

El procedimiento de las enmiendas suponía que el texto aprobado por las Cámaras pasaría a las Asambleas Legislativas para que éstas ratificaran o no, en no menos de dos discusiones, y enviaran sus votos al Congreso, quien en el año siguiente, en las siguientes sesiones ordinarias, escrutaría esos votos para dejar sancionada la enmienda.

El procedimiento de reforma general refiere directamente al pueblo el texto que las Cámaras hayan aprobado. De esta manera, no hay que esperar al próximo año, ni hay que realizar otros trámites, y sobre todo, se obtiene un pronunciamiento más genuino, más directo, sin intermediarios, de la voluntad del pueblo en torno a la reforma constitucional.

El trabajo de la comisión

Elaborada en el curso de dos años y medio, esta reforma ha contado con colaboraciones importantes. La mejor tarea en el seno de la misma la cumplieron los asesores, que asistieron con espíritu patriótico, con voluntad de servicio y, sobre todo, con lujo de conocimientos en la materia.

El doctor José Guillermo Andueza, quien fue Ministro de Justicia, Procurador General de la República, Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y Secretario de la Comisión que elaboró la Constitución de 1961. El profesor Ricardo Combellas, distinguido catedrático de la Universidad Central y de otras universidades en materia de Derecho Público. El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, doctor Nelson Rodríguez. El actual Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, distinguido profesor de la Universidad de Carabobo, doctor Alfonso Rivas Quintero. Directivos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, puntualmente representada en todas nuestras reuniones por los doctores Edgar Paredes Pisani y Julio César Fernández. Están, entre los asesores técnicos, constitucionalistas de conocimiento y de experiencia, que fueron con sus luces asistiendo la labor cumplida por la Comisión.

Pero la tarea de la Comisión se fue ensanchando y, en los últimos días, no solo aumentó su espacio por las peticiones formuladas por representantes de diversos grupos e instituciones del país, sino que también tuvo que acelerar el trabajo para responder —como el propio Congreso lo planteó— a la urgencia que el país experimenta por el cambio que se reclama como indispensable para poder abrir camino franco al porvenir.

Amplitud del referéndum

Entre las muchas e importantes instituciones que el Proyecto de Reforma Constitucional contiene está precisamente el de la participación directa en forma directa. Las Asociaciones de Vecinos y la Comisión de Asuntos Vecinales de la Cámara de Diputados pidieron incluso que en aquella definición donde se dice que el Gobierno será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo, se agregara «participativo», una palabra que tiene gran sentido en el momento actual. Y que se estableciera que la participación del pueblo en el gobierno no solamente se hace, como es lo tradicional, a través de sus representantes en los poderes públicos sino también en forma directa por el referéndum.

La institución del referéndum se fue ensanchando, se fue ampliando, a medida que transcurría el tiempo de sesiones de la Comisión.

Se consideró el referéndum abrogatorio, es decir, para derogar una Ley o un Decreto con fuerza de Ley, contrario a los intereses nacionales.

El referéndum aprobatorio, para someter a la ratificación del pueblo algunas disposiciones legales o algunos tratados internacionales de especial significación.

El referéndum consultivo, para someter al juicio popular algunas cuestiones de especial trascendencia, tomando por cierto la expresión de la Constitución española.

Y finalmente —incorporado en los últimos días de labores—, el referéndum revocatorio, que permite por moción popular revocar el mandato de cualquier funcionario público, si transcurrida la tercera parte de su mandato, su conducta, su comportamiento, no corresponde a las expectativas del pueblo que representa o que gobierna.

Pero no solamente esta materia del referéndum es de especial importancia. Grave es lo relativo a la Administración de Justicia. A esta materia fueron muchas las sesiones que se le dedicaron desde el propio comienzo de las labores de la Comisión. En esta materia, solicité autorización para plantear ante el Congreso mi opinión sobre la conveniencia de crear una Alta Comisión de Justicia, que no constituya un organismo burocrático, que represente no sólo el estamento jurídico, sino al país nacional, y que tenga la atribución de filtrar los nombres de los candidatos para las altas magistraturas que debe considerar el Congreso, así como de remover a cualquier funcionario o magistrado de cualquier nivel cuando, en su convicción, su comportamiento no corresponda a los deberes que incumben en su cargo a los intereses del país.

Esta Alta Comisión de Justicia fue sustituida en el Proyecto, por decisión de la Comisión, por un cuerpo que se denominará «Consejo de la Magistratura», que tiene algunas de las atribuciones que se preveían para la Alta Comisión de Justicia, con algunas modificaciones. Entre ellas una, la de que ser presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y no por el Fiscal General de la República.

Yo considero que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia no es el más llamado para presidirla, porque puede haber casos en los cuales se esté precisamente estimando, analizando, juzgando, la labor de la propia Corte o de algunos de sus miembros, y será difícil y embarazoso para el Presidente del Cuerpo cumplir a cabalidad sus funciones. El Fiscal en cambio, como Jefe del Ministerio Público, tiene el deber constitucional de velar por el buen funcionamiento de los tribunales y, desde luego, encontraría en la Alta Comisión de Justicia un instrumento eficaz para que esta atribución se cumpliera a plenitud.

Por otra parte, temo que crear un organismo con el nombre de «Consejo de la Magistratura», manteniendo otro que se llama «Consejo de la Judicatura», puede generar confusiones difíciles de discriminar, desde luego que una y otra expresión significa lo mismo.

Cuando se creó el actual Consejo de la Judicatura, o la posibilidad de que existiera en la Constitución de 1947, del que fui el proponente, sugerí el nombre de «Consejo Superior de la Magistratura», usado en Francia y en Italia, de donde había recibido inspiración para hacer la moción respectiva. En la Comisión que redactó la Constitución actual, creo que fue el doctor Uslar Pietri quien sugirió que era más castiza la expresión «Consejo de la Judicatura» que de la «Magistratura», y se suprimió el calificativo de «Superior», que se había extendido demasiado en otros organismos. En todo caso, ésta es cuestión para discutirla después; y espero tener oportunidad en el curso de las sesiones para analizar y exponer ampliamente mis puntos de vista.

Pero lo que quiero subrayar en esta intervención es que sería difícil de comprender para el país, difícil de justificar, que si hacemos una reforma general de la Constitución nos negáramos a incorporar de una vez la respuesta a una serie de reclamos de la opinión nacional y de grupos muy importantes en la vida del país.

Hay una tesis que yo respeto, pero que no comparto, de que nos limitemos simplemente en esta reforma a crear la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente y relegar para cuando la Constituyente se reúna todos estos asuntos que, a mi modo de ver, no se deben aplazar. Aplazar el referéndum, por ejemplo, sería imposible. Aplazar la reforma de la administración de justicia, sería incomprensible.

Pero así como éstas hay muchas otras cuestiones que interesan o al país nacional o a sectores importantes de él. Por ejemplo, el derecho a la información, que han reclamado los periodistas de Venezuela, no habría razón para que quedara postergado hasta cuando se reúna una Asamblea Constituyente; o la afirmación de unos derechos para aclarar la situación de los indígenas defendiendo su propia identidad, el derecho a su idioma, a la protección de su hábitat natural; o el derecho al ambiente, que tanto preocupa hoy a los venezolanos en general; o el derecho a la alimentación, propuesto a última hora por un grupo de damas venezolanas y que corresponde exactamente a una declaración formal que acaba de plantearse en Barcelona, España, con presencia de la Reina y con gran acogida en todos los medios de comunicación, como un derecho que no está necesariamente envuelto en el derecho a la salud; o que se dejara para después lo relativo a la justa aspiración de los venezolanos por naturalización, a quienes los dirigentes políticos generalmente les ofrecen villas y castillos en las oportunidades de las campañas electorales y después se les engavetan sus aspiraciones en el momento de tomar decisiones.

