¿Cuál es la verdad sobre el segundo gobierno de Caldera?

Por Andrés Caldera Pietri

Una gigantesca crisis bancaria heredó Rafael Caldera cuando asumió el gobierno, el 2 de febrero de 1994. En 1993, algunos bancos ofrecían el 100% de interés para las colocaciones a plazo -indicativo de una situación irregular-, por lo que muchos depositantes retiraron su dinero temiendo un crash. La anunciada apertura nunca se dio en el sector financiero, ni se hicieron las reformas necesarias para profundizar su control. La falta de supervisión permitió la práctica de préstamos a accionistas y relacionados en un altísimo porcentaje de las carteras y, como consecuencia, más de la mitad del sistema bancario perdió varias veces su capital. El Banco Latino, entonces segundo del país y primero en depósitos de ahorro, salió de compensación el 14 de enero de 1994 -tres semanas antes de la toma de posesión de RC- y produjo un efecto dominó sobre el sistema.

Absurdo el argumento de que se trató de una venganza política de Caldera. Carencia de inteligencia habría sido crear una crisis que le costó al país el 14% del producto interno, una de las más grandes hasta entonces en el mundo, y que se llevó por delante los mejores deseos de quien iniciaba con buenas expectativas su segunda administración. ¿Se cometieron errores en su manejo? Las mismas instituciones financieras internacionales certificaron que el país no estaba preparado para una crisis de ese tamaño. La superintendencia de bancos era una entelequia, y el Banco Central de Venezuela, que era el organismo mejor informado y con mayor capacidad para enfrentarla, no aceptó asumir su conducción. Sin embargo, con la creación de la Junta de Emergencia Financiera, la crisis se resolvió, los bancos que pudieron ser salvados se reprivatizaron y se abrieron a la participación de la banca extranjera, y el sector se normalizó.

Caldera venía preparado para enfrentar el déficit fiscal del año 1993 (2,5% del PIB) en que la inflación había sido de 45,9%. Con los bajos precios del petróleo anunciados para 1994 (12,41 dólares por barril), proclamó una política de austeridad desde el mismo momento de ser electo y comenzó dando el ejemplo, despachando desde la misma vieja casa de su campaña electoral para no causar gastos al Estado. Realizó una toma de posesión sencilla, sin invitados extranjeros. Presentó al Congreso un conjunto de leyes tributarias, denominado «Plan Sosa», que incluía la creación del SENIAT y, paralelamente, ejecutó un recorte del 10% del presupuesto de 1994. La Presidencia lo hizo en un 15%. Esta línea de austeridad la mantuvo los cinco años de su mandato. Para los años 1996 y 1997, la gestión fiscal del gobierno central fue superavitaria en 2,8% y 3,2% del PIB.

Pero la crisis financiera tuvo dimensiones que nadie pudo calcular. El impacto sobre la salida de divisas forzó a establecer un control de cambios transitorio, para lo cual el Gobierno se vio obligado a suspender las garantías constitucionales. El Congreso desafió al Presidente restituyéndolas y éste las suspendió de nuevo, generándose un enfrentamiento en el cual la opinión pública, mayoritariamente, se puso del lado del Presidente. Una opción inspirada en el Fujimorazo del Perú y apodada como el «Calderazo», planteaba la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Hacerlo, a pesar de tan amplio respaldo popular, hubiera implicado violar la Constitución. El proyecto de Reforma Constitucional lo contemplaba, pero todavía no había sido aprobado. Caldera, fiel a los principios de toda su vida, se negó a romper con la norma de respeto al Estado de Derecho. Prefirió someterse a gobernar en minoría en medio de aquella crisis financiera, fiscal, política, militar, social y moral.

El Gobierno presentó varios planes económicos al Congreso sin lograr el consenso para su aprobación. El que estuvo más cerca de lograrlo fue el llamado Pacto Anti-inflacionario. Al final, se vio forzado a acudir al Fondo Monetario Internacional y solicitar una línea de crédito para afrontar la crisis generada por el cataclismo bancario. Pienso que, en el fondo, muchos en la oposición querían torcerle el brazo a Rafael Caldera ante su postura de años previos, adversa a los programas de ajuste promovidos por el Fondo. No le fue fácil tener que acordarlo. El programa se llamó «Agenda Venezuela» y una de sus principales virtudes fue la forma en que se aplicó. El Presidente no sólo asumió personalmente las medidas sino se ocupó él mismo y con su ministro Teodoro Petkoff de explicarlas insistentemente al país y de vigilar su impacto social. Durante su ejecución, los sueldos de los empleados públicos se mantuvieron por encima de la inflación y el salario mínimo estuvo en el segundo lugar de América Latina ($184,9). Los programas sociales fueron mejorados en su ejecución y se crearon otros, como el PROAL, para garantizar la completa nutrición de los niños; el SUNET, para facilitar el acceso a los medicamentos; y el Fondo de Fortalecimiento Social, para desarrollar programas  con la sociedad civil organizada. No ocurrió la pronosticada explosión social.