En este punto quisiera aclarar que la Comisión adoptó una posición muy discreta, muy prudente, que en lo fundamental consiste en tres aspectos principales: uno, que no se puede establecer diferencias entre los derechos de venezolanos por nacimiento y por naturalización que no estén expresamente previstos en el texto constitucional; otro, que los venezolanos por naturalización puedan ser Diputados al Congreso o a las Asambleas Legislativas, siempre que tengan por lo menos quince años de residencia en el país y renuncien de una manera expresa y formal a su nacionalidad anterior, para evitar el peligro de que puedan llegar al hemiciclo con una doble nacionalidad; y, el tercer punto, de mucha importancia, es el de modificar una disposición transitoria según la cual el Ministerio del Interior ha tenido atribuciones para revocar la nacionalidad otorgada a venezolanos nacidos en el extranjero. Se propone en la reforma que esta revocatoria no pueda hacerse sino por decisión judicial, por la Corte Suprema, aunque sea promovida por el Ministerio de Relaciones Interiores.

Pero, como decía antes, hay muchas otras proposiciones que sería injusto relegar para más tarde. Por ejemplo, la de darle al legislador una base más firme para legislar sobre los partidos políticos con el objeto de contribuir al rescate de la imagen que estas instituciones deben tener para bien y para fortaleza de la democracia venezolana.

Primer Ministro y Ombudsman.

Otras disposiciones que parece no deberían aplazarse es la creación del cargo de Primer Ministro: alguien que comparta con el Presidente de la República las tareas de la jefatura de Gobierno, que dependa de él, pero que al mismo tiempo tenga la potestad de proponerle los nombres de los otros Ministros; de presidir reuniones de gabinete sin necesidad de que el Presidente ratifique sus deliberaciones; de recibirle cuenta a otros Ministros; de cumplir las mismas funciones cuando el Presidente se ausente del país, sin necesidad de estar creando la figura anómala de un Presidente Encargado, con lo cual Venezuela es tal vez el único, o si no uno de los pocos países, que en un momento dado tiene dos Jefes de Estado: uno en el exterior, en plenitud de sus funciones, que está celebrando reuniones, firmando documentos, haciendo declaraciones, y otro dentro del país, al cual se le toca el himno nacional, se le rinden honores y cumple como si fuera el único Jefe de Estado.

Con la creación del cargo de Primer Ministro, cuya función está sujeta a la revocatoria del Congreso, se ha previsto que un voto de censura por las tres quintas partes, es decir, por el sesenta por ciento de los votos del Congreso, acarrearía su remoción y la reorganización del Gabinete. Sesenta por ciento como un término medio entre la mayoría absoluta —que puede constituir un riesgo de inestabilidad frecuente en el funcionamiento del gobierno— y las dos terceras partes, que la experiencia ha demostrado prácticamente imposible de alcanzar, dada la composición de las Cámaras por representación proporcional.

Pensamos también que la figura del Defensor de Derechos Humanos, largamente debatida, debería crearse de inmediato. Un Defensor de los Derechos Humanos no anula las atribuciones del Fiscal General de la República, sino deja al Fiscal más tiempo para que pueda cumplir con su función primaria como Jefe del Ministerio Público, que tiene que vigilar constantemente el funcionamiento de todos los tribunales del país.

Reforma Constitucional y Constituyente

Además de todo esto, lo más importante que está previsto en el proyecto de reforma que presentamos es lo relativo a la manera de reformar la Constitución.

Por una parte, se cambió la diferencia entre enmiendas y reformas, que siempre ha dado lugar a controversias, porque cuando se plantea una enmienda hay siempre alguien que sostiene que no es materia de enmienda sino de reforma; y se someten las reformas, en todos los casos, al referéndum popular, es decir, a la voluntad del pueblo, para darle participación directa en la materia.

Lo otro es la previsión de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, si el pueblo lo decide y lo considera necesario.

Convocar una Asamblea Constituyente que no esté prevista en el texto constitucional sería un golpe de estado, una ruptura del llamado hilo constitucional, una creación de una situación anti-jurídica, cuyas consecuencias pueden ser muy graves, y la historia de Venezuela no necesitamos recordarla en este caso es suficiente argumento para convencer a todos los venezolanos de lo absurdo que sería lanzarnos a convocar una Asamblea Constituyente que no esté prevista dentro del texto constitucional.

Por eso es necesario explicarle al país, a los que deseen la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que para ello es indispensable la reforma de la Constitución, porque es la reforma la que va a crear un mecanismo para que cuando se considere que ya no cumple su finalidad se pueda sustituir a través del camino de la llamada Asamblea Constituyente.

Debo confesar que si hay confusiones en el país, ésta es quizás la materia en la que he encontrado mayor confusión. Mucha gente que habla de Asamblea Constituyente no sabe exactamente a qué se refiere. En general pienso que los partidarios de la Asamblea Constituyente no están pretendiendo un cambio en el sistema democrático establecido en el país. No creo que haya nadie que pretenda cambiar la Presidencia de la República por una Monarquía, o cambiar la Cámara de Diputados o el Senado por una Cámara corporativa, o crear otro tipo de instituciones contrarias a las que la Constitución establece. Apenas se han oído —y debo confesar que no sin cierta preocupación— algunos voceros extremos de la llamada corriente neoliberal, que aspiran a que una Constituyente pueda sacar de la Constitución el capítulo de los Derechos Sociales, que consideran anacrónicos, atrasados y contrarios a las corrientes que están sustentando y que yo considero motivo de orgullo, de satisfacción por el ordenamiento constitucional de Venezuela.

El pueblo es quien decidirá

Lo importante del proceso que hoy se inicia, que podría calificarse de histórico, aunque de este calificativo se abusa con mucha frecuencia, lo importante repito, es que el pueblo se dé cuenta de que el proceso es suyo, y para esto es indispensable algo: que el Congreso le juegue limpio al pueblo, que no haya nada que pueda dar el sentido de una maniobra gatopardiana para proponer algunas modificaciones cosméticas, para que las cosas sigan como están.

Desafío a cualquiera a que demuestre que las reformas propuestas en esta ocasión no son reformas profundas, de fondo, y en algunos casos muy avanzadas, en comparación con cualquiera otra Constitución del mundo.

La amplitud con que se establece el referéndum no tiene paralelo en ninguna otra Constitución de América Latina, o en Europa. Esa amplitud, sin embargo, tiene una condición: que el pueblo la haga suya, que ya el referéndum no valdría la pena si el pueblo no estuviera dispuesto a llenarlo con su presencia, a cumplirlo con sus preocupaciones, a ejercerlo con todo el sentido de responsabilidad que la materia hace recaer sobre él.

Tenemos, pues, que decirle al pueblo cuando esta reforma constitucional se apruebe y se someta a su juicio, que allí tiene un instrumento que, puesto en sus manos, puede dar lugar a inmensas transformaciones en el país, pero que de él depende.

Naturalmente, de nosotros también depende el llevar el proyecto a su conocimiento y espero que los debates que inevitablemente se producirán en las Cámaras Legislativas contribuirán a que ese conocimiento aumente. Y desde aquí quiero pedir a los medios de comunicación, especialmente a los medios audiovisuales que entran en contacto directo con la gente, que le den un espacio preferente, durante el tiempo que va a durar este proceso, a las discusiones, a las explicaciones, al conocimiento de los temas, para que el pueblo pueda llegar con entera conciencia a tomar la decisión que corresponde.

Vigencia inmediata

Por supuesto, sería absurdo que no hiciera una referencia que en estos momentos me siento obligado a plantear: las reformas propuestas pueden entrar en vigencia de inmediato. Así lo deseamos y así lo espera la opinión pública en general.

Quisiera que se revisara muy bien la decisión de aplazar la vigencia de la institución del referéndum y, concretamente, la del referéndum revocatorio, para el próximo período constitucional. Yo creo que en cierta manera podríamos desalentar las esperanzas del pueblo hacia una salida democrática si alargáramos este instrumento y lo dejáramos para una oportunidad posterior.

Seguramente se va a plantear en el seno de las Cámaras Legislativas una proposición sobre la cual no quiero insistir, pero cuya mención no puedo omitir en este caso: la de que en vista de la crisis política que el país está atravesando, se declare concluido el actual período constitucional y se proceda de inmediato a la renovación de los poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo Supremo Electoral, Fiscal General, Procurador General. Todos los cargos de período fijo quedarían, según esto, sujetos a una renovación inmediata que, yo creo, contribuiría en mucho a satisfacer el deseo de cambio, cuya necesidad fundamental se está planteando todos los días y sobre la cual, los hechos ocurridos a partir del 4 de febrero han incorporado un ingrediente más para que nos demos cuenta de que no estamos en una situación más o menos normal, sino en una situación de verdadera urgencia, que reclama de nosotros un esfuerzo extraordinario.

La Ley del Referéndum

La Exposición de Motivos de la Constitución de 1961 dijo lo siguiente: «Respecto a la fase de la ratificación, la reforma debe ir necesariamente más lejos que la enmienda. Este es en verdad el momento más crucial para el texto fundamental porque es cuando se quiebra el molde conocido y aplicado para darle el toque final al nuevo texto. Por estas circunstancias, la Comisión ha creído saludable y conveniente remitir la ratificación, no a las Asambleas Legislativas, sino al propio pueblo soberano, para que éste pueda decir, a través del referéndum, cuyo procedimiento quedará en la letra de una ley especial, si acepta o no la reforma constitucional que se propone».

Está prevista, pues, por el Constituyente del 61 la elaboración de una ley especial que fijará la forma y fecha del referéndum. Esa, a mi modo de ver, planteará la manera de votar. He escuchado a varias personas, algunas de ellas instruidas y de conocimiento, que llegan a pensar que si la reforma tiene 70 artículos, van a poner al pueblo a votar artículo por artículo, lo que sería un disparate inconcebible. En ningún país del mundo se vota una Constitución de esta forma. El ciudadano debe llegar a votar sí o no; pero yo soy partidario de que un porcentaje significativo de las Cámaras Legislativas pueda pedir que alguna disposición, alguna materia específica, se vote separadamente, es decir, que el pueblo vote sí o no a la reforma, pero pueda tener la opción de darle su aceptación o no a determinados aspectos de especial interés y significación en la vida del país.

Una salida democrática

Con estas explicaciones, si llevamos realmente a nuestra gente la sensación plena de que estamos respondiendo a sus inquietudes y a sus anhelos, creo que lograremos superar esta crisis. Desgraciadamente, como en Venezuela toma cada día más cuerpo la idea de que la situación actual reclama un cambio, se piensa que si ese cambio no se puede realizar por la vía democrática, se realizará por el camino de la violencia. Esto nos debe producir profundas meditaciones, porque se dice y se repite por bocas muy autorizadas y en general no se desmiente.

La mejor salida, la mejor manera de despejar el horizonte de esa amenaza que está tratando de llevarnos a situaciones ya superadas, es abrir el camino a la salida democrática. Mientras más pronto, mejor; mientras más profunda, mejor.

La Comisión Bicameral que ha presentado su informe y este proyecto, suscrito con exceso por el número de Diputados y Senadores requeridos por la misma Constitución, está tratando de corresponder en la mejor medida a este anhelo.

Creo que desde ahora en adelante estamos todos obligados a llevar al corazón del pueblo, a la conciencia del pueblo, la idea, como antes dijimos, de que la reforma es indispensable, de que fuera de ella no hay camino sino a través de la violencia y, al mismo tiempo, de que esta reforma abre horizontes, ensancha las posibilidades para que la terrible crisis que estamos enfrentando se resuelva satisfactoriamente.

Yo invoco al Ser Supremo para que nos acompañe y nos ilumine, para que el pueblo venezolano, que lo invoca en el pórtico de la Constitución, pueda lograr esta gran victoria que hará que la reforma constitucional de 1992 sea el inicio de una nueva etapa histórica, llena de optimismo y de fe en el destino de Venezuela.

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Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961 (1992)

Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961

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Caracas, 20 de marzo de 1992

Señores Dres.
Pedro París Montesinos y Luis Enrique Oberto
Presidente y Vicepresidente del Congreso
Su despacho.

Los suscritos, integrantes de la Comisión Bicameral designada para la Revisión de la Constitución, nos dirigimos a ustedes para acompañarles un Proyecto de Reforma General de la Constitución, con su correspondiente Exposición de Motivos.

Después de largas deliberaciones, la Comisión acordó recomendar al Congreso adoptar el procedimiento de reforma general contemplado en el artículo 246 de la Constitución, en vez del procedimiento de Enmienda, que fue originalmente considerado.

Las razones para esta opción son, por una parte, la de que cada día ha ido aumentando el número de modificaciones que el reclamo de la opinión pública, la atención a necesidades fundamentales que nuestra democracia ha ido incorporando a lo largo de estos treinta y un años, y los planteamientos que grupos y sectores sociales respetables, como las asociaciones de vecinos, el Colegio Nacional de Periodistas, las agrupaciones femeninas, y varias más de importancia, han hecho llegar al Congreso por el órgano de la Comisión. Por otra parte, el procedimiento pautado por el artículo 246 es más rápido que el del artículo 245 y ofrece la ventaja de asegurar la participación directa del pueblo mediante un referéndum.

Con esta reforma general se daría al país una respuesta inmediata a graves cuestiones que lo preocupan y sobre las cuales abriga una creciente impaciencia. Si se logra un acuerdo político fundamental para tramitar la reforma con carácter prioritario y evitar largas e infundadas discusiones, puede contarse conque en este mismo semestre sea aprobada y promulgada la Reforma. Dentro de ella se contiene un Capítulo especial para prever la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuando el pueblo venezolano lo considere necesario. Se abre así una posibilidad de cambio total de la Constitución sin romper la estructura del estado de derecho.

Al consignarlo en las manos de ustedes, ciudadanos Presidente y Vicepresidente del Congreso, consideramos haber cumplido el encargo que se nos confió y proponemos que se someta a consideración de las Cámaras en sesión conjunta para que, en caso de conformidad, un número no menor de la tercera parte de los miembros del Congreso inicie formalmente el proceso de reforma, a través de la Cámara que se escoja.

Dejamos constancia de que los miembros de la Comisión se reservan el derecho de expresar en Cámara algunas discrepancias respecto de ciertos artículos propuestos, o su criterio acerca de otras materias que a su juicio deberían incluirse.

Atentamente,
S/ RAFAEL CALDERA

S/ PEDRO PARÍS MONTESINOS
D/ LUIS ENRIQUE OBERTO

S/ PEDRO PABLO A GUILAR

S/ DA VID MORALES BELLO
S/ LOLITA ANIYAR DE CASTRO

S/ SONIA SGAMBATU
D/ GUSTAVO TARRE BRICEÑO

D/ LUIS EMILIO RONDÓN
D/ RAMÓN JOSÉ MEDINA

D/ CARMELO LA URIA
D/FEDERICO RAMÍREZ LEÓN

D/ GASTÓN NAVARRO DONA

D/ ARMANDO ANIYAR

D/ ALVARO SILVA CALDERÓN
D/ RAFAEL TUDELA R.

D/ BERNARDO HORANDE

1993. Diciembre, 13. Carta de felicitación del rabino Pynchas Brener a Rafael Caldera

Caracas, 13 de diciembre de 1993

Dr. Rafael Caldera.

Presidente Electo de Venezuela.

Caracas.

Apreciado y respetado Dr. Caldera:

Los últimos años y meses, en particular, fueron muy difíciles para el país por las razones por todos conocidas y seguramente por algunas adicionales que no son propiedad  del público. Las asonadas que se produjeron y las numerosas otras que fueron vaticinadas, y que felizmente no se realizaron, crearon un entorno de incertidumbre no visto por mí en el último cuarto de siglo. La sociedad venezolana se tornaba en irreconocible. El odio, que nunca formó parte de la cultura del país, empezó a hacerse presente en diferentes sectores. Estaba claro que la sociedad se estaba dirigiendo hacia un futuro incierto con posibles resultados negativos para las generaciones de relevo. El país necesitaba un capitán que conociera los mares, que pudiera negociar las turbulencias, que pudiera apuntar las velas en las coordenadas apropiadas para evitar un posible naufragio. Que tuviera una visión clara del norte hacia donde debe dirigirse una sociedad moderna pero justa, de avanzada pero anclada en los valores espirituales de los ancestros.

El 5 del mes en curso se esclareció el panorama con su elección a la primera magistratura del país. Los numerosos problemas que tendrá que enfrentar la nación siguen presentes, pero se está dando por terminado el pesimismo y la penumbra tendrá que dar paso al optimismo. Un miembro de un gobierno anterior se expresó diciendo que Venezuela está condenada al éxito. Pero diversos actores y factores hacían últimamente todo lo posible por impedir el glorioso destino del país, cuya riqueza principal está sobre el suelo de la patria y lo constituye su gente afable y cordial, sincera y optimista por un glorioso futuro posible.

Le espera un quinquenio de retos y desafíos que sólo un líder de su talla nacional e internacional podría enfrentar exitosamente. La tarea es difícil, pero usted personalmente la buscó como una manifestación de su amor incondicional por la patria y como una expresión de su apego al servicio por la gente. Su campaña fue cuesta arriba desde el principio, sin partido y sin equipo electoral. Pero una vez en la cima de la aceptación, gracias a su incansable esfuerzo y perseverancia, ninguna organización política, aún con recursos económicos sin límites, pudo exilarlo de ese espacio que legítimamente había obtenido.

Porque a fin de cuentas, tal como usted se expresara en una elección anterior, el pueblo no se equivoca y elige a la persona que considera la más idónea para el momento histórico. Y estamos viviendo un momento histórico singular debido a la crisis de valores y las deficiencias económicas. Pero esos momentos pueden ser estelares. Son ocasiones cuando un líder excepcional puede efectuar cambios de gran profundidad y significación para el futuro desarrollo de la sociedad. La crisis es un problema y un desafío, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Al igual que un gran número de venezolanos que lo eligieron, estoy seguro que usted responderá con acierto al reto histórico, y bajo su justo y sagaz liderazgo se devolverá la confianza y la esperanza, se ensancharán los horizontes, y podremos soñar nuevamente acerca de una sociedad más equitativa y bondadosa.

Mi ferviente oración al único Dios de toda la humanidad porque le continúe brindando claridad de pensamiento e iluminando el sendero por el cual usted ha transitado en el pasado aportando abundantes e importantes frutos para la sociedad.

Usted ya forma parte de la historia venezolana y continental. En estos años y días estará escribiendo un capítulo adicional, que no será un apéndice, sino una corona a una brillante trayectoria de servicio y liderazgo a la patria.

Afectuosamente,

Pynchas Brener.

P.D. Un feliz y realizador año nuevo para usted, Doña Alicia y toda su bella familia.

1993. Diciembre, 16. Telegrama de respuesta al rabino Pynchas Brener

 

Telegrama de respuesta a Pynchas Brener.

PARA: SEÑOR RABINO PYNCHAS BRENER

DESTINO: UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS.  P.O. BOX 5506. CIUDAD 1010.

RECIBIDA EXPRESIVA Y OBLIGANTE FELICITACIÓN POR ÉXITO OBTENIDO EN LA HISTÓRICA JORNADA DEL PASADO 5 DE DICIEMBRE.

AGRADEZCO SINCERAMENTE SUS PALABRAS DE SOLIDARIDAD Y FELICITACIÓN. LA GRAVE RESPONSABILIDAD QUE ESTE COMPROMISO SIGNIFICA PARA MÍ NO SERÁ DEFRAUDADA.

CON LA ESPERANZA DE COMENZAR UNA NUEVA Y FELIZ ETAPA PARA EL PUEBLO DE VENEZUELA Y SUS INSTITUCIONES, FORMULO VOTOS POR SU SALUD Y BIENESTAR.

CORDIALMENTE

RAFAEL CALDERA

PRESIDENTE ELECTO