El impacto de la crisis bancaria provocó un violento ascenso de la inflación, llegando a 99,9% en 1996 -tras desmontar el control de cambios-, pero el efecto de la Agenda Venezuela la hizo bajar a 50% en 1997, a 35,6% en 1998, y su efecto positivo se extendió en 1999 a 23,6% y en 2000 a 16,2%. La Agenda Venezuela logró una rápida reactivación económica, registrándose un crecimiento de 7,8% y 7,6% en 1997 y 1998. El crédito solicitado al FMI por 4.500 millones de dólares no fue utilizado en su totalidad y más bien fue pagado anticipadamente, gracias a la Apertura Petrolera y al Plan Sosa. Las reservas internacionales aumentaron a 17.818 millones de dólares en 1997, y la industria petrolera llegó a producir 3.329.000 barriles diarios y en vías de llegar a 5.000.000 más allá del año 2000, por efectos de la Apertura. La deuda externa bajó de 26.981 a 23.175 millones de dólares. Las exportaciones no tradicionales alcanzaron un récord de 7,2 millardos de dólares.

En 1997, se llegó al Acuerdo Tripartito para la reforma de las prestaciones sociales y la seguridad social, al igual que para la creación de los fondos de pensiones, planteado por años. Más adelante se creó el Fondo de Estabilización Macroeconómica, sugerido reiteradamente, para recoger recursos en tiempos de bonanza y utilizarlos en tiempos deficitarios, como lo fue el segundo gobierno de Caldera. En 1998, con el impacto de la inesperada crisis asiática, los precios del petróleo bajaron a 9,38 dólares por barril, obligando a recortar y suspender programas. Las reservas internacionales cayeron a 14.895 millones de dólares.

En relación a la crisis militar iniciada en 1992, Caldera culminó el proceso de pacificación de sus predecesores, Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez, otorgando el sobreseimiento a los oficiales que, aun sin haberse iniciado los juicios en los dos años precedentes, se mantenían en prisión. Durante todo el quinquenio, a pesar de la convulsión generada por la crisis bancaria -que afectó a millones de ahorristas- y su impacto inflacionario, no hubo un solo alzamiento militar, contradiciendo los reiterados rumores de que Caldera no se sostendría en la Presidencia. Tampoco hubo un solo muerto en manifestaciones de calle, ni presos políticos.

Sobre la crisis política, el proyecto de Reforma Constitucional presentado por Caldera en 1992 como presidente de una Comisión Bicameral que había trabajado por tres años y que estuvo prácticamente aprobado en 1993, fue comenzado a discutir nuevamente -desde cero- por el nuevo Congreso que se instaló en 1994. Este proyecto de Reforma Constitucional nunca fue aprobado ni llevado a referéndum del pueblo en los cinco años, dejando el campo abierto para lo que sería una de las principales banderas en la campaña electoral de 1998: la Constituyente.

El triunfador de esas elecciones, Hugo Chávez, que hasta el año anterior estaba en el 4% de las encuestas y que ganó por el impulso de un súbito respaldo de grupos muy poderosos, había quedado en minoría en las elecciones al Congreso. Le correspondía, por tanto, negociar bajo los controles y balances propios de la democracia en situación de minoría parlamentaria, tal y como tuvo que hacerlo Caldera en sus dos gobiernos. Sin embargo, el país le permitió, con su tesis de «refundar la República», violar el orden constitucional vigente desde 1961 y comenzar su proyecto autoritario, eliminando: 1) el Senado -que tenía control sobre los ascensos militares-, y 2) la norma de no reelección inmediata -que lo hubiera forzado a salir del cargo al terminar su mandato de cinco años-.

Rafael Caldera fue electo para «armar el rompecabezas» -como él decía- en que se encontraba Venezuela, por una crisis calificada por Ramón J. Velásquez como la más grande hasta entonces en nuestra historia. No esperaba, sin embargo, que el gigantesco colapso bancario que heredó, y los bajísimos precios del petróleo que le tocaron, iban a hacerlo todo más difícil. Sin embargo, «armó el rompecabezas» y le entregó a su sucesor un país que por muchas razones tenía todas las condiciones para estar entre los de mayor progreso y bienestar de América Latina